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adrián floreS
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El año pasado, las periodistas Jennifer González y Mónica Cerbón publicaron el amplio reportaje de investigación La Caja Negra de Aguascalientes, donde se consignó un presunto desvío de 140 millones de pesos perpetrado por los diputados de la LXIV Legislatura, en los que se involucra la contratación de empresas fantasmas y empresas investigadas por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) para servicios administrativos y legislativos entre el 2018 y el 2019.
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Desde entonces, e incluso ahora ya con la investigación publicada, el proceso ha sido opaco y la respuesta de los diputados de esa legislatura, nula.
Ante la negativa del Congreso del Estado y la falta de proactividad en la función pública para investigar este caso, el año pasado un grupo de ciudadanos interpusieron una denuncia formal a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Aguascalientes, así como a la Fiscalía General de la República, explicó Francisco Ruiz López, presidente de la fundación México Líder e integrante de los ciudadanos que promovieron la denuncia.
Ciudadanos, víctimas de corrupción por La Caja Negra de Aguascalientes
Ruiz López señaló que con la denuncia se buscaba no solamente investigar el presunto millonario desvío, sino que también tenía como fin el que la ciudadanía fuera reconocida como víctima de este posible hecho de corrupción. Ese reconocimiento no fue otorgado por la fiscalía y como consecuencia de ello, se interpuso un amparo, el cual ya se resolvió a favor de la sociedad de Aguascalientes.
El triunfo ciudadano; juEz rEconocE calidad dE víctima a la ciudadanía
Luego de meses de litigio llevado por el ciudadano Francisco Aguirre Arias, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, y por su abogado Julio César Esparza Hernández, el Juez Quinto de Distrito reconoció la calidad de víctima de la ciudadanía ante el presunto desvío de 140 mdp consignado en La Caja Negra de Aguascalientes. Con ello, el juez acreditó el interés legítimo de los ciudadanos para presentar denuncias como víctimas, lo cual es un hecho sin precedentes en el país y en la lucha contra la corrupción.
Francisco Ruiz explicó: “el juez al aceptar que los ciudadanos somos víctimas de la corrupción, no únicamente nos abre las puertas para que en este proceso en específico podamos conocer de primera mano cómo van las investigaciones y eventualmente poder impugnar cualquier resolución, sino que, además hoy los ciudadanos podemos interponer denuncias por actos de corrupción de entes gubernamentales”.
Respecto a esta victoria, Aguirre Arias destacó la urgencia de “cambiar la dinámica del combate y control de la corrupción a base de resultados que la ciudadanía perciba. Este litigio busca romper el espiral de impunidad y darle un lugar preponderante al periodismo de investigación y más en esta época de tanta violencia contra periodistas. Además buscamos destrozar el vicio sobre lo que -le toca hacer- a los ciudadanos organizados o no organizados, es claro que denunciar sí genera cambios y que, sin esto y una Fiscalía fortalecida, no existe un combate eficaz de la corrupción”. Además de los ciudadanos ya mencionados, en el proceso también estuvieron la licenciada Yolanda Cuevas y la maestra Adriana Greaves de TOJIL, así como el licenciado Miguel Alonso Meza, exmiembro de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad -donde fue publicado el reportaje-, quienes ayudaron con asesorías y acompañamiento. “Sin su ayuda tampoco podría haberse sentado este precedente que sin duda ayudará en futuros casos en Aguascalientes”, concluyó Aguirre Arias.
Acuerdan con Seggob construcción de una agenda ciudadana
sEggob
Acuerdan agrupaciones y colectivos femeninos con el secretario general de Gobierno, Juan Manuel Flores Femat, y la directora general del Instituto Aguascalentense de las Mujeres (IAM), Edna García Armería, construir una agenda ciudadana con temas propuestos y desarrollados por ellas, y cuyo eje rector será la protección y garantía de sus derechos humanos.
Acompañados por la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, Yessica Pérez Carreón, el responsable de la política interna reconoció la trascendencia social de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno trabajen con base en una agenda ciudadana construida por las propias mujeres, pues más allá de escucharlas, se trata de actuar y avanzar en la solución de las necesidades que más les aquejan.
Flores Femat refirió que la construcción de esta agenda deberá ser ambiciosa pero factible, señalando que además, podría ser una propuesta que contribuya a agilizar a salida de alguna crisis económica, de violencia familiar o de género, así como de violación de derechos humanos que pudieran verse agudizas por la pandemia de covid-19.
