

Opiniones divididas por posible paralización en Santo Domingo
El anuncio de una paralización por la Conaie genera posturas encontradas en Santo Domingo de los Tsáchilas. Transportistas e indígenas apoyan la medida por la eliminación del subsidio al diésel, mientras otros ciudadanos prefieren el diálogo para evitar pérdidas económicas. 03

Súper Depor y Sancor avanzan con fuerza hacia la Serie B
Detienen a extranjeros tras asesinato de adulta mayor
¿Qué pasa con el anuncio de paro nacional?
Las deudas de la Consulta Popular del 2024
¿Retomar diálogos del 2022 para evitar caos?
El riesgo del gasto como moneda política Red de Fito eliminó a testaferros para la impunidad

Co R i NA
DávALoS
@acdavalost
El reto de constituir bien una constituyente
El Gobierno anuncia que una de las preguntas que intentará incluir en la consulta se referirá a la apertura de un nuevo proceso constituyente. Ya se había hablado de esta posibilidad en campaña y, al parecer, hay la intención de cumplir con la promesa electoral, de obtener un sí que se lo permita.
Que la Constitución de Montecristi hace aguas, y con ella el país entero, es evidente para muchos. Sin embargo, rehacer el marco jurídico-político ecuatoriano no está exento de riesgos. Basta ver la calidad de la instrucción y la capacidad de tantos asambleístas que ocupan a día de hoy un asiento en el Legislativo, para echarse a temblar. Si ya resulta lacerante que las leyes que rigen a todos sean diseñadas por personas cuya única destreza ha sido lograr que las incluyan en una lista electoral, más grave aún sería confiarles la redacción de una nueva Constitución.
Uno de los perjuicios de Montecristi ha sido el debilitamiento de los partidos. El hiperpresidencialismo, la obligación de votar en listas cerradas y la proliferación de movimientos sin una sólida organización, una ideología clara y una base social suficiente, nos han llevado a lo que tenemos: partidos de alquiler, fragmentación, caudillismo desenfrenado y una nueva casta de mediocres que llegan a la política –sin formación ni vergüenza– a vivir del cuento. Para paliar las desventajas de un a nueva Constituyente habría que plantearse seriamente los requisitos que deberán cumplir quienes asuman la tarea de discutir y redactar el nuevo marco. Sin garantías de conocimiento, probidad, compromiso y responsabilidad, lo nuevo podría ser aún peor que lo viejo.
No es fácil conjugar representatividad y excelencia, pero es necesario. No olvidemos esta advertencia de Gómez Dávila: “La democracia es el sistema para el cual lo justo y lo injusto, lo racional y lo absurdo, lo humano y lo bestial, se determinan no por la naturaleza de las cosas, sino por un proceso electoral.”

EDitoRiAL
El intento del presidente Noboa de impulsar una Asamblea Constituyente con los Decretos 148 (derogado) y 153, remitido por el Consejo Nacional Electoral a la Corte Constitucional, es un fiasco
Jean Cano
Editor Regional: Lorena Melo Mieles
Redacción: santodomingo@lahora.com.ec
Publicidad: mgranda@lahora.com.ec
Año: XXVII No. 11.472
Ataques a Diario Expreso
Preocupa y avergüenza la sucia campaña emprendida contra Diario Expreso y su casa editora, Gráficos Nacionales S.A.
La estrategia desprestigia a quienes la impulsan, contratando centros de trolls e incluso proveedores extranjeros para difundir en Google y otras plataformas tecnológicas publicidad y anuncios basados en desinformación. Esto no solo demuestra ignorancia sobre el complejo proceso de venta de diarios en las calles del país, sino que también recurre a prácticas instauradas por el tirano que reside en Bélgica, prófugo de la justicia.
El ejercicio del poder es efímero, pero el deseo e instinto de libertad de los seres humanos —siendo la libertad de expresión innata a la humanidad, y no exclusiva de la democracia— no muere jamás.
La historia ha demostrado que aquellos funcionarios que,
valiéndose de sueldos pagados con fondos de todos los ecuatorianos, han usado el poder para facilitar la persecución contra la libre expresión y el periodismo —incluso quienes lo hacen “cumpliendo órdenes”— tarde o temprano enfrentan las consecuencias de sus actos.
Nos mantendremos vigilantes del proceso judicial en el que Granasa se defenderá de estas absurdas acusaciones, y abogaremos —como siempre lo ha hecho LA HORA— por proteger la independencia judicial, última instancia de protección para los ciudadanos frente a los abusos del poder.
El presidente Daniel Noboa firmó, en marzo del 2024, las Declaraciones de Chapultepec y de Salta. Ahí ratificó su compromiso de no inhibir el ejercicio de la libertad de expresión con discriminaciones. Vale la pena recordar ese alentador acto.

político y jurídico. El referendo aprobado se limita a dos preguntas marginales: la eliminación de la prohibición de bases militares extranjeras (Art. 5) y la supresión del financiamiento a partidos (Art. 110). Aprobado el sábado 20 de septiembre de 2025, este referendo por dos preguntas costaría 60 millones de dólares, un gasto absurdo frente a urgencias como el pago a clínicas de hemodiálisis o la compra de medicinas en hospitales.
Estas fallas debilitan a Noboa y evidencian un equipo legal inepto que le hace daño. El Decreto 153 y su estatuto presentan redacciones vagas, omiten el control previo de la Corte Constitucional (Arts. 443 y 438) y carecen de justificación real. Deficiencias similares motivaron suspensiones previas y exponen a Noboa a un nuevo bloqueo si la Corte declara el referendo inconstitucional. Si el CNE convocara la Constituyente sin dictamen, sus miembros podrían

Estulticia
El término “estulticia” significa paralizar, bobería, o estupidez; proviene de las raíces latinas “stupere” y “stultus”. También se lo utiliza para sintetizar necedad, tontería o babosada.
En la práctica, existen estúpidos con cierto nivel de inteligencia que se acoplan a la sociedad sin causarle daño, sin embargo, cuando se enquistan en la función pública, el peligro acecha, porque su necedad, insolencia y descriterio pueden causar daño a un conglomerado inocente. Esto, que es real, si no se puede prevenir, al menos hay que evitar que las inacciones, impericia, imprudencia y el no observar normas y protocolos sean la causa del estancamiento y hasta del retroceso social.
Muchos torpes o “mensos” no nacen así; es el medio el que determinó sus actitudes, y son las influencias negativas las que terminan fijando conductas equivocadas, separatistas, racistas y aliñadas con “delitos de odio” o de un “revanchismo idiota”.
A quienes tienen malas actuaciones se los puede enfrentar con la razón, y hasta es posible conseguir cambios de actitud, pero no de aptitud, porque “la estupidez humana es infinita”, muchas veces nociva y contagiosa, que afecta a los obnubilados por tratar de lograr algún tipo de privilegio, casi siempre transitorio y muchas veces cruel. Razonar con babosos o con estúpidos, puede resultar estéril, porque son personas contaminadas de prejuicios, complejos y prepotencias enraizadas como los cabellos, que se pueden arrancar algunos, pero en poco tiempo brotarán otros más fuertes y cerdosos.
Cuando se es egocéntrico, no se tiene capacidad para querer a nadie; pero si en algún momento se toma conciencia de sus limitaciones, lo más probable es que, en lugar de rectificar, ahonde en sus resentimientos, volviéndose intratable, agresivo, manipulador y mentiroso. De ahí que los discursos y argumentos del “estoico” generalmente son los mismos, llenos de vanidad personal y alabanzas, aplaudidas por estómagos agradecidos y por otros que aspiran a engrosar sus filas.
enfrentar responsabilidad penal, generando caos jurídico. La narrativa de que “el Pueblo quiere expresarse” o “La soberanía radica en el pueblo” es solo fachada para instalar una Constituyente afín, inexperta y hecha a medida del poder de turno. Imaginar una Asamblea liderada por perfiles poco idóneos anticipa repetición de errores. El presidente carece de estructura política sólida, carece de líderes; solo miremos la actual Asamblea Nacional.
Acusar a la Corte Constitucional de enemiga es falaz. El verdadero responsable es el propio equipo legal de Noboa. El CNE, al remitir el decreto, demuestra que el control previo era indispensable.
En un Ecuador fragmentado, este referendo es un error costoso que favorece a la oposición. Esos millones serían mejor invertidos en seguridad o salud, no en polarización. Ecuador necesita gobernabilidad, no más maniobras absurdas.
CIUDAD 03
Paralización por eliminación del subsidio al diésel divide opiniones
Sectores de la transportación, movimientos indígenas y ciudadanos muestran posturas distintas frente al anuncio de una posible paralización impulsada por la Conaie.
La ubicación geográfica de Santo Domingo de los Tsáchilas es considerada por muchos como un factor predominante para presionar al Gobierno Nacional con una paralización, en rechazo al Decreto Ejecutivo 126 que eliminó el subsidio al diésel
Antes del anuncio realizado por la Conaie ya hubo actividades de resistencia en esta localidad. La más fuerte ocurrió el lunes 15 de septiembre, cuando miembros de la transportación pesada bloquearon la vía a Quevedo durante nueve horas para exigir seguridad y compensaciones frente al encarecimiento del combustible que usan para sus actividades.
Tras reuniones y acuerdos con el Ejecutivo, el gremio del transporte bajó la intensidad de las protestas, aunque muchos conductores mantienen dudas y esperan que sus dirigentes se man-
tengan firmes hasta que los compromisos se cumplan.
Postura de la Conaie
El anuncio de una posible paralización por parte de la Conaie generó diferentes reacciones a nivel nacional, tanto a favor como en contra. En Santo Domingo de los Tsáchilas el tema también tiene eco.
Ángel Choloquinga, coordinador provincial del movimiento Pachakutik, reveló que se mantienen en sesión permanente y no descartan medidas de resistencia para pedir que vuelva el subsidio del diésel.“Antes de subir el combustible ponía 30 dólares, ahora 47 dólares”, explicó.
No se precisó día ni hora para actividades de resistencia, pero sí fue claro en señalar que el consumidor final tendrá afectaciones económicas a la hora de adquirir los diferentes productos.
Por su parte, Luis Cimarrón, integrante del pue -

