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aPRO/PatRicia Davila
La renuncia de Toledo a la Secretaría del Medio Ambiente el 31 de agosto de 2020 marcó el distanciamiento entre el gobierno de la Cuarta Transformación y grupos de científicos que simpatizaban con ella y que ahora mantienen posiciones críticas frente al avance de obras de infraestructura hídrica, como la presa El Zapotillo, la liberación y renovación de licencias para operar recursos hídricos y la consolidación de proyectos como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. En foros y entrevistas posteriores a su renuncia, Toledo mantiene sus críticas a la conducción de la política ambiental. El catedrático de la UNAM fue consultado sobre este tema, pero prefirió no hacer comentarios. Tampoco la directora del Conacyt hizo comentarios sobre la “pausa” en la que se encuentra la UCCS.
El investigador de la Universidad Iberoamericana en Puebla, David Jiménez, asegura en entrevista que para los activistas y los movimientos sociales que buscan proteger el medio ambiente y, en especial los recursos hídricos, el gobierno del presidente López Obrador exhibe contradicciones.
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“Se llevaron a mucha gente de la comunidad científica a trabajar al gobierno, incluso a activistas, los dividieron y no hay avances. Por ejemplo, en la Sierra Norte de Puebla hay un gran problema de minas, de hidroeléctricas. María Luisa (secretaria del Medio Ambiente) conoce muy bien la situación y decía: ‘Ahora que llegue se van a parar concesiones, se va a hacer esto y lo otro, o por lo menos neutralizarlo’, pero más bien está haciendo todo lo contrario en el gobierno”, agrega David Jiménez, quien se mantiene muy cerca de grupos en la comunidad poblana de Juan C. Bonilla que, desde hace seis meses, tomaron las instalaciones de la embotelladora Bonafont.
Jiménez realiza un constante acompañamiento en las actividades de los grupos que tomaron esa planta, cuestiona el papel de la Conagua y asegura que lo dictámenes respecto a la situación de los mantos freáticos y el aprovechamiento de los pozos artesanales y los concesionados a las empresas están equivocados.
El 30 de junio de 2021, la Conagua, a través del organismo de Cuencas Balsas, emitió una opinión técnica sobre las causas del socavón que surgió en esa comunidad el 29 de mayo y concluyó que el acuífero del Valle de Puebla cuenta aún con disponibilidad, con lo cual se concluye que el acuífero no se encuentra en condición de sobreexplotación y mucho menos que ésta pueda ser la causa del accidente geológico del socavón. Este acuífero, así como los pozos tradicionales, después de la temporada de lluvias de este año, ha recuperado sus niveles tradicionales, según la Conagua.
Para Jiménez, sin embargo, en torno al conflicto por el agua en Puebla hay un silencio cómplice por parte del gobierno, por parte de la comunidad científica que ahora está más preocupada por recibir recursos del presupuesto y por politizar los movimientos.
Un “atropello”, el proceso contra 31 investigadores del Conacyt: Gabriela Dutrénit
/ Patricia Dávila
Foto Foro Consultivo Al término de su comparecencia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Gabriela Dutrénit Bielous señaló que espera los mejores resultados y “que se aclare esta situación de atropello que ha habido contra todos nosotros”, en referencia al grupo de 31 investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR).
Acusada del desvío de 244 millones de pesos, Dutrénit se hizo acompañar de su abogado, Alberto Ríos, quien será su defensor ante los cargos que le imputa la FGR de peculado, delincuencia organizada, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y facultades.
Dutrénit indicó que, en términos generales, le dieron a conocer los hechos de los cuales está señalada y que –al igual que sucedió con su colega Patricia Zuñiga, quien compareció dos horas antes–, el Ministerio Público se comprometió a entregarle vía electrónica una copia de la carpeta de investigación a más tardar en una semana.
