Loja: 22 de septiembre, 2025

LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025

¿Retomar diálogos del 2022 para evitar caos?

Los exministros de Gobierno, Francisco Jiménez y Henry Cucalón, consideran que una de las vías para evitar el caos en las calles por las protestas del movimiento indígena es revivir los acuerdos luego del paro de junio del 2022. Ahí se discutió la focalización a los combustibles. 8

¿Qué pasa con el anuncio de paro nacional? 9

Fundación Génesis dictará talleres para prevenir el suicidio

Música con propósito: Carlota Ortega y su legado altruista 5 6

Tres veces campeón: la hazaña de Jorge Guzmán

Activistas inconformes con actuación en caso de maltrato animal 3

Manifestaciones en Perú dejan civiles y policías heridos 7 13

SANTIAGO LEÓN santiagoleon86@hotmail.com

Amigas y rivales

Lapolítica de este Ecuador Amazónico es de otro mundo. Para muestra un botón. Las panas revolucionarias que antes se ñañeaban ahora se tiran de los pelos. Tremenda bronca se armó entre los militantes de la Revolución Ciudadana en el marco de su próxima Asamblea Nacional. Ese movimiento anda desubicado. Perdió el rumbo y el norte. Quedó únicamente como oposición blandengue del gobierno de turno.

Vamos a poner un poco de contexto. Después de recibir una paliza electoral con más de 12% la Revolución Ciudadana y su inefable líder montaron una narrativa trucha. Igual que los beneficios de la Refinería del Pacífico. Supuestamente los votos de la Luisa saltaron al casillero de Daniel Noboa. Fraude decían que era. Eso ya merece un estudio psiquiátrico. Vayan a terapia. Es lógica irracional. Nadie les cree, salvo los serviles a la causa.

Prosigo. Los alcaldes y prefectos de la Revolución Ciudadana cumplieron su rol de demócratas. Saludaron al nuevo mandatario y lo invitaron a dejar tensiones políticas y trabajar por sus territorios. Eso es lo básico que deberían hacer. Quién entiende a esos politiqueros de pacotilla que por diferencias políticas son capaces de inmolar al país. Se oponen a todo solo por estar en la vereda del frente.

Por eso la Marce se rayó. En redes sociales la encaró. En resumen, le dijo que anda hablando pavadas. Que antes de sentarse a postear en redes sociales primero gane elecciones seccionales. Que haga una verdadera oposición. Que antes de unir al partido provocaron la dispersión. Y claro se solidarizó con sus compañeros que al parecer resultan incómodos para la nueva militancia.

En la Asamblea Nacional continúan las deserciones. El último pito estalló con Jhajaira Urresta. Ella la increpó públicamente porque en unos chats la habría desacreditado por su discapacidad visual. En fin. Veamos cómo finaliza esta novela que bien podría ser financiada por el Cartel de los Sapos.

PACO MONCAYO GALLEGOS pmoncayog@gmail.com

Una isla que fue de paz

EnMadrid , en el marco de la Convención Hemisférica de Seguridad y Defensa, que se desarrolla en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden), me ha correspondido participar en una mesa redonda para

EDITORIAL

Ataques a Diario Expreso

Preocupa y avergüenza la sucia campaña emprendida contra Diario Expreso y su casa editora, Gráficos Nacionales

S.A.

La estrategia desprestigia a quienes la impulsan, contratando centros de trolls e incluso proveedores extranjeros para difundir en Google y otras plataformas tecnológicas publicidad y anuncios basados en desinformación.

Esto no solo demuestra ignorancia sobre el complejo proceso de venta de diarios en las calles del país, sino que también recurre a prácticas instauradas por el tirano que reside en Bélgica, prófugo de la justicia.

El ejercicio del poder es efímero, pero el deseo e instinto de libertad de los seres humanos —siendo la libertad de expresión innata a la humanidad, y no exclusiva de la democracia— no muere jamás.

La historia ha demostrado que aquellos funcionarios que, valién-

dose de sueldos pagados con fondos de todos los ecuatorianos, han usado el poder para facilitar la persecución contra la libre expresión y el periodismo —incluso quienes lo hacen “cumpliendo órdenes”— tarde o temprano enfrentan las consecuencias de sus actos. Nos mantendremos vigilantes del proceso judicial en el que Granasa se defenderá de estas absurdas acusaciones, y abogaremos —como siempre lo ha hecho LA HORA— por proteger la independencia judicial, última instancia de protección para los ciudadanos frente a los abusos del poder.

El presidente Daniel Noboa firmó, en marzo del 2024, las Declaraciones de Chapultepec y de Salta. Ahí ratificó su compromiso de no inhibir el ejercicio de la libertad de expresión con discriminaciones. Vale la pena recordar ese alentador acto.

tratar el tema de la conducción política de la seguridad nacional, abordado desde la perspectiva de la seguridad humana, en un Estado social y democrático de derecho, que coloca en el centro de su preocupación a cada ciudadano y se sustenta en valores superiores como la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político Una seguridad entendida como un bien y un servicio público, responsabilidad de todas las funciones del Estado, todos los niveles de gobierno y de la sociedad organizada, en general.

Conforme a la naturaleza del evento, destinado a compartir visiones, inquietudes y experiencias sobre la seguridad y defensa entre representantes civiles y militares de varios países de América y Europa, me ha correspondido presentar el caso del Ecuador, un país que había terminado el siglo XX con la firma de la paz con el grupo subversivo ‘Alfaro Vive’, en 1991, durante la presidencia de Rodrigo Borja ; y que, en 1998, había rubricado el ‘Acta de Brasilia’, con la que se culminó felizmente el proce-

FRANKLIN BARRIGA LÓPEZ f-barri@uio.satnet.net

Progreso y decadencia

Una

misión del Fondo Monetario Internacional visitó República Dominicana y se entrevistó con representantes de diversos sectores, especialmente del público, privado, financiero y de la sociedad civil. Los resultados fueron expuestos por quien presidió la misión, Ricardo Llandes, en lo que definió como muy especial: “Un concepto destacable y común, la paz social como modelo de país, así como la búsqueda de consensos entre diferentes sectores, ya que, combinados con políticas monetarias robustas y estabilidad económica, desemboca en altos flujos de inversión”.

El positivo y atrayente estado de la situación en República Dominicana, quedó resumido en lo que ofrece con realismo: paz social, seguridad pública, seriedad y confianza para el inversionista.

En contraste, en la misma isla del mar Caribe, La Española, existe Haití , con esta imagen relatada, hace pocos días, por una oenegé: “Al menos 42 personas murieron asesinadas a unos kilómetros de Puerto Príncipe Los cadáveres, algunos devorados por perros, fueron abandonados en el lugar. Hay profunda preocupación por las masacres en varias regiones; las bandas intensifican sus ataques para controlar carreteras y comunicaciones. La región metropolitana sigue siendo el epicentro del terror, marcado por secuestros, ejecuciones sumarias y otras formas de violencia contra la indefensa población civil, ante la indiferencia de las autoridades estatales”.

La d iferencia es elocuente entre República Dominicana que proyecta seguridad, próspero ambiente, sólidos incentivos para la inversión, sobre todo en materia turística, y Haití que ha retrocedido a niveles de salvajismo, encontrándose en la ruta de insalvable decadencia que no cambiará si continúa en la zozobra ocasionada por la delincuencia imparable, la politiquería, el irrespeto a las garantías de sana convivencia, la falta de cohesión y visión de país.

so de negociaciones entre dos pueblos hermanos , Ecuador y Perú , enfrentados en una disputa territorial, con varios conflictos armadas, por más de ciento cincuenta años. Todas las proyecciones optimistas de un siglo XXI de paz, tranquilidad y desarrollo, se han visto frustradas por el nefasto proceso de cooptación de parte del aparato del Estado ecuatoriano por el crimen organizado transnacional, que ha convertido al país en un infierno de violencia: Financiamiento de las campañas electorales con

dineros sucios del criminal negocio; elecciones fraudulentas ; pactos siniestros con los grupos narco subversivos extranjeros; debilitamiento sistemático de las Fuerzas Armadas; creación de fuerzas paramilitares denominadas Cuerpos de Defensa de la Revolución; eliminación física de adversarios reales o supuestos; y, todo ello, en el marco de una corrupción generalizada, agravada por la ineptitud e improvisación. Un daño tan grande y todavía sin una luz de esperanza.

Activistas con incertidumbre frente a caso de maltrato animal

Decenas de ciudadanos realizaron un plantón en el centro de la ciudad para solicitar transparencia en la investigación del caso ocurrido en el sector

Daniel Álvarez. Los colectivos señalan trabas por parte de la municipalidad en la entrega del cuerpo del animal y en el acceso a información clave para continuar con las acciones legales.

