aPRO/JOSé Gil OlmOS

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Adán Augusto, del edén al Palacio de Cobián

/ José Gil olmos

Excompañeros de partido y coterráneos de Adán Augusto López Hernández lo definen como un político de mano dura, pero gris y completamente “servicial” al presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien, además, su familia tiene una relación de décadas que ahora se fortalece.

El nuevo secretario de Gobernación, igual que López Obrador, se formó en el PRI de Tabasco, posteriormente se cambió al PRD y terminó en Morena como gobernador del estado, donde ha ofrecido y dispuesto todas las condiciones para la realización de tres de los megaproyectos del mandatario federal: la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el corredor transístmico, que unirá por carretera al Atlántico con el Pacífico, para competir con el Canal de Panamá.

La salida de López Hernández de Tabasco para llegar a la Secretaría de Gobernación (Segob), en sustitución de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, se realizó sin respetar la Constitución tabasqueña, que en su artículo 47 señala que el sucesor del gobernador debe ser el secretario de Gobierno. Sin embargo, en su lugar se designó como mandatario provisional por 60 días a Carlos Manuel Merino Campos, quien se desempeñaba como delegado federal de los programas sociales.

José Antonio de la Vega, secretario de Gobierno en Tabasco, tuvo que renunciar a su cargo la noche del jueves 26. Al mismo tiempo, en una sesión salpicada de irregularidades, la mayoría de los diputados tabasqueños -leales al gobernador saliente- nombró a Merino Campos gobernador provisional, quien en la 63 Legislatura fue senador suplente de López Hernández.

Cuestionado por la prensa local sobre su sorpresiva designación, Merino Campos, sin dar detalles, dijo que el gobernador lo había invitado para ocupar la Secretaría de Gobierno y, de esa manera, ser el gobernador provisional durante dos meses, hasta que el Congreso local designe a un gobernador sustituto.

Luego, levantando los hombros, no supo qué decir cuándo renunció José Antonio de la Vega. “En días pasados, no tengo el dato”, comentó.

Adán Augusto López | Foto Gobierno de México

Familia política

Los vínculos familiares de López Obrador con el nuevo secretario de Gobernación son viejos y llegan hasta finales de los ochenta, cuando el ahora presidente empezaba su camino de líder político en Tabasco.

Payambé López Falconi, notario público 13 de la Delegación Tabasco, padre de López Hernández, ayudó a López Obrador a fundar el PRD en ese estado.

López Falconi fue uno de los principales apoyos en aquellos años para el ahora presidente, pues además de brindarle financiamiento también le dio asesoría jurídica en 1989 para dar fe legal, como notario, de las asambleas para la confirmación del PRD local.

Ahora, los tres hijos de Payambé López Falconi -Adán Augusto, Silvia Aurora y Rosalinda- están muy bien posicionados en el gobierno de la Cuarta Transformación.

Mientras que Adán Augusto llega a la Segob como el principal operador en los tres años que le restan a la administración lopezobradorista, Rosalinda, esposa del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, es la administradora general de la Auditoría Fiscal Federal.

Silvia Aurora es relacionada con el administrador central de Coordinación Estratégica de Auditoría de Comercio Exterior, Humberto Mayans Hermida, pues el alto funcionario del Servicio de Administración Tributaria es hijo del exsenador Humberto Mayans Canabal, quien fue secretario de Gobierno de Tabasco de 2007 a 2011, y es el actual esposo de Silvia Aurora.

La llegada de López Hernández a la Segob fortalece los vínculos familiares y políticos con López Obrador, a quien se unió dejando atrás no sólo su paso por el PRI y el PRD, sino también una cauda de escándalos y vínculos con cuestionados personajes.

Denuncias, DemanDas y traiciones

Adán Augusto López Hernández es notario como su papá; ambos fueron demandados por presunto fraude y falsificación de documentos en la adquisición de terrenos vía su notaría, la número 27 en Villahermosa, Tabasco.

