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Uno de los nombres que afloró en una investigación del diario El País fue el del priista Óscar Lara Aréchiga, exdiputado federal por Sinaloa, con una cuenta corriente de 6 millones de euros en esa institución bancaria.
Aunque el nombre del político no aparece en el Acta del Comité de Prevención de Blanqueo de capitales del banco, que era citada en un auto judicial de la magistrada andorrana Canolic Mingorance, sí motivó que ésta enviara una comisión rogatoria (petición de ayuda judicial) a México, para identificar formalmente al referido político, “e investigar la posible relación entre el Cártel de Sinaloa y la BPA”. El diario advertía que todos los datos aportados coincidían con los de la trayectoria política de Lara Aréchiga. Sin embargo, éste negó al periódico ser esa persona.
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En mayo de 2017 el diario español también lo identificó como responsable de una operación de 17 millones de dólares mediante sociedades opacas en los paraísos fiscales de Panamá y las Antillas Holandesas. El político falleció en octubre de 2017.
Quirino Ordaz fue subalterno de Lara Aréchiga entre 2005 y 2009, cuando éste fungió como secretario de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa, durante el mandato de Jesús Aguilar Padilla. Y luego lo relevó al frente de dicha secretaría en el tramo final de la administración, entre 2009 y 2010.
Por otro lado, en relación con el expresidente Peña Nieto, no fue posible establecer un contacto para consultar su versión. Aunque un hecho a destacar es la cercanía de los domicilios de Enrique Peña Nieto, en la exclusiva urbanización Valdelagua, y el de Flores Ramo, Pepe, el que afirma haber cenado con el exmandatario.
Pepe aportó ante el juzgado su domicilio en la urbanización Ciudalcampo (también en la Comunidad de Madrid), para recibir notificaciones, que se ubica a siete kilómetros de Valdelagua, un trayecto de apenas 10 minutos en auto, y cercano a centros sociales y a campos de golf –la pasión del expresidente–, como el Club de Golf RACE, uno en los que ha sido visto.
El domicilio madrileño del sinaloense también fue citado en una pregunta del fiscal en el interrogatorio al padre, José de Jesús Flores Gutiérrez (acusado por delitos contra la salud y pertenencia a organización criminal), en el video de su comparecencia: –¿Usted ha ido al domicilio de su hijo, el que está en Ciudalcampo? –Sí, el domingo… no, el sábado (14 de mayo) –contesta él. –¿Ha visto si había cogollos de mariguana y cocaína, si había un laboratorio de cocaína? –No, nada. –¿Dónde estuvo, en qué lugar de la casa? –En la parte de abajo. Y en el jardín.
La pregunta tenía sentido, porque en este domicilio y en otro del cercano municipio madrileño Algete, fueron encontrados los dos laboratorios para el procesamiento y envasado de la cocaína.
La huida de México
En otra parte del interrogatorio de la fiscal, le pregunta al padre: –Su esposa ha dicho que vinieron a España huyendo de México, ¿es así? –Es correcto. –¿Qué bienes fueron los que trajeron? –Oro y dólares, básicamente. –¿Qué ha hecho con ello? ¿En qué lo ha invertido?, porque, es mucho dinero, ¿no? –cuestiona la fiscal. –Pues bueno… sí –responde él encogiéndose de hombros—. Pues comprar la casa, la gasolinera y algunos coches.
La investigación a este grupo se inició en 2020, cuando se detectó la llegada a Madrid de varios mexicanos procedentes de Sinaloa, que rápidamente se instalaron en diferentes viviendas de lujo, informó la policía.
En poco tiempo los agentes observaron que los recién llegados comenzaron a trabajar en grandes plantaciones de mariguana situadas en la provincia de Guadalajara (Hueva y Pastrana), donde recibían visitas reiteradas de personas vinculadas con el tráfico de drogas.
