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centrada en la simplificación: Ramírez de la O
/ J. Jesús esquivel
La Asociación Industrial del Comercio de las Armas (NSSF, por sus siglas en inglés) rechazó los procedimientos legales que inició en su contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y los tildó de acusaciones infundadas.
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“La NSSF rechaza los alegatos de México de que las manufactureras de armas de Estados Unidos participan en prácticas comerciales negligentes”, destaca la respuesta de la agrupación a la demanda civil presentada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.
“Todas las armas de fuego se venden en Estados Unidos en cumplimiento con las leyes federales y estatales, bajo el escrutinio del FBI (de los antecedentes penales de los compradores), y se cumple con todos los requisitos”, abunda la NSSF.
Apro buscó a la SRE para saber qué opinaban de la reacción de la NSSF, y la respuesta fue: "Sus declaraciones eran previsibles", dijo un alto funcionario de la Cancillería mexicana.
Industria de las armas de EU rechaza alegatos legales de México; es un infundio, afirma
La demanda civil contra la industria de las armas, presentada ante una corte federal en el estado de Massachusetts, argumenta la negligencia en la práctica de la venta de armas en Estados Unidos en detrimento de México y sus ciudadanos.
En la ficha técnica de la demanda que presentó la SRE resaltan dos puntos: *El gobierno de México ha sufrido un daño directo e indirecto ocasionado por las prácticas negligentes de empresas en Estados Unidos. *Los demandados tienen conocimiento pleno de que sus prácticas comerciales generan tráfico ilícito de armas a México.
La NSSF, con sede en Newton, Connecticut, sostiene que son falsos los argumentos de la SRE de México, a cargo de Marcelo Ebrard, respecto a que con sus ventas al mayoreo provoca un trasiego ilegal de armas de fuego. “Esos alegatos son infundados; el gobierno de México es el responsable de la rampante corrupción y del crimen que priva entre sus fronteras”, señalo Lawrence Keanne, vicepresidente ejecutivo y consejero general de la NSSF, a través de un comunicado de prensa.
“La actividad criminal en México es un resultado directo del tráfico ilícito de drogas, de personas y por los cárteles y crimen organizado que han plagado a sus ciudadanos”, argumentó Keanne en la réplica a la SER.
En la respuesta a la demanda del gobierno mexicano, Keanne indicó que esta acción legal es incluso una afrenta a la soberanía de Estados Unidos y la Segunda Enmienda constitucional que permite la venta, portación y uso de armas de fuego en la Unión Americana.
“Un derecho que el gobierno de México niega a sus ciudadanos para defenderse de los cárteles”, insistió Keanne.
La NSSF también presenta estadísticas para responder a la maniobra legal del gobierno de México, indicando, por ejemplo, que en 2008 el 12% de las armas confiscadas provenían de Estados Unidos, pero unas 30 mil fueron decomisadas a criminales.
De esas 30 mil armas, la NSSF apunta que solamente 7 mil 200 (24%) fueron sometidas al rastreo (para determinar su origen) del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
La agrupación de manufactureros de armas acota que el gobierno de Estados Unidos es uno de los que venden armas al de México, y que el problema también incurre y se infla por la deserción de soldados mexicanos que se va a trabajar con los cárteles y se llevan con ellos los rifles automáticos y armas para uso exclusivo del Ejército.
El gobierno prepara una transformación tributaria centrada en la simplificación: Ramírez de la O
| Foto @R_Ramirez_O
El nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, adelantó que alistan una transformación tributaria centrada en la simplificación.
Y subrayó que el principal detonador de la recuperación económica es la implementación de la estrategia nacional de vacunación, con 67 millones de dosis aplicadas hasta el momento. Al tomar posesión del cargo, este miércoles, Ramírez de la O explicó que los contribuyentes pequeños y medianos no pueden cumplir con sus obligaciones con el sistema tributario complejo y costoso que se tiene actualmente.
Luego sostuvo que la reforma de simplificación tributaria se planteará en el Paquete Económico de 2022, que el Ejecutivo pondrá a consideración del Congreso el próximo 8 de septiembre.
El funcionario federal argumentó que la complejidad fiscal no sólo limita las posibilidades de cumplimiento de los contribuyentes actuales, sino que también establece barreras a la entrada de nuevos participantes.
Durante su comparecencia ante los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, donde fue ratificado, Ramírez de la O insistió que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no propondrá nuevos impuestos ni elevará los existentes.
“El presidente está firme en su postura de no aumentar las tasas de impuestos ni de crear nuevos impuestos; estamos convencidos que tenemos margen para dar esta certidumbre y al mismo tiempo acomodar las necesidades de gasto, siempre con un criterio de austeridad”, recalcó.