Ella, quien pertenece a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM-X), en noviembre de 2015 recibió el nombramiento de Profesora Distinguida por su destacada trayectoria académica y por sus investigaciones en el campo de la Economía de Innovación y Cambio Tecnológico, que se han convertido en un referente para los estudios sobre aprendizaje tecnológico, sistemas de innovación y política científica y tecnológica en México.
Dutrénit obtuvo el doctorado en Política Científica y Tecnológica por la Science Policy Research Unit de la Universidad de Sussex y desde 1985 pertenece al Departamento de Producción Económica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-X, donde se desempeña como profesora e investigadora.
Es integrante de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), del Sistema Nacional de Investigadores (nivel III) y coordinadora de la Red Latin American Network for Economics of Learning, Innovation and Competence Building Systems (LALICS).
Fue Coordinadora General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. en el periodo 2012-2014, en donde, según la UAM, tuvo un papel decisivo en la creación de estrategias para impulsar y fortalecer la integración de la ciencia, tecnología e innovación en las agendas del gobierno federal y de los gobiernos estatales.
Comparece ante la FGR la fundadora del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología del Conacyt
/ Patricia Dávila
Patricia Zúñiga, una de las 31 científicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) investigados por la Fiscalía General de la república (FGR), compareció este miércoles ante el Ministerio Público y se reservó su derecho a declarar hasta en tanto, su abogado Ricardo Reyes Retana, revise los 10 tomos de que comprende el expediente.
Zúñiga, quien este miércoles se presentó acompañada de su abogado ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para responder por los cargos que le imputa por delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, rindió su declaración por escrito.
Al término de la audiencia, Reyes Retana, indicó que la investigadora, exsecretaria y fundadora del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología del Conacyt, se reservó su derecho a declarar ya que presentará su declaración por escrito una vez que su equipo de abogados revise los 10 tomos que conforman la carpeta, los cuales, de acuerdo con el MP, le serán entregados vía electrónica
En compañía de su abogado, la investigadora compareció la mañana de este miércoles 6 de octubre, por un supuesto desvío de 244 millones de pesos.
Ella, es uno de los 31 científicos a quienes la FGR, en dos ocasiones ha intentado llevar a la cárcel, a todos, por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado.
Según la FGR, los científicos emplearon los recursos en comprar bienes, como una casa en la alcaldía Coyoacán, viajes al extranjero, pagar impuestos, salarios, realizar banquetes, entre otros. Apenas el pasado 1 de octubre, la International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies (IHRN), fundada en 1993 por los premios Nobel François Jacob, Torsten Wiesel y Max Perutz, así como por Pieter van Dijk, abogado en Derechos Humanos, externaron su preocupación por las acusaciones en contra de los 31 científicos.
Incluso hicieron un llamado a las autoridades mexicanas para que los procesos judiciales se hagan conforme a derecho. En un comunicado externaron su preocupación por que, en dos ocasiones, la Fiscalía buscara que se les girara órdenes de aprehensión para colocarlos en una prisión federal de máxima seguridad.
Ello, indican, a pesar de que un juez federal no encontró pruebas suficientes y sí irregularidades para girar las órdenes de aprehensión.
Ante esa negativa, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, ha insistido en que buscará su detención.
Se dijeron preocupados, igual que muchas otras organizaciones científicas, porque sus colegas están siendo objeto de acoso por parte del gobierno.
E hicieron un llamado a las autoridades para garantizar que cualquier investigación adicional concuerde con los compromisos adquiridos por México en materia de derechos internacional de derechos humanos.
La mitad de los más de 91 mil desaparecidos podrían estar en los Semefo o fosas comunes
/ Noé Zavaleta
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, señaló que de los 91 mil desaparecidos en México, la mitad podrían encontrarse en los Servicios Médicos Forenses (Semefo) o bien en fosas comunes.
