JUEVES 7 DE JULIO DE 2022
“Va por México” criticó la política de seguridad de AMLO y exige plan para frenar la violencia La coalición política “Va por México” fustigó hoy la política de seguridad del gobierno de la República al considerar que ha provocado más violencia e impunidad. Dicha coalición, integrada por el PRI, PAN y PRD, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que presente a la brevedad un plan para frenar la violencia. En un contexto de crítica creciente a la política de seguridad, procedente de la Iglesia, un sector del empresariado y organizaciones derechohumanistas de distinta orientación, la coalición de partidos reiteró su rechazo a “la política de abrazos no balazos”. A través de un comunicado conjunto, las dirigencias de los partidos mencionados calificaron de “río de sangre” la situación del país, debido a que se rebasaron los 126 mil homicidios dolosos, un dato que subrayaron, es el doble del sexenio pasado y el triple del antepasado. Además, llamaron a aplicar la ley contra el crimen organizado porque, según
expusieron, controla el 40% del territorio nacional, una vez más comparando que ese porcentaje es el doble de lo que había en 2018. Asimismo, se refirieron al desplazamiento forzado de comunidades que afecta a unas 380 mil personas, según datos que atribuyeron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Cruz Roja y la Organización de las Naciones Unidas. Siguieron con los 30 mil desaparecidos, los feminicidios y de principio a fin del comunicado, apuntaron como responsable de la inseguridad al presidente de la República, retomando alguna de sus expresiones del pasado: El jefe de Estado es el principal responsable ante una situación de inseguridad y violencia”. El plan que exige “Va por México” al mandatario, considera que debe incluir la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y el establecimiento de resultados medibles en el corto, mediano y largo plazos “para que México recupere la paz social”.
Buscan fortalecer marco legal para prevenir violencia laboral contra las mujeres
Josefina Balderas Hernández Senado de la República La diputada Josefina Balderas Hernández presentó una iniciativa para fortalecer el combate a la violencia laboral en contra de las mujeres, asegurar sus derechos laborales y a vivir una vida plena, libre de todo tipo de agresiones. Dijo que las y los legisladores deben sentar las bases jurídicas para terminar con la desigualdad en contra de las mujeres, en cualquiera de sus modalidades. “Hemos dado pasos importantes, pero todavía tenemos trabajo por hacer, pero debemos lograr que en la mentalidad de las y los mexicanos desaparezca por completo la distinción de género, donde siempre la mujer sale perdiendo”. Afirmó que la violencia laboral es una forma de abuso de poder cuya finalidad es excluir, aislar o someter a la mujer, que se manifiesta como agresión física o verbal, acoso sexual, hostiga-
miento laboral o violencia psicológica, sucede tanto en sentido vertical, como entre pares y también puede ser de mujer a mujer. Balderas Hernández destacó que cuando cualquier tipo de violencia, incluyendo la violencia de género, ocurre en el ámbito del trabajo, se le denomina violencia laboral, sin importar si ésta ocurre en el sector público o privado. Con estos argumentos, propuso incluir, de manera expresa, en el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia laboral en contra de la mujer. Y precisar que es cualquier acto u omisión cometido por una o un superior jerárquico o una o un par, cuya intención sea menoscabar los derechos laborales de la mujer y que dicha violencia puede ser psicológica, física o verbal, proyecto que fue remitido a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.