Rogelio Ramírez de la O fue ratificado en el pleno de San Lázaro con 319 votos a favor y 53 en contra. Ya como nuevo secretario de Hacienda señaló que el Paquete Económico de 2022 buscará un desarrollo social incluyente, dotando de mayores oportunidades a los más desfavorecidos, y buscando una prosperidad nacional convergente entre estratos sociales y regiones. De igual manera, manifestó que se buscará propiciar un buen clima económico y de diálogo con empresarios e inversionistas, porque “los retos que enfrentamos son enormes y requieren de la participación de todos los sectores empresariales y productivos”.
Señaló que el compromiso del gobierno y de la Secretaría de Hacienda será propiciar condiciones de competencia macroeconómicas, fiscales y regulatorias, y de gobernabilidad para estimular la mayor inversión.
Anticipó que en breve se presentará un tercer paquete de inversiones que contendrá importantes desarrollos de infraestructura y energía.
La SRE lamenta que fabricantes de armas de EU busquen litigar en los medios
/ J. Jesús esquivel
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó que los fabricantes de armas hayan optado por litigar la controversia legal en los medios y no en los tribunales.
“Era previsible”, refutó la Cancillería en un pronunciamiento emitido horas después de los alegatos difundidos por la Asociación Industrial del Comercio de las Armas (NSSF, por sus siglas en inglés) en respuesta a la denuncia civil interpuesta por el gobierno mexicano en su contra por su presunta responsabilidad en el tráfico de armas y los daños que ocasionan a México.
Según la SRE, 70 o 90% de las armas recuperadas en hechos criminales en el país fueron internadas ilegalmente a territorio mexicano desde Estados Unidos.
Además, las armas que más se recuperan provienen de las empresas Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock y Ruger. También Barrett, cuyo rifle de francotirador de calibre .50 es un arma de guerra apreciada por los cárteles de la droga.
Asimismo, dice que la empresa Interstate Arms es un mayorista del área de Boston, a través del cual todos los fabricantes demandados, excepto uno, venden sus armas para su reventa a vendedores de armas en todo Estados Unidos.
Los fabricantes demandados –prosigue el pronunciamiento de la Cancillería mexicana– diseñan, comercializan, distribuyen y venden armas de forma que saben que arman a los cárteles de la droga en México.
Y suelta más argumentos:
“Los demandados utilizan traficantes de armas imprudentes y corruptos, y prácticas de venta peligrosas e ilegales con las que cuentan los cárteles para conseguir sus armas. Los demandados diseñan estas armas para que sean fácilmente modificadas para disparar automáticamente y para que sean fácilmente transferibles en el mercado criminal. Los demandados saben cómo fabricar y vender sus armas para evitar este comercio ilegal; el Gobierno de Estados Unidos y la corte de Estados Unidos les dijeron cómo hacerlo. Los demandados desafían esas recomendaciones, y muchas otras, y en su lugar eligen continuar abasteciendo el mercado criminal de armas en México, porque se benefician de él. “Los demandados producen más de 68% de esas armas traficadas de origen estadunidense, lo que significa que anualmente venden más de 340 mil armas, las cuales fluyen de sus plantas en Massachusetts y otros estados de EU hacia criminales al sur de la frontera”.
En su escrito, la SRE refiere también que, en 2001, el gobierno federal de Estados Unidos instó igualmente a los fabricantes demandados a monitorear, supervisar y establecer condiciones razonables en sus sistemas de distribución, para evitar el suministro de armas a criminales.
Aun así, acota, los fabricantes se negaron. Es más, recuerda que la empresa Smith & Wesson llegó a un acuerdo de conciliación con el gobierno estadunidense y varias ciudades de Estados Unidos, comprometiéndose a reformas específicas de su sistema de distribución, diseñadas para evitar el suministro de armas al mercado criminal. “Bajo la presión de otros en la industria, Smith & Wesson incumplió el acuerdo”, subraya.
En contra de los argumentos esgrimidos por los demandados, la Cancillería mexicana destaca que la Corte Suprema de Estados Unidos reconoce que un gobierno extranjero puede demandar en cortes estadunidenses, sin menoscabo de la legislación de ese país, pues “no pretende atentar contra la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos”.
“Esta demanda no está en contra del comercio de armas, lo que busca un comercio responsable” en donde, si en verdad las empresas demandadas se rigieran por la ley, tendrían prácticas comerciales más estrictas para: –Abstenerse de anunciar entre la población civil armas de alto poder para fines militares. –Sancionar a distribuidores y vendedores que violan la ley estadunidense. –Cooperar con las autoridades estadunidenses para identificar la ruta que siguieron en la cadena comercial, armas utilizadas en delitos en México. Esta información podría beneficiar a la investigación y procuración de justicia. –No dirigir su publicidad a grupos delictivos.