La tarde del viernes 19 de septiembre, en el casco céntrico de Loja se concentraron ciudadanos y activistas en defensa de los animales para protestar contra lo que consideran un accionar lento y poco comprometido de las autoridades frente a casos de maltrato animal.

El plantón se enmarcó en el caso registrado días atrás en el sector Daniel Álvarez, donde un perro fue víctima de agresión. Los activistas solicitaron la entrega del cuerpo del animal para que un médico veterinario forense acredite la causa de muerte, pues cuestionan la capacidad del Municipio para realizar una pericia con rigor técnico.

Diana Villacruz, una de las manifestantes, señaló que “el Municipio ha impedido por una semana nuestro acceso al cuerpo y apenas hoy (viernes) respondió a nuestra solicitud de copias del expediente. Queremos

justicia, pero encontramos contradicciones y falta de voluntad”. Según indicó, la municipalidad argumenta no contar con recursos para contratar un perito privado, lo que ha generado tensiones con las organizaciones que buscan avanzar en una querella formal.

De acuerdo con la ordenanza vigente en el cantón, entre las sanciones por maltrato animal se estipulan multas de hasta 470 dólares. Sin embargo, los activistas advierten que la Comisaría de Ambiente estaría evaluando reducir las multas a los responsables, lo que califican como un precedente negativo frente a futuros casos.

Con pancartas, consignas y una caminata hasta la Plaza Central, los manifestantes reiteraron su pedido a la alcaldesa y a la Comisaría de Ambiente para que se agilicen los procesos y se sienten precedentes claros en materia de protección animal.

Latidos de Loja: un mural que rinde homenaje a los obreros y trabajadores

En las calles 10 de Agosto y Bernardo Valdivieso se levanta el mural “Latidos de Loja”, una propuesta artística que rinde homenaje a los obreros y trabajadores lojanos. El acto simbólico de entrega se realizó el jueves 18 de septiembre.

El mural integra con sensibilidad elementos que nos identifican como lojanos: el café, los chilalos, el zañe y el textil de nuestros pueblos indígenas. La obra, realizada en acrílico sobre pared, tiene una medida de 8 metros de ancho por 2 de alto.

La propuesta retrata a dos personajes emblemáticos de Loja: Fausto Cornelio Quinche Paredes, quien con sus silbidos anuncia el paso de su venta de escobas y, de Ana María Garochamba Ávila, emprendedora lojana que con su trabajo honrado y perseverante constituye un valioso legado para las presentes y futuras generaciones. Ambos personajes nos recuerdan con orgullo la fuerza y el compromiso del trabajador lojano.

Este proyecto fue impulsado por el Colectivo HOJA, conformado por los artistas Christina Luna, Stephany Satama e Israel Cambal, con el apoyo de diversas empresas privadas, personas independientes y varias instituciones públicas, entre ellas el Núcleo de Loja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.

El muralista Israel Cambal explicó que este proyecto es “la primera página de un libro que busca rescatar las historias de personas icónicas de la ciudad de Loja. Hombres y mujeres que, en tiempos modernos, con su esfuerzo y legado nos demuestran que la grandeza no está solo en los monumentos, sino en la gente de a pie”.

Julio Espinoza Bustamante, director provincial de la CCE-Loja, destacó que la obra transmite un mensaje de fuerza y, en sus dos personajes centrales, refleja el sacrificio diario, el amor por el trabajo y la fortaleza de la gente lojana. Como institución explicó que se sienten satisfechos de apoyar iniciativas que embellecen los espacios públicos, fortalecen la identidad y promueven la participación ciudadana en torno al arte.

Cada trazo, cada color y cada rostro pintado es un latido que nos recuerda que Loja está hecha de manos laboriosas, de sueños colectivos y de una cultura que no se detiene, explicó Cristina Luna, una de las muralistas que impulsó el proyecto.

CIUDAD 05

Fundación Génesis prepara talleres para prevenir el suicidio

Desde el 2021, la Fundación Génesis trabaja con psicólogos, psicopedagogos y voluntarios en áreas afines en talleres dirigidos a poblaciones vulnerables, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la salud mental y reducir los índices de suicidio en la provincia.

La salud mental, tema que hasta hace pocos años era considerado un tabú, hoy gana espacio en el debate social. En Loja, la Fundación Génesis aporta con información de valor respecto a la prevención del suicidio, con un enfoque basado en talleres comunitarios y un trabajo cercano con grupos vulnerables.

Ismael Inga, psicólogo clínico y maestrante en Psicología Forense y Peritaje, y Ernesto Salinas, egresado de Psicología Clínica, forman parte del staff de la fundación. Ambos destacan que el proyecto nació en 2021 como respuesta a la ausencia de iniciativas locales enfocadas exclusivamente en la preven-

ción del suicidio.

“Vimos que en Loja no existía una fundación orientada a este tema. Desde entonces nos hemos concentrado en la promoción de la salud mental y en dar a las personas espacios seguros para hablar y sentirse escuchadas”, señaló Ismael.

Modelo de trabajo

La Fundación trabaja con un modelo en cuatro fases: planificación, selección del equipo, impartición de talleres y clausura. En la última edición del Proyecto Génesis, se dictaron 30 talleres en instituciones educativas y comunidades, alcanzando a más de 800 personas beneficiadas. Los organizadores

EERSSA acerca sus servicios a la ciudadanía con la primera Oficina Móvil

Con el propósito de acercar los servicios comerciales y de atención al cliente a las comunidades más distantes de su área de concesión, la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (EERSSA) presentó oficialmente su primera Oficina Móvil de Atención al Cliente.

El evento de inauguración se realizó en la Plaza de la Cultura de Loja, el mismo que contó con la presencia de autoridades locales, representantes institucionales, funcionarios de la EERSSA y usuarios del servicio eléctrico.

Durante la presentación de la Oficina Móvil, Cornelio

Castro, presidente ejecutivo de la EERSSA, subrayó que esta iniciativa responde al compromiso de brindar un servicio eficiente, inclusivo y cercano a la ciudadanía en toda la región sur del Ecuador.

“La dispersión geográfica de nuestros clientes, especialmente en parroquias rurales y comunidades apartadas, ha sido siempre un desafío. Con la Oficina Móvil pondremos en marcha un plan que nos permitirá llegar a los sectores donde más nos necesitan, reduciendo distancias y optimizando la atención en territorio”, manifestó, el presidente ejecuti-

esperan superar esa cifra en la actual cuarta edición.

Los talleres, que combinan dinámicas lúdicas con charlas reflexivas, buscan adaptarse a las necesidades de cada población: adolescentes víctimas de bullying, familias disfuncionales, personas con discapacidades o comunidades expuestas a violencia intrafamiliar. “No hablamos de salud mental de manera rígida, sino con ejemplos y actividades que hagan que el mensaje llegue”, explicó Ernesto.

Además, la fundación recibe voluntarios —desde estudiantes hasta profesionales en áreas afines— que colaboran en el diseño y ejecución de las actividades.

vo de la EERSSA.

Impacto positivo para la ciudadanía

La Oficina Móvil facilitará el acceso a todo el portafolio de servicios de la EERSSA, como: tarifas eléctricas, convenios de pago, solicitudes de nuevos servicios, subsidios y requerimientos, atención de daños, actualización de datos y campañas de sensibilización para fomentar el pago oportuno.

Los beneficios que se destacan a favor de la ciudadanía, son la reducción de costos y tiempos de desplazamiento para los usuarios, incrementar su satisfacción de atención en territorio y fortalecimiento de la relación empresa–usuario.

De esta manera, la EERSSA reafirma su política de responsabilidad social

“Las redes sociales han sido un canal clave para conectar con quienes quieren sumarse y con instituciones que nos abren espacios para llegar a más personas”, añadieron. Para los miembros de la Fundación Génesis, un punto esencial es combatir la desinformación que circula en internet. Advierten sobre el peligro de consejos superficiales en redes sociales que pueden trivializar trastornos como la depresión o la ansiedad. “Es vital que los mensajes provengan de fuentes serias y que se promueva la escucha activa entre familiares y amigos como primera línea de apoyo”, destacaron.

Proyecto Génesis

Para el mes de octubre, y como parte de la fase final, la Fundación Génesis impartirá los talleres en diferentes

Septiembre es el mes dedicado a la prevención del suicidio a nivel internacional. EL

lugares, llevando un mensaje de empatía y fortaleza a quienes más lo necesitan. Previo a cumplir con esta actividad, la fundación capacita a los talleristas voluntarios para garantizar una intervención de calidad y humana.

Sus organizadores esperan llegar a más personas, a fin generar un mayor impacto social por medio del servicio altruista.

Para más información, visitar sus redes sociales como Fundación Génesis.

y consolida un modelo de atención eficiente, inclusivo y oportuno, que acerca la empresa a las parroquias rurales y comunidades más

apartadas en las provincias de Loja, Zamora Chinchipe y el cantón Gualaquiza de Morona Santiago.

