JUEVES 5 DE AGOSTO DE 2021 / J. Jesús Esquivel La Asociación Industrial del Comercio de las Armas (NSSF, por sus siglas en inglés) rechazó los procedimientos legales que inició en su contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y los tildó de acusaciones infundadas. “La NSSF rechaza los alegatos de México de que las manufactureras de armas de Estados Unidos participan en prácticas comerciales negligentes”, destaca la respuesta de la agrupación a la demanda civil presentada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México. “Todas las armas de fuego se venden en Estados Unidos en cumplimiento con las leyes federales y estatales, bajo el escrutinio del FBI (de los antecedentes penales de los compradores), y se cumple con todos los requisitos”, abunda la NSSF. Apro buscó a la SRE para saber qué opinaban de la reacción de la NSSF, y la respuesta fue: "Sus declaraciones eran previsibles", dijo un alto funcionario de la Cancillería mexicana.
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Industria de las armas de EU rechaza alegatos legales de México; es un infundio, afirma La demanda civil contra la industria de las armas, presentada ante una corte federal en el estado de Massachusetts, argumenta la negligencia en la práctica de la venta de armas en Estados Unidos en detrimento de México y sus ciudadanos. En la ficha técnica de la demanda que presentó la SRE resaltan dos puntos: *El gobierno de México ha sufrido un daño directo e indirecto ocasionado por las prácticas negligentes de empresas en Estados Unidos. *Los demandados tienen conocimiento pleno de que sus prácticas comerciales generan tráfico ilícito de armas a México. La NSSF, con sede en Newton, Connecticut, sostiene que son falsos los argumentos de la SRE de México, a cargo de Marcelo Ebrard, respecto a que con sus ventas al mayoreo provoca un trasiego ilegal de armas de fuego. “Esos alegatos son
El gobierno prepara una transformación tributaria centrada en la simplificación: Ramírez de la O
infundados; el gobierno de México es el responsable de la rampante corrupción y del crimen que priva entre sus fronteras”, señalo Lawrence Keanne, vicepresidente ejecutivo y consejero general de la NSSF, a través de un comunicado de prensa. “La actividad criminal en México es un resultado directo del tráfico ilícito de drogas, de personas y por los cárteles y crimen organizado que han plagado a sus ciudadanos”, argumentó Keanne en la réplica a la SER. En la respuesta a la demanda del gobierno mexicano, Keanne indicó que esta acción legal es incluso una afrenta a la soberanía de Estados Unidos y la Segunda Enmienda constitucional que permite la venta, portación y uso de armas de fuego en la Unión Americana. “Un derecho que el gobierno de México niega a sus ciudadanos para defenderse de los cárteles”, insistió Keanne.
La SRE lamenta que fabricantes de armas de EU busquen litigar en los medios / J. Jesús Esquivel
| Foto @R_Ramirez_O El nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, adelantó que alistan una transformación tributaria centrada en la simplificación. Y subrayó que el principal detonador de la recuperación económica es la implementación de la estrategia nacional de vacunación, con 67 millones de dosis aplicadas hasta el momento. Al tomar posesión del cargo, este miércoles, Ramírez de la O explicó que los contribuyentes pequeños y medianos no pueden cumplir con sus obligaciones con el sistema tributario complejo y costoso que se tiene actualmente. Luego sostuvo que la reforma de simplificación tributaria se planteará en el Paquete Económico de 2022, que el Ejecutivo pondrá a consideración del Congreso el próximo 8 de septiembre. El funcionario federal argumentó que la complejidad fiscal no sólo limita las posibilidades de cumplimiento de los contribuyentes actuales, sino que también establece barreras a la entrada de nuevos participantes. Durante su comparecencia ante los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, donde fue ratificado, Ramírez de la O insistió que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no propondrá nuevos impuestos ni elevará los existentes. “El presidente está firme en su postura de no aumentar las tasas de impuestos ni de crear nuevos impuestos; estamos convencidos que tenemos margen para dar esta certidumbre y al mismo tiempo acomodar las necesidades de gasto, siempre con un criterio de austeridad”, recalcó. Rogelio Ramírez de la O fue ratificado en el pleno de San Lázaro con 319 votos a favor y 53 en contra. Ya como nuevo secretario de Hacienda señaló que el Paquete Económico de 2022 buscará un desarrollo social incluyente, dotando de mayores oportunidades a los más desfavorecidos, y buscando una prosperidad nacional convergente entre estratos sociales y regiones. De igual manera, manifestó que se buscará propiciar un buen clima económico y de diálogo con empresarios e inversionistas, porque “los retos que enfrentamos son enormes y requieren de la participación de todos los sectores empresariales y productivos”. Señaló que el compromiso del gobierno y de la Secretaría de Hacienda será propiciar condiciones de competencia macroeconómicas, fiscales y regulatorias, y de gobernabilidad para estimular la mayor inversión. Anticipó que en breve se presentará un tercer paquete de inversiones que contendrá importantes desarrollos de infraestructura y energía.