El secretario general de Gobierno señaló que este tipo de acercamientos son esenciales para el servicio público, pues fortalece las políticas y mecanismos de trabajo de los gobiernos, además de sentar las bases para cambiar lo que no esté funcionando para la correcta atención de los asuntos que más afectan a las mujeres.
La directora general del IAM anunció que para la construcción de la agenda ciudadana, se realizarán cinco mesas bajo los temas de Construcción de Paz y Entornos Seguros; Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres; Educación e Igualdad de Género; Acceso a la Salud Integral de las Mujeres; y Empoderamiento Económico de las Mujeres, temas prioritarios para el avance en el acceso al goce pleno de los derechos humanos de las mujeres en Aguascalientes.
García Armería refirió que este ejercicio de participación ciudadana entre organizaciones de la sociedad civil, activistas, académicos, y dependencias públicas, permitirá recabar las principales demandas y necesidades que enfrentan las mujeres en la entidad, estableciendo con ello acuerdos de colaboración. Derivado del litigio estratégico presentado por el ciudadano Francisco Miguel Aguirre Arias, quien además es miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes y por su abogado Julio César Esparza Hernández, un juez reconoció la calidad de víctimas en el caso que se dio a conocer mediante un ejercicio de periodismo de investigación por los presuntos actos de corrupción relacionados con el reportaje La Caja Negra, donde se dio a conocer que entre 2018 y 2019, más de 20 empresas, algunas fantasma y otras relacionadas con empresas investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cobraron 140 millones de pesos al Congreso de Aguascalientes por servicios administrativos y legislativos.
Lo anterior resulta una victoria ciudadana en la lucha contra la corrupción en México. En otras palabras, cualquier ciudadano debe ser reconocido como víctima de la corrupción y así ejercer sus derechos frente a estos delitos que tanto daño le han hecho al país. En este caso, el juez aceptó como fundados los conceptos de violación al reconocimiento de calidad de víctima y a los argumentos expuestos, entre los que se hace referencia a la Ley General de Víctimas citando que la acreditación del daño o menoscabo de los derechos también se clasifican como víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales y que estos, se atienden para la protección de bienes jurídicos colectivos, como es el caso la hacienda pública.
Entre los derechos de la víctima se encuentra: coadyuvar con el Ministerio Público a que se reciban todos los datos o elementos de prueba con los que se cuente, tanto en la investigación como en el proceso, solicitar medidas cautelares para la protección de derechos y sobretodo, impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.
“Necesitamos urgentemente cambiar la dinámica del combate y control de la corrupción a base de resultados que la ciudadanía perciba. Este litigio busca romper el espiral de impunidad y darle un lugar preponderante al periodismo de investigación y más en esta época de tanta violencia contra periodistas. Además buscamos destrozar el vicio sobre lo que -le toca hacer- a los ciudadanos organizados o no organizados, es claro que DENUNCIAR SÍ GENERA CAMBIOS y que, sin esto y una Fiscalía fortalecida, no existe un combate eficaz de la corrupción”, declaró Francisco Aguirre.
“Agradecemos la asesoría y el acompañamiento la Lic. Yolanda Cuevas y a la Mtra. Adriana
Greaves de TOJIL y al Lic. Miguel Alfonso Meza ex miembro de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, que sin su ayuda tampoco podría haberse sentado este precedente que sin duda ayudará en futuros casos en Aguascalientes”, agregó.
magistrado juan manuEl poncE sánchEz Es adscrito a la sala civil dEl stjE
El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia en Sesión Extraordinaria 05/Plenos/2022 celebrada en fecha 08 de febrero de 2022, determinó la adscripción del Magistrado Juan Manuel Ponce Sánchez a la Sala Civil a partir del 9 febrero de 2022. La determinación fue tomada por los Magistrados/ as integrantes del Supremo Tribunal de Justicia para eficientar la carga de trabajo de la Sala Civil y con ello mejorar el flujo de tocas que existen en el tribunal de alzada en beneficio de los usuarios/ as del sistema de justicia en la Entidad. El Magistrado Juan Manuel Ponce Sánchez, integrará los trabajos de la Sala Penal en los casos en que sea requerida su participación en la misma. | Poder Judicial
Triunfo ciudadano; juez reconoce calidad de víctima a ciudadanía derivado del reportaje la Caja Negra de Aguascalientes
ciudadanos contra la impunidad
Francisco Aguirre Arias