Inicia ampliación en la Alóag ° Con la limpieza y desbroce de maleza iniciaron los trabajos de ampliación a cuatro carriles de la vía Alóag-Santo Domingo, en el tramo Unión del Toachi–KFC. Maquinaria y personal del consorcio Multinacional Tsáchila comenzaron estas labores preliminares, que se extenderán desde el Batallón Montúfar hasta KFC, para empatar con el tramo ya ampliado. Se indicó que serán lo menos invasivos posible para no interrumpir el tráfico. (LMM)

blo Chachi y directivo de la Conaice, confirmó que se mantienen en reuniones para respaldar las acciones propuestas por la Conaie.
Posturas diferentes
Otros sectores de la población, aunque reconocen los efectos de la eliminación del subsidio, consideran que una paralización solo agravaría la situación del país.
“Si hay paro no se produce y eso provoca pérdidas económicas . Es mejor buscar un diálogo con el Gobierno y aplicar medidas
EL DATO
Santo Domingo de los Tsáchilas permanece en estado de excepción tras el último cierre de la vía a Quevedo.
equilibradas para el beneficio de toda la comunidad ecuatoriana”, manifestó Gloria Carranza, estudiante universitaria.
Además, los ciudadanos reclaman controles más estrictos a las autoridades

Clases se mantienen con normalidad
° El Ministerio de Educación informó que las actividades escolares se desarrollan con normalidad en las instituciones educativas del país. Hasta ayer, domingo 21 de septiembre, se confirmó que no se suspenderán las clases a nivel nacional, a pesar de que la Conaie anunció que iniciarán el paro. Se indicó que, ante cualquier eventualidad, se activarán los planes de contingencia a través de la modalidad no presencial. (LMM)
Precios de productos elevados
° Pese a los controles anunciados por las autoridades, en mercados y tiendas de barrio los precios siguen en alza. El aguacate se vende entre 85 centavos y un dólar la unidad, mientras que la piña subió de 1.50 a 1.75 dólares, entre otros productos.
para evitar la especulación con el precio de productos de primera necesidad. (Jd)

Animales en riesgo
° Varios animales corren peligro de morir por hambre en una hacienda del kilómetro 32 de la vía Quevedo, luego de que el Ministerio del Interior interviniera el predio, dejándolo bajo custodia estricta, y los trabajadores tienen prohibido ingresar, lo que ha generado una crítica situación porque dependen de cuidados diarios. A través de un comunicado se dio a conocer este problema. (LMM)
MedIdAS Hace ocho días ya hubo paralización en Santo Domingo, el reclamo es por el encarecimiento del diésel.

Deportivo Santo Domingo y Sancor avanzan en el ascenso nacional
Los equipos lograron triunfos clave en sus partidos de vuelta y continúan firmes en la lucha por un cupo en la Serie B.
Deportivo Santo Domingo y Sancor, ambos representantes de Santo Domingo de los Tsáchilas, clasificaron a la siguiente fase del ascenso nacional rumbo a la Serie B. Los conjuntos ‘colorados’ estuvieron finos en sus partidos de vuelta de la fase de treintaidosavos, eliminan-
do a sus rivales y asegurando un cupo en la siguiente ronda. En los próximos días se conocerán los nuevos oponentes, y la hinchada local hace fuerzas para que continúen en racha positiva.
Detalles de los partidos
El sábado a las 17:00, Depor-
EL DATO
En las próximas horas se conocerán a los rivales de la siguiente ronda.
tivo Santo Domingo recibió en el estadio olímpico Etho Vega al Deportivo Cotopaxi y lo superó 2 a 1.
La semana anterior, ya habían ganado por la mínima diferencia en Latacunga, pero tras una sanción, el

marcador se incrementó 3 –0 a favor del ‘Súper Depor’, y era muy complicado que los cotopaxenses reviertan las cosas.
Sin embargo, en el duelo de vuelta dejaron todo en la cancha y se despidieron con dignidad porque jugaron un extraordinario partido, demostrando que tienen deportistas con buenas condiciones técnicas.
Muchos minutos del partido fueron muy dinámicos, sobre todo cuando los equipos se volcaban al ataque.
Ahora el Deportivo Santo Domingo tiene que esperar al nuevo rival y recuperar al jugador Luis Caicedo Pillajo, quien salió lesionado en el último partido.
Triunfo de Sancor
Ayer, domingo 21 de septiembre, Sancor jugó de visitante contra Dunamis en la ciudad de Tulcán y ganó 2 – 0.
Estos conjuntos llegaban igualados porque el juego pasado terminó 1 a 1 en el olímpico Etho Vega, pero el representativo de la provincia Tsáchila hizo un juego inteligente y consiguió la clasificación en tierra ajena. La hinchada está contenta por los resultados que se han obtenido hasta el momento y esperan que la buena racha continúe para que tengan protagonismo entre los conjuntos que aún luchan por un cupo en la Serie B. (JD)


ReSuLTaDo. Deportivo Santo Domingo eliminó al Deportivo Cotopaxi.
CLaSifiCaDo. Sancor ganó en Tulcán y dejó en el camino a Dunamis.

