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aPRO/JOSé Gil OlmOS

Río revuelto en la Cámara de Diputados

/ nEldy San MarTín

La disputa por los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados subió de tono a una semana de la instalación de la LXV Legislatura, anticipando riesgos de una parálisis legislativa.

Morena y sus aliados (PT y PVEM) decidieron dejar en manos del bloque opositor, la coalición Va por México que integran PAN, PRI y PRD, la Presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para que ellos pudieran quedarse la Presidencia de la Mesa Directiva de San Lázaro, al menos, hasta el cierre de esta edición.

Luego que los representantes del PRI, PAN y PRD fueron a la sede de la OEA, en Washington, a denunciar a Morena como “narcopartido”, su coordinador en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, advirtió que Morena no será “el payaso de las cachetadas”, y amagó con crear una “megabancada” con PT y el Verde Ecologista de México, para sumar 278 legisladores y quedarse con la Jucopo, además de la Mesa Directiva.

Según la ley orgánica del Congreso, en ningún caso la presidencia de la Mesa Directiva puede recaer al mismo tiempo en un partido que presida la Junta de Coordinación Política.

“En relación con la Jucopo quiero comentar que lo primero que vamos a hacer es definir una estrategia de la coalición mayoritaria. Tenemos 198 diputados. Toda la coalición Va por México tiene 40 por ciento y Morena 38 por ciento. Todos ellos valen lo mismo que vale Morena. De entrada, no hay posibilidad de que con 40 por ciento estén solicitando tener la coordinación del órgano de gobierno, nuestra coalición tiene cerca de 280 diputados”, dijo el 24 de agosto Ignacio Mier.

Pero pronto se desinfló la “superbancada”, pues el líder morenista se echó para atrás ante las amenazas del bloque opositor de que, si no llegaban a acuerdos para que la oposición encabece la Jucopo, entonces boicotearían la votación para la integración de la Mesa Directiva, que requiere de dos terceras partes de los votos de los presentes, mayoría calificada, 334 votos, y Morena y aliados no tienen los votos suficientes.

El jalonEo

El jueves 26 el coordinador morenista se reunió con los coordinadores del PAN, Jorge Romero; del PRI, Rubén Moreira, y del PRD, Luis Espinoza Cházaro, para dirimir diferencias y evitar que la confrontación impidiera la integración de la Presidencia. Además de que está en juego la agenda prioritaria del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues en la legislatura que comienza se pretenden varias reformas constitucionales que necesitan también de mayoría calificada.

La ley orgánica del Congreso establece que presidirá la Jucopo el coordinador de la bancada que por sí mismo cuente con la mayoría absoluta en la cámara, pero en la LXV Legislatura ninguna fuerza por sí misma la tiene, de 251 diputados. En ese caso se prevé que la presidencia sea ejercida, de manera alternada y para cada año legislativo, por los coordinadores de los tres grupos parlamentarios que tengan el mayor número de diputados.

En la legislatura que comienza, Morena tendrá 198 diputados; Acción Nacional es la segunda fuerza, con 114, y el Partido Revolucionario Institucional, la tercera, con 70. Mientras que como cuarta fuerza está el Partido Verde, con 43; seguido del Partido del Trabajo, con 37; Movimiento Ciudadano, con 23, y el Partido de la Revolución Democrática, con 15.

PAN y PRI invocaron este artículo para reclamar la titularidad de la Jucopo y amagaron con votar contra un presidente de la Mesa Directiva de Morena si no alternaban la Jucopo, donde se acuerda la asignación de recursos.

“En la Coalición Va Por México esperamos que haya un comportamiento diplomático por parte de la primera fuerza en la Cámara de Diputados. Nadie tiene la mayoría simple y eso es importante señalarlo. Ellos solamente son la primera fuerza. Eso representa que la Mesa Directiva se elige por las dos terceras partes, y el primer año le correspondería a la fuerza con más votos, segundo a la que sigue y el tercero a la tercera”, explica Humberto Moreira, coordinador de los diputados del PRI, en entrevista.

