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APRO
Jorge Chabat, décadas dedicadas al estudio de la política exterior, narcotráfico y seguridad
/ Mathieu tourliere
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Durante décadas, el académico Jorge Chabat Madrid, fallecido ayer en Guadalajara, dedicó su trabajo académico al estudio histórico y político de la política exterior de México –especialmente en su relación con Estados Unidos–, el fenómeno del narcotráfico y la respuesta del Estado mexicano, bajo la presión de Washington.
Autor de decenas de artículos, Chabat empezó a estudiar el fenómeno del tráfico de drogas desde los años noventa, cuestionando el enfoque de la política exterior estadounidense de “guerra contra las drogas”, que la administración de Ronald Reagan impuso en la región y asimiló el narcotráfico con la seguridad nacional.
En un artículo publicado en 1994, el académico señalaba que “los narcotraficantes no tienen relación con grupos ideológicos terroristas y que, en ese sentido, no constituyen una amenaza a la seguridad nacional”, y observaba que “un efecto de la lucha contra el narcotráfico que se ha mencionado para el caso de México es el fortalecimiento de los militares en detrimento de la autoridad civil en algunas regiones del país”.
En ese artículo, el hombre recordaba la colusión entre altos funcionarios y grupos delincuenciales, pero denunciaba la intervención del gobierno estadunidense en la política antidrogas de México, mediante la DEA, lo que “dio pie a que se violara la soberanía nacional” y “podría per se constituir un cuestionamiento al monopolio estatal de ejercicio legítimo de la violencia”.
Durante los años siguientes, el académico observó cómo el tema del narcotráfico tomó un espacio cada vez más importante en la discusión pública e institucional en México, entre otros por la presión ejercida desde Estados Unidos, el principal mercado de consumo de drogas en el planeta, en la narrativa que asociaba el crimen organizado transnacional como una amenaza existencial para el Estado-nación.
Estudió las múltiples y deficientes reformas al sistema de impartición de justicia y los programas de colaboración entre México y Estados Unidos en materia de lucha contra el tráfico de drogas –como la Iniciativa Mérida–, y las tensiones en la relación bilateral inducidas por este tema.
Ya en 2010, tres años y medio después que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa lanzó la llamada “guerra contra el narcotráfico”, el académico publicó un artículo que exhibía cómo la estrategia había sido marcada “por la urgencia” y por los “altos costos en términos de violencia”, lo que dejaba al gobierno pocas opciones para resolver la crisis de inseguridad, principalmente debido a la oposición del gobierno de Estados Unidos para adoptar el camino de la legalización de las drogas.
En uno de sus artículos más recientes, de 2019, Chabat criticaba la política de seguridad y la política exterior implementadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien había prometido que “reformularía” la política seguida en el sexenio de Calderón para “recuperar” el liderazgo de México y conseguir la paz.
El académico recalcaba en ese documento cómo Peña Nieto y su gabinete recentraron las políticas en el tema de la seguridad, a pesar de la ausencia de estrategia y de la crisis de derechos humanos que se agravó durante el sexenio con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa o las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya.
En materia de política exterior, el hombre analizó durante años la compleja relación de México con su poderoso vecino del norte, y las transformaciones de la postura del país hacia el resto del mundo –incluyendo en materia de monitoreo de derechos humanos–, principalmente después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN).
Egresado de la licenciatura de Relaciones Exteriores en el Colegio de México, y posteriormente doctor en asuntos internacionales por la Universidad de Miami, en Estados Unidos, Chabat fue durante cerca de 30 años profesor de relaciones internacionales en la Universidad Iberoamericana, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Universidad de Guadalajara.
Los lamentos públicos por su muerte muestran que el académico era reconocido y respetado en un amplio círculo diplomático, político y mediático en el país.
Decenas de personas expresaron su pesar. Funcionarios y exfuncionarios de la cancillería, como Marcelo Ebrard Casaubon, Martha Bárcena Coquí, Miguel Ruiz Cabañas, Arturo Sarukhan y Agustín Gutiérrez Canet; exfuncionarios federales como Felipe Calderón Hinojosa o Liébano Sáenz; académicos como Carlos Heredia, Sergio Aguayo; o periodistas, como Leo Zuckerman, Leonardo Curzio y Joaquín López Dóriga.