Por último, la oficina de Marcelo Ebrard apunta que en el litigio se probará que las empresas demandadas incurren en prácticas ilícitas y negligentes. “La Corte conocerá los hechos y las evidencias, no los mensajes superficiales que pretenden legitimar su enriquecimiento desmedido a costa de la muerte de cientos de personas”, concluye.
TEPJF anula triunfo de Mary Carmen Bernal en Zitácuaro por uso de influencers
/ rodrigo Vera
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó declarar la nulidad de la elección de la diputación del 03 distrito electoral, con cabecera en Zitácuaro, Michoacán, y revocar la entrega de constancia de mayoría y validez a la planilla triunfadora, postulada por la coalición “Juntos Hacemos Historia”.
Morena, el PT y el PVEM habían elegido a Mary Carmen Bernal como su abanderada, el día de la elección obtuvo 74 mil 302 votos.
La Sala Regional Toluca resolvió que se configuraba la causal de “nulidad genérica”, porque durante el periodo de veda electoral un partido político de esa coalición difundió propaganda electoral consistente en mensajes de apoyo, promoción y simpatías hacia ese partido, en redes sociales y a través de influencers.
El tribunal agregó que esta propaganda prohibida fue parte de una campaña electoral planificada, sistemática y coordinada, la cual vulneró los principios de legalidad, certeza y equidad en la contienda, por lo que la violación fue estimada como grave.
Finalmente, este órgano jurisdiccional federal también determinó pedirle al Instituto Nacional Electoral (INE) que celebre una elección extraordinaria en ese distrito michoacano. Mary Carmen Bernal | Foto @MaryCarmenBM
El INE anunció que se está investigando a 95 personas que difundieron mensajes en favor del PVEM durante el pasado proceso electoral.
CDHEC abre queja contra gobernador de Colima por incumplimiento de pago a 12 mil trabajadores
/ pedro Zamora Briseño
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) abrió de oficio un expediente de queja contra el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez por el incumplimiento del pago de la segunda quincena de julio a cerca de 12 mil trabajadores, entre burócratas, profesores de educación básica y empleados de organismos autónomos.
El organismo humanitario también realizó un exhorto público al mandatario y a las autoridades responsables de las áreas de Finanzas del gobierno estatal para cumplir con el pago de nómina correspondiente de los trabajadores, ya que argumentó, no solamente se está hablando de salarios, sino además de aquellos derechos inherentes que se ven directamente afectados.
“Suspender el pago del sueldo de las y los trabajadores se traduce en una trasgresión no sólo por la ausencia de esa justa retribución, sino en una violación a la dignidad humana, ante la falta de sustento para satisfacer sus necesidades básicas, tanto las personales, como las de la familia, en el orden alimentario, salud, educación y vivienda digna”, apuntó.
La noche del pasado 29 de julio, Peralta Sánchez anunció a través de un video difundido en sus redes sociales que su administración había realizado un pago de alrededor de mil millones de pesos por concepto de créditos de corto plazo y ya no contaba con recursos para pagar esa quincena ni las siguientes hasta el fin de gobierno, el próximo 31 de octubre.
Argumentó que la Ley de Disciplina Financiera le obligaba a liquidar todos los créditos de corto plazo tres meses antes de terminar su mandato y que arrastraba un déficit desde el año pasado, debido a los gastos extraordinarios por la pandemia de covid-19. Desde entonces, todos los días han realizado protestas los integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del José Ignacio Peralta Sánchez | Foto /NachoPeraltaCol Gobierno del Estado (STSGE) y de la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). A su vez, el gobernador y el exsecretario de Planeación y Finanzas, Carlos Arturo Noriega García, deberán comparecer ante el Congreso local el próximo viernes, para explicar la quiebra financiera y el destino de los recursos faltantes.
Por su parte, el STSGE aprobó la presentación de denuncias penales contra el gobernador, igual que la fracción de Morena y otros diputados en el Congreso local.
Mientras tanto, este miércoles el gobernador Peralta Sánchez se encontraba en la Ciudad de México, en reuniones en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en busca de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador destine recursos extraordinarios para poder pagar el salario de los trabajadores colimenses.
