16 minute read
aPRO / Rafael CROda
México necesita un nuevo pacto fiscal: Cepal
/ Rafael CRoda
Advertisement
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) considera que países como México necesitan nuevos pactos fiscales que les permitan dar sostenibilidad financiera a sus sistemas de protección social y universalizar programas de subsidios, como los de pensiones y de renta básica.
El director de la División de Desarrollo Social de la Cepal, Alberto Arenas, dice a Proceso que la región debe avanzar en la creación de estados de bienestar social como los europeos, en los que la atención de los segmentos más vulnerables de la población sea integral y resiliente.
“Damos la bienvenida a los avances que se han hecho en la universalidad de ciertas políticas y programas, como lo ha hecho México con la pensión para adultos mayores”, afirma Arenas. Pero afirma que para dar sostenibilidad financiera a esas políticas sociales se necesitan “nuevos contratos fiscales”.
De acuerdo con Arenas, doctor en economía por la Universidad de Pittsburgh y exministro de Hacienda de Chile, los nuevos pactos fiscales deben incluir la revisión de las exenciones tributarias e impuestos progresivos que contribuyan a redistribuir la riqueza y disminuir la inequidad social.
Arenas dirigió un estudio que indica que el patrimonio de los superricos mexicanos llegó a 136 mil 100 millones de dólares en 2021, lo que representa un incremento de 11.3% respecto a 2019, año previo a la pandemia del covid-19.
Megaparques industriales, entre la incertidumbre jurídica y la violencia
/ flavia MoRales
La promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de echar a andar 10 polos de desarrollo dentro del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) antes de que concluya su sexenio será difícil de concretar frente a la inseguridad, así como la falta de certidumbre jurídica para inversionistas y de infraestructura en los terrenos adquiridos para este propósito.
La creación de estos polos de desarrollo –que serán megaparques industriales con inversión de empresas de diversos giros– funcionará como “cortina” para detener la migración, según ha dicho el presidente. Pero empresarios de la región que abarca el proyecto más bien expresan preocupación porque se carece de certeza legal sobre los beneficios fiscales para invertir y porque echar a andar los parques con todo el equipamiento del que ahora carecen implicará recursos millonarios.
Emmanuel Peña, líder de la Cámara de la Industria de la Transformación en la región sur del estado, considera al CIIT una visión acertada del presidente para dar equilibrio al desarrollo del país, pero que difícilmente se concretará antes de terminar su sexenio.
“Para nosotros este proyecto está dividido en dos etapas; la primera es el desarrollo de la plataforma logística de infraestructura de rehabilitación de los puertos, el ferrocarril y las vías de comunicación carretera y los derechos de vías para gasoductos, líneas eléctricas. Eso sin duda se va a concluir en este sexenio”, señala.
Pero ve con reservas el avance de los parques industriales. –¿Qué falta? –se le pregunta. –La seguridad jurídica para los empresarios. No existe una ley para dar certidumbre a los inversionistas de estos polos con reglas claras de los incentivos fiscales. Si no hay un marco jurídico, difícilmente los empresarios arriesgarán su inversión.
Aunque López Obrador anunció en diciembre pasado que ya hay un acuerdo con la Secretaría de Hacienda para los incentivos fiscales, los empresarios cuestionan que en papel no existe nada concreto, ni leyes expedidas sobre el tema.
Miguel Rolón, quien fue coordinador para desarrollo de la Zona Económica Especial de Coatzacoalcos 2016 al 2018 del gobierno de Veracruz, explica que el gobierno debe garantizar varios servicios inexistentes en la región hasta ahora, como: “Infraestructura, carreteras, energía eléctrica, agua, gas natural, planta de tratamiento de aguas residuales, centro de población cercano para suministro de mano de obra, ciudad con calidad de vida, materias primas o mercado cercano, puerto para importación o exportaciones, entre otras”.
En su opinión, mientras no exista esa infraestructura en los polos o incentivos atractivos superiores a la zona franca del norte del país, será complicada la instalación de empresas en estos megaparques.
En contraste, Antonio Luna Rosas, exdirector de la Administración Portuaria de Coatzacoalcos y actual secretario de la Comisión del Corredor Interoceánico en el Congreso de Veracruz, asegura que hay empresarios interesados en invertir y se han recibido delegaciones de empresarios de Estados Unidos y otros países, aunque reconoce que les preocupa la seguridad.
“Me atrevería a decir que es un plan donde está interesado México, pero también otros países, porque el corredor sería una de las grandes soluciones para el tema de la migración de Veracruz y de países de Centroamérica”, comenta.
Mientras tanto, se han anunciado inversiones privadas por más de 10 mil millones de pesos este año para el puerto de Coatzacoalcos y la localidad de Pajaritos, para una terminal de contenedores y otras obras portuarias; esto incluye la inversión de la empresa CG Railway para la compra de dos nuevos ferrobuques para conectar al puerto de Mobile, Alabama.
