LUNES 2 DE AGOSTO DE 2021 / Claudia Villegas En mayo de 2017 Grupo Carso eliminó de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) las acciones de su subsidiaria CICSA para integrar sus operaciones a la empresa controladora de los negocios de Carlos Slim. En 2020, gracias a su participación en la construcción de las plataformas petroleras Maloob E y Maloob I de Pemex en la Sonda de Campeche, entre otros proyectos, CICSA incrementó sus ventas 25.6%. Al primer trimestre de 2021 y debido a su participación en el Tren Maya, CICSA incrementó sus ingresos 74% respecto al mismo periodo de 2020. Durante los primeros días de mayo, luego del desplome de la Línea 12, los títulos de Grupo Carso cayeron a niveles de 55.68 pesos. Sin embargo, el 22 de junio –luego de la reunión entre Carlos Slim y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para acordar una nueva participación del grupo en la rehabilitación del tramo de la Línea Dorada, tal y como ya lo había hecho en 2017–, los títulos de la controladora de empresas industriales siguieron recuperándose para cerrar el 29 de julio en niveles de 64.61. Después de la reunión de Slim con el presidente López Obrador en junio pasado, los títulos de Carso han mantenido su recuperación con una ganancia de 4%. En el mercado de valores, el Grupo Carso mantiene en circulación 2 mil 258 millones 306 mil 438 títulos. Hasta ahora, sin embargo, Carso no ha informado de manera oficial a los inversionistas del mercado de valores sobre el costo de la nueva rehabilitación de la Línea Dorada ni sobre las contingencias legales que podría enfrentar ante la posible demanda de los afectados por el desplome de la Línea 12.
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Slim no pierde La Ley del Mercado de Valores establece que las empresas que obtienen recursos de inversionistas del mercado de capitales tienen obligación de transmitir a sus accionistas toda aquella información relevante que impacte sus operaciones y sus ingresos. Hasta ahora, Carso no ha considerado necesario hacerlo. Ingeniería civil y relaciones políticas Expertos en analizar compañías constructoras que cotizan en el mercado de valores indican que las obras de infraestructura que realizan estas firmas con los gobiernos en turno pocas veces tienen un desenlace libre de pasivos o complicaciones, ante el enmarañado de relaciones y compromisos políticos que conllevan. En consecuencia, las firmas constructoras generalmente destinan recursos para crear reservas y exploran esquemas de responsabilidad compartida, como la contratación de coaseguros. Al llegar a formar parte de sus operaciones regulares, sin embargo, pocas veces destacan este tipo de coberturas en sus informes. El costo de la Línea 12, originalmente estimado en 17 mil 500 millones de pesos, se incrementó a 26 mil millones. Entre 2013 y 2014 el consorcio fue citado en al menos tres ocasiones por autoridades y el Congreso local para examinar su responsabilidad en las fallas de origen de la obra, que acusó por más de un año el cese de operaciones en 11 de sus 20 estaciones a partir de marzo del 2014, tras haber sido inaugurada y puesta en servicio apenas el 30 de octubre de 2012. La gravedad de las inconsistencias de obra provocó que
autoridades judiciales emitieran una sentencia contra el consorcio, obligándolo a pagar una multa por 2 mil 121 millones de pesos por retrasos, trabajos no ejecutados y daños y perjuicios. El 3 de mayo pasado colapsó una trabe que daba soporte a las vías de la Línea Dorada a la altura de la estación Olivos, ocasionando la muerte de 26 personas y cerca de un centenar de heridos. El 28 de julio pasado, Spínola García, director de finanzas y administración de Grupo Carso, dijo en una conferencia de prensa que la compañía está preparada para cerrar un convenio con el gobierno de la Ciudad de México y rehabilitar el tramo de la Línea 12 donde se involucró directamente, que abarca una extensión de 6.7 kilómetros, incluyendo el tramo Tezonco-Olivos, donde ocurrió el accidente. “Incursionar en la operación de servicios públicos casi siempre deriva en cuestiones políticas, donde el cumplimiento de los requerimientos técnicos se ve rebasado por fechas de entrega a veces apresuradas”, señala uno de los especialistas entrevistados, quienes pidieron el anonimato como condición para expresar sus opiniones. Spínola García dijo que no podía entregar más información sobre las causas del colapso de la L12 ni sobre los peritajes preliminares del accidente del 3 de mayo por tratarse de una investigación legal que sigue abierta. “Es posible que CICSA pague una parte de la reparación y lo más probable es que haya un seguro del propio Sistema de Transporte Colectivo Metro”, menciona otra fuente.
Carlos Slim | Foto culturacdmx En su reporte financiero del segundo trimestre, Carso dice que el objetivo de su empresa CICSA es seguir participando en próximas licitaciones de proyectos en sectores estratégicos en México, donde menciona proyectos de agua, edificación, hidrocarburos, industrial, infraestructura y telecomunicaciones. CICSA clasifica a través de cinco sectores su actividad, que abarca la instalación de ductos, fabricación y servicios para la industria química y petrolera, proyectos de infraestructura, construcción civil y vivienda. Si bien sus ventas consolidadas retrocedieron 2.8% –pasaron de 6 mil 245 a 6 mil 70 millones de pesos entre el segundo trimestre de 2020 a igual periodo de 2021–, las ventas en infraestructura, donde está inscrita la Línea 12, repuntaron casi 20%, para llegar a mil 33 millones. (Con información de María Luisa Aguilar).