Carlota Ortega es un nombre que resuena en Loja, y, poco a poco, también en escenarios internacionales. Su historia es la de una mujer que, desde el sur del país, ha hecho de la música y la educación un acto de entrega total, sin esperar nada a cambio. Oriunda de Paltas, provincia de Loja, descubrió en la composición no solo una pasión, sino una forma de servicio hacia la sociedad.

En la década de 1970 inició una carrera que pronto se tornó en un legado. Su aporte a la identidad cultural del país es incalculable: más de 60 himnos, escudos y banderas para parroquias, cantones, instituciones educativas y organizaciones, todos creados de manera altruista. A diferencia de otros compositores que comercializan sus obras, Ortega decidió donar las suyas. “Lo mío es un legado, no un negocio”, ha repetido en más de una ocasión.

Cada creación suya refleja no solo el amor por la música, sino también la capacidad de comprender la esencia de un pueblo o institución. Sus himnos no son simples melodías: son piezas que encierran historia, orgullo y pertenencia. En ellas están plasmadas las raíces, las luchas y las aspiraciones de quienes las entonan.

Su paso por la academia

Carlota Ortega no se limitó a ser compositora. Su vida ha estado estrechamente ligada a la academia. Se formó como licenciada en Psicología Educativa y doctora en Ciencias de la Educación, además de obtener una maestría en Psicología Infantil y Educación Parvularia. Complementó su preparación con diplomados en nutrición y educación sexual, siempre buscando comprender al ser humano desde múltiples dimensiones.

En la Universidad Nacional de Loja, donde fue docente e investigadora, desarrolló propuestas pedagógicas y estudios sobre comunicación efectiva en la enseñanza. Su mirada interdisciplinaria le permitió unir la música con la educación, convencida de que el arte es una herramienta transformadora en el aprendizaje.

Carlota Ortega: la compositora altruista que convirtió su talento en servicio

Desde Paltas, Loja, ha trascendido fronteras con más de 60 himnos, escudos y banderas creados sin fines de lucro. Con cerca de 200 condecoraciones nacionales e internacionales, Carlota Ortega es un ícono de la música, la educación y la cultura cívica ecuatoriana.

Carlota Ortega, compositora lojana que continúa escribiendo un legado cultural invaluable para el Ecuador.

Su talento y entrega no pasaron desapercibidos. A lo largo de su trayectoria ha recibido más de 198 condecoraciones nacionales e internacionales. Entre las más destacadas se encuentran la presea “Salvador Bustamante Celi” del Municipio de Loja, el reconocimiento de la

UNESCO y títulos honoríficos como “Autora-compositora más condecorada del Ecuador” y “Orgullo para Hispanoamérica”. Recientemente, Carlota Ortega fue distinguida como Prócer del Desarrollo Ecuador, reconocimiento otorgado en la XV Gala de Recono-

enfrentó pruebas difíciles. Uno de los episodios más dolorosos fue el incendio que consumió gran parte de su archivo personal y musical, dejando atrás años de trabajo y recuerdos. Sin embargo, lejos de rendirse, encontró en esa pérdida una oportunidad para seguir creando. Hoy continúa componiendo himnos y preparando nuevas publicaciones. Entre sus proyectos actuales figuran el himno del colegio Amazonas y el del cantón Sozoranga.

Su visión del arte y la cultura es clara y crítica. Reconoce el potencial artístico de Loja y del Ecuador, pero advierte la falta de apoyo real para que ese talento florezca. “En Loja hay un semillero de talentos, pero falta apoyo. El arte no puede depender de influencias ni de intereses políticos, debe ser un espacio para todos”, afirma con convicción. Sus palabras reflejan el deseo de un país en el que el arte tenga un lugar digno y accesible para todos los ciudadanos.

Carlota Ortega representa a esa generación de artistas que han entendido que el arte no es únicamente espectáculo, sino también un acto de construcción social. Sus himnos acompañan desfiles cívicos, graduaciones, sesiones solemnes y celebraciones locales en distintas partes del Ecuador. En cada una de esas ocasiones, su legado se hace presente, aunque ella no esté en el escenario.

Más allá de las condecoraciones y reconocimientos, su verdadera recompensa está en ver a niños, jóvenes y adultos entonar con orgullo las letras y melodías que ella creó. En esas voces, Carlota Ortega encuentra la validación de una vida entera dedicada al servicio a través del arte.

cimientos de la UNESCO y la UIL. Para ella, más que un galardón, se trata de un compromiso renovado de seguir aportando al país desde su arte y conocimiento.

Superación ante las adversidades

A lo largo de su vida también

Hoy, con más de cuatro décadas de trayectoria, sigue activa, componiendo, enseñando e inspirando a nuevas generaciones. Su nombre ya está inscrito en la historia cultural del Ecuador, no solo por la cantidad de obras que ha creado, sino por la calidad humana con la que lo ha hecho. Carlota Ortega es, sin duda, un símbolo de altruismo, talento y compromiso con la patria.

Jorge Guzmán se consagra tricampeón de la Liga Básquet Pro

El quinteto lojano venció 100–84 a Cuenca Básquet Club en el quinto partido de la final y levantó su tercera estrella, consolidándose como el equipo más ganador del torneo nacional.

El Club Deportivo de Baloncesto Jorge Guzmán Regalado hizo historia la noche del sábado 20 de septiembre de 2025 al coronarse tricampeón de la Liga Básquet Pro, tras derrotar con autoridad 100–84 a Cuenca Básquet Club en el Coliseo Ciudad de Loja. Con este triunfo, el conjunto lojano cerró la serie final con un 4–1 a su favor, ratificando su superioridad en la cancha y el respaldo de una hinchada que le motivó de principio a fin.

Este nuevo título, conseguido también en las ediciones 2022, 2024 y 2025, consolida a Jorge Guzmán como el club más laureado de la Liga Pro, reafirmando su hegemonía en el baloncesto ecuatoriano. Más allá del marcador, el campeonato refleja el trabajo en equipo, la disciplina y la pasión que caracterizan a la escuadra lojana, que nuevamente pone el nombre de la ciudad en lo más alto del deporte nacional.

Entrega de kits deportivos beneficia a 3.670 estudiantes de la U.E. Bernardo Valdivieso

La comunidad educativa de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso vivió una jornada significativa con la entrega de kits deportivos que beneficiarán directamente a 3.670 estudiantes.

Los kits incluyen 18 balones de fútbol N.°5, 12 balones medicinales, 16 banderines, 72 conos medianos, 18 pelotas de baloncesto, 6 pelotas de béisbol, 15 silbatos, 72 testigos, 72 hulas y 36 vallas. Estos implementos fortalecerán la práctica deportiva en las horas de educación física y en las actividades extracurriculares.

El evento contó con la presencia del coordinador Zonal

“¡Un equipo, un sueño y una temporada histórica!”, fue el mensaje que

EL DATO

La inversión destinada fue de 1.814 dólares.

7 de Educación, docentes y estudiantes, quienes recibieron con entusiasmo los materiales. Durante su intervención, Favio Villamizar Sánchez, autoridad Zonal, subrayó que el deporte es una herramienta fundamental en el proceso educativo: “El deporte enseña disciplina, fomenta el esfuerzo colectivo y refuerza valores que acompañan a nuestros estudiantes más allá de las canchas. Estos implementos son una inversión en su presente y en su futuro”.

La Unidad Educativa Bernardo Valdivieso se ha consolidado como un referente en el ámbito deportivo y aca-

démico. Desde 2021 ofrece el Bachillerato Técnico en Actividad Física, Deportes y Recreación, en el que actualmente se forman 79 estudiantes. El programa incluye preparación física, táctica, fisiología, nutrición, reglamentos y primeros auxilios, respaldados por tres laboratorios especializados y seis canchas deportivas.

Fredy Díaz, estudiante de este bachillerato, resaltó la importancia de la entrega para su formación:

“Con estos implementos podemos entrenar mejor y poner en práctica lo que

acompañó la celebración del tricampeonato, en medio de abrazos, emo -

ción y aplausos de los aficionados que llenaron el coliseo.

INCENTIVO. Los kits fomentan el deporte en este establecimiento educativo.

aprendemos en nuestras clases. Nos motiva a seguir adelante y a compartir lo que sabemos con nuestros compañeros”.

La entrega realizada en el emblemático plantel lojano forma parte de una inversión zonal de 17.990 dólares desti-

nada a instituciones educativas de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. Esta acción se enmarca en la política educativa nacional que impulsa la práctica deportiva como espacio de aprendizaje, convivencia y promoción de la salud física y emocional.