Pero tanto el CIIT como la Secretaría de Desarrollo Económico de Veracruz han negado la existencia de cartas de intención de empresas interesadas en invertir, según la respuesta a solicitudes de información vía transparencia.
Miguel Rolón, quien es promotor de negocios y fue gestor del proyecto Etileno XXI de 2011 a 2015 –en la región sur de Nanchital–, advierte que la seguridad también es un tema central que preocupa a los empresarios.
La preocupación no es menor, pues la región que será paso clave de mercancías y donde se instalarán las empresas es un foco de incidencia criminal, con presencia del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Zetas.
A la inseguridad se suma el tráfico de migrantes y el paso de caravanas, por ser estos municipios un cruce obligatorio desde Centroamérica. Por ejemplo, en enero el Instituto Nacional de Migración detuvo un camión donde viajaban 359 migrantes hacinados. 2020 fue un año violento para la región: El 28 de octubre integrantes del CJNG bloquearon tramos carreteros en varias de estas ciudades. Unos meses antes, un grupo de ganaderos armados como autodefensas desfilaron por San Juan Evangelista para exigir el alto a la violencia.
En esa caravana, el empresario Erasmo Vázquez González, El Chivo Vázquez, exhibió el organigrama delictivo de la zona y acusó a José Roberto Sánchez Cortés, El 80 –jefe local del CJNG– de sembrar terror en la zona. El gobierno estatal ofreció por su captura una recompensa de un millón de pesos, pero sigue prófugo de la justicia.
Erasmo Vázquez es el empresario recientemente señalado en un video de ser parte del Cártel Sinaloa y además protegido del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, hechos que ambos negaron.
La Familia Michoacana también intentó operar en Jesús Carranza y Sayula de Alemán. Cuitláhuac García reveló en agosto de 2021 que Jhovanny N, El Vani –detenido en la Ciudad de México– intentó coaccionar a candidatos a alcaldes durante el pasado proceso electoral. “Tiene que ver con el proyecto del corredor del Istmo de Tehuantepec. Las bandas delictivas pretendían instalarse y generar una base apoyando candidatos”.
Emmanuel Peña confía en la presencia de la GN para disminuir los delitos de alto impacto en Coatzacoalcos: “Llevamos 300 días sin secuestros”, dice. Aunque otros delitos crecen, como la extorsión y el cobro de piso, según la estadística.
Sobre la inseguridad en los terrenos ubicados en Sayula de Alemán y Texistepec, la historia es otra: “El gobierno federal, con sus programas sociales, trata de generar un equilibrio de sostenibilidad en estos poblados; evidentemente el deterioro del tejido social es enorme y acumulado de muchos años, no esperemos que de la noche a la mañana estás poblaciones tenga otra opción de vida, pero hay una intencionalidad”.
En su consideración, la decisión de López Obrador de entregar a la Marina el control de seguridad y administrativo del corredor da certeza de blindaje para los empresarios.
Antonio Luna Rosas coincide: “La seguridad definitivamente es algo que preocupa a los empresarios, pero también a las autoridades; la decisión de que la Marina se encargue da la garantía de no permitir malas prácticas ni vulnerabilidad en las inversiones”.
onu-dH
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena el asesinato del periodista Heber López Vásquez, ocurrido en Salina Cruz, Oaxaca, el 10 de febrero de este año, quien fue atacado con arma de fuego.
“El asesinato de Heber López pone de manifiesto la vulnerabilidad en la que se encuentran quienes ejercen la actividad periodística lejos de los centros urbanos más grandes. Es fundamental que autoridades y sociedad respalden la imprescindible actividad periodística que permite que todas las personas tengamos acceso a información plural”, expresó Jesús Peña, Representante Adjunto de la ONU-DH en México.
El periodista Heber López Vásquez contaba con una reconocida trayectoria en la zona habiendo trabajado en diversos medios y fundado su propio medio digital, Noticias Web, el cual proveía de información local, incluyendo temas de política y corrupción, con una destacable cobertura en la zona.
“El asesinato del señor Heber López, como otros asesinatos de periodistas, no sólo acalla una voz, sino que atemoriza a todas las personas que ejercen el periodismo en la región del Istmo de Tehuantepec. Es necesario reaccionar frente a este terrible acto y garantizar condiciones para que las y los periodistas no se pregunten antes de publicar una nota si esas palabras pueden ser el detonante de una amenaza o una agresión”, añadió el señor Peña.
La información hecha pública por las autoridades en relación con la detención de dos personas por su posible relación con los hechos puede ser un importante avance para su esclarecimiento. La ONU-DH llama a que la investigación sea realizada con los más altos estándares de debida diligencia, lo que implica agotar todas las líneas de investigación, incluida la vinculación de este ataque con la actividad periodística del señor López, y determinar los autores materiales e intelectuales y los móviles de estos hechos.
