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gabriel Soriano
Propuesta de la Secretaría de la Familia no fortalecería atención de gobierno
Debe pensarse en un trabajo transversal antes de crear la Secretaría de la Familia
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Gabriel Soriano
La Secretaría de la Familia no tiene facultades reales pues sólo plantea un trabajo coordinado con las instituciones ya existentes, labor que se podría hacer sin la necesidad de crear una nueva secretaría. Esta iniciativa no contempla un aumento en recurso humano, pues será la misma directora del DIF quien fungirá como titular de este organismo. El Instituto Aguascalentense de la Mujer (IAM) se reunió el lunes con mujeres representantes de diversos colectivos feministas en donde, entre otros temas, se habló sobre la Secretaría de la Familia que actualmente está en comisiones del Congreso del Estado. Se explicó que será un órgano que tendrá estrecha relación entre el IAM, el Instituto Aguascalentense de la Juventud y el DIF
Como está planteada, actualmente no tiene una facultad concreta, sólo de coordinación, la cual podría llevarse sin necesidad de crear una secretaría Estatal, para solventar necesidades de cada uno de los integrantes de las familias de Aguascalientes.
Angélica Contreras, integrante de la asociación civil Cultivando Género, comentó que en esta propuesta, presentada por Nancy Xóchitl Macías Pacheco, directora general del DIF estatal, no se contempla que aumente el recurso humano ni tener una instalación nueva, sino que con los recursos humanos y presupuestales existentes para trabajar coordinadamente entre los distintos institutos: “En la iniciativa se haría un par de modificaciones a los institutos de la mujer, de la juventud para coordinar los trabajos por parte del DIF. De hecho, quien sería la titular de la Secretaría de la Familia sería a la par la misma directora del DIF”.
En la reunión se enfatizó que la razón para crear la Secretaría de la Familia es porque muchos ciudadanos tienen más acercamiento con el DIF que con el IAM o Imjuva pues los ciudadanos no conocen bien de sus facultades y que sus formas de difundir sus acciones están muy focalizadas: “Por ejemplo, una mujer víctima de violencia llega con sus hijas e hijos al DIF se le canalizará a ella al instituto de las mujeres, el DIF se encargará de los niños, es como repartir las responsabilidades a cada institución”.
Aunque señaló que es un ejercicio válido, enfatizó que esto no vendría a fortalecer el IAM pues hará que toda la atención se vuelque otra vez al DIF. Lo que se necesita es fortalecer el trabajo que se hace desde cada instituto para lograr incidir en los temas de interés: “Los temas de las familias no se van a resolver con una secretaría, tiene que ser un trabajo transversal y coordinado. Crear una secretaría para un fin transversal, volvemos a pensar que el problema se resuelve desde un lugar”.
Antes de pensar en la conformación de la secretaría se tiene que pensar en trabajar junto con las distintas secretarías y con el Poder Judicial para resolver problemas estructurales.
La activista destacó que como se plantea actualmente, no se está Angélica Contreras | Foto Cristian de Lira
otorgando un poder real a la Secretaría de la Familia, se está asentando la base para que futuras administraciones den fondo para concretar el organismo en sí. “Ahorita nos lo están vendiendo como que no será una secretaría, es una mesa de acuerdos que va a trabajar de manera coordinada, entonces para qué crear una secretaría”.
Cuando un deudor alimenticio cambia de estado, el proceso se vuelve lento por carga de trabajo
Gabriel Soriano
Cuando un deudor alimenticio cambia de estado, el juez de Aguascalientes debe de pedir al poder judicial de otro estado que haga valer el pago de las pensiones de alimentos, sin embargo, muchas veces no se hace este proceso debido a la carga del trabajo en el poder judicial aunque debe de ser garantizado con base en el interés superior de la niñez.
En entrevistas anteriores, Rocío Franco Villalobos, juez quinto de lo familiar en el estado ha aceptado que se atrasan los procesos relacionados a la pensión alimenticia pues, además de la carga de trabajo de los jueces, los deudores hacían todo lo posible para evitar el pago: “Las personas evaden esa responsabilidad de diferentes maneras, personas que dejan el trabajo con tal de no pagar, personas que se cambian de domicilio para que no los encuentren, personas que se van del estado y ante eso los jueces no pueden hacer nada”.