Diésel vs. paro nacional: ¿retomar los diálogos en 2019 y 2022 ante posible caos?

Eliminar el subsidio estatal al precio de los combustibles es un tema complejo en Ecuador, así lo dejan ver las manifestaciones radicales en los últimos gobiernos. Ahora el presidente Daniel Noboa repite la medida provocando un paro. ¿Se podrá evitar una radicalización?

El presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 126 el 12 de septiembre de 2025 y eliminó el subsidio al precio del galón del diésel que pasó de $1,80 a $2,80. Con ello sumó la oposición de varios sectores sociales y el 18 de septiembre la Confederación de Nacionalidades Indígena del Ecuador (Conaie) entró en escena anunciando el paro nacional.

¿Qué pasó con la focalización de subsidios?

Francisco Jiménez fue ministro de Gobierno desde el 30 de marzo de 2022 al 9 de febrero de 2023. “Todos sabemos que los subsidios generalizados son una herramienta que fomenta la desigualdad, pero focalizados la reduce. Además de dar el paso para eliminar ese subsidio generalizado, también es importante tomar medidas complementarias para focalizar lo que corresponda de esos subsidios y contribuir a desarrollar socialmente los sectores más vulnerables”, resalta. Tras acordar la paz en junio de 2022, el Gobierno y las organizaciones sociales establecieron 10 mesas de diálogo, una sobre la focalización de subsidios a los combustibles. “En esa mesa se produjeron algunos avances importantes”, recuerda. Esta se cerró el 14 de octubre con cuatro acuerdos: Mantener el subsidio gene-

el Frente Unitario de Trabajadores justifican para el paro nacional. (Foto: Petroecuador).

ral y prohibir la liberalización de precios de los combustibles. Criterios de exclusión del subsidio para el segmento automotriz, en función de variables.

Mantener con el precio subsidiado de los combustibles al sector de ‘otras pesquerías’.

El Estado garantizará la provisión de los combustibles (diésel, extra, ecopaís), hasta que exista soberanía energética.

Jiménez destaca que se promovieron algunos criterios de exclusión para llevar a cabo la focalización:

El cilindraje del automotor (autos: mayor a 2.201 centímetros cúbicos; camionetas: mayor a 3.001 cc; jeep: mayor

Jaime Vargas, protagonizó el paro de 2019

° La organización indígena, liderada por el expresidente Jaime Vargas, protagonizó el paro de 2019 durante 12 días (del 2 al 13 de octubre) en reacción al Decreto Ejecutivo 883 del expresidente Lenin Moreno porque eliminó los subsidios a los combustibles extra, ecopaís, diésel y liberó sus precios. El paro terminó cuando el 13, con la mediación de la Iglesia católica y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Gobierno y la Conaie dialogaron y se derogó

a 2.401 сс; motos: mayor a 301 cc).

Excluir a personas naturales o jurídicas que sean propietarios de tres o más vehículos, excluyendo motos, camiones, volquetas, ómnibus, tráiler, especial, tanquero.

Tipo de propietario (vehículos propiedad de ONG, misiones internacionales, organismos internacionales y cuerpos diplomáticos).

Los vehículos no matriculados.

Los vehículos cuyos propietarios tengan un ingreso igual o superior a $41.603,01, con base en la declaración del impuesto a la renta, de personas naturales.

“La segunda fase que se

el decreto.

La Conaie, encabezada por el expresidente Leonidas Iza, lideró el paro de 2022 que duró 18 días (del 13 al 30 de junio) en contra del alza de los precios a los combustibles en el Gobierno de Guillermo Lasso. Exigían congelar el precio de los combustibles. El último día el Gobierno, la Conaie, la Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) y la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) firmaron un acta de paz, mediado por la Iglesia católica.

otros temas.

iba a llevar a cabo a partir del cierre de la mesa era la implementación de estos criterios. Y en eso estábamos avanzando hasta el día que salí del ministerio. Lamentablemente, después estas reuniones parece que no continuaron, el proceso fue progresivamente encajonado”, comenta Jiménez. El Ministerio de Gobierno creó un enlace web donde incluía los avances de cada mesa, pero en la de focalización solo se quedó hasta el acta de cierre de la mesa. Jiménez considera que cada conmoción social deja avances, que depende del actual Gobierno utilizarlos. “Con los elementos, las herramientas y la información que hoy ya se tiene se puede evitar (paros como el de 2019 y 2022). Mucho dependerá de la visión que tenga el Gobierno sobre este tema”. Dice que un factor es contar con un mediador de confianza para ambas partes en conflicto y una focalización inteligente. “Siempre se pueden retomar las conversaciones sobre una base de elementos claros”, sugiere.

¿El paro como confluencia de intereses?

Henry Cucalón reemplazó a Jiménez en el cargo de ministro hasta el 23 de noviembre de 2023 que finalizó el Gobierno de Lasso. “Yo apoyo la decisión que tomó el presidente Noboa porque es la conveniente y correcta para el país. Ese subsidio no beneficia a los más pobres, beneficia a los ricos, a los contrabandistas y a quienes están en el crimen organizado”, expresa. Noboa ha hecho lo correcto y es en base a los antecedentes que el Estado sabe cuánto tiene que entregar en compensación para los más pobres, para transportación pública, para los agricultores, señala Cucalón. Justifica que no se avanzó antes en la focalización porque vino la muerte cruzada y

Dice que ahora hay mayor respaldo a la medida de Noboa. En cambio, se opone a la convocatoria a la consulta popular sobre la Asamblea Constituyente sin realizar el trámite en la Corte Constitucional. “Se acaba de dar un golpe a la Constitución, acaba de cometer un acto fraudulento contra la Constitución”. Para Cucalón, los paros anteriores tuvieron otros objetivos: “Comienzan como protestas válidas y en el interín se transforman en intentos de derrocamiento y de golpe. Eso sucedió en el 2019 con el correísmo, intentó derrocar a Moreno y también sucedió en el 2022, varios sectores con el correísmo e intentaron derrocar a Lasso”.

Cree que, además del interés legítimo de quienes están en desacuerdo con la medida económica de Noboa, hay otros fines detrás del paro convocado este 2025. “Hay otros intereses que son netamente anárquicos porque es la única fórmula que conocen. Debe haber también un factor de intereses creados, de quienes se benefician irregularmente de subsidios. Y también un componente de desconocimiento del tema”, resume. “Subsidio para los más pobres, no para quienes más consumen, así de claro”, concluye.

LA HORA buscó la versión del presidente de la Conaie, Marlon Vargas , para conocer su postura sobre retomar el diálogo sobre los avances pausados en el Gobierno de Moreno, pero no hubo respuesta. También se consultó a Iza, tampoco respondió. Sin embargo, la organización a la que pertenece, el Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi, pronunció el 18 de septiembre que retoman los 10 puntos de la movilización de junio de 2022. Es decir, sus exigencias antes de las mesas de diálogo. Samuel Lema , parte de la Feine, participó en esas mesas. Dijo que si el Gobierno no acepta los temas que plantean, se avanzará con la movilización a partir de la medianoche del domingo 21 de septiembre, a pesar de que sospecha que el Gobierno estará expectante de la actuación de los dirigentes. (KSQ)

Paro nacional: ¿qué se espera del anuncio de la Conaie?

Sin el apoyo de las comunidades de la Amazonía, la Conaie mantiene la medida de paro nacional. Conozca qué sucede en las vías, con las clases y el servicio de transporte.

Imbabura y Cotopaxi se alistan para el paro nacional

° Alberto Ainaguano, presidente de la Ecuarunari (regional de la Sierra de la Conaie), indicó a LA HORA que el paro nacional implica acciones en cada territorio. Había la expectativa que el paro inicie ayer (21 de septiembre) -hasta el cierre de esta edición no se presentaron cierres viales- y en la madrugada de hoy en Ibarra (Imbabura).

“En algunos espacios están ya tomando decisiones para hacer un manifiesto y llegar con las marchas”, anticipó, y agregó que la dirigencia de la Conaie

respetará las decisiones que tomen las bases en cada territorio. No especificó exactamente en qué lugares empezarán dichas acciones en las provincias, pero adelantó que se darían entre las 20:00 y 21:00 de ayer, 21 de septiembre.

La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) convocó a una movilización indefinida, que dará inicio el domingo 21 de septiembre a las 22:00 Mientras que en Cotopaxi, el Movimiento Indígena Campesino (MICC) anunció que se sumaría al paro a las 10:00 de este 22 de septiembre de 2025. El encuentro será en La Estación, en Latacunga.

Una gran expectativa ha generado, a escala nacional, el anuncio de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), sobre el paro nacional programado para la media noche del domingo 21 de septiembre.

