Mario Bros ya es un cuarentón 8




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Ecuador proyectaba un déficit récord de $5.625 millones en 2025. Para contenerlo, el Gobierno de Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel, con un ahorro neto de $200 millones este año y $800 millones en 2026. Esto es suficiente para emitir bonos de deuda externa y salir de la dependencia de los multilaterales. 5

Quinta Ley sin aportes de los jubilados 4

La comedia que se inspira en las tradiciones
Aliados de Bolsonaro luchan por su amnistía

SALVATORE FOTI
ecuasalvo@yahoo.it
Tantas veces va el cántaro a la fuente…
Tenemos a un Presidente de la República seguro, disciplinado y consecuente con las estrategias de sus asesores. A pesar de haber eliminado el subsidio del diésel, su nivel de aceptación aparenta seguir alto. Sin embargo, la política es dinámica y cambiante, y por ello hay muchos aspectos a considerar. La aparente ausencia de protestas frente a la eliminación del subsidio no garantiza que no surjan reacciones más adelante. Una vez que la ciudadanía dimensione el impacto económico en sus bolsillos, podría aparecer un rechazo más fuerte. A este escenario se suma un país con altísimos niveles de violencia y con servicios públicos paupérrimos. Persisten las dificultades para obtener cédulas, los problemas en los hospitales Además, circulan especulaciones sobre la posible eliminación del subsidio al gas y hasta una eventual privatización del IESS.
Lo más sensato sería que el Presidente, quien ha incumplido sus principales promesas de campaña, defina de una vez cuál es su visión del Estado, cuál es su ideología y hacia dónde quiere llevar al país. Porque seguir representando el “nuevo Ecuador” cuando la realidad muestra un Estado cada vez más obsoleto resulta ya agotador.
Incluso, las encuestas empiezan a reflejar una caída en el aspecto de la confianza que se le tiene al mandatario, y esto puede derivar rápidamente en un mayor nivel de resistencia social frente a su gestión.
La gran incógnita es si, más allá de los subsidios, el presidente mantendrá la intención de llegar a la consulta popular; porque, una vez más, parece tener todo que perder y nada que ganar. De hecho, me atrevo a inferir que en las próximas semanas su aceptación seguirá bajando, al punto de que quizá no llegue a una consulta en condiciones políticas favorables y si o si tendrá que pagar un costo político por sus decisiones que empiezan a ser muy impopulares : Tantas veces va el cántaro a la fuente que al final se rompe.

PABLO GRANJA ÁVALOS granja.pablo@yahoo.com
¡El ‘pollo’
Circula una carta escrita por Fidel Castro a Hugo Chávez, que constituye un auténtico “Manual para llegar al poder y no soltarlo nunca”. Es difícil garantizar su autenticidad, pero es inevitable pensar que algo de cierto debe haber, debido a la rigurosa coherencia con que ha
El incremento del diésel es una de las medidas económicas más trascendentales de los últimos años. El subsidio de $1.100 millones lastima las cuentas fiscales y asiste a quienes no lo merecen; era hora de tomar una decisión para el bien del país.
El Gobierno no ha sido indiferente a los efectos que el alza del precio provoca. Desde esta semana, ensaya medidas de compensación para ciertos sectores afectados, pero estas no pueden convertirse en dádivas a grupos que pueden optar por el chantaje.
Ayer, durante el día, cinco provincias de las 24 sufrieron cierre de vías, con las molestias y pérdidas que eso implica.
Los manifestantes deben seguir el ejemplo de los dirigentes que han iniciado mesas de diálogo y un prudente tiempo de adaptación para optar por otras medidas. De lo contrario, sería repetir una protesta que causó pér-
didas por más de $1.000 millones, y donde todo el país resultó afectado. La ciudadanía es la que siempre pierde en los escenarios violentos.
Así como a los políticos se les exige un cambio, más gestión, sensibilidad social y conexión con la ciudadanía, los gremios también deben ajustar sus formas de influir en las decisiones gubernamentales. El compromiso de eliminar gradualmente el subsidio al diésel, así como otras medidas de ajuste, están en el acuerdo con el FMI del 2024, cuyo acceso es público. Y hay más medidas que deberán regir en el futuro cercano.
El diálogo y la negociación deberán ser la salida a los impases que la política pública pueda generar. Sabio sería aplicar la misma lógica ante el conflicto con la Corte Constitucional y la minería en Cuenca. La población ha dejado en claro que, a pesar del costo, está dispuesa a no dejar de trabajar.

gobernado el neocomunismo latinoamericano Últimamente en el país han reflotado testimonios que espeluznan relacionados con vigilar, perseguir, asesinar y sembrar pruebas en contra de los enemigos. La reciente caída en desgracia de José Serrano, coincidiendo con la acusación de la Fiscalía de su supuesta autoría intelectual en el asesinato de Fernando Villavicencio, ha servido para recordar la saña con que actuó el régimen de la década siniestra. Se
suman testimonios de acuerdos con las FARC que habrían aportado dinero para la campaña y a las que se les habría entregado identidad ecuatoriana; la paz pactada con los GDO para que operen cómodamente desde las cárceles a cambio de mantener las calles libres de crímenes sangrientos. Según su abogado, Serrano está colaborando con las autoridades gringas soltando lo que sabe, por lo que sus exaliados lo están repudiando y negando el pasado común que compartieron. “Mal

MILDRED MOLINEROS G. Columnista invitada
Guayaquil se organiza para rescatar la esperanza
con Mangle Inc.
Se ha vuelto habitual que lo que más se difunda sean noticias negativas, sobre todo relacionadas con la violencia y la crisis. Por eso resulta urgente mirar también hacia aquellas noticias positivas que están transformando la sociedad. Hay proyectos extraordinarios nos devuelven el optimismo. Una de esas iniciativas es Mangle Inc., que inició en 2024 en Guayaquil con un propósito claro: rescatar el tejido social de la ciudad, devolver la esperanza a sus habitantes y demostrar que otro futuro es posible.
Es realmente admirable que 12 gremios productivos, Segura EP —empresa pública adscrita al Municipio de Guayaquil— y cuatro universidades(ESPOL,Universidad de las Artes, Universidad Casa Grande y Universidad de Especialidades Espíritu Santo) hayan logrado unir fuerzas para sacar adelante Mangle Inc.
El proyecto cuenta con el respaldo técnico de expertos de Medellín y Monterrey, ciudades reconocidas por haber transformado realidades complejas en oportunidades de desarrollo. También recibió un financiamiento inicial de Usaid Pilares, que permitió sentar bases sólidas para su arranque y consolidación.
Se trata de un esfuerzo colectivo sin precedentes en Guayaquil, que propone un modelo de trabajo colaborativo mediante comisiones temáticas. También ha impulsado espacios de articulación como el conversatorio “Seguridad y Riesgos en el Sector Pesquero”, donde empresas, gremios y autoridades abordaron el impacto del crimen organizado y plantearon acciones conjuntas para proteger al sector.
Además, busca fomentar la participación juvenil mediante la adopción de la Agenda de Juventudes “Un Chance para la Paz”, elaborada junto al PNUD y presentada recientemente ante empresarios, universidades y autoridades locales.
El reto ahora es multiplicar estas historias, darles voz y convertirlas en referentes. Los verdaderos héroes no siempre aparecen en los titulares: son quienes, con pequeños y grandes gestos, se atreven a construir. Contar sus acciones es la mejor manera de recordar que en Ecuador #TambiénHayBuenasNoticias.
paga el diablo a sus devotos”, les cae como anillo al dedo. Otro pájaro que está cantando como gallo al amanecer es Hugo Carvajal, alias el Pollo, que lo sacaron de su escondite en España para ser deportado a los Estados Unidos, en donde acabó aceptando ser culpable de delitos de narcoterrorismo y narcotráfico. El Pollo trabajó con el cartel de Los Soles, fue Director de Inteligencia Militar de H. Chávez y responsable directo de la colaboración con las FARC,
cordón umbilical que uniría al petrismo con el chavismo y el correísmo. Al caer en desgracia con Maduro, contó de los cientos de asesinatos ordenados por el iletrado dictador, y de ser quien impulsó la expansión del Tren de Aragua. Ha sido repudiado por sus antiguos aliados. Nada que sorprenda. Conclusión: para mitigar sus respectivas sentencias no les queda sino cantar; no obstante, el cuarto de pollo que está en Miami y el Pollo preso están fritos.
Organizaciones sociales y gremios marcharán hoy en Cuenca a favor del agua y en contra del proyecto minero Loma Larga. Autoridades locales dicen que hay suficiente base técnica para que el Gobierno central revoque la licencia ambiental entregada a la empresa Dundee.