Ante estas situaciones, es responsabilidad de los jueces hacer el proceso jurídico necesario junto con el Poder Judicial de otros estados para garantizar este recurso necesario para mantener su calidad de vida, esto con base en las jurisprudencias existentes.
“Por ejemplo, que los demandantes están en Aguascalientes, se les va el deudor y resulta que los encuentran en Monterrey. El juez de aquí puede pedirle vía exhorto auxilio al juez de allá para que haga pagable esta situación de tal manera que si el deudor tuviera un patrón en Monterrey el juez podría pedir que se garantice el pago”, comentó Cinthya María Elena Andrade Sandoval, docente doctora en Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
La abogada reconoció que muchas ocasiones los jueces no hacen el trabajo como deben de hacerlo debido a la carga de trabajo que tienen, pues tampoco se tiene el personal suficiente para atender estos temas que son prioridad para el bienestar de los menores.
Subrayó que en los procesos que se lleven en el Poder Judicial debe de prevalecer el interés superior de la niñez y debe de ser tratado con prioridad en todos los casos.
Iniciativa de la Secretaría de la Familia no contempla a la diversidad de familias
que el menor en cuestión pueda recibir
Gabriel Soriano
En la iniciativa de crear la Secretaría de la Familia, el Gobierno de Martín Orozco plantea que la familia como un sinónimo de matrimonio, olvidándose de las familias diversas. El Colectivo SerGay calificó la iniciativa como carente de estructura y sustento legislativo.
Ayer el Instituto Aguascalentense de la Mujer (IAM) se reunió con varios colectivos feministas para presentarles la iniciativa con la cual se crearía la Secretaría de la Familia. Desde que se hablaba de esta propuesta preocupaba a asociaciones civiles si es que esta secretaría consideraría la diversidad de familias, además de que estaría invadiendo funciones de otros organismos.
Manuel Alejandro Gutiérrez Flores, vicecoordinador del Colectivo SerGay, comentó que no han tenido acercamiento con algún funcionario o legislador para tratar el tema y resaltó que esta reunión se dio a partir del interés de la comunidad feminista.
El activista revisó la iniciativa con fecha del 17 de enero y en términos generales consideró que no tiene una buena estructura, sin sustento y carente de alguna técnica legislativa. “Me asusta que ese sea el nivel de gobernantes que tenemos, además de que tiene un sesgo claro por familias heteroparentales, me parece un proyecto de ley muy mal hecho, me asusta la mala calidad jurídica”.
Detalló que en la propuesta contempla un silogismo jurídico en donde el estado plantea que la familia es a partir de un matrimonio: “Ese concepto es anacrónico, ilegal y anticonstitucional, no sé porque lo siguen usando como un concepto vigente, por eso me preocupa la mala calidad de la propuesta”. Iniciativa usa a familia como sinónimo de matrimonio, un concepto anacrónico e inconstitucional | Foto Cristian de Lira
Adelantó que seguir olvidando a la diversidad de familias, vulnerando sus derechos y atentando contra sus libertades, presentarán una controversia constitucional de aprobarse la iniciativa en el pleno, “La parte violatoria es algo que se esperaba”.
Coincidió en que estaría existiendo una duplicidad de responsabilidades con el DIF estatal, con los institutos de la Juventud y de las Mujeres.
En contraste, reconoció que hay términos ambiguos que son rescatables como el promover valores, incluir a las personas vulnerables, pero el problema son las faltas de definiciones en estos conceptos.
Debilitar al INAI pone en riesgo el derecho al acceso a la información y la protección de datos personales
INAI
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es vital para la vida democrática del país, debilitarlo pone en riesgo la tutela de dos derechos fundamentales de las personas: el de acceso a la información y el de protección de datos personales, advirtieron la comisionada Norma Julieta del Río Venegas y el comisionado Adrián Alcalá Méndez.
Durante su participación en el conversatorio La importancia de los órganos autónomos en el desarrollo democrático de México, convocado por la Red de Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible, Del Río Venegas destacó que el INAI es un órgano autónomo especializado e imparcial, que funge como árbitro cuando la ciudadanía solicita información a las instituciones públicas y éstas se niegan a entregarla.