Las tres demandas por fraude, asociación delictuosa, tráfico de influencias, despojo, falsificación de documentos oficiales y escrituras notariadas fueron presentadas en mayo y junio de 2018 por Isaac Santillán, Jorge Sandoval Herrera y la abogada María Teresa de Jesús Sánchez Zamaniego en la Fiscalía Desconcentrada en Investigación, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

La primera demanda es por la compra-venta, en 4 millones de pesos, de un terreno en la céntrica avenida Universidad de Villahermosa. En varios movimientos que se realizaron en la notaría de la familia de Adán Augusto, en la escritura original, a nombre de Mario Fernández Alfaro, aparece el terreno con una extensión de mil 122.92 metros cuadrados, que vendió en 1977 a Andrés Estrada Cornelio por 145 mil pesos, para su hijo Jesús Vicente Estrada Rodríguez, hermano de Dea Isabel Estrada Rodríguez, esposa del ahora secretario de Gobernación.

Sin embargo, después de varios movimientos de compra-venta, en los registros notariales el mismo terreno terminó con una superficie de 17 mil 122.95 metros cuadrados. Es decir, se apropiaron de 16 mil metros cuadrados mediante una maniobra notarial.

Las otras dos demandas son por la compra de un terreno dividido en cinco mil 687 y nueve mil 730 metros cuadrados en el poblado Dos Montes, en la periferia de Villahermosa, por Dea Isabel.

El terreno lo adquirieron en enero de 2004 Ernesto Rocha Solís y su esposa, Elena Manzanillo Fojaco, ante la notaría 27 vía la fedataria sustituta, Adela Ramos López, mediante la escritura 31 mil 597, acción prohibida por la ley del notariado.

El tercer caso se refiere a un predio de 856 metros cuadrados en el centro de Villahermosa, que la empresa Codicome del Sureste, SA de CV, vendió en marzo de 2014 a José Alfredo Sosa Tejeda en un millón 600 mil pesos, pese a estar valuado en más de cuatro millones de pesos.

bAjo prEsión Suavidad

EdilbErto Aldán

Finaliza la discusión sobre el regreso a clases del ciclo escolar 2021, este lunes, millones de niños tendrán la oportunidad de volver al modelo presencial de educación, en 22 entidades federativas se apoyó la reapertura de las aulas, tres lo harán después del 3 de agosto (Baja California Sur, Tamaulipas y Veracruz), seis están por definir la fecha para el retorno de los alumnos (Colima, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Nayarit y Nuevo León), sólo en Michoacán se anunció que no existen condiciones para el regreso a clases. Con pesimismo, quienes todo lo convierten en batalla auguran que este es el peor momento para las clases presenciales, pues estamos en el pico más alto de la tercera ola de covid-19 y sus variantes, y ningún argumento los va a convencer de que es la peor decisión que se puede tomar.

No será sencillo, sobre todo si lo que se espera como consecuencia es únicamente el incremento de contagios y no se toman las medidas adecuadas para que el regreso no se convierta en ese repunte, sin embargo, insistir en la catástrofe que se avecina y dejar a un lado el panorama desolador que le espera al país entero si no se afronta, desde ahora, el rezago educativo al que estamos sometiendo a millones de niños, habremos perdido de nueva cuenta la posibilidad de modificar la relaciones entre sociedad y gobiernos, al transformar esto en una crítica a las autoridades de todos los niveles.

Hoy ya afrontamos un problema grave del abandono escolar, mientras más tarde se tomen acciones para interrumpir el retroceso educativo, mayores serán los daños que cause en el futuro ese rezago; organismos internacionales de todo tipo ya se han encargado de señalar cómo las deficiencias en la calidad educativa ampliarán la brecha de desigualdad en la población, el impacto en el Producto Interno Bruto, en el desarrollo entero del país y, con énfasis en este punto, las afectaciones en la salud mental de la población en edad escolar, daños que se extienden por todo el tejido social porque parten del círculo familiar más íntimo hasta las formas de socialización en todos los ámbitos.