“Esta lucha se va multiplicando y va a ser un grito de Cuenca al Ecuador y al mundo”, anticipó Yaku Pérez, abogado de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), sobre la marcha por el agua convocada para hoy, 16 de septiembre de 2025, en Cuenca.
La FOA es una de las organizaciones que cuestiona al Gobierno por la licencia ambiental otorgada el 23 de junio de 2025, desde la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, a la compañía Dundee Precious Metals Ecuador S.A ., titular del proyecto minero Loma Larga, ubicado en las parroquias Victoria del Portete, San Gerardo y Chumblín, en los cantones Cuenca, Girón y San Fernando, para las fases de explotación y beneficio.
Se trata de una mina subterránea para extraer oro en una zona localizada en el páramo de Kimsakocha Ahora, organizaciones y autoridades buscan que se
revoque la licencia para que no haya actividad minera en el páramo.
Delimitación del proyecto en duda Cristian Zamora , alcalde de Cuenca por Izquierda Democrática, dispuso el 11 de septiembre de 2025 la reversión total del catastro del predio de la empresa minera. Esto no impide la explotación minera, pero sí le “complica” a la empresa.
Zamora ordenó la reversión porque los linderos que están en la escritura no coinciden con los antecedentes geográficos de donde está la bocamina. “Fue un 13 de octubre de 2020 (durante la administración del exalcalde Pedro Palacios ) que el propio Municipio catastró al predio de la minera 140 hectáreas adicionales a las 120 que tiene en escrituras, no hay ningún argumento que respalde esta ampliación”.
El 12 de septiembre el presidente de la República, Daniel Noboa, advirtió a la Alcaldía y a la Prefectura
de Azuay que si no sustentan la oposición al proyecto minero con informes técnicos habría problemas a futuro si Dundee presenta una demanda internacional
Pero las autoridades locales aseguraron que los informes fueron remitidos antes de que se los pidieran. “Eso es un tema impracticable desde nuestro ordenamiento jurídico. No es que van a demandar al Municipio, quienes otorgaron estos temas es el Estado central y es el responsable ante este tipo de circunstancias”, subraya. Refirió que dispone de un informe de Ambiente que contiene el criterio de que sí habría contaminación con el proyecto: “Yo probaré en las instancias que corresponden de que ese informe existe. Al momento no puedo indicarlo, pero sí está señalado ese informe”.
Prefectura niega competencia
Juan Cristobal Lloret, prefecto de Azuay por la Revolución Ciudadana, menciona que la sentencia escrita del 20 de julio de 2022, emi-
lecomunicaciones, Agua Potable, Saneamiento y Gestión Ambiental (Etapa). El 10 de septiembre, Lloret remitió un oficio a Ambiente. Solicitó que se declare la nulidad , se revoque la licencia ambiental y se respete las consultas populares aplicadas en los cantones Girón (2019) y Cuenca (2021) en las que se prohibió la minería.
tida por Carlos Cárdenas , juez de la Unidad Judicial de Trabajo de Cuenca , no se ha cumplido adecuadamente. El juez dispuso que se realicen algunas medidas, por ejemplo, la consulta previa a las comunidades indígenas existentes en las parroquias Victoria del Portete, San Gerardo y Chumblín, antes de que el proyecto minero prosiga con la explotación.
Citó el numeral 11 del artículo 261 de la Constitución para señalar que es el Estado central el que tiene la competencia exclusiva sobre los recursos energéticos . “La Prefectura de Azuay y el Municipio de Cuenca nada tendrían que asumir frente a una demanda internacional porque no hemos licenciado esta autorización, que emitió el Ministerio del Ambiente. Lo que sí estamos dispuestos es alimentar con todos los insumos que se requieran”, afirma Lloret. Zamora y Lloret basan sus declaraciones en varios informes, uno de ellos es de la Empresa Pública de Te-
Falencias de la empresa Rigoberto Guerrero, subgerente de Gestión Ambiental de Etapa, señala que hay varios informes realizados desde 2012 por consultores nacionales y extranjeros sobre el impacto de explotar Loma Larga, solicitados por el Municipio y por colectivos. El informe de Etapa de 2024 compiló todos estos estudios y continúa actualizándose. Guerrero apunta algunos de los principales hallazgos de los estudios: El Área Nacional de Recreación Kimsakocha está dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero a su alrededor existen tres concesiones mineras (Cerro Casco, Río Falso y Cristal), que conforman Loma Larga, con una distancia de apenas 1.200 metros.
Al pulverizar los metales pesados, el polvo puede ser arrastrado por el aire. “Metales como arsénico, níquel, cadmio y otros van a estar almacenados en una relavera, una especie de piscina gigante, al final de los 12 años de explotación minera va a almacenar cerca de 5,5 millones de toneladas de roca tóxica”.
Un estudio de la Universidad de Cuenca demostró que existe interacción entre el agua superficial, el agua de lluvia y el agua subterránea debido a las grietas de suelo en Kimsakocha, por lo que hay riesgo de contaminación con la explotación subterránea. En la planicie hay cuerpos de agua. “El momento en el que se empieza a excavar y hacer túneles, el agua que estaba en el humedal va a empezar a descender y el humedal se va a secar, hay un grave atentado a los recursos hídricos y la sostenibilidad hídrica que va a tener el cantón Cuenca”. (KSQ)
Cecilia Baltazar, de una facción de Pachakutik (PK) y presidenta de la Comisión de Educación, no descarta que el movimiento realice una evaluación del acuerdo con ADN, vigente desde el 14 de mayo de 2025.

Al movimiento de Gobierno en la Asamblea Nacional se le podría complicar la aprobación del quinto proyecto
de ley urgente en materia económica para el Fortalecimiento Crediticio, que está en trámite desde el 3 de sep-
Henry Llanes: “a la sociedad civil le cerraron las puertas”.
° Henry Llanes, vocero del frente de defensa del IESS, ratificó que no fueron convocados a la comisión de Desarrollo Económico (controlada por ADN), a pesar de que lo solicitaron por escrito. “Nunca nos comunicaron si nos recibirían o no (en la comisión). Se guardaron el oficio que les enviamos para que nos reciban, cerraron las puertas a los representantes de la sociedad civil, esa es la palabra correcta, no nos dieron audiencia”, señaló. A los afiliados y jubilados les preocupa que, con el proyecto de ley, el Estado tenga vía libre para vender a la banca internacional, las carteras (activos) de los préstamos hipotecarios, quirografarios y prendarios y que están a cargo del Biess, dijo Llanes. En alrededor de cinco sesiones, la mesa legislativa recibió a delegados del IESS, del BIESS, Superintendencia de Bancos, Junta de Política de Regulación, entre otras entidades del Estado.
tiembre de 2025.
La iniciativa del presidente de la República, Daniel Noboa, será conocida este 16 de septiembre de 2025, en primer debate, en el Pleno del Parlamento, pero su discusión podría generar tensiones entre un sector de Pachakutik y de los independientes.
Estos grupos políticos que se convirtieron en aliados del Gobierno desde el 14 de mayo de 2025, ahora cuestionan que uno de los proyectos más delicados que comprometerían los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del Banco del IESS (Biess) no haya sido socializado con representantes de
A Pachakutik también le inquieta la decisión de Noboa, de eliminar los subsidios al diésel y Baltazar habla de la posibilidad de empezar a fiscalizar las decisiones del Ejecutivo. Tampoco descartó que a partir de las decisiones que pueda adoptar ADN en la Asamblea, Pachakutik evalúe el acuerdo para saber si continuarán o no caminando junto a la línea oficialista.
“Hay que analizar los avances del acuerdo, en qué se ha estancado (…) pero yo no puedo respaldar decisiones que van a afectar a los ciudadanos, no se puede seguir legislando si no hay una agenda compartida, si no existe una coordinación eficiente”, alertó.
Diálogos con los aliados Andrés Castillo, de la bancada de ADN , afirmó que le corresponde a la jefa del bloque Mishel Mancheno dialogar con los aliados para buscar acuerdos.
“Ella es la que tiene la voz cantante en cuanto a la posición de la bancada, seguramente se reunirán en estas próximas horas, llegarán a acuerdos, estarán buscando alternativas, pero esa es una decisión de ella. Nosotros, como bancada, siempre respaldaremos las decisiones del presidente Noboa”, subrayó.
¿Revisión de textos?
afiliados y jubilados.
Cecilia Baltazar, de la facción de Pachakutik alineada al oficialista ADN, reclamó que si en el proyecto no se incluye las observaciones que ha sugerido el movimiento, como la eliminación de “artículos dañinos” que vulneran los derechos y que llevaría a una intromisión en el manejo de los recursos, no apoyarán a ADN con su voto.
“Querer poner las manos en los recursos de los afiliados, tomar las carteras de crédito del Biess es una preocupación de todos. No se puede entregar la lista de deudores a otra institución que no sea la misma entidad”, afirmó.
Pablo Jurado (Construye) , quien ha mantenido una cercanía con el régimen, también pide a ADN que se revisen los textos para el segundo y definitivo debate.
“Hay preocupación de que el IESS pueda generar créditos y financiar ciertas actividades; no todo lo que venga escrito del Ejecutivo. Nosotros tenemos que dar el visto bueno o respaldar, si eso afecta a la institucionalidad y pone en riesgo los recursos de los afiliados, tengan la seguridad que haremos observaciones”, puntualizó.
Jurado pide cambios en los artículos que afecten a los afiliados. Antes del primer debate, ADN tenía prevista una reunión del bloque con sus aliados. (SC)
Ecuador proyectaba un déficit fiscal récord de $5.625 millones en 2025. Para contenerlo, el Gobierno de Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel, con un ahorro neto de $200 millones este año y $800 millones en 2026.
Las cuentas públicas de Ecuador llegaron a un punto límite este 2025. En los últimos cinco años, los déficits fiscales fueron constantes, pero el deterioro alcanzó un punto crítico en 2025 con una proyección de $5.625 millones en rojo, equivalente al 4,4% del PIB. Se trata de la cifra más alta desde 2021.
El déficit fiscal presupuestado por el Gobierno de Daniel Noboa para este año es incluso superior a los $5.457 millones registrados en 2023 (dejado por el Gobierno de Guillermo Lasso luego de la muerte cruzada).
El problema es estructural. Durante años, el gasto estatal creció sin que existieran fuentes sostenibles de ingreso. Obligaciones constitucionales en salud y educación, que debían aumentar 0,5% del PIB cada año, han sido sistemáticamente postergadas, pero aun así el déficit siguió en ascenso. De haberse cumplido esas asignaciones, el déficit fiscal habría escalado estructuralmente hasta los $9.000 millones.
La presión por medidas de ajuste aumentó este 2025 porque los préstamos de multilaterales (actuales principales financistas del Estado ecuatoriano) no alcanzan para cubrir el déficit de más de $5.600 millones y los atrasos de alrededor de $4.000 millones; a lo que se suma la creciente dependencia de importaciones de derivados del petróleo, que cuestan más de $6.000 millones anuales. En paralelo, la producción nacional de crudo no logra superar los 480.000 barriles diarios. Los resultados de 2025 evidencian la urgencia: solo en marzo, el déficit fue de $726 millones, el segundo más alto en cinco años. En

junio alcanzó los $1.206 millones, récord absoluto para ese mes desde 2021, y en septiembre ya superaba los $2.300 millones. Sin medidas de ajuste, el país cerraba el año con el peor resultado fiscal en media década.
Una medida que se volvió inevitable
La eliminación del subsidio al diésel era una medida inevitable, según el economista Andrés Rodríguez Desde el 13 de septiembre, el galón pasó de $1,80 a $2,80, liberando un espacio fiscal.
Según el exministro de Economía, Fausto Ortiz, el impacto neto será más gradual: unos $200 millones hasta finales de 2025, debido a las compensaciones sociales, y alrededor de $800 millones en 2026. Además, la medida reducirá la importación de combustibles, aliviando la presión sobre la balanza externa.
Este ajuste se complementa, según la expectativa del Gobierno, con otros factores que aumentarán los ingresos. Si la economía crece por encima del 2,8% previsto en la proforma y alcanza un 4%, la recaudación tributaria aumentaría entre $83 millones y $283 millones adicionales. A esto se suman $200 millones es-

