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aPRO / alejandRO GutiéRRez
ConViCCiones El presidente y su hijo no ofrecen pruebas, uno insulta y el otro calla
Rubén AguilAR VAlenzuelA
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Pasan los días, ya van más de quince, y el hijo del presidente José Ramón López Beltrán, el dueño de la casa donde éste vivió en Houston, funcionario de la empresa petrolera Baker Hughes, y el presidente López Obrador no ofrecen información, para responder a las preguntas que plantea la investigación de Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En sentido contrario se acumulan datos, entre ellos la investigación que exigen accionistas de la empresa sobre el comportamiento de sus directivos, que confirmarían que el hijo del presidente sí participó en una operación de intermediación entre Baker Hughes y Pemex. A cambio, entre otras cosas, recibió de manera gratuita la lujosa casa donde vivió en Houston en compañía de su esposa.
La no respuesta de los implicados e interesados tiende a confirmar que sí hubo conflicto de interés y tráfico de influencias por parte del hijo mayor del presidente. No es sólo que éste y su esposa vivían en condiciones de lujo, lejos de la austeridad que proclama el presidente, sino que estaría implicado en un delito.
El presidente no responde con datos, no desmiente con información sólida a Latinus y MCCI. Están ahí las pruebas contundentes como resultado de la investigación. Es imposible negarlas. La casa con alberca, cine, jardín y múltiples cuartos está a la vista de todos. Lo que no se muestra es el contrato de la renta. ¿Será porque no existe?
Con su actitud da la impresión de que el presidente está fuera de sí. La investigación prueba, mientras no se demuestre lo contrario, un evidente acto de corrupción del hijo del presidente, de Pemex y de Baker Hughes. Cuestiona de fondo, desde el círculo más cercano del presidente, el que en este gobierno no exista corrupción. No es así.
La defensa del presidente no es ofrecer pruebas que respondan a la investigación. Recurre al insulto, a la agresión, al uso del poder del Estado, para agredir a los investigadores. Ha llegado a niveles nunca antes alcanzados por parte del poder presidencial. En su ataque despiadado, violenta a la Constitución y a un conjunto de leyes que garantizan la confidencialidad de los datos personales. El presidente está fuera de control. Actúa guiado por el coraje y el deseo de venganza. La razón quedó atrás.
En todo caso la inocencia de su hijo, de Pemex y de Baker Hughes no se va a probar por la vía de los insultos, de la descalificación de una investigación sólida y rigurosa. Una que muestra pruebas que son palpables y están al alcance de todos. La única manera de demostrar que no hay conflicto de interés y tráfico de influencias es presentar documentos, pruebas sólidas.
Los beneficios de contratos millonarios y ajuste al alza de otros más de parte de Pemex a Baker Hughes, mientras el hijo del presidente y su esposa vivían en Houston, se presta a dudas fundadas que requieren respuestas. Latinus y MCCI han hecho un gran servicio al país con su investigación. Y el presidente con su reacción se ha hecho un gran daño y también al país y a la democracia. El caso no está cerrado, seguirá en los medios, aunque el presidente haga todo lo posible para que no sea así. En este caso las cortinas de humo no van a funcionar.
Con dejo a fractura, la “pausa” que López Obrador pretende con España
/ AlejAndro Gutiérrez
Ignacio Sánchez Galán, proclamó desde Londres que la empresa “es más mexicana y más británica” que española. El pronunciamiento ocurrió en una sesión del consejo de la compañía que decidió realizarla en la capital británica, como un desplante al gobierno español del entonces presidente Mariano Rajoy, que intentaba imponer un ajuste al elevado costo de la energía.
Como presidente de la compañía más poderosa del inamovible oligopolio eléctrico español, Sánchez Galán también aprovechó el momento para felicitar al gobierno de Enrique Peña Nieto por la reforma energética que emprendía en aquella época, y adelantó que su compañía no iba a “escatimar recursos de inversión” en México.
Han transcurrido ocho años de aquella proclamación de mexicanidad del ejecutivo de la compañía española que hoy está en el centro de la peor crisis que en años recientes viven las relaciones entre México y España.
De una relación bilateral considerada “estratégica”, el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora plantea “hacer una pausa” con el gobierno español hasta el final del sexenio.
La diatriba del mandatario mexicano tiene como telón de fondo la reforma eléctrica que se discute en el Poder Legislativo, iniciativa que tiene el propósito de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y limitar la inversión extranjera (hasta 46%).