Asimismo, la ONU-DH llama a las autoridades a impulsar acciones preventivas para la protección de quienes ejercen el periodismo, garantizar la protección de la familia del señor López, de los testigos que hubiera y de periodistas que han ofrecido información sobre estos hechos frente a cualquier posible amenaza, amedrentamiento o agresión.
La ONU-DH ha documentado cuatro asesinatos de periodistas y de un colaborador de un medio de comunicación en 2022, en los cuales las agresiones pudieron derivar o estar relacionadas con la actividad periodística y las condiciones en las que la ejercían las víctimas.
Durante 2021 la ONU-DH documentó al menos ocho asesinatos y dos desapariciones de periodistas, así como el asesinato de dos guardias de seguridad que vigilaban las instalaciones de un grupo de comunicación que pudieron derivar o estar relacionados con la actividad periodística y las condiciones en las que la ejercen.
La ONU-DH expresa sus condolencias hacia la familia, colegas de trabajo y amistades del periodista Heber López Vásquez.
Al mar, más de 11 mil barriles de crudo
/ rEnzo ansElmo*
A mediados del pasado enero, un buque petrolero maniobraba en la costa central peruana cuando –a decir de Repsol, la empresa responsable–, la erupción de un volcán submarino en Tonga provocó un “oleaje anómalo” que desató la catástrofe: comenzó un derrame de crudo que a la fecha llega a más de 11 mil barriles y que ha teñido de negro las playas del Callao, poniendo en riesgo a numerosas especies protegidas.
A mediados de enero un derrame de petróleo, originado durante actividades de una refinería de Repsol, tiñó de negro el mar de la costa central de Perú. Con los días, la cantidad de crudo vertido al océano ha ido incrementándose hasta llegar a por lo menos 11 mil 900 barriles derramados, casi 2 millones de litros.
Los daños son incalculables y el panorama de responsabilidades es aún incierto en un país que acaba de nombrar ministro del Ambiente a una persona sin experiencia en el sector.
Esta es la historia del hoy considerado el peor desastre ecológico de la historia reciente de Perú.
El volcán dE Tonga
La primera alerta fue emitida por ciudadanos y pescadores que el 15 de enero detectaron un fuerte olor a combustible, vieron olas ennegrecidas y animales muertos en las playas del distrito de Ventanilla, uno de los siete que forman la provincia del Callao, en la costa central peruana, a 14 kilómetros del centro de Lima.
El derrame había comenzado la noche anterior, cuando trabajadores de la refinería La Pampilla, operada por la multinacional española Repsol, en Ventanilla, descargaban combustible de un buque.
Entonces, según una versión de la empresa, se produjo un “oleaje anómalo” provocado por la erupción de un volcán submarino en Tonga, en la Polinesia, que impactó el buque y forzó el vertido.
Las autoridades han desmentido que ese oleaje se haya producido en el mar peruano y creen que el derrame pudo haber ocurrido a causa de una maniobra de la tripulación.
Al principio Repsol informó que sólo se habían derramado siete galones de petróleo –unos 26 litros–, pero luego el Ministerio del Ambiente dijo que se trataba de 6 mil barriles.
Hasta el 22 de enero ya eran 1.8 millones de metros cuadrados de franja de playa afectados y 7.1 millones de metros cuadrados de mar, similar a más de mil 200 canchas de futbol.
Una semana después, sin embargo, las autoridades informaron que por lo menos fueron 11 mil 900 barriles de crudo vertidos al mar. El daño era aun mayor.
daños y rEsponsabilidadEs
Según expertos, el derrame ha causado daños incalculables sobre el mar peruano. Por ahora se sabe que ha contaminado más de 20 playas y cinco reservas naturales y ha matado a numerosos peces, aves y nutrias, dejando en peligro a otras 180 mil especies de aves, entre guanay, piqueros y pingüinos de una reserva.
Además dejó sin trabajo a más de 3 mil personas, entre pescadores, artesanos y comerciantes que laboraban cerca del lugar del desastre.
Para las autoridades peruanas, a la fecha Repsol no ha evidenciado acciones claras de limpieza ni de reparación. De hecho, las sanciones en su contra dan muestra de ello.
De las 14 medidas administrativas que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) impuso a la empresa, seis ya fueron incumplidas en el plazo establecido.
Tres de estos incumplimientos fueron la obligación de identificar las zonas afectadas por el derrame, contener y recuperar el hidrocarburo y contener y recuperar el petróleo en las áreas naturales protegidas.
Por cada una de estas tres medidas incumplidas la empresa enfrenta multas de hasta 4 mil Unidades Impositivas Tributarias, equivalentes a 18 millones 400 mil soles (aproximadamente 4 millones 700 mil dólares).
