VIERNES 27 DE AGOSTO DE 2021
Legisladores podrían ser sancionados por no dar continuidad a iniciativa de matrimonio igualitario Gabriel Soriano La iniciativa para el matrimonio igualitario pasará a la siguiente legislatura, van dos años que se han atorado en comisiones. De no haber avances legislativos en este pendiente, los legisladores podrían ser sancionados. La diputada presidente de la Comisión de la Familia y de la Niñez, Paloma Amézquita Muñoz, aceptó que uno de los pendientes que quedarán en este órgano será el dictaminar la iniciativa con la que se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, esto lo declaró con total descaro pues ella misma se oponía rotundamente a propuesta. La diputada Elsa Amabel Landín Olivares, quien es la promotora de la iniciativa, lamentó que esta propuesta tenga dos años en la congeladora y destacó que ni siquiera fue dictaminado por las comisiones correspondiente, y resaltó que esta iniciativa debió haber sido turnada únicamente a la Comisión de Justicia y no a la de Familia Destacó que esta iniciativa da seguimiento a las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en relación a la inconstitucionalidad del Código Civil del estado, pues ahí se sigue reconociendo el matrimonio solamente entre un hombre y una mujer. Esta iniciativa solamente busca que el texto re-
Van dos años desde que la iniciativa quedó en comisiones conozca la figura de matrimonio como la unión de dos personas. Resaltó que, aunque ya no es necesario un juicio de amparo para la unión de personas del mismo sexo, es importante modificar el texto en la norma estatal porque han sido reiteradas las llamadas de atención de la SCJN. Afirmó que esta iniciativa no pasó a mayores debido a la línea o creencias del grupo mayoritario y recordó a sus compañeros legisladores que deben cumplir con lo establecido en la constitución y códigos federales, garantizando un estado laico. “Esto no implica ningún riesgo en los valores religiosos, ni familiares, ni sociales de nadie”. La priista dijo esperar que para el próximo periodo del poder legislativo sea una prioridad esta iniciativa. “No deberíamos esperar a un último llamado de la SCJN pues podría ya sancionarnos como legislatura, porque ya llevamos dos jurisprudencias muy claras de la Suprema Corte. La sanción podría ser hasta con la inhabilitación de los legisladores al no aprobarla, pero no ha sido turnada. Tendría que haber un recurso por ahí de un tercer interesado”.
Posible empalme del actual y próximo proceso electoral Claudia Rodríguez Loera Foto Cristian de Lira El consejero presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, Luis Fernando Landeros Ortiz, destacó que la manera en la que podría afectarles el esperar las últimas resoluciones que llegan a los tribunales electorales es en la conclusión del proceso local aún vigente, pues existen altas posibilidades que este y el próximo se empalmen, lo cual no lo consideró como grave. Recordó que los tribunales, local y federal, saben que tienen como fecha límite hasta antes de que asuman el cargo las candidaturas electas y que están ahora impugnadas; refirió que si, por ejemplo, Heder Guzmán, a quien la Sala Monterrey reasignó su curul, decide irse hasta la sala Superior del TEPJF, cuenta con tres días para impugnar, y ellos deberán resolver antes del término fatal que tienen. La reciente resolución de la Sala Monterrey propuso volver al esquema propuesto por el Consejo del IEE, a la modificación que hizo el Tribunal local para la asignación de diputaciones por Representación Proporcional, situación que podría traer otras impugnaciones, aunque existen ya otros asuntos sin resolución pendientes. “Todavía estamos en suspenso porque estos dos asuntos que resolvieron (en la Sala Monterrey), y aunque únicamente modifica una representación de Representación Proporcional en el Congreso
Al menos 52 mil personas fallecidas permanecen sin identidad / Gloria Leticia Díaz La violencia exacerbada de los últimos 15 años y las deficiencias institucionales de los servicios forenses, que dependen en su mayoría de las fiscalías del país, han generado una acumulación de al menos 52 mil personas sin identidad, alertó el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM). En su informe La crisis forense en México: más de 52 mil personas fallecidas sin identificar, basado en la recopilación de datos solicitados a autoridades de todo el país a través de la plataforma de transparencia, el colectivo de familiares de personas desaparecidas en México revela que del total de cuerpos no identificados, 60% se encuentran en “fosas comunes, en cementerios públicos”, 7% están resguardados en servicios forenses, 5% en universidades y sólo 1% en centros de resguardo forense. “Las autoridades no han querido informar dónde se encuentra el 22% de las personas fallecidas sin identificar. La cifra oficial de 52 mil personas es un piso mínimo reconocido por el Estado. Estimamos que existen muchas más”, considera el MNDM en el documento dado a conocer en vísperas de la conmemoración del Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada, día en que se anunciará formalmente la conformación del grupo coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), construido a partir de la colaboración de la Secretaría de Gobernación, representantes de colectivos de personas desaparecidas y organismos internacionales.