De no llegar a un acuerdo para el 29 de agosto a las 11:00 horas, cuando se realizará la sesión en la cual los diputados rendirán protesta constitucional y se declarará legalmente constituida la Cámara de Diputados, sería la Mesa de Decanos la que ejercería las atribuciones y facultades de la Mesa Directiva, aunque no más allá del 5 de septiembre.

La Mesa de Decanos estaría integrada por los diputados que han ocupado con anterioridad en más ocasiones una curul, y el diputado electo que cuente con mayor antigüedad será el presidente, en este caso se trata del priista Augusto Gómez Villanueva.

Mientras que los vicepresidentes y secretarios serían los siguientes de mayor trayectoria legislativa, como Alberto Anaya Gutiérrez, del PT; Leonel Godoy Rangel, Carlos Francisco Ortiz Tejeda y Óscar Cantón Zetina, de Morena; Amalia García Medina, de Movimiento Ciudadano, y Marco Humberto Aguilar Coronado, del PAN.

Pero en las horas previas a la sesión de instalación, el partido en el poder y los opositores llegaron a un acuerdo. Así, quedó en manos del PAN y del PRI la Presidencia de la Jucopo, órgano rector de la Cámara de Diputados. Hasta el cierre de esta edición no se había definido si sería Humberto Moreira, líder de la bancada priista, o Jorge Romero Herrera, coordinador de los diputados panistas. Mientras que Morena perfila al diputado Sergio Gutiérrez Luna como presidente de la Cámara de Diputados.

Carlos Puente Salas, coordinador de los diputados del Verde, dice en entrevista que, aunque PAN o PRI tengan la Presidencia de la Jucopo, en los asuntos al interior de la Junta de Coordinación Política, Morena, PT y PVEM tendrán mayoría, pues las decisiones se adoptan por mayoría absoluta mediante el sistema de voto ponderado, en el que cada coordinador representa tantos votos como diputados integran su grupo parlamentario.

“Con el voto del diputado Mier, del diputado (Alberto Anaya) y de un servidor tenemos la mayoría, entonces, no hay por qué regatearles nada de lo que por ley les toca y les corresponde (a la oposición)”, dice Puente.

Después del jaloneo previo, Puente señala que se espera una sesión tersa de instalación, con un “acuerdo bien planchado” donde se va a respetar la ley.

TEPJF ratifica acuerdos del INE en los que se aprobaron registros de diputaciones migrantes

TEPjF

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó por mayoría de 6 votos y uno en contra, el proyecto de sentencia del recurso de reconsideración 1431 de este año promovido por Juan Carlos Guerrero Anaya, a fin de controvertir los acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) número 337 y 1443 de 2021, por virtud de los cuales se aprobaron los registros de las candidaturas de diputaciones federales de representación proporcional y se llevó a cabo la asignación de curules por ese principio.

El asunto analizado se basa en que el actor señaló que diversas candidaturas que fueron postuladas bajo la cuota para persona mexicana migrante y residente en el extranjero en realidad no cumplen esa calidad.

Los magistrados determinaron no conocer del juicio por lo que hace al acuerdo 337 relativo a los registros de las candidaturas, pues el actor agotó su derecho de acción, ya que previamente había impugnado dicho acuerdo.

En cuanto a la impugnación en contra del acuerdo 1443, las y los magistrados determinaron confirmar el acuerdo impugnado, porque del análisis del caso se observó que los planteamientos y los elementos de prueba que el actor ofreció eran insuficientes para desvirtuar que los ciudadanos designados como legisladores de representación proporcional cumplieron con las condiciones exigidas para ser postulados mediante la cuota migrante.

Por tales motivos, los magistrados acordaron no conocer del juicio por lo que hace al acuerdo 337 y confirmar el acuerdo 1443, ambos del Consejo General del INE.

Determina TEPJF ajustar diputación federal del PVEM para lograr paridad

TEPjF

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó por mayoría de votos, de 5 a 2, ajustar la fórmula del Partido Verde Ecologista de México presentada para la diputación federal por el principio de representación proporcional en la tercera circunscripción plurinominal, integrada por hombres, para sustituirla por una fórmula conformada por mujeres. Con este ajuste se logra la paridad en la Cámara de Diputados con 250 hombres y 250 mujeres.

