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Interferencia de la industria de ultraprocesados y bebidas azucaradas en América Latina y El Caribe
Introducción Las enfermedades no transmisibles (ENT), como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, representan las principales causas de morbilidad y mortalidad en América Latina y El Caribe.1 Se ha identificado que el consumo de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas es un factor de riesgo modificable, al cual se puede atribuir el acelerado incremento de las ENT.2 Los comestibles ultraprocesados y las bebidas azucaradas se caracterizan por su alta densidad calórica, así como por contener un exceso de ingredientes críticos como azúcares, grasas, sodio, edulcorantes no calóricos y colorantes artificiales.3 El consumo de estos productos se ha elevado en países en vía de desarrollo, como los de América Latina y el Caribe, incluido México, lo que ha modificado los entornos y los sistemas alimentarios a nivel regional. Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han emitido diversas recomendaciones basadas en evidencia científica para hacer frente a las ENT. Entre ellas se encuentran los impuestos a bebidas azucaradas y productos ultraprocesados, el etiquetado frontal de alimentos, la regulación de la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes (NNA), la regulación de los entornos escolares y las políticas sólidas de lactancia materna.4 Sin embargo, pese a los esfuerzos de diferentes actores para encontrar soluciones a los principales problemas de salud pública, las entidades comerciales han desarrollado una serie de estrategias para interferir en estos procesos. Esta interferencia se ha convertido en el mayor obstáculo para la formulación e implementación de políticas alimentarias en México y la región latinoamericana.5,6 Diversas publicaciones han documentado que la industria de alimentos y bebidas ha ejercido una gran influencia en los procesos legislativos, normativos y políticos a nivel global, regional y local, con el fin de retrasar, debilitar, bloquear o revertir las iniciativas de política pública dirigidas a proteger la salud de la población.