JUEVES 5 DE AGOSTO DE 2021
Privados podrán modernizar la red de radiocomunicación de seguridad pública / Neldy San Martín Por 20 años la compañía francesa Airbus mantuvo el monopolio de la Red Nacional de Radiocomunicación, conocida como Red Iris, columna vertebral de las comunicaciones de seguridad a nivel nacional. Pero finalmente, el gobierno federal publicó los lineamientos para las especificaciones técnicas y las licitaciones públicas de la adquisición de equipos para misiones críticas y las compañías del sector ven con optimismo la apertura del mercado. El pasado 15 de julio, la Comisión de la Red Integrada Nacional de Radiocomunicación (RINR), a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cuya presidenta es Rosa Icela Rodríguez, aprobó los lineamientos que tienen que seguir las instituciones de seguridad pública para la conformación, desarrollo, modernización y actualización de la RINR, luego del decreto del 30 de noviembre de 2020 para ponerle fin a la antigua red, creada en 1998, que utiliza tecnología Tetrapol de Airbus SLC. Dicho decreto busca garantizar la intercomunicación para fines de seguridad pública, entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia
Nacional, con el objeto de homologar los protocolos de actuación y promover el intercambio de información, así como compartir la infraestructura en materia de radiocomunicación. De acuerdo con el protocolo que tendrán que seguir las dependencias federales, entidades federativas y empresas productivas del Estado, que utilicen la infraestructura de redes de radiocomunicaciones de misión crítica, deberán utilizar estándares abiertos de radiocomunicaciones, tales como TETRA y P25, que garanticen la disponibilidad, integridad, confidencialidad e interoperabilidad de las comunicaciones para los usuarios de la RINR. Las instituciones deberán garantizar que sus redes e infraestructura de radiocomunicación cumpla con las condiciones esenciales de una red de seguridad pública: que sean de misión crítica, digital, troncalizada, comunicaciones cifradas de extremo a extremo y hacer un uso eficiente del espectro radioeléctrico. Mientras que, para los procesos de adquisición de la infraestructura, los equipos y servicios, se prohíbe las adjudicaciones directas injustificadas y se establece que debe garantizarse la participación de múltiples fabricantes y proveedores, a fin de propiciar mejores condiciones de competencia que ga-
ranticen precios competitivos y las mejores condiciones para el Estado. Por lo que se esperan múltiples licitaciones públicas para las 32 entidades federativas e instituciones encargadas de la seguridad. “El sistema anterior es un sistema cerrado, con una tecnología propietaria de un solo fabricante a nivel internacional. No existía en el mundo ninguna compañía que podía prestar ese servicio, ni vender los radios, ni las antenas, ni nada por el estilo. En ese sentido, durante los últimos 20 años se dieron adjudicaciones directas”, lamenta en entrevista David Ludueña, director de sistemas de Radiocomunicación y Misión Crítica para Teltronic. Este monopolio resultó sumamente costoso para el Estado, se estiman más de 10 mil millones de pesos para mantenerlo, de acuerdo con información de la propia compañía Airbus. “En los lineamientos se señalan dos estándares de radiocomunicaciones, el estándar Tetra y el estándar P25, por lo tanto, dentro de esos estándares, existirán en el mundo unas 30 compañías que podrían brindar esos equipos, que podrían participar en esas licitaciones, y que podrían brindarle a la república mexicana la mejor tecnología que puede existir al día de hoy”, dijo Ludueña.