Descubrieron su “vinculación con cárteles mexicanos de la droga y que habían introducido a España más de 10 millones euros en metálico y oro de inversión con la finalidad de asentarse aquí”.
Los investigados comenzaron a “comprar decenas de vehículos de lujo y viviendas de alto standing, así como adquirir varios negocios, como una gasolinera como tapadera, y a constituir sociedades cuya finalidad era canalizar los beneficios obtenidos de la venta de estupefacientes”. Una de las compañías de este clan se llama SECORPAT, propietaria de la gasolinera Los Ángeles, ubicada en la carretera de Tarancón, de Pastrana (Guadalajara) y de una finca en Hueva, Guadalajara, donde se encontró droga y que era habitada por el padre y la madre del clan.
En el Boletín Oficial del Registro Mercantil consultado, aparece como propietaria y administradora única de SECORPAT, María de Lourdes Ramo Vega, que es la esposa y la madre, respectivamente, de los dos mexicanos ya citados. Esto se debe a que es la única que cuenta con el documento nacional de identidad (DNI español). En octubre de 2020 cambiaron el domicilio de esa sociedad a Madrid y en noviembre del mismo año modificaron el objeto social: “Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros. La compra, venta, adquisición, enajenación y explotación de fincas, tanto rústicas como urbanas. Promoción inmobiliaria. Construcción de edificios”.
Los presuntos narcos “no dudaron en comprar voluntades de distintos funcionarios para que les ayudaran a asentarse y a conseguir documentación”, señala el comunicado policial.
De las declaraciones que el policía Diego Arias García hizo ante el juez (19 de mayo, al poco tiempo de su detención; 2 de junio y una ampliación del 31 de agosto) se desprende que en el verano de 2020 un abogado que conoció le dijo que un matrimonio mexicano había llegado a España porque “habían tenido problemas en México”. Entonces se reunió con el padre, Flores Gutiérrez y la madre, María de Lourdes Ramo Vega, y se comprometió a ayudarlos. Le entregaron un listado con los nombres de unos 20 familiares que tienen que salir del país por “problemas de seguridad”.
El primero en llegar fue otro hijo, Jorge Alejandro, quien “tiene que venir urgente de allí y trae una cantidad importante de dinero”, dijo el policía el 2 de junio, aunque el 19 de mayo había señalado que ese miembro de la familia “llegó en un avión privado, con una cantidad descomunal de dinero y de oro, que pasan por Aduana, declaran el dinero, declaran el oro, se pagan los impuestos. Después llega el resto de la familia, veintipico de personas. Me resulta un poco extraño esa cantidad tan exagerada de efectivo y de oro”.
Entre los que llegan después, vía Londres, estaba Flores Ramo, Pepe, con quien el policía entabla una relación de amistad, al grado que hacen un viaje con sus familias a Disney (París). No sólo eso, sino que el subinspector de la Policía Nacional pone a su nombre los seguros de los coches de lujo que adquieren los mexicanos y las líneas telefónicas para los familiares, entre otras gestiones.
La Fiscalía, basándose en la investigación policial, detectó que el policía Arias García hizo más de 700 consultas en las bases de datos de la policía relacionadas con esta familia, pero lo hizo utilizando indebidamente las claves de su anterior jefe en la Unidad de Delitos Económicos y Financieros, Fernando Sánchez Castellanos, las cuales son individuales e intransferibles. Estas consultas las realizó primero en Madrid, donde estaba destacado, y luego en San Sebastián, donde luego fue transferido, lo que le acarreó la acusación por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, aparte de pertenencia a organización criminal, delitos contra la salud, cohecho y blanqueo de capitales.
Relata que, en algún momento de su relación, en los primeros meses, Pepe le dice que “se dedica a mover dinero en México”, y me llega a mostrar documentos de las actividades, en sociedades, casas de cambio de divisas y cifras que movía en México, en Estados Unidos y en España; y luego le confiesa “que se dedica al blanqueo”.