La dedicatoria de la propuesta tiene como destinatario especial a Iberdrola, la mayor generadora privada de electricidad en México, que cubre más de 16% de la electricidad, la mayor parte de la cual vende a la empresa productiva del Estado.
Los años de gloria de Iberdrola en México se iniciaron con la llegada de Vicente Fox a la Presidencia y alcanzaron su cenit en el sexenio de Felipe Calderón –al que luego convirtieron en empleado–, aunque tampoco le fue mal con Peña Nieto.
En 2012 Peña Nieto y sus principales colaboradores, como Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda, y Emilio Lozoya, director de Pemex, inicialmente tenían reticencias con Iberdrola porque la identificaban con el PAN, según confirmó una fuente diplomática a este reportero.
Sin embargo, durante el gobierno del mexiquense la compañía construyó para la CFE cuatro plantas de ciclo combinado: Noreste, en Escobedo; Noroeste, Topolobampo II y III, en Ahome, Sinaloa, y El Carmen, en Nuevo León.
Además de dos de cogeneración en Altamira y San Juan del Río; cuatro instalaciones de renovables eólicas en Puebla y Guanajuato, y dos de energía fotovoltaica en Sonora y San Luis Potosí.
Pero todo terminó con la llegada de López Obrador a la Presidencia, por más que la compañía prometía invertir 5 mil millones de euros en México. Además, en diciembre último Iberdrola demandó ante un tribunal internacional a la CFE por el bloqueo de la autorización para operar comercialmente la planta Topolobampo III, publicó el diario Expansión.
Por otro lado, la Comisión Reguladora de la Energía abrió un expediente sancionador contra Iberdrola por la presunta venta irregular de electricidad al crear un mercado paralelo en la planta Dulces Nombres, en Monterrey.
López Obrador acusó a Iberdrola de hacer en México “una política de influyentismo” y “beneficiarse de las ‘puertas giratorias’”, es decir, el trasiego de funcionarios a las grandes empresas o viceversa, y que muestran “lo difusa que es la línea que separa al poder político del poder económico”, como la define el Observatorio de Multinacionales en América Latina.
“Iberdrola se convirtió en una especie de monopolio en México y recibió muchos privilegios. Nos han ofendido a los mexicanos.”
En España la compañía lidera el oligopolio eléctrico junto con Naturgy (antes Gas Natural-Fenosa), Endesa (compañía privatizada hoy en manos de Enel, la empresa controlada por el Estado italiano) y EDP España (filial de la portuguesa EDP, Energías de Portugal).
En 2020, EDP creció con la compra de la compañía cántabra Vieso, por 2 mil 700 millones de euros.
Estas compañías adquirieron un enorme poder desde la privatización de Endesa y la liberalización de la industria eléctrica, marcada por la especulación y la opacidad.
Detrás del enorme poder que tienen estas empresas del sector eléctrico están sus “puertas giratorias”, con las cuales contratan a las élites políticas de España, México y Estados Unidos, donde los funcionarios pasan con lucrativos dividendos como pago por los tratos de favor a las compañías durante su gestión o para seguir beneficiándose de su influencia política.
En México, López Obrador ha denunciado insistentemente el caso de Georgina Kessel Martínez, secretaria de Energía de 2006 a 2011 en el gobierno de Felipe Calderón. La entonces funcionaria también presidió la Comisión Reguladora de Energía y la CFE, periodo en el que Iberdrola firmó más de mil millones de euros en contratos públicos en México.
Como consejera de Iberdrola “fue una de las extranjeras mejor remuneradas del IBEX-35”, la bolsa de valores madrileña, señala la revista digital La Marea.
También el expresidente Calderón fue contratado como consejero independiente en Avangrid, la filial de Iberdrola en Estados Unidos. El medio digital Sinembargo.com afirma que la retribución que recibió entre 2016 y 2018 fue de 465 mil dólares.
En España hasta 175 políticos españoles han pasado por las “puertas giratorias” en las seis empresas energéticas del IBEX (Iberdrola, Gas Natural-Fenosa, Endesa, Repsol, Enagás y Red Eléctrica de España), según identifica La Marea en su investigación permanente “#yoIBEXtigo”. Es la élite política del PP, del PSOE, del Partido Nacionalista Vasco y de la antigua Convergencia Democrática de Catalunya.
Los casos más polémicos fueron las contrataciones de los expresidentes Felipe González, como consejero de Gas Natural, y José María Aznar, como asesor de Endesa, el consorcio que ambos ayudaron a privatizar, como publicó este semanario en noviembre de 2014 (Proceso 1985).
