LUNES 7 DE NOVIEMBRE DE 2022 Uno de los nombres que afloró en una investigación del diario El País fue el del priista Óscar Lara Aréchiga, exdiputado federal por Sinaloa, con una cuenta corriente de 6 millones de euros en esa institución bancaria. Aunque el nombre del político no aparece en el Acta del Comité de Prevención de Blanqueo de capitales del banco, que era citada en un auto judicial de la magistrada andorrana Canolic Mingorance, sí motivó que ésta enviara una comisión rogatoria (petición de ayuda judicial) a México, para identificar formalmente al referido político, “e investigar la posible relación entre el Cártel de Sinaloa y la BPA”. El diario advertía que todos los datos aportados coincidían con los de la trayectoria política de Lara Aréchiga. Sin embargo, éste negó al periódico ser esa persona. En mayo de 2017 el diario español también lo identificó como responsable de una operación de 17 millones de dólares mediante sociedades opacas en los paraísos fiscales de Panamá y las Antillas Holandesas. El político falleció en octubre de 2017. Quirino Ordaz fue subalterno de Lara Aréchiga entre 2005 y 2009, cuando éste fungió como secretario de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa, durante el mandato de Jesús Aguilar Padilla. Y luego lo relevó al frente de dicha secretaría en el tramo final de la administración, entre 2009 y 2010. Por otro lado, en relación con el expresidente Peña Nieto, no fue posible establecer un contacto para consultar su versión. Aunque un hecho a destacar es la cercanía de los domicilios de Enrique Peña Nieto, en la exclusiva urbanización Valdelagua, y el de Flores Ramo, Pepe, el que afirma haber cenado con el exmandatario. Pepe aportó ante el juzgado su domicilio en la urbanización Ciudalcampo (también en la Comunidad de Madrid), para recibir notificaciones, que se ubica a siete kilómetros de Valdelagua, un trayecto de apenas 10 minutos en auto, y cercano a centros sociales y a campos de golf –la pasión del expresidente–, como el Club de Golf RACE, uno en los que ha sido visto. El domicilio madrileño del sinaloense también fue citado en una pregunta del fiscal en el interrogatorio al padre, José
de Jesús Flores Gutiérrez (acusado por delitos contra la salud y pertenencia a organización criminal), en el video de su comparecencia: –¿Usted ha ido al domicilio de su hijo, el que está en Ciudalcampo? –Sí, el domingo… no, el sábado (14 de mayo) –contesta él. –¿Ha visto si había cogollos de mariguana y cocaína, si había un laboratorio de cocaína? –No, nada. –¿Dónde estuvo, en qué lugar de la casa? –En la parte de abajo. Y en el jardín. La pregunta tenía sentido, porque en este domicilio y en otro del cercano municipio madrileño Algete, fueron encontrados los dos laboratorios para el procesamiento y envasado de la cocaína. La huida de México En otra parte del interrogatorio de la fiscal, le pregunta al padre: –Su esposa ha dicho que vinieron a España huyendo de México, ¿es así? –Es correcto. –¿Qué bienes fueron los que trajeron? –Oro y dólares, básicamente. –¿Qué ha hecho con ello? ¿En qué lo ha invertido?, porque, es mucho dinero, ¿no? –cuestiona la fiscal. –Pues bueno… sí –responde él encogiéndose de hombros—. Pues comprar la casa, la gasolinera y algunos coches. La investigación a este grupo se inició en 2020, cuando se detectó la llegada a Madrid de varios mexicanos procedentes de Sinaloa, que rápidamente se instalaron en diferentes viviendas de lujo, informó la policía. En poco tiempo los agentes observaron que los recién llegados comenzaron a trabajar en grandes plantaciones de mariguana situadas en la provincia de Guadalajara (Hueva y Pastrana), donde recibían visitas reiteradas de personas vinculadas con el tráfico de drogas. Descubrieron su “vinculación con cárteles mexicanos de la droga y que habían introducido a España más de 10 millones euros en metálico y oro de inversión con la finalidad de asentarse aquí”. Los investigados comenzaron a “comprar decenas de vehículos de lujo y viviendas de alto standing, así como adquirir varios negocios, como una gasolinera como tapadera, y a constituir