Afectados ya estamos, como para en este momento seguir amplificando a quienes ven en el regreso a clases sólo la oportunidad de extender una crítica a las autoridades de todos los niveles de gobierno y, abusando de la facilidad con que relegamos nuestra responsabilidad en otros, azuzan a los padres de familia contra quienes toman decisiones antes que proponer una discusión incluyente con toda la información sobre la mesa.

Abandonar la discusión para sólo detenernos en la crítica, es una manifestación del miedo y la irresponsabilidad, ahí está como ejemplo la reacción de un gran sector de la población a la carta compromiso que se iba a solicitar a los padres de familia para el regreso a clases, demasiado se discutió sobre su pertinencia, incluso su existencia, antes que reconocer que es un documento de corresponsabilidad en el que se pide a los padres revisar a los niños antes de enviarlos a la escuela, mantenerlos en casa si presentan un síntoma, promover hábitos de higiene y salud para evitar propagar el virus, seguir las medidas sanitarias recomendadas, y notificar a la escuela los resultados del diagnóstico médico en caso de que los menores presenten síntomas de la enfermedad. Antes que aceptar esos mínimos puntos de corresponsabilidad se prefirió discutir las aristas políticas, las posturas a favor o en contra de los gobernantes.

En un país artificialmente polarizado por la política, es fácil (e irresponsable, insisto) elevar la discusión pública a reyerta antes que en una conversación que nos permita aportar lo que sea necesario para eliminar las brechas de desigualdad.

Coda. La politiquería confunde el ruido con batallas, la rebambaramba con epopeya, Ramón López Velarde lo sabía, de ahí que cuando tuvo que pasar de cantar la partitura del íntimo decoro para hablar de la Patria, destacó la suavidad con que se corta a la epopeya un gajo, para concluir con una revelación:

Patria, te doy de tu dicha la clave: sé siempre igual, fiel a tu espejo diario; cincuenta veces es igual el ave taladrada en el hilo del rosario, y es más feliz que tú, Patria suave.

Layda celebra... antes del fallo

/ Rosa santana

Cuando el 31 de marzo último arrancó su campaña por la coalición Morena-PT, Layda Elena Sansores San Román esperaba hacer historia en Campeche por ser la primera gobernadora de su estado y, además, por ponerle fin a las nueve décadas de hegemonía priista.

Sin embargo, una vez terminada la contienda y declarada gobernadora electa, su triunfo fue sometido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a un histórico escrutinio total “voto por voto, casilla por casilla”, pese a que nadie solicitó la revisión total de los comicios.

Si bien el recuento del TEPJF ya concluyó, el desenlace del drama electoral quedó en suspenso hasta que la Sala Superior resuelva la situación de los comicios, para lo cual dispone hasta el 15 de septiembre próximo, pues el 16 debe darse el relevo gubernamental.

Pese a lo anterior, Sansores confía en que se confirme su victoria, pues asegura que al término del recuento no varió la tendencia de la votación ni se encontraron las supuestas boletas apócrifas denunciadas por su oponente de Movimiento Ciudadano (MC), Eliseo Fernández Montúfar, segundo lugar en la contienda. En cambio, se recuperaron votos en su favor entre los que habían sido anulados.

Agotado el escrutinio que ordenó la Sala Superior, Fernández Montúfar y el coordinador nacional de MC, Clemente Castañeda, insistieron en que su partido registró que en los mil 190 paquetes electorales que se recontaron durante la diliLayda Sansores | Foto Canal del Congreso

gencia “90 por ciento estaba abierto y que, por tanto, se violó la cadena de custodia; 30 por ciento contenía boletas sin marca alguna de doblez o con sellos distintos aprobados por las autoridades electorales y 10 paquetes más estaban vacíos”.

El excandidato insistió en la necesidad de anular la elección y en alusión al emblema de campaña de Sansores, Fernández Montúfar amenazó -en una entrevista con Milenio TV-, en la que dijo que, si sueltan al jaguar, él saldría a cazarlo. “Yo he evitado salir a cazar a ese jaguar porque mi equipo está ávido de salir a cazarlo”.

Después de Puebla en 2018, Campeche es el segundo estado en la historia del país donde la Sala Superior del TEPJF ha ordenado el recuento total de votos en una elección de gobernador.

Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, dice que el TEPJF también pretende lanzarse sobre los comicios de Guerrero y Michoacán “para tratar de arrebatar más triunfos” a su partido, pero advirtió que están preparados “para defender la democracia”.

La ponencia

En el caso de Campeche la Sala Superior del TEPJF se basó en una impugnación que promovió Fernández Montúfar, quien solicitó desde junio último el recuento total en 12 de los 21 distritos, aunque él tiene en espera de resolución ante esa instancia otro juicio de nulidad de toda la elección, pues asegura que Morena embarazó las urnas con boletas falsas.

La noche del 18 de agosto pasado, tras resolver los últimos 41 de los 69 juicios promovidos por Movimiento Ciudadano y el PRI, el Tribunal Electoral de Campeche declaró la validez de la elección y entregó la constancia de mayoría a Layda Sansores.

Coincidentemente, ese mismo día se filtró el borrador del proyecto de iniciativa de reforma electoral del líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, que propone la destitución de los 11 consejeros del INE y los siete magistrados de la Sala Superior del TEPJF para refundar ambas instituciones, en las que, incluso, se reduciría el número de integrantes.

La tarde del 19 de agosto la Sala Superior del TEPJF ordenó recontar todos los votos de la elección de gobernador recibidos el 6 de junio en las mil 190 casillas instaladas en los 21 distritos de la entidad.

La justificación de la autoridad electoral es que la diferencia de votos entre Sansores y Montúfar es menor a la cantidad de los nulos, lo que hacía necesario garantizar la certeza del resultado de la elección. El fallo derivó de la ponencia que presentó la magistrada Janine Otálora, quien, según le reprochó otro de los magistrados en la sesión, les hizo llegar al pleno su proyecto de sentencia a las tres de la mañana de ese mismo día.

Alrededor de las cuatro de la tarde de ese mismo día la sentencia fue aprobada con cuatro votos en favor y tres en contra, estos últimos emitidos por los magistrados José Luis Vargas, Indalfer Infante y Mónica Soto, quien durante el debate expuso: “Nadie está pidiendo un recuento total, el proyecto está yendo más allá de lo que se está pidiendo, so pretexto de garantizar una certeza.

“Entonces, entendería que la duda ya está aquí. Entonces, hagamos un recuento en todo el país, en todas las elecciones, porque el perdedor siempre va a tener duda”, ironizó.

La sentencia causó polémica en Campeche porque, además, cuando el 13 de junio último se le entregó a Sansores el acta del cómputo de la elección, con la cual se oficializó su virtual triunfo en la contienda, el consejo general del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) acababa de recontar voto a voto 70 por ciento de los mil 190 paquetes electorales.

En ese conteo final del IEEC, Sansores obtuvo 139 mil 833 sufragios (33.12 por ciento), Fernández Montúfar 133 mil 899 (31.71 por ciento) y Christian Castro, de la coalición PRI-PAN-PRD, 130 mil 58 (30.80 por ciento). El resto de los candidatos sacaron en conjunto 10 mil 81 votos (2.39 por ciento), mientras que los votos nulos sumaron ocho mil 387 (1.99 por ciento).

En estos resultados la diferencia entre los votos de la morenista sobre el emecista y el priista era de cinco mil 934 y nueve mil 775, respectivamente.

arcana ImperII Distinción entre sujetos obligados Directos e Indirectos en materia de Transparencia

Salvador vázquez

La transparencia debe elaborarse, construirse, implementarse cuidadosamente que asuma al mismo tiempo diferentes objetivos: legales, reglamentarios, políticos, organizacionales, educativos, culturales, dentro y fuera de las instituciones del Estado. Rodolfo Vergara Blanco

Estimados Amigos Invisibles, en días pasados apareció una publicación de la organización Mexiro A.C. en diversos medios de comunicación electrónicos en el que titula las notas como: “Sistema anticorrupción en México, invadidos por opacidad en algunas áreas: ONG” https://cutt.ly/ IWfdkaK y “Advierten sobre falta de transparencia dentro de los sistemas anticorrupción en México” https:// cutt.ly/xWfdcsw

Ambos artículos señalan que: “algunas de las piezas que dan vida a los sistemas anticorrupción del país, tanto el nacional como los estatales, funcionan en la opacidad y sin rendir cuentas de sus actos, denunció la organización Mexiro AC”. “En la mayoría de los sistemas anticorrupción del país, trabajan discrecionalmente, sin transparencia, y por lo tanto, no se les puede pedir información sobre sus actividades y decisiones”.