“Una cifra que no es un número estadístico, sino es un dato que habla de seres humanos y rebasa las 91 mil personas no
localizadas en México desde 2006 a la fecha, y es mayor la tragedia cuando entre 32 mil y 42 mil de las personas que están reportadas como desaparecidas o no localizadas podrían encontrarse en los servicios forenses o las fosas comunes en el país”, puntualizó durante la inauguración de una Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses en Nogales, Veracruz.
“Este rezago acumulado nos ha llevado a una situación de crisis en un país donde, lamentablemente, una de las herencias más dolorosas que recibimos fue el problema de desaparición de personas”, añadió.
Acompañado del gobernador Cuitláhuac García y la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns, Encinas señaló que la edificación e inauguración de la Unidad Integral ayudará a brindar un trato digno e identificar a las personas localizadas sin vida.
“La Unidad de Servicios Médicos Forenses que hoy se inaugura da respuesta al reclamo de las familias para dar un trato digno y respetuoso a las personas localizadas sin vida”, precisó.
Se estima que en Veracruz desaparecieron en la última década cerca de cinco mil personas, según cifras de la Fiscalía General del Estado. Tan solo en el sexenio de Cuitláhuac García, la Comisión Estatal de Búsqueda lleva un conteo de 400 desaparecidos.
De acuerdo con Encinas Rodríguez, la nueva Unidad de Nogales está a la altura de las nuevas tecnologías y con mayores capacidades institucionales, y sirve de ejemplo para replicar este tipo de iniciativas en las demás entidades federativas para dar respuesta a los familiares de personas desaparecidas en su reclamo de que se garantice el derecho a la identidad de sus seres queridos.
POR MIS OVARIOS, BOHEMIAS Candidaturas feministas independientes: una agenda posible sin violencia política de género
TANIA MAGALLANES DÍAZ
Con más frecuencia se dan a conocer organizaciones de mujeres que enfocan sus esfuerzos en hablar de la paridad de género, al referirse a la participación y representación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de poder y de toma de decisiones en cargos de representación popular.
Por supuesto que sé que las mujeres no hemos participado de la vida política del país por las violencias, discriminaciones y opresiones históricas, para eso se legisló la Paridad de Género, sin embargo, lo que sigue urgentemente es hablar de quiénes son las mujeres que acceden a estas u otras oportunidades y cómo es que acceden, pues las condiciones de participación no son iguales para todas, sigue siendo una falacia esta garantía para el grueso de las población femenina que intenta participar en la política dura al no tener ni la preparación adecuada ni la idea de que pueden acceder a estos derechos en medio de la cotidiana violencia naturalizada.
También entiendo que la máxima violencia seguirá siendo el asesinato, como se vio en el pasado proceso electoral, lo que no quita que debamos analizar las acciones u omisiones que enmarcan la violencia de género, en el entendido de lo que impide que más mujeres lleguen a puestos de toma de decisiones, desde la violencia física hasta la violencia sicológica e institucional que impide el desarrollo y mina el ánimo de las pocas mujeres que se deciden y tienen la oportunidad de participar. Ahora, ¿cómo identificar hasta qué punto hablamos de violencia política de género?
Lograr que la paridad trascienda de ser diputada a tomar decisiones no es tarea fácil, está visto, hay que luchar contra los grupos de poder. La Cámara de Diputados está gobernada ahora exclusivamente por hombres aunque existe ese 50+1 de diputaciones femeninas que tanto se ha peleado. El pasado Congreso de Aguascalientes también fue gobernado por varones y se espera lo mismo de este nuevo. Por esto y por el desprestigio del sistema partidista se entiende que muchas mujeres defensoras de derechos humanos consideren que participar con un partido político es venderle su alma al diablo, en el entendido de que se verán obligadas a defender una agenda que no atiende los derechos de las mujeres o que estarán a las órdenes de los líderes los partidos, por lo que pensar en que más mujeres se registren como candidatas independientes, impulsadas por organizaciones y activistas feministas que sí tengan una agenda muy clara en derechos humanos y con base en las necesidades pertinentes de su región, sería una apuesta para proponer llegar al poder y tomar decisiones, así como establecer políticas públicas que sí transformen la vida de todas las mujeres.