EL DATO
Los sospechosos serán procesados bajo el Art. 189 del COIP, por robo con resultado de muerte, delito que contempla una sentencia de 22 a 26 años de prisión.
PRISIÓN. La pareja de extranjeros fue detenida cuando intentaban escapar hacia Colombia.
Extranjeros quedaron en prisión preventiva por muerte violenta de adulta mayor
Una pareja de venezolanos fue detenida tras ser señalada como responsable de un ataque en una finca de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Rene F., 39 años, y Deurlin S., de 49 años, quedaron en prisión preventiva por tener presunta participación en un hecho violento que terminó con la muerte de una adulta mayor
Ambos son de nacionalidad venezolana y trabajaban en una finca ubicada en la vía Chiriboga, en Santo Domingo de los Tsáchilas, en el límite con Pichincha.
Detalles del hecho violento
Los propietarios del predio, residentes en Quito, llegaron el viernes 19 de septiembre con el propósito de pasar un momento de descanso en el campo, pero terminaron atacados por sus propios trabajadores. En horas de la noche comenzó el terror para la pareja de esposos, quienes fueron sometidos con mucha agresividad y maniatados en
todas sus extremidades. La víctima mortal fue Isabel Mercedes Zumba, de 71 años. Su cuerpo quedó amarrado y sin vida sobre un espacio despejado del predio. Posteriormente fue trasladado al Centro Forense para la autopsia Mentor S., de 74 años y pareja de la fallecida, logró desatarse y pedir auxilio. En medio del desconsuelo, narró a la Policía Nacional las características de los agresores, lo que permitió su captura.
Atrapados en pleno viaje La Dinased de la provincia
Accidente de tránsito deja una víctima mortal
Samuel Alejandro García Paredes, de 20 años, perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito en la vía que conecta al centro poblado de la parroquia rural San Jacinto del Búa con San Vicente, en Santo Domingo, cuando se movilizaba en una motocicleta. El impacto fue mortal y no hubo tiempo de que reciba atención médica, ya que sus signos vitales se apagaron de manera instantánea, quedando a un costado del camino. El accidente de tránsito ocurrió la mañana de ayer,
domingo 21 de septiembre, y causó conmoción en la parroquia, donde varias personas han fallecido en circunstancias similares durante lo que va de 2025. Hasta el cierre de esta nota, no se tenía una hipótesis clara sobre las causas de esta tragedia.
Procedimiento
Agentes civiles de tránsito y policías del SIAT se movilizaron al lugar del percance para realizar el trabajo correspondiente. También arribó la ambulancia de me-
DATO
La víctima residía en la parroquia San Jacinto del Búa. EL
dicina legal con la finalidad de trasladar el cadáver hacia el Centro Forense. Los peritos recabaron indicios en el sitio para iniciar con el proceso investigativo, mientras que la motocicleta fue retenida como parte del protocolo establecido. (JD)
Tsáchila e Imbabura trabajaron de manera conjunta para neutralizar a los sospechosos cuando viajaban en un bus por Ibarra. De acuerdo a las investigaciones preliminares, una vez cometido el crímen los extranjeros se movilizaron a Alluriquín para abordar un bus hasta Quito, desde donde continuaron al norte del país. Se presume que intentaban escapar hacia Colombia Tras la detención, fueron trasladados al comando de Santo Domingo y después entregados a los administradores de justicia para que se
realice la audiencia. La noche del sábado 20 de septiembre, la Fiscalía formuló cargos en su contra y la jueza dispuso que se giren las boletas de encarcelamiento. Además, se otorgaron medidas de protección a la víctima sobreviviente y a su familia. La comandante Beatriz Benavides informó que los detenidos sustrajeron los celulares de las víctimas, una caja de herramientas y accesorios del vehículo. “Se activaron las unidades de inteligencia para determinar que se trasladaban en un bus interprovincial”, señaló. (JD)

TRAGEDIA. Samuel García Paredes, de 20 años, falleció en un accidente de tránsito.
Diésel vs. paro nacional: ¿retomar los
diálogos en 2019 y 2022 ante posible caos?
Eliminar el subsidio estatal al precio de los combustibles es un tema complejo en Ecuador, así lo dejan ver las manifestaciones radicales en los últimos gobiernos. Ahora el presidente Daniel Noboa repite la medida provocando un paro. ¿Se podrá evitar una radicalización?
El presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 126 el 12 de septiembre de 2025 y eliminó el subsidio al precio del galón del diésel que pasó de $1,80 a $2,80. Con ello sumó la oposición de varios sectores sociales y el 18 de septiembre la Confederación de Nacionalidades Indígena del Ecuador (Conaie) entró en escena anunciando el paro nacional.
¿Qué pasó con la focalización de subsidios?
Francisco Jiménez fue ministro de Gobierno desde el 30 de marzo de 2022 al 9 de febrero de 2023. “Todos sabemos que los subsidios generalizados son una herramienta que fomenta la desigualdad, pero focalizados la reduce. Además de dar el paso para eliminar ese subsidio generalizado, también es importante tomar medidas complementarias para focalizar lo que corresponda de esos subsidios y contribuir a desarrollar socialmente los sectores más vulnerables”, resalta.
Tras acordar la paz en junio de 2022, el Gobierno y las organizaciones sociales establecieron 10 mesas de diálogo, una sobre la focalización de subsidios a los combustibles. “En esa mesa se produjeron algunos avances importantes”, recuerda. Esta se cerró el 14 de octubre con cuatro acuerdos:
Mantener el subsidio ge-

neral y prohibir la liberalización de precios de los combustibles.
Criterios de exclusión del subsidio para el segmento automotriz, en función de variables.
Mantener con el precio subsidiado de los combustibles al sector de ‘otras pesquerías’.
El Estado garantizará la provisión de los combustibles (diésel, extra, ecopaís), hasta que exista soberanía energética.
Jiménez destaca que se promovieron algunos criterios de exclusión para llevar a cabo la focalización:
El cilindraje del automotor (autos: mayor a 2.201 centímetros cúbicos; camionetas: mayor a 3.001 cc; jeep: mayor
Jaime Vargas, protagonizó el paro de 2019
a 2.401 сс; motos: mayor a 301 cc).
Excluir a personas naturales o jurídicas que sean propietarios de tres o más vehículos, excluyendo motos, camiones, volquetas, ómnibus, tráiler, especial, tanquero.
Tipo de propietario (vehículos propiedad de ONG, misiones internacionales, organismos internacionales y cuerpos diplomáticos).
Los vehículos no matriculados.
Los vehículos cuyos propietarios tengan un ingreso igual o superior a $41.603,01, con base en la declaración del impuesto a la renta, de personas naturales.
“La segunda fase que se iba a llevar a cabo a partir del
° La organización indígena, liderada por el expresidente Jaime Vargas, protagonizó el paro de 2019 durante 12 días (del 2 al 13 de octubre) en reacción al Decreto Ejecutivo 883 del expresidente Lenin moreno porque eliminó los subsidios a los combustibles extra, ecopaís, diésel y liberó sus precios. El paro terminó cuando el 13, con la mediación de la iglesia católica y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Gobierno y la conaie dialogaron y se derogó el decreto. La Conaie, encabezada por el expresidente Leonidas iza, lideró el paro de 2022 que duró 18 días (del 13 al 30 de junio) en contra del alza de los precios a los combustibles en el Gobierno de Guillermo Lasso. Exigían congelar el precio de los combustibles. El último día el Gobierno, la Conaie, la consejo de Pueblos y Organizaciones indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) y la Federación Nacional de Organizaciones campesinas, indígenas y Negras (Fenocin) firmaron un acta de paz, mediado por la Iglesia católica.
Dice que ahora hay mayor respaldo a la medida de Noboa. En cambio, se opone a la convocatoria a la consulta popular sobre la Asamblea Constituyente sin realizar el trámite en la Corte Constitucional. “Se acaba de dar un golpe a la Constitución, acaba de cometer un acto fraudulento contra la Constitución”.
cierre de la mesa era la implementación de estos criterios. Y en eso estábamos avanzando hasta el día que salí del ministerio. Lamentablemente, después estas reuniones parece que no continuaron, el proceso fue progresivamente encajonado”, comenta Jiménez. El Ministerio de Gobierno creó un enlace web donde incluía los avances de cada mesa, pero en la de focalización solo se quedó hasta el acta de cierre de la mesa. Jiménez considera que cada conmoción social deja avances, que depende del actual Gobierno utilizarlos. “Con los elementos, las herramientas y la información que hoy ya se tiene se puede evitar (paros como el de 2019 y 2022). Mucho dependerá de la visión que tenga el Gobierno sobre este tema”. Dice que un factor es contar con un mediador de confianza para ambas partes en conflicto y una focalización inteligente. “Siempre se pueden retomar las conversaciones sobre una base de elementos claros”, sugiere.
¿El paro como confluencia de intereses?
Henry Cucalón reemplazó a Jiménez en el cargo de ministro hasta el 23 de noviembre de 2023 que finalizó el Gobierno de Lasso. “Yo apoyo la decisión que tomó el presidente Noboa porque es la conveniente y correcta para el país. Ese subsidio no beneficia a los más pobres, beneficia a los ricos, a los contrabandistas y a quienes están en el crimen organizado”, expresa. Noboa ha hecho lo correcto y es en base a los antecedentes que el Estado sabe cuánto tiene que entregar en compensación para los más pobres, para transportación pública, para los agricultores, señala Cucalón. Justifica que no se avanzó antes en la focalización porque vino la muerte cruzada y otros temas.
Para Cucalón, los paros anteriores tuvieron otros objetivos: “Comienzan como protestas válidas y en el interín se transforman en intentos de derrocamiento y de golpe. Eso sucedió en el 2019 con el correísmo, intentó derrocar a Moreno y también sucedió en el 2022, varios sectores con el correísmo e intentaron derrocar a Lasso”. Cree que, además del interés legítimo de quienes están en desacuerdo con la medida económica de Noboa, hay otros fines detrás del paro convocado este 2025. “Hay otros intereses que son netamente anárquicos porque es la única fórmula que conocen. Debe haber también un factor de intereses creados, de quienes se benefician irregularmente de subsidios. Y también un componente de desconocimiento del tema”, resume. “Subsidio para los más pobres, no para quienes más consumen, así de claro”, concluye.
LA HORA buscó la versión del presidente de la Conaie, Marlon Vargas , para conocer su postura sobre retomar el diálogo sobre los avances pausados en el Gobierno de Moreno, pero no hubo respuesta. También se consultó a Iza, tampoco respondió. Sin embargo, la organización a la que pertenece, el Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi, pronunció el 18 de septiembre que retoman los 10 puntos de la movilización de junio de 2022. Es decir, sus exigencias antes de las mesas de diálogo.
Samuel Lema , parte de la Feine, participó en esas mesas. Dijo que si el Gobierno no acepta los temas que plantean, se avanzará con la movilización a partir de la medianoche del domingo 21 de septiembre, a pesar de que sospecha que el Gobierno estará expectante de la actuación de los dirigentes. (KSQ)
LA ELimiNAcióN del subsidio al precio del diésel es el principal motivo que varias organizaciones sociales como la Conaie y el Frente Unitario de Trabajadores justifican para el paro nacional. (Foto: Petroecuador).