Organizaciones de la Amazonía no se suman al paro nacional de la Conaie

° La Federación de la Nacionalidad Shuar de Pastaza (Fenasch-P) resolvió no sumarse al paro. “Nuestras bases y socios resolvieron no participar activamente en el paro nacional, con la finalidad de preservar la seguridad, integridad y vida de los socios y comunidades. Pero respetamos las decisiones

Clases, buses y carreteras: cuál es la situación en medio del paro nacional de la Conaie

1) El Ministerio de Educación anunció que las clases presenciales se mantienen en el territorio nacional.

2) Las universidades tienen autonomía en sus decisiones, por lo que la Universidad Católica de Cuenca y la Escuela Politécnica de Chimborazo (Espoch) anunciaron clases virtuales, para este 22 de septiembre de 2025.

3) Los transportistas agremiados no se han sumado al paro. El servicio de buses y otro tipo de transporte está garantizado.

4) Existe toque de queda de 22:00 a 05:00 en las provincias: Imbabura, Chimborazo, Bolívar, Carchi y Cotopaxi.

5) En Quito no hay una convocatoria oficial de paro. Todos los servicios están operativos.

Sin embargo, la magnitud de este llamado a la movilización se verá en el transcurso de este 22 de septiembre de 2025, ya que no todos los pueblos y nacionalidades indígenas se sumaron.

de la Conaie y Confeniae. Estaremos vigilantes de cualquier medida de hecho que pueda suscitarse”, reza un comunicado suscrito por el presidente, Mesías Moncayo.

Tampoco las comunidades quichua (Fonakise), shuar (Fepcesh-S), a’i cofán (Noa’ike), siona (Onise), siekopai (Nasiepai) y awá (Opnase), participarán de la movilización nacional En Ambato, el Consejo de Organizaciones de Pueblos Indígenas Evangélicos Quisapincha también decidió no sumarse al paro.

Cumplimientos y deudas de la consulta popular de abril de 2024

El país está a puertas de un nuevo proceso electoral. El nuevo llamado se dará casi 19 meses después de una convocatoria a una consulta popular que se desarrolló el 21 de abril de 2024. Algunas preguntas que, en ese año, recibieron un amplio respaldo popular todavía esperan por ser ejecutadas. Otras ya han sido llevadas a la práctica.

El país está a puertas de un nuevo proceso electoral, nuevamente, por iniciativa del presidente de la República, Daniel Noboa. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), los ecuatorianos acudirán a las urnas en noviembre de 2025 para que se pronuncien sobre temas como: permitir la instalación en territorio ecuatoriano de bases militares y financiamiento a las organizaciones políticas.

Este nuevo llamado se dará 19 meses después de una consulta que se desarrolló el 21 de abril de 2024. Varias de las nueve preguntas que recibieron respaldo popular ya han sido ejecutadas. Otras están pendientes.

1. Se trata, por ejemplo, de la interrogante (que tuvo el 65,11% de apoyo) para que se permita la extradición de ecuatorianos, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y la ley. Casi quince meses después de que la pregunta recibió el respaldo, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fue extraditado el 20 de julio de 2025 a Estados Unidos donde

CNE Desarrollo de un proceso electoral (Foto archivo)

enfrenta cargos por narcotráfico y crimen organizado.

2. Está pendiente, por parte del Consejo de la Judicatura, poner en ejecución la pregunta para permitir descongestionar las causas. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales enmendando la Constitución

Enrique Pita: una vez proclamados resultados, se comunica al Registro Oficial

° Enrique Pita, vicepresidente del CNE, aclaró que al organismo le corresponde organizar procesos electorales, sea para elección de autoridades o consulta popular, y una vez concluidos y proclamados resultados, se comunica al Registro Oficial. “Por lo tanto, esa es la referencia a la cual se tienen que ajustar todos y que vean el pronunciamiento del CNE respecto a los resultados y en ese momento ya es ley”, afirmó Pita en una entrevista en un medio digital el 2 de septiembre de 2025.

A modo de metáfora, afirmó que, si una persona promovió una consulta popular y está interesada en los resultados, “voy y golpeo puertas, activo todos los mecanismos necesarios para que estas se pongan en vigencia, más aún cuando hubo un proceso electoral y un pronunciamiento de la ciudadanía”.

y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional?, decía la pregunta de la consulta que tuvo más del 60% de respaldo popular.

3. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas  en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución? Esta pregunta que tuvo el respaldo del 73,5% buscaba que en el artículo 158 de la Constitución se incluya un texto que permita que las Fuerzas Armadas den apoyo a la Policía. Según fuentes militares consultadas, el apoyo se debía aplicar previa solicitud del comandante General de la Policía al presidente, quien, a su vez, debe convocar al Consejo Nacional de Seguridad Pública. Allí se deberá elaborar un informe que establezca el ámbito de actuación del apoyo complementario

una reforma en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta pregunta tuvo el 68,2% de respaldo.

6. El 8 de julio de 2024, con una reforma al COIP, la Asamblea aprobó que las personas privadas de la libertad con sentencia cumplan la totalidad de la pena, sin posibilidad de acceder al régimen semiabierto o abierto, dentro del centro de rehabilitación social en los delitos de delincuencia organizada, asesinato. Esta pregunta tuvo el respaldo del 67,6% de votos.

solicitado. “El nuevo artículo 158 no está publicado aún en el Registro Oficial”, dijo uno oficial del Ejército que pidió reserva.

4. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Esta pregunta ganó con el 70,7%. Según la fuente militar, esta disposición rige con el artículo 6 de la Ley de Armas.

5. El incremento de las penas (entre 16 y 26 años) en delitos de terrorismo, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, fue aprobado en el pleno de la Asamblea Nacional el 8 de julio de 2024, con

7. Entre las reformas al COIP, en julio de 2024, la Asamblea aprobó que se sancionará con prisión la tenencia o porte de armas, municiones o componentes de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. La persona que las posea será sancionada con prisión de 10 a 13 años. Esta pregunta, en la consulta de 2024, tuvo el 64,6% de respaldo.

8. Las armas, piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron objeto material de un delito y confiscadas a delincuentes ya se destinan al uso de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas. Su vigencia está en la nueva Ley de Armas publicada en el Registro Oficial en noviembre de 2024, dijo el oficial. Esta pregunta tuvo el respaldo del 64,8% del electorado.

9. En julio de 2024, la Asamblea simplificó el procedimiento para que el Estado pase a ser titular de los bienes de origen ilícito o no justificado. Esta disposición se desprendió de la pregunta ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley de Extinción de Dominio? Esta pregunta tuvo el 61.9% de aprobación. (SC)

El gasto público se usa como moneda política

En Ecuador, el gasto público es una herramienta para ganar elecciones, sostener la popularidad presidencial y evitar conflictos sociales. El caso de Daniel Noboa en 2025 lo confirma.

La política ecuatoriana premia a quien gasta. En el primer semestre de 2025, el presidente Daniel Noboa destinó $1.720 millones adicionales frente al mismo período de 2024, en plena campaña por la reelección. Creó seis bonos temporales (incluyendo el bono jóvenes en acción), aumentó el gasto corriente y aceleró las obras públicas

La jugada funcionó: Noboa ganó las elecciones, pero el costo fiscal fue grande. De un superávit de $109 millones en 2024 se pasó a un déficit de $1.757 millones en 2025,17 veces mayor.

Un informe de JP Morgan , luego de la reelección de Noboa, ya advertía que el Presidente había aumentado en más del 18% el gasto para asegurar su triunfo electoral, pero que el desajuste fiscal resultante obligaría aumentar ingresos vía más producción petrolera o a ir por la eliminación subsidios y la subida de impuestos.

“El costo de ganar la reelección fue complicar unas cuentas públicas que ya venían con

problemas estructurales desde la década correísta. Eliminar subsidios ineficientes era una necesidad con o sin más gasto para ganar la elección; pero ese mayor gasto aceleró la necesidad de medidas de ajuste”, sentencia el economista Andrés Mendoza.

“En Ecuador, los presidentes creen que gastar más es la única manera de sobrevivir, aunque después no sepan cómo cubrir el hueco que dejan”, añadió Mendoza.

Compensaciones para la paz social

El 12 de septiembre de 2025, Noboa dio un giro histórico: eliminó el subsidio al diésel, que drenaba $1.100 millones anuales y alimentaba el contrabando . Pero consciente de la posible reacción social, lanzó un plan de compensaciones por más de $1.200 millones. Los beneficiarios principales son transportistas de pasajeros, agricultores, pescadores y familias pobres

Se entregan bonos de hasta $1.800 mensuales por uni-

dad a transportistas, Bono Raíces de $1.000 a 100.000 familias campesinas, tractores, motores de pesca y la incorporación de 55.000 hogares al Bono de Desarrollo Humano

Sin embargo, el esquema dejó fuera a la industria, parte del transporte pesado, al transporte comunitario rural (se ha lanzado un tipo de crédito productivo, pero no compensación directa para este sector) y a sectores como el movimiento indígena. “El resultado: paro nacional indefinido convocado por la Conaie, que se siente excluida del reparto”, de acuerdo con Mendoza.