Mientras continúan las investigaciones fiscales contra la empresa por el delito de contaminación ambiental, un juez prohibió a cuatro altos ejecutivos de Repsol salir del país durante 18 meses. Además, el gobierno decidió paralizar las operaciones de Repsol en la refinería La Pampilla hasta que brinde garantías de que no se producirá otro derrame similar.
Repsol aceptó esta última decisión a regañadientes y señaló que, aunque la consideran “desproporcionada e irrazonable”, cooperarán para reanudar sus actividades lo antes posible.
No obstante, el 3 de febrero comunicaron que la limpieza del derrame de petróleo ya no la terminarían en febrero, como establecieron inicialmente, sino a finales de marzo. Y esto, en “un escenario optimista”.
Ese mismo día, el nuevo primer ministro de Perú, Héctor Valer, designado tras una reciente crisis política, anunció que se estaba evaluando dejar sin efecto la suspensión de operaciones de Repsol.
“Estamos empezando el desabastecimiento de combustible desde el día de ayer porque La Pampilla no está funcionando por una resolución que tenemos que derogar”, dijo a la prensa.
insTiTucionalidad dEbiliTada
El desastre ecológico que hoy vive Perú ocurre en un momento crítico para la institucionalidad ambiental del país, expresada en el descabezamiento de sus dos entidades más importantes. El OEFA y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) no cuentan propiamente con un presidente en funciones.
En el OEFA, quien viene asumiendo el rol de jefe es la gerente general de la institución, Miriam Alegría Zevallos. Lo hace desde septiembre de 2021, aunque su permanencia debió ser temporal.
Este organismo es el encargado de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales con el fin de resguardar el equilibrio entre la inversión en actividades económicas y la protección ambiental.
Una situación similar ocurre en el Serfor, que desde 2020 tiene a su gerente general, Jorge Amaya Castillo, asumiendo funciones, a su vez, como director ejecutivo de la institución.
Esto, luego de que la entidad fuera descabezada de manera arbitraria por la gestión de Martín Vizcarra, que destituyó sin razones a su entonces director ejecutivo, Luis Gonzáles-Zúñiga.
El Serfor tiene como función promover la gestión sostenible de la flora y fauna silvestres del país, definiendo políticas y emitiendo normas y procedimientos con ese fin.
Mientras el Serfor está adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el OEFA lo está al Ministerio del Ambiente, institución rectora del sector que hoy también padece la falta de un líder capacitado.
El nuevo ministro del Ambiente, Wilber Dux Supo, nombrado el 2 de febrero, no tiene la formación ni la experiencia requeridas para desempeñarse con idoneidad en el cargo, advirtió la Defensoría del Pueblo.
“Frente a la grave crisis ambiental que enfrentamos, se requiere que su titular cuente con un perfil adecuado”, añadió el organismo que solicitó al presidente, Pedro Castillo, reconsiderar esta designación.
indignación social
Dentro y fuera de Perú, entre la sociedad civil las protestas por lo que se considera un “crimen ecológico” y un “ecocidio” no se han hecho esperar.
El 21 y el 22 de enero, jóvenes y activistas medioambientales se manifestaron con pancartas y música frente a la sede de Repsol, en el exclusivo distrito limeño de San Isidro. El 23 de enero, más de un millar de personas marcharon hacia la refinería de Repsol, en una protesta que fue organizada por organizaciones juveniles y gremios de Ventanilla. Cuatro días después, activistas peruanos y miembros del movimiento ecologista en España participaron en un plantón frente a la sede de Repsol en Madrid.
En Perú, quienes también se han manifestado ante el reciente desastre ecológico son los pueblos indígenas de la Amazonia, quienes conviven con tragedias similares desde hace décadas.
Mediante diversos pronunciamientos, los nativos recordaron que los derrames de petróleo forman parte de su realidad diaria y lamentaron la poca atención que le prestan a sus denuncias cuando ocurren derrames de crudo.
Sólo entre diciembre de 2021 y enero de 2022 se han registrado cinco derrames en las áreas de explotación petrolera de las regiones Loreto y Amazonas, colindantes con comunidades indígenas.
El estudio La sombra del petróleo demostró, además, que entre 2000 y 2019 se registraron 474 derrames de crudo en los lotes petroleros de la Amazonia Norte del país.
La publicación, elaborada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, también reveló que 65% de los derrames se debieron a fallas operativas y a la corrosión de los ductos y 28% a la intervención de terceros.
Otros estudios científicos han demostrado las graves afectaciones a la salud de los indígenas de estas zonas, que enfrentan las consecuencias de 50 años de explotación petrolera en sus territorios.
Pese a la gravedad del asunto, de momento una nueva crisis política en Perú ha logrado que la discusión sobre el derrame y la responsabilidad de Repsol pase a un segundo plano. No se sabe hasta cuándo.