MEDIDA. Desde el 13 de septiembre, el galón de diésel pasó de $1,80 a $2,80.
perados por la remisión tributaria y $150 millones por controles masivos al pago de impuestos.
Con todo ello, el déficit podría reducirse de $5.625 millones a menos de $5.000 millones (alrededor de $4.992 millones) a finales de 2025.
Esta reducción sería decisiva para la percepción internacional, de acuerdo con Rodríguez: con un déficit más controlado, el riesgo país —que hoy está en 689
$2.000 millones en 2028.
La carga de la deuda pública’ La deuda pública supera los $80.000 millones, alrededor del 62% del PIB, y cada año el Estado debe destinar casi $10.000 millones en capital e intereses. Según José Abel DeFina, docente universitario con experiencia en finanzas corporativas y bancarias, y desarrollo de negocios , Ecuador está “prácticamente al borde de la insolvencia” y la única salida es “ahogar la deuda en crecimiento”, es decir, que la economía avance más rápido que el endeudamiento. Sin embargo, las urgencias fiscales obligan a tomar medidas para abrir el camino a la emisión de bonos, aunque, según DeFina, eso no es necesariamente el mejor negocio desde el punto de vista financiero —los multilaterales prestan más barato y con plazos más largos—, pero es una condición necesaria para diversificar el riesgo y mantener el programa con el FMI.
En agosto de 2025, la calificadora Standard & Poor’s mejoró la nota crediticia de Ec uador de “negativa” a “estable”, gracias a mayores reservas internacionales ($8.600 millones), un superávit en cuenta corriente y el programa con el FMI que se amplió a $5.000 millones.
puntos— podría bajar a menos de 600 puntos antes del final de 2025 y llegar a 400 puntos en enero de 2026. Ese escenario abriría la puerta a que Ecuador vuelva a los mercados internacionales . Antes de concluir 2025, el Gobierno podría emitir bonos soberanos por entre $400 millones y $500 millones, y en los próximos años cumplir con el cronograma pactado con el FMI: $1.300 millones en 2026, $1.500 millones en 2027 y
La calificadora de riesgo ya marcaba la cancha de las medidas: reducción de subsidios energéticos (electricidad y combustibles), eliminación de exenciones y exoneraciones de impuestos (nueva reforma tributaria) y mayor eficiencia del gasto público. Según S&P, el 97% del gasto estatal es rígido, lo que deja poco margen de maniobra. Además, desde 2026 vencen bonos clave, como el 2030, que aumentarán las necesidades de liquidez. El cierre del bloque petrolero 43 o ITT presionará los ingresos, aunque el Gobierno espera compensar con el campo Sacha y nueve proyectos mineros que podrían atraer $11.000 millones en seis años. En este último punto, el tema de Loma Larga podría reducir las expectativas de inversión y de ingresos. (JS)

de la tarifa de transporte público en Quito.
La eliminación del subsidio al diésel reavivó el debate sobre el costo del transporte público en Quito. Mientras el Gobierno ofrece compensaciones temporales, los transportistas advierten que las pérdidas ya afectan la sostenibilidad del servicio.
El anuncio del Gobierno Nacional sobre la eliminación del subsidio al diésel, realizado el 12 de septiembre, generó preocupación en el sector del transporte público a escala nacional. En Quito, los dirigentes de las operadoras advirtieron que la medida los coloca en una situación económica crítica y exigieron revisar la tarifa de los pasajes.
LA HORA confirmó hace unos meses que los transportistas han entregado varios estudios de aumento de tarifa. En una entrevista anterior con Jorge Yánez, representante del gremio, aseguró que, considerando los valores de inversión y gasto de las unidades de transporte, la tarifa debería ser de 60 centavos.
Los transportistas afirman que los costos de operación se han disparado en los últimos meses por el alza de insumos como aceites, repuestos, llantas y talento humano, a lo que ahora se suma el enca-
recimiento del combustible.
Insisten en que las actuales tarifas no cubren sus gastos y los mantienen en pérdidas.
La posición del Municipio Alex Pérez , secretario de Movilidad del Municipio de Quito, explicó que por el momento no se analiza un incremento en la tarifa del transporte público. Según el funcionario, la decisión dependerá de conocer en detalle el plan de compensación que el Gobierno ofreció al sector.
“Este no es solo un problema de tarifa, sino de todos los costos que enfrenta el transporte: combustible, insumos y recurso humano. Por eso, primero debemos esperar los resultados de las mesas de trabajo entre el Gobierno y los gremios”, señaló.
El Municipio aclaró que cualquier decisión sobre tarifas debe considerar el impacto en la economía popular “El ciudadano de a pie, que
gana entre uno y dos dólares diarios, siempre termina siendo el más afectado, no solo por el transporte, sino también por el costo de vida”, agregó Pérez.
El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, en una entrevista con Ecuavisa, indicó que el plan de compensación para el sector tendrá una vigencia de ocho meses, con la posibilidad de extenderse a doce. Pasado ese período, los gremios deberán dialogar directamente con los municipios para definir una nueva estructura tarifaria.
La visión de los transportistas
Luis Haro, presidente del Corredor Central Norte y presidente de la Cooperativa de Transporte Catar, informó a LA HORA que el gremio decidió suspender temporalmente una paralización prevista tras el anuncio del
es la implementación del sistema de pago electrónico mediante tarjeta. Según Haro, el Municipio dio plazo hasta octubre para que las operadoras instalen los equipos, pero el proceso enfrenta obstáculos. “No existe aún el laboratorio técnico que debía validar y homologar los equipos. Además, no está claro cómo se manejarán los fondos que recaude el sistema, ni cómo serán devueltos a los transportistas. La empresa pública de pasajeros recibe pagos con tres meses de atraso y esa situación es insostenible”, criticó.
fin del subsidio, luego de que el Gobierno se comprometió a instalar mesas de diálogo.
“El valor que se reconoce hoy por el diésel no satisface nuestras necesidades. Aparte del combustible, ya comenzó una escalada inflacionaria que también afecta los precios de repuestos y llantas. Estamos en déficit”, advirtió Haro.
Según los cálculos del gremio, cuando el diésel subió a $1,79 por galón, la tarifa técnica en Quito debió pasar de 35 a 42 centavos, pero aquello nunca ocurrió. Ahora, con el precio en $2,80, el combustible representa el 26% de la matriz tarifaria y la tarifa debería ubicarse en 46 centavos. “Hoy tenemos un déficit de 11 centavos por cada pasajero transportado”, explicó.
Los transportistas reconocen que el Gobierno ofrece una compensación, pero recuerdan que es temporal. “Esa compensación será por ocho meses. Luego, el Municipio tendrá que asumir su responsabilidad en la revisión tarifaria”, sostuvo Haro.
El sistema de recaudo electrónico Otro de los puntos en disputa
La ordenanza 172-2020 establece que el Municipio debe implementar un pago por kilómetro, pero hasta el momento no se concreta. “Si ni siquiera la empresa pública cumple con los plazos, difícilmente el sistema estará funcionando en diciembre como prometió el Alcalde (Pabel Muñoz)”, agregó.
La advertencia del gremio Los transportistas de Quito adelantaron que mantendrán reuniones internas para revisar el modelo tarifario y volver a presentar su propuesta al Municipio. “Es una obligación contractual revisar la tarifa cada dos años. Con el incremento del diésel y de la canasta básica automotriz, ese ajuste es inaplazable”, afirmó Haro.
De no concretarse un acuerdo, los dirigentes advirtieron que podrían retomar medidas de hecho. “Queremos seguir invirtiendo para mejorar el servicio, pero si no se cumplen las condiciones mínimas, lo que se genera es un deterioro de la calidad y un alejamiento del usuario, que es lo que menos queremos”, concluyó el dirigente. (EC)
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A LOS ACREEDORES DE LA COMPAÑÍA CRISFRETOURS S.A. EN LIQUIDACIÓN
De conformidad con lo previsto en el artículo 393 de la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial No. 312 de fecha 5 de noviembre de 1999, y vigente a la fecha del inicio del proceso de liquidación de la compañía se NOTIFICA a los posibles acreedores que cuenten con los documentos de soporte y justificativos, para que acrediten sus derechos en el término de veinte (20) días, a contactarse desde la última fecha de publicación de esta comunicación, con el suscrito Liquidador MGS. Ronald Leonardo Soto Aguirre, en la ciudad de Quito, D.M., en la Av. 10 de Agosto N24-118 y Luis Cordero, Edif. Muresco, ofic. 402. Más información relacionada con el proceso de liquidación, prelación de pagos y calificación de acreencias comunicarse al correo electrónico: criss193288@hotmail.com Mgs. Ronald Leonardo Soto Aguirre
Una mezcla entre un show de títeres del ‘ Teatro de Marionetas Bob Baker’ y las novelas de televisión, con un toque estético de la obra de Pedro Almodóvar. Así fue como nació ‘ Women wearing shoulder pads’ o ‘Mujeres con hombreras’, con un nombre que se inspira en la comedia dramática del reconocido director español: ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’.
Pero esta no fue la única inspiración. Su creador, Gonzalo Córdova , realizó un viaje que se quedó en su mente y se convirtió en parte de él. De familia ecuatoria na, Córdova volvía con fre cuencia a Ecuador después de muchos años de vivir en Estados Unidos, pero esta última vez Quito lo abrazó de una manera distinta.
Para Córdova, en EE.UU. existe una generalización en el concepto que se tiene so bre las culturas y tradicio nes a lo largo de Latinoamé rica. “Estaba frustrado con eso y quise aclarar que los países latinos son muy dife rentes”. Con eso en mente, recopiló fotos suyas y fotos de su familia en la década de 1980 para diseñar los trajes, los objetos e incluso las edi ficaciones de cada escena.
Stop-motion al rescate de las expresiones
La comedia para adultos creada por el ecuatoriano Gonzalo Córdova sigue la historia de ‘Marioneta’, una empresaria española que llega a Quito en la década de 1980 con el objetivo de explotar el negocio de los cuyes.