“Cada dólar que se quita del subsidio debe convertirse en un dólar de inversión en transporte limpio, electrificación rural o educación técnica”, advierte Roberto Salazar Córdova, exviceministro de Economía y CEO de Hexagon Group LATAM/ UK-GLOBAL. Si solo se reemplaza con bonos temporales, se repite el ciclo de ajustes, paros y estallidos.

El antecedente de Correa La estrategia de gastar para ganar respaldo político no nació con Noboa. El estudio de Sandra Borja para el Instituto de la Democracia muestra cómo el expresidente Rafael Correa

táctico. Su presupuesto 2026 contempla aumentos del 5% en jubilaciones y del 17% en salud, además de asignar 4,8 billones de pesos a las universidades nacionales.

La contradicción es evidente: un Presidente que prometió achicar el gasto termina incrementándolo. Pero, como explica el economista liberal español Juan Ramón Rallo, en un reciente análisis en su canal de Youtube, la razón no es económica, sino política: “Después del batacazo en las elecciones de Buenos Aires, Milei busca reconquistar al votante moderado. Sin gasto, su proyecto no sobrevive en el Congreso ni en las urnas”.

construyó la estabilidad más larga de la historia democrática reciente del Ecuador gracias a un aumento inédito del gasto social. Entre 2007 y 2017, el presupuesto destinado a gasto social, incluyendo bonos, se duplicó: pasó del 4,2% del PIB en 2006 a más del 10% en 2017. Ese esfuerzo, sostenido por el boom petrolero, tuvo un efecto político profundo: los sectores vulnerables —los principales beneficiarios— se convirtieron en un electorado leal y estable, capaz de sostener al correísmo durante una década.

“El gasto social no solo sirvió para mejorar indicadores, sino para sostener la popularidad y garantizar victorias electorales”, concluye Borja. Es decir, las inversiones sociales fueron, al mismo tiempo, política pública y estrategia electoral. La lección es clara: gastar más en Ecuador tiene altas probabilidades de asegurar respaldo, pero también crea dependencia y un déficit fiscal difícil de manejar cuando el ciclo económico cambia.

Hasta los libertarios ceden al gasto En Argentina, el presidente Javier Milei, que hizo campaña bajo la bandera de reducir drásticamente el Estado, se ha visto obligado a dar un giro

Este ejemplo revela un patrón que trasciende ideologías: la política premia a quien gasta, incluso si contradice sus principios. Milei, el emblema del liberalismo libertario en la región, se vio forzado a admitir que sin gasto público no hay capital político suficiente para sostener reformas profundas.

Los riesgos de gastar para sobrevivir El modelo de gastar más para ganar votos o comprar paz social tiene un efecto inmediato (que no siempre se consigue al 100%): popularidad y estabilidad. Pero los riesgos estructurales son altos.

Déficit crónico: el desajuste fiscal se agranda. En Ecuador, Noboa pasó en un año de superávit a un déficit 17 veces mayor.

Dependencia social: los bonos temporales consolidan lealtades electorales pasajeras, pero no generan empleo ni movilidad social sostenible.

Erosión institucional: el gasto reemplaza al diálogo y la construcción de consensos, debilitando los mecanismos democráticos.

Paz frágil: los conflictos resurgen en cuanto los recursos se agotan o ciertos sectores quedan fuera del reparto.

“El dilema de fondo es que el país ha institucionalizado un círculo vicioso: los gobiernos gastan para ganar votos y gobernabilidad inmediata, pero con cada ciclo electoral la deuda, el déficit y la frustración social se agrandan”, concluyó Mendoza. (JS)

Transacciones bancarias unidas a nueve muertes, en el caso Blanque Fito

Personas que hicieron transacciones bancarias con familiares de alias Fito terminaron muertas. Para la Fiscalía existe una conexión entre los asesinatos y el caso de lavado de activos Blanqueo Fito.

Tr ansacciones bancarias mortales son parte de las revelaciones que la Fiscalía ha hecho dentro del caso Blanqueo Fito donde Adolfo Macías, alias Fito, y miembros de su familia son procesados por el presunto lavado de activos, por 24 millones de dólares.

Según la Fiscalía, Inda Mariela Peñarrieta, esposa de Fito y madre de cuatro de sus hijos, obtvo contratos con el Estado, debido a que habría realizado pagos a funcionarios del SNAI, Ministerios de Salud, Educación, policías y jueces.

A esto se suma la conexión, según Fiscalía, entre las muertes de menos nueve personas quienes habríanhecho negocios acuerdo con Fito y su esposa.

La Fiscalía dio los nombres y roles de las nueve personas fallecidas.

1

Bienvenido C.: La Fiscalía narra que el hombre proceado por tentencia de armas, recibió transferencias y cheques de Peñarrieta. En 2027 murió en medio del operativo Sol Naciente, en el que la policía capturó al narcotraficante alias Gerald.

2John Humberto V.M.: La Fiscalía narró que él le donó un bien inmueble a la esposa de Fito y, dos días después, fue asesinado. Tenía antecedentes penales por robo y tenencia de drogas.

3-4Ángela B.D., y Priago D.C: la Fiscalía indicó que fueron asesiandos en Manabí que también obtuvieron transferencias y cheques de familiares de alias Fito y que se relacionaron, también, como proveedores de la esposa de alias Fito.

5Andrés V.O., alias Orejitas: Fue proovedor de la familia de alias Fito y fue asesinado en su local, en Manta.

6Gilbert Z.G: el hombe fue asesinado y su cuerpo hallado fuera de la urbanización en la que vivía.

7José R.: asesinado en la vía Interbarrial de Manta. Era beneficiario de transferencias, cheques y retiros de dinero vinculado a la familia de alias Fito.

8José Z.: asesinado en una masacre del barrio Centenario, de Manta.

9Jorge P. : vendió los derechos de una marca de de agua embotellada a la esposa de alias Fito y luego fue acribillado en Balzar, en Guayas.

Nuevos vinculados caso

Blanqueo Fito’

Durante la audiencia desarrollada el 19 de septiembre de 2025, la Fiscalía vinculó a Alex Martín M. P., quien sería el propietario del inmueble donde fue detenido alias Fito, el 25 de junio de 2025 en Montecristi, Manabí.

En ese lugar se hallaron joyas (anillos, cadenas, pendientes, dijes y relojes) con un peso aproximado de 8.000 gramos de oro de 18 quilates, cuyo valor superaría los 2 millones de dólares, de acuerdo con la pericia correspondiente que consta en el expediente fiscal.

El 8 de septiembre de 2025, Fiscalía ya había vinculado a 10personas naturales –entre ellas, alias Fito– y a cuatro jurídicas en esta causa por presunto lavado de activos, en la que también fueron procesados seis integrantes de su círculo familiar, en junio de 2025.

Alex Martín M. P. no fue vinculado en aquella diligencia, debido a que la Jueza

dispuso agotar previamente todos los medios de notificación previstos en la Ley. Finalmente, contra el procesado se dispusieron medidas cautelares de presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y la incautación de un bien inmueble ubicado en Montecristi, de su propiedad.

Protestas en Perú dejan policías y civiles heridos

Al menos cinco personas heridas por perdigones en Lima- Perú se registraron en las protestas convocadas por la Generación Z.

Al menos cinco heridos, entre manifestantes y policías, han resultado heridos por enfrentamientos que se han desatado este sábado por la noche en Lima al término de una protesta convocada por colectivos de jóvenes contra varias medidas adoptadas por el Gobierno de Dilma Boluarte.

La Policía Nacional había desplegado a un millar de agentes en el casco histórico de la capital peruana para bloquear el acceso de los manifestantes a lugares estratégicos como el Palacio de Gobierno y el Congreso de la República, que se encontraban también especialmente blindados.

Los manifestantes se habían concentrado en repulsa a medidas como la reforma del sistema de pensiones, pero también para reclamar justicia por las muertes en las protestas sociales que estallaron en 2022 o plasmar su preocupación por la actual ola de violencia, entre otras demandas.

La tensión ha ido en aumento hasta el estallido de enfrentamientos que llevaron a la Policía a utilizar gases lacrimógenos e incluso perdigones. Al menos cinco personas han sido atendidas por el impacto de pelo-

PROTESTAS en Perú se dieron entre el 20 y 21 de septiembre de 2025. (Foto: X /@saqaro)

tas de goma, según fuentes sanitarias citadas por el diario peruano ‘El Comercio’, mientras que la Asociación Nacional de Periodistas ha denunciado que varios reporteros que cubrían la marcha han resultado heridos. Por su parte, la Policía ha confirmado en redes sociales que tres agentes sufrieron heridas “mientras cumplían su labor de proteger a la ciudadanía y mantener el orden

público”.