Pepe le dice que “tiene relación con los cárteles de México y que se dedica a moverles el dinero en México y en Estados Unidos”.
El policía le cuestiona entonces cuál es el motivo de su marcha de México, a lo que el presunto cabecilla “le dice que se da cuenta que tiene dos hijos y que sólo tiene dos caminos: acabar muerto en una cuneta o acabar con un mono naranja (traje de prisiones) en EU”.
“Me llega a decir que desea sentarse a hablar con la DEA”, declaró el agente.
APUNTES DE DERECHO. EDITORIAL DEL PODER JUDICIAL Programa labores de utilidad pública “De vuelta a la comunidad”
MARÍA DE LOS ÁNGELES VIGUERÍAS GUZMÁN
En mi pasada asistencia a la cuarta asamblea plenaria ordinaria CONATRIB 2022, que se realizó a finales del mes de octubre en la ciudad de Acapulco Guerrero, se tocaron temas muy interesantes tales como la restitución internacional de niños y niñas así como el impacto del artículo 30 de la Ley General de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes relativo a la figura de la adopción, sin embargo se expuso un tema que llamó mi atención y que quiero compartirles en estas líneas que se me han permitido escribir, y es precisamente el llamado programa de “ACTIVIDADES DE PÚBLICA UTILIDAD DE VUELTA A LA COMUNIDAD PARA LA CIUDAD DE MÉXICO”; éste es un proyecto piloto que nació en el mes de julio de 2019 y está basado en el modelo italiano de reinserción laboral de utilidad pública para las personas privadas de la libertad, el cual contó con la participación activa de una comisión de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de la Ciudad de México en conjunto con la subdirección del sistema penitenciario de aquel lugar.
Según se dijo, el citado programa está planeado para fortalecer el modelo de reinserción social, a través del desarrollo de competencias laborales de las personas en reclusión, mediante esquemas de capacitación que permitirán a los agraciados el desarrollo de sus conocimientos, habilidades y aptitudes.
La finalidad esencial de este proyecto, según lo destacaron los expositores, conlleva el desarrollo y capacitación de las personas privadas de la libertad para incrementar en ellos su bienestar y por supuesto el de sus familias, amén de que según se explicó el que lo cumpla a cabalidad obtendrá estímulos económicos que apoyaran su sustento diario y el familiar.
Ponderaron los exponentes que siendo de suma importancia la protección del derecho de las víctimas a la reparación del daño y que por ende los sentenciados no puedan sustraerse a la acción de la justicia, se han establecido criterios de selección y requisitos para el ingreso a dicha capacitación, es decir aquel sentenciado que quiera acceder al programa debe cubrir un perfil específico que de la posibilidad de éxito a dicho plan, aún más, ellos consideran que la reinserción de todo sentenciado a la sociedad debe perseguir como fin primordial que el reintegrado al ámbito social no vuelva a delinquir.
Celebro, desde luego, este programa y felicito a sus organizadores, porque se trata de un proyecto que seguramente establecerá cambios interesantes en la figura de la reinserción social que opera en nuestro país puesto que el plan de trabajo está inspirado en datos vivientes del país italiano, donde según comentaron los que están al frente del programa (por visitas que realizaron a dicho país) existe operando ya un sistema igual que ha sido exitoso a través de actividades productivas, capacitaciones, entrega de herramientas mencionándose en alguno de los ejemplos, la existencia de un restaurante atendido por sentenciados inscritos a éste esquema, quienes trabajan todo el día en las actividades de limpieza y atención directa a los comensales, y que al final de la jornada regresan al lugar donde están compurgando.
Con estos antecedentes se augura que el proyecto piloto que está aperturado en la ciudad de México produzca a futuro mejores condiciones de vida a aquellos que algún día regresaran a la sociedad, a sus familias y también dará seguridad a las víctimas sobre la reparación del daño y el cumplimiento cabal de la justicia en aquellos derechos que un día les fueron vulnerados.
Magistrada Presidenta de la Sala Civil del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes.