El arzobispo de Guadalajara pide no normalizar los retenes del crimen organizado
/ Gloria reza
Tras revelar que la semana pasada, durante una visita al norte de Jalisco, en los límites con Zacatecas, “fui detenido por dos retenes, que obvio son del crimen organizado”, el arzobispo de Guadalajara, cardenal Francisco Robles Ortega, pidió a la población no normalizar estas acciones y a las autoridades, proteger a la ciudadanía.
En esos retenes, prosiguió, “le exigen a uno decir de dónde viene, a qué se dedica, qué hace, o sea, es como lo más normal, lo más natural, pero ¿por qué?”.
Precisó que los retenes del crimen organizado se ubicaban en los municipios de Totatiche y Villa Guerrero.
El cardenal lamentó que no es la primera vez que le pasa, “ya he ido para esos rumbos y están establecidos esos retenes con armas gruesas, con armas largas”.
Además, comentó que la mayoría de las parroquias que se ubican al norte de Jalisco para realizar las fiestas patronales deben pedir autorización al “encargado de la plaza” y, el colmo, entregar 50% de lo recaudado durante las fiestas.
En esa misma zona, el viernes pasado el obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, también fue detenido en un retén de miembros del crimen organizado cuando se dirigía a Huejuquilla El Alto, pero lo dejaron ir tras identificarse.
El miércoles pasado se registró en El Salto, Jalisco, un enfrentamiento que dejó 12 muertos, cuatro eran policías; mientras que el lunes 20 de junio, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, asesinaron a dos sacerdotes jesuitas al interior de su parroquia.
Ante el clima de violencia que se vive en México, el cardenal Robles llamó a los ciudadanos a no normalizar este tipo de situaciones y a las autoridades, a cumplir con la encomienda de proteger.
“No pedimos que maten a alguien con balas, sólo pedimos que apliquen la ley”, acotó.
Feminicida serial de Atizapán: Suman 4 mil 600 restos óseos hallados en su casa
/ CrÉDito
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que, hasta el momento, se han encontrado 4 mil 600 restos óseos en casa de Andrés Filomeno Mendoza Celis, el feminicida serial de Atizapán, los cuales podrían pertenecer a 19 víctimas: 17 mujeres adultas, un niño y un hombre.
El 22 de febrero, el feminicida de 72 años fue sentenciado a prisión vitalicia por el feminicidio de una mujer ocurrido en mayo de 2021, cometido en su casa ubicada en la calle Margaritas en Lomas de San Miguel que, en realidad, era una gran fosa clandestina.
Además, Andrés Filomeno tiene tres procesos abiertos por tres víctimas más, cuyos cierres de investigación complementaria terminan el 1 de julio, el 30 de julio y el 18 de septiembre, respectivamente, indicó la fiscalía.
Mientras tanto, personal especializado de la FGJEM continúa con procesos de lateralización y la obtención del perfil genético para identificar a las víctimas.
En la casa propiedad de Andrés Filomeno peritos localizaron múltiples objetos relacionados con las víctimas, como fotografías, credenciales del INE y otros documentos de identificación, libretas, agendas, libros, prendas de vestir; carteras y objetos diversos, llaves y bisutería, así como cintas de video y una videocámara con supuestas imágenes de las víctimas, equipos de telecomunicaciones, báscula, cuchillo, machete, entre otros.
El feminicida fue detenido en mayo de 2021 y recluido en el penal de Barrientos, pero ahora se encuentra en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango Del Valle.
Como es un adulto mayor, la valoración del estado físico y mental corresponde a la dirección de este Centro, a cargo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.
El 18 de marzo, la FGJEM dio a conocer la sentencia condenatoria que logró la Fiscalía Especializada en Feminicidios en contra de Mendoza Celis.