¿Qué moviliza a esta generación Z?

Algunas de las principales causas que han convocado manifestaciones recientes, según medios del Perú son:

1

Reforma del sistema de pensiones

o Una ley/Ajuste/reglamento que beneficia a las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP)

ha sido muy criticado. Muchos jóvenes perciben que la reforma no considera sus intereses, derechos previsionales o las desigualdades del sistema.

2

Descontento político general

o Rechazo al gobierno de Dina Boluarte y al Congreso, por decisiones percibidas como poco representativas, por falta de respuesta ante demandas ciudadanas, por

corrupción, etc.

o Creciente impaciencia ante la inestabilidad institucional y la sensación de que las estructuras tradicionales del poder no escuchan a la juventud.

3

Uso de redes sociales como herramienta de convocatoria y expresión

o Las convocatorias se organizan frecuentemente por redes sociales como TikTok, Instagram, WhatsApp.

o Se usan símbolos y referencias de cultura pop como elementos identitarios en las protestas (por ejemplo, se ha visto la bandera de One Piece en algunas marchas como símbolo de libertad / resistencia)

4

Sentimiento de injusticia y urgencia

o Sensación de que las reformas políticas o leyes las afectan directamente (pensiones, derechos laborales, exposición a represión, etc.).

o Deseo de respuestas reales, no meramente discursivas.

¿Quiénes son la Generación Z en el contexto peruano?

Se considera generalmente que la Gen Z son los nacidos entre fines de los 1990s y comienzos de los 2010s.

En el Perú ocupan cerca del 21 % de la población. De ellos, alrededor del 41 % ya forma parte del mercado laboral

Tienen expectativas distintas al entrar al mundo laboral: buscan propósito social, liderazgo empático, flexibilidad, justicia salarial, impacto más allá del lucro.

Con estos antecedentes el colectivo que convocó a marchas y manifestaciones se llama Generación Z.

http//www.derechoecuador.com

CADUCIDAD EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS

AUTORES: JOSÉ

SEBASTIÁN CORNEJO

AGUIAR Y JULIO ACOSTA LASSO

¿Qué es la caducidad?

La caducidad, para Roberto Dromi, es: “(…) un modo de extinción del acto administrativo en razón del incumplimiento por el interesado de las obligaciones que aquél le impone. (…) Evidenciado que la posibilidad de declarar la caducidad es una competencia otorgada por la ley a la Administración Pública, para extinguir unilateralmente un acto administrativo 1 (…)”

Es decir la caducidad administrativa hace alusión, a un modo de extinción anormal de los actos administrativos en razón del transcurso de un determinado tiempo en el cual se ha configurado la inacción por parte de la administración pública.

En este sentido, se entiende por caducidad administrativa la extinción de ciertas situaciones activas que están acompañadas de la necesidad de cumplir con determinados deberes, cargas o modalidades, tanto así que en la caducidad administrativa no existe ilegali -

dad o vicio alguno en el acto administrativo, que habiliten a la Administración del Estado para volver sobre sus actos, sino que simplemente ocurre una circunstancia de hecho a la que el ordenamiento jurídico le atribuye el efecto de generar la extinción del acto administrativo. 2

Lo cual provoca en palabras de Madariaga, que se entienda a la caducidad como: “ (…) una sanción impuesta por el orden jurídico en vistas de resguardar el interés general de la colectividad, que sin lugar a dudas se encuentra comprometido en la ejecución

de las actuaciones admitidas y facilitadas por un acto administrativo de efectos individuales. Si el titular de estas facultades no las ejerce dentro del tiempo previsto, debe la administración velar porque otro interesado pueda desarrollar la misma actividad lícita, en las mismas condiciones y con acceso a los mismos bienes de carácter público, generalmente escasos.” 3

La caducidad en el COA

La caducidad es un hecho jurídico procesal que se produce por la mera inactividad negligente de las partes dentro de los plazos pre -

¿En

qué consiste la inadecuada asistencia legal?

RESPUESTA

Un alto porcentaje de abogados que litigan en materia laboral, por desconocimiento en muchas ocasiones no asisten adecuadamente a sus clientes, por lo que sería procedente una norma específica que al detectar estos casos los jueces por el principio de inmediación puedan suspender las diligencias garantizando los derechos de los trabajadores. Pero el juzgador no puede intervenir directamente calificando la ineficiente defensa del abogado defensor de alguna de las partes, suspendiendo una diligencia, ni aun a pretexto de precautelar los derechos del trabajador, por el principio de inmediación que tiene otro sentido, la relación directa del juez con la causa. El juzgador debe mantener su imparcialidad en la causa, por lo que mal podría favorecer a una de las partes, suspendiendo una diligencia, sin que exista alguna de las razones expresamente determinadas en el Art.82 del COGEP.

Criterios sobre Inteligencia y Aplicación de la Ley Corte Nacional de Justicia

vistos por la ley, originando la finalización anormal del proceso. Por consiguiente, cabe concluir, como regla general, que la caducidad sucede en el proceso administrativo como consecuencia de una paralización del procedimiento, en donde dicha paralización le debe ser imputable al menos a título de culpa y nunca en los supuestos de fuerza mayor, ni por causas independientes de la voluntad de los litigantes dentro de las cuales hay que entender incluidas las dilaciones indebidas, provocadas por inusual funcionamiento anormal de la justicia.

En tal sentido de operar cualquiera de los presupuestos antes enunciados en los cuales opera la caducidad, el órgano competente emitirá, a solicitud del inculpado una certificación en la que conste que ha caducado el procedimiento y se ha procedido al archivo de las actuaciones, dejando constancia que si la administración se niega a emitir la correspondiente declaración de caducidad, el inculpado la puede obtener mediante procedimiento sumario contemplado en el Código Orgánico General de Procesos.

Conforme se ha dicho la caducidad es una institución de difícil construcción en base de las similitudes y diferencias con otras figuras extintivas que utiliza la Administración del Estado, la misma que en el Código Orgánico Administrativo, trae la configuración de varios plazos como son:

Caducidad en Revisión de Oficio: El artículo 132 del Código Orgánico Administrativo, determina que en e l transcurso del plazo de dos meses

Caducidad en Actuaciones Previas: El artículo 179 del Código Orgánico Administrativo, determina el plazo de seis meses.

Caducidad por falta de resolución en procedimientos de oficio: El artículo 207 y 208 del Código Orgánico Administrativo, determina que será de treinta días, plazo el cual estaría sujeto la caducidad por falta de resolución en procedimientos de oficio.

Caducidad del procedimiento de oficio: El artículo 213 del Código Orgánico Administrativo, determina dos meses contados a partir de la expiración del plazo máximo para dictar el acto administrativo.

Lo cual nos permite evidenciar que el tema de caducidades en el Código Orgánico Administrativo se encuentra totalmente disperso, lo cual si no se efectúa una lectura a profundidad del texto normativo antes referido puede generar confusión.

Determinación del tiempo de inicio en los procedimientos administrativos sancionadores

Como todos sabemos, existen formas de iniciar el procedimiento: una de oficio, por acuerdo del órgano competente, por propia iniciativa, orden superior, y petición razonada de otros órganos o denuncia. Estas formas, están orientadas a actuar la evidencia necesaria a efectos de precisar con mayor exactitud los hechos susceptibles de motivar el inicio del procedimiento administrativo sancionador.

Debiendo recordar que el plazo de inicio está sujeto a los plazos de prescripción, los mismos que conforme el Código Orgánico Administrativo, están catalogados de acuerdo a las infracciones, ya sean leves, graves y muy graves, en 1, 3 y 5 años respectivamente.

Lo que evidencia que dicho procedimiento sancionador exige la tramitación del oportuno expediente, en la que habrán de respetarse las garantías y observarse los requisitos establecidos en el Código Orgánico Administrativo. Es importante señalar que como se ha dicho, el proceso administrativo sancionador inicia con un acto de iniciación emitido por parte del funcionario instructor.

El cual debe ser notificado, constituyendo así la comunicación al administrado de que la entidad administrativa correspondiente ha tomado una decisión respecto de sus derechos o intereses, para que este pueda decidir aceptar, cumplir o presentar sus descargos si se trata de un procedimiento sancionador.

Ya que recordemos que, si un acto administrativo es emitido pero no es notificado, no es un acto administrativo eficaz, por más que sea un acto administrativo válido, ya que el acto administrativo, para que sea eficaz significa que logre la finalidad para la cual fue emitido, destacando que el artículo 252 del Código Orgánico Administrativo, no

delimita un tiempo de notificación pero si un tiempo de 10 días para la contestación del auto de inicio.