Enfatizó que regresar al INAI a un esquema anterior al de la autonomía constitucional “pondría en riesgo la garantía de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales” y el gobierno se convertiría en “juez y parte” al resolver asuntos relacionados con estos temas. Además, se disminuirían las competencias del Instituto; se limitaría su injerencia en el número de sujetos obligados, y la disponibilidad de la información estaría sujeta a la discrecionalidad de las instituciones públicas.
Norma Julieta del Río señaló que, a partir de que se le dotó de autonomía constitucional al INAI, se han logrado avances significativos en materia de transparencia y acceso a la información,
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Las instituciones autónomas son el resultado de un largo proceso de consolidación democrática y maduración institucional que ha reconfigurado la vida pública del país, afirmó la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena.
Al inaugurar el foro Instituciones Autónomas de México, Ibarra Cadena enfatizó que la autonomía del INAI surge de la exigencia social y hoy este órgano garante se ha constituido en un componente central del diseño democrático mexicano, que ha renovado las relaciones entre autoridades y ciudadanos, al impulsar una exigencia generalizada de contar con gobiernos más transparentes, abiertos al escrutinio, la evaluación y la rendición de cuentas.
“El INAI debe ser un aliado de la ciudadanía, pero también de los poderes públicos, de sus órganos, como de los demás organismos autónomos en la construcción de nuevos puentes y caminos que permitan aproximarlos a la ciudadanía. El funcionamiento de este Instituto debe comprenderse, siempre, a partir de la óptica constructiva y no represiva”, sostuvo.
A su vez, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, coordinadora del evento, subrayó que la ardua lucha que se dio en los últimos 20 años para lograr la apertura de la información en posesión de los gobiernos permitió la construcción de leyes, que hicieron del derecho a saber una herramienta de combate a la opacidad, además de consolidar la participación ciudadana como un equilibrio del poder y se ha garantizado el derecho de libertad de expresión, se han detonado mecanismos de rendición de cuentas y se ha generado confianza ciudadana.
Apuntó que uno de los grandes logros es la creación de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), una herramienta en mejora continua, para facilitar a las personas el ejercicio de sus derechos y la consulta de información de todas las instancias públicas del país, a partir de la cual se han denunciado casos de corrupción.
El comisionado Adrián Alcalá Méndez expuso que en México, cada uno de los organismos autónomos tiene su origen en un problema profundo y real que llevó a la adopción de medidas tendientes a fortalecer la democracia del Estado mexicano, entre las cuales se encuentra la creación, consolidación y aceptación de autoridades autónomas, independientes y especializadas.
“El INAI no fue un capricho político, ni una ocurrencia, ni tampoco una consecuencia por parte del Estado mexicano un pilar de la democracia moderna.
“Quienes ahora integramos este Instituto estamos comprometidos a trabajar intensamente en pro de la sociedad. El Instituto es un organismo eficaz y eficiente, que refrenda la confianza de la sociedad y, como parte de su filosofía, ha enfocado sus baterías en el cumplimiento de los derechos”, resaltó.
Del Río Venegas aseguró que el intercambio de ideas es necesario para el mejoramiento del sistema democrático, por ello, el INAI convocó a especialistas, académicos y representantes de la sociedad civil organizada a dialogar y debatir sobre la relevancia de los organismos autónomos.
El coordinador de los Organismos Garantes del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y comisionado presidente del INFO CDMX, Julio César Bonilla Gutiérrez, aseveró que los órganos constitucionales autónomos son los encargados de realizar y dar sustancia a diversos controles democráticos, que hoy constituyen elementos de equilibrio imprescindibles de toda democracia.
“La necesidad de estabilidad de los Estados, basada en una legitimidad originada en el respeto a los derechos humanos, la existencia de una efectiva división de poderes y un razonable sistema de orden constitucional, no solamente en México sino en muy diversos países, han dado lugar a la creación y existencia de hacia la sociedad, sino que fue el resultado de años de análisis, de reclamos sociales, académicos, y por supuesto, de voluntad política, de reconocer que México necesitaba contar con una institución que, en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, sea el puente de comunicación entre la sociedad y el gobierno, para brindar información que empodere a las personas, que permita a las autoridades que recobren la confianza ciudadana, además de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano”, destacó.