La serie captura la esencia del cine internacional de la década de 1980, las películas de melodramas, el estilo film noir y, por supuesto, el cine de oro de México y su parti cularidad de exagerar en las expresiones.
A pesar de que los títeres siempre fueron la primera opción, el melodrama no podía ser contado a través de rostros sin expresión. Por esta razón, Córdova se decidió por el stop motion con una mezcla de escenas de live action en planos ce rrados.
Un universo que gira en torno a los cuyes

Un mundo ficticio en el que los cuyes no solo son mas cotas tan comunes como los perros y los gatos, sino que también tienen una versión más grande como una vaca e incluso participan en corridas de cuyes. en Ecuador el cuy asado era bastante común, pero a la
geración de nuestro mundo real”.
Las voces femeninas se apoderan de la pantalla ‘Marioneta’, ‘Espada’, ‘Coquita’, ‘Nina’, ‘Doña Quispe’... Una característica principal de la serie es que todas sus voces son femeninas. Una decisión que está ligada a la exageración. Las historias de Almodóvar, o las películas con actrices como Joan Crawford o Bette Davis, muestran el papel relevante de la mujer. En este tipo de películas, “algunas veces te olvidas de los personajes masculinos, de los hombres, porque las personas más interesantes son las mujeres”, comenta Córdova.
Y no solo sus voces, todo el soundtrack también fue grabado por mujeres. “Quería que la regla fuera igual para todo”, dice Córdova, incluso si la inspiración provenía de una voz masculina.
El toque ecuatoriano ‘Mujeres con hombreras’ fue producida en México por Cinema Fantasma, y es la primera serie en español de Adult Swim, con un elenco totalmente femenino. Aunque Córdova habla español ha pasado la mayor parte de su vida en Estados Unidos, por lo que para la adaptación del guion trabajó con la directora de doblaje Mireya Mendoza y el consultor ecuatoriano Pancho Viñachi Expresiones como ‘guagua’, ‘mamita’ o ‘atatay’ forman parte de los diálogos. En 2023, Viñachi, guionista de teatro y televisión, fue el encargado de revisar el guión y añadir expresiones y localismos ecuatorianos “para darle más autenticidad al contenido y que se entienda que sucede en Quito”, detalla. “Mi trabajo fue volver más ecuatorianos a los personajes”.

ta de que comer cuy no era muy distinto a comer pato, mos burlando”, detalla Gonzalo, “sino que sea una exa-
Pancho Viñachi , esta es una gran oportunidad para retratar al país a través de sus expresiones, así como se ha hecho con México y Colombia. Este es su primer crédito en asesoría de guion en un proyecto internacional, y considera que esta serie va a dejar una huella de Ecuador en el mundo. (CPL)
El juego creado por Shigeru Miyamoto para Nintendo en 1985, sigue las aventuras de los hermanos Mario y Luigi en el Reino Champiñón. Su misión es rescatar a la Princesa Peach, quien ha sido secuestrada por el malvado Rey Bowser. Para lograrlo, los hermanos deben atravesar diversos niveles llenos de obstáculos y enemigos, saltando sobre ellos o usando potenciadores como las setas y las flores de fuego. El objetivo final es llegar al castillo de Bowser, derrotarlo y liberar a la princesa.


Pulmones
Puede contener una buena cantidad de aire.

ellas





Fechas destacadas: Evolución de la Serie Mario
1985: Lanzamiento de Super Mario Bros., que define el género de plataformas y su estética.
1988: Super Mario Bros. 3 introduce el mapa del mundo y nuevos power-ups como el Traje de Tanooki y el de Rana.

1996: Super Mario 64 marca el salto a las 3D y revoluciona los videojuegos con un movimiento libre en entornos tridimensionales.

2006: New Super Mario Bros. regresa a las 2D en Nintendo DS, vendiendo millones y reviviendo el formato clásico.

Bigote
Hace más notoria la nariz de Mario.
Overol
Se aprecia mejor la forma de Mario.

2017: Super Mario Odyssey redefine la fórmula 3D con la mecánica de Cappy, que permite a Mario poseer enemigos y objetos.


Fuertes, puede dar saltos con giros incluidos.














2023: El lanzamiento de la película Super Mario Bros. introduce a Mario a una nueva generación y se convierte en una de las películas de animación más taquilleras.
Los juegos más vendidos de la serie Mario Bros.





























1.000 millones
La saga de Super Mario Bros. en su conjunto, que incluye sus versiones originales y otras entregas.























67.35 millones

Los aliados del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, presionan en el Congreso para su amnistía tras la condena de 27 años de cárcel por golpe de Estado.
Los aliados del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro han retomado estos días las negociaciones en el Congreso para lograr presentar un proyecto de amnistía, después de ser condenado recientemente a más de 27 años de cárcel por encabezar la trama golpista tras perder las elecciones de finales de 2022.
Si bien la iniciativa ya estuvo encima de la mesa antes de que Bolsonaro se sentara en el banquillo de los acusados, ha recibido un nuevo impulso después de que el gobernador de Sao Paulo, Tarcisio de Freitas, irrumpiera hace una semana en escena haciendo una férrea defensa del expresidente como candidato para 2026.
Está previsto que esta semana De Freitas --a quien no se descarta en absoluto para liderar a la derecha en las elecciones del próximo año--, se reúna junto a otros líderes de la oposición para seguir con la redacción de un proyecto de amnistía que presentar en un reticente Congreso.
El Partido Liberal (PL) de Bolsonaro cuenta con los apoyos de afines como Progresistas y Unión Brasil , si bien resultará fundamental que persuada a

los que ocupan el conocido como ‘centrao’ del arco parlamentario, formado por fuerzas aparentemente sin orientación ideológica que se mueven por intereses particulares.
Mientras, la oposición confía en De Freitas para que logre persuadir al presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta para que incluya esta cuestión en la agenda del Congreso, aunque en el Senado se encontraría con el rechazo de su jefe, David Alco -
lumbre, quien defiende un texto alternativo sin perdón general.
Una amnistía que también ha sido rechazada por el Tribunal Supremo por inconstitucional y que según algunos juristas no libraría por completo al expresidente brasileño de las numerosas causas por las que ha sido condenado.
‘Remedio para pacificar a Brasil’ De Freitas ya defendió hace unos días en redes socia-


ante la mirada de la exprimera dama Michelle Bolsonaro, la amnistía para Bolsonaro y los acusados por los ataques del 8 de enero de 2023.
Sin embargo, la derecha brasileña no cuenta aún para 2026 con el consenso deseado. La figura del expresidente es utilizada por unos y otros debido a los beneficios electorales que reporta el apoyo de un Bolsonaro, a quien una hipotética amnistía no libraría de todos los cargos que pesan sobre él.
Si bien el ‘centrao’ --salvo casos puntuales-- no está dispuesto a asumir el desgaste de una medida sin simpatías fuera del bolsonarismo y con escaso recorrido parlamentario --a la par que puede ser vetada por el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva-- De Freitas sí asumiría el desafío con vistas a su candidatura en 2026.
les que la amnistía es uno de los “ mejores remedios para pacificar el país ”, que casi cada semana es escenario de grandes movilizaciones a favor de un Bolsonaro, a quien ya ha prometido indultar en caso de que lograra vencer las elecciones de próximo año. En una de estas últimas movilizaciones hizo suyos los ataques más viscerales contra el Tribunal Supremo, calificativos de tirano incluidos al juez Alexandre de Moraes y defendió,
De Freitas necesita congeniar con el clan de los Bolsonaro, que en vísperas de la condena al patriarca ya acusó a la derecha de haberle abandonado. Uno de los más descontentos con esta situación es Eduardo, en Estados Unidos desde hace varios meses para esquivar a la Justicia y con sus propias aspiraciones electorales.
Mientras tanto, y a pesar del escaso recorrido parlamentario que tendría la iniciativa --principalmente en el Senado--, el Gobierno ya negocia con sus bases y sus aliados para impedir que salga adelante, al mismo tiempo que confirma el apoyo para sus políticas económicas consideradas prioritarias.
Estados Unidos arremete contra la dictadura de Daniel Ortega y señala que la población de Nicaragua “merece el restablecimiento de la democracia”.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha afirmado que la población de Nicaragua “merece el restablecimiento de la democracia” el país y ha expresado su apoyo a los llamamientos para “una Nicaragua libre, justa y democrática”, en medio de las denuncias por la deriva represiva en la nación centroamericana.
“Los nicaragüenses en su patria y los que se vieron forzados al exilio merecen la restauración de la democracia en su querida nación”, ha dicho el jefe de la diplomacia estadounidense en un mensaje publicado con motivo de la conmemoración del Día de la Independencia
“Estados Unidos continuará apoyando sus demandas de una Nicaragua libre, justa y democrática para que puedan volver a vivir sin temor a persecución o represalias”, ha manifestado, en línea con las críticas de Washington al presidente nicaragüense, Daniel Ortega
La oposición y diversas organizaciones civiles han denunciado una deriva antidemocrática en el país, agudizada tras las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos y se han visto seguidas de detenciones ar-

bitrarias, expulsiones forzadas y privación de nacionalidad, así como la cancelación de las actividades de numerosas oenegés y universidades que fueron el foco de las manifestaciones antigubernamentales.
Sigue la persecución a opositores
El pronunciamiento de Estados Unidos se da pocos días después de que el abogado y opositor Carlos Cárdenas Zepeda apareciera sin vida después de ser arrestado por las fuerzas policiales de Nicaragua.
La organización Monitoreo Azul y Blanco --que recoge las violaciones de DDHH en el país latinoamericano-denunció el “secuestro” por parte de la “policía sandi-
nista” y su posterior muerte, acusando de estos hechos al régimen del Ortega.
Cárdenas Zepeda fue asesor jurídico de la Conferencia Episcopal de Nicaragua durante las protestas de 2018 --institución enfrentada con el régimen de Ortega por su papel durante la crisis institucional de ese mismo año--.
Este fallecimiento se suma al de Mauricio Alonso, otro opositor al Gobierno, que también fue entregado sin vida a su familia hace apenas unos días tras permanecer más de un mes bajo custodia de las fuerzas policiales..
Las protestas de 2018 se alargaron durante meses y derivaron en una escalada represiva que se saldó en los años posteriores con más de 200 arrestos de personas contrarias a la tesis del Gobierno. La ONU estima que, desde diciembre de 2018, más de 3.100 organizaciones han sido cerradas.
Además, el régimen nicaragüense ha endurecido en los últimos años la persecución de la Iglesia y de sus integrantes, prohibiendo incluso la actividad de organizaciones y rompiendo relaciones con el Vaticano tras unas palabras críticas del Papa. (EUROPA PRESS)