Determinación del tiempo de la Fase de Instrucción

Como se estableció anteriormente, una vez que el inculpado de la infracción administrativa ha sido notificado legalmente con el acto de inicio, esté conforme al artículo 252 del COA tiene un término de diez días para alegar, mismo que al fenecer pasa a etapa de instrucción. Sin embargo el COA, no es claro respecto del término que refiere al desarrollo de la etapa de instrucción, toda vez que en su artículo 255 señala que: “La o el inculpado dispone de un término de diez días para alegar, aportar documentos o información que estime conveniente y solicitar la práctica de las diligencias probatorias. Así mismo podrá reconocer su responsabilidad y corregir su conducta. (…)”, mismo término de diez días que ya refiere el artículo 252 que tiene administrado o inculpado para contestar el acto inicio y dentro del cual deberá alegar y aportar los elementos probatorios que creyere conducentes a eximir su responsabilidad de la infracción administrativa imputada.

De igual manera, en el artículo 256 se recoge el mismo término de diez días al señalarse que: “Recibidas las alegaciones o transcurrido el término de diez días, el órgano instructor evacuará la prueba que haya admitido hasta el cierre del período de instrucción. (…)”, si hacemos una interpretación restrictiva de la norma citada, podremos señalar que una vez que ha trascurrido el plazo de diez días para que el administrado o inculpado conteste el acto de inicio, el órgano instructor debe comenzar a evacuar la prueba que ha establecido y solicitado el administrado en su escrito de contestación, lo cual evidenciaría el inicio de las actuaciones de la fase de instrucción, dentro del cual el órgano instructor también puede disponer de

oficio las actuaciones que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos, recabando datos e información que sean relevantes en la determinación de las responsabilidades susceptibles de sanción. En esta última parte, radicaría la interpretación extensiva de la norma, al creer que el legislador, no establece un periodo cerrado del desarrollo de la etapa de instrucción, toda vez que el órgano instructor al tener la carga de la prueba en representación de la administración pública, este puede llevar a cabo actuaciones que conlleven tiempos o plazos que no dependan de la gestión del órgano instructor, sino de la entidad pública o privada a la cual se le ha requerido la información que coadyuve en la determinación de las responsabilidades administrativas de la infracción; por supuesto que este término de la fase de instrucción no podrá irse en contra de las reglas determinadas para los casos de la prescripción del ejercicio de la potestad sancionadora y de las sanciones conforme se lo establece en los artículos 245 y 246 del COA.

Por lo antes referido, es que el legislador en el inciso segundo del artículo 256 del COA, ha establecido que “el órgano instructor evacuará la prueba que haya admitido hasta el cierre del período de instrucción.”, sin determinarse un término o plazo del desarrollo de la etapa de instrucción, el cual finaliza con la evacuación de la prueba tanto del administrado como de la administración pública, para posteriormente emitir el dictamen de fin de instrucción de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 257 del cuerpo normativo en mención, y del cual una vez finalizado esta fase se pasa a etapa de resolución dentro del cual se tiene que emitir la resolución correspondiente en el término dispuesto en el artículo 203 del COA que refiere al plazo máximo de un mes, contado a partir de terminado el periodo de prueba, que como señalamos anteriormente dentro del proceso administrativo

sancionador el legislador no lo ha determinado de manera expresa, para manejo de las actuaciones del órgano instructor en la evacuación de la prueba, lo cual dificulta la contabilización de la caducidad en este tipo de procesos administrativos; teniendo únicamente certeza de la contabilización de la caducidad desde la emisión del dictamen de fin de instrucción, que es la actuación administrativa mediante la cual se tiene certeza del cierre de la etapa de prueba y de la fase de instrucción.

Plazo de Resolución conforme al COA

La determinación del plazo de resolución dentro de un procedimiento administrativo, es muy importante para el cómputo de la caducidad, el COA lo ha recogido en su artículo 203 señalando que: “El acto administrativo en cualquier procedimiento será expreso, se expedirá y notificará en el plazo máximo de un mes, contado a partir de terminado el plazo de la prueba.”

La obligación de resolver que tiene el órgano competente administrativo, es primordial en cualquier procedimiento administrativo, y más en los procedimientos administrativos sancionadores que desembocan en el establecimiento de responsabilidades administrativas y derechos de acreencia de la administración pública, por lo cual el artículo 202 del COA prevé que “El vencimiento de los plazos previstos para resolver no exime al órgano competente de su obligación de emitir el acto administrativo.”, inclusive se señala enfáticamente que las administraciones públicas no pueden abstenerse de resolver con la excusa de la falta u oscuridad de la ley. Obviamente el acto emitido por la administración pública fuera de los plazos establecidos en la norma, desembocara en su ineludible nulidad, ya que ha sido emitido fuera de contexto, y del cual el administrado deberá ejercer su derecho de impugnación y recurrir el mismo.

En base a lo referido, como regla general se tiene que el ejercicio de la caducidad en los procedimientos administrativos sancionadores, deviene en que la administración pública inicio un proceso sancionador y no lo resolvió dentro del término general resolver, que sería de un mes contabilizado desde que concluyó el periodo de prueba o la fase de instrucción. Sin embargo, a lo referido tenemos la excepción establecida el artículo 204 del COA que establece la ampliación extraordinaria del plazo para resolver, en casos concretos de cuando el número de personas interesadas o la complejidad del asunto exija un plazo superior para resolver, pudiendo ampliarse hasta dos meses o sesenta días.

De igual manera, es importante tener en cuenta que de conformidad al artículo 250 del COA, se señala que: “El procedimiento sancionador se inicia de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia.”; es decir que un procedimiento sancionador puede iniciarse por denuncia, actuación previa en los términos que establece el COA, o en su defecto de oficio; cuando los procedimientos sancionadores son iniciados de oficio hay que tener muy en cuenta que para estos casos el COA prevé un plazo de caducidad especial, establecido en su artículo 213, al señalar: “Cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio se entienden caducados y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de la persona interesada o de oficio, en dos meses contados a partir de la expiración del plazo máximo para dictar el acto administrativo , de conformidad con este Código.”, es decir que para estos casos el plazo de caducidad es de dos meses y no de un mes como por regla general se tiene para los demás casos.

Determinación de la problemática de los plazos para la caducidad

Como se lo ha estableci -

do anteriormente, si bien los plazos de caducidad son claros y determinados por el COA, tanto en la regla general de un mes desde que ha fenecido la etapa de prueba, como la de dos meses para el caso de los procedimientos iniciados de oficio; la problemática radica en la determinación de saber que término o plazo dura la etapa de prueba o fenece la fase de instrucción dentro del proceso administrativo sancionador, toda vez que únicamente se ha señalado por parte de legislador en la norma, que el administrado o inculpado una vez que ha sido notificado con el acto de inicio, esté tiene el término de 10 días para alegar, aportar documentos o elementos de prueba y solicitar diligencias que crea correspondientes a eximir su responsabilidad de la infracción administrativa imputada, y que posterior a este término el órgano instructor procederá a evacuar la prueba hasta el cierre de instrucción, sin determinarse expresamente un término o plazo que dictamine el mism o, que es fundamental para contabilizar el periodo de caducidad de este tipo de procedimientos.

Este escenario que se ha previsto en la norma, puede dejar en evidencia la discrecionalidad del manejo de los tiempos en la evacuación de prueba que puede realizar el órgano instructor, sin embargo se podría pensar que el espíritu del legislador, fue dejar a discreción el manejo de esta etapa al órgano instructor, toda vez que dentro de la evacuación y practica de las diligencias probatorias, existen plazos y términos que no devienen de la gestión del órgano instructor, y por ello no se ha previsto un término o plazo de duración de la etapa de instrucción en la norma, además que es de responsabilidad del órgano instructor recabar todos los elementos que confluyan en el establecimiento de la responsabilidad de la infracción administrativa imputada, así como de evacuar toda la prueba solicitada por el administrado o inculpado, en observancia de los de -

rechos constitucionales de defensa y debido proceso.

Conclusiones

El COA establece dos plazos de caducidad para los procedimientos administrativos sancionadores, el primero que es de un mes por regla general contados a partir de fenecida la etapa de prueba; y el otro de dos meses para los casos que el procedimiento administrativo haya sido iniciado de oficio.

El COA no establece de manera expresa el plazo o término de duración de la etapa de instrucción, dentro de la cual se evacua la prueba tanto del administrado como de la administración pública, por lo cual dificulta la contabilización del plazo de caducidad en este tipo de procedimientos, sin embargo una vez

emitido el dictamen de fin de instrucción por el órgano instructor, se puede tener la certeza que la etapa de prueba a concluido y ha pasado a fase de resolución, y se podrá contabilizar de una manera certera el plazo de caducidad.

BIBLIOGRAFIA

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