Gas Natural también tuvo en su consejo a Leopoldo Calvo Sotelo, segundo presidente desde la restauración de la democracia (19811982). Y a Narcís Serra, ministro de Defensa y vicepresidente de Felipe González.
En Estados Unidos Iberdrola contrató a figuras como José W. Fernandez, subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Empresariales y de Energía del gobierno de Barack Obama. En 2018, a Anthony L. Gardner, quien había sido embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea y director de Asuntos Europeos del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Pero quizás el contrato más controversial es el del general Félix Sanz Roldán, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, quien de 2009 a 2019 fue uno de los hombres mejor informados de España, hombre del sistema, muy cercano al rey emérito Juan Carlos. Sin experiencia en el ramo eléctrico, se incorporó en julio de 2020 al International Advisory Pannel, uno de los órganos que asesora al presidente de la compañía.
Ignacio Sánchez Galán | Foto Iberdrola
/ Rafael CRoda
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien tiene como frase emblemática “por el bien de todos, primero los pobres”, es uno de los que menos gasto social destina en América Latina al combate de la pobreza en términos proporcionales: apenas 10.4% del PIB.
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) correspondientes a 2020, Brasil y Chile, que tienen gobiernos de orientación conservadora, invierten el doble que México en desarrollo social, con el equivalente a 22.5% y a 20.2% del PIB, en forma respectiva.
En la región, sólo Honduras, Guatemala y Haití tienen un gasto social menor que el de México como porcentaje del producto nacional.
De acuerdo con las cifras de la Cepal, la inversión más alta que se ha hecho en México para combatir la pobreza no ha ocurrido en este gobierno, sino en el pasado, en el bienio 2015-2016, cuando el gasto social llegó a 11.6% del PIB.
Máximo Jaramillo-Molina, doctor en ciencias sociales por el Colegio de México, dice a Proceso que, contrario a lo que hicieron otros gobiernos de la región frente a la pandemia de covid-19, el de López Obrador optó por no incrementar de manera sustancial el gasto social para paliar el impacto de la crisis en millones de familias vulnerables.
El director del Instituto de Estudios sobre Desigualdad (Indesig) explica que hay una creencia generalizada, derivada del discurso del presidente a favor de los pobres, de que en este gobierno el gasto social ha llegado a extremos nunca antes vistos, “pero esto no es así”.
Un estudio del investigador indica que durante los tres primeros años de este sexenio (2019-2021) el gobierno ejecutó un gasto de 3.51 billones de pesos en los programas sociales del Bienestar, mientras que en los tres primeros años del sexenio anterior (2013-2015) el gasto en los programas del gobierno de Peña fue 6.9% mayor al totalizar 3.75 billones de pesos.
De acuerdo con el académico, las cifras, estimadas en millones de pesos a precios constantes de 2021 a partir de datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), indican que “el supuesto de que López Obrador desarrolla la política social más ambiciosa de la historia del país es un mito”.
La realidad, señala, es que el gasto que ejerció el gobierno federal en programas sociales el año anterior (1.18 billones de pesos) es 8% menor que el máximo histórico alcanzado en 2015, que fue de 1.26 billones de pesos, esto a pesar de que en 2019, primer año de la actual administración, el presupuesto de programas sociales federales subió 7% respecto a 2018, y aunque cayó en 2020, en 2021 volvió a aumentar 1.3% y se espera un nuevo incremento en las ejecuciones de este año.
Sólo los recursos del programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores aumentarán 76% en 2022.
Jaramillo-Molina afirma que el significativo aumento presupuestal a las pensiones para adultos mayores, que se han semiuniversalizado, se ha hecho a costa de drásticas reducciones a otros programas.
“Hubo una recomposición en la que se quitó mucho presupuesto a programas que no eran de transferencias monetarias pero que sí beneficiaban a los hogares más pobres, como Prospera y los destinados a las áreas rurales y a los pueblos indígenas. Muchos programas sociales (28 en 2021) desaparecieron o se fusionaron”, indica el especialista en equidad social de la London School of Economics and Political Science.
Sostiene que la universalización de programas sociales, como las pensiones a adultos mayores, es una vía para atacar la inequidad, “siempre y cuando no se haga con presupuesto que le quitas a otros programas”.
En su conferencia matutina del pasado miércoles 2, López Obrador dijo que si bien por la pandemia del covid-19 hay menos crecimiento económico (el PIB acumuló una contracción de -3.4% en los primeros tres años de gobierno), hoy en México “hay más igualdad, ahora le está llegando más a los pobres que antes”.