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El ministro Arturo Zaldívar entrega al Congreso un proyecto para crear la ley sobre feminicidio / Neldy San Martín El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, entregó al Congreso de la Unión un proyecto de iniciativa para crear la Ley General Para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio, que incluye un protocolo nacional de investigación de feminicidios. “Nuestro país vive una tragedia colectiva, en la cual entre 10 y 11 mujeres son privadas de la vida de manera violenta todos los días”, dijo el ministro durante la presentación de la “agenda legislativa para la prevención de la violencia contra la mujer y el feminicidio”, organizado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. “Uno de los problemas que tiene estructuralmente el tema del feminicidio es que no está definido de manera adecuada y uniforme el tipo de feminicidio; cada estado lo conceptualiza de una forma diferente”, dijo. De acuerdo con el también presidente del Consejo de la Judicatura, lo anterior impide normalizar protocolos de investigación, ya que los tipos son distintos y dificulta una doctrina jurisprudencial que sea aplicable a todos los tipos. Además de que en algunos casos resultan inoperantes y un obstáculo para la investigación de los feminicidios. Por ello, Zaldívar propuso reformar el artículo 73 de la Constitución, fracción XXI, inciso a), para agregar a los delitos a que se refiere este artículo, como son secuestro y desaparición forzada, el tipo de feminicidio. Además de crear la Ley General Para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio, que adapta al sistema jurídico mexicano la “Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas”. Se trata de un nuevo marco normativo que permite establecer a nivel nacional el tipo penal de feminicidio y delitos vinculados. Además de establecer lineamientos de observancia general en todo el país para una coordinación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para la efectiva prevención, investigación, juzgamiento y sanción de estos delitos. Así como para establecer medidas específicas de atención, ayuda, asistencia,
Arturo Zaldívar protección y reparación integral para garantizar los derechos de las víctimas. “Esta ley no se agota en el aspecto punitivo; sino que establece, primero, medidas de prevención; segundo, reglas especiales para la investigación; así como medidas de asistencia, protección y reparación integral. Creo que esto es esencial. No es una ley punitivista, sino es una ley que busca prevenir y una reparación integral”, aseguró el ministro presidente de la SCJN. El proyecto de iniciativa establece que a petición del Ministerio Público, el juez o la jueza de control podrá ordenar la prisión preventiva a los imputados ya sea por el delito consumado o en grado de tentativa o en actos preparatorios, de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Señala que a quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de 40 a 70 años de prisión y de 500 a mil días multa. Este es imprescriptible y no está sujeto a criterios de oportunidad, ni formas de solución alterna y prohíbe el uso de mecanismos de solución de controversias en materia penal y la conmutación de la pena. La sanción aumenta de 60 a 90 años de prisión cuando el feminicidio lo cometa un servidor público, cuando la víctima sea una niña o mujer adulta mayor, cuando la víctima tenga una situación de vulnerabilidad, cuando la víctima esté en prisión o cuando el agresor sostenga una relación de confianza, de parentesco, de autoridad o de otras relaciones desiguales de poder que tuviere con la víctima. El titular del poder judicial dijo que, si bien la SCJN no tiene facultad de presentar iniciativas, pone en manos del Congreso el proyecto con la idea de que hagan suya la propuesta. El proyecto también será enviado al Poder Ejecutivo.
Diputada trans intenta reventar un congreso sobre trata de personas en San Lázaro / Melissa Amezcua Mientras se llevaba a cabo el primer día de conferencias del Séptimo Congreso Latinoamericano sobre Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, la diputada morenista María Clemente García irrumpió en el Auditorio Aurora Jiménez de la Cámara de Diputados para demostrar su rechazo al evento. “No pueden usar recursos públicos para contravenir la constitución, es discurso de odio”, gritó. El moderador de las charlas que hoy giran en torno a la prostitución como forma de trata con fines de explotación sexual sostuvo que las opiniones vertidas en el
evento son responsabilidad de quienes las emiten. Mientras García continuaba gritando insultos en defensa de la prostitución como trabajo sexual, Sonia Sánchez, conocida activista contra la prostitución y sobreviviente de trata con fines de explotación sexual, le respondió desde el público: “Ninguna mujer nace para ser puta. Nacimos para ser libres, no para ser putas y traficadas”. A lo que la diputada continuó respondiendo e incluso pidió que trajeran a las mesas al diputado panista Gabriel Quadri, conocido por su postura en contra de las diputadas trans. El Congreso se llevará a cabo 6, 7 y 8 de julio en las instalaciones de San Lázaro.
