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Corrupción en estados es superior a lo que imaginaba, López Obrador pide a gobernadores entrantes denunciar
AMLO instruye a Segob para que atienda el caso de José Eduardo
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/ EzEquiEl FlorEs
El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la titular de la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que interponga una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y que el caso del homicidio del joven veracruzano José Eduardo Ravelo, en territorio yucateco, sea atraído por autoridades federales. AsÍ mismo, que se realice una investigación a fondo para evitar la impunidad, y castigar a los servidores públicos que resulten responsables de los hechos.
“Para que no se quede en ámbito local este asunto y que se vaya al fondo y se castigue a los responsables, incluso a las autoridades que estén encubriendo este caso si se demuestra, si se comprueba que hubo estas violaciones graves que llevaron hasta el homicidio, hasta el asesinato de este joven, así como lo estoy planteando”.
En la conferencia mañanera, un reportero preguntó al presidente sobre el caso registrado en el estado de Yucatán, donde -dijo- se advierte un crimen relacionado con la brutalidad policial.
Como respuesta, el mandatario envió un mensaje a la madre del joven asesinado: “La mamá del joven declaró que me iba a buscar. Le mando a decir que no hace falta que venga, porque voy a dar instrucciones a la secretaria de Gobernación, a la licenciada Olga Sánchez Cordero, para que atienda este asunto, que se vea la posibilidad de que el gobierno de la República, el Ejecutivo federal, presente una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.
Luego hizo un llamado a los miembros de corporaciones policiacas a respetar los derechos humanos, y admitió que en las entidades federativas aún no existen instituciones sólidas.
También pidió a la sociedad denunciar todos los casos de violaciones graves a los derechos humanos cometidas por servidores públicos.
“En este caso, por ejemplo, no es como antes, de que ya la autoridad local hasta ahí lo decidió, ya fue lo que resolvió el juez, ya fue lo que resolvió el Poder Judicial de la Federación, cosa juzgada. No, no, nada de eso. Si las instituciones encargadas de impartir justicia no están a la altura de las circunstancias, si están echadas a perder, pues es sólo una legalidad ficticia; la legalidad sirve para legitimar la injusticia, como las reformas que hacían a la Constitución, a las leyes, en el periodo neoliberal, en el periodo del saqueo; ajustaban la Constitución, ajustaban las leyes para poder saquear, para poder robar y que fuese legal”.
Por ello, recalcó, ahora es denuncia y cero impunidad.
“Que lo sepan los elementos de las corporaciones, los mandos, las autoridades, que todos asumamos nuestra responsabilidad”.
Lord Molécula pide incluir en la mañanera nueva sección para exhibir a quien más insulte a AMLO
Una vez más, “Lord Molécula” el reportero de la corbata de moñito, cuyo nombre real es Carlos Pozos, se llevó los reflectores en la conferencia mañanera al proponer al presidente Andrés Manuel López Obrador que añada una sección más a sus conferencias con el nombre de “El Chongo de la Semana” o el “Hulero de la Semana”.
La idea es, explicó, para exhibir al locutor, conductor o periodista que más insulta al mandatario.
Además, propuso que los reporteros que asisten a las mañaneras participen en el “Quién es quién en las mentiras de la semana”, con el propósito de hacer un mejor análisis de la información expuesta a lo largo de la semana.
Al detallar sus propuestas, “Lord Molécula” dijo, que en el primer caso, hay “cuentachistes o standuperos” que se sienten periodistas y que utilizan un lenguaje “pobrísimo” y no hay nadie que les ponga freno.
“Existen hoy por hoy, cuentachistes, standuperos que se sienten periodistas que tienen un lenguaje muy pobre y más bien, yo diría… pobrísimo, de extrema pobreza, y no hay nadie que les diga ‘hasta aquí es la libertad’”.
Sin embargo, López Obrador objetó la propuesta de instituir el premio “El chongo de la semana” o “El hulero de la semana”, con el argumento de que no hay ninguna necesidad de “rebajar” ni “vulgarizar” la mañanera.
En lo que sí coincidió con “Lord Molécula” es en que deben analizarse los múltiples ataques de la prensa hacia su gobierno.
“No, miren, esto, con todo respeto, no hay que rebajarlo. Vulgarizarlo. No. Es interesante como fenómeno, porque esto no había sucedido desde la Revolución… que los medios se lanzaran tan fuerte en contra del presidente”. Carlos Pozos | Foto @lordmolecula
Al no cuajar su primer planteamiento, “Lord Molécula” propuso entonces que los periodistas que asisten a la mañanera participen en la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, para exhibir a aquellos medios y comunicadores que publican información, análisis y artículos sensacionalistas.
Como ejemplo mostró al mandatario un ejemplar del diario Reforma del sábado último, cuyo encabezado decía: “Detona la crisis retiro de Afores”.
Y los reporteros independientes, dijo, buscan “un balance” en la información.
López Obrador le pidió a su interlocutor que le llevara el ejemplar porque a estas alturas, dijo, “la ceguera avanza”.
Al ver la nota principal, el mandatario respondió que esa portada es “producto de lo mismo, están muy enojados y ya no hallan qué hacer”. | Foto Gobierno de México
Corrupción en estados es superior a lo que imaginaba, López Obrador pide a gobernadores entrantes denunciar
/ EzEquiEl FlorEs
“Aunque sabía que había corrupción, me quedé corto; fue superior a lo que yo me imaginaba”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador y recomendó a los gobernadores electos hacer auditorías a los gobiernos salientes, presentar denuncias en caso de detectar presuntos delitos y no ser cómplices de cualquier acto de irregularidad.
“Entonces, si eso no se hace en los estados, si se sigue con lo mismo, dando contratos a los amigos y familiares porque ayudaron en la campaña porque entregaron moches, porque son del partido en el gobierno, no pues así no se sale adelante, no va a alcanzar el dinero”.
“Y si siguen con los lujos, aviones y helicópteros y maiceando, ahora que se cerró la llave aquí hay estados que la mantuvieron abierta para los periódicos nacionales, se siguen financiando pues eso es dinero del pueblo y por eso no alcanza”.
Exhortó a que se deslinden responsabilidades “sin afán de venganza”, sino para que la ciudadanía esté informada de cómo entregan, cómo está la situación de la deuda formal contratada no sólo con bancos sino con los proveedores y los sueldos de pago a trabajadores.
En la conferencia mañanera, el mandatario retomó el tema de la sucesión en los estados de la república y sugirió nuevamente en público a los nuevos mandatarios tener un informe completo para detectar irregularidades, denunciar ante la Fiscalía los presuntos delitos detectados y que sean las autoridades ministeriales las que deslinden responsabilidad.
“Pero queda constancia de que en su momento presentaron denuncias, porque si no es lo mismo y parte de la crisis actual es lo que se viene arrastrando de tiempo atrás, es necesario de que se hagan las evaluaciones”.
“Lo he dicho varias veces aquí para que no se vaya a malinterpretar, no debemos nada a los gobiernos estatales, puntualmente se les entrega sus participaciones federales, al contrario, ayudamos adelantando participaciones, con programas federales, pero también nosotros tenemos que cuidar nuestra administración para no endeudarnos, para tener finanzas públicas sanas, todos tenemos que hacer un esfuerzo, la clave está en no permitir la corrupción y en la austeridad”.
Luego, dijo que su administración adoptó esta fórmula y le ha dado resultados pero que estas medidas, “no les gusta a los corruptos” y “rateros”.
“A nosotros nos ha ayudado muchísimo para enfrentar la crisis, si hubiésemos seguido con el mismo tren de gastos estaríamos en ruina pidiendo dinero, contratando deuda y además deuda con intereses altos, sin tener liquidez, como íbamos a comprar las vacunas, tenemos en caja como 500 mil millones de pesos, aparte de las reservas del banco de México que han crecido 20 mil millones de dólares”.
Por ello, consideró que se requiere “honestidad” para gobernar porque era mucho el dinero que “se iba por el caño de la corrupción”.
Recordó que antes de llegar a la presidencia de la república, llevaba tiempo hablando del tema de la corrupción y escribiendo de que el principal problema de México era la corrupción y que nada había dañado más que la deshonestidad de los gobernantes.
“Cuando llegué y empecé a enterarme y hasta ahora, aunque sabía que había corrupción, me quedé corto, fue superior a lo que yo me imaginaba, lo que hicieron, lo que prevalecía en todo lo que se revise”.
Luego, mencionó que también hubo muchos rezagos, mucho saqueo porque “era normal robar”.
“Llegaban y tenían que saquear y robar y no había ningún problema porque el que entraba los protegía, era tapadera, pero ya llegó a su límite ya es una situación diferente. Es una recomendación buena que se hagan las cuentas”.
Por segunda semana se respetó tope al precio del gas
Ricardo Sheffield | Foto Gobierno de México El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, celebró la decisión gubernamental de poner un tope a los precios del gas LP, pues destacó que por segunda semana la mayoría de los distribuidores respetaron los precios máximos.
Esto, añadió, demuestra la “efectividad” de las medidas establecidas.
Al participar en la conferencia mañanera con la sección semanal “Quién es quién en los precios”, el funcionario comentó incluso que se vislumbra una tendencia a vender el combustible por debajo del precio tope.
A la fecha, la tarifa nacional, en promedio, para el gas estacionario es de 12.30 pesos por litro, mientras que por kilo en cilindro es de 22.89 pesos.
Sheffield informó también que la Profeco detectó una decena de permisionarios de gas estacionario con precios máximos, el mayor en Atizapán, donde vendieron el litro a 15.20 pesos; en contra, el más bajo se halló en Coacalco (9.93 pesos por litro).
En los cilindros, entre los más altos predominó un permisionario de Iztapalapa con 27.88 por kilo, lo que revela el nivel más alto de ganancia, contra uno en Guasave, Sinaloa, que lo vendió en 21.09 por kilo.
Además, la Profeco realizó mil 13 verificaciones en la semana del 7 al 13 de agosto e impuso dos sanciones, una por no respetar el precio máximo establecido por la Comisión Reguladora de Energía, de 22.04 pesos, y otra por no exhibir el precio máximo.
FGJCDMX investiga a Sí Vale México por presunto fraude de casi 600 mdp
/ Juan Omar FierrO
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investiga a la empresa Sí Vale México S.A de C.V, por un presunto fraude patrimonial en agravio de la compañía Consultoría Integral en Modelos de Asistencia (CIMA), provocando un daño en las finanzas de esa empresa por un monto cercano a los 600 millones de pesos, derivado de que Sí Vale habría incumplido con un contrato para que ambas compañías hicieran un negocio conjunto.
La denuncia de CIMA contra Sí Vale México fue presentada el 23 de diciembre del 2017 ante la Fiscalía Central de Investigación Estratégica de Delitos Financieros de la Fiscalía capitalina, por lo que podría estar próxima a judicializarse, estima el despacho Cárdenas-Cárdenas que representa a la parte afectada, de acuerdo con la carpeta de investigación CI-FMH/MH-2/ UI-1 S/D/01542/12-2017.
En la querella se imputa la autoría material e intelectual del fraude a dos directivos de Sí Vale México, Baptiste Laurent Heckenroth y Erik Vázquez Pedroza, aunque fuentes judiciales señalan que el primero de ellos ya habría salido del país.
Baptiste Laurent habría acudido a Francia para negociar una posible fusión de Sí Vale México con la compañía Sodexo, también dedicada a la emisión de vales, pero la operación no se concretó, por lo que se desconoce si piensa regresar al país.
La modalidad de fraude que se alega en la demanda es fraude en perjuicio o patrimonial, contemplado por el artículo 232 del Código Penal para la Ciudad de México, conducta delictiva que consiste en causar o provocar un perjuicio patrimonial a una persona moral o física por medio del engaño o aprovechando un error, delito que se sanciona con una pena que va de cuatro meses a dos años y medio de prisión, además de imponer a los responsables el pago de una multa de hasta 200 días de salario mínimo.
Proceso solicitó a Sí Vale México una postura sobre el tema, a través de sus representantes legales y de su oficina de relaciones públicas, pero la empresa explicó que por tratarse de “un proceso legal activo, no darían declaraciones al respecto”.
De acuerdo con la carpeta de investigación, a mediados del año 2016, directivos de la empresa CIMA establecieron comunicación con funcionarios de Sí Vale México, para proponerles un negocio conjunto en el que la empresa de servicios iba a aportar sus bases de datos, su callcenter y su experiencia en la venta de servicios de asistencia para vender planes funerarios y de protección médica familiar a los clientes cautivos de ambas empresas.
Los representantes legales de CIMA señalaron que, tras varias pláticas presenciales, llamadas telefónicas y el intercambio de comunicaciones electrónicas, Sí Vale envió a CIMA un correo electrónico fechado el 11 de agosto del año 2016 para comunicarles que habían sido elegidos para llevar a cabo el programa de Activación y de Inclusión de las tarjetas Sí Vale.
Por lo anterior, el 13 de septiembre de 2016, directivos de CIMA y Sí Vale acordaron el inicio de una relación comercial entre ambas empresas y la entrega de una participación porcentual a CIMA sobre los rendimientos que el nuevo proyecto iba a generar para la compañía de vales electrónicos y de papel.
El correo electrónico forma parte de las documentales públicas y privadas, que la parte demandante aportó como evidencia para el avance del proceso penal.
Sin embargo, en la denuncia que el despacho Cárdenas-Cárdenas presentó contra Sí Vale México a nombre de CIMA, se afirma que la empresa de entrega de prestaciones incumplió con el citado acuerdo luego de tener acceso a todos los conocimientos a los que la compañía de asistencia le había dado acceso.
