AÑO 11 | Nº 100 | febrero DE 2020
PRESIÓN IMPOSITIVA
El 60,4% de la renta agrícola no queda para el productor El índice FADA, que mide la participación del Estado tomando el valor de la producción menos los costos, muestra el peso de la carga tributaria que soporta el campo.
E
l campo se queja por la presión tributaria que soporta la producción y asegura que la carga impositiva devora la rentabilidad y desalienta la inversión, situación que se agrava a partir de la actualización de las retenciones. En medio de ese debate entre la Mesa de Enlace que agrupa a las entidades rurales y el Gobierno nacional que encabeza Alberto Fernández, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) dio a conocer la última medición de su ya popular “Índice FADA”. Este informe, que mide la participación del Estado en la renta agrícola, tomando el valor de la producción menos los costos, evidenció que la administración fiscal para el promedio de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol es del 60,4%. En otras palabras, “de cada $100 de renta que genera una hectárea agrícola, $60,40 se lo llevan los distintos niveles de gobierno”, explica el economista y jefe David Miazzo. Si comparamos con la medición de septiembre de 2019 aumentó un 4%, ya que la anterior fue de 56,4%. A su vez, este particular índice mide también cada cultivo en particular y demostró que en el caso de la soja es del 64,5%, maíz 53,9%, trigo 53,5% y girasol 62%. Las diferencias entre cada cultivo radican en los impuestos y en la renta que genera cada uno, ya que a menor rentabilidad, mayor es la participación relativa de los impuestos.
Nación, provincia y municipios
Los impuestos pertenecen a distintos niveles de gobierno, como también es distinta la distribución que se hace de ello. Así, detalla que, de lo recaudado, el 95,5% pertenece a impuestos nacionales, el 3,9% a provinciales y el 0,6% a municipales. De esos impuestos nacionales, el 62,1% son de carácter no coparticipable, mientras que el 33,4% es coparticipable con las provincias.
Piden líneas de crédito del Bapro.
CARBAP A LA PROVINCIA
Pedido de créditos y cambios tributarios
L
La carga impositiva se incrementa hasta el 64,5% en el cultivo de soja.
“De cada $100 de renta que genera una hectárea agrícola, $60,40 se lo llevan los distintos niveles de gobierno”. David Miazzo. Del 95,5% de los impuestos nacionales, el 62,1% son de carácter no coparticipable, mientras que el 33,4% es coparticipable con las provincias. Los impuestos no coparticipables están compuestos principalmente por los derechos de exportación, como también el impuesto a los créditos y débitos bancarios. Los coparticipables son en su mayoría el impuesto a las ganancias y el IVA. Las provincias reciben parte de este 33,4% como coparticipación y también recaudan impuestos propios. En el Índice FADA nacional se consideran el impuesto inmobiliario rural y el impuesto a los ingresos brutos, con una alícuota reducida, ya que ni Córdoba ni Santa Fe, por ejemplo, cobran este impuesto. Así, los impuestos
provinciales explican el 3,9% de los impuestos totales. Por último, los impuestos municipales explican el 0,6% de los impuestos en el Índice FADA promedio nacional. El componente central de estos impuestos municipales son las tasas viales.
Precios, tipo de cambio y costos
Respecto al índice anterior, se observaron mejoras en los precios de soja y maíz y una reducción sustancial en trigo. La mejora de los precios internacionales ayudó a amortiguar el efecto de la suba de derechos de exportación. En los últimos 12 meses, el incremento del tipo de cambio fue del 59%, pasando de $37,70 por dólar a $59,80. En los últimos 3 meses, se incrementó un 4,9%. Por su lado, los costos en dólares se han mantenido relativamente estables. Mientras que los costos en pesos, fletes y labores agrícolas, todavía no se han actualizado completamente, porque la actividad agrícola es estacional. El índice mostró que un 60% de los costos de una hectárea
de soja están dolarizados, mientras que el restante 40% están pesificados. Si se considera el costo de la tierra dentro del esquema de costos, los costos dolarizados pasan a representar el 71%. En el caso del maíz, como los fertilizantes y semillas tienen más peso que en el caso de la soja, los costos dolarizados ascienden al 66% de la estructura, mientras que los pesificados alcanzan el 34%. Si se considera el costo de la tierra, el peso de los costos dolarizados asciende al 72%. El componente en pesos también suele tener una alta relación con el dólar por dos motivos: la rápida transmisión de la devaluación a los precios que hay en una economía inflacionaria como la argentina; y porque dentro de los costos pesificados está, por ejemplo, el flete cuyos costos dependen en gran medida del precio del combustible y este está ligado directamente al precio del petróleo y del dólar. Lo mismo con las labores. Además de que el valor de los camiones y maquinaria también guarda correlación con el tipo de cambio. •
os productores agrarios bonaerenses representados en la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aries y La Pampa (Carbap), a través de su presidente, Matías de Velazco, reclamaron a la Provincia soluciones en distintos aspectos que afectan a la actividad, como la carga impositiva, el mal estado de los caminos rurales, las tasas que aplican algunos municipios bonaerenses y que se utilice al Banco Provincia para apalancar a la producción y generar trabajo. Además, desde la entidad plantearon sus divergencias por las retenciones, durante un encuentro que mantuvieron con el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez. “Hablamos de una agenda de trabajo en la que pedimos por el tema de los fitosanitarios en Provincia, porque necesitamos una normativa clara, e incluso si es con una ley mucho mejor, que ordene toda esa anarquía de ordenanzas que existen en cada municipio con información poco clara y difíciles de cumplir”, le explicó de Velazco. “Pedimos que se le dé un perfil productivo a la Provincia y por eso le vamos a acercar al ministro Rodríguez un plan ganadero, que ya en su momento se lo presentamos al anterior gobierno. También planteamos la necesidad de tener un Banco Provincia con fuerte apalancamiento a la Producción, con líneas de crédito acordes y razonables para generar producción y trabajo”, agregó el productor rural. Respecto a la ley de emergencia que se dictó en noviembre de 2019 y quedó inconclusa porque aún faltan firmar decretos, el dirigente rural explicó que “nos preocupa la situación de algunos partidos del interior de la Provincia fuertemente afectados por la sequía, el avance de la tucura y la situación extrema en algunas zonas ganaderas con la mortandad de hacienda. Por eso vamos a hacer pedidos de emergencia y desastre para estas zonas (sudoeste) y queremos una resolución ágil por parte de la Provincia”, dijo el presidente de Carbap. Los dirigentes rurales reclamaron la continuidad de las obras del Río Salado, una mayor presencia de patrullas rurales y obras de mejora en caminos rurales, “sobre todo en esos municipios en los que recaudan una tasa y no dan una contraprestación”, afirmó de Velazco. “Queremos plantear nuestra visión sobre el impuesto rural complementario y sobre la ley de herencia. Es una agenda amplia que presentamos y ahora hay que arremangarse y empezar a trabajar”, agregó el titular de Carbap. •