De acuerdo con la Convención de Belém Do Pará, la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Cedaw, todas las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen, además del principio de igualdad, el derecho de todos los y las ciudadanas de participar en la dirección de los asuntos públicos. La Constitución reconoce el principio de igualdad para el ejercicio de los derechos político-electorales contenidos en su artículo 35, además, establece como principios rectores del ejercicio de la función electoral la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Sería ingenuo creer que esto es real. Por mucho que la mayoría de las organizaciones empresariales y partidistas de mujeres lo enuncien en cada uno de sus simposios, aún no hay las condiciones para que ocurra, y mucho menos, para que trascienda a todas las mujeres del país. Eso no quita que muchas organizaciones de mujeres las publiciten. Fotos en portadas de revistas, en conciertos, con artistas, con mujeres en cargos públicos que nunca han trabajado en favor de los derechos de todas o que han sido omisas para beneficio de su partido o propio, es la constante a la hora de presumir un trabajo en materia de género. Pocas, poquísimas están dando la batalla para que una agenda integral y con conocimiento de causa llegue a las legislaciones y después se vuelva una realidad. Pocas se han atrevido a conformar alianzas más allá de sus partidos, a formar un grupo en común, a ser rebeldes contra el grupo masculino en el poder.
La violencia política de género también es un obstáculo para el ejercicio de estos derechos. La Convención de Belém do Pará reconoce que la violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, constituye una violación a los derechos humanos y, por tanto, una ofensa a la dignidad humana, lo que sigue ocurriendo pero cobijado en un discurso vacío sobre la paridad de género y la necesidad de ser ese 50+1, pues con solo esto el resultado ha sido, hasta ahora, Congresos paritarios misóginos y machistas o mujeres en las gubernaturas señaladas de nepotismo.
¿Hemos avanzado contra la violencia ahora que más mujeres participan de la política? No.
¿Qué necesitamos para que más mujeres, otras, participen de la política dura y transforme definitivamente la vida de todas? Tal vez un camino sería abundar en la identificación de la violencia política de género, esa que impide que más mujeres lleguen a los puestos de toma de decisiones. Y me refiero a las mujeres activistas, a las arropadas por colectivas y organizaciones civiles, impulsadas de manera independiente ante la carencia de confianza en los institutos políticos, todos, y así comenzar a mover ese engranaje burocrático de los Institutos Electorales locales que no ayuda a estas promociones.
Karen
Karen es una activista por los derechos humanos en Chiapas y ha padecido de la violencia que impide el desarrollo en la política a las mujeres. En 2014, junto con otras compañeras, fundó Iniciativas Feministas, un intento por ser una organización política feminista local. Sin embargo, se enfrentaron a la burocracia electoral que les impidió registrase, por lo que decidieron convertirse en un grupo de presión política y de activismo feminista, lo que han sido hasta la fecha. También intentaron registrarse en el ámbito nacional pero entendieron que sin recursos y sin alianzas es imposible. Al ver que no tenían posibilidades de convertirse en una organización política formal decidieron participar en el 2018 por una candidatura independiente, de la cuál el resultado fue que sí lograron las firmas para que Karen fuera candidata a una diputación por el Distrito I de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En 2021, nuevamente intentaron registrar su candidatura para la alcaldía de Tuxtla, pero la pandemia y las trabas de los institutos electorales, que no ve las grandes diferencias que hay entre contender de manera independiente o con un partido político, las obligaron a declinar porque había condiciones para juntar las firmas entre la población, “la crisis económica que trajo la pandemia hizo que las personas en lo que menos pensaran fuera en las elecciones intermedias, por lo menos acá en Chiapas. Eso sí, vimos las mismas prácticas de toda la vida, el clientelismo, la cooptación de votos de parte de los partidos políticos…”.