El feminicida fue acusado de asesinar a Reyna “N”, de 34 años, después de que su familia lo señaló como presunto responsable de la desaparición de la mujer y, tras el cateo a su domicilio, las autoridades mexiquenses hallaron los restos de la mujer semienterrados en una de las habitaciones.
Además, los policías ministeriales encontraron restos óseos, credenciales de elector, ropa, calzado y bolsas de mujer, además de otros indicios que lo señalaban como un asesino serial.
“Los restos de la víctima fueron encontrados en un cateo en el domicilio de Andrés ‘N’, en la colonia Lomas de San Miguel. También fue posible la localización de diversos restos óseos, credenciales de elector, ropa, calzado y bolsas de mujer, además de otros indicios”, indicó en ese entonces Alejandro Gómez, titular de la FGJEM en redes sociales.
Autoridades deberán incentivar el uso de vehículos de baja emisión de gases
Propondrán en el Congreso local la creación del Instituto de Atención al Migrante
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Congreso del estado
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Aguascalientes, que preside la diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, aprobó tres dictámenes que resuelven iniciativas en materia de derecho a la movilidad, facultar a dependencias de la administración pública a sesionar de forma virtual en casos extraordinarios, y otra, que establece que las políticas públicas en favor del sector juvenil se realicen de manera transversal, interinstitucional e integral.
La primera de ellas, que propuso el diputado Enrique García López, en representación del Grupo Parlamentario del PAN, contempla que el derecho a la movilidad sea progresivo, principalmente de personas en situación de vulnerabilidad que transiten por la vía pública, además de que la autoridad incentive el uso de vehículo de bajas emisiones contaminantes.
La iniciativa que reforma la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, y que también planteó García López a nombre del GPPAN, faculta a las dependencias y áreas de la administración pública para realizar sesiones virtuales cuando existan casos extraordinarios que pongan en riesgo la integridad física de quienes participen, como las situaciones de emergencia sanitaria, desastres naturales y todas aquellas que decrete la autoridad que atenten contra la seguridad de las personas.
Aprobaron la iniciativa que establece la obligatoriedad para que el gobierno estatal y los municipales contemplen la formulación de políticas públicas en beneficio de la población juvenil, bajo el mecanismo transversal, interinstitucional y transversal, que atiendan las necesidades y problemáticas a las que enfrenta este sector de la sociedad.
Gutiérrez Ruvalcaba subrayó que estos dictámenes se turnaron a la Junta de Coordinación Política, máximo órgano del Poder Legislativo, que deliberará su inclusión en el inventario de asuntos pendientes por resolverse en el pleno.
Además de los ya mencionados, se contó con la participación de las legisladoras, Karola Macías Martínez, Yolytzin Rodríguez Sendejas y Genny Janeth López Valenzuela, integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Esperan que la próxima administración tenga mayor voluntad para su creación
gabriel soriano
Desde el Congreso del Estado, se propondrá la creación del Instituto de Atención al Migrante pues consideran que las áreas enfocadas a este sector no tienen una operatividad efectiva, les falta recursos o les realizar más acciones que ayuden realmente a los migrantes.
El diputado presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, Juan Luis Jasso Hernández, adelantó que se estará impulsando la creación del Instituto de Atención del Migrante pues considera que es una acción necesaria ante el aumento de flujo de migrantes que se ha tenido en los últimos años.
Señaló que Aguascalientes se ha convertido en una opción de estancia para los migrantes, además de que otros continúan tomándolo como lugar de paso. De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, entre enero y abril del 2022 han ingresado por Aguascalientes 29 mil 392 migrantes.
Consideró que las áreas enfocadas a la atención del migrante no bastan pues son pocas las ubicaciones para atención de migrantes y faltan recursos. “Realmente no tienen operatividad, lo único que tienen ahí es un lugar para que les den una leve orientación, pero no hay una operatividad real”, comentó.
Este instituto también tendría que estar enfocado en atender a migrantes connacionales que vayan de paso por Aguascalientes, así como defender todos los derechos de las personas migrantes que decidieron quedarse en Aguascalientes, como el derecho a la educación, a la vivienda y al trabajo.