Sedena, CNI y Semar, reticentes a la transparencia / Juan Omar Fierro El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido transparentar todos los contratos relacionados con la compra y operación del programa espía Pegasus, de la compañía israelí NSO Group, una tecnología intrusiva que en México fue usada para seleccionar 15 mil números telefónicos como posibles blancos de espionaje. Sin embargo, la instrucción presidencial para dar a conocer los contratos públicos que el gobierno federal ha firmado para el uso de Pegasus dejaron fuera a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dependencia que adquirió en 2011 el programa que es capaz de infectar cualquier teléfono móvil para después convertirlo en un arma de espionaje contra su propio dueño. El aval presidencial al silencio de la Secretaría de la Defensa sobre la compra y operación de Pegasus entre 2011 y 2018 ocurre pese a que Pegasus Project, una investigación colaborativa en la que participaron 80 periodistas y 17 medios de todo el mundo, tras la filtración de 50 mil registros telefónicos que fueron seleccionados como blancos de espionaje por esa plataforma, logró identificar a la Sedena como uno de los mayores usuarios de ese spyware en México Además, el segundo mayor usuario de Pegasus en nuestro país, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), sucesor del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), tampoco ha acatado la instrucción de López Obrador de trans-
parentar los contratos que celebró entre 2013 y 2018 para la adquisición del programa espía y la compra de licencias que permitieron su uso constante durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. En suma: una semana después de que se diera a conocer que la plataforma Pegasus ingresó los números telefónicos de al menos 50 personas del círculo íntimo de López Obrador –incluyendo a sus hijos y esposa– como objetivos de espionaje, todavía no se ha hecho público ningún contrato relacionado directamente con la compra y operación del software creado, según NSO, para ayudar a los gobiernos en su lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Los contratos de la Sedena El manejo de la información relativa a Pegasus ha sido tan discrecional, que el actual titular de la Sedena, el general Luis Cresencio Sandoval González, ni siquiera ha tenido que explicar la compra que realizó esa dependencia del programa espía entre septiembre de 2010 y finales de 2012, documentada por el reportero Zózimo Camacho en mayo de 2012. Los cinco contratos divulgados por Contralínea señalan que el primer sistema Pegasus adquirido por la Sedena tuvo un costo superior a los 8 mil millones de pesos y que se habría instalado en cerca de 200 computadoras, mismas que estaban al servicio de inteligencia militar. Once años después de esta primera revelación, la Secretaría de la Defensa Nacional mantiene en el más absoluto sigilo el uso que ha dado al programa espía, y lo único que se ha conocido es una factura
expedida por la Sedena para el pago a la empresa Proyectos y Diseños VME, por la renovación de licencias de Pegasus, por el concepto de “servicio de monitoreo remoto de información”. Dicha factura fue publicada por Aristegui Noticias el 10 de julio de 2017, junto a otros documentos fiscales que amparan la compra de licencias para actualizar Pegasus por parte del Cisen y de la Procuraduría General de la República, que inicialmente compró el programa espía a otro proveedor, Tech Bull, por la cantidad de 32 millones de dólares. La Sedena tampoco ha explicado todos los pagos que realizó entre 2011 y 2018 a la red de empresas fachada que formaban parte del Corporativo KBH, en algunos casos para las actualizaciones del sistema Pegasus y en otros para la compra de bienes y servicios tan dispares, como la compra de juguetes y el mantenimiento de aviones Hércules. De hecho, la Sedena es la dependencia del gobierno mexicano que mayores tratos tuvo con el empresario de origen israelí Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama, principal intermediario de NSO Group para la venta de Pegasus en México y fundador del Corporativo KBH, un entramado de 30 empresas fachada creadas en México, Panamá y Estados Unidos. Una revisión exhaustiva realizada por Proceso, con auxilio del portal QuiénEsQuién.Wiki, de Proyecto Poder, indica que durante el sexenio de Peña Nieto la Sedena otorgó a diferentes empresas de Corporativo KBH al menos 40 contratos por un monto global de 10.8 millones de pesos, así
como uno adicional para la actualización de Pegasus, por 1 millón 113 mil dólares, la mayoría por adjudicación directa o invitación restringida a tres proveedores. La empresa que recibió el mayor número de contratos, la mayoría por conceptos distintos a la adquisición y actualización de Pegasus, fue Proyectos y Diseños VME que sólo entre 2015 y 2017 obtuvo 28 contratos por 5.1 millones de pesos, todos por conceptos diferentes a la compra y actualización del software espía. Proyectos y Diseños VME tenía como representante legal a Tania Pamela Velázquez Díaz, quien a su vez aparece registrada como empleada de esa misma empresa ante el IMSS. Entre los 20 mil documentos que un extrabajador de KBH, identificado a lo largo de la investigación como Cazador de Cazadores, entregó a Pegasus Project, para exhibir a las empresas fachada de Uri Ansbacher, se encuentran varios formatos de cartas que la empresa Proyectos y Diseños VME enviaba al que fuera director general de Administración de la Sedena el sexenio pasado, el general Fernando Joaquín Ávila Lizárraga, para acreditar que esa compañía se encontraba al corriente en el pago de sus impuestos y de que todos sus papeles estaban en regla. Otro de los formatos de cartas que Proyectos y Diseños VME tenía listos para obtener contratos públicos es la denominada “Carta de Nacionalidad Mexicana”, que sirve para acreditar que los socios y el registro de la compañía se rigen bajo las leyes mexicanas por ser originarios de nuestro país.