Gobernador de Guanajuato reitera: “El fiscal tiene mi confianza”… pese a investigación de la UIF
/ Verónica espinosa
“El fiscal tiene mi confianza”, reiteró una vez más el gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y admitió que desde el año pasado tenía conocimiento de la investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera federal (UIF) sigue contra Carlos Zamarripa, cuya destitución le ha sido solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en diversas ocasiones. El gobernador insistió en que ha pedido al Ejecutivo federal una cita para hablar de éste y otros temas, como el apoyo presupuestal, pues “pareciera que hay un castigo” para Guanajuato de parte del gobierno federal, apuntó.
En principio, sobre la investigación del gobierno federal contra el fiscal, señaló: “Hace un año fue esa investigación. De hecho, yo hablé con Santiago (Nieto, titular de la UIF) hace un año y ya me habían comentado que no habían encontrado nada”.
Rodríguez Vallejo hizo esas declaraciones a medios en Irapuato, este miércoles, a propósito de la información publicada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La indagatoria, según dio a conocer MMCI, fue ampliada a familiares del fiscal Zamarripa, al exsecretario de Gobierno y actual diputado local electo Luis Ernesto Ayala Torres, y al empresario Francisco González Espejel, relacionado con ambos.
La investigación llevó a la UIF a solicitar que se congelaran cuentas bancarias a González Espejel, quien, según dio a conocer el portal POPLab, es además compadre de un hijo del expresidente Vicente Fox Quesada. El empresario se amparó, pero la UIF impugnó la resolución y se encuentra en trámite.
Desde el año pasado el propio fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que Carlos Zamarripa era investigado, pero no se mencionó más el asunto y el gobernador de Guanajuato calló sobre dicha indagatoria.
Tras afirmar que supo de ella por Santiago Nieto y que éste le dijo que se ampliaría a otras personas cercanas al fiscal, Diego Sinhue Rodríguez señaló que el asunto “es tema de particulares (sic)”.
“Yo la verdad creo que hay que seguir trabajando, falta mucho por hacer”, manifestó el gobernador, quien mencionó que en la mesa de seguridad estatal se informó que en lo que va del año se han reducido los homicidios respecto al año pasado.
“Ya llevamos 710 homicidios menos respecto al mismo periodo del año pasado; no es suficiente aún, falta mucho, pero creo que se están notando poco a poco los logros”, presumió”. 2020 fue el año en el que más asesinatos se cometieron en Guanajuato: de enero a junio, mil 980 personas murieron víctimas de homicidios dolosos.
En el mismo lapso de este año se reportaron mil 469 homicidios del mismo tipo, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que además refrendan al estado como el número uno en este delito en el país.
De todos modos, para el gobernador Rodríguez Vallejo no hay dudas sobre su espaldarazo al titular de la Fiscalía y antes procurador durante los últimos 12 años.
“Como siempre he dicho, el fiscal tiene mi confianza; fue nombrado por el Congreso, esperemos que pronto se pueda aclarar esto. Yo lo que siempre he pedido: vamos a ponernos a trabajar para que sigamos dando resultados, que la gente espera todavía mucho más”, recalcó.
El gobernador recordó que en todo el trienio (del gobierno de AMLO), Guanajuato “ha sido señalado constantemente”, y también planteó la cita que ha solicitado al propio presidente “para tratar éste y otros temas”, como la presa del Zapotillo y la entrega del complejo Paralímpico que el gobierno de Felipe Calderón construyó en Irapuato y jamás operó.
Sobre éste, Diego Sinhue Rodríguez soltó: “Hombre, hoy con los escasos resultados que hemos tenido, qué importante que nuestros atletas se prepararan en un lugar como ese que está siendo desaprovechado” (aparentemente en referencia a la participación de los atletas mexicanos en las Olimpiadas de Tokio).
Dijo que al Paralímpico se le invirtieron muchos recursos -aunque el gobierno de Calderón prácticamente lo dejó olvidado- “y nadie lo aprovecha”.
Según el panista, mandó recientemente una carta al presidente de la República para insistir en una cita “para aclarar muchos de estos temas”.
“Mi respuesta es que me gustaría platicar con él en lo personal, éste y muchos otros temas del estado; mandé un escrito para dejar constancia, pues, de que se está pidiendo la cita, esperamos que pronto nos otorguen esta cita para platicar”.
Según Rodríguez, actualmente el gobierno federal no realiza una sola obra pública en Guanajuato y, por el contrario dijo, el gobierno estatal ha entrado a meter recursos a obras federales como el mantenimiento o ampliación de carreteras. “Ya van tres años; más allá de los cuarteles de la Guardia Nacional”, no hay inversión.
“Al paso del tiempo pareciera que hay un castigo, sobre todo en el tema económico, a Guanajuato. Ya son 21 mil millones que ha dejado de recibir el estado de Guanajuato y que nos preocupa”, terminó.