La resolución se basó en la impugnación realizada por un grupo de mujeres contra el acuerdo INE/CG1443/2021 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en el que se efectuó el cómputo total, se declaró la validez de la elección de diputaciones por el principio de representación proporcional y se asignó a los partidos políticos nacionales las diputaciones que les corresponden para el periodo 2021-2024.

A través del recurso legal, el grupo de inconformes pretendía modificar el orden de asignación de los partidos políticos PRI, PAN y PT, en las circunscripciones tercera, cuarta y quinta, respectivamente, a fin de que iniciara con una fórmula de mujeres.

Lo anterior debido a que consideraron que la autoridad responsable dejó de observar el principio de alternancia de géneros por periodo electivo en cada circunscripción plurinominal, lo cual generó un perjuicio a las mujeres en tanto que, al haber obtenido un número impar de escaños, se asignó un número mayor de hombres que de mujeres.

Además, las inconformes señalaron como agravio la vulneración al principio de paridad previsto en los artículos 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 30, 35 y 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el bloque de convencionalidad que protege los derechos humanos de las mujeres.

Bravuconadas 1 de septiembre del 2021: ¿ya media transformación?

Mario Bravo

Estamos a un par de días de escuchar el tercer informe de gobierno constitucional del presidente López Obrador, quizá fuera de la serie que él mismo inauguró al inicio de su mandato, y que bien podría ser el décimo ejercicio de esta naturaleza. Sin embargo, este tiene la peculiaridad de ser el que marca la mitad del camino recorrido por su administración, que se presumió disruptiva y transformadora de la vida nacional, y que la realidad, más que la oposición, ha planteado un serio mentís a la narrativa oficial de la 4T y la tiene haciendo malabares.

Pero ¿qué va a informar el presidente López este 1 de septiembre? Sus logros en ¿qué? En el combate a la corrupción, que, según el propio primer mandatario, representa el mayor “cáncer” de la vida pública mexicana, no hay mucho que reportar. De acuerdo a un estudio de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, durante el primer semestre del 2021, las adquisiciones de la administración pública federal se otorgaron a través del mecanismo de adjudicación directa el 80.6 por ciento de los contratos, por la suma de 74 mil 639 mdp, estos datos se obtuvieron de una revisión del sistema abierto de Compranet a julio de este año, así, en promedio, el gobierno federal entrega diariamente 45 contratos por licitación pública y 308 por adjudicación directa. Adicionalmente, 688 mdp en contratos de publicidad del gobierno, esto es el 95 por ciento del total asignado, se han otorgado bajo el cuestionado mecanismo. La cifra más alta de la historia reciente desde que se lleva un registro del tema. ¿Algo qué presumir? Na.

El lema de campaña de la coalición encabezada por el partido del presidente de “Juntos haremos historia”, y que se cansó de repetir hasta el arrollador convencimiento del 1 de julio del 2018, de “Primero los pobres”, nos arroja, de acuerdo con el Coneval, una preocupante cifra de 3.8 millones más de mexicanos que se han incorporado a la pobreza y ahora forman parte de esa realidad por la que prometió trabajar la Cuarta Transformación. Esto ¿será informado de alguna manera?

En su esfuerzo diferenciador de la 4T respecto a los gobiernos precedentes, conservadores y neoliberales, al referirse a la lucha contra la inseguridad y la delincuencia organizada, las críticas más acérrimas rondaban en torno al uso desmedido de las fuerzas armadas en la vida del país, y su exposición y desprestigio ante la opinión de la población; así como la irregular y cuestionable actuación de la policía federal preventiva en la garantía de la seguridad. En el discurso de campaña el compromiso era regresar al ejército y la marina a sus cuarteles, y crear una fuerza con mando civil que sustituyera a la policía federal, la ya famosa Guardia Nacional. Pero este 2021, sólo se ha fortalecido la presencia de las fuerzas armadas en la vida cotidiana de México. La política de “abrazos no balazos” encapsuló la actuación de las fuerzas del orden a sólo exhibiciones de convoyes por las ciudades y carreteras del país, pero bien guardadas las armas y las acciones, salvo casos muy específicos. El punto es que esta administración tiene en su currículum la muerte de 75 mil 92 mexicanos por homicidios dolosos, con datos del Secretariado Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cifras oficiales pues. Aunque debemos admitir que no contamos con la estadística oficial de cuántos abrazos fueron concedidos a los grupos de la delincuencia en el país y sus posibles efectos inhibitorios de la inseguridad.