para cerrar la carretera en varios tramos.
Los transportistas de Carchi bloquearon vías este 15 de septiembre de 2025, anunciando protestas indefinidas por el alza del diésel y la inseguridad en las carreteras.
CARCHI.- La provincia de Carchi, en el norte de Ecuador, registró este 15 de septiembre de 2025 bloqueos en varios tramos de la Panamericana E-35, como parte de la protesta del transporte pesado contra el alza del precio del diésel y la inseguridad en las carreteras de la Costa, donde han sido víctimas de asesinatos, asaltos y extorsiones.
Hasta el cierre de esta edición (18:00), la medida se mantenía de forma indefinida, según anunciaron los dirigentes del gremio.
Los cierres iniciaron la noche del 14 de septiembre y se extendieron durante toda la jornada del lunes 15. Según reportes del ECU-911, varios tramos fueron bloqueados a
lo largo de la jornada, entre ellos Bolívar-Piquiucho, San Gabriel-La Paz, La Paz-Bolívar, Bolívar-San Gabriel y Tulcán-Julio Andrade. Los manifestantes colocaron camiones atravesados en la vía, llantas encendidas, montículos de tierra e incluso cercas con diferentes materiales, para impedir el paso

vehicular.
Los intentos de dispersión de la fuerza pública derivaron en enfrentamientos. Militares y policías llegaron con maquinaria y gas lacrimógeno para retirar los bloqueos. Desalojaron a los transportistas en ciertos sectores, pero estos regresaron minutos después para volver a cerrar las carreteras.
Julio Andrade fue identificado como el punto más conflictivo , con escenas de tensión y forcejeos registrados en videos compartidos en redes sociales, donde ciudadanos denunciaron detenciones durante los operativos, aunque hasta la noche no había un balance oficial.
Los uniformados insistieron varias veces en habilitar el tránsito por la Panamericana, considerada la columna vertebral para el transporte de carga y pasajeros , así como para el comercio internacional con Colombia , a través de Rumichaca.
Una protesta anunciada
La protesta en Carchi no surge solamente por el alza del diésel. Desde la semana pasada los transportistas intentan un diálogo con el Gobierno Nacional, tras el asesinato del carchense Nelson Chamorro, en Nobol, provincia de Guayas, hecho que volvió a evidenciar la vulnerabilidad de quienes trabajan en las carreteras del país, generando ya en esos días el cierre de vías, mucho antes del anuncio gubernamental sobre el combustible.
Sin embargo, el viernes pasado la Ministra de Gobierno no llegó a Tulcán,
pese a haber confirmado su presencia . El domingo se desarrolló una reunión con autoridades nacionales, en Tulcán, que terminó sin acuerdos.
Ante esa falta de respuestas, los dirigentes anunciaron que esta nueva jornada de paralización será indefinida hasta obtener resultados concretos. Insisten en que no aceptarán más reuniones virtuales y que la única vía de solución será un diálogo directo y presencial con las principales autoridades nacionales, pero generando acciones que den respuesta a sus peticiones, en temas de seguridad y económicos.
Preocupación en sectores económicos La situación genera preocupación en la provincia, que cumple un rol estratégico por su condición fronteriza.
Cada cierre de la Panamericana interrumpe el paso de personas y mercancías hacia Rumichaca, afectando tanto la economía local como el comercio binacional.
La producción agrícola, ganadera y láctea de Carchi enfrenta pérdidas inmediatas al no poder movilizar sus productos hacia los mercados nacionales, lo que agrava el impacto económico de la paralización.
Al final de la jornada, habitantes de Julio Andrade marcharon la noche de este 15 de septiembre de 2025 por las calles céntricas, con pitos y consignas, exigiendo la liberación de detenidos en las protestas y reclamando seguridad en las carreteras, en respaldo al paro de transportistas en Carchi. (FV)

Durante nueve horas bloquearon el kilómetro 7, en la entrada a Puerto Limón, para exigir garantías al Gobierno Nacional.
Los transportistas de carga pesada perdieron el miedo y paralizaron sus unidades durante nueve horas para cuestionar los actos de inseguridad que sufren a diario durante el cumplimiento de sus labores.
A las 06:30 de ayer, lunes 15 de septiembre, inició la medida de resistencia con el bloqueo de la vía a Quevedo y exigieron acciones contundentes al Gobierno Nacional
El cierre se centró en el kilómetro 7, entrada a la parroquia rural Puerto Limón, y se originaron extensas filas de vehículos porque quedó totalmente interrumpida la circulación.
No soportan la inseguridad
Los profesionales del volante ya no aguantan más la situación, pues diariamente se exponen a robos y secuestros extorsivos mientras circulan por diferentes rutas.

MANIFESTANTES. Los integrantes de la transportación pesada cerraron
Jonathan Álvarez estuvo en la paralización para exponer que ha quedado en la quiebra tras sufrir el robo de su transporte y teme que sus compañeros pasen por esta misma situación.
“Nos sentimos desamparados, no hay garantías para trabajar y las autoridades saben cuales son los puntos más conflictivos”, expresó el transportista.
Su padre, Víctor Álvarez, también participó para pedir que se intervengan las carreteras y así evitar que más compañeros pierdan la vida en manos de delincuentes armados que actúan de manera violenta.
Aportes económicos
Muchos de los protestantes indicaron que hace varios meses hicieron contribucio-

Recolección de basura afectada
° La recolección de basura en Santo Domingo se vio afectada ayer debido al paro de la transportación pesada en el kilómetro 7 de la vía a Quevedo. El bloqueo en esta arteria impidió que los carros pudieran descargar los desechos en el complejo ambiental, ubicado en la parroquia Luz de América. Hoy el servicio se normaliza. (LMM)
nes económicas para habilitar tanquetas militares, que preveían ser utilizadas en patrullajes dentro de las redes estatales que pasan por la provincia.
Daniel Toala confirmó que aportó su cuota porque anhelaba seguridad para su gremio, pero lamentablemente las cosas no han cambiando. “No vemos esas tanquetas, el problema de inseguridad es en todo el país. Ya no aguantamos más y por eso nos paralizamos”, acotó.
Sin custodios privados
El auge delictivo que se mantiene en las carreteras limita la operatividad de la seguridad privada. Los transportistas manifiestan que los guardias ya no quieren brindar protección en los viajes porque
muchos han perdido la vida en el cumplimiento de sus funciones.
“A nosotros nos quitan los machetes que cargamos en el carro, pero los delincuentes portan fusiles y las autoridades no hacen nada . Es horrible estar amarrado y con pillos que ponen pistolas en la cabeza para amenazarte de muerte”, expresó uno de los conductores participantes en el paro.
Resultado lento Beatriz Benavides, comandante de la Policía Nacional llegó con un fuerte contingente, pero su postura estuvo enfocada al diálogo y no a la represión.
Sobre la inseguridad, la uniformada aseguró que se mantiene el despliegue de uniformados en las redes

Protestas en cinco provincias ° Cinco provincias del país se vieron afectadas por las manifestaciones de transportistas que rechazan el incremento en el precio del diésel y exigen mayor seguridad en las vías. Azuay, Carchi, Loja, Santo Domingo de los Tsáchilas y Pichincha registraron cierres que causaron inconvenientes a quienes se dirigían a sus lugares de trabajo, estudios o actividades cotidianas. (LMM)
Durante varias horas, dirigentes de la transportación se reunieron con las autoridades de seguridad. Hasta el cierre de esta nota no se conocía a qué acuerdos llegaron.
Subida del diésel
° Los transportistas también se quejaron por la eliminación del subsidio al diésel. Indican que ahora trabajan a pérdida y piden al Gobierno que derogue el Decreto Ejecutivo 126.
estatales para evitar delitos y se comprometió a implementar nuevas estrategias que brinden tranquilidad a la ciudadanía en general. El gobernador Miguel Quezada ratificó que el Gobierno Nacional y el Bloque de Seguridad mantienen la lucha contra los grupos delictivos. Además, invitó al diálogo a los transportistas para evitar nuevas paralizaciones. (JD)

Cruz Roja instala plantas potabilizadoras ° El equipo técnico del Centro Nacional de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) de la Cruz Roja Ecuatoriana se encuentra en Esmeraldas con plantas potabilizadoras portátiles, para garantizar el suministro de agua segura a tres comunidades afectadas. Les acompaña el presidente de la Junta Provincial de Santo Domingo, Cristian Zambrano, quien coordina las acciones junto a las autoridades. (LMM)

Una investigación de Stanford, publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences, reveló que las diatomeas árticas no están inmóviles ni sepultadas en condiciones de frío extremo. Su asombrosa resiliencia resalta la urgencia de estudiar los ecosistemas polares antes de que desaparezcan. EUROPA PRESS
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AUTORA: DIANA BRIONES
Un tribunal de la ciudad de Rosario (Argentina) marcó un hito al constatar que un abogado incorporó en su escrito citas jurisprudenciales inexistentes generadas por un sistema de inteligencia artificial (IA). Requerido por el órgano jurisdiccional, el profesional admitió haber utilizado dicha herramienta sin verificar la autenticidad de las referencias incluidas en una demanda de daños y perjuicios. El caso trasciende lo anecdótico: interpela la ética profesional en el ejercicio del Derecho y, por extensión, en otras disciplinas que empiezan a apoyarse en sistemasÉticaalgorítmicos.profesional y verificación de fuentes
El tribunal fue claro: aun actuando de buena fe, el profesional no queda eximido del deber de diligencia. En Derecho —y particularmente en el foro— no basta con invocar autoridad; corresponde corroborar la existencia, vigencia y pertinencia de cada fuente citada. La IA, en su modalidad generativa, puede “alucinar” (esto es, producir salidas verosímiles, pero fácticamente falsas); por ello, no es una fuente, sino una herramienta cuya producción debe ser verificada. Confiar ciegamente en sus resultados comporta negligencia y puede vulnerar los códigos de ética y la probidad profesional.
En el Derecho, invocar citas sobre la jurisprudencia sin corroboración es un acto riesgoso que erosiona la calidad del debate judicial. La cita de jurisprudencia, doctrina o normativa no puede ser un mero ejercicio retórico: requiere comprobar su existencia, su vigencia normativa y su pertinencia material frente al caso concreto. Se trata de una exigencia básica de la probidad profesional, prevista en los códigos de ética de la abogacía y en las reglas deontológicas internacionales (v.gr. Principios Básicos sobre la Función de los Abogados de Naciones Unidas).
En este contexto, la irrupción de la inteligencia artificial generativa plantea nuevos desafíos. Dichos sistemas, diseñados para producir texto fluido y verosí-