sociedades cuya finalidad era canalizar los beneficios obtenidos de la venta de estupefacientes”. Una de las compañías de este clan se llama SECORPAT, propietaria de la gasolinera Los Ángeles, ubicada en la carretera de Tarancón, de Pastrana (Guadalajara) y de una finca en Hueva, Guadalajara, donde se encontró droga y que era habitada por el padre y la madre del clan. En el Boletín Oficial del Registro Mercantil consultado, aparece como propietaria y administradora única de SECORPAT, María de Lourdes Ramo Vega, que es la esposa y la madre, respectivamente, de los dos mexicanos ya citados. Esto se debe a que es la única que cuenta con el documento nacional de identidad (DNI español). En octubre de 2020 cambiaron el domicilio de esa sociedad a Madrid y en noviembre del mismo año modificaron el objeto social: “Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros. La compra, venta, adquisición, enajenación y explotación de fincas, tanto rústicas como urbanas. Promoción inmobiliaria. Construcción de edificios”. Los presuntos narcos “no dudaron en comprar voluntades de distintos funcionarios para que les ayudaran a asentarse y a conseguir documentación”, señala el comunicado policial. De las declaraciones que el policía Diego Arias García hizo ante el juez (19 de mayo, al poco tiempo de su detención; 2 de junio y una ampliación del 31 de agosto) se desprende que en el verano de 2020 un abogado que conoció le dijo que un matrimonio mexicano había llegado a España porque “habían tenido problemas en México”. Entonces se reunió con el padre, Flores Gutiérrez y la madre, María de Lourdes Ramo Vega, y se comprometió a ayudarlos. Le entregaron un listado con los nombres de unos 20 familiares que tienen que salir del país por “problemas de seguridad”. El primero en llegar fue otro hijo, Jorge Alejandro, quien “tiene que venir urgente de allí y trae una cantidad importante de dinero”, dijo el policía el 2 de junio, aunque el 19 de mayo había señalado que ese miembro de la familia “llegó en un avión privado, con una cantidad descomunal de dinero y de
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oro, que pasan por Aduana, declaran el dinero, declaran el oro, se pagan los impuestos. Después llega el resto de la familia, veintipico de personas. Me resulta un poco extraño esa cantidad tan exagerada de efectivo y de oro”. Entre los que llegan después, vía Londres, estaba Flores Ramo, Pepe, con quien el policía entabla una relación de amistad, al grado que hacen un viaje con sus familias a Disney (París). No sólo eso, sino que el subinspector de la Policía Nacional pone a su nombre los seguros de los coches de lujo que adquieren los mexicanos y las líneas telefónicas para los familiares, entre otras gestiones. La Fiscalía, basándose en la investigación policial, detectó que el policía Arias García hizo más de 700 consultas en las bases de datos de la policía relacionadas con esta familia, pero lo hizo utilizando indebidamente las claves de su anterior jefe en la Unidad de Delitos Económicos y Financieros, Fernando Sánchez Castellanos, las cuales son individuales e intransferibles. Estas consultas las realizó primero en Madrid, donde estaba destacado, y luego en San Sebastián, donde luego fue transferido, lo que le acarreó la acusación por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, aparte de pertenencia a organización criminal, delitos contra la salud, cohecho y blanqueo de capitales. Relata que, en algún momento de su relación, en los primeros meses, Pepe le dice que “se dedica a mover dinero en México”, y me llega a mostrar documentos de las actividades, en sociedades, casas de cambio de divisas y cifras que movía en México, en Estados Unidos y en España; y luego le confiesa “que se dedica al blanqueo”. Pepe le dice que “tiene relación con los cárteles de México y que se dedica a moverles el dinero en México y en Estados Unidos”. El policía le cuestiona entonces cuál es el motivo de su marcha de México, a lo que el presunto cabecilla “le dice que se da cuenta que tiene dos hijos y que sólo tiene dos caminos: acabar muerto en una cuneta o acabar con un mono naranja (traje de prisiones) en EU”. “Me llega a decir que desea sentarse a hablar con la DEA”, declaró el agente.