Karen ha soportado diferentes tipos de ataques por su activismo. En el 2012, derivado de una lucha sindical y de una denuncia contra el rector de una universidad, fue abierta una página de Facebook en su contra que la atacó violentamente con textos y fotomontajes de Karen en películas porno. Y eso fue solo el inicio: “Yo me doy cuenta que los ataques que he recibido a lo largo de mi vida como activista, los más abusivos, los más violentos, siempre han sido en el contexto de dar opiniones, en el caso más reciente tuvo que ver con una crítica que hice al nepotismo que llevó a una mujer al cargo de diputada plurinominal, pues su papá es un político dinosaurio del PRI, un cacique de una zona de Chiapas. Yo hago esta crítica e inmediatamente un amigo de ella, un funcionario, no cualquier tipo que me agrede en las redes sociales como el troll, no el ciudadano igual que yo, no, un funcionario que sin pruebas me llama estafadora y desprecia mi trayectoria política. Él es presidente de una organización de debate político nacional, es jefe del departamento jurídico del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en Chiapas, entonces no es cualquier persona. Él se escuda en que no me menciona, pero sí retoma un post que yo hago de la crítica hacia esta diputada y las personas que le defienden, y él por eso me tacha de estafadora y que yo he lucrado y traicionado. Me decían, es que no te está ofendiendo, no es violencia política de género porque, una, no estamos en temporada electoral, dos, tú no eres política, pero él en su escrito hace alusión a las veces que yo he participado en las elecciones, es obvio que intenta de una manera velada manchar mi trayectoria política de una manera muy injusta, muy ruin, pues no da pruebas de ninguno de sus dichos, entonces, hablar así tan a la ligera, con esa intención de que en la conciencia pública yo aparezca igual de menospreciada que la mayoría de los priistas corruptos que han estafado millones de pesos, y que me quiera poner en el mismo lugar, y que venga de una persona con un cargo público, eso para mí configura un abuso de poder, hay una violencia política porque está intentando minar cualquier oportunidad que en el futuro tenga yo como política y si lo hiciera tendría que cargar este estigma de lo que él está diciendo, que yo he lucrado, que he estafado, que soy una traicionera.
“Hay una consigna que he escuchado y en la cuál me gustaría abundar: toda violencia contra las mujeres, toda, es política, que afecten tu honra, tu estado emocional, de alguna forma el objetivo es el mismo, despolitizarte. Si tú has sido una voz crítica, que no critiques, que tu has tenido intenciones de transformar o cambiar algo, pues que no las tengas, va mermando muchísima energía, simplemente, si tú estás enfocada en un proyecto político pero constantemente te distraen de eso para llevarla a ese desgaste de energía emocional que tú necesitas a la hora de querer procesar el hecho de que te difamen, intenten menospreciar lo que tú has hecho, de alguna manera eso tiene repercusión emocional, que no solo tiene el intento de destruirte, no solo emocional o física, sino quitarte cualquier potencia política que puedas tener”.
Como el caso de Karen existen cientos en el país de mujeres comprometidas con su activismo, reconocidas por las familias, colegas y otras mujeres por su acompañamiento, y que son relegadas del ámbito político por no contender en partidos y con pocas oportunidades para registrar una candidatura independiente, sin un piso parejo en comparaciones con los miles de pesos que obtienen los partidos.
Caben aquí las preguntas: ¿las organizaciones de mujeres que defienden la Paridad de Género no deberían empezar a notar este hoyo por donde se va la oportunidad de que mujeres comprometidas accedan a sus derechos político-electorales fuera de los partidos?, ¿no están hartas de hacer una política que reproduce controles masculinos y patriarcales? Y las colectivas feministas, ¿qué esperan para entrar a los Congresos, a los lugares donde se toman decisiones, y respaldar a las mujeres activistas de su comunidad? ¿Por qué no estamos viendo ese camino?