BRAVUCONADAS López bis y su petición de tierra y agua para la 4t
MARIO BRAVO
En el libro V de su obra “Los nueve libros de la historia”, Heródoto cuenta acerca de la llegada de los emisarios del emperador persa Darío, durante el período de expansión de su imperio en el siglo VI A.C., para demandar la sumisión patrimonial de los reinos griegos de occidente, con la “sola” petición de “tierra y agua”.
Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), continúa su gira de ¿trabajo? con el fin de promocionar la aprobación de la reforma constitucional que extenderá la presencia del Ejército en temas de seguridad pública hasta 2028; en este marco, el funcionario federal se presentó el 3 de noviembre pasado ante el pleno del Congreso del Estado de Aguascalientes, integrado por una mayoría opositora a la 4t, y que al menos un par de días antes ya había declarado que votaría en contra de la reforma en cuestión. La presencia del secretario lo único concreto que logró, fue bajar del orden del día de la sesión la votación por las y los diputados aguascalentenses. Así, en su imperial función, el responsable de la política interior del país se lanzó contra los legisladores hidrocálidos, pues aseguró (¿amenazó?) que “la historia será quien los juzgue por su decisión”.
La gira del segundo López más poderoso del país, ha dejado su marca en cada estado que ha visitado, del sur al norte, del oriente al occidente del país. En cada congreso estatal que ha visitado el destacado funcionario ha dejado clara la exigencia de su jefe, López I de Macuspana, “tierra y agua” para la 4t: “tributo y soldados”, esto es, “cash y votos”. Donde lo han recibido con plácemes, las tierras morenistas conquistadas, la petición (demanda) encuentra su respuesta fácil. Donde topa con resistencia opositora, la amenaza no se hace esperar: la historia (la 4t) será quien los juzgue, lo que puede leerse en estos tiempos, “acuérdense del presupuesto”.
Los modos del secretario no son finos ni elegantes, son arrogantes y soberbios. El desempeño de Adán Augusto cumple hoy esa doble función de la coyuntura provocada por López I, por un lado es el ariete del régimen de la “transformación”, cuyo objetivo es ablandar los ánimos opositores que se mantienen en el país, para la aprobación de los 32 congresos estatales de la reforma de la permanencia en las calles de las fuerzas armadas hasta el año 2028; y por el otro, alcanzar la dignidad que representa ser considerado una “corcholata” y un posible sucesor del “señor” de Palacio Nacional. Para ello, el señor secretario no escatima recursos retóricos para cumplir su misión. Puede señalar sin tapujos que “cuando piensa en baños de sangre piensa en Jalisco” lo que le valió la respuesta del gobernador emecista de esa entidad Enrique Alfaro, precisándole que es en las entidades gobernadas por el partido del presidente y del secretario donde más violencia e incidencia delictiva se presentan. (Latinus, octubre 18, 2022).
Y abundó la exquisitez del secretario López quién aseguró que los tabasqueños “son mucho más inteligentes que los norteños”. Así de delicada la política interior que promueve la corcholata en funciones de golpeador de opositores. Ya no le bastó con atacar a los legisladores o los gobernadores, sino arremetió incluso contra la población de esas entidades. El fin justifica los medios en la lógica del paisano de López I, y se impone la regla de si no estás con la 4t estás contra ella, luego, te avasallo, a ti y a todo tu estado. Así de plana la política transformadora.
Mientras se da toda esta campaña de “convencimiento” de los congresos estatales para apoyar la reforma “pro militarista”, paralelamente se vienen emparejando los tiempos para promover la reforma electoral cuatrotera.