El legislador dijo esperar que la próxima administración estatal tenga la apertura para poder consolidar la creación de este instituto.
Impulsan programas de vivienda que favorezcan el cuidado ambiental
Congreso del estado
Se realizaron los trabajos de las comisiones unidas de Desarrollo Social, así como la de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, de la LXV Legislatura del Congreso de Aguascalientes; encabezadas por las diputadas Laura Patricia Ponce Luna y Genny Janeth López Valenzuela, respectivamente. Analizaron una iniciativa para fortalecer el cuidado ambiental desde los hogares, con un enfoque sustentable y de apoyo a la economía familiar.
Las y los integrantes de las comisiones aprobaron de manera conjunta el dictamen correspondiente de la iniciativa por la que se reforma la fracción VII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Aguascalientes, presentada por Sanjuana Martínez Meléndez, Emanuelle Sánchez Nájera y Cuauhtémoc Escobedo Tejada, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El objeto de la iniciativa es determinar como prioritarios y de interés público a los programas de vivienda, esto con el propósito de que el Gobierno del Estado otorgue insumos que generen impacto ambiental positivo y, a la vez, apoyen el fortalecimiento de la economía familiar.
López Valenzuela destacó que esta modificación busca que en los hogares se aproveche con eficiencia la energía eléctrica, la reducción del consumo de agua potable a través del uso de focos ahorradores, inodoros de descarga limitada, regaderas ecológicas, llaves ahorradoras de agua en cocina y baño; entre otros.
Ponce Luna resaltó la importancia de incluir dentro de los programas de gobierno este tipo de acciones, “ya que en la actualidad atravesamos por problemas que generan los climas extremos, escasez de agua, calentamiento global y contaminación”.
El resolutivo se turnó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para el trámite correspondiente. Asimismo, en esta sesión estuvieron presentes María de Jesús Díaz Marmolejo, Juan José Hernández Aranda, Jaime González de León, Arturo Piña Alvarado y Fernando Marmolejo Montoya.
Proponen dotar de mayores recursos al IDSCEA para promover la I+D
Congreso del estado
Durante la sesión ordinaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de Aguascalientes, su presidenta, diputada Ana Gómez ratificó su compromiso de impulsar los mecanismos legislativos y realizar las adecuaciones presupuestarias que sean necesarias para fortalecer el desarrollo de investigaciones y de nuevas tecnologías en la entidad.
La representante popular de la LXV Legislatura subrayó que los retos para Aguascalientes y sus gobiernos pasan por apostarle a la transición de una entidad de “manufactura a una de mentefactura”, a través de destinar mayores recursos para infraestructura, becas a emprendedores y al desarrollo de investigaciones científicas.
La Comisión de Ciencia y Tecnología de la LXV Legislatura analiza a profundidad una iniciativa que busca dotar de mayor presupuesto al Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes (IDSCEA), y en este sentido, fortalecer este rubro que ponga a la entidad como ejemplo a nivel nacional e internacional.
Además de la ya mencionada, se contó con la presencia de los legisladores Juan Pablo Diosdado, Raúl Silva Perezchica y Arturo Piña Alvarado, integrantes de la Comisión a la que se hace referencia.
En Fresnillo, criminales queman casas a familias que no pagan piso: obispo de Zacatecas
/ alonso chávez lanDeros
En la ciudad de Fresnillo hay colonias que comienzan a quedarse sin habitantes debido a las extorsiones y amenazas, denunció el obispo católico Sigifredo Noriega Barceló.
“En Fresnillo, el comentario de las parroquias en las que he estado es ese, la gente, sobre todo en ciertas colonias se está desplazando forzadamente, ¿por qué? si no pueden pagar el cobro de piso les queman la casa. No hay autoridad que pueda poner orden”, declaró.
Monseñor Noriega dijo que las familias están abandonando sus hogares porque “viven secuestrados en sus casas” por la violencia y se están desplazando forzosamente a otros lugares del país, donde se sienten más seguros.