APUNTES DE DERECHO. EDITORIAL DEL PODER JUDICIAL
Programa labores de utilidad pública “De vuelta a la comunidad” MARÍA DE LOS ÁNGELES VIGUERÍAS GUZMÁN
E
n mi pasada asistencia a la cuarta asamblea plenaria ordinaria CONATRIB 2022, que se realizó a finales del mes de octubre en la ciudad de Acapulco Guerrero, se tocaron temas muy interesantes tales como la restitución internacional de niños y niñas así como el impacto del artículo 30 de la Ley General de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes relativo a la figura de la adopción, sin embargo se expuso un tema que llamó mi atención y que quiero compartirles en estas líneas que se me han permitido escribir, y es precisamente el llamado programa de “ACTIVIDADES DE PÚBLICA UTILIDAD DE VUELTA A LA COMUNIDAD PARA LA CIUDAD DE MÉXICO”; éste es un proyecto piloto que nació en el mes de julio de 2019 y está basado en el modelo italiano de reinserción laboral de utilidad pública para las personas privadas de la libertad, el cual contó con la participación activa de una
comisión de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de la Ciudad de México en conjunto con la subdirección del sistema penitenciario de aquel lugar. Según se dijo, el citado programa está planeado para fortalecer el modelo de reinserción social, a través del desarrollo de competencias laborales de las personas en reclusión, mediante esquemas de capacitación que permitirán a los agraciados el desarrollo de sus conocimientos, habilidades y aptitudes. La finalidad esencial de este proyecto, según lo destacaron los expositores, conlleva el desarrollo y capacitación de las personas privadas de la libertad para incrementar en ellos su bienestar y por supuesto el de sus familias, amén de que según se explicó el que lo cumpla a cabalidad obtendrá estímulos económicos que apoyaran su sustento diario y el familiar. Ponderaron los exponentes que siendo de suma importancia la protección del derecho de las víctimas a la reparación
del daño y que por ende los sentenciados no puedan sustraerse a la acción de la justicia, se han establecido criterios de selección y requisitos para el ingreso a dicha capacitación, es decir aquel sentenciado que quiera acceder al programa debe cubrir un perfil específico que de la posibilidad de éxito a dicho plan, aún más, ellos consideran que la reinserción de todo sentenciado a la sociedad debe perseguir como fin primordial que el reintegrado al ámbito social no vuelva a delinquir. Celebro, desde luego, este programa y felicito a sus organizadores, porque se trata de un proyecto que seguramente establecerá cambios interesantes en la figura de la reinserción social que opera en nuestro país puesto que el plan de trabajo está inspirado en datos vivientes del país italiano, donde según comentaron los que están al frente del programa (por visitas que realizaron a dicho país) existe operando ya un sistema igual que ha sido
exitoso a través de actividades productivas, capacitaciones, entrega de herramientas mencionándose en alguno de los ejemplos, la existencia de un restaurante atendido por sentenciados inscritos a éste esquema, quienes trabajan todo el día en las actividades de limpieza y atención directa a los comensales, y que al final de la jornada regresan al lugar donde están compurgando. Con estos antecedentes se augura que el proyecto piloto que está aperturado en la ciudad de México produzca a futuro mejores condiciones de vida a aquellos que algún día regresaran a la sociedad, a sus familias y también dará seguridad a las víctimas sobre la reparación del daño y el cumplimiento cabal de la justicia en aquellos derechos que un día les fueron vulnerados. Magistrada Presidenta de la Sala Civil del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes.