mil, pueden incurrir en lo que la literatura técnica denomina “alucinaciones”: resultados que aparentan precisión pero que carecen de sustento fáctico o documental. Una sentencia inexistente, un artículo mal citado o un precedente tergiversado son ejemplos de estas “alucinaciones” que, sin una revisión crítica, pueden ser incorporadas de manera inadvertida en escritos judiciales.
Por ello, es fundamental recalcar que la IA no constituye una fuente jurídica en sí misma, sino únicamente una herramienta auxiliar. Su producción debe ser sometida a un proceso riguroso de verificación humana, a través de cotejo con bases de datos oficiales, repositorios jurisprudenciales y legislación vigente. No hacerlo equivale a negligencia profesional.
La confianza ciega en los resultados de la IA no solo compromete la validez de los argumentos que se plasman en sus escritos, sino que además puede constituir una vulneración de los códigos de ética y de los principios de responsabilidad y probidad que rigen la profesión. El deber de cuidado impone al abogado la obligación de distinguir entre lo que la herramienta sugiere y lo que puede ser sostenido con prueba documental verificable. Ignorar esta distinción
afecta directamente la credibilidad del litigante, la confianza del cliente y, en última instancia, la legitimidad del propio sistema de justicia.
Límites de la tecnología
La sentencia proyecta efectos que trascienden la jurisdicción local argentina y resuenan en todo el ámbito latinoamericano e incluso internacional. Lo relevante no es únicamente la sanción concreta al abogado, sino el estándar ético y profesional que se fija: aún en contextos de sobrecarga judicial —común en la mayoría de tribunales de América Latina— el deber de verificación y control humano no puede relajarse.
El tribunal fue categórico: la inteligencia artificial puede ser una herramienta auxiliar de gran utilidad para organizar información, realizar búsquedas preliminares, resumir textos complejos o sugerir líneas de argumentación. Sin embargo, su función es instrumental y no sustitutiva. No reemplaza la responsabilidad del profesional, que sigue siendo el único garante de que lo escrito en un expediente tenga veracidad, sustento normativo y pertinencia jurídica.
El mensaje es inequívoco: el criterio profesional es indelegable. La IA puede apoyar, pero
no decidir; puede aportar eficiencia, pero nunca sustituir la diligencia humana, la cual constituye la esencia misma del ejercicio de la abogacía. Un abogado no es un transcriptor de textos generados por un software, sino un intérprete crítico del Derecho, cuya responsabilidad ética lo obliga a revisar, filtrar y validar cada cita, cada argumento y cada referencia.
De este modo, la sentencia inaugura un estándar mínimo de control humano que, de consolidarse en la región, podría convertirse en un referente para otros sistemas judiciales que enfrentan el mismo dilema: cómo aprovechar los beneficios de la tecnología sin renunciar al rol insustituible del juicio profesional. Al marcar esta línea, la judicatura argentina no sólo resolvió un caso concreto, sino que envió una advertencia a la comunidad jurídica: la eficiencia tecnológica jamás puede ser excusa para la negligencia profesional.
Límites del abogado en el uso de la IA
El fallo explícita con nitidez una consecuencia que no admite matices: el uso de herramientas de inteligencia artificial compromete directamente la responsabilidad profesional del abogado, tanto frente al tribunal como frente a su cliente. No se trata únicamente de una cues-

¿Cuándo no cabe el auto definitivo de prescripción en el caso que existan dos períodos de labores?
En estos casos, evidentemente la excepción de prescripción es parcial en la medida que solo afecta al reclamo de determinados derechos, y la o el juzgador debería resolverlo de esa manera, pero aquello no significa que todas las pretensiones puedan ser rechazadas a la luz de esa excepción de prescripción, debiendo entonces pronunciarse respecto de los demás reclamos.
Por tanto no cabe que el juzgador dicte un auto definitivo de prescripción en relación a la totalidad de las pretensiones, sin entrar a considerar aquellas que no están prescritas, ya que aquello constituiría una violación del derecho de acceder a la justicia y obtener de la misma una tutela efectiva de los derechos, conforme lo dispone el Art. 75 de la Constitución.
Justicia
tión procesal de admisibilidad o pertinencia, sino de una obligación deontológica vinculada al deber de probidad, diligencia y lealtad procesal.
Incluso si existiera un consentimiento informado del patrocinado que autorice expresamente al abogado a emplear herramientas algorítmicas o chatbots jurídicos, tal autorización no exonera al profesional de su deber esencial: cotejar las fuentes, verificar la autenticidad de la información y garantizar que los argumentos y citas provengan de materiales jurídicos reales, identificables y accesibles. La delegación del trabajo mecánico nunca equivale a una delegación de la responsabilidad.
El tribunal subrayó que in-
ducir en error a la judicatura, aunque sea de manera involuntaria o por “alucinación” de un sistema generativo, constituye una vulneración al deber de lealtad procesal y puede comprometer tanto la eficacia del proceso como la confianza pública en la justicia. La ética profesional no tolera la incorporación de argumentos ficticios, pues ello afecta la transparencia del litigio y erosiona el principio de buena fe procesal.
En consecuencia, la autoría intelectual del escrito —y, sobre todo, su control— permanece indelegablemente en el profesional del Derecho y no en la máquina. El abogado puede servirse de la tecnología para organizar, procesar o acelerar la búsqueda de información, pero sigue siendo él quien firma, quien responde y quien responde por los contenidos. La IA no comparece en juicio, no asume deberes éticos ni enfrenta sanciones disciplinarias; quien lo hace es el abogado.
De este modo, el fallo no solo resuelve un caso puntual, sino que fija un precedente ético y normativo: la inteligencia artificial puede ser una aliada en el ejercicio de la profesión, pero nunca podrá desplazar el deber de control crítico, que constituye la esencia misma de la responsabilidad profesional del abogado frente al cliente, frente al tribunal y frente a la sociedad.
“Copiar y pegar”: absoluto rechazo
Este precedente recuerda que la abogacía no consiste en la mera reproducción mecánica de textos ni en la acumulación me-
morística de artículos, sino en el ejercicio de habilidades superiores: interpretar, argumentar, verificar y persuadir. La práctica jurídica exige un compromiso constante con la verdad, con la coherencia normativa y con la aplicación justa de la Constitución y las leyes.
La inteligencia artificial puede, ciertamente, potenciar el trabajo del profesional: organizar información, acelerar búsquedas, resumir documentos extensos o sugerir líneas de análisis. Sin embargo, estas funciones son meramente instrumentales. Lo sustantivo del quehacer jurídico —el juicio prudencial, la honestidad intelectual y el rigor metodológico en la construcción de argumentos— permanece inseparable de la labor humana.
La sentencia es clara en advertir que el Derecho no se agota en datos ni en outputs algorítmicos. Su legitimidad descansa en el razonamiento crítico del abogado y en su capacidad de someter cada afirmación a prueba de veracidad, pertinencia y consistencia con el ordenamiento jurídico. En este sentido, la abogacía es más que técnica: es una responsabilidad ética y social, que implica dar a los tribunales y a los clientes garantías de que las afirmaciones expuestas en un proceso se apoyan en fuentes reales y comprobables.
Si se debilitara este deber de verificación y control, el riesgo sería doble: por un lado, la erosión de la credibilidad del Derecho como sistema racional y confiable; por otro, la pérdida de confianza pública en la justicia como institución que asegura imparcialidad, transparencia y respeto a los
derechos fundamentales. Por ello, este precedente debe entenderse como un llamado de atención global: la IA no sustituye la formación profesional ni la ética jurídica; es solo una herramienta auxiliar. En última instancia, la fortaleza del sistema de justicia depende de la disciplina cotidiana de los abogados en verificar lo que afirman, en sostener con rigor lo que citan y en ejercer su función con integridad y responsabilidad, pues de ello depende el prestigio de la profesión y la confianza ciuda dana en el Estado de derecho.
En suma, el caso de Rosario cristaliza un estándar éticojurídico mínimo para el uso de inteligencia artificial en el litigio, que no puede ser reducido a un mero listado de pautas forma les, sino que expresa la frontera entre la innovación legítima y la renuncia inadmisible a la res ponsabilidad profesional. Así, se identifican cuatro exigencias esenciales: (i) transparencia frente al juez, la contraparte y el cliente sobre la utilización de IA, a fin de evitar prácticas opa cas que puedan inducir en error o generar asimetrías indebidas; (ii) verificación humana ex haustiva de todas las citas, refe rencias normativas y datos que sean incorporados, pues ningún algoritmo reemplaza el deber de corroborar la exactitud de la información que respalda los argumentos jurídicos; (iii) pro hibición de delegar indebida mente la autoría de los escritos, dado que la firma del abogado comporta un compromiso per sonal de seriedad, rigor y lealtad procesal, imposible de transferir a una máquina; y (iv) observan
cia estricta de los principios de veracidad, probidad y diligencia, que constituyen pilares de la ética forense y de la confianza en la administración de justicia. La innovación tecnológica, en particular el uso de herramientas algorítmicas, puede aportar eficiencia, rapidez y apoyo a la investigación jurídica, pero de ningún modo exonera al profesional de sus deberes de prudencia, integridad y control. El Derecho no puede ser tratado como un producto automatizado sin conciencia crítica; su
práctica requiere juicio interpretativo, creatividad argumentativa y sensibilidad ética. Por ello, mientras la modernización es bienvenida, lo que resulta inaceptable es el abandono de la ética profesional, pues sin esta la litigación pierde su credibilidad y se erosiona la confianza pública en la justicia. Con respecto a la probidad, los Códigos de Ética y las normas de ética profesional de los profesionales del Derecho, tanto a nivel general como en las disposiciones que publican los Co-







