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Claudia rodríguez loera
Gobierno del Estado se dice respetuoso de la autonomía de las instituciones
Juan Manuel Flores Femat | Foto Cristian de Lira
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Adrián Flores
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DENUNCIA INVESTIGADA
Ha terminado en sentencia condenatoria, de las 64 presentadas Luego de que en julio el Tecnológico de Monterrey presentara el estudio “Fiscalías Anticorrupción, un ejercicio de transparencia y acceso a la información sobre su autonomía y resultados”, en donde se reveló que la fiscalía de Aguascalientes apenas logró un 1.56% de eficacia, el titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Juan Manuel Flores Femat, aseguró que el gobierno estatal confía y respalda las instituciones autónomas.
Según la investigación, entre enero del 2019 y septiembre del 2020, a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Aguascalientes llegaron 64 denuncias por presuntas corruptelas, de las cuales, solamente nueve fueron vinculadas a proceso y una se convirtió en una sentencia condenatoria.
Cuestionado por LJA.MX sobre la eficacia de la fiscalía anticorrupción estatal, Flores Femat respondió: “eso se lo tenemos que preguntar al fiscal, él es autónomo, yo creo que no es responsable de parte nuestra. Lo que nosotros tenemos que sostener es que haya instituciones que se encarguen, y es lo que tiene que garantizar el estado, que haya instituciones que den atención a los delitos que forman parte del sistema anticorrupción, y que se les dé seguimiento”.
La intervención del Poder Ejecutivo en estas instituciones es garantizar que sean genuinamente autónomas, sin embargo, agregó, el resto corresponde a la propia fiscalía y al Poder Judicial, pues son ellos quienes determinan “por qué esas denuncias ameritan llegar a judicializarse”.
Flores Femat profundizó: “el hecho de que haya una denuncia, pues eso lo podríamos decir con cualquier particular. Acuérdense que hay presunción de inocencia para todos, incluidos los funcionarios públicos, entonces, si las denuncias no ameritan una investigación y no ameritan ser judicializadas, esa decisión la toman conjuntamente la Fiscalía y el Poder Judicial”. –¿Sí funcionan estas instituciones? –Por supuesto, la respaldamos y confiamos en esas instituciones, enfatizó el secretario de Gobierno.
Según el estudio del Tecnológico de Monterrey, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Aguascalientes fue una de las siete que sí logró al menos una sentencia condenatoria. El resto, entre ellas, incluida la federal, no.
En el 2020 el gobierno estatal aprobó un presupuesto de cerca de cinco millones 414 mil pesos para la operatividad de la Fiscalía que, hasta septiembre del año pasado, y desde enero del 2019, solamente logró emitir la sentencia condenatoria ya mencionada.
Con sí a la Consulta será posible restregarle a la autoridad que debe cumplir con la justicia
ClAudiA rodríguez loerA
Si la respuesta en positivo a la pregunta de la Consulta Popular, la ciudadanía “tiene el argumento para restregarle a la autoridad que debe de cumplir con la administración y procuración de justicia que protesto cumplir”, señaló el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Ignacio Ruelas Olvera.
En rueda de prensa destacó que en los alegatos que hizo la suprema Corte de Justicia de la Nación, queriendo declarar inconstitucional la pregunta que envió el presidente, y en el uso de sus facultades para no hacer la declaratoria de inconstitucionalidad, dejó muy claro que la pregunta no tiene que ver nada en aplicar la ley en todos sentidos.
“El ejercicio de la ley se aplica, no se consulta, me parece hermoso, pero no tiene nada que ver con la consulta, porque en ningún momento en el Estado de Derecho se queda sin efectos en la aplicación de la norma, ¿qué es lo que va a pasar? Que todos aquellos que sientan que un actor político que tomó decisiones en los años pasados, del 2020 hacia a atrás en el tiempo, puede reclamar a la autoridad correspondiente la administración de la justicia, y tiene un argumento más; que la consulta popular fue vinculante”.
Aclaró que aun cuando no fuera vinculante, también en el ejercicio de si ganó el sí, “tiene el argumento para restregarle a la autoridad que debe de cumplir con la debe de cumplir con la administración y procuración de justicia que protesto cumplir y hacer cumplir”.
Si bien la consulta no vincula a los expresidentes puede ligarlos, por lo que un sector o una autoridad gubernamental o ente de gobierno que esté agraviada por las decisiones de expresidentes, debe de llevarlos a juicio, debe denunciarlos para que se abran las carpetas de investigación y sean juzgados, “en eso no hay ninguna discusión de lo que la consulta nos está diciendo”.
Respecto al poco tiempo que algunos actores señalan para organizar y dar difusión a la consulta, en especial por parte de personas de Morena, Ruelas Olvera recordó que la calendarización no la puso el INE, sino el legislador mexicano, en la que Morena ya era mayoría de la Cámara de Diputados y fueron ellos los que votaron para que la convocatoria a esta consulta fuera a partir del 15 de julio.