Paro nacional: ¿qué se espera del anuncio de la Conaie?
Sin el apoyo de las comunidades de la Amazonía, la Conaie mantiene la medida de paro nacional. Conozca qué sucede en las vías, con las clases y el servicio de transporte.
imbabura y Cotopaxi se alistan para el paro nacional
° Alberto Ainaguano, presidente de la Ecuarunari (regional de la Sierra de la Conaie), indicó a LA HoRA que el paro nacional implica acciones en cada territorio. Había la expectativa que el paro inicie ayer (21 de septiembre) -hasta el cierre de esta edición no se presentaron cierres viales- y en la madrugada de hoy en ibarra (Imbabura).
“En algunos espacios están ya tomando decisiones para hacer un manifiesto y llegar con las marchas”, anticipó, y agregó que la dirigencia de la Conaie
respetará las decisiones que tomen las bases en cada territorio. No especificó exactamente en qué lugares empezarán dichas acciones en las provincias, pero adelantó que se darían entre las 20:00 y 21:00 de ayer, 21 de septiembre.
La Unión de organizaciones Campesinas e indígenas de Cotacachi (Unorcac) convocó a una movilización indefinida, que dará inicio el domingo 21 de septiembre a las 22:00
Mientras que en Cotopaxi, el Movimiento Indígena Campesino (MICC) anunció que se sumaría al paro a las 10:00 de este 22 de septiembre de 2025. El encuentro será en La Estación, en Latacunga.
Una gran expectativa ha generado, a escala nacional, el anuncio de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), sobre el paro nacional programado para la media noche del domingo 21 de septiembre.
organizaciones de la Amazonía no se suman al paro nacional de la Conaie
° La Federación de la nacionalidad Shuar de pastaza (Fenasch-p) resolvió no sumarse al paro. “Nuestras bases y socios resolvieron no participar activamente en el paro nacional, con la finalidad de preservar la seguridad, integridad y vida de los socios y comunidades. Pero respetamos las decisiones
Clases, buses y carreteras: cuál es la situación en medio del paro nacional de la Conaie
1) El Ministerio de Educación anunció que las clases presenciales se mantienen en el territorio nacional.
2) Las universidades tienen autonomía en sus decisiones, por lo que la Universidad Católica de Cuenca y la Escuela politécnica de Chimborazo (Espoch) anunciaron clases virtuales, para este 22 de septiembre de 2025.
3) Los transportistas agremiados no se han sumado al paro. El servicio de buses y otro tipo de transporte está garantizado.
4) Existe toque de queda de 22:00 a 05:00 en las provincias: imbabura, Chimborazo, Bolívar, Carchi y Cotopaxi.
5) En Quito no hay una convocatoria oficial de paro. Todos los servicios están operativos.
Sin embargo, la magnitud de este llamado a la movilización se verá en el transcurso de este 22 de septiembre de 2025, ya que no todos los pueblos y nacionalidades indígenas se sumaron.
de la Conaie y Confeniae. Estaremos vigilantes de cualquier medida de hecho que pueda suscitarse”, reza un comunicado suscrito por el presidente, Mesías Moncayo. Tampoco las comunidades quichua (Fonakise), shuar (Fepcesh-S), a’i cofán (noa’ike), siona (onise), siekopai (nasiepai) y awá (opnase), participarán de la movilización nacional En Ambato, el Consejo de organizaciones de pueblos indígenas Evangélicos Quisapincha también decidió no sumarse al paro.

En CotopAxi la Gobernación se resguardó con vallas y presencia militar.
SANTO DOMINGO
Cumplimientos y deudas de la consulta popular de abril de 2024
El país está a puertas de un nuevo proceso electoral. El nuevo llamado se dará casi 19 meses después de una convocatoria a una consulta popular que se desarrolló el 21 de abril de 2024. Algunas preguntas que, en ese año, recibieron un amplio respaldo popular todavía esperan por ser ejecutadas. Otras ya han sido llevadas a la práctica.
El país está a puertas de un nuevo proceso electoral, nuevamente, por iniciativa del presidente de la República, Daniel Noboa. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), los ecuatorianos acudirán a las urnas en noviembre de 2025 para que se pronuncien sobre temas como: permitir la instalación en territorio ecuatoriano de bases militares y financiamiento a las organizaciones políticas.
Este nuevo llamado se dará 19 meses después de una consulta que se desarrolló el 21 de abril de 2024. Varias de las nueve preguntas que recibieron respaldo popular ya han sido ejecutadas. Otras están pendientes.
1. Se trata, por ejemplo, de la interrogante (que tuvo el 65,11% de apoyo) para que se permita la extradición de ecuatorianos, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y la ley. Casi quince meses después de que la pregunta recibió el respaldo, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fue extraditado el 20 de julio de 2025 a Estados Unidos donde

enfrenta cargos por narcotráfico y crimen organizado.
2. Está pendiente, por parte del Consejo de la Judicatura, poner en ejecución la pregunta para permitir descongestionar las causas. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales enmendando la Constitución
Enrique Pita: una vez proclamados resultados, se comunica al Registro Oficial
° Enrique Pita, vicepresidente del CNE, aclaró que al organismo le corresponde organizar procesos electorales, sea para elección de autoridades o consulta popular, y una vez concluidos y proclamados resultados, se comunica al Registro Oficial. “Por lo tanto, esa es la referencia a la cual se tienen que ajustar todos y que vean el pronunciamiento del CNE respecto a los resultados y en ese momento ya es ley”, afirmó Pita en una entrevista en un medio digital el 2 de septiembre de 2025.
A modo de metáfora, afirmó que, si una persona promovió una consulta popular y está interesada en los resultados, “voy y golpeo puertas, activo todos los mecanismos necesarios para que estas se pongan en vigencia, más aún cuando hubo un proceso electoral y un pronunciamiento de la ciudadanía”.
y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional?, decía la pregunta de la consulta que tuvo más del 60% de respaldo popular.
3. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución? Esta pregunta que tuvo el respaldo del 73,5% buscaba que en el artículo 158 de la Constitución se incluya un texto que permita que las Fuerzas Armadas den apoyo a la Policía. Según fuentes militares consultadas, el apoyo se debía aplicar previa solicitud del comandante General de la Policía al presidente, quien, a su vez, debe convocar al Consejo Nacional de Seguridad Pública. Allí se deberá elaborar un informe que establezca el ámbito de actuación del apoyo complementario
una reforma en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta pregunta tuvo el 68,2% de respaldo.
6. El 8 de julio de 2024, con una reforma al COIP, la Asamblea aprobó que las personas privadas de la libertad con sentencia cumplan la totalidad de la pena, sin posibilidad de acceder al régimen semiabierto o abierto, dentro del centro de rehabilitación social en los delitos de delincuencia organizada, asesinato. Esta pregunta tuvo el respaldo del 67,6% de votos.
solicitado. “El nuevo artículo 158 no está publicado aún en el Registro Oficial”, dijo uno oficial del Ejército que pidió reserva.
4. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Esta pregunta ganó con el 70,7%. Según la fuente militar, esta disposición rige con el artículo 6 de la Ley de Armas.
5. El incremento de las penas (entre 16 y 26 años) en delitos de terrorismo, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada , asesinato, sicariato, trata de personas , secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, fue aprobado en el pleno de la Asamblea Nacional el 8 de julio de 2024, con
7. Entre las reformas al COIP, en julio de 2024, la Asamblea aprobó que se sancionará con prisión la tenencia o porte de armas, municiones o componentes de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. La persona que las posea será sancionada con prisión de 10 a 13 años. Esta pregunta, en la consulta de 2024, tuvo el 64,6% de respaldo.
8. Las armas, piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron objeto material de un delito y confiscadas a delincuentes ya se destinan al uso de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas. Su vigencia está en la nueva Ley de Armas publicada en el Registro Oficial en noviembre de 2024, dijo el oficial. Esta pregunta tuvo el respaldo del 64,8% del electorado.
9. En julio de 2024, la Asamblea simplificó el procedimiento para que el Estado pase a ser titular de los bienes de origen ilícito o no justificado. Esta disposición se desprendió de la pregunta ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley de Extinción de Dominio? Esta pregunta tuvo el 61.9% de aprobación (SC)
CNE Desarrollo de un proceso electoral (Foto archivo)
GOBIERNO. Gastar para mantener apoyos y paz social ha sido una estrategia de Daniel Noboa en el poder