Familias exigen al gobierno “solución amistosa” por tragedia de Pasta de Conchos / Gloria Leticia Díaz Familiares de mineros que hace más de 15 años quedaron atrapados en una mina de Pasta de Conchos, Coahuila, denunciaron la “falta de política victimal organizada y adecuada” por parte del gobierno federal, al que condicionaron a la aceptación de los más de mil 100 peticionarios en el litigio que se sigue ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para aceptar una solución amistosa. Los peticionarios y sus representantes legales, Organización Familia Pasta de Conchos y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), informaron que el 26 de julio la CIDH les notificó que remitió al Estado mexicano su respuesta a las propuestas de solución amistosa, que de aceptarlas “sería una oportunidad para que el Estado, con acompañamiento de la CIDH, atienda los compromisos y legítimas exigencias que por más de 15 años mantienen las familias de Pasta de Conchos”. En un comunicado los peticionarios, que suman más de mil 100 personas, insistieron en que “para iniciar un proceso de solución amistosa, el Estado debe garantizar condiciones que permitan el reco-
nocimiento de todas las y los peticionarios en el litigio, permitiendo su acceso a reuniones e información así como su participación en el seguimiento de los acuerdos asumidos” por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al solicitar una reunión de trabajo con la CIDH, “en lo posible presencial y en la mina” para dar seguimiento a los acuerdos asumidos por las autoridades, los familiares y sus representantes denunciaron que esas consideraciones no han ocurrido “debido a una falta de política victimal organizada y adecuada que integre a todas las peticionarias”. Urgieron a que las autoridades tomen medidas de no repetición, “que incluyan acciones estructurales para evitar siniestros como el ocurrido en Pasta de Conchos en 2006”, lo que fue reiterado en un escrito enviado a la CIDH el 15 de junio y uno de los remitidos a las autoridades mexicanas, tras un siniestro ocurrido en las cuevas de Rancherías en Múzquiz, donde la inundación de la mina provocó la muerte de siete mineros que pudieron ser rescatados. Con esa exigencia, los familiares de las víctimas del siniestro en Pasta de Conchos, reiteraron que es necesario que los acuerdos asumidos por el gobierno federal
“incorporen medidas de no repetición para garantizar la seguridad de los mineros en la región, sobre todo debido a que a la fecha, se continúan haciendo nuevas cuevas para surtir carbón derivado del contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”. Agregaron que, “pese a que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) restringió el acceso a las minas, los trabajadores continúan denunciado que las mismas siguen en operación”. La Organización Familiares Pasta de Conchos y el Centro Prodh, indicaron que el Estado mexicano tiene un plazo de un mes para dar respuesta a los peticionarios en el litigio ante la CIDH por las violaciones a los derechos humanos, cometidos contra los mineros atrapados en la mina y sus familiares. Para los peticionarios y sus representantes, las autoridades tienen la oportunidad de “atender las deficiencias que hasta ahora persisten en la interlocución y asegurar que la voluntad y los compromisos adquiridos por el gobierno, se lleve a cabo bajo esquemas de participación adecuadas y atendiendo a la integralidad de las medidas, incluyendo la no repetición, así como el rescate que habrá de ocurrir en el mes de octubre”.
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A contrarreloj, el Congreso busca aprobar la ley secundaria sobre revocación de mandato
| Foto Cámara de Diputados A contrarreloj, el Congreso buscará aprobar la ley secundaria de la reforma constitucional de la consulta para la revocación de mandato. En el régimen transitorio de la reforma publicada en 2019 se establece que el Congreso tendría que expedir en 180 días la ley reglamentaria, sin embargo, ha sido omiso, el plazo ha vencido, y ahora tiene el tiempo encima pues para el caso de la solicitud de consulta sobre revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador la recolección de firmas debería comenzar en noviembre y tiene como fecha límite el 15 de diciembre de 2021. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, reconoció, en entrevista con medios de comunicación, que sin la ley secundaria no se podría llevar a cabo la consulta popular sobre revocación de mandato. “Sin esta ley reglamentaria, no podríamos ir a este ejercicio, que es trascendente para la vida pública del país”, aseguró el líder de Morena en el Senado. Adelantó que todavía el lunes podrían incluir el tema en la sesión de la Comisión Permanente para que se añada en un nuevo periodo extraordinario, pues ya cuentan con la iniciativa, una que él ingresó hace 10 días, luego de que la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas del PRI retiró la suya en la materia. Mientras que el senador Damián Zepeda del PAN aseguró, en conferencia de prensa, que la revocación de mandato está muy bien reglamentada desde la Constitución por lo que se podría llevar a cabo sin ley secundaria. “No está en duda que pueda llevarse a cabo la revocación de mandato, la Constitución es tan clara que el INE podría organizarlo con lineamientos, particularmente cuando hay una Ley Federal de Consulta Popular, que básicamente hace lo mismo, preguntarle a la gente, no necesitas inventar el hilo negro”, opinó el legislador panista. Lo anterior, dijo, debido a que en la Carta Magna quedaron establecidos los puntos centrales, como que el porcentaje mínimo de participación tendría que ser de, por lo menos, el 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores, y la revocación de mandato sólo procederá por mayoría absoluta, es decir, se requiere la mitad más uno para que proceda la revocación. Además de que la revocación de mandato se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional del presidente de la República. También se estipula que la pueden solicitar los ciudadanos, el 3 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas. Así como que el Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la organización, desarrollo y cómputo de la votación. De acuerdo con Zepeda, el Congreso podría discutir una ley secundaria para la revocación de mandato en septiembre, al inicio del periodo ordinario de sesiones, e incluso aseguró que ya presentó su propia iniciativa al respecto. “Hago votos porque ahorita, en lo que queda el extraordinario, todos los grupos pongan en la mesa sus propuestas y que llegando septiembre podamos entrarle al análisis y a aprobar la Ley Federal de Revocación de Mandato”, apuntó.