MERIDIANO ELECTORAL El principio constitucional de separación iglesia-estado y su injerencia en la nulidad de una elección
DANIEL O. GUTIÉRREZ
Situándonos en un contexto histórico, el 12 de julio de 1859, Benito Juárez entonces presidente de la República Mexicana, a través de las Leyes de Reforma, decretó la separación entre Iglesia y Estado, la nacionalización de los bienes del clero y la libertad de culto en México.
Así, actualmente la separación entre la Iglesia y el Estado se ostenta como un principio de carácter constitucional, regulado en el artículo 130 de la Carta Magna. De manera específica, el inciso e) del referido numeral, establece que “los ministros (de culto) no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna”.
En ese sentido, la Iglesia goza de autonomía para tratar temas relacionados con sus esferas de competencia, sin embargo, no debe involucrarse en asuntos públicos y/o políticos, incluyendo las elecciones locales y federales.
De acuerdo con ello, el pasado treinta de octubre, la Sala Superior del TEPJF anuló la elección del ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, al considerar que la injerencia de un obispo miembro de la Iglesia en los días previos a la jornada electoral, puso en riesgo la integridad de los resultados de los comicios, en razón a que la diferencia entre el primer y segundo lugar fue tan solo de 1.29%, por lo que se acreditó la determinancia requerida.
En este asunto (SUP-REC-1874/2021), el ministro de culto en cuestión difundió un video en su perfil de la red social Facebook dirigido a los habitantes del referido municipio, en el que señaló; “este mensaje es una reflexión o una insistencia ante ustedes para proceder debidamente”, argumentando que“en estas elecciones van en juego muchas cosas, si ganan los que están en el poder se viene la dictadura, o sea, se pierde la libertad, porque se trata de un sistema comunista, socialista que esclaviza basta mirar los pueblos que han caído en él”.
Además, sostuvo que; “está en juego, también, la libertad religiosa, ¿por qué?, porque el sistema comunista-marxista así lo pide”, aunado a que“los gobiernos se han aliado con los malhechores con los carteles, se han hecho pacto, las mismas elecciones ahora están en riesgo”.
Al respecto, la Sala Superior realizó un estudio respecto a la jerarquía del líder religioso que emitió el mensaje ya descrito, señalando que en la actualidad se desempeña como arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Guadalajara, y si bien ya no forma parte del gobierno de la iglesia, como pastor y figura pública regional resulta evidente su influencia moral entre la ciudadanía. Además, de que es uno de los siete cardenales con los que cuenta México, situándose apenas por debajo del Papa en la jerarquía de la iglesia católica.
En la resolución de mérito, se desglosaron datos arrojados por el Inegi en los que se desprende que Tlaquepaque es el tercer municipio de Jalisco, en el que mas personas profanan la religión católica. Partiendo de esa tónica y en atención a que el mensaje emitido por el ministro de culto se suscitó durante el periodo de reflexión del voto -veda electoral-, contrario a lo que sostuvieron el Tribunal Electoral de Jalisco y la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, no podía garantizarse que el resultado tan cerrado de la elección se haya suscitado libre de injerencias religiosas.
Lo anterior es así, pues en el mensaje emitido por el ministro de culto se denotó un claro empeño de restar adeptos hacia la fuerza política que obtuvo el segundo lugar en la elección controvertida, razón suficiente por la cual el pleno de la Sala Superior determinó anular la elección de ese municipio y ordenó la celebración de elecciones extraordinarias.