El gasto público se usa como moneda política
En Ecuador, el gasto público es una herramienta para ganar elecciones, sostener la popularidad presidencial y evitar conflictos sociales. El caso de Daniel Noboa en 2025 lo confirma.
La política ecuatoriana premia a quien gasta. En el primer semestre de 2025, el presidente Daniel Noboa destinó $1.720 millones adicionales frente al mismo período de 2024, en plena campaña por la reelección. Creó seis bonos temporales (incluyendo el bono jóvenes en acción), aumentó el gasto corriente y aceleró las obras públicas
La jugada funcionó: Noboa ganó las elecciones, pero el costo fiscal fue grande. De un superávit de $109 millones en 2024 se pasó a un déficit de $1.757 millones en 2025,17 veces mayor.
Un informe de JP Morgan , luego de la reelección de Noboa, ya advertía que el Presidente había aumentado en más del 18% el gasto para asegurar su triunfo electoral, pero que el desajuste fiscal resultante obligaría aumentar ingresos vía más producción petrolera o a ir por la eliminación subsidios y la subida de impuestos.
“El costo de ganar la reelección fue complicar unas cuentas públicas que ya venían con
problemas estructurales desde la década correísta. Eliminar subsidios ineficientes era una necesidad con o sin más gasto para ganar la elección; pero ese mayor gasto aceleró la necesidad de medidas de ajuste”, sentencia el economista Andrés Mendoza.
“En Ecuador, los presidentes creen que gastar más es la única manera de sobrevivir, aunque después no sepan cómo cubrir el hueco que dejan”, añadió Mendoza.
Compensaciones para la paz social
El 12 de septiembre de 2025, Noboa dio un giro histórico: eliminó el subsidio al diésel, que drenaba $1.100 millones anuales y alimentaba el contrabando . Pero consciente de la posible reacción social, lanzó un plan de compensaciones por más de $1.200 millones. Los beneficiarios principales son transportistas de pasajeros, agricultores, pescadores y familias pobres
Se entregan bonos de hasta $1.800 mensuales por unidad
a transportistas, Bono Raíces de $1.000 a 100.000 familias campesinas, tractores, motores de pesca y la incorporación de 55.000 hogares al Bono de Desarrollo Humano
Sin embargo, el esquema dejó fuera a la industria, parte del transporte pesado, al transporte comunitario rural (se ha lanzado un tipo de crédito productivo, pero no compensación directa para este sector) y a sectores como el movimiento indígena. “El resultado: paro nacional indefinido convocado por la Conaie, que se siente excluida del reparto”, de acuerdo con Mendoza.
“Cada dólar que se quita del subsidio debe convertirse en un dólar de inversión en transporte limpio, electrificación rural o educación técnica”, advierte Roberto Salazar Córdova, exviceministro de Economía y CEO de Hexagon Group LATAM/UK-GLOBAL. Si solo se reemplaza con bonos temporales, se repite el ciclo de ajustes, paros y estallidos.
El antecedente de Correa La estrategia de gastar para ganar respaldo político no nació con Noboa. El estudio de Sandra Borja para el Instituto de la Democracia muestra cómo el expresidente Rafael Correa construyó
visto obligado a dar un giro táctico. Su presupuesto 2026 contempla aumentos del 5% en jubilaciones y del 17% en salud, además de asignar 4,8 billones de pesos a las universidades nacionales.
La contradicción es evidente: un Presidente que prometió achicar el gasto termina incrementándolo. Pero, como explica el economista liberal español Juan Ramón Rallo, en un reciente análisis en su canal de Youtube, la razón no es económica, sino política: “Después del batacazo en las elecciones de Buenos Aires , Milei busca reconquistar al votante moderado. Sin gasto, su proyecto no sobrevive en el Congreso ni en las urnas”.
la estabilidad más larga de la historia democrática reciente del Ecuador gracias a un aumento inédito del gasto social. Entre 2007 y 2017, el presupuesto destinado a gasto social, incluyendo bonos, se duplicó: pasó del 4,2% del PIB en 2006 a más del 10% en 2017. Ese esfuerzo, sostenido por el boom petrolero, tuvo un efecto político profundo: los sectores vulnerables —los principales beneficiarios— se convirtieron en un electorado leal y estable, capaz de sostener al correísmo durante una década.
“El gasto social no solo sirvió para mejorar indicadores, sino para sostener la popularidad y garantizar victorias electorales”, concluye Borja. Es decir, las inversiones sociales fueron, al mismo tiempo, política pública y estrategia electoral. La lección es clara: gastar más en Ecuador tiene altas probabilidades de asegurar respaldo, pero también crea dependencia y un déficit fiscal difícil de manejar cuando el ciclo económico cambia.
Hasta los libertarios ceden al gasto En Argentina, el presidente Javier Milei, que hizo campaña bajo la bandera de reducir drásticamente el Estado, se ha
Este ejemplo revela un patrón que trasciende ideologías: la política premia a quien gasta, incluso si contradice sus principios. Milei, el emblema del liberalismo libertario en la región, se vio forzado a admitir que sin gasto público no hay capital político suficiente para sostener reformas profundas.
Los riesgos de gastar para sobrevivir El modelo de gastar más para ganar votos o comprar paz social tiene un efecto inmediato (que no siempre se consigue al 100%): popularidad y estabilidad. Pero los riesgos estructurales son altos.
Déficit crónico: el desajuste fiscal se agranda. En Ecuador, Noboa pasó en un año de superávit a un déficit 17 veces mayor.
Dependencia social: los bonos temporales consolidan lealtades electorales pasajeras, pero no generan empleo ni movilidad social sostenible.
Erosión institucional: el gasto reemplaza al diálogo y la construcción de consensos, debilitando los mecanismos democráticos.
Paz frágil: los conflictos resurgen en cuanto los recursos se agotan o ciertos sectores quedan fuera del reparto.
“El dilema de fondo es que el país ha institucionalizado un círculo vicioso: los gobiernos gastan para ganar votos y gobernabilidad inmediata, pero con cada ciclo electoral la deuda, el déficit y la frustración social se agrandan”, concluyó Mendoza. (JS)
Transacciones bancarias unidas a nueve muertes, en el caso Blanque Fito
Personas que hicieron transacciones bancarias con familiares de alias Fito terminaron muertas. Para la Fiscalía existe una conexión entre los asesinatos y el caso de lavado de activos Blanqueo Fito.
Tr ansacciones bancarias mortales son parte de las revelaciones que la Fiscalía ha hecho dentro del caso Blanqueo Fito donde Adolfo Macías, alias Fito, y miembros de su familia son procesados por el presunto lavado de activos, por 24 millones de dólares.
Según la Fiscalía, Inda Mariela Peñarrieta, esposa de Fito y madre de cuatro de sus hijos, obtvo contratos con el Estado, debido a que habría realizado pagos a funcionarios del SNAI, Ministerios de Salud, Educación, policías y jueces.
A esto se suma la conexión, según Fiscalía, entre las muertes de menos nueve personas quienes habríanhecho negocios acuerdo con Fito y su esposa.
La Fiscalía dio los nombres y roles de las nueve personas fallecidas.
1
Bienvenido C.: La Fiscalía narra que el hombre proceado por tentencia de armas, recibió transferencias y cheques de Peñarrieta. En 2027 murió en medio del operativo Sol Naciente, en el que la policía capturó al narcotraficante alias Gerald.
2
John Humberto V.M.: La Fiscalía narró que él le donó un bien inmueble a la esposa de Fito y, dos días después, fue asesinado. Tenía antecedentes penales por robo y tenencia de drogas.
3-4
Ángela B.D., y Priago D.C: la Fiscalía indicó que fueron asesiandos en Manabí que también obtuvieron transferencias y cheques de familiares de alias Fito y que se relacionaron, también, como proveedores de la esposa de alias Fito.
5Andrés V.O., alias Orejitas: Fue proovedor de la familia de alias Fito y fue asesinado en su local, en Manta.
6
Gilbert Z.G: el hombe fue asesinado y su cuerpo hallado fuera de la urbanización en la que vivía.
7José R.: asesinado en la vía Interbarrial de Manta. Era beneficiario de transferencias, cheques y retiros de dinero vinculado a la familia de alias Fito.
8José Z.: asesinado en una masacre del barrio Centenario, de Manta.
9Jorge P. : vendió los derechos de una marca de de agua embotellada a la esposa de alias Fito y luego fue acribillado en Balzar, en Guayas.
Nuevos vinculados caso Blanqueo Fito’ Durante la audiencia desarrollada el 19 de septiembre de 2025, la Fiscalía vinculó a Alex Martín M. P., quien sería el propietario del inmueble donde fue detenido alias Fito, el 25 de junio de 2025 en Montecristi, Manabí.
En ese lugar se hallaron joyas (anillos, cadenas, pendientes, dijes y relojes) con un peso aproximado de 8.000 gramos de oro de 18 quilates, cuyo valor superaría los 2 millones de dólares, de acuerdo con la pericia correspondiente que consta en el expediente fiscal.
El 8 de septiembre de 2025, Fiscalía ya había vinculado a 10personas naturales –entre ellas, alias Fito– y a cuatro jurídicas en esta causa por presunto lavado de activos, en la que también fueron procesados seis integrantes de su círculo familiar, en junio de 2025.
Alex Martín M. P. no fue vinculado en aquella
diligencia, debido a que la Jueza dispuso agotar previamente todos los medios de notificación previstos en la Ley.
Finalmente, contra el procesado se dispusieron medidas cautelares de presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y la incautación de un bien inmueble ubicado en Montecristi, de su propiedad.