El obispo de Zacatecas vivió en carne propia el ser detenido, el jueves 23, en un retén montado por un grupo delictivo cuando viajaba a bordo de un vehículo en la carretera a Tenzompa, municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco.
“Me habían platicado sacerdotes que, para ir a comunidades, tenían que pasar por retenes ilegales, a mi es la primera vez que me toca en vivo”, dijo el prelado, al informar que no sufrió ningún daño.
Y agregó: “Me sentí impotente y me sentí triste, no por mí, por lo que está pasando en México (…) Hay mucha gente que está padeciendo eso mismo y no solo en el norte de Jalisco, sino en el sur de Zacatecas, en el este y oeste de Zacatecas, en el norte, se ha vuelto una realidad cotidiana que personas civiles, se hagan pasar por policías o por militares”.
El obispo hizo un llamado a las autoridades del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a que cambie la estrategia de seguridad, al considerar que es “un fracaso” su plan de “abrazos, no balazos” debido a que la violencia ha aumentado y provocado un mayor sufrimiento a la gente.
“Es necesario un cambio de estrategia porque esto se nos está yendo de las manos y no sabemos cómo va a terminar. No puede haber transformación cuando no se conoce lo que se va a transformar, la corrupción es cuestión también de muchas omisiones”.
Sigifredo Noriega Barceló
Avaló Universidad Autónoma líquido indeleble utilizado en elección
iee
Las Consejerías Electorales del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) y funcionariado de la Dirección de Capacitación y Organización Electoral recibieron de parte de personal del Laboratorio de Química Organometálica y Materiales de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) el informe técnico de resultados sobre la evaluación del líquido indeleble utilizado en la elección a gobernadora de Aguascalientes, el cual tiene como objetivo determinar las propiedades fisicoquímicas y la verificación de su funcionalidad.
Al respecto, se recibió una caja con las muestras de aplicadores de tinta de diversos distritos electorales del Estado, los cuales se asignaron a diferentes hombres y mujeres para cotejar su aplicación. El tiempo promedio de reacción para el desarrollo del color en el dedo pulgar de las personas fue de 2 minutos y 41 segundos, el cual fue acorde a lo estipulado en el instructivo de uso anexo a los plumones del Proceso Electoral Local 2021-2022. Asimismo, se evaluó el líquido impregnado con la aplicación de 14 productos de limpieza y solventes, como crema humectante, alcohol etílico desnaturalizado, jabón de tocador, gel antibacterial, acetona, aceite de cocina, gasolina blanca, aguarrás, agua oxigenada, detergente en polvo, thinner, vinagre blanco, jabón líquido, hipoclorito de sodio, entre otros. Derivado de ello, se determinó que la tinta permaneció fijada por lo menos 12 horas, independientemente de los productos empleados y la piel de las personas.
Derivado de lo anterior, se presentó el dictamen final en el que se certificó que el líquido indeleble tuvo resultados aceptables en cada una de sus etapas.
/ Gloria leticia Díaz
Casi 80% de las mujeres privadas de la libertad en el país, entre 2006 y 2021, sufrieron violencia en algún momento de su proceso, desde su detención hasta la remisión a una prisión, mientras que 40% de esas mujeres han sido víctimas de tortura sexual, sin que existan más que siete sentencias por ese flagelo, se sostiene en el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida contra Mujeres Privadas de la Libertad en México. El estudio, presentado este lunes en la Secretaría de Gobernación, responde a un ordenamiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre las mujeres de Atenco, caso registrado en mayo de 2006, en que 200 personas fueron detenidas en un operativo de la Policía Federal y de la policía del Estado de México.
Del total de detenidos, 50 eran mujeres y 31 acusaron haber sido agredidas sexualmente, de las cuales 11 llevaron el caso ante el tribunal regional, que emitió sentencia el 28 de noviembre de 2018, a unas horas de que el nuevo gobierno tomase posesión.