legios de Abogados, establecen un marco claro de responsabilidad y conducta. La aparición de la inteligencia artificial en el campo jurídico, si bien no es reciente, ha cobrado fuerza en los últimos tres años. Dichos sistemas, en sus propios términos y condiciones, reconocen expresamente su carácter experimental y advierten que sus resultados deben ser cotejados, precisamente porque pueden generar alucinaciones o contenidos ficticios. De allí que, como ocurrió en el caso analizado, aparezcan fuentes inventadas que jamás existieron en la realidad.
La experiencia comparada muestra que en otros países se han impuesto sanciones disciplinarias a abogados que presentaron escritos judiciales con citas inexistentes proporcionadas por chatbots. Por lo tanto, mientras estos sistemas no se desarrollen al punto de garantizar fiabilidad absoluta, resulta sumamente riesgoso y hasta temerario delegarles la tarea de búsqueda de jurisprudencia y reproducir sus resultados sin verificar rigurosamente la fuente.
Si bien es innegable que la inteligencia artificial está siendo explorada en los sistemas judiciales del mundo entero, tanto para apoyar investigaciones como para automatizar ciertos procesos de toma de decisiones, ello no exime de un debate más profundo. Es necesario reflexionar sobre cómo aprovechar sus potencialidades y, al mismo tiempo, comprender las implicaciones que su uso tiene para los derechos humanos y para el Estado de derecho. Estas discusiones deben involucrar a todos los actores del sistema judicial.
La inteligencia artificial puede constituirse en una herramienta poderosa para enfrentar algunos de los problemas sociales más críticos de la humanidad. Sin embargo, su utilización plantea también riesgos serios respecto de la libertad de expresión, la privacidad, la protección de datos personales y la no discriminación. Por ello, su integración en el Derecho debe realizarse bajo un estricto respeto a la ética profesional, a los estándares internacionales y a valores fundamentados en los derechos humanos.
Es evidente que la inteligencia artificial plantea desafíos de enorme complejidad en el Derecho. Mismos que no se limitan a cuestiones técnicas, sino que alcanzan dimensiones éticas, sociales y normativas que requieren respuestas institucionales sólidas y coordinadas.
Los desafíos del derecho Privacidad. - La recopilación, almacenamiento y análisis masivo de datos personales, que son la base del funcionamiento de muchos sistemas de IA, implican riesgos evidentes para
la intimidad de las personas. El acceso no autorizado, la reutilización de información sensible o la transferencia transfronteriza de datos generan tensiones con los principios de protección de datos y con los estándares constitucionales de privacidad. Propiedad intelectual. - La determinación de la autoría en las creaciones realizadas con IA es un tema en debate. La dificultad radica en definir si el crédito corresponde al programador, al usuario o al propio sistema. Ello afecta directamente a la protección de obras y a los derechos morales y patrimoniales, lo que requiere ajustes normativos de fondo.
Impacto en el empleo. - La automatización de tareas rutinarias amenaza con desplazar a ciertos perfiles profesionales, incluidos algunos del ámbito legal, como asistentes jurídicos o revisores de documentos. No obstante, también abre oportunidades para generar nuevos empleos especializados en ética digital, ciberseguridad y auditoría de algoritmos.
Regulación. - El marco jurídico vigente no está diseñado para abordar los desafíos que la IA introduce en materia de responsabilidad civil, contratos, derechos fundamentales y garantías procesales. La ausencia de normas claras crea un vacío que urge llenar mediante legislación específica, estándares internacionales y guías de buenas prácticas.
Filosofía del derecho y teoría constitucional:
Transparencia. - La complejidad técnica de los algoritmos genera opacidad y dificulta comprender cómo se toman decisiones automatizadas. Esto afecta el principio de publicidad y la necesidad de motivación de los actos jurídicos, pilares del debido proceso.
Responsabilidad. - La indeterminación sobre quién responde por los daños que ocasiona un sistema de IA —el programador, el proveedor, el usuario o la propia administración de justicia— genera un vacío legal que compromete la tutela judicial efectiva y exige la creación de regímenes claros de imputación.
Sesgos. - Los algoritmos, al ser entrenados con datos históricos, pueden reproducir y amplificar prejuicios sociales, generando discriminación indirecta en áreas tan delicadas como la selección de personal, la concesión de créditos o incluso las resoluciones judiciales asistidas por IA.
Derechos humanos . - La incorporación de sistemas automatizados en procesos judiciales debe garantizar juicios y procedimientos imparciales, evitando que la velocidad tecnológica erosione garantías como la presunción de inocencia, la igualdad de armas o el derecho a ser oído.
Consentimiento y autonomía. - El uso de datos personales y su circulación en entornos digitales requieren mecanismos de consentimiento informado, claros y verificables, para proteger la autonomía de las personas frente a usos abusivos o manipuladores.
Impacto social. - Aunque la IA posee un enorme potencial para mejorar la eficiencia del sistema judicial y ampliar el acceso a la justicia, también puede ser utilizada con fines maliciosos —desde la manipulación de pruebas hasta la vigilancia masiva—. De ahí la urgencia de establecer principios éticos robustos y controles institucionales eficaces.
En definitiva, la inteligencia artificial abre una oportunidad histórica para fortalecer la justicia y democratizar el acceso a ella, pero al mismo tiempo plantea riesgos que, si no son gestionados bajo los valores del Estado constitucional de derecho, pueden profundizar desigualdades, vulnerar derechos fundamentales y socavar la confianza ciudadana en las instituciones.
El derecho la IA: sus desafíos
Para estar preparado ante los desafíos y oportunidades que trae la inteligencia artificial, es fundamental que los futuros abogados y los profesionales del derecho en activo adquieran habilidades tecnológicas avanzadas. La formación en Legal Tech, que incluye el aprendizaje sobre cómo utilizar herramientas de inteligencia artificial, es esencial para no quedarse rezagado frente a los cambios de la profesión jurídica y, al mismo tiempo, para garantizar un ejercicio responsable, ético y competitivo. No se trata únicamente de dominar nuevas plataformas, sino de comprender sus implicaciones jurídicas, prevenir riesgos y aprovechar su potencial para mejorar el acceso a la justicia, optimizar procesos y reforzar la protección de los derechos fundamentales.
El Derecho es una disciplina que tradicionalmente se resiste al cambio, pero que ha experimentado una revolución tecnológica en los últimos años. La inteligencia artificial aplicada al Derecho permite la automatización de tareas rutinarias y la agilización de procesos, liberando a los abogados y a cualquier operador jurídico de una carga de trabajo administrativa, rutinaria y repetitiva, que consume mucho tiempo y puede llevar a errores. De esta forma, los abogados y cualquier profesional del ámbito del Derecho pueden centrarse en tareas más estratégicas, como el desarrollo de estrategias legales, la argumentación en juicios, o la defensa de sus clientes. Aunque también en estas tareas puede ayudar la IA o la denominada jurimetria. El análisis de datos se muestra
fundamental para trazar estrategias, por ejemplo, en los procesos judiciales. La IA en el sector legal ha abierto la puerta a un nuevo mundo de posibilidades, desde el uso de algoritmos para analizar miles de documentos legales en minutos, hasta la capacidad de predecir el resultado de casos judiciales basados en patrones previos.
Desafío en la formación profesional
El Derecho demanda formación, experiencia y adoctrinamiento en la justicia, y esto no se manifiesta solo con el ordenamiento jurídico, sino que exige una preparación en todas las ramas. Al respecto, el maestro Couture (s.f.) indica que “estudia: el Derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado”. Este primer mandamiento del abogado exige una constante actualización, ya que al Derecho cada día se le suman leyes, resoluciones, doctrina, jurisprudencia y ahora temas de tecnología.
Un Derecho cada vez más in-
teligente exige que la sociedad esté en permanente contacto con la inteligencia artificial. En esa línea, Ocaña, Valenzuela y Garro-Aburto (2019) señalan que: En la formación universitaria se pone énfasis en el diseño de perfiles profesionales que se enmarquen al trabajo y la generación de conocimiento [...] pero bien ¿hay una vertiente diáfana en los contextos de la educación superior que se enfoquen a los cambios que se suscitan en los nuevos retos sustentados en la educación digital?; ¿cuál es el perfil, y que competencias deberá de desarrollar el estudiante inmerso en el mundo virtual? (pp. 542-543).
Sin duda la respuesta a estas preguntas es la oralidad; debido a que, con un sistema capaz de tomar decisiones como si fuera una inteligencia humana, los escritos y las actuaciones procesales se van a realizar de forma mecánica y la parte práctica por el jurista.
A nivel internacional, según

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TAXIS EJECUTIVOS EXPRESSTAXILAN S.A.
De conformidad a lo dispuesto en la LEY DE COMPAÑIAS, se realiza la correspondiente convocatoria a todos los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TAXIS EJECUTIVOS EXPRESSTAXILAN S.A. en observancia a lo establecido en el Art. 236 de la LEY DE COMPAÑIAS, Art. 7mo. Del Estatuto y, Cap. I del Reglamento sobre las Juntas Generales de Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, Comandita Por Acciones y de Economía Mixta:
Se hace la convocatoria con carácter de obligatorio a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS a celebrarse el día jueves 25 de septiembre del 2025, A las 10:00 A.M. (10 HORAS DE LA MAÑANA) a desarrollarse en la siguiente dirección: Calle Los Guabos 48-37 y Pasaje A, EDIFICIO “DENTAL PLANET”, PISO 2DO. Sector Dammer, Cantón Quito, Provincia de Pichincha o de ser necesario se lo realizará de forma virtual a fin de tratar el siguiente orden del día:
1. Constatación de Quorum, Bienvenida y Lectura de convocatoria con orden del día para conocimiento de la Junta y Aprobación.
2. Informe de Presidencia,
3. Informe de Gerencia General,
4. Análisis y Resolución para compra de oficina y sala de reuniones para la compañía.
De manera especial e individual se convoca a la Sra. Josefina Ramírez, Comisaria Principal domiciliada en Quito, sin perjuicio de publicación de esta convocatoria.
NOTA ACLARATORIA: La INASISTENCIA del accionista a la junta extraordinaria convocada con carácter de obligatorio será sancionado de acuerdo al REGLAMENTO INTERNO DE LA COMPAÑÍA.
Quito, 13 de septiembre del 2025
Atentamente,