AliAs Fito fue extraditado a Estados Unidos, en julio de 2025.
Protestas en Perú dejan policías y civiles heridos
al menos cinco personas heridas por perdigones en Lima- Perú se registraron en las protestas convocadas por la Generación Z.
Al menos cinco heridos, entre manifestantes y policías, han resultado heridos por enfrentamientos que se han desatado este sábado por la noche en Lima al término de una protesta convocada por colectivos de jóvenes contra varias medidas adoptadas por el Gobierno de Dilma Boluarte.
La Policía Nacional había desplegado a un millar de agentes en el casco histórico de la capital peruana para bloquear el acceso de los manifestantes a lugares estratégicos como el Palacio de Gobierno y el Congreso de la República, que se encontraban también especialmente blindados.
Los manifestantes se habían concentrado en repulsa a medidas como la reforma del sistema de pensiones, pero también para reclamar justicia por las muertes en las protestas sociales que estallaron en 2022 o plasmar su preocupación por la actual ola de violencia, entre otras demandas.
La tensión ha ido en aumento hasta el estallido de enfrentamientos que llevaron a la Policía a utilizar gases lacrimógenos e incluso perdigones. Al menos cinco personas han sido atendidas por el impacto de pelotas de goma, según fuentes

en Perú se dieron entre el 20 y 21 de septiembre de 2025. (Foto: X /@saqaro)
sanitarias citadas por el diario peruano ‘El Comercio’, mientras que la Asociación Nacional de Periodistas ha denunciado que varios reporteros que cubrían la marcha han resultado heridos. Por su parte, la Policía ha confirmado en redes sociales que tres agentes sufrieron heridas “mientras cumplían su labor de proteger a la ciudadanía y mantener el orden público”.
¿Qué moviliza a esta generación Z?
Algunas de las principales causas que han convocado manifestaciones recientes, según medios del Perú son:
1Reforma del sistema de pensiones
o Una ley/Ajuste/reglamento que beneficia a las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP) ha sido muy criticado. Mu-
chos jóvenes perciben que la reforma no considera sus intereses, derechos previsionales o las desigualdades del sistema.
2Descontento político general o Rechazo al gobierno de Dina Boluarte y al Congreso, por decisiones percibidas como poco representativas, por falta de respuesta ante demandas ciudadanas, por corrupción, etc.
o Creciente impaciencia ante la inestabilidad institucional y la sensación de que las estructuras tradicionales del poder no escuchan a la juventud.
3Uso de redes sociales como herramienta de convocatoria y expresión o Las convocatorias se organizan frecuentemente por redes sociales como TikTok, Instagram, WhatsApp. o Se usan símbolos y referencias de cultura pop como elementos identitarios en las protestas (por ejemplo, se ha visto la bandera de One Piece en algunas marchas como símbolo de libertad / resistencia)
4Sentimiento de injusticia y urgencia o Sensación de que las reformas políticas o leyes las afectan directamente (pensiones, derechos laborales, exposición a represión, etc.).
o Deseo de respuestas reales, no meramente discursivas.
¿Quiénes son la Generación Z en el contexto peruano?
Se considera generalmente que la Gen Z son los nacidos entre fines de los 1990s y comienzos de los 2010s. En el Perú ocupan cerca del 21 % de la población. De ellos, alrededor del 41 % ya forma parte del mercado laboral
Tienen expectativas distintas al entrar al mundo laboral: buscan propósito social, liderazgo empático, flexibilidad, justicia salarial, impacto más allá del lucro.

Con estos antecedentes el colectivo que convocó a marchas y manifestaciones se llama Generación Z.




Protestas
Sector comercial de Imbabura golpeado por toque de queda y paros
El toque de queda y los anuncios de paralizaciones han reducido el movimiento nocturno en Ibarra, afectando a sectores comerciales como restaurantes y negocios que advierten pérdidas irreversibles.
ImBABUrA.- La declaratoria de estado de excepción en Imbabura , sumada al toque de queda nocturno dispuesto por el presidente Daniel Noboa desde el 18 de septiembre de 2025, ha encendido las alarmas entre comerciantes, dueños de restaurantes, sector turístico y pequeños negocios de la provincia. Aunque las fiestas de Ibarra continúan, la incertidumbre y los cambios de horario han modificado la dinámica del comercio local y generado preocupación sobre la sostenibilidad de actividades económicas que dependen del movimiento ciudadano.
El Decreto Ejecutivo 146, emitido desde Latacunga, donde se instaló temporalmente la sede del Gobierno Nacional, establece la restricción de la movilidad desde las 22:00 hasta las 05:00 en toda la provincia
Esta medida obligó a reorganizar ferias, espectáculos y presentaciones artísticas de las fiestas de Ibarra, que tienen que concluir más temprano de lo previsto . Pero el impacto más fuerte lo sienten los negocios vinculados a la gastronomía, el turismo y el comercio nocturno.
El reclamo del sector restaurantero Desde los propietarios de restaurantes de Ibarra, a través de la Confederación de Restaurantes del Ecuador, se expresó públicamente su respaldo a los
llamados a la calma y al diálogo, pero alertaron sobre los efectos económicos de las paralizaciones.
Afirman que en lugar de solucionar algo, las movilizaciones, “por el contrario, han provocado pérdidas inmensas , entre otros, al sector turístico y restaurantero, llevando incluso a la quiebra a negocios y dejando a miles de personas sin trabajo”.
Los voceros del gremio subrayan, en un pronunciamiento, que la naturaleza de sus servicios vuelve imposible recuperar lo perdido. “Nuestros servicios son perecibles: un plato que no se sirve hoy, un comensal que no consume, son recursos que se pierden para siempre , afectando a toda la economía incluyendo nuestra cadena de valor en donde hay miles de agricultores y ganaderos del país”.
En sus declaraciones, recordaron que reconocen el derecho a la protesta, pero advirtieron que las paralizaciones violentas no son el camino. “Como gremios, creemos en la protesta social y en el derecho a exigir lo que es justo. Quienes nos siguen, saben que en los últimos años hemos levantado la voz cuando las decisiones han perjudicado al sector. Pero siempre lo hemos hecho en paz, respetando la libre movilidad, sentándonos en mesas de diálogo y aportando información e ideas para encontrar coincidencias y construir objetivos comunes”.