La NSSF también presenta estadísticas para responder a la maniobra legal del gobierno de México, indicando, por ejemplo, que en 2008 el 12% de las armas confiscadas provenían de Estados Unidos, pero unas 30 mil fueron decomisadas a criminales. De esas 30 mil armas, la NSSF apunta que solamente 7 mil 200 (24%) fueron sometidas al rastreo (para determinar su origen) del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. La agrupación de manufactureros de armas acota que el gobierno de Estados Unidos es uno de los que venden armas al de México, y que el problema también incurre y se infla por la deserción de soldados mexicanos que se va a trabajar con los cárteles y se llevan con ellos los rifles automáticos y armas para uso exclusivo del Ejército.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó que los fabricantes de armas hayan optado por litigar la controversia legal en los medios y no en los tribunales. “Era previsible”, refutó la Cancillería en un pronunciamiento emitido horas después de los alegatos difundidos por la Asociación Industrial del Comercio de las Armas (NSSF, por sus siglas en inglés) en respuesta a la denuncia civil interpuesta por el gobierno mexicano en su contra por su presunta responsabilidad en el tráfico de armas y los daños que ocasionan a México. Según la SRE, 70 o 90% de las armas recuperadas en hechos criminales en el país fueron internadas ilegalmente a territorio mexicano desde Estados Unidos. Además, las armas que más se recuperan provienen de las empresas Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock y Ruger. También Barrett, cuyo rifle de francotirador de calibre .50 es un arma de guerra apreciada por los cárteles de la droga. Asimismo, dice que la empresa Interstate Arms es un mayorista del área de Boston, a través del cual todos los fabricantes demandados, excepto uno, venden sus armas para su reventa a vendedores de armas en todo Estados Unidos. Los fabricantes demandados –prosigue el pronunciamiento de la Cancillería mexicana– diseñan, comercializan, distribuyen y venden armas de forma que saben que arman a los cárteles de la droga en México. Y suelta más argumentos: “Los demandados utilizan traficantes de armas imprudentes y corruptos, y prácticas de venta peligrosas e ilegales con las que cuentan los cárteles para conseguir sus armas. Los demandados diseñan estas armas para que sean fácilmente modificadas para disparar automáticamente y para que sean fácilmente transferibles en el mercado criminal. Los demandados saben cómo fabricar y vender sus armas para evitar este comercio ilegal; el Gobierno de Estados Unidos y la corte de Estados Unidos les dijeron cómo hacerlo. Los demandados desafían esas recomendaciones, y muchas otras, y en su lugar eligen continuar abasteciendo el mercado criminal de armas en México, porque se benefician de él. “Los demandados producen más de 68% de esas armas traficadas de origen estadu-
nidense, lo que significa que anualmente venden más de 340 mil armas, las cuales fluyen de sus plantas en Massachusetts y otros estados de EU hacia criminales al sur de la frontera”. En su escrito, la SRE refiere también que, en 2001, el gobierno federal de Estados Unidos instó igualmente a los fabricantes demandados a monitorear, supervisar y establecer condiciones razonables en sus sistemas de distribución, para evitar el suministro de armas a criminales. Aun así, acota, los fabricantes se negaron. Es más, recuerda que la empresa Smith & Wesson llegó a un acuerdo de conciliación con el gobierno estadunidense y varias ciudades de Estados Unidos, comprometiéndose a reformas específicas de su sistema de distribución, diseñadas para evitar el suministro de armas al mercado criminal. “Bajo la presión de otros en la industria, Smith & Wesson incumplió el acuerdo”, subraya. En contra de los argumentos esgrimidos por los demandados, la Cancillería mexicana destaca que la Corte Suprema de Estados Unidos reconoce que un gobierno extranjero puede demandar en cortes estadunidenses, sin menoscabo de la legislación de ese país, pues “no pretende atentar contra la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos”. “Esta demanda no está en contra del comercio de armas, lo que busca un comercio responsable” en donde, si en verdad las empresas demandadas se rigieran por la ley, tendrían prácticas comerciales más estrictas para: –Abstenerse de anunciar entre la población civil armas de alto poder para fines militares. –Sancionar a distribuidores y vendedores que violan la ley estadunidense. –Cooperar con las autoridades estadunidenses para identificar la ruta que siguieron en la cadena comercial, armas utilizadas en delitos en México. Esta información podría beneficiar a la investigación y procuración de justicia. –No dirigir su publicidad a grupos delictivos. Por último, la oficina de Marcelo Ebrard apunta que en el litigio se probará que las empresas demandadas incurren en prácticas ilícitas y negligentes. “La Corte conocerá los hechos y las evidencias, no los mensajes superficiales que pretenden legitimar su enriquecimiento desmedido a costa de la muerte de cientos de personas”, concluye.