Otro pretexto para el placeo del sátrapa del emperador macuspano, ahora con el argumento de llamar a la población a “transformar” el sistema electoral mexicano, cambiando de raíz la estructura electoral que desde 1997 ciudadanizó el organismo de manera independiente del Poder Ejecutivo Federal, primero con el IFE y a partir de abril del 2014 con la creación del INE, creando una instancia fundamentalmente ciudadana y autónoma. Desde su creación el INE ha organizado y garantizado la incipiente democracia mexicana, dando piso firme a la alternancia y pluralidad política en México. Sin embargo, hoy, el gobierno federal de la 4t siente un enorme riesgo para su continuidad más allá del 2024, y que ésta autónoma formación democrática, que es el Instituto Nacional Electoral y sus órganos de gobierno, representa.
De una manera por demás mañosa, cómo todo lo que impulsa políticamente el morenismo hecho gobierno, ataca a una de las instituciones con mayor credibilidad y confianza entre los mexicanos como lo es el INE, con la esperanza de lograr su absorción por la 4t. Es una aventura de pronóstico reservado en la que se ha enfrascado el régimen de la Cuarta Transformación, es su afán de perpetuidad. El tiempo los alcanzó, y las circunstancias ya no juegan del todo a su favor. La inseguridad rampante con las más de 138 mil muertes violentas; las más de 600 mil muertes resultado del mal manejo de la pandemia, de un sistema de salud pública colapsado, sin médicos, sin medicamentos, sin materiales necesarios; con más de 4 millones de nuevos pobres; con una situación económica que se acerca peligrosamente a una crisis financiera de incalculables consecuencias provocada principalmente por costosas e improductivas obras; con conflictos del mayor orden con nuestros principales socios comerciales y prácticamente sin opciones de negociación por la cerrazón y la miopía política.
Sin embargo, para el endeble imperio macuspano, lo primordial es garantizar la continuidad política de su proyecto “transformador”, alinear o sojuzgar a los gobiernos locales, sin la menor consideración a los criterios que exige la democracia y la globalidad que nos condiciona como una nación actora de un mundo cada vez más integrado.
“Tierra y agua”, es la única demanda y exigencia para los mexicanos del gobierno de la 4t.
mario.bravo58@hotmail.com
Plataformas digitales, reto para la protección social
unaM
Las plataformas digitales se constituyeron en una de las vías de acceso a bienes y servicios habituales para los ciudadanos; es un tema que irrumpió desde hace varios años en nuestra realidad. Sin embargo, a partir de la crisis sanitaria su presencia se recrudeció y con ello salieron a la luz, de manera importante, una serie de problemas asociados a esta nueva forma de trabajar que no estaba considerada de manera explícita en la legislación, consideró la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Mónica González Contró.
Si bien esa labor es un área de oportunidad para numerosas familias –pues representa el acceso a un ingreso mediante el uso de esos medios digitales–, también constituye un reto importante en materia de protección social debido a sus características.
Al inaugurar el “Foro sobre Plataformas Digitales y Seguridad Social del Futuro”, organizado por el IIJ y las empresas DiDi, Uber, Rappi y Beat, González Contró indicó:
Esta entidad académica abrió sus puertas al debate donde estuvieron representadas todas las voces, en particular el análisis académico, político y jurídico sólidos, a partir de una perspectiva de reflexión, a efecto de generar propuestas que tiendan a garantizar los derechos de las personas trabajadoras de esas plataformas y que les garantice la seguridad social y los derechos laborales reconocidos en la Constitución y en las leyes que, por supuesto, son obligatorios.
Ocupación nueva
Víctor Carreón Rodríguez, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), refirió que como parte de las investigaciones que se realizan en el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas de esa entidad académica, se concluyó que durante la pandemia el uso de plataformas digitales evitó el desplazamiento de los usuarios a farmacias, tiendas, supermercados, etcétera, lo que contribuyó al distanciamiento social y con ello se evitó casi un millón de contagios.
De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al cierre de 2020 eran casi 250 mil personas repartidoras de este sistema, mientras que al concluir el segundo trimestre de 2022 existían más de 300 mil, argumentó.