ComErCIo. En medio de las fiestas de Ibarra, los eventos se desarrollan con horarios reducidos y ajustes para cumplir con el toque de queda.
Negocios a media jornada y consumo en caída
Desde que rige el toque de queda, la restricción de movilidad obliga a restaurantes, bares y locales de entretenimiento a cerrar más temprano, reduciendo sus ingresos diarios en horas donde normalmente concentran mayor clientela, como ocurrió el último fin de semana.
A esto se suma el temor de los consumidores a permanecer fuera de sus casas, en la ciudad, o movilizarse en horarios cercanos al toque de queda, lo que impacta directamente en la demanda.
Los comerciantes coinciden en que los paros generan un efecto en cadena :
baja afluencia de clientes, canc elación de reservaciones turísticas, suspensión de eventos y, en consecuencia, caída de ventas.
Esto, advierten, repercute no solo en los dueños de los negocios, sino también en trabajadores, proveedores y productores que dependen de esa actividad económica.
El llamado del gremio
El sector restaurantero insistió en que el país debe enfocarse en fortalecer el consumo interno y generar empleo.
“Necesitamos proyectar al Ecuador a futuro, generando liquidez, consumo y empleo, y rechazamos prácticas especulativas. Recordamos que el impacto del diésel en precios de productos de con-
DatoS
Los paros nacionales de 2019 y 2022, como lo reportó LA HORA, dejaron a Ecuador pérdidas multimillonarias de hasta $74 millones por día, con caída del PIB, destrucción de empleos y graves impactos en producción y comercio.
En Imbabura, organizaciones indígenas han anunciado movilizaciones indefinidas contra el Gobierno Nacional, que se iniciarían desde la noche del domingo 21 de septiembre de 2025.
sumo básico es marginal, y el verdadero desafío está en reactivar la demanda interna para salir de la contracción económica”.
Ante esto, en medio de las celebraciones por la fundación de Ibarra, así como otras fiestas provinciales, como la Jora en Cotacachi, la realidad empresarial se mueve entre la expectativa de aprovechar el turismo y la zozobra que generan los anuncios de paralizaciones y restricciones.
Para muchos comerciantes, la clave está en que las fiestas sirvan como un respiro económico, pero temen que la incertidumbre nacional precisamente en esta fechas diluya sus esfuerzos. (FV)
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CADUCIDAD EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Autores: José sebAstián CorneJo AguiAr y Julio ACostA lAsso
¿Qué es la caducidad?
La caducidad, para Roberto Dromi, es: “(…) un modo de extinción del acto administrativo en razón del incumplimiento por el interesado de las obligaciones que aquél le impone. (…) Evidenciado que la posibilidad de declarar la caducidad es una competencia otorgada por la ley a la Administración Pública, para extinguir unilateralmente un acto administrativo1 (…)”
Es decir la caducidad administrativa hace alusión, a un modo de extinción anormal de los actos administrativos en razón del transcurso de un determinado tiempo en el cual se ha configurado la inacción por parte de la administración pública.
En este sentido, se entiende por caducidad administrativa la extinción de ciertas situaciones activas que están acompañadas de la necesidad de cumplir con determinados deberes, cargas o modalidades, tanto así que en la caducidad administrativa no existe ilegalidad o vicio alguno en el acto administrativo, que habiliten a la Administración del Estado para volver sobre sus actos, sino que simplemente ocurre una circunstancia de hecho a la que el ordenamiento jurídico le atribuye el efecto de generar la extinción del acto administrativo.2
Lo cual provoca en palabras de Madariaga, que se entienda a la caducidad como: “(…) una sanción impuesta por el orden jurídico en vistas de resguardar el interés general de la colectividad, que sin lugar a dudas se encuentra comprometido en la ejecución de las actuaciones admitidas y facilitadas por un acto administrativo de efectos individuales. Si el titular de estas facultades no las ejerce dentro del tiempo previsto, debe la administración velar porque otro interesado pueda desarrollar la misma actividad lícita, en las mismas condiciones y con acceso a los

mismos bienes de carácter público, generalmente escasos.” 3
La caducidad en el COA
La caducidad es un hecho jurídico procesal que se produce por la mera inactividad negligente de las partes dentro de los plazos previstos por la ley, originando la finalización anormal del proceso. Por consiguiente, cabe concluir, como regla general, que la caducidad sucede en el proceso administrativo como consecuencia de una paralización del procedimiento, en donde dicha paralización le debe ser imputable al menos a título de culpa y nunca en los supuestos de fuerza mayor, ni por causas independientes de la voluntad de los litigantes dentro de las cuales hay que entender incluidas las dilaciones indebidas, provocadas por inusual funcionamiento anormal de la justicia.
En tal sentido de operar cualquiera de los presupuestos antes enunciados en los cuales opera la caducidad, el órgano competente emitirá, a solicitud del inculpado una certificación en la que conste que ha caducado el procedimiento y se ha procedido al archivo de las actuaciones, dejando constancia que si la administración se nie-
ga a emitir la correspondiente declaración de caducidad, el inculpado la puede obtener mediante procedimiento sumario contemplado en el Código Orgánico General de Procesos. Conforme se ha dicho la caducidad es una institución de difícil construcción en base de las similitudes y diferencias con otras figuras extintivas que utiliza la Administración del Estado, la misma que en el Código Orgánico Administrativo, trae la configuración de varios plazos como son:
Caducidad en Revisión de Oficio: El artículo 132 del Código Orgánico Administrativo, determina que en el transcurso del plazo de dos meses
Caducidad en Actuaciones
Previas: El artículo 179 del Código Orgánico Administrativo, determina el plazo de seis meses.
Caducidad por falta de resolución en procedimientos de oficio: El artículo 207 y 208 del Código Orgánico Administrativo, determina que será de treinta días, plazo el cual estaría sujeto la caducidad por falta de resolución en procedimientos de oficio.
Caducidad del procedimiento de oficio: El artículo 213 del Código Orgánico Admi-
nistrativo, determina dos meses contados a partir de la expiración del plazo máximo para dictar el acto administrativo
Lo cual nos permite evidenciar que el tema de caducidades en el Código Orgánico Administrativo se encuentra totalmente disperso, lo cual si no se efectúa una lectura a profundidad del texto normativo antes referido puede generar confusión.
Determinación del tiempo de inicio en los procedimientos administrativos sancionadores
Como todos sabemos, existen formas de iniciar el procedimiento: una de oficio, por acuerdo del órgano competente, por propia iniciativa, orden superior, y petición razonada de otros órganos o denuncia. Estas formas, están orientadas a actuar la evidencia necesaria a efectos de precisar con mayor exactitud los hechos susceptibles de motivar el inicio del procedimiento administrativo sancionador.
Debiendo recordar que el plazo de inicio está sujeto a los plazos de prescripción, los mismos que conforme el Código Orgánico Administrativo,
LABORAL

¿en qué consiste la inadecuada asistencia legal?
RESPUESTA un alto porcentaje de abogados que litigan en materia laboral, por desconocimiento en muchas ocasiones no asisten adecuadamente a sus clientes, por lo que sería procedente una norma específica que al detectar estos casos los jueces por el principio de inmediación puedan suspender las diligencias garantizando los derechos de los trabajadores. Pero el juzgador no puede intervenir directamente calificando la ineficiente defensa del abogado defensor de alguna de las partes, suspendiendo una diligencia, ni aun a pretexto de precautelar los derechos del trabajador, por el principio de inmediación que tiene otro sentido, la relación directa del juez con la causa. el juzgador debe mantener su imparcialidad en la causa, por lo que mal podría favorecer a una de las partes, suspendiendo una diligencia, sin que exista alguna de las razones expresamente determinadas en el art.82 del coGeP.
Criterios sobre Inteligencia y Aplicación de la Ley Corte Nacional de Justicia
están catalogados de acuerdo a las infracciones, ya sean leves, graves y muy graves, en 1, 3 y 5 años respectivamente. Lo que evidencia que dicho procedimiento sancionador exige la tramitación del oportuno expediente, en la que habrán de respetarse las garantías y observarse los requisitos establecidos en el Código Orgánico Administrativo. Es importante señalar que como se ha dicho, el proceso administrativo sancionador inicia con un acto de iniciación emitido por parte del funcionario instructor. El cual debe ser notificado, constituyendo así la comunicación al administrado de que la entidad administrativa correspondiente ha tomado una decisión respecto de sus derechos o intereses, para que este pueda decidir aceptar, cumplir o presentar sus descargos si se trata de un procedimiento sancionador. Ya que recordemos que, si
La Hora Santo Domingo
CONSULTA
un acto administrativo es emitido pero no es notificado, no es un acto administrativo eficaz, por más que sea un acto administrativo válido, ya que el acto administrativo, para que sea eficaz significa que logre la finalidad para la cual fue emitido, destacando que el artículo 252 del Código Orgánico Administrativo, no delimita un tiempo de notificación pero si un tiempo de 10 días para la contestación del auto de inicio.
Determinación del tiempo de la Fase de Instrucción
Como se estableció anteriormente, una vez que el inculpado de la infracción administrativa ha sido notificado legalmente con el acto de inicio, esté conforme al artículo 252 del COA tiene un término de diez días para alegar, mismo que al fenecer pasa a etapa de instrucción. Sin embargo el COA, no es claro respecto del término que refiere al desarrollo de la etapa de instrucción, toda vez que en su artículo 255 señala que: “La o el inculpado dispone de un término de diez días para alegar, aportar documentos o información que estime conveniente y solicitar la práctica de las diligencias probatorias. Así mismo podrá reconocer su responsabilidad y corregir su conducta. (…)”, mismo término de diez días que ya refiere el artículo 252 que tiene administrado o inculpado para contestar el acto inicio y dentro del cual deberá alegar y aportar los elementos probatorios que creyere conducentes a eximir su responsabilidad de la infracción administrativa imputada. De igual manera, en el artículo 256 se recoge el mismo término de diez días al señalarse que: “Recibidas las alegaciones o transcurrido el término de diez días, el órgano instructor evacuará la prueba que haya admitido hasta el cierre del período de instrucción. (…)”, si hacemos una interpretación restrictiva de la norma citada, podremos señalar que una vez que ha trascurrido el plazo de diez días para que el administrado o inculpado conteste el acto de inicio, el órgano instructor debe comenzar a evacuar la prueba que ha establecido y solicitado el administrado en su escrito de contestación, lo cual evidenciaría el inicio de las actuaciones de la fase de instrucción, dentro del cual el órgano instructor también puede disponer de oficio las actuaciones que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos, recabando datos e información que sean relevantes en la determinación de las responsabilidades susceptibles de sanción. En esta última
parte, radicaría la interpretación extensiva de la norma, al creer que el legislador, no establece un periodo cerrado del desarrollo de la etapa de instrucción, toda vez que el órgano instructor al tener la carga de la prueba en representación de la administración pública, este puede llevar a cabo actuaciones que conlleven tiempos o plazos que no dependan de la gestión del órgano instructor, sino de la entidad pública o privada a la cual se le ha requerido la información que coadyuve en la determinación de las responsabilidades administrativas de la infracción; por supuesto que este término de la fase de instrucción no podrá irse en contra de las reglas determinadas para los casos de la prescripción del ejercicio de la potestad sancionadora y de las sanciones conforme se lo establece en los artículos 245 y 246 del COA.
Por lo antes referido, es que el legislador en el inciso segundo del artículo 256 del COA, ha establecido que “el órgano instructor evacuará la prueba que haya admitido hasta el cierre del período de instrucción.”, sin determinarse un término o plazo del desarrollo de la etapa de instrucción, el cual finaliza con la evacuación de la prueba tanto del administrado como de la administración pública, para posteriormente emitir el dictamen de fin de instrucción de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 257 del cuerpo normativo en mención, y del cual una vez finalizado esta fase se pasa a etapa de resolución dentro del cual se tiene que emitir la resolución correspondiente en el término dispuesto en el artículo 203 del COA que refiere al plazo máximo de un mes, contado a partir de terminado el periodo de prueba, que como señalamos anteriormente dentro del proceso administrativo sancionador el legislador no lo ha determinado de manera expresa, para manejo de las actuaciones del órgano instructor en la evacuación de la prueba, lo cual dificulta la contabilización de la caducidad en este tipo de procesos administrativos; teniendo únicamente certeza de la contabilización de la caducidad desde la emisión del dictamen de fin de instrucción, que es la actuación administrativa mediante la cual se tiene certeza del cierre de la etapa de prueba y de la fase de instrucción.
Plazo de Resolución conforme al COA
La determinación del plazo de resolución dentro de un procedimiento administrativo,
es muy importante para el cómputo de la caducidad, el COA lo ha recogido en su artículo 203 señalando que: “El acto administrativo en cualquier procedimiento será expreso, se expedirá y notificará en el plazo máximo de un mes, contado a partir de terminado el plazo de la prueba.”
La obligación de resolver que tiene el órgano competente administrativo, es primordial en cualquier procedimiento administrativo, y más en los procedimientos administrativos sancionadores que desembocan en el establecimiento de responsabilidades administrativas y derechos de acreencia de la administración pública, por lo cual el artículo 202 del COA prevé que “El vencimiento de los plazos previstos para resolver no exime al órgano competente de su obligación de emitir el acto administrativo.”, inclusive se señala enfáticamente que las administraciones públicas no pueden abstenerse de resolver con la excusa de la falta u oscuridad de la ley. Obviamente el acto emitido por la administración pública fuera de los plazos establecidos en la norma, desembocara en su ineludible nulidad, ya que ha sido emitido fuera de contexto, y del cual el administrado deberá ejercer su derecho de impugnación y recurrir el mismo. En base a lo referido, como regla general se tiene que el ejercicio de la caducidad en los procedimientos administrativos sancionadores, deviene en que la administración pública inicio un proceso sancionador y no lo resolvió dentro del término general resolver, que sería de un mes contabilizado desde que concluyó el periodo de prueba o la fase de instrucción. Sin embargo, a lo referido tenemos la excepción establecida el artículo 204 del COA que establece la ampliación extraordinaria del plazo para resolver, en casos concretos de cuando el número de personas interesadas o la complejidad del asunto exija un plazo superior para resolver, pudiendo ampliarse hasta dos meses o sesenta días.
De igual manera, es importante tener en cuenta que de conformidad al artículo 250 del COA, se señala que: “El procedimiento sancionador se inicia de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia.”; es decir que un procedimiento sancionador puede iniciarse por denuncia, actuación previa en los términos que establece el COA, o en su defecto de oficio; cuando los
procedimientos sancionadores son iniciados de oficio hay que tener muy en cuenta que para estos casos el COA prevé un plazo de caducidad especial, establecido en su artículo 213, al señalar: “Cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio se entienden caducados y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de la persona interesada o de oficio, en dos meses contados a partir de la expiración del plazo máximo para dictar el acto administrativo, de conformidad con este Código.”, es decir que para estos casos el plazo de caducidad es de dos meses y no de un mes como por regla general se tiene para los demás casos.
Determinación de la problemática de los plazos para la caducidad Como se lo ha establecido anteriormente, si bien los plazos de caducidad son claros y determinados por el COA, tanto en la regla general de un mes desde que ha fenecido la etapa de prueba, como la de dos meses para el caso de los procedimientos iniciados de oficio; la problemática radica en la determinación de saber que término o plazo dura la etapa de prueba o fenece la fase de instrucción dentro del proceso administrativo sancionador, toda vez que únicamente se ha señalado por parte de legislador en la norma, que el administrado o inculpado una vez que ha sido notificado con el acto de inicio, esté tiene el término de 10 días para alegar, aportar documentos o elementos de prueba y solicitar diligencias que crea correspondientes a eximir su responsabilidad de la infracción administrativa imputada, y que posterior a este término el órgano instructor procederá a evacuar la prueba hasta el cierre de instrucción, sin determinarse expresamente un término o plazo que dictamine el mismo, que es fundamental para contabilizar el periodo de caducidad de este tipo de procedimientos.
Este escenario que se ha previsto en la norma, puede dejar en evidencia la discrecionalidad del manejo de los tiempos en la evacuación de prueba que puede realizar el órgano instructor, sin embargo se podría pensar que el espíritu del legislador, fue dejar a discreción el manejo de esta etapa al órgano instructor, toda vez que dentro de la evacuación y practica de las diligencias probatorias, existen plazos y términos que no devienen de la gestión del órgano instructor, y por ello no se ha previsto un término o plazo de duración de la etapa de
instrucción en la norma, además que es de responsabilidad del órgano instructor recabar todos los elementos que confluyan en el establecimiento de la responsabilidad de la infracción administrativa imputada, así como de evacuar toda la prueba solicitada por el administrado o inculpado, en observancia de los derechos constitucionales de defensa y debido proceso.
Conclusiones
El COA establece dos plazos de caducidad para los procedimientos administrativos sancionadores, el primero que es de un mes por regla general contados a partir de fenecida la etapa de prueba; y el otro de dos meses para los casos que el procedimiento administrativo haya sido iniciado de oficio.
El COA no establece de manera expresa el plazo o término de duración de la etapa de instrucción, dentro de la cual se evacua la prueba tanto del administrado como de la administración pública, por lo cual dificulta la contabilización del plazo de caducidad en este tipo de procedimientos, sin embargo una vez emitido el dictamen de fin de instrucción por el órgano instructor, se puede tener la certeza que la etapa de prueba a concluido y ha pasado a fase de resolución, y se podrá contabilizar de una manera certera el plazo de caducidad.
BIBLIOGRAFIA
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LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Santo Domingo