explica De Trazegnies Granda, “la Universidad de Harvard implementó un curso sobre la aplicación de la inteligencia artificial al Derecho, a fin de reclutar futuros investigadores” (2013, p. 122). Este escenario muestra que los estudiantes del Derecho ya se vienen formando desde la universidad en inteligencia artificial y si a ello le sumamos los sistemas expertos en sentencias, nos damos cuenta de que aprender Derecho ya no va a consistir en aprender contenidos, sino va a significar un aprendizaje en argumentación.
Así, la parte teórica va a ser realizada por las máquinas inteligentes y la parte filosófica por los juristas. En virtud de lo cual, las actuales facultades de Derecho del país deben cambiar su estructura curricular e incluir temas de tecnología, sistemas computacionales e inteligencia artificial, así como darles énfasis a las asignaturas de argumentación y litigación jurídica.
¿Cómo prepararse?
El caso de Rosario en Argentina evidencia que la inteligencia artificial no sustituye la ética profesional. El uso de herramientas algorítmicas en el Derecho no exime al abogado de su deber de verificación, probidad y diligencia, pues la responsabilidad sigue siendo indelegable y recae exclusivamente en quien firma y presenta los escritos. Aunque en el caso argentino, este precedente trasciende fronteras y proyecta un estándar ético mínimo con alcance regional e internacional: la IA puede apoyar la labor jurídica, pero nunca reemplazar el juicio crítico ni la verificación humana.
Su incorporación al Derecho plantea desafíos complejos en materia de privacidad, propiedad intelectual, sesgos, responsabilidad y transparencia, que de no gestionarse con base en principios de derechos humanos y normas deontológicas podrían erosionar la confianza ciudadana en la justicia y comprometer la legitimidad del Estado de derecho. No obstante, también abre oportunidades relevantes para agilizar procesos, analizar grandes volúmenes de información y mejorar el acceso a la justicia, siempre que se integre con un marco ético sólido y controles institucionales eficaces. Ante este escenario, resulta imprescindible que los abogados en formación y en ejercicio adquieran competencias tecnológicas avanzadas y conocimientos en Legal Tech, de modo que comprendan cómo funcionan estas herramientas, cuáles son sus limitaciones y cómo utilizarlas de forma responsable. Ello exige una reforma educativa y profesional que actualice los planes de estudio de las facultades de Derecho y la capacitación continua de los
colegios profesionales, incorporando materias de tecnología, sistemas computacionales e inteligencia artificial, sin descuidar la enseñanza de la argumentación, la ética y la litigación. El verdadero reto no consiste en reemplazar al abogado con la IA, sino en convertirla en un instrumento que potencie su labor. El Derecho no se agota en la técnica ni en la acumulación de datos; es, ante todo, un ejercicio ético, argumentativo y social orientado a garantizar justicia, igualdad y respeto a los derechos humanos.
REFERENCIAS
Abogados.com.ar (27 de mayo de 2019). PROMETEA: el primer sistema de inteligencia artificial predictivo de la justicia se presenta en “Mundial de Inteligencia artificial”. Abogados. com.ar. https://abogados.com. ar/prometea-el-primer-sistemade-inteligencia-artificial-predictivo-de-la-justicia-se-presentaen-el-mundial-de-inteligenciaartificial/23523
Corvalán, J. (9 de septiembre de 2019). El impacto de la IA en el Derecho Procesal. DPI Cuántico. https://dpicuantico. com/2019/09/09/el-impactode-la-ia-en-el-derecho-procesal/
Couture, E. (s.f.). Los mandatos del abogado. http://www. justiciayderecho.org.pe/revista2/articulos/LOS%20MANDAMIENTOS%20DEL%20
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Fernández, C., & Boulat, P. (10 de abril de 2015). Inteligencia Artificial y Derecho. Problemas y perspectivas. Noticias Jurídicas. https://noticias.juridicas. com/conocimiento/articulosdoctrinales/10061-inteligenciaartificial-y-derecho-problemasy-perspectivas/#_Toc416175199
Hernández, M. (2019). Inteligencia Artificial y Derecho Penal. Actualidad Jurídica Iberoamericana, (10), 792-843. Iglesias, D. (19 de marzo de 2018). Primer atropello mortal de un vehículo sin conductor. El Mundo. https://www.elmundo. es/motor/2018/03/19/5aaff150e 2704ec82e8b463f.htvml
JoseMarioMX. 2025. “Un tribunal de Rosario, Argentina; marcó un hito: un abogado presentó jurisprudencia inventada por IA en su escrito.” X, enero 30, 2025. https://x.com/josemariomx/status/1959819443388743836
Martínez García, J. I. (2018). Derecho inteligente. Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, (37), 95-114. https://doi. org/10.7203/CEFD.37.11440
Ocaña, Y., Valenzuela, L., & Garro-Aburto, L. (2019). Inteligencia artificial y sus implicaciones en la educación superior. Propósitos y Representaciones, 7(2), 536568. http://dx.doi.org/10.20511/ pyr2019.v7n2.274
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE PLÁSTICOS CONAPLAS S.А.
En el uso de la facultad estatutaria conferida mediante el Artículo Décimo Cuarto del estatuto social de la compañía, que dice: “La convocatoria a Junta General la hará el Directorio, el Presidente o el Vicepresidente, y a la falta de estos dos últimos, el Gerente General de la Compañía (...)” (énfasis incorporado) se convoca a los accionistas de la COMPAÑÍA NACIONAL DE PLÁSTICOS CONAPLAS S.A., a la Junta General Extraordinaria la cual se celebrará de manera telemática por medio de la plataforma Zoom: https://us06web.zoom.us/j/81160831734?pwd=mWqdLOila bHDkiZE3uvTloaZYtHJtB.1, o mediante los siguientes datos: Meeting ID: 811 6083 1734, Passcode: 110180, el día Jueves 25 de septiembre del 2025 a las 09:30 am para tratar el asunto contenido en el punto único del Orden del Día:
1. Conocer y resolver sobre la contratación de auditoría externa para el ejercicio económico 2025.
Se invita a la Junta General Extraordinaria de forma especial e individual al Comisario Principal de la compañía el señor Erick Alejandro Grijalva Vinueza; con cédula 1714108691, cuya dirección es en el Km. 16.5 vía Daule, de la ciudad de Guayaquil, y cuyo correo electrónico es egrijalva@ferpacific.com Facultad de incluir puntos adicionales: Se deja a salvo el derecho de los accionistas a solicitar, por una sola vez, la inclusión de puntos adicionales que consideren, deben ser tratados la Junta de Accionistas, o bien realizar correcciones (de forma) en la convocatoria. Este derecho podrá ejercerse una sola vez, hasta 72 horas luego de publicarse este llamado.
Correo electrónico para asuntos vinculados a la Junta de Accionistas: El representante legal de la compañía recibirá en el correo electrónico alvarog@bonita. com, la solicitud para el ejercicio de los derechos referidos en el párrafo anterior, o bien enviar los instrumentos de representación respectivos en caso de que un accionista compareciere a través de terceros.
En Guayaquil, a los 16 días del mes de septiembre del 2025.


DRA. SYLKA SÁNCHEZ CAMPOS ECON. LEONARDO NOBOA YCAZA Presidente Gerente General
001-004-5909
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MIGRANTAXI S.A.
De conformidad a lo dispuesto en los artículos 233, 236 y 231 numeral 1 de la Ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas de la compañía MIGRANTAXI S.A., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día Viernes 03 de octubre del 2025 del 2025 a las 10:00, en la Sede de la Liga Barrial Amagasí del para tratar el siguiente orden del día:
1. Constatación del quorum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Revisión de aportes de los accionistas, fijados el 22 de mayo del 2022.
Se convoca por este medio de manera especial e individual al señor Comisario Principal de la Compañía, señor Jaime Timbiano C.I.1709297814 correo electrónico timbianoiaime@gmail.com
NOTA: Requisitos para el ingreso a la Junta General Extraordinaria de Accionistas Cédula de Ciudadanía Original.
En caso de enviar un representante: Autorización o poder notariado con copia de cédula de quien autoriza y cédula original del representante. Quito, 16 de septiembre del 2025


Luis Santiago Lanchimba GERENTE GENERAL MIGRANTAXI S.A.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MANUFACTURAS DE CARTÓN S.A. MACARSA
En el uso de la facultad estatutaria conferida mediante el Artículo Vigésimo Segundo del estatuto social de la compañía, que dice: “La Asamblea General de Accionistas podrá reunirse en sesión extraordinaria, en cualquier fecha, previa convocatoria (...) del Presidente de la Sociedad (...)” (énfasis incorporado) se convoca a los accionistas de la compañía MANUFACTURAS DE CARTÓN S.A. MACARSA, a la Junta General Extraordinaria la cual se celebrará de manera telemática por medio de la plataforma Zoom: https://us06web.zoom.us/j/86950931763?pwd=d3rwOmNxaR9 dXrz5PMvwovNZEJtgUQ.1, o mediante los siguientes datos: Meeting ID: 869 5093 1763, Passcode: 743203, el día Jueves 25 de septiembre del 2025 a las 10:30 am para tratar el asunto contenido en el punto único del Orden del Día:
1. Conocer y resolver sobre la contratación de auditoría externa para el ejercicio económico 2025.
Se invita a la Junta General Extraordinaria de forma especial e individual al Comisario Principal de la compañía el señor Erick Alejandro Grijalva Vinueza; con cédula 1714108691, cuya dirección es en el Km. 16.5 vía Daule, de la ciudad de Guayaquil, y cuyo correo electrónico es egrijalva@ferpacific.com
Facultad de incluir puntos adicionales: Se deja a salvo el derecho de los accionistas a solicitar, por una sola vez, la inclusión de puntos adicionales que consideren, deben ser tratados en la Junta de Accionistas, o bien realizar correcciones (de forma) en la convocatoria. Este derecho podrá ejercerse una sola vez, hasta 72 horas luego de publicarse este llamado.
Correo electrónico para asuntos vinculados a la Junta de Accionistas: El representante legal de la compañía recibirá en el correo electrónico alvarog@bonita. com, la solicitud para el ejercicio de los derechos referidos en el párrafo anterior, o bien enviar los instrumentos de representación respectivos en caso de que un accionista compareciere a través de terceros.
En Guayaquil, a los 16 días del mes de septiembre del 2025.

ECON. LEONARDO ANDRÉS NOBOA YCAZA Presidente
MANUFACTURAS DE CARTÓN S.A. MACARSA