Periódico elDinero (512) 30/10/2025

Nómina pública aumenta en 250,882 puestos en 10 años

A pesar del aumento, el gasto en remuneraciones pasó de un 27.5% a un 23.4% del presupuesto total

Su instalación sería temporal, pero se ha vuelto imprescindible. La sustitución se queda en anuncios

Héctor Valdez Albizu: "Este ha sido un año de desafíos y retos importantes". BC baja proyección de crecimiento

Vivienda en planos, pasos a considerar para evitar estafas

El transporte en yola sigue cruzando el río Ozama

¿Cuándo llegará el momento para revisar la Ley 183-02?

PALESTRA ECONÓMICA

Jairon Severino

jseverino@eldinero.com.do

Pérdidas de electricidad: grano a grano se llena la gallina el buche

La crisis financiera del sector eléctrico sigue agregando años sin solución. Esto no tiene nada de nuevo. Con toda seguridad, el sector eléctrico ha de ser uno de los más estudiados, diagnosticados y con propuestas de solución que prometen acabar con esta vergüenza nacional. Al

DE LA SEMANA

pasar revista a la inmensa cantidad de estudios publicados sobre este sector, pudiera decirse que hay tres variables que deben coincidir para su solución: voluntad política, recursos y la decisión de asumir el costo político de solucionar la crisis. La voluntad política quizá jamás haya estado sobre mesa. Podría decirse que ha existido el deseo o anhelo, pero jamás la voluntad política para solucionar este problema, el cual, a decir de los entendidos, resta competitividad a la economía dominicana y carcome las finanzas públicas.

Resulta, más que perjudicial para las finanzas públicas, una verdadera catástrofe financiera echar tanto dinero por un hoyo sin fin. Más de US$1,200 millones todos los años resulta ser una vergüenza para este país. Sólo habría que imaginarnos cómo sería nuestra economía sin lográramos bajar las pérdidas totales a menos de un 15%, que sería mucho todavía, pero menos vergonzoso y perjudicial que el

«SANTO DOMINGO. El Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC) participó en las reuniones anuales conjuntas de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC) y el Foro Internacional de Acreditación

(IAF), celebrado del 15 al 24 de octubre de 2025 en Bangkok, Tailandia. Este encuentro, considerado el foro más importante en materia de acreditación y evaluación de la conformidad, reunió a

38% en que están hoy día. Ningún negocio sobrevive con pérdidas tan altas, a menos que tenga "la mano financiera inagotable" del Estado. La otra variable fundamental es la provisión de recursos para inversión. El subsidio a la ineficiencia es sólo eso: botar recursos para mantener el statu quo, pero no para solucionar el problema. Es urgente un reenfoque. Si bien hay que sostener el sistema, también es urgente que ese dinero vaya a mejorar redes, formalización de clientes, identificar conexiones ilegales o robo de energía; compra de transformadores y castigar con penas drásticas a quienes colaboren con los entramados de fraudes. Y en tercer lugar, entiendo, está la decisión de asumir el costo político de solucionar la crisis. Cuando hablamos de asumir el costo político pudiera pensarse sólo en perder votos o apoyo popular, pues habría que tomar decisiones fuertes: apagones, sincerar tarifa, someter a la justicia a quienes se

roben la electricidad y clasificar circuitos en función de las pérdidas. No, no sólo pasaría eso. También habría que mirar hacia los que se benefician del caos y la crisis. Aquí, muy probablemente, hay grandes capitales y políticos de turno. Las crisis también son oportunidades de negocios.

Como se puede ver, se trata de un plan de mediano y largo plazo, sin prisa, pero sin pausa, que sería aplicado como parte de una estrategia de Estado. Sería, más que un pacto, un compromiso moral de todos los que tienen capacidad para tomar decisiones, incluyendo políticos, empresarios y consumidores.

Tenemos un problema macro, eso sí. Sin embargo, deberíamos ser consistentes en el tiempo haciendo pequeños ajustes y medidas que poco a poco vayan tapando huecos hasta crear una cultura de responsabilidad compartida. Así, pienso yo, grano a grano se llena la gallina el buche.

ODAC PARTICIPA EN REUNIONES ANUALES SOBRE ACREDITACIÓN

representantes de más de 100 países para definir políticas, revisar estándares internacionales y fortalecer los acuerdos que garantizan la confianza global en los certificados y resultados técnicos emitidos por organismos acreditados.

Según nota, la participación del ODAC en este evento refuerza el posicionamiento de República Dominicana como un país comprometido con la calidad, la transparencia y la competitividad internacional, fortaleciendo el reconocimiento global de los certificados emitidos por los organismos acreditados en el país.

El director ejecutivo del ODAC, Ángel David Taveras Difo, aseguró que la presencia del organismo en este escenario internacional contribuye directamente a consolidar la credibilidad del sistema nacional de calidad, promoviendo la aceptación de los productos y servicios dominicanos en los mercados internacionales.

“Este evento sirve como plataforma para fortalecer las relaciones con organismos regionales y globales, compartir experiencias y reafirmar el compromiso de República Dominicana con el desarrollo sostenible y la mejora continua”, aseguró Taveras Difo.

Personaje de la semana

“Recibimos del Banco Central un proyecto de ley (de cooperativas). La Consultoría Jurídica lo está revisando. Como novedad, contempla que las cooperativas de inversión, o sea, donde la gente pone dinero, van a estar supervisadas, si se aprueba, por la Superintendencia de Bancos”.

ANTOLIANO PERALTA CONSULTOR JURÍDICODEL PODER EJECUTIVO

Presidente: CARLOS JOSÉ MARTÍ GARDEN

Vicepresidente: CHRISTIAN EMILIO FARACH

Gerente Comercial: YUDELKIS LAJARA

REDACCIÓN elDinero: Director: JAIRON SEVERINO

Subdirector: ESTEBAN DELGADO Mercadeo y Plataforma Digital: OMAR MARTE Diseño editorial: KATERINNE VÁSQUEZ

Fotografía: RONNY CRUZ

«La forma esnórquel es una adaptación adecuada al español de la palabra inglesa snorkel. En los medios se utiliza con frecuencia este anglicismo en frases como "Se pueden encontrar opciones para practicar snorkel y kayak en las áreas cercanas", "En cuanto a las actividades permitidas se incluiría snorkel y buceo guiado, senderismo con guías Completo en: www.fundeu.do «esnórquel», adaptación al español

«LA CIFRA ECONÓMICA

1.1%

certificados, observación de fauna nativa…" o "Una vez allí podrás disfrutar de sus aguas poco profundas haciendo snorkeling". El Diccionario de la lengua española registra esnórquel como forma adaptada a partir del inglés snorkel con una e- inicial, el dígrafo qu- y tilde.

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La opinión pública critica la cantidad de empleados en el Estado. ¿Cuál debería ser el criterio para aumentar la nómina de servidores estatales?

RESULTADOS DE LA SEMANA ANTERIOR Crecimiento. Durante el período enero-septiembre de este año la economía medida por el PIB creció 2.2%, informó el gobiernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu. El dato indica que,

específicamente en el mes de septiembre, la economía solo creció 1.1%. Esa es la razón por la que en enero-agosto estaba en 2.3% y en enero-septiembre se ubicó en 2.2%. Para el año 2025 completo, la proyección de las autoridades monetarias es que la economía crecerá en un 2.5%.

El presidente Abinader participó en el inicio de un nuevo hotel en Puerto Plata. ¿Podría verse como el relanzamiento de este polo turístico?

Sí: 50% No: 32% Quizás: 18%

FINANZAS

Préstamos en mora vuelven a superar el 2% de la cartera

A septiembre de este año, la cartera vencida ascendió a RD$47,621 millones, según datos de la SB

Massiel de Jesús Acosta mdejesus@eldinero.com.do Santo Domingo

La cartera de créditos del sistema financiero dominicano, que asciende a RD$2.3 billones, registra un índice de morosidad que supera el 2% desde agosto de este año, alcanzando un 2.03% en septiembre. Esta situación no se observaba desde la pandemia, cuando en mayo de 2020 se alcanzó un pico del 2.52%, con RD$31,940 millones en cartera vencida.

Según las estadísticas de la Superintendencia de Bancos (SB), la cartera vencida se sitúa en RD$47,621 millones, lo que, aunque representa solo el 2.03% de la cartera total, contrasta con el rango ideal de entre 1.5% y 2%. Este índice refleja la salud financiera de los clientes y su capacidad para cumplir con sus obligaciones crediticias.

El comportamiento del índice de morosidad muestra una tendencia al alza. Al cierre de 2019, la tasa de morosidad de la cartera vencida era del 1.70%, pero durante la pandemia, en mayo de 2020, se disparó al 2.52%. Aunque hubo una disminución en los años siguientes, desde junio de 2021 la tasa se mantuvo por debajo del 2% hasta agosto de 2025, cuando comenzó a superar este umbral crítico.

Históricamente, el sistema financiero dominicano ha enfrentado crisis de morosidad. En noviembre de 2012, el índice alcanzó un 4.01%, con una cartera vencida de RD$22,222 millones. Desde entonces, diversas fluctuaciones han marcado la pauta, con tasas que en ocasiones superaron el 2%, como en 2014, cuando se registró un 2.43%.

Actualmente, la cartera de créditos del sistema financiero dominicano asciende a RD$2.3 billones.

«OTROS DATOS

14.8%

Tasa activa. Hasta agosto 2025, la tasa activa promedio (a los préstamos) se situaba en 14.8%, bajando ligeramente hasta ubicarse en 13.9% a madiados de octubre.

Proyección

Vemos a futuro una combinación de factores que debería contribuir a reducir nuevamente la morosidad, importante para el sistema”.

ALEJANDRO GRISANTI ECONOMISTAYSOCIODE ECOANALÍTICA

interés promedio ponderada activa en los bancos múltiples se sitúa en 14.32% y la pasiva en 7.32%. ¿Por qué ocurre este aumento?

El economista Alejandro Grisanti, socio director de la firma Ecoanalítica, confirma este comportamiento y lo atribuye a dos factores: la reducción en el crecimiento económico y las tasas de interés elevadas. “Como ha ocurrido en otros períodos desfavorables, este año se ha dado una combinación de dos factores que no contribuyen a mejorar la tasa de morosidad. El primero es una importante reducción en el crecimiento económico”, argumenta Grisanti a elDinero

Explica que esto conlleva una menor generación de riqueza respecto a lo previsto, y ese menor crecimiento económico ha venido acompañado del mantenimiento de tasas de interés elevadas, sobre todo la tasa de interés activa, que es la que se paga en los préstamos.

“La combinación de una menor actividad económica con tasas de interés elevadas, particularmente las tasas activas de los préstamos, ha generado este incremento en la morosidad. Hasta ahora, sin embargo, los niveles de liquidez se mantienen buenos”, manifestó el economista.

En tanto, la morosidad estresada, que incluye aspectos adicionales que afectan la capacidad de pago, se sitúa en 7.7% a septiembre de este año. Este indicador complementario refleja no solo la cartera de crédito vencida, sino también aquellos créditos en reestructuración.

SOLIDEZ DEL SISTEMA

Entre las causas del aumento de la morosidad podrían estar el incremento de las tasas de interés y una contracción en la actividad económica, que solo creció un 2.4% en los primeros siete meses de este año, muy por debajo del 5% promedio del año anterior.

Al observar el comportamiento de la tasa de política monetaria (TPM) del Banco Central (BC), en agosto de 2019 la TPM se situó en 4.75% anual; en 2020 disminuyó a 3.5%; para igual mes de 2022 se elevó a 7.75%; en agosto del año siguiente se mantuvo en

ese rango, y en agosto de 2024 descendió a 7%. Desde enero de 2025 hasta septiembre, la TPM se mantuvo en 5.75% anual, mientras que en octubre bajó a 5.50% anual.

De acuerdo con datos de la autoridad monetaria, a septiembre de este año la tasa de

Pese a este comportamiento del índice de morosidad, Grisanti resalta que los niveles de liquidez del sistema financiero son “bastante buenos”. Recalca que cuando se da una combinación de menor crecimiento económico y menor generación de riqueza en un escenario donde las tasas de interés durante 2025 se han mantenido muy altas, o más altas de lo deseado, esa combinación es la que está provocando estos niveles de morosidad. No obstante, de cara a noviembre, diciembre y el próximo año, anticipa un mayor crecimiento económico y unas tasas de interés en las que la tasa activa debería empezar a ceder, tras el ajuste que ya se dio en la tasa pasiva.

FINANZAS PERSONALES

COMPRAR UNA VIVIENDA EN PLANO

¿QUÉ ELEMENTOS DEBE TOMAR EN CUENTA?

Asesórese con un abogado o experto inmobiliario para revisar contratos, garantizar una compra segura y evitar ser víctima de estafas

Massiel De Jesús Acosta mdejesus@eldinero.com.do Santo Domingo

La decisión de adquirir una vivienda es un paso significativo que puede variar en función de diversos factores, como la ubicación, la distribución de los espacios y la calidad de los materiales utilizados. Sin embargo, una de las variables más determinantes radica en optar por comprar en planos en lugar de adquirir una unidad ya terminada.

Ambas alternativas presentan ventajas y desventajas, pero la elección dependerá de las preferencias y de la situación económica del comprador, según explican a elDinero los asesores inmobiliarios Daniela McKenzie y Ángel Hernández, de Oferta Inmobiliaria RD.

Entre las ventajas de comprar en planos destaca el retor-

Garantía

capacidad de endeudamiento para garantizar que cumpla con los requerimientos del banco”, explican. Tener ingresos fijos y demostrables, completar las cuotas del inicial del proyecto en planos y estudiar bien las tasas de los bancos son claves en esta etapa.

La ubicación del proyecto también es crucial, dependiendo de si es para invertir o para vivir. “Siempre es bueno, cuando se habla de inversión, considerar la rentabilidad que se obtendrá del inmueble en un tiempo determinado. Si es para vivir, las amenidades y facilidades como escuelas cercanas, supermercados y transporte son esenciales”, subraya Hernández. La planificación financiera es clave. “Es importante ser austeros y hacer sacrificios, como disminuir los viajes o vacaciones fuera del país y reducir salidas costosas, para lograr la meta de tener un techo propio”, enfatizan.

RIESGOS

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Presupuesto. El primer paso es analizar su situación financiera y determinar cuánto puede gastar en la vivienda.

“ “

Comprar en planos bajo la figura de una fiduciaria es clave, porque juega un rol de supervisión, vela porque se cumplan los plazos, los permisos legales y todo”.

DANIELA MCKENZIE ASESORAINMOBILIARIA

no de inversión, “que siempre será mayor que comprando una propiedad lista, porque la adquieres dos años antes, por ejemplo, y para la fecha de entrega no lo encuentras a ese precio”, resalta Hernández.

Otra ventaja, según McKenzie, es la mayor facilidad de pago, sin tener que descapitalizarse al comprar una propiedad. “Puedes reservar con un pago mínimo inicial o enganche y pagarlo en cuotas que se adapten a tu presupuesto”, asegura. Esto ayuda a que, al llegar la fecha pactada, haciendo pagos extra, se necesite menos financiamiento bancario. “Los

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Ahorro. El pago inicial suele ser un porcentaje del valor de la propiedad, generalmente entre el 20% y el 30%. Hay gastos asociados.

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Capacidad de pago. Calcule sus ingresos, gastos y deudas para determinar su capacidad de pago. Así sabrá qué porcentaje es de deudas.

proyectos de bajo costo actualmente tienen una alta demanda debido a la tasa que ofrece el banco para este tipo de desarrollos. La reserva suele ser de US$500.00, dependiendo de la desarrolladora. El pago inicial es un 5% a la firma del contrato y 15% durante la construcción”, enfatiza.

Tanto McKenzie como Hernández coinciden en que si una persona pacta cuotas de RD$15,000.00 y es asalariada o con su propio negocio, cualquier ingreso extra que no afecte tus compromisos mensuales puede inyectarse. No obstante, señalaron que

Ahorre mientras el proyecto está en construcción para financiar menos del 80% del costo total, y recuerda que puede generar plusvalía antes de su entrega”.

ÁNGEL HERNÁNDEZ ASESORINMOBILIARIO

el tiempo promedio para la entrega de una propiedad varía según el tipo de proyecto, pero generalmente puede tomar dos años. “Tenemos proyectos, por ejemplo, en Punta Cana de villas y apartamentos con entrega hasta 2028. En Santo Domingo, contamos con proyectos de bajo costo y no de bajo de hasta dos años”, enfatiza Hernández.

FACTORES A CONSIDERAR

Los asesores de Oferta Inmobiliaria RD indican que, antes de avanzar, es vital tener claro el presupuesto para cumplir con las cuotas de pago y el inicial. “Es fundamental conocer su

“Todo en la vida tiene riesgos”, señala McKenzie. Entre estos se encuentran posibles vicios ocultos en la construcción o estafas inmobiliarias, temas cada vez más comunes en la justicia dominicana. Recientes denuncias han puesto al descubierto atrasos en las entregas y cobros indebidos que afectan a miles de personas que aspiran a tener un hogar propio.

Los expertos indican que contar con un asesor inmobiliario con trayectoria, investigar los proyectos previos de la empresa para evaluar su calidad y cumplimiento de plazos, así como optar por empresas registradas y afiliadas a gremios como Acoprovi, garantiza formalidad y transparencia.

“Contar con un asesor con experiencia en el mercado y especialista en la zona es clave. También es necesario verificar el título de la propiedad, solicitar las certificaciones de permisos, la identificación del dueño y que la empresa esté debidamente constituida”, precisa la también abogada.

Agregan que comprar en planos bajo el respaldo de una fiduciaria brinda mayor seguridad al comprador, porque los trámites de depuración legal ya están hechos. También es bueno preguntar qué entidad bancaria financia el proyecto, pues se torna sospechoso si es con recursos propios.

Alejandro Fernández W.

considera que todo ha cambiado desde que fue aprobada en 2002

Jairon Severino jseverino@eldinero.com.do Santo Domingo

El superintendente de Bancos (SB), Alejandro Fernández W., considera que ya es tiempo de implementar actualizaciones en la Ley Monetaria y Financiera, marcada con el número 18302. Lo dice porque este marco legal cumplirá 25 años en 2027 y el contexto ha cambiado radicalmente en cuanto al uso de la tecnología, productos financieros y riesgos asociados con el desarrollo de la banca digital.

Afirma que en la medida en que todo marcha hacia la digitalización, también los riesgos se van convirtiendo cada vez más digitales. “Antes los asaltantes iban a los bancos con pistolas, gafas y cubiertos, pero ahora no van así. Ahora puede ser cualquiera en cualquier parte del mundo a través de una pantalla y un teclado. Definitivamente, los temas de ciberseguridad son fundamentales”, explicó durante una entrevista con elDinero.

El superintendente de Bancos señala que la Ley 183-02 ha sido excelente, funcional y ayudó a superar la crisis global de 2008 y 2009 de una manera extraordinaria y del covid, pero es una legislación que requiere cambios, “por lo que el país debe replantearse su modernización y adecuación”.

Está entre quienes entienden que el contexto en que hoy se desarrolla la banca ha cambiado respecto al momento en que fue aprobada la legislación, ya que hoy la banca digital (tokenización, activos virtuales) es una realidad, lo cual no era hace 25 años.

“Creo que quizá algún banco estaba sacando la cabeza en una página web (en ese año). Es evidente que ya hay elementos que tenemos que ir actualizando. Aunque se ha ido haciendo, pero los mismos reglamentos deben ir aumentando su ritmo de adecuación y modernización”, entiende.

Para el superintendente, hay un tema de acceso al sistema financiero que debe seguir mejorándose. Refiere que cuando se mira el nivel de penetración crediticia, es decir, la cartera privada en relación con el ta-

FINANZAS

Ley Monetaria y Financiera: ¿es tiempo de modificarla?

Alejandro Fernández W. entiende que el uso de la tecnología y nuevos productos financieros han cambiado el contexto del sector financiero.

EDUCACIÓN FINANCIERA COMO PRIORIDAD, PERO...

Acceso. El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., destaca que, aunque se ha ido mejorando tímidamente, habría que preguntarse cómo anda el país en el manejo de las matemáticas, lectura comprensiva y crítica o del pensamiento analístico, que son fundamentales para el aprendizaje. Señala que lo que se ve es que el país no marca bien en ninguno de los indicadores, por lo que primero

maño de la economía, antes de la crisis bancaria de 2003 llegó a ser alrededor de un 33%, pero eso bajó al 20%. Refiere que luego iba subiendo, pero con la pandemia del covid-19 volvió a bajar, lográndose que de nuevo alcance superar el 30% del producto interno bruto (PIB).

Refiere que cuando se mira este indicador en Centroamérica, la data disponible establece que está por encima del 50%.

“Ahí hay retos muy importantes para que sigamos y el crédito se canalice aún más, pero debe hacerse de una manera ordenada y progresiva, pues lo que no queremos es que sea una burbuja crediticia, ya que, así como sube, también tienden a desplomarse”, refiere.

habría que enfocarse en los fundamentos.

A su entender, es vital que primero se entienda cómo utilizar el conocimiento, ya que una persona debe distinguir que una tasa de un 20% quincenal es mayor que un 60% anual. Afirma que el Estado debe priorizar en materia de educación y, por tal razón, está de acuerdo en que haya un enfoque en los fundamentos.

Fernández W. destaca que, aunque ha mejorado el acceso a los servicios bancarios, lo cual lo comprueba el Global Findex, del Banco Mundial, aún hay retos importantes en República Dominicana. Sin embargo, indicó que pasó del 50%, en que se había mantenido por muchos años, a más del 65%, según el último reporte. “Hemos logrado un aumento muy importante en cuanto al acceso de los servicios bancarios, pero francamente deberían ser universales”, considera.

A su entender, normal sería que todo adulto que sea económicamente activo cuente con una cuenta bancaria. Aunque ahora el país en un 65%, entiende que debería ser un 100%.

Considera que la educación financiera debería iniciarse a nivel universitario o técnico, entre otras cosas, porque es a partir de ahí cuando la gente comienza a trabajar y tendrá acceso a una primera cuenta de nómina, por lo que es probable que a los seis meses tenga una tarjeta de crédito o haya decidido adquirir cualquier bien de consumo con base en un financiamiento bancario.

A propósito de la elaboración de un proyecto de ley para la modernización del sector cooperativo, que ha sido una sugerencia reiterada del Fondo Monetario Internacional (FMI), Fernández W. destacó la necesidad de hacerlo, sobre todo de aquellas entidades que hacen intermediación financiera. “Está en la agenda del Gobierno y se ha estado trabajando”, destacó.

MOROSIDAD

La tasa de morosidad ha aumentado en lo que va de año. El superintendente de Bancos está seguro de algo: la banca refleja las condiciones en que está la economía. “Sabemos que este ha sido un año retador en cuan-

to al crecimiento económico por razones que están más que bien documentadas”, explica el funcionario.

Indicó que lo que ha sucedido con la morosidad era de esperarse, aunque admite que es un tema de preocupación. Sostiene que el sistema financiero refleja las condiciones de la economía de un país, por lo que el comportamiento de los usuarios es normal en estos casos.

Para Fernández W., lo raro fuera que creciera la economía y que no se reflejara en la morosidad registrada en el sistema financiero. Entiende que es un reflejo natural de las condiciones externas. Sin embargo, sostiene que tampoco está en niveles desmesurados, sino que el mercado financiero dominicano viene de un nivel histórico extraordinariamente bajo. Lo importante, refiere, es que existan las reservas o provisiones para darle cobertura a los niveles de morosidad y eso es justamente lo que hay. Indicó que prudente es que esté en un 100% como mínimo, pero está en alrededor del 160%.

Destacó que los niveles de solvencia son extraordinarios, por lo que el sistema está en el mejor momento.

BC proyecta crecimiento en torno al 2.5% en 2025

Héctor Valdez Albizu destaca que la economía generaría divisas por US$46,000 este año

La economía irá mostrando un mayor dinamismo en un ambiente de estabilidad de precios, en la medida que la política monetaria continúe operando y se reactive la inversión pública en un marco de coordinación entre las políticas monetaria y fiscal.

En estos términos se expresó el gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, durante su discurso por el 78 aniversario de la institución. Proyecta que la economía crezca en torno a 2.5% en 2025, en línea con el promedio de América Latina, retornando a un rango entre 4.0% y 5.0% cercano a su potencial para 2026.

El gobernador recordó que “para el presente año, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, anunció en base al presupuesto reformulado un aumento del gasto de capital a 2.7% del PIB, acción que, entiende, ayudará en la implementación de una política monetaria más flexible.

“Familia bancentraliana, definitivamente, este ha sido un año de desafíos y retos importantes, provenientes, en su mayoría, de un entorno internacional con alta complejidad. No obstante, como en otras ocasiones, hemos enfrentado las adversidades con determinación, reafirmando nuestra resiliencia y superando las dificultades", sostuvo Valdez Albizu.

Destacó que “la inflación se mantendría dentro del rango meta de 4.0% +/- 1.0% en 2025 y 2026, brindando los espacios para que el Banco Central continúe adoptando medidas oportunas para la recuperación económica”.

En materia de generación de divisas, pronosticó que “la economía dominicana alcanzaría un monto alrededor de US$46,000 millones, provenientes principalmen-

«DATOS MACROECONÓMICOS A TOMAR EN CUENTA

10.4%3.76%8.6

Reservas. Las reservas internacionales están en US$13.3 mil millones a septiembre, un 10.4% del PIB, dando un margen de maniobra ante volatilidades externas.

te de exportaciones por unos US$14,900 millones, ingresos por turismo por US$11,200 millones y remesas por unos US$11,700 millones.

Indicó que la inversión extranjera directa (IED) superaría por cuarto año consecutivo los US$4,000 millones, alcanzando en 2025 más de US$4,800 millones, suficiente para cubrir un déficit de cuenta corriente que se ubicaría en 2.5% del PIB”.

En sus primeras consideraciones, el gobernador señaló que “tras mantener sin cambios su tasa de política monetaria en los primeros ocho meses del año, el BCRD decidió reducirla 25 puntos básicos, situándola en 5.50% anual, con el objetivo de apoyar la recuperación de la demanda interna en un entorno de baja inflación”.

Asimismo, indicó que la Junta Monetaria (JM) aprobó un programa de provisión de liquidez por RD$81,000 millones, de los cuales se han colocado RD$66,000 millones, facili-

Inflación. La inflación interanual a septiembre se ubicó en 3.76%, permaneciendo dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0% durante los últimos 29 meses.

tando el acceso al crédito de empresas y hogares. Indicó que se adoptaron, además, medidas macroprudenciales para reforzar la estabilidad financiera frente a la alta volatilidad en los mercados”.

Valdez Albizu destacó que “las medidas implementadas por la JM incrementaron la liquidez en el sistema financiero, favoreciendo la reducción de las tasas de interés, ubicando la tasa pasiva promedio ponderado de la banca múltiple en 6.6% en lo que ha transcurrido en octubre 2025, por debajo del 10.3% de octubre 2024. La tasa activa, por su parte, se redujo de 15.3% a 13.9% en igual periodo, indicando que continúa funcionando el mecanismo de transmisión de la política monetaria. Los préstamos privados en moneda nacional crecieron en torno a 9.0 % interanual, por encima del producto interno bruto nominal”.

En un contexto de estabilidad de precios, precisó que “la inflación se ha mantenido den-

cremente el gasto de capital del sector público”.

El gobernador identificó “los sectores que explicaron el crecimiento interanual en enero-septiembre fueron principalmente agropecuario (3.9%), explotación de minas y canteras (3.7%), servicios financieros (7.4%) y hoteles, bares y restaurantes (3.3%). De manera particular, la actividad turística estuvo impulsada por una llegada vía aérea de 6.6 millones de turistas en enero-septiembre. Al incluir los dos millones de cruceristas que han llegado por vía marítima, el país recibió 8.6 millones de visitantes en el referido período, un incremento interanual de 2.7%. La manufactura local creció 1.7% y la de zonas francas 1.8%”.

SECTOR EXTERNO

Millones. En enero-septiembre se recibieron 8.6 millones de visitantes, mientras que los ingresos por turismo ascendieron a unos US$8,500 millones.

tro del rango meta de 4.0% ± 1.0% durante los últimos 29 meses, situándose en 3.76% interanual en septiembre, una de las más bajas entre las economías no dolarizadas de América Latina. A la vez, la inflación subyacente —que refleja mejor las condiciones monetarias— se ubicó en 4.35 % interanual. Las expectativas de inflación permanecen ancladas a la meta, lo que evidencia la credibilidad de los agentes económicos en la política monetaria”.

Valdez Albizu resaltó que “pese a las condiciones adversas prevalecientes en el escenario internacional, el producto interno bruto (PIB) real acumuló un crecimiento de 2.2% en enero-septiembre 2025, similar al desempeño que exhibiría la región para el cierre del presente año. Se espera que la economía dominicana retorne gradualmente a su crecimiento potencial en los próximos trimestres, en la medida en que se disipe la incertidumbre global, se reactive la inversión privada y se in-

El gobernador se refirió al sector externo resaltando que “las exportaciones ascendieron a US$11,600 millones entre enero y septiembre (11.7 % interanual), superando las nacionales los US$5,100 millones y las zonas francas unos US$6,500 millones. En adición, la economía recibió importantes flujos de divisas por turismo US$8,500 millones y remesas US$8,900 millones de enero-septiembre. La IED alcanzó US$4,000 millones durante el mismo período, destacándose las inversiones en minería, energía y comunicaciones”.

Valdez Albizu expresó que “estas fuentes de divisas han contribuido a suplir la demanda de moneda extranjera, con lo que la depreciación acumulada del peso dominicano fue de 2.3 % a septiembre. Adicionalmente, los flujos externos recibidos han contribuido a que el Banco Central mantenga niveles adecuados de reservas internacionales, específicamente, unos US$13,300 millones al cierre de septiembre, equivalentes a 10.4 % del PIB y a casi cinco meses de importaciones, por encima de los umbrales recomendados por el FMI”.

El gobernador resaltó que “los principales indicadores del sistema financiero reflejan una gestión eficiente, con altos niveles de capitalización, liquidez y solvencia. Al cierre de septiembre, los activos del sistema financiero crecieron en 11.5% y el patrimonio aumentó en 10.2%. La rentabilidad patrimonial (ROE) fue 21.7% y la rentabilidad sobre activos (ROA) 2.6%, mientras la morosidad se ubicó en 1.9%. La solvencia regulatoria alcanzó 18.4% en junio, por encima del mínimo requerido de 10%.

Puente flotante: necesario, ante intentos de cambiarlo

Los proyectos para su sustitición se han quedado en anuncios, en lo que sigue activo tras 27 años

Esteban Delgado edelgado@eldinero.com.do Santo Domingo

El puente flotante es uno de los siete puentes que pasan sobre los ríos

Ozama e Isabela en la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional; específicamente el que está más hacia el sur, cerca de la desembocadura de este último afluente en el Mar Caribe. Su instalación se realizó a finales de los años 90 (19981999) como vía alternativa “temporal” mientras se realizaban obras viales como los túneles, elevados y pasos a desnivel en las avenidas 27 de Febrero y John F. Kennedy, entre otras. Sin embargo, su utilidad ha resultado casi imprescindible. Incluso, se estima que entre el 5% y el 7% de los vehículos que circulan desde y hacia el Distrito Nacional lo hacen por esa vía de seis carriles (tres en ambas direcciones).

No hay muchos datos oficiales públicados sobre el costo de mantenimiento del puente, así como si es arrendado o si fue adquirido por el Estado. La empresa constructora Samuel Conde fue la encargada de su instalación y la inversión del Estado en ese momento fue de aproximadamente US$3.5 millones, según publicaciones. Sin embargo, los intentos por rehabilitar este puente o sustituirlo por otro, posiblemente basculante o elevadizo, se han quedado en anuncios, principalmente durante los últimos cinco años, cuando hasta licitaciones han sido convocadas con ese objetivo.

INVERSIONES Y ANUNCIOS

De acuerdo con estadísticas de la Dirección General de Presupuesto (Digepres), en 2013, tras casi 15 años de uso, el Gobierno destinó RD$7.1 millones para rehabilitación de esa estructura, pero la ejecución fue cero. Algo parecido ocurrió en 2019, cuando se le asignó una parti-

Asignaciones presupuestarias para rehabilitar y/o sustituir el puente flotante del río Ozama

PARA ESTE AÑO

«ASIGNACIÓN. En el presupuesto general de la nación correspondiente a este año el Gobierno consignó una nueva partida de RD$750 millones que serían usados para la "construcción del puente levadizo en sustitución del puete flotante sobre el río Ozama".

Sin embargo, en el presupuesto reformulado, recientemente aprobado, se decidió retirar esa partida y dejar para esos fines un monto asignado de apenas RD$11 millones. Aun así, al cierre de spetiembre de este año, esos RD$11 millones tampoco han sido ejecutados, lo cual indica que nuevamente se quedó para después ese proyecto. El presidente Luis Abinader anunció el pasado mes de agosto que habría una licitación para construir ese puente y que sería con los recursos de Aerodom, lo cual generó confusión, pues esos recursos fueron agotados por completo durante el año 2024, de acuerdo con lo que indican los reportes de ejecución presupuestaria de la Digepres.

«ALGUNOS INIDCADORES DEL FLOTANTE 50750.13.5

Aerodom. De los recursos aportados por Aerodom, el Gobierno tenía previsto invertir US$50 millones para un nuevo puente.

da de RD$150.1 millones para rehabilitarlo, pero finalmente solo se invirtieron RD$7.3 millones, de acuerdo con el informe de ejecución.

Asignación. Este año el Gobierno presupuestó RD$750.1 millones para cambiar el puente flotante, pero no se ejecutó.

Pero en las gestiones del presidente Luis Abinader es cuando se han hecho más anuncios de sustitución de este puente. En 2020 el Ministerio de Obras

Sin embargo, ese año se consignó una partida de RD$13.5 millones, posiblemente para los estudios de lugar, los cuales no se ejecutaron. Para el 2021 la asignación fue mayor, con RD$147.7 millones, que luego se destinaron para otros gastos y no para el fin mencionado. Durante el año 2022, siempre de acuerdo con la Digepres, el Gobienro invirtió RD$23.6 millones en trabajos de rehabilitación del puente flotante, un monto que inicialmente no estaba consignado en el presupuesto de ese año.

En tanto, durante el 2023 se consignaron RD$25.1 millones para realizar los estudios de factibilidad de una nueva estructura, de los cuales se ejecutaron RD$21.9 millones.

CON RECURSOS DE AERODOM

El 14 de noviembre de 2023 el presidente Luis Abinader anunció la extensión del contrato de arrendamiento de los aeropuertos del Estado por un período de 30 años adicionales, a contar desde el año 2030 cuando vence el vigente.

Entre los "beneficios" para el Estado sobre ese contrato se estableció un adelanto de parte de la empresa arrendataria (Aerodom) de US$775 millones, equivalentes a cerca de RD$44,000 millones.

El presidente dijo que esos recursos se utilizarían para ocho iniciativas de construcción específica, entre las cuales estaba la construcción de un nuevo puento para sustituir al flotante con una inversión de US$50 millones (RS$2,838.1 millones a la tasa de ese año).

Sin embargo, los recusos ingresaron, pero el Gobierno los destinó para otras iniciativas totalmente distintas a las que habían anunciado, lo cual ha generado críticas de parte de los partidos de la oposición.

De esa forma, las iniciativas para construir un puente sustituto del flotante quedaron nuevamente en anuncios.

Millones. Se estima que el puente flotante costó US$3.5 millones cuando fue instalado entre 1998 y 1999.

Públicas anunció que el puente flotante del Ozama sería sustituido por uno basculante y que la obra de construcción se iniciaría en 2021. Eso no ocurrió.

Pero los deseos se mantienen, pues en febrero de este año el Ministerio de Obras Públicas envió al Ministerio de Relaciones Esteriores los detalles de una convocatoria a licitación pública internacional, que fue socializada con los embajadores dominicanos fuera del país, a los fines de convocar a empresas interesadas en la construcción de un nuevo puente basculante que sustituiría al flotante, que lleva 27 años en operaciones, a pesar de que iba a ser "temporal". La licitación no se dio y ahora se planea convocar una nueva el año que viene.

Mariel Alcántara malcantara@eldinero.com.do Santo Domingo

Cada mañana, cuando el sol apenas ilumina las aguas del río Ozama, Ruddy Camacho se prepara para iniciar su jornada laboral. Desde hace más de veinte años se dedica a transportar personas en una pequeña yola de madera, cruzando a decenas de pasajeros que necesitan llegar a su trabajo, escuela o simplemente visitar a un familiar al otro lado.

Camacho es uno de los siete yoleros que operan en el sector El Dique, del ensanche Ozama, Santo Domingo Este, un medio de transporte que continúa siendo una necesidad para los residentes que no cuentan con alternativas más rápidas o económicas. “Empecé en esto por necesidad. Era limpiabotas y un amigo me ayudó con una yola”, recordó mientras secaba el sudor de su frente.

El trayecto puede parecer corto, apenas tres minutos de ida y tres de vuelta, pero para quienes lo utilizan a diario representa la forma más directa y asequible de cruzar el río Ozama sin depender del pesado tráfico. Utilizar vehículos convencionales les tomaría alrededor de 20 minutos.

Asimismo, Camacho conserva una memoria exacta del costo del pasaje. “En el 2002 el pasaje costaba RD$5. En el 2004 lo subimos a RD$10, en el 2005 a RD$20 y para el 2006 a RD$30.En la actualidad, cuesta RD$35”, puntualizó.

Concho en yola en el Ozama: solución desde la necesidad

Este medio de transporte es una vía económica y rápida para muchos ciudadanos

de transformar la ribera en un espacio seguro, ambientalmente sostenible y digno para las comunidades.

El proyecto incluye obras de urbanismo, infraestructura recreativa y deportiva, paisajismo, iluminación pública, adecuación de infraestructuras existentes y nuevos equipamientos para la zona.

La iniciativa contempla la creación de un plan municipal de saneamiento del río Ozama, que será ejecutado en coordinación con entidades gubernamentales como los ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud Pública, Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados y el Gabinete para la Rehabilitación de las cuencas Ozama e Isabela.

«EL 90% DE LOS RESIDUOS VAN AL MAR CARIBE

Aunque los precios han aumentado con los años, los usuarios consideran que sigue siendo una tarifa justa. “Este medio de transporte es muy importante porque uno se ahorra tiempo”, dijo Yensi Flores, residente del sector, quien lleva más de 20 años usando este medio de transporte.

JORNADA LABORAL

Las jornadas comienzan desde temprano en la mañana y pueden extenderse hasta las cuatro o cinco de la tarde. “A veces no da tiempo ni para almorzar bien”, dijo Camacho, quien asegura que, aunque el trabajo es duro, no lo cambiaría por otro. El esfuerzo de remar constantemente deja su huella en el cuerpo: los brazos duelen, las manos se agrietan y la espalda se resiente. Su necesidad de mantener a su familia lo motiva a continuar. “Este es mi trabajo, y con esto llevo comida a mi casa”, sustentó. Los días más productivos son los fines de semana, cuando el flujo de pasajeros aumen-

Contaminación. Los residuos plásticos que circulan sobre el cauce del río Ozama representan una contaminación directa al Mar Caribe, ya que este afluente transfiere entre un 40% y 90% de dichos desechos directamente a las costas, según una investigación realizada en 2023 por el Instituto Tecnológico de Santo

ta. En esas jornadas, el yolero puede ganar entre RD$800 y RD$900, mientras que entre semana sus ingresos bajan, dependiendo del movimiento de personas y las condiciones del clima.

RIESGOS

A pesar del valor que representa este servicio para la comunidad, los riesgos son evidentes. No existen chalecos salvavidas ni medidas de seguridad establecidas. “La medida que tenemos es que cuando una yola da problema, la cambiamos por otra”, admitió Camacho. El conocimiento del río y la experiencia acumulada son las únicas garantías de seguridad, tanto para los pasajeros como para los yoleros. Aun así, el servicio rara vez se detiene. Solo la crecida violenta del río o una

Domingo (Intec) y The Ocean Cleanup, quienes utilizaron una combinación de rastreadores satelitales y herramientas de inteligencia artificial. Los datos de este estudio destacaron la secuencia de la contaminación, los desechos plásticos flotantes se transfieren a través del canal cañada-río-mar. El

tormenta fuerte logran anclar las yolas a la orilla.

Lo que para los residentes de El Dique es una rutina necesaria, para los visitantes extranjeros es una curiosa atracción. Las características de la zona abren la curiosidad para el turismo. “Sí, los turistas vienen y se tiran fotos”, comentó Camacho con una sonrisa que mezcla orgullo y resignación. Mientras algunos visitantes ven el paisaje pintoresco del río, él ve su sustento diario, su lucha constante y la esperanza de que cada jornada termine sin incidentes.

DESAFÍOS

Pese a sus beneficios, el río Ozama enfrenta graves problemas que afectan tanto a los pasajeros como a los propios yoleros. La contaminación es el principal de ellos. Toneladas de

análisis basado en rastreadores arrojados en diferentes ubicaciones del río detectó la eficiencia del traslado de la basura. De este modo, calcularon que la transferencia directa de residuos desde las cañadas al río es de un 40%. Además, el estudio reveló que un 26% de los desechos llega desde la cañada directamente al mar.

basura, plásticos y residuos son arrastrados por el afluente cada día, generando un fuerte olor y convirtiendo el agua en un foco de enfermedades.

“La contaminación es lo único que me encuentro mal de esto”, expresó Yensi Flores, señalando la gran cantidad de desechos que flotan a diario cerca del embarcadero. A esta problemática se suman los barcos y escombros anclados en varios puntos del río.

La Unidad para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE), adscrita al Ministerio de la Presidencia, inició el proceso de licitación para la primera etapa del Proyecto de Recuperación del Margen Oriental del Río Ozama. Esta fase contempla la protección de los bordes del río y la estabilización de suelos, con el objetivo

También abarca sanciones a las empresas y personas que contaminen sus aguas, la promoción de programas educativos de concienciación ciudadana y la gestión de financiamiento sostenible a través de bonos verdes y mecanismos internacionales. La licitación anunciada por URBE para la recuperación del margen oriental de Las Lilas, Etapa I, tiene un presupuesto estimado de RD$455 millones.

PROYECTOS

Durante la gestión del expresidente Danilo Medina nació el proyecto “Domingo Savio”, que contemplaba el traslado de 1,727 familias de los sectores La Ciénaga y Los Guandules, las cuales se encontraban en condiciones vulnerables dentro de la franja de riesgo del río Ozama. La intervención fue retomada por el presidente Luis Abinader, quien en diciembre de 2023 inauguró el proyecto de intervención urbana Nuevo Domingo Savio, ubicado en la ribera oeste del mismo río. Como parte de esta iniciativa, se trasladaron aproximadamente 2,500 familias, para un total de 8,800 personas que habían vivido en zonas de alto riesgo debido a las constantes crecidas del río. Entre las principales característica del proyecto se encuentran el polideportivo y el parque La Ballena.

Entorno global desafiante y resiliencia económica

El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, ha admitido que este 2025 ha sido un año de desafíos y retos importantes, provenientes, en su mayoría, de un entorno internacional con alta complejidad.

Como en otras ocasiones, en consonancia con su afirmación, hemos enfrentado las adversidades con determinación, reafirmando la resiliencia de la economía dominicana y superando las dificultades. Queda claro, entonces, que el verdadero motor de nuestra economía

es su capital humano, partiendo la fuerza, el talento, el compromiso y la capacidad de innovar de los dominicanos.

República Dominicana ha mostrado una notable capacidad de adaptación ante choques externos en el orden comercial, condiciones financieras globales cambiantes y volatilidad de mercados. En este marco, el crédito accesible para empresas y hogares se mantiene como un ancla de estabilidad.

Según el Valdez Albizu, a la fecha se han colocado recursos

por valor de RD$66,000 millones de los RD$81,000 millones aprobados por la Junta Monetaria, una señal de que la política macroprudencial se traduce en oportunidades reales para la economía.

La estabilidad de precios, con una inflación interanual a septiembre de 3.76% y permanecer en el rango meta de 4.0% ± 1.0% durante los últimos 29 meses, acompaña la confianza de consumidores y empresarios. En paralelo, el PIB real acumula un crecimiento de 2.2% en enero–septiembre de

Según la información recopilada, el Banco Central dominicano, junto con el Ministerio de Hacienda y Economía, ha enviado al Poder Ejecutivo un anteproyecto de ley que busca regular a las cooperativas del país que, a decir de esas instituciones, realizan actividades de intermediación financiera. En virtud de este anteproyecto de marras, las organizaciones cooperativistas que captan recursos del públi-

2025, alentando a sectores estratégicos como la manufactura, que crece 1.7%, y las zonas francas, con 1.8% de expansión.

El turismo sigue dando muestras de que es un pilar de la economía. En enero-septiembre se recibieron 8.6 millones de visitantes e ingresos por US$8,500 millones. Por el lado de las remesas, el total llegó a US$8,900 millones.

Las exportaciones alcanzaron los US$11.6 mil millones entre enero y septiembre y la inversión extranjera directa to-

talizó los US$4,000 millones en ese periodo y podría superar US$4,800 millones al cierre de 2025, suficiente para cubrir un déficit de cuenta corriente estimado en 2.5% del PIB.

Lo que sí se nota, a pesar de la resiliencia, es que el crecimiