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Personas que viven en pobreza son más vulnerables y están más expuestas a desapariciones forzadas
ONU
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Los Estados deben reconocer aún más la conexión entre la desaparición forzada y los derechos económicos, sociales y culturales, a fin de prevenir mejor las desapariciones forzadas, de manera más integral, dijeron hoy expertas y expertos en derechos humanos de la ONU.
Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el 30 de agosto, el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias emitieron la siguiente declaración:
“Por su naturaleza, la desaparición forzada es un crimen complejo que viola todo tipo de derechos, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales de la persona desaparecida, de sus parientes y de otras personas. La falta de protección efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales es también un factor que contribuye a las desapariciones forzadas. Las personas que viven en la pobreza son más vulnerables y están expuestas a un mayor riesgo de desapariciones forzadas. En algunos casos, al enfrentarse al sistema de justicia penal, se ven privadas de asesoramiento y asistencia jurídica para impugnar las condiciones de su arresto, juicio, condena y detención, y así desaparecen dentro del sistema. Las víctimas de las desapariciones forzadas son también en su mayoría personas marginadas. Cuando viven en zonas con escasa o nula presencia de las instituciones del Estado, sus familiares y allegados tienen poco acceso a la justicia y a medios eficaces para buscarlas.
Niñas y niños que no tienen acceso a la educación, que viven en la pobreza o en situación de calle, o que han sufrido desplazamiento, corren un mayor riesgo de ser secuestrados y convertidos en niños soldados o ser víctimas de la trata con fines de explotación. Las personas migrantes y las personas con discapacidad también son especialmente vulnerables a las desapariciones forzadas, debido a la falta de recursos económicos, de planes de protección, así como de participación política, social y cultural.
También hemos observado a través de nuestro trabajo que la desaparición forzada se utiliza como herramienta de intimidación, represalia y castigo ilegal en contra de los defensores de derechos humanos, incluidas las personas que promueven los derechos económicos, sociales y culturales.
Instamos a los Estados a atender el hecho de que las desapariciones forzadas ponen a familiares y allegados en una posición muy difícil, especialmente cuando el sostén de la familia está desaparecido. Al alterarse la estructura familiar, cónyuges e hijos se ven afectados económica, social y psicológicamente. Teniendo en cuenta que los hombres suelen ser las principales víctimas de las desapariciones forzadas, las mujeres se ven especialmente afectadas. A menudo son rechazadas en la comunidad porque sus parejas son supuestamente sospechosos de crímenes, o porque la gente teme relacionarse con alguien que ha sido objeto de una desaparición forzada. Las madres también pueden ser estigmatizadas socialmente y culpadas de “no cuidar adecuadamente” a sus hijos desaparecidos.
En algunos países, la legislación puede imposibilitar el cobro de una pensión o la recepción de otros medios de ayuda en ausencia de un certificado de defunción, lo que revictimiza a las víctimas y agrava aún más su vulnerabilidad. Tanto las dificultades económicas como la devastación de la pérdida de un integrante de la familia pueden causar a los allegados de las personas desaparecidas un gran trauma emocional que puede conducir no sólo a la violación del derecho a la vida familiar, sino también a impactos físicos y psicológicos negativos.
Es esencial que todos los Estados presten atención específica al impacto multidimensional de las desapariciones forzadas en los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas a lo largo del proceso de búsqueda y de la investigación. Además, los Estados deben analizar más el perfil y las actividades de las personas que son víctimas de desapariciones forzadas, para responder mejor a la dimensión colectiva del daño que sufren las víctimas y sus comunidades.
En los casos de personas desaparecidas que son integrantes de pueblos indígenas u otros grupos étnicos o culturales, es necesario considerar y respetar los patrones culturales específicos al tratar la desaparición o la muerte de un o una integrante de la comunidad. Cuando se encuentran e identifican el cuerpo o los restos de una persona desaparecida, deben entregarse a la familia o a sus allegados de acuerdo con las normas y costumbres culturales de las víctimas y sus comunidades. La pandemia del covid-19 claramente ha tenido un impacto devastador en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales en todas las partes del mundo, y ha agravado el impacto en las víctimas de las desapariciones forzadas y sus familiares. A este respecto, recordamos las ocho directrices que adoptamos conjuntamente en septiembre de 2020, en las que llamamos a los Estados miembros a que garanticen el respeto, la promoción y la protección de los derechos y obligaciones consagrados en la Convención y la Declaración.
Reafirmamos enérgicamente nuestro apoyo y solidaridad a todas las víctimas de la desaparición forzada y pedimos a todos los Estados que adopten todas las medidas necesarias para evitar el sufrimiento adicional causado por las consecuencias sociales, económicas y culturales de la desaparición forzada.
En diciembre de 2020, conmemoramos el 10º aniversario de la entrada en vigor de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Volvemos a hacer un llamamiento a todos los Estados para que ratifiquen la Convención y acepten la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas para recibir y examinar denuncias individuales e interestatales."
Es urgente atender los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas | Foto Cristian de Lira
bAjo prEsión Galantería
EdilbErto Aldán
Cuando una mujer me permite acompañarla y caminamos por la calle, suelo andar por el lado izquierdo de la acera, ella del lado de las paredes, yo cercano al arroyo vehicular; invariablemente intento abrir la puerta para que la mujer pase; sigo la regla clásica de cortesía de permitir que ella suba las escaleras delante de mí y las baje detrás. Antes de pensar en esta y otras conductas como galantería, las asumo como actitudes que me fueron inculcadas por mi madre, así esperaba que la tratara cuando saliéramos juntos.
Hoy que cada vez es menos correcto fumar, pocos gestos más excitantes que el momento en que una mujer toma un cigarrillo y lo lleva a sus labios con las pausas necesarias para indicar en qué momento debo prenderlo, así, cuando acerco el fuego, sus dedos tocan mi mano para definir estricta la distancia entre mi oferta y su demanda.
A décadas de distancia de la educación materna, cuando cruzo una calle con mi hijo, suelo recordar la mirada inquisidora de mi madre por no ofrecerle el brazo cuando la luz cambiaba de rojo a verde, ahora que mi hijo se encuentra en la transición de mostrarle al mundo que es capaz de tomar sus propias decisiones y no me permite tomarle la mano al cruzar una avenida, porque él ya sabe, porque él ya puede… insisto en el gesto de estirar la mano, tocarlo, detenerlo o permitirle avanzar de acuerdo al flujo de los vehículos, sin ser intrusivo pero en atención a su distracción.
Si esta suma de gestos es considerada galantería, no necesariamente responden a un acto de seducción, antes que un comportamiento interesado, se puede considerar como una ceremonia en la que se requiere la presencia del otro para participar, una representación que para ser posible pasa primero por el reconocimiento de quienes somos y lo que podemos significar para el otro.
Quienes deseen ver en estos gestos de cortesía un intento de seducción, bien por él, poco se puede hacer con quien reduce el reconocimiento a cacería, como quienes se presentan como aliados de las causas de las mujeres y rebajan su dignidad a esclavos con el único fin de conquistarlas, aunque en el otro extremo, forman parte del mismo grupo de hombres que lamentan la dureza con que son tratados sus avances, los machos que con tal de salir bien librados confunden el rechazo con la grosería, porque sus acercamientos deben ser aceptados siempre. Falsos aliados que festejan la ausencia de masculinidad y trogloditas iracundos porque no son aceptados viven del engaño, de no reconocer al otro.
Intento no reducir estos gestos a galantería y, sin embargo, si sólo fuera eso, se tendría que considerar que para ser cortés, educado y amable se parte del respeto al otro.
A últimas fechas, por la viralización de un video donde una persona se quiebra porque demanda ser reconocido como quiere (“No soy tu compañera, soy tu compañere”), las reacciones se dividen en los mismos extremos de quienes creen que abrir la puerta, ceder el paso y otras galanterías son cosa de una época añeja; por un lado hay quienes intentan obligar a que todo mundo use el lenguaje inclusivo, en el otro extremo los que se niegan a modificar la forma en que fueron educados a nombrar al mundo, ambos, radicalizan su postura y generan un falso dilema, una batalla ideológica que por encima de cualquier argumento se basa en la negación del otro y no tendrá buen fin.
La banalización de las redes sociales, la adicción de la mayoría a la aceptación, transforma esta supuesta batalla ideológica por el lenguaje incluyente en burla, no en chiste o broma, en una mentira que busca la diversión, y ahí estamos, recibiendo y compartiendo memes, audios y videos donde priva la idiocia como método para la risa; cuando, para algunos, el problema es que nos seguimos negando al reconocimiento del otro, a llamarlo como desea para, a partir de ahí, dialogar.
Coda. Una frase de Madame de Staël: “Todo hombre con gusto y de cierta elevación de alma debe sentir la necesidad de pedir perdón por el poder que posee”.
Agentes del INM y GN intentan frenar caravana de migrantes; aprehenden a 80
/ Isaín Mandujano
Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional (GN) intentaron detener, por segunda ocasión, la caravana de migrantes. Sólo consiguieron aprehender a 80 de ellos en el tercer día de caminata.
Tras desplegar un operativo en los puntos Sesecapa y Madre Vieja, entre los municipios Acacoyagua y Mapastepec, los agentes atravesaron la carretera para frenar el paso de más de 500 migrantes, quienes desde el sábado 28 emprendieron su recorrido desde Tapachula, por toda la carretera costera de Chiapas.
Ese día caminaron 41 kilómetros desde Tapachula hasta Huixtla, pero antes, en el municipio de Huehuetán, elementos del INM y la GN intentaron detenerlos, sin éxito.
Los uniformados fueron videograbados y fotografiados golpeando a los migrantes, hecho que fue condenado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano. Tras ello, el INM reprobó cualquier acción que lesione los derechos humanos de la población en contexto de movilidad, e informó que notificó de lo sucedido al Órgano Interno de Control para los efectos legales correspondientes.
“Lo anterior debido a que agentes federales de migración asumieron una conducta inapropiada y ajena a los protocolos y políticas de respeto que promueve el Instituto”, apuntó.
El domingo, los migrantes caminaron 33 kilómetros desde Huixtla a Escuintla, con temperaturas de hasta 40 grados y lluvias en varios tramos.
Este lunes salieron de Escuintla, pasaron Acaoyagua y, antes de llegar a Mapastepec, agentes de la GN y del INM se atravesaron para detenerlos, pero en el forcejeo sólo pudieron aprehender a 80 aproximadamente. El resto se abrió paso entre los uniformados.
El grupo que siguió su camino llegó hasta el municipio de Mapastepec, por lo que este día recorrió 34 kilómetros. En total, la caravana ha caminado 107 kilómetros desde que inició la travesía.
Tienen previsto avanzar hacia el centro del país, para protestar porque no los dejan redistribuirse en otras ciudades mexicanas, limitándolos a vivir y buscar trabajo únicamente en Tapachula.
La caravana de migrantes está integrada en su mayoría por hatianos, pero también hay guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses y costarricenses, además de venezolanos, dominicanos, ecuatorianos y hasta africanos.
Se ve a niños y niñas, algunos caminando y otros cargados en brazos por sus padres, mujeres embarazadas, hombres con discapacidad, personas transgénero y de diversas lenguas.
Se castigará a todos los integrantes del INM que violen derechos de los migrantes: Alejandro Encinas
/ GlorIa letIcIa díaz
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, informó que el agente del Instituto Nacional de Migración (INM) que agredió a patadas a un migrante, como se observó en imágenes difundidas en redes sociales, fue sometido a investigación por el órgano interno de control (OIC) del organismo.
En breve entrevista, después del cambio de estafeta en la Segob -donde el exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, sustituyó a la exministra Olga Sánchez Cordero-, Encinas Rodríguez se comprometió a castigar a “todos los integrantes del INM que no cumplan con su obligación, que violen derechos o que incurran en delitos, como en los hechos que se cometieron ayer (domingo)”.
Sin revelar el nombre del funcionario que fue captado cuando pateaba en la cabeza a un migrante, después de haber sido sometido por integrantes de la Guardia Nacional (GN), aseguró que esa persona “está bajo la investigación del OIC, y se tomarán las medidas y las sanciones necesarias”.
Sobre los elementos de la GN, Encinas justificó su actuación: “Como lo establece la ley, es un órgano coadyuvante del INM, así quedó establecido en la nueva Ley de Migración”.
Y destacó que para evitar que hechos como los difundidos en redes sociales se repitan, debe encontrarse “un mecanismo de diálogo y entendimiento con la población | Foto @A_Encinas_R
migrante para que cumpla con la legislación mexicana, y al mismo tiempo nosotros dar la atención humanitaria que merece”.
Asimismo, señaló que el gobierno mexicano no puede otorgar “ningún instrumento o documento de tránsito para llegar a Estados Unidos”, pues eso está fuera de la ley, pero “se va a regular” el ingreso de personas en movimiento.
Añadió: “Todas aquellas personas que quieran entrar de manera ordenada y regulada al país, van a tener acceso a los instrumentos del INM, pero no van a poder ingresar ni por la fuerza ni para llegar a otro país”.
Luego de reconocer que México es un país de tránsito, señaló que es indispensable “regular la movilidad de las personas”, e insistió que “podrán acceder conforme lo establece la Ley Migratoria”.
Este lunes se oficializó el cambio del titular de la Secretaría de Gobernación. La senadora Olga Sánchez Cordero, luego de 33 meses en el cargo, entregó las oficinas al exgobernador Adán Augusto López Hernández, que asumió el nuevo encargo de la política interna del país.
Olga Sánchez Cordero regresó a su curul en el Senado de la República, donde será la presidenta de la Mesa Directiva.
La senadora reconoció que durante su gestión en Gobernación le hizo falta mayor comunicación con la Cámara de Diputados y con la Cámara de Senadores, así como con los partidos políticos.
No obstante, la exministra, remarcó que se va “muy satisfecha de lo que se logró”.
“La realidad es que me voy, aunque sea un cliché, con la satisfacción del deber cumplido”, apuntó Sánchez Cordero.
En una entrevista radiofónica, el exmandatario de Tabasco, subrayó su compromiso y total disposición para contribuir a fortalecer con su trabajo la transformación del país.
“(Llego) a trabajar para fortalecer el proyecto de transformación, a mucho diálogo, a mucho acuerdo y a coadyuvar en todo el proyecto del presidente”, dijo el hoy encargado de la política interna del país. | Foto @M_OlgaSCordero
Aseguró que buscará dialogar no con un sector específicamente, sino los miembros de los partidos políticos, con la oposición, con los gobernadores, con todo aquel que busque establecer puentes con el gobierno federal.
“En general retomar el orden político porque esto abona desde luego al fortalecimiento del proyecto de transformación”, dijo este lunes.
Informó que en los próximos días podría sostener un encuentro con los mandatarios estatales y a los líderes de los partidos políticos para entablar un diálogo.
Gobernación presenta al MEIF, el equipo encargado de la identificación forense en el país
/ GlorIa letIcIa díaz
Con el compromiso de responder “a las expectativas y a esperanza” de familiares de personas desaparecidas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, presidió la presentación del Grupo Coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF),
Ante representantes de colectivos de familiares de personas desaparecidos, de organismos internacionales y de integrantes del cuerpo diplomático, Encinas Rodríguez admitió que ante la crisis humanitaria que suma más de 90 mil personas de las que se desconoce su destino, “no basta que sigamos en las labores de búsqueda y de exhumación”, de miles de cuerpos que se acumulan en los servicios médicos forenses o en las fosas comunes.
Durante el evento al que asistieron representantes de la secretaría de Relaciones Exteriores, de la Fiscalías General de la República (FGR) y de la Conferencia Nacional de Procuradores, el subsecretario Encinas, señaló que ante la crisis por el alto número de personas desaparecidas, no solamente se trata de rescatar los cuerpos sin vida, como lo han venido haciendo colectivos de familiares, “sino garantizamos el derecho a la identidad de las personas para que regresen dignamente con sus familias, y estas tengan derecho al duelo”.
Tras recordar que en diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo de conformación del MEIF, Encinas garantizó que el Grupo Coordinador contará con “recursos presupuestales, materiales, de infraestructura y humanos” para que cumplan su encomienda, y alertó de la construcción de centros de identificación humana en Coahuila, Veracruz y Tamaulipas.
El funcionario sostuvo que el mecanismo atiende una de las exigencias de los colectivos de familiares de víctimas, que plantearon en audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 2019 y 2020, y resaltó que en su diseño, además de la colaboración de las familias, participaron organismo internacionales como la propia CIDH, la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), el Fondo de Naciones Unidad para la Población (UNFPA) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y a quien coordinó los trabajos para la consolidación del Grupo Coordinador, informó que para el arranque de los trabajos se dispuso de 40 millones de pesos, y resaltó que con el respaldo de la ONU-DH y de la UNFPA se garantiza que el MEIF mantenga un carácter “autónomo e independiente, tal como lo solicitaron las familias”.
Los siete integrantes del Grupo Coordinador del MEIF son los expertos forenses Alan Gabriel Robinson Cañedo, de Guatemala; Magner Armando Rincón Soto, de Chile; Jairo Hernando Vivas Díaz, de Colombia, y Yadira Reyna Hernández de México, así como los especialistas en gestión de fondos, Sharon Bisell, de Estados Unidos, en atención psicosocial, Ximena Antillón y en derecho Edgar Cortez Morales.