De lo señalado en estas publicaciones, la atribución -o como se dice comúnmente, el balón está en cancha de...- está en los órganos garantes de los estados para hacer la distinción entre sujetos obligados directos e indirectos, no en los órganos de reciente creación del Sistema Anticorrupción como lo son: El Comité Coordinador, la Comisión de Selección y el Comité de Participación Ciudadana, ya que el único que está identificado como sujeto obligado directo es la Secretaría Ejecutiva, la cual está integrada por cuatro órganos: la Junta de Gobierno, el Secretario técnico, la Comisión Ejecutiva y el Órgano de Control Interno.

Recuerde de que la Transparencia por sí sola, es una cualidad que permite al ciudadano contar con más información clara y precisa sobre algo o alguien, con ello permite elevar su capacidad de comprensión, vigilancia y comunicación. La transparencia no es otra cosa que la práctica que colocar la información de cada uno de los niveles de gobierno y poderes del Estado en la “vitrina pública, es decir, que cuenten con un portal de transparencia entendible para que los ciudadanos interesados puedan consultar, revisar y analizar dicha información, y en su caso, utilizar dicha información como mecanismo de sanción en caso de que existan anomalías”.

Por ello, la Ley General en materia de transparencia es muy clara, su artículo 23 dice quién es considerado un sujeto obligado, más aún, en su artículo 81 dice que: “Los Organismos garantes, dentro de sus respectivas competencias, determinarán los casos en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso a la información directamente o a través de los sujetos obligados que les asignen dichos recursos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Los sujetos obligados correspondientes deberán enviar a los Organismos garantes competentes un listado de las personas físicas o morales a los que, por cualquier motivo, asignaron recursos públicos o, en los términos que establezcan las disposiciones aplicables, ejercen actos de autoridad.

Para resolver sobre el cumplimento de lo señalado en el párrafo anterior, los Organismos garantes tomarán en cuenta si realiza una función gubernamental, el nivel de financiamiento público, el nivel de regulación e involucramiento gubernamental y si el gobierno participó en su creación”.

Luego entonces, los órganos que integran los sistemas anticorrupción en las entidades federativas, no es que sean opacos o pretendan serlo, sino que, está en manos de los órganos garantes en materia de transparencia que emitan “acuerdos” para hacer la distinción entre sujetos obligados directos e indirectos, es decir, emitan reglas para que estos órganos que luchan por el control efectivo de la corrupción estén en posibilidades de proporcionar información ya sea directamente para ser incorporados en el Padrón de Sujetos Obligados, o bien, indirectamente a través de la Secretaría Ejecutiva de cada estado, por solo ejercer actos de autoridad y no ejercicio de recursos públicos. Tal y como lo señalan los artículos Jalisco es uno de los estados en el que hace esta distinción, entre sujetos obligados directos e indirectos, la CS y el CPC se encuentran en este segundo supuesto.

No tiene mucha ciencia, es sólo voluntad política por parte de los órganos garantes para emitir un acuerdo para distinguir entre sujetos obligados directos e indirectos, además para su información, no solo estos órganos están en el limbo, sino que hay más en Aguascalientes, por ejemplo el caso Veolia.

Hay mucha información para dar seguimiento, lo invito a que siga de cerca estos temas. Insisto, entre más información tengan en la vitrina de la transparencia los sujetos obligados, podrán disminuir las solicitudes de acceso a la información y por ende los recursos de revisión. Debemos ser más exigentes e inmiscuirnos en los asuntos públicos.

Ya sabe, alguien lo tiene que decir. Para no dejar que unos lo hagan y otros lo permitamos.