MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021
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Los 43 “murieron al ser incinerados en el basurero de Cocula”: Juan Miguel Pantoja Miranda, El Pajarraco Foto LJA “Ya no los busquen porque todos murieron al ser incinerados en el basurero de Cocula”, declaró Juan Miguel Pantoja Miranda, El Pajarraco, presunto involucrado en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. De acuerdo con documentos en poder del diario Milenio, desde su detención, en 2018, Pantoja Miranda ofreció detalles de lo ocurrido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. El Pajarraco fue buscado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) durante casi cuatro años; fue detenido en 2018, pero un juez ordenó su liberación. En una entrevista por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Pantoja Miranda dio detalles de lo sucedido a los estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. El testimonio no tuvo valor judicial. Los documentos verificados por Milenio precisan que dos días después de su detención, El Pajarraco dijo que deseaba declarar todo lo que sabía para descargar su conciencia. “Ya no los busquen porque todos murieron al ser incinerados en el basurero de Cocula”, recalcó Juan Miguel Pantoja Miranda a los entrevistadores de la CNDH, el 30 de agosto de 2018, mientras se encontraba internado en el penal federal 14 de Gómez Palacio, Durango. Según el acta circunstanciada de la CNDH, en poder del diario, El Pajarraco
contó que su trabajo en Guerreros Unidos era cuidar del pueblo, avisando por teléfono a dos de sus integrantes cuando entraba gente extraña o autoridades. El 26 de septiembre de 2014, aproximadamente a las 22 horas, estaba en su domicilio preparándose para ir a la fiesta de celebración del Grito de Independencia y le llamó uno de los miembros de Guerreros Unidos, quien le dijo: “vente porque están atacando la cuna”. Tomó su motocicleta y aproximadamente a las 22:10 llegó a Cocula, al domicilio en el que lo citaron, donde ya estaban seis miembros de Guerreros Unidos, con quienes se subió a una camioneta Nissan Estaquitas blanca, propiedad de uno de ellos, y se dirigieron a Iguala, pero no llegaron hasta allá, pues a la mitad del pueblo de Metlapa, aproximadamente a las 22:50, se encontraron con la camioneta blanca de tres y media toneladas con redila en la que llevaban a los estudiantes, misma que iba escoltada por dos camionetas de la policía. En la narración de los hechos, de acuerdo con el informe que tiene Milenio, Pantoja Miranda recordó que a su grupo le pidieron apoyo para vigilar que los estudiantes no se fueran a levantar y escapar. Sostuvo que todos iban amontonados uno sobre otro y “gritaban muy feo” que se estaban ahogando y que eran estudiantes; escuchó unos ocho disparos en ese trayecto rumbo al basurero de Cocula y aseguró que vio a dos de los miembros de Guerreros Unidos accionar sus armas contra los normalistas.
Lydia Cacho solicita a la SCJN atraer su caso de tortura / Gloria Leticia Díaz Desde el sitio donde se encuentra refugiada, fuera de México, la periodista Lydia Cacho llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a atraer su caso por tortura, luego de que en julio pasado un tribunal colegiado exoneró al empresario Kamel Nacif de haber participado en la detención, traslado y actos de tortura contra la periodista. En un video subido a su cuenta de Twitter, Cacho resalta que es la segunda ocasión durante este sexenio, que llama a la SCJN a analizar su expediente, “ante la evidente corrupción de los tribunales que han liberado al pederasta y torturador Kamel Nacif Borge”. Dirigido en especial a la presidenta de la Primera Sala, Margarita Ríos-Farjart, Cacho expuso que su llamado de atracción es el de “miles de víctimas de trata, de explotación y tortura”. Tras llamar al máximo órgano de justicia del país a pronunciarse “contra la trata de niñas y la tortura”, la periodista recordó que ha litigado durante 16 años para demostrar la conjura en su contra, por la publicación del libro Los Demonios del Edén. Insistió en que durante estos años ha dado “la batalla contra la corrupción del Estado mexicano, por un acto de tortura contra una periodista” dedicada a la cobertura de las redes de trata de niñas, trama en la que estaría involucrado Nacif Borge.
En julio, el Tercer Tribunal Colegiado en el Estado de Quintana Roo determinó que los hechos de secuestro y tortura de Lydia Cacho, ocurridos entre el 16 y 17 de diciembre de 2005, no estuvieron relacionados con la publicación de su libro, ni con Nacif. En la sentencia, que pone a otros involucrados a punto de ser liberados como el ex gobernador de Puebla, Mario Marín, se determinó que “no ha prueba fehaciente” de que existiera una orden para torturar a la periodista por la publicación del libro. La resolución determinó que los tormentos sufridos fueron responsabilidad de los policías de Puebla que la detuvieron, y que la referencias a la “vieja cabrona” en la conversación telefónica entre Marín y Nacif, dada a conocer en 2006, no se refiere a Cacho, por no hacerse mención explícita a su nombre. Tras la resolución, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) notificó a Líbano, donde fue detenido Nacif, que puede ser liberado al quedar sin efectos la orden de aprehensión contra él en México. Ante la exculpación de Camel Nacif, Cacho y sus abogados, que forman parte de la organización internacional de defensa de la libertad de expresión Artículo 19, solicitaron la atracción de la SCJN, en tanto que presentaron una queja ante el Consejo de la Judicatura de la Federación (CJF) contra la magistrada ponente de la sentencia que liberó a Nacif, Selina Avante.
Mientras avanzaban, añadió, uno de los miembros de Guerreros Unidos marcó con pintura negra en aerosol a uno de los estudiantes con una X en la espalda y dijo: “a éste lo conocemos y lo quiere el jefe”. Llegaron al basurero de Cocula aproximadamente a la una de la madrugada del 27 de septiembre y ahí ya estaba la Nissan Estaquitas blanca. Esperaron, hasta que a la 1:10 o 1:15 otro miembro de Guerreros Unidos “llegó con su gente”, aproximadamente 15 personas con armas largas, quienes “se hicieron cargo de los estudiantes”. En ese lugar, aseguró, mataron e incineraron a los estudiantes. Según el relato de El Pajarraco, el fuego intenso duró de las 3:00 a las 10 horas y con menor intensidad hasta las 15 horas. Y aclaró que, como la noche del 27 de septiembre llovió con intensidad, regresaron al basurero de Cocula hasta
el 28. Volvió con otros cinco miembros de Guerreros Unidos para recolectar las cenizas y encontraron puro lodo, lo recogieron con palas, lo depositaron en ocho bolsas negras de plástico, que pesaban aproximadamente 50 kilos cada una, y entre dos las sacaron cargando del fondo del basurero y las subieron a la camioneta Nissan Estaquitas. De ahí se dirigieron a la colonia Vicente y luego al puente del río San Juan, donde estacionaron de reversa la camioneta y lanzaron las ocho bolsas al río, pensando que serían arrastradas por la corriente. ‘El Pajarraco’ aseguró a la CNDH que estaba dispuesto a declarar ante las autoridades, incluso planteó que esperaba “que se le juzgue como partícipe o cómplice, pero no como autor material o intelectual”. Asimismo, manifestó que solicitaría a la autoridad ante la que rindiera su declaración, que le garantizara la seguridad y la integridad física de su hija, de su madre y sus hermanos, porque sabía que una vez que hablara, la integridad física y la vida de sus familiares corría peligro. Pantoja Mirando decidió declarar porque, sostuvo, desde que participó en este evento no podía dormir bien, tenía pesadillas y no podía vivir tranquilo. El 12 de septiembre de 2018, dos semanas después de su captura, un juez otorgó la libertad a Juan Miguel por falta de elementos. Determinó que su detención fue ilegal y de manera prolongada, además de que supuestamente se acreditaron actos de coerción, como tortura o maltrato.
Un “diálogo para integrar” una ruta legislativa conjunta, ofrece Evelyn Salgado a perredistas / Ezequiel Flores El exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre, vinculado con el caso Ayotzinapa, sostuvo un encuentro esta mañana con la mandataria electa de la entidad, Evelyn Salgado Pineda, para integrar una ruta legislativa con diputados locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD). En redes sociales, Aguirre y Salgado difundieron fotografías y mensajes escuetos sobre el encuentro con los aguirristas que apoyaron al excandidato a la gubernatura de la alianza PRI-PRD, Mario Moreno Arcos. De acuerdo con la gobernadora electa, la reunión con Aguirre y su grupo de diputados locales se trató de “un diálogo para integrar” una ruta legislativa conjunta. “Con diálogo y unidad, ¡La esperanza está presente en Guerrero!”, apuntó la autonombrada Torita. El exgobernador Aguirre, defenestrado tras la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, publicó una sola imagen donde aparece junto a Salgado Pineda. “Hoy desayuné con nuestra gobernadora electa, maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda, con quien hicimos gratas remembranzas de nuestro andar por la política. Recordamos cuando declinó a ocupar la Secretaría de la Juventud en mi gobierno, y aceptó la delegación de la Mujer en Acapulco, para poder atender sus obliga-
ciones de madre, lo cual habla muy bien de los valores que le inculcaron”, precisó. Posteriormente, el exmandatario señaló que Evelyn Salgado asumió el compromiso de “gobernar en la pluralidad política”. “Conoce muy bien el tamaño de los retos que habrá de enfrentar en nuestro estado”, dijo Aguirre, y señaló que la gobernadora electa se comprometió a aplicar programas del aguirrismo. “Evelyn me manifestó su compromiso de rescatar el programa de ‘Uniformes escolares gratuitos’, así como el programa ‘Transformemos Nuestro Entorno’, que implementará y coordinará mi esposa Laura del Rocío a través del DIF estatal. Lo celebro en verdad”, apuntó. En la reunión estuvieron presentes diputados locales del PRD como Bernardo Ortega Jiménez, presuntamente hermano de los líderes del grupo delictivo Los Ardillos, según el gobierno federal, así como Elsy Camacho Pineda, hija del exalcalde de Coyuca de Catalán y exlegislador local Elí Camacho Goicoechea, ejecutado en mayo de 2017 en la región de Tierra Caliente. También acudió Carlos Reyes Torres, exalcalde de La Unión y tres veces diputado local por el PRD, quien junto a su hermano Crescencio fue vinculado con el narco por el líder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez La Tuta.