La mayoría, 80 por ciento, son jóvenes menores de 44 años, lo que no ocurre en otras actividades; en nivel escolar cuentan con secundaria completa, eso los hace diferentes. En cuanto a los ingresos, perciben de uno a dos salarios mínimos diarios.
La propuesta del CIDE sería definir las actividades de plataformas digitales como una ocupación nueva en la legislación. “Si no lo hacemos, tendremos problemas. Es necesaria una regulación innovadora para tener una actividad de reciente incursión en la economía, sin inhibir incentivos a nuevas inversiones”.
Las plataformas digitales representan herramientas tecnológicas que dinamizan a la sociedad y a la economía, como intermediarias entre quienes ofrecen servicios y aquellos que lo requieren. Rompieron el paradigma laboral y empoderan a las personas para ejercer sus derechos y su libertad, aseveró Vicente Roqueñí López, director senior de Asuntos con Gobierno y Políticas Públicas de América Latina Hispanohablantes de DiDi.
Su evolución continuará de forma acelerada y, probablemente, los modelos antiguos de ocupación dejarán de existir. De esa manera, 80 por ciento de quienes deciden generar ingresos a través de esa modalidad valoran su flexibilidad; es decir, son libres de elegir si las utilizan o no; si usan más de una plataforma a la vez; cuántas horas le dedican al día; determinan las zonas geográficas en las que trabajarán. “Sin duda, deciden ser dueños de su tiempo”.
Saúl Gómez, fundador del colectivo Ni un repartidor menos, destacó que los distribuidores de la plataforma DiDi obtuvieron logros como: mejoras en el seguro de protección 24 horas después del último pedido; protección y servicio a trabajadores que utilizan motocicleta, en caso de falla o falta de combustible; además de respaldar a las mujeres repartidoras en casos de acoso.
Legislar al vapor, en torno a la situación de este tipo de trabajadores, podría traer consecuencias para todos. Estamos de acuerdo con una regulación o legislación que significarían mejoras sustanciales, “pero no se puede adecuar en un cuadrado, como es la Ley Federal de Trabajo, un círculo como este nuevo sistema de trabajo. Debemos construir, avanzar y, sobre todo, poner a trabajar a las instituciones: Secretaría del Trabajo e IMSS, que aprendan a ser flexibles y no ser un modelo rígido”.
Sue Ellen Bernal, Norma Aceves y Cynthia López explicaron que el llamado a rendir cuentas a la funcionaria es por la falta de profesionalismo y violar la Carta Magna
Cámara de diputados
Ante la inadecuada operación política, el sesgo y falta de imparcialidad de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las diputadas federales Sue Ellen Bernal, Norma Aceves y Cynthia López afirmaron que es necesario que la funcionaria rinda cuentas de su actuación, a través de una comparecencia en la Cámara de Diputados.
A través de un comunicado, las integrantes del Grupo Parlamentario del PRI recriminaron que la titular de este organismo emita pronunciamientos políticos y electorales, lo que contraviene con lo dispuesto en la Constitución, en lugar de atender los temas que sí le corresponden y en defensa de los ciudadanos.
La diputada Sue Ellen Bernal consideró penoso que hoy la CNDH, organismo que deber ser autónomo, esté al servicio del gobierno, que incluso haya solicitado con su actual presidenta la inconstitucionalidad de leyes como la de deudores alimentarios en Yucatán, olvidando los derechos de los infantes y las mujeres.
Expuso que el Consejo Consultivo de la misma Comisión salió a desmentir las recomendaciones emitidas en torno a la Reforma Electoral y en contra del Instituto Nacional Electoral (INE), exhibiendo que estas fueron una interpretación de un acuerdo que tomaron en abril referente a años anteriores y que se retomó erróneamente.
A su vez, la diputada Cynthia López Castro explicó que el llamado a comparecer es por la falta de profesionalismo de Piedra Ibarra y violar la Carta Magna.