El funcionario reflexionó que quien “ha echado a perder a los electores no es la propaganda, la publicidad ni la difusión, sino la manera como los tratan las entidades de interés público, intermediarios entre la sociedad y el estado”, al referirse a los partidos políticos.
Ignacio Ruelas Olvera | Foto INE
Hasta que cierre el proceso electoral se sabrá el adeudo total por multas de los partidos
Total del monto por sanciones irá al presupuesto del IDSCEA
ClAudiA rodríguez loerA
Habrá que esperar a que se resuelvan las últimas impugnaciones del proceso electoral, aún sin concluir, para conocer cuál será el monto que los partidos políticos deberán pagar en multas, y con ello la cantidad del recurso que habrá de canalizarse al Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes (IDSCEA), manifestó Luis Fernando Landeros, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral.
Dado que prácticamente todos los partidos tradicionales y hasta los de recientes creación recibieron por diversos motivos, sanciones a manera de multas, pues al corte del 5 de junio pasado, según el Catálogo de Sujetos Sancionados del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes el monto asciende a tres millones, 584 mil 890 pesos con 99 centavos.
Además, el monto de las multas impuestas por el INE a los partidos políticos locales supera los 17 millones de pesos, como resultado del ejercicio de fiscalización de los gastos de campaña que realiza esta autoridad electoral.
El funcionario electoral expuso que será necesario esperar a que se resuelvan las posibles impugnaciones para que se defina cuánto dinero se les estará reduciendo de sus prerrogativas o bien, de las liquidaciones para aquellos partidos que no alcanzaron la mínima votación.
Detalló que los partidos políticos se llevan meses e incluso años para su liquidación, pues sólo es una parte la que pueden descontar de su gasto mensual ordinario, pues no pueden limitarlos a tal grado que no cuenten con recursos para gasto corriente y salarios.
Recientemente, el Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado informó que del 1 de enero al 30 de junio del año en curso, gastó poco más de 7 millones 282 mil pesos en distintos proyectos; esos recursos provinieron de las multas a partidos políticos.
Bravuconadas Gobernar en medio de la tormenta
Mario Bravo
El hecho de tener legalmente gran poder y grandes riquezas… no es en modo alguno una excusa, ni mucho menos una razón, para ejercer la rapiña y la opresión, sino un agravante que se añade al delito de dañar a otro sin autoridad. (…) Pues exceder los límites de la autoridad que uno tiene es algo a lo que no tiene derecho ni el gran ministro ni el pequeño funcionario… (y) será tanto más grave cuanto mayor confianza se haya depositado en él…” John Locke (1690)
Sin duda los tiempos que definen el sexenio del presidente López Obrador, no han sido los mejores ni los más apacibles. Desde el 1 de diciembre de 2018, fecha de su asunción a la presidencia, las cosas políticas que iban configurando lo que sería su gobierno, venían ya, en el lenguaje de AMLO, “conspirando” contra las transformadoras intenciones del carismático tabasqueño. No podemos negar que la Cuarta Transformación, en la mente de López Obrador y sus cercanos, aspiraba a provocar un cambio significativo en la sustancia nacional: acabar con la corrupción, abatir la pobreza, disminuir la inseguridad pública, mejorar los servicios públicos de salud, educación, crear más y mejor infraestructura, y así. Es muy probable que la coalición “Juntos haremos historia”, encabezados por Morena, en el 2018 se dedicara a construir el triunfo electoral, generar las condiciones para arribar al poder político del país, ofertando una serie de propuestas a las que nadie se iba a oponer y las que sin duda levantaron entusiasmo general. Tuvieron listos los qué, quién, cuándo, dónde, pero dejaron un tanto al azar los cómo. En 32 meses el gobierno de la 4T ha ido dando tumbos ante la realidad nacional, con desastrosos y evidentes resultados, independientemente de lo que exige cada mañana el presidente, comprensión. En estos casi tres años de la 4T, la corrupción se ha mantenido en el ánimo de la administración pública nacional, como un sello, una marca de casa. Lejos de haberse abatido los índices de corrupción, ellos parecen ir al alza de manera descarada. La pobreza se ha incrementado en al menos 10 millones de personas más. Desandamos caminos andados en sexenios anteriores. La inseguridad estalló de manera dramática, a pesar del gran poder y recursos presupuestales que el presidente López Obrador ha cedido a las fuerzas armadas nacionales, ni la creación de la Guardia Nacional, ha logrado abatir los homicidios dolosos en el país, según cálculos del INEGI, debemos andar sobre 97,632 muertes violentas. La presencia y actuación de los cárteles en diversas regiones tienen a la población contra la pared, y la respuesta es desesperada, Chiapas, Michoacán, Guerrero, son muestra palpable de lo que viene cuando el Estado se repliega de sus obligaciones.