En medio de la pandemia, el 1 de septiembre de 2020, en su segundo informe de gobierno, en el ámbito oficial, con el sistema escolar paralizado y las clases a distancia basadas en medios electrónicos, básicamente la televisión y el internet, y ante la insuficiente cobertura de la conectividad y acceso a este último recurso tecnológico, al presidente López se le hizo fácil comprometerse a brindar un 100 por ciento de cobertura en territorio nacional y de fácil acceso para que todos los niños y adolescente tuvieran oportunidad de seguir sus estudios en línea. Vamos a esperar sus otros datos, para conocer el avance de este compromiso, o las explicaciones de su probable incumplimiento. También los mexicanos sabemos cómo se las gasta el presidente para escurrir la responsabilidad, o quizá sólo recurra a la desmemoria institucional.

En materia económica, desde que se desató la pandemia, este sector ha sido el más afectado y más abandonado a sus propias fuerzas y recursos. Ya se dijo: “el que deba quebrar que quiebre”. El año pasado representó una caída del PIB de alrededor del 8.5 por ciento, y se perdieron más de tres millones de empleos formales y más de seis millones de los informales. La reactivación económica de los Estados Unidos ciertamente nos ha beneficiado, y ello se detecta por diversos frentes, un aumento considerable de las remesas, un incremento en las importaciones norteamericanas de diversos productos manufacturados y productos agropecuarios, la absorción de mano de obra que México no puede ocupar, etcétera. Sin embargo, es también una realidad que los inversionistas nacionales y extranjeros, desconfían de la narrativa agresiva cuatroteísta en materia de seguridad de las inversiones. En junio de este año, la inversión extranjera directa (IED) cayó en un 23.2 por ciento respecto al mismo período del año pasado, esto es, pasó de 24.9 a 18.4 mdd. Así mismo, se registró una salida de recursos financieros en los primeros seis meses del año por 12 mil 573 millones de dólares. Ni la recuperación del empleo ni la inversión son indicadores muy halagüeños para México. Seguro el presidente informará a los mexicanos al respecto, aunque también debemos esperar la aplicación de los “otros datos”.

Las cifras en salud no difieren mucho de las anteriores. A la fecha, al menos, oficialmente, han fallecido 257 mil 906 mexicanos por covid-19, estamos surfeando la tercera ola, y no hay indicios de mejora, contagios al máximo y el regreso a las clases presenciales en la educación básica. Uf.

A medio sexenio, ¿ya alcanzamos a la media transformación? Ya lo anunciará el presidente. mario.bravo58@hotmail.com

UNAM

El principal reto de la pospandemia será reactivar la actividad económica nacional, reducir el porcentaje de la población que vive en pobreza y pobreza extrema, y repartir los ingresos de manera más justa, desafío que la emergencia sanitaria agudizó y dejó al país con menos recursos para enfrentarlo, afirmó el exrector de la UNAM, Francisco Barnés de Castro.

Al dictar la conferencia a distancia Retos y oportunidades del sector energético, como parte de las actividades del Foro 20-20 “La nueva realidad tras la pandemia: retos y perspectivas”, consideró que, además, el compromiso es mayor porque también se deben conciliar las inversiones pública y privada.

Se requiere restablecer la confianza del sector privado y de los inversionistas internacionales, a fin de que el Estado mexicano obtenga los recursos necesarios para el crecimiento y las inversiones de las empresas públicas, añadió en el acto organizado por la Fundación UNAM.