“Este informe es un diagnóstico de la crisis forense que vive el país y queremos que el grupo coordinador del MEIF sepa con lo que se va a encontrar”, apunta en entrevista Martín Villalobos Valencia, integrante del MNDM. El grupo coordinador, estará integrado por especialistas nacionales e internacionales en las cuatro áreas forenses, antropología, medicina, odontología y genética; en materia jurídica nacional e internacional; uno más en gestión de recursos ante el interés de organismos y gobiernos de otros países de colaborar con México, y otro en temas psicosociales. Al destacar que familiares de desaparecidos tienen esperanza de que a través del trabajo del MEIF, puedan localizar a los suyos entre los cuerpos no identificados que se encuentran bajo resguardo de autoridades, Villalobos reconoce que no será una tarea fácil ni mucho menos pronta. “El cálculo que hacemos es que este proceso no se va a llevar menos de 15 a 20 años, solamente para identificar a estos 52 mil desaparecidos, por las características en que se encuentren, por la infraestructura y cómo están los procesos de identificación, es algo que tenemos que dejar muy claro con las familias, porque lo que hemos visto es que las fiscalías de los estados y la Fiscalía General de la República, tienen un avance de investigación de entre 30 y 35% de los seres humanos que les llegan para identificación”, explica. Villalobos, familiar de Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado, desaparecida en 2004, cuenta que para elaborar el documento el MNDM tardó más de
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un año en recabar información, a través de solicitudes de información, gestiones con autoridades y reuniones para cotejar información. Información incompleta Designado en marzo de este año, parte del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, Villalobos destaca que el dato de 52 mil personas sin identificar, fue proporcionado por las propias autoridades, pero seguramente “no reflejan la realidad, porque muchas procuradurías y muchos estados, no nos dieron la información porque no cuentan con ella, algunos sólo datos a partir de 2016 o 2017 y la mayoría no tienen datos históricos”. El documento del MNDM hace referencia al reportaje publicado por Quinto Elemento Lab, el 22 de octubre de 2020, “Un país rebasado por sus muertos”, que a través de solicitudes de información a los servicios forenses del país, informaron que “existían, al 31 de diciembre de 2019, 38 mil 891 personas fallecidas sin identificar”, pero que ocho meses después, “al 31 de agosto de 2020, las mismas autoridades reportaron 52 mil 004, es decir, un 33.7% más”. De la información que el MNDM pudo recopilar es que en siete estados se concentra el 71.73% de los cuerpos no identificados en el país, siendo estos Baja California (con 9 mil 087), Ciudad de México (6 mil 701), Estado de México (5 968), Chihuahua (3 mil 943), Tamaulipas (3 mil 788) y Nuevo León (2 mil 077). En la búsqueda de información, los integrantes del MNDM, pudieron constatar que, en materia de resguardo de
del estado, están en potestad de las partes el acudir a la última instancia de la cadena impugnativa, que es la Sala Superior. Ahorita lo que sí sabemos, con lo aprobado en la Sala Regional, es la modificación en la parrilla de RP, volvieron a establecer la aprobada el domingo 13 de junio”, manifestó. Explicó que las consecuencias en caso de que los tribunales no lograran desahogar todos los asuntos sería solamente que se empataran los dos procesos electorales, que por ley se deberá establecer el primero durante la primera semana de octubre, pero si se toma en cuenta que los ayuntamientos entran en acción el 15 de octubre, lo cual es posible, pero sin mayores repercusiones. Observó que en el caso de los diputados de la próxima legislatura tomarán protesta el 14 de septiembre, por lo que confía que se cumplirán los tiempos, ya que no es una situación extraordinaria para los tribunales.
cuerpos, “no hay registro de cuántos ni quienes hay en las fosas comunes de los panteones porque hay una falta de comunicación entre las autoridades, hablamos de las fiscalías, del área correspondiente de servicios forenses y servicios periciales o el listado de las personas que van a depositar en las fosas comunes, no hay una verificación”. A las fallas en los registros, el informe “La crisis forense en México”, considera como factores que impactan en el rezago en la “falta de capacidades institucionales para la identificación” y a la “falta de personal calificado”, sin contar con que el Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense, aprobado por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en 2015, no es aplicado en todos los servicios forenses, pues de los 33 que existen, sólo es utilizado en 21, de acuerdo a información proporcionado en 2020. Apunta que, de acuerdo a datos oficiales, de los 6 mil 242 peritos oficiales reportados hasta 2019, sólo 4 mil 111 peritos están “asociados a actividades relativas a la identificación humana”, pero que en los hechos “atienden muchas solicitudes de dictámenes forenses sobre otros temas. Aunque insiste en que las familias de desaparecidos tienen esperanza en el trabajo que pueda realizar el MEIF, Villalobos sostiene que también están conscientes de que la cifra de 52 mil personas sin identidad resguardadas por autoridades, pueda aumentar ante la continuidad de la violencia. “La realidad es que se ha habido más de 340 mil homicidios en el país en los últimos 15 años, y que en esta administración esto no ha bajado los niveles de violencia, no queremos decir que es culpa del gobierno federal, pero la realidad es que la delincuencia ha aumentado y que los procesos delictivos que llevan a la desaparición de personas siguen vigentes y en aumento”, puntualizó.