Es importante precisar que, la nulidad de una elección es una circunstancia que ninguna autoridad jurisdiccional quisiera enfrentar, pues el fin primigenio de la función electoral busca proteger los efectos del voto de la ciudadanía y conservar los actos válidamente celebrados. No obstante, la validez de cualquier elección exige que los principios constitucionales se conserven vigentes y protegidos, como en este caso la separación Iglesia-Estado. Dicho lo anterior, no debemos olvidar que en Aguascalientes está a punto de iniciar un nuevo proceso electoral con vísperas a la elección de la gubernatura del estado, por lo que resulta importante que no pasen desapercibidos este tipo de acontecimientos, con el ánimo de que los actores políticos y las autoridades eclesiásticas se desempeñen al margen de sus facultades y competencias, garantizando así, elecciones imparciales y objetivas dotadas de certeza y legalidad, pues dicho sea de paso que, además, la injerencia de ministros de culto en campañas políticas es considerado un delito electoral.
Próximo contralor del Congreso deberá ser ajeno a los intereses políticos de las bancadas
Gabriel Soriano
Próximo contralor del Congreso del Estado deberá ser ajeno a los intereses políticos de cada uno de los grupos parlamentarios, se debe privilegiar la experiencia y formación profesional.
A casi un mes de haber iniciado actividades, aún no hay una fecha clara para que la LXV legislatura asigne finalmente a quien será el titular del Órgano Interno de Control durante este periodo del Poder Legislativo. Según ha declarado el presidente de la Comisión de Vigilancia, Jaime González de León, se espera que para este mes el pleno decida quién ocupará este puesto.
La diputada Yolitzin Aleli Rodríguez Zendejas de MC comentó que el Congreso del Estado aún se encuentra organizando en cuestiones administrativas para poder trabajar con normalidad y resaltó que esta posición es sin duda necesaria que se ocupe a la brevedad.
Destacó que sin duda cada uno de los grupos parlamentarios tendrá propuestas de posibles candidatos para perfiles, sin embargo, se debe de privilegiar la experiencia y la formación profesional del contralor pues tiene que ser una figura ajena a los intereses políticos de cada una de las fuerzas que están representadas en el poder del estado.
La semana pasada, el Comité Coordinador del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción emitió un exhorto precisamente a esta área para que le dé continuidad al caso de la Caja Negra, un desvío de 140 millones de pesos que emanó de la legislatura anterior.
La legisladora señaló que por el momento no tienen conocimiento de este exhortó, pero reiteró que este caso se seguirá atendiendo a través de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, pues es ahí en donde ya se han presentado algunas denuncias por este caso.
Jaime González de León | Foto Congreso del Estado
Presentarán iniciativa para agilizar procesos en sentencias por pensiones alimenticias
Tres de cada cuatro niños de padres separados no reciben una pensión alimenticia, estimó la legisladora
Gabriel Soriano
En materia familiar, los juicios de pensión por alimentos siempre deben de tener celeridad pues siempre se debe proteger el interés superior de la niñez, sin embargo, es una realidad que muchas veces los deudores prefieren cambiarse a la informalidad e incluso cambiarse de estado para evitar el pago.
La diputada Nancy Jeanette Gutierrez Ruvalcaba informó que presentará una iniciativa para poder hacer efectivas las pensiones alimenticias para niños y niñas pues estimó que tres de cada cuatro niños, hijos de padres separados, no reciben pagos por este concepto.
“Hay muchísimas mañas –que tienen los deudores-, incluso solapados por los mismos patrones, les ayudan a decir que ganan poquito menos para que puedan dar menos. Aquí debemos de proteger los derechos de las niñas y de los niños para que puedan tener una vida digna y va de la mano con los ingresos que tengan padres y madres”, comentó la legisladora.
Para darle más cuerpo a la propuesta que modificaría al código civil, informó que se ha reunido con mujeres empresarias y colectivos feministas para recabar su opinión.
También destacó que se ha reunido con la magistrada presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Gabriela Espinosa Castorena, y con jueces familiares para que de esa manera se puedan economizar los procesos y así puedan dar sentencias con mayor prontitud. Nancy Jeanette Gutierrez Ruvalcaba | Foto Congreso del Estado