Durante la presentación, Italia Méndez y Norma Jiménez, sobrevivientes que litigaron el caso junto con el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), reconocieron el avance, aunque lamentaron que sigan siendo generalizada la tortura sexual, como lo corroboran los datos del Diagnóstico realizado por un centenar de funcionarios de la Segob, que se desplazaron a distintos centros penitenciarios para encuestar a mil 280 mujeres recluidas en 66 centros de internamiento.
De acuerdo a los resultados 79.3% de las mujeres entrevistadas aceptaron haber sido torturadas, o recibieron tratos o penas crueles inhumanos o degradantes durante su arresto o traslado al Ministerio Público, arraigo, traslado y estancia en un centro penitenciario, incluyendo el espacio de servicios de salud; 32.1% dijo haber sufrido tortura sexual y 43.82% sufrieron actos de tortura con connotaciones sexuales.
Sin embargo, en el cotejo de las respuestas contenidas en la encuesta con la profundización de la información a través de entrevistas personalizadas, la investigación de la Segob determinó que “más de cuatro de cada diez sufrieron tortura sexual derivado de un análisis más cualitativo”, alertó Aribel García Pérez, directora de Relaciones y Coordinación Institucional, responsable del estudio.
Al destacarse que la muestra de mil 280 mujeres proviene de un cálculo de la existencia de 12 mil 621 privadas de la libertad entre 2006 y 2021, otros datos reveladores son que en 81% de la muestra consultada, no se informó a las mujeres de sus derechos y en 65% no se les dio el motivo de su detención, la mayoría de ellas, entre sentencias y en prisión preventiva, procesadas por homicidio secuestro, robo y delitos contra la salud.
Al señalar que 33% de las mujeres privadas de su libertad fueron puestas ante un agente de ministerio público entre cuatro y 24 horas de su arresto, García Pérez refirió que las agresiones físicas más frecuentes son manoseos, patadas, golpes en los senos, los glúteos y genitales.
Sobre los perpetradores, el 40% señalaron a policías de investigación, 21% policías municipales, 16% policías estatales, 7% integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y 6% de la Secretaría de Marina.
Del perfil de las víctimas, García Pérez refirió que 68% tenía de 20 a 39 años en el momento de su detención, 62% contaban con educación básica; 73% eran jefas de familia; 84% eran madres; 12% indígenas; 8% tenían alguna discapacidad y 3% vivían en situación de calle.
La funcionaria destacó que, por las narraciones de las encuestadas, al ser la mayoría de ellas sustento de sus familias “al verse víctimas de una violación a derechos humanos, ese horror es trascendido a sus familias que tuvieron que hacerse cargo por sí solas o a quienes las mujeres privadas de libertad siguen apoyando dentro del centro de detención”.
García Pérez dijo que de la consulta a instituciones, las comisiones nacional y estatales de derechos humanos indicaron haber recibido 11 mil 949 quejas por tortura en ese periodo, de las cuales 2 mil 550 corresponden a mujeres y de éstas 316 denunció haber sido víctima de tortura sexual. Los organismos emitieron 59 recomendaciones.
En cuanto a denuncias formales, de las 10 mil 678 recursos por hombres y mujeres interpuestos en las fiscalías, general de la República y de los estados, 221 casos tienen elementos de violencia sexual contra mujeres, mientras que el Instituto de la Defensoría Pública Federal ha presentado 4 mil 619 denuncias de las cuales 300 corresponden a mujeres.
Al señalar que las comisiones de víctimas nacional y estatales tienen registradas a 265 mujeres como víctimas, de las cuales 53 fueron torturadas sexualmente, Aribel García resaltó que, pese a todo, sólo hay siete denuncias por tortura sexual, de las cuales cinco son condenatorias y dos absolutorias.
Ante un escenario de prevalencia de violencia para las mujeres e impunidad, Italia Méndez resaltó que aún hay muchos retos por cumplir para eliminar la tortura sexual, y que en el caso de las mujeres de Atenco, seguirán buscando alcanzar la justicia.
La defensora dijo que las mujeres interpusieron un amparo contra la decisión de la Fiscalía del Estado de México para no entregarla a la FGR, pues durante más de 15 años las autoridades locales han sido incapaces de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres de Atenco.