Dijo que con su pronunciamiento desacredita el debate, se inmiscuye en temas que no le competen quitando fuerza a los legisladores, incluso a los de Morena, mientras olvida reaccionar por las 10 mujeres que mueren diario, los asesinatos a periodistas, los feminicidios.
Por su parte, la diputada Norma Aceves celebró la recuperación de la memoria sobre violaciones a derechos políticos y electorales comprendidos entre 1951-1965, para garantizar la no repetición de estos hechos; pero indicó que, recientemente, en el último proceso electoral federal de 2021 hubo 102 asesinatos y 782 agresiones o amenazas a candidatos o políticos, por lo que fue el más violento de nuestra historia.
Rosario Piedra debe comparecer por operar políticamente desde la CNDH
Rosario Piedra Ibarra | Foto CNDH
Piden que empresas organizadoras de congresos, convenciones, exposiciones y ferias, no paguen IVA
Cámara de diputados
El diputado Salvador Caro Cabrera, de MC, planteó reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a fin de establecer que no se pagara este impuesto por la prestación de servicios de organización y realización de congresos, convenciones, exposiciones, ferias, de hotelería y conexos, que sean facturados a la empresa organizadora.
La iniciativa, que adiciona las fracciones XVII al artículo 15 y IX al artículo 29 de esa Ley, fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Indica que el objetivo es apoyar la recuperación y el desarrollo de la industria de reuniones, así como prevenir graves consecuencias económicas, mitigar los estragos de la pandemia del Covid-19 y ser un respaldo para esos sectores que fueron los más afectados, especialmente el de servicios.
Precisa que esta industria organizó 319 mil 792 eventos en 2019, mientras que para 2020 disminuyó a 115 mil 966 eventos, casi un tercio. Por otro lado, menciona que la participación del público en dichos eventos tuvo un decrecimiento importante. Durante 2019 se registraron 35.3 millones de asistentes, mientras que en 2020 disminuyó a 12.8 millones, lo que provocó una pérdida de 519 mil empleos.
Añade que de acuerdo con el informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y el Desarrollo, publicado en junio de 2021, el sector turístico de México se encuentra afectado por la crisis sanitaria y el Producto Interno Bruto que puede perderse es de 1.6 por ciento.
Resalta que México es mundialmente conocido como uno de los principales destinos turísticos, ya que se celebran eventos de talla internacional, como conferencias, exposiciones, convenciones y ferias, entre otros.
PAN propondrá crear el programa “Blindar México”, durante discusión del PEF 2023
Jorge Romero Herrera
Cámara de diputados
El diputado Jorge Romero Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, anunció que durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2023, que inicia esta semana, su bancada propondrá la creación del programa “Blindar México”, que busca apoyar y capacitar a las policías civiles locales y la asignación de más presupuesto para su fortalecimiento.
En un comunicado, afirmó que el gobierno federal tiene un desinterés para resolver la crisis de seguridad pública que atraviesa el país.
Sostuvo que Morena y sus aliados “son indiferentes ante las cifras de violencia, tal como se ha visto con la eliminación de programas útiles como el FORTASEG (Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública) y minimizan los datos que reflejan la inacción del gobierno”.
Romero Herrera lamentó las cifras de violencia durante el mes de octubre, mencionando que es una ironía que esto ocurra en el mismo mes en que se aprobó en el Poder Legislativo la extensión de tiempo para que las Fuerzas Armadas continúen desempeñando labores de seguridad pública.
“De nueva cuenta, tenemos otro mes que rompe récords en cuestión de violencia, paradójicamente en el mismo en que se aprobó prolongar la fallida estrategia de seguridad que hemos estado padeciendo. Debido a la falta de presupuesto, octubre acaba de cerrar como el mes más violento del año con 2 mil 481 homicidios, lo que nos habla de más de 80 asesinatos cada 24 horas. No hay día en que no se sepa de un nuevo caso de violencia que causa terror en nuestro país. En pocas palabras, todos los días son ‘Día de Muertos’”, finalizó.