“La persona moral Sí Vale, siempre le hizo creer CIMA, que tenían un acuerdo de relaciones comerciales y llevarían juntos la ejecución de todo el proyecto, para que CIMA les proporcionara el know how (esquema de negocios) de la operación e invirtiera en el mismo, para que al final del día, Sí Vale terminara con la relación comercial, pagándole a CIMA una cantidad de dinero menor a la que en verdad le correspondería, y se apropiara de todo lo trabajado por CIMA, incluyendo su know how (esquema de negocios)”, señala el documento.
No obstante, Sí Vale México, ya con todos los elementos que le había entregado su contraparte, continuó con el proyecto sin la participación de CIMA, “logrando obtener todas las ganancias y causándole un grave perjuicio patrimonial a la compañía de servicios”.
Por lo anterior, los representantes legales de CIMA presentaron una denuncia por fraude patrimonial en contra de Sí Vale México, explicando que como consecuencia del incumplimiento del acuerdo logrado entre partes, entre septiembre de 2016 y agosto del 2020, Consultoría Integral en Modelos de Asistencia (CIMA) habría dejado de percibir la cifra de 587 millones 573 mil 663 pesos.
El abogado Efraín Cárdenas agregó a julio del 2021, los prejuicios provocados a su cliente podrían superar los 600 millones de pesos, adeudo que Sí Vale México no ha hecho del conocimiento público de quienes en el pasado han manifestado algún tipo de interés en invertir, en la compañía especializada en la emisión de vales de despensa y de combustible, para otras empresas o para dependencias de gobierno que suelen otorgar dicha prestación a sus empleados.
El litigante explicó que los imputados han comparecido y han alegado que a CIMA se le pagó una parte del finiquito por el uso de su infraestructura, de sus bases de datos, de su call-center y sus conocimiento del esquema de negocios, pagos que a decir de los afectados, son diferentes a los daños provocados por el incumplimiento de los acuerdos para realizar un negocio conjunto. “Estamos ante el plagio de una idea o esquema de negocios a nivel industrial”.
De hecho, Sí Vale México presentó un dictamen para acreditar que esa empresa le pagó a CIMA la cantidad de 27 millones 795 mil pesos por concepto de terminación del convenio relativo al apoyo operativo, que la segunda compañía brindó a la primera para la ejecución del plan de negocios.
En respuesta a dicho dictamen, los representantes legales de CIMA señalaron que la presunta defraudación se dio en el momento en que la compañía especializada en venta de asistencia para poseedores de tarjetas, fue excluida del acuerdo para realizar un negocio conjunto que “era sumamente lucrativo”, acorde con el número de usuarios, clientes y/o tarjetas proyectadas.
Por lo anterior, sostiene la afectada “evidentemente existe una cantidad mucho mayor a la pagada, (que se adeuda) a la parte ofendida por concepto de terminación de la relación comercial”.
“Es decir, contrario a que el dictamen de referencia desvirtúe los hechos materia de la presente investigación, lo cierto es que dicho dictamen, robustece el hecho de que el proyecto materia de la investigación, sí era sumamente lucrativo, y por ende le han causado a CIMA un perjuicio patrimonial mucho mayor que lo que se le ha pagado por concepto del convenio de terminación de relación comercial correspondiente”, señala uno de lo escritos que obra en la carpeta de investigación de la Fiscalía capitalina.
Por lo anterior, los abogados de CIMA solicitaron a la Fiscalía capitalina continuar con esta línea de investigación y programar la “audiencia inicial de imputación y vinculación a proceso de los señores BAPTISTE LAURENT HECKENROTH, ERICK VÁZQUEZ PEDROZA y la persona moral denominada SÍ VALE MÉXICO, S.A de C.V”, por el delito de defraudación en la modalidad de daño patrimonial, de acuerdo a los documentos a los que Proceso tuvo acceso.
Chocan policías y manifestantes en alrededores del Ángel de la Independencia; hay tres lesionadas
/ sara PantoJa
Una manifestación violenta de mujeres encapuchadas provocó un choque con policías del agrupamiento Ateneas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en los alrededores de la columna del Ángel de la Independencia, que dejó como saldo tres personas lesionadas. No hubo detenidos.
La manifestación fue convocada por el colectivo Negras como la Obsidiana, para conmemorar los dos años de la intervención de la llamada Columna de la Independencia, cuando se exigió un “alto a la criminalización de protesta, justicia por todas las desaparecidas y perseguidas por el Estado”.
Las participantes empezaron a concentrarse alrededor de las 15 horas en la explanada del Monumento a la Revolución. El contingente avanzó sobre el Paseo de la Reforma y al llegar a la glorieta de la Victoria Alada intentaron derribar las vallas metálicas que protegen el monumento, con martillos, tubos metálicos y cohetones.
Para evitarlo, decenas de mujeres policías del agrupamiento Ateneas se interpusieron entre las vallas y las manifestantes, y así empezó la agresión.
De acuerdo con la SSC, una mujer policía de la SSC resultó con fractura de tobillo derecho, mientras que una observadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México sufrió una lesión en el ojo derecho, presuntamente por un artefacto explosivo. La tercera persona lesionada fue una participante en la protesta.
Las manifestantes dañaron con pintas y golpes, mobiliario urbano y algunos escudos y cascos de las uniformadas.
A su paso por Reforma, decenas de comercios bajaron sus cortinas y cerraron sus puertas por temor a posibles agresiones, en tanto que el servicio de la Línea 7 del Metrobús suspendió su servicio mientras se desarrollaba la protesta.
MARTES 17 DE AGOSTO DE 2021
7 Postergan otros 60 días audiencia de García Luna y presentan más pruebas
/ J. Jesús esquiVel
Foto Gobierno Federal Los fiscales federales y la defensa legal de Genaro García Luna solicitaron a la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, otra prórroga de 60 días para celebrar la audiencia de preparación de juicio programada para este 25 de agosto.
El juez Cogan aceptó la prórroga de dos meses para la audiencia de preparación de juicio y dictaminó que esta se lleve a cabo el 26 de octubre de este año a las 9:30 de la mañana.
Previo al aplazamiento, en una carta enviada al juez federal Brian Cogan, las partes anotan que además de retrasar otros dos meses la sesión, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha recolectado otras 13 mil páginas de evidencias en contra de García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México.
“Las partes acuerdan que un atraso excusable es apropiado con base en las designaciones previas emitidas por la Corte debido a la complejidad de este asunto”, se lee en la misiva sobre el caso de García Luna, acusado de narcotráfico y de mentir a una entidad federal en Estados Unidos.
Los fiscales por su parte le hacen notas al juez que ya cuentan en su haber con más de un millón de páginas que conforman el expediente de cargos contra quien fuera, asesor, confidente, mano derecha y arquitecto de la lucha miliFelipe Calderón y Genaro García Luna, en la Ceremonia de Ascensos y Reconocimientos de la Policía Federal, 8 de septiembre de 2008
tarizada contra el narco de Felipe Calderón Hinojosa.
También, se destaca en la carta; “el gobierno (estadunidense) continúa esperando respuesta a las solicitudes de evidencias a gobiernos extranjeros por medio del Acuerdo Asistencia Legal Mutua, por medio de la cual ya ha sido acreedor de pruebas”, resaltan los fiscales.
De ser concedida la nueva petición de atraso, de lo cual no tendrá inconveniente Cogan, la audiencia de preparación de juicio contra García Luna se estaría realizando en la Corte Federal de Brooklyn, hasta finales de octubre de este año.
“A la fecha el gobierno ha presentado más de un millón de páginas de evidencias y voluminosas comunicaciones interceptadas y grabadas (el acusado) … esperando entregar en las próximas semanas una nueva producción de evidencias”, adelantan los fiscales en el caso criminal.
Tanto la defensa como la parte acusadora de García Luna acotan que las postergaciones del proceso emanan no sólo de la complejidad de este, ya que la pandemia de covid-19 ha complicado las reuniones en persona entre el exfuncionario mexicano y su abogado, César de Castro.
Con copia al defensor de oficio de García Luna, la misiva está firmada por los fiscales Jacquelyn Kasulis, Ryan Harris, Hiral Mehta, Philip Pilmar y Maritou Diouf.
/ Juan Carlos Cruz Vargas
El pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso una multa de 903 millones 479 mil pesos e inhabilitó a 10 directivos de diferentes empresas de medicamentos que realizaron prácticas monopólicas absolutas, provocando un daño al bolsillo de los mexicanos de dos mil 359 millones de pesos
Por coadyuvar en la ejecución de dichas conductas, fueron multadas la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana (Diprofar) y una persona física, informó mediante un comunicado, el organismo encabezado por Alejandra Palacios Prieto.
En el expediente I0-001-2016 se acredita que los agentes económicos sancionados, realizaron acuerdos para restringir el abasto, así como conductas para fijar, manipular e incrementar el precio de los medicamentos, las cuales fueron materializadas bajo los siguientes esquemas:
Días de descanso: Consistió en un acuerdo entre Almacén de Drogas, Casa Saba, Fanasa, Marzam y Nadro, con la coadyuvancia de la Diprofar, para no distribuir medicamentos en el territorio nacional durante los días de descanso obligatorio previstos en la Ley Federal del Trabajo, así como los días Viernes Santo y Día de muertos.
Mediante esta conducta los distribuidores se coludieron para evitar que alguno de ellos, competidores entre sí, abasteciera a las farmacias en los días no laborables. La práctica se llevó a cabo durante un periodo de casi 10 años, de junio de 2006 a finales de diciembre del 2016.
Comité de crédito: Almacén de Drogas, Casa Saba, Fanasa, Marzam y Nadro se coludieron para no distribuir o comercializar sino solamente una cantidad restringida o limitada de medicamentos a determinadas farmacias, según sus cuentas por pagar a las distribuidoras. Esta conducta se realizó, al menos, entre enero de 2008 y diciembre de 2016.
“Las dos conductas anteriores, cada una sancionada de manera independiente, restringieron el abasto a las farmacias y perturbaron las condiciones de disponibilidad, acceso y compra de medicamentos en perjuicio de los consumidores”, reveló la Cofece.
Otra práctica es la de “Descuentos limitados”, la cual consiste en que los distribuidores compiten por los clientes (farmacias) a través de los descuentos sobre el precio farmacia, el cual es sugerido por el fabricante o laboratorio.
Es decir, entre mayor sea el descuento ofrecido a las farmacias mayor es la probabilidad de obtener más clientes y, por lo tanto, alcanzar una mayor participación de mercado.
Sin embargo, Almacén de Drogas, Casa Saba, Fanasa, Marzam y Nadro se coludieron para homologar una lista de productos respecto de los cuales establecieron un monto máximo de descuentos (descuentos limitados) que debía ser observados por todos estos agentes.
Por su parte, la Diprofar recibía las listas proporcionadas por cada uno de los distribuidores para posteriormente integrarlas y enviarlas para su cotejo y observaciones. Esto evitó que los distribuidores compitieran por los clientes
Cofece multa por 903 mdp a farmacéuticas y 10 directivos por prácticas monopólicas
(farmacias) descuentos ofrecidos sobre el precio farmacia.
Un esquema más consiste en la llamada “Conducta 3.66” en la que participaron Almacén de Drogas, Casa Saba, Fanasa, Marzam y Nadro para incrementar de manera coordinada el precio farmacia de diversos medicamentos en 3.66%. Esta conducta se efectuó de febrero de 2011 a agosto de 2013.
Y una última práctica que detectó la Cofece es la “Conducta cuadrantes”, donde directivos de Marzam, Nadro, Fanasa y Casa Saba ejecutaron un mecanismo que permitió a los distribuidores coludirse para homologar de forma escalonada los precios de venta de los medicamentos a las farmacias, para mejorar su margen de ganancia de forma coordinada y sin perder participación de mercado.
El propósito de esta conducta fue evitar que los clientes minoristas advirtieran de manera inmediata el incremento coordinado de precios de los medicamentos vendidos por los distribuidores.
“Estas tres últimas conductas señaladas fueron parte de una sola práctica monopólica cuyo objeto fue ir perfeccionando el objetivo de fijar, elevar, concertar o manipular los precios de diversos medicamentos distribuidos en el territorio nacional”, abundó el organismo antimonopolios.
Todas estas conductas incidieron en la distribución (venta de distribuidores a los minoristas, como farmacias) y comercialización de los medicamentos (venta al público), imponiendo ilegalmente sobre el canal minorista restricciones de abasto, así como incrementos y manipulaciones a los precios de dichos productos.
De acuerdo con la Cofece, lo anterior generó un daño a las familias mexicanas, particularmente a las de menores ingresos, quienes gastan aproximadamente 24 mil millones de pesos en la compra de medicamentos recetados, medicamentos sin receta y material de curación.
Estas multas son las máximas que se pueden imponer en función de la capacidad económica de los sancionados y la ley de competencia vigente al momento de la realización de las conductas.
Además, 10 de las personas físicas que actuaron en nombre y/o representación de algunas de las empresas sancionadas, durante la vigencia de la actual LFCE, fueron inhabilitadas para ejercer como consejeros, administradores, directores, gerentes, directivos, ejecutivos, agentes, representantes o apoderados de dichas empresas, en plazos que van de los seis meses a los cuatro años.
Al analizar el dolo, la intencionalidad y el tiempo que cada persona participó en esta conducta que afectó gravemente un mercado que es particularmente sensible para las familias, el pleno de la Cofece determinó imponer por primera vez este tipo de sanción, que fue incorporada a la ley de competencia en 2014, la cual, en términos del marco jurídico, debe ejecutarse inmediatamente aun cuando existan amparos por resolverse.
Necesario, aplicar perspectiva de género en casos de legítima defensa
Cuando una mujer que es víctima de violencia de género mata a su agresor para salvar su vida, se considera que su reacción es “irracional” o se espera que se quedé inerte frente a violencia que recibe, estos estereotipos de género en el razonamiento de los funcionarios públicos las aleja del acceso a la justicia.
“No podemos esperar que las mujeres nos quedemos recibiendo la agresión sin responder”, dijo en entrevista la vicepresidenta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), también conocido como el CEVI, Marcela Huaita Alegre.
Cimacnoticias consultó a la experta del CEVI para hablar del abordaje que deben tener las autoridades de los casos de legítima defensa en contextos de violencia de género, a propósito de historias como la de Roxana, una joven de 21 años que lleva tres meses en prisión preventiva en el Estado de México por matar al hombre que ella asegura la violó. Roxana ha sido juzgada sin poder aportar pruebas de la agresión que vivió.
En 2019, el CEVI publicó su primera recomendación acerca de un fenómeno que notaban generalizado en los países parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA): el encarcelamiento de mujeres víctimas de violencia que terminan con la vida o le provocan una lesión a sus agresores.
Por ello, el mensaje de la recomendación nombrada “Legítima defensa y violencia contra las mujeres”, es que los países firmantes de la Convención Belém Do Pará -entre ellos México- comprendan que “la reacción de las mujeres víctimas de violencia frente a sus agresores no puede ser medida por los mismos estándares tradicionalmente utilizados en los casos de legítima defensa”, señaló la también abogada. CEVI publicó su primera recomendación sobre el encarcelamiento de mujeres víctimas de violencia que terminan con la vida o le provocan una lesión a sus agresores
Se trata de casos que ocurren en un contexto generalizado de violencia contra las mujeres. En América Latina las cifras del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, indican que 4 mil 640 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2019; el mismo año, en lo que respecta a México, la ONU calculaba que en promedio 10 mujeres fueron asesinadas a diario.
Como explicó Huaita Alegre, la legítima defensa es referida en los códigos penales de los países como “el derecho a responder frente a una agresión”, pero cuando las mujeres se defienden de sus agresores se tiende a procesarlas penalmente por el delito de homicidio o de lesiones en sus distintos tipos, a pesar de haber actuado para evitar engrosar las cifras de feminicidio.
Son, en reflexión de la vicepresidenta del CEVI, los estereotipos de género en los razonamientos y actuaciones de los funcionarios públicos los que alejan del acceso a la justicia a las mujeres que se defienden de forma legítima de sus agresores.
Se piensa comúnmente “que las mujeres somos víctimas y que no tenemos capacidades de reacción”, o bien, que al no aceptar pasivamente la violencia son “malas mujeres” que actuaron de manera premeditada para dañar. Es decir, faltan o incumplen los roles de género que se les han asignado históricamente.
La abogada fue contundente al señalar que estos estereotipos de género deben erradicarse de todo el aparato de administración de justicia; desde el cuerpo policiaco que atiende las denuncias y recoge las pruebas, hasta los jueces que resuelven los casos: “Debemos aproximarnos en el análisis de todo el proceso sin estereotipos de género y adoptando este enfoque de género que nos va a permitir comprender de mejor manera cómo la legítima defensa es una figura importante para ejercer justicia frente a mujeres víctimas de violencia”.
México no sólo está comprometido en atender las recomendaciones del CEVI por ser uno de los Estados parte de la Convención Belém Do Pará, se han hecho otros señalamientos a nivel interno. En 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un amparo (6181/2016) de una mujer que mató a su agresor pero no se tomó en cuenta al momento de procesarla penalmente que vivió violencia familiar.
La Corte señaló que en los juicios de este tipo, las y los jueces deben tomar en cuenta la situación de violencia familiar en la que se encontraban las mujeres, es decir, deben juzgarse con perspectiva de género.
“El cambio de mentalidad de las personas que operan estas normas es todavía un reto pendiente”, dijo al respecto la vicepresidenta del CEVI y agregó que en la región se han establecido marcos normativos y políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres, pero la preparación de los recursos humanos es fundamental para su aplicación.
Legítima defensa
En la recomendación general el CEVI definen los requisitos que configuran la legítima defensa, el primero es que exista una “agresión ilegítima”, en estos casos se trata de la violencia contra las mujeres, que se encuentra definida y sancionada en la Convención de Belem Do Pará desde su entrada en vigor en 1995.
Pero no todas las víctimas responden de la misma forma a la violencia. La abogada Marcela Huaita refiere casos en los que las mujeres se defienden en el momento exacto de la agresión, hay otras, que actúan cuando ven una oportunidad, esto ocurre sobre todo en contextos de violencia familiar donde la víctima vive en constante temor y tensión de recibir una agresión. Estas situaciones deben ser analizadas por las personas juzgadoras. “Muchas veces solamente ellas pueden saber cuál es la dimensión de esta violencia o están sometidas a una situación de estrés muy grande”.
Otros elementos que incorporan las expertas en su recomendación es acerca de la “desproporción” de la respuesta defensiva de las mujeres, recuerdan que obedece al miedo de la mujer a que de no ser eficaz el medio que usan para defenderse el agresor pueda terminar con su vidas.
Las expertas hacen hincapié que los casos de legítima defensa no sólo ocurren en los contextos de las relaciones de pareja, también deben considerarse en el ámbito comunitario, escolar, laboral, político y en el noviazgo.
De acuerdo con la información que brindó la vicepresidenta del CEVI, el próximo año a través de informes que piden a los Estados firmantes de la Convención de Belém Do Pará, realizarán una evaluación de la aplicación de este instrumento y las recomendaciones que han emitido como la de legítima defensa, entre ellos México tendrá que dar información.
En el país no hay datos oficiales de las víctimas que, al igual que Roxana, actuaron en legítima defensa para librarse de un feminicidio y enfrentan un proceso penal en su contra. Lo que se tiene son casos dados a conocer por organizaciones civiles o registro en los medios de comunicación de mujeres detenidas.
Hazel zamora mendieta | CimaCnotiCias
Menoscabar autonomía de organismos garantes afecta los derechos humanos: INAI
Los derechos humanos no sólo pueden formar parte de la agenda de un gobierno y tampoco se podrían retirar de un día para otro: Blanca Lilia Ibarra Cadena
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Cualquier medida que menoscabe la autonomía constitucional de los organismos garantes sería regresiva y afectaría el estándar de protección de los derechos humanos, afirmó la Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena.
“Cualquier medida que menoscabe el avance del marco normativo que ha dado el avance de los derechos humanos que se tutelan es un golpe para la sociedad; el derecho a saber le pertenece a la gente, los derechos humanos no sólo pueden formar parte de la agenda de un gobierno y tampoco se podrían retirar
La comisionada presidenta del INAI consideró necesario fortalecer el marco institucional y la autonomía de los organismos garantes de derechos humanos de un día para otro, esto es una conquista ciudadana”.
Al participar en la Semana de Transparencia en Puebla, Ibarra Cadena consideró necesario fortalecer el marco institucional y la autonomía en el corto y mediano plazo como uno de los principales retos vinculados a la independencia y los recursos suficientes para continuar siendo de utilidad para la sociedad.
“Hay que avanzar no solamente dentro del ámbito que corresponde a las autoridades, sino también a una mayor socialización del derecho de acceso a la información en otras audiencias, en otros círculos, creo que ese es un reto fundamental y en esto debemos trabajar de manera coordinada, de manera estrecha, en cómo hacer útiles estos derechos”.
La información que resguarda la autoridad tiene un valor instrumental, tanto para el escrutinio ciudadano de la gestión pública, como para que la población ejerza plenamente sus derechos, por ello, se debe seguir apostando por una mayor difusión del derecho a saber de las personas.
La Comisionada Presidenta del INAI destacó la necesidad de revisar las leyes en materia de protección de datos personales, para fortalecer el marco normativo, con una visión autocrítica sobre el trabajo desarrollado por los organismos garantes y lograr mejorar la socialización de este derecho.
“México también es parte de diversos instrumentos internacionales como el Acuerdo de Escazú, el Convenio 108 o el mismo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que por un lado reconoce los derechos de acceso a la información y protección de datos y por otro establece la necesidad de contar con autoridades independientes imparciales y, desde luego, autónomas para garantizarlos”.
Juan Francisco Escobedo, director de Seguimiento de Cumplimientos del INAI, expuso que el derecho humano a saber se encuentra indisolublemente ligado con la democracia, el escrutinio y con los ejercicios de la rendición de cuentas, sin embargo, se ha “pasado de la necesidad de contar con información documentada, confirmada, veraz, oportuna que proporcione la autoridad y los poderes públicos a un esquema de manipulación y de simulación”.
Jaime Fernando Cárdenas García, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que la transparencia y acceso a la información deben contemplarse desde una perspectiva global, considerando que “los grandes fenómenos de corrupción surgen en distintas partes del mundo y tienen incidencia en nuestro país”.