Alcalá Méndez presentó un breve resumen del trabajo realizado por el Instituto en los últimos años para garantizar el pleno ejercicio de los derechos que tutela y reiteró que el INAI es clave para la vida democrática de nuestro país, “al formar parte de un entramado institucional de contrapesos, necesario para balancear el poder y alejarlo de decisiones discrecionales”.
En su intervención, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del órganos constitucionales dotados de autonomía respecto de los poderes tradicionales”, asentó.
Posteriormente, se presentó el libro INAI, funciones, relevancia y retos por del Instituto.
Al moderar la presentación, el Comisionado Oscar Guerra Ford sostuvo que el objetivo es analizar el valor, los aportes y los retos del INAI, tras 5 años de la reforma constitucional de 2014, que lo creó como un órgano autónomo, para hacer un balance y reorientar, corregir o fortalecer su funcionamiento.
“Nadie está en contra de hacer más eficiente y eficaz al INAI, esto con el objetivo de que podamos mejorar la garantía de estos dos derechos (el de acceso a la información y el de protección de datos personales), para la exigibilidad de otros derechos, creo que nadie se podría oponer abierta o públicamente a un objetivo como este.
“En el INAI, como lo hemos dicho los Comisionados, estamos evidentemente abiertos a escuchar y a hacer los cambios o ajustes que debiesen hacer para obtener los mejores resultados posibles; ese es nuestro compromiso constitucional”, manifestó Guerra Ford.
Sergio López Ayllón, director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y coautor de la obra dijo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Rosa María Cruz Lesbros, sostuvo que los organismos públicos autónomos en general han sido construidos por y desde la ciudadanía; “no ha sido una concesión gratuita del neoliberalismo, ha sido una constante búsqueda de la institucionalización de la democracia”, recalcó.
“Cada una de estas instituciones autónomas van respondiendo a la exigibilidad de un derecho y, por eso, es que viene toda esta ola de nuevos organismos; son como una bisagra, un puente entre el Estado, el gobierno, los tres poderes y la ciudadanía, son los que le dan voz a la ciudadanía para exigir a las instituciones públicas que cumplan con su mandato, con su función de Estado”, expresó.
El comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Javier Juárez Mojica, afirmó que regresar la función regulatoria del Instituto a una secretaría de Estado representa un retroceso, pues el nuevo diseño institucional, además de ser ajeno a cualquier coyuntura política o intereses económicos ha dado resultados y trabaja en proyectos conjuntos con el Poder Ejecutivo, para cumplir con los objetivos y las metas del Plan Nacional de Desarrollo, “somos coadyuvantes de esas metas nacionales conforme al deber ser y con autonomía”, señaló.
“No me imagino una nueva normalidad sin transformación digital y tampoco me imagino la transformación digital sin certeza jurídica para desplegar las redes de nueva generación que se requiere de fibra óptica, las redes 5G, y como parte de ese entorno de certeza jurídica el regulador debe ser ajeno a cualquier interés económico y político, y ese diseño institucional se logra precisamente a través de un organismo constitucionalmente autónomo”, apuntó.
El conversatorio fue moderado por Lizzeth Loza, Coordinadora de Educación de
Las instituciones autónomas han reconfigurado la vida pública del país
venir, editado por el Comité Editorial
la Red de Gobierno Abierto. que los órganos constitucionales autónomos son entidades que poseen y ejercen algún tipo de autoridad pública especializada. En el caso específico del INAI, afirmó que ha contribuido a “institucionalizar la transparencia, dar efectividad a la garantía de los derechos y a crear una nueva cultura política, en la que la información no es un patrimonio de los funcionarios, ni de los políticos, sino un bien público”.
Leticia Bonifaz Alfonzo, académica y coautora del libro, apuntó ser defensora de lo que hace el Instituto, no solo porque lo conoce desde adentro, sino porque es un potenciador del ejercicio de otros derechos, mediante la tutela de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. “El INAI es garantía no de dos derechos, sino de todos los derechos humanos, a través del acceso a la información”.
José Roldán Xopa, académico del CIDE y coautor de la obra, consideró importante que las instituciones encargadas de controlar el acceso a la información sean autónomas para establecer no solo el contrapeso a la organización pública, sino los contrapesos a las reacciones y a las inclinaciones humanas de no ser controlados. “La transparencia y la autonomía permiten garantizar los bienes públicos que una democracia madura tendría que preservar”.