En realidad, en el actual gobierno las ayudas sociales están llegando menos a los pobres y más a las clases medias y altas, según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) que realiza cada dos años el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
En el trabajo ¿Primero los pobres?: Cambios recientes en el impacto de las transferencias monetarias sobre la pobreza en México, Jaramillo-Molina señala que esos datos muestran que los aumentos de las transferencias monetarias directas en este sexenio han beneficiado “sobre todo, a los hogares menos pobres, mientras que los más pobres reciben menos que antes”.
Al hacer una comparación de los programas del Bienestar y los que se aplicaron en los sexenios pasados –desde Solidaridad con Salinas hasta Prospera con Peña, pasando por Progresa con Ernesto Zedillo y Oportunidades con Fox y Calderón-, el director del Indesig dice que estos últimos se caracterizaban por condicionar las transferencias.
“De hecho, se les criticaba por esa idea neoliberal de que las personas pobres necesitan ciertos condicionamientos (como educarse y hacerse chequeos de nutrición y salud) para que puedan romper el ciclo de la pobreza y dejen de depender del Estado”, explica Jaramillo-Molina
En su momento, indica, se propuso crear un ingreso básico universal para que los hogares pobres recibirán transferencias monetarias sin ninguna condicionalidad, con montos que dependerían del tamaño de la familia, del número de hijos menores de edad y de las labores del cuidado de las mujeres.
“Pero este gobierno –asegura– no dio ese paso porque no hay dinero o porque no quiso ampliar significativamente el gasto social. Lo que hizo fue semiuniversalizar las pensiones, pero quitando recursos a otros programas.”
Esto, señala el doctor en ciencias sociales, no quiere decir que los programas anteriores fueran más eficientes que los actuales –de hecho no lo eran, a juzgar por los deplorables resultados en la lucha contra la marginalidad social–, pero sí llegaban a más personas pobres.
“Ahora tenemos un súper programa que llega a todos, el de pensiones para adultos mayores, y un montón de programitas que tienen un alcance marginal y que no están focalizados en los más pobres”, asegura, y dice que México necesita un gasto social mucho mayor y mucho más eficiente para reducir las enormes brechas socioeconómicas que persisten en el país.
Primero la austeridad... y luego los pobres
López Obrador supervisa Estadio“Tomás Oroz Gaytán”
GobieRno de MéxiCo
El presidente Andrés Manuel López Obrador concluyó la gira de trabajo en Sonora con la supervisión del Estadio ‘Tomás Oroz Gaytán’, en Cajeme.
Indicó que este espacio también será un centro de Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva.
El propósito, dijo, “es que ustedes los jóvenes puedan estudiar, formarse, tener un título como técnicos del deporte, maestros de educación física. Van a terminar una carrera, su título y van a tener su plaza, la SEP les va a contratar, eso sí en el proceso ustedes no se convierten en prospectos para jugar en ligas profesionales de béisbol”.
De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, albergará a 200 jóvenes estudiantes. Cuenta con dormitorios, cocina, gimnasio, biblioteca y áreas recreativas.
El estadio también podrá ser aprovechado por los habitantes de la región como un espacio público y deportivo.
El presidente afirmó que la juventud seguirá teniendo el respaldo de la federación para fomentar su desarrollo y evitar que sea atraída por la delincuencia.
Resaltó que ya está en marcha la estrategia del gobierno federal encaminada a reforzar las acciones de seguridad en Sonora.
“Junto con el gobierno del estado ya tenemos un plan especial que se está aplicando para garantizar la paz y la tranquilidad porque se convirtió Cajeme en uno de los municipios más peligrosos de México, con más homicidios y ya estamos actuando y ya se están obteniendo resultados”, precisó.
Llegarán más elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como de la Guardia Nacional a fin de fortalecer las labores de vigilancia y seguridad en coordinación con el gobierno estatal, enfatizó.
El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, aseguró que el rescate de espacios es fundamental para las políticas públicas que tienen el propósito de contener la inseguridad.
Asistieron al evento, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño; el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O; la directora general de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara, el subsecretario de Egresos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botton Falcón; el director general del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva de la Secretaría de Educación Pública, Fernando Magro Soto; el exjugador y director deportivo de Cajeme, José Santos Peña Gutiérrez y el presidente Municipal de Cajeme, Sonora, Carlos Javier Lamarque Cano.