Hablando de mejorar los servicios de salud y educación, podemos afirmar que la mala suerte acompañó el desde el segundo trimestre del 2020 a la fecha al gobierno lopezobradorista con la llegada de la pandemia provocada por el Covid 19 y, en últimos meses, sus letales variantes, esto ha provocado casi 241 mil muertes entre los mexicanos y son el resultado de una política pública endeble, zigzagueante, en materia de salud. La máxima autoridad sanitaria nacional, el Consejo de Salubridad General, ha cedido su responsabilidad constitucional (Artículo 73 fracción XVI) a la personal visión del presidente y su personero el doctor López-Gatell. La famosa ya tercera ola está haciendo estragos en diversas entidades empezando por la CdMx, saturando los espacios hospitalarios disponibles, otra vez. Según la propia Secretaría de Salud la campaña de vacunación hoy nos tiene en un 20% de avance del esquema de aplicación completa. Estamos aún lejos de los requerimientos que establecen los estándares internacionales, aunque se está avanzando.
La educación suspendió desde mediados de marzo del año pasado actividades presenciales, sin que en 16 meses la SEP haya logrado construir una propuesta alternativa y viable para dar cara a la emergencia sanitaria y educativa. Las circunstancias han rebasado por todos lados al gobierno federal, y aún así, López impone: “llueve, truene o relampaguee...” el 30 de agosto próximo, se regresa a las clases presenciales, justo con aquella población que no está considerada en la vacunación y estamos hablando de millones de niños y jóvenes. Los padres de familia y los profesores tendrán alguna opinión.
Así, la economía, salud y educación están de hinojos ante la crisis sanitaria y el desconcierto e incapacidad de las autoridades en la materia. El desempleo estacionado y de difícil recuperación; la inseguridad legal en las reglas que rigen el desarrollo económico tiene a los inversionistas nacionales y extranjeros en un exceso de cautela por no decir desconfianza, lo que de manera clara ha detenido el desarrollo, crecimiento y mantenimiento de la infraestructura que tanto demanda el país. La apuesta del gobierno por proteger a las empresas Pemex y CFE, están confrontando a México con sus socios comerciales, ya no hablemos de la cuestión ambiental. El T-MEC pronto se va a hacer sentir.
Sí, el gobierno transita por el medio de una tormenta de enormes dimensiones, y para mal de los mexicanos, no tiene una idea de qué hacer. La realidad abruma al presidente, quien busca desesperadamente un camino, una brecha por la cual recorrer la segunda mitad de su mandato. Se inventa artilugios: se descubre “destapador” de corcholatas sucesorias; inaugura secciones en sus mañaneras como los programas de chismes con su “quién es quién en las mentiras”; impulsa “consultas” ciudadanas donde asegura que no va a participar, pero que siempre sí, pero que va a votar por el “no”. (¿?)
México, sin embargo, sigue avanzando cada día, resolviendo sus necesidades más apremiantes, a pesar de su gobierno. Los empresarios ya verán cómo hacen para mantener sus empresas funcionando, dando empleo; los hospitales seguirán dando sus servicios aunque no tengan medicinas o materiales; los productores verán cómo hacen para producir; los padres de familia deberán descubrir la fórmula para educar a sus hijos de manera segura, y así…
“No crean que tiene mucha ciencia gobernar…”: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. mario.bravo58@hotmail.com
Exigen No más baches
MoviMiento Ciudadano
No más Baches, es el llamado que hace la delegada nacional de Movimiento Ciudadano, Patricia Cárdenas, al ayuntamiento de la capital al hacer suya la queja ciudadana sobre las deplorables condiciones en que se encuentran nuestras vías de comunicación: “Que el ayuntamiento de la capital pague a los propietarios de vehículos los daños causados por los baches que los han afectado en su diario circular por las avenidas y calles de la ciudad”.
Las constantes lluvias registradas en las últimas semanas han favorecido la formación de baches y se ha registrado un marcado deterioro de la carpeta asfáltica, convirtiéndose en una constante problemática en casi toda la ciudad, agregó Cárdenas.
Los efectos de las malas condiciones de la carpeta asfáltica han afectado a los automóviles al caer constantemente en los baches, lo que ha dañado al conjunto de autopartes que conforman la suspensión vehicular, apuntó. | Foto Gobierno del Estado
Patricia Cárdenas comentó que numerosos ciudadanos se han acercado a ella luego de haber sido ignorados en sus peticiones por el gobierno de la capital, pues los daños ocasionados han impactado la economía de las familias hidrocálidas, y éstas no encuentran respuesta a sus demandas.
A los ciudadanos afectados, les informó Patricia Cárdenas, los protege nuestra legislación vigente a través de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes, misma que se vincula con el Código Municipal al especificar los derechos y deberes de la población, por lo que el Ayuntamiento capitalino está obligado –en caso de que el vehículo sufra una avería a causa de un bache-, a reparar el daño, dado que la autoridad está incumpliendo la responsabilidad de mantener en buen estado las calles por las que circulan los vehículos.
Patricia Cárdenas invitó a los ciudadanos a levantar la voz ante la autoridad responsable y, paralelamente, solicitó al gobierno de la capital para que cumpla con la obligación de ofrecer vialidades en buenas condiciones que faciliten el desplazamiento de los vehículos.