Lo anterior pasa por restablecer el equilibrio adecuado en la política energética nacional, donde adquiramos confianza en las reglas del juego con las que debe participar el sector privado, donde se tiene un espacio indudable que atender, si queremos avanzar para satisfacer las necesidades que México tiene en la materia.

La energía juega un papel fundamental para la economía del país; sin inversión pública y privada no habrá suficiente abasto, o el sector tampoco será suficientemente atractivo y competitivo, además las inversiones se irán a otros países, opinó el doctor en Ingeniería Química.

Barnés de Castro subrayó que la soberanía nacional y la seguridad energética tienen interpretaciones ideológicas diferentes. Pensamos que perdemos soberanía porque tenemos que importar una parte de los combustibles líquidos que requiere el país; “pero nadie ha dicho una palabra de que la perdemos porque estamos importando 95 por ciento del gas natural que consume la Comisión Federal de Electricidad y la iniciativa privada, combustible que requieren para generar electricidad y ser competitivos a nivel internacional”.

México depende excesivamente de energías fósiles, con más del 90 por ciento en el consumo. Además, es importador neto de energía, lo cual puede generar riesgo político para el país en algún momento.

Entre los retos del sector, consideró Barnés de Castro, están: impulsar medidas de uso eficiente de energía, particularmente en las entidades del sector público, como Pemex y CFE -que representan 75 por ciento del consumo de energéticos industriales del país- y que se han quedado rezagadas en la actualización de sus sistemas y plantas. De igual modo, se requiere fomentar el transporte eléctrico, público y privado.

Al referirse a las oportunidades que tiene el país, mencionó el gran potencial de energías renovables para diversificar la matriz energética: sol, viento, agua y geotermia.

Además, suficientes reservas de gas natural para reducir la dependencia del exterior y garantizar eventualmente el abasto nacional. “Hace falta inversión en los yacimientos de gas no asociado, y Pemex no tiene los recursos para invertir. O seguimos dependiendo de Estados Unidos para la importación de gas, o aprendemos a coexistir con el sector privado para que haya inversiones en la producción de ese energético en el territorio nacional”.

En cuanto al petróleo, aseveró que los desafíos son que la producción va en declive y que en el mediano plazo se reducirán los mercados actuales porque los clientes tienen compromisos más serios y ambiciosos que los nuestros para reducir su impacto ambiental. Debemos prepararnos para ese momento.

En el corto plazo se debe ampliar la producción de petróleo para abastecer a la economía del país, en aguas profundas, yacimientos no convencionales y maduros, para lo cual Pemex no tiene tecnología ni capital suficiente, por lo cual hay que encontrar la manera de hacerlo en asociación con la iniciativa privada, dijo.

Al hablar del sistema nacional de refinación, el exrector señaló que es ineficiente y obsoleto; diseñado para operar con crudo ligero, hoy opera al 40 por ciento de su capacidad, pierde dinero y lo seguirá haciendo si no se moderniza, de modo que se debe dejar de exportar ese tipo de crudo y utilizarlo en nuestras refinerías, incluso importar más y exportar el crudo pesado. Eso permitiría producir más diésel y gasolina.

En cuanto al gas natural, Francisco Barnés planteó que su uso es preferible en costo y en impacto a la salud y al medio ambiente, que cualquier otro combustible fósil. Sus precios son competitivos, incluso cuando se comparan con los de Estados Unidos, y se cuenta con suficientes reservas para garantizar el suministro futuro. No obstante, una vez más hay falta de capacidad económica de Petróleos Mexicanos y barreras a la participación de la iniciativa privada para, por ejemplo, desarrollar reservas no explotadas.

Finalmente, en el rubro de electricidad comentó que México tiene la oportunidad de optimizar y modernizar su sistema eléctrico mediante el impulso a las energías limpias, repotenciando las centrales hidroeléctricas y al ampliar y reforzar la red de transmisión. También propuso acelerar la salida de centrales obsoletas que operan con carbón y combustóleo.

Estado Mexicano debe restablecer la confianza de inversionistas

Francisco Barnés de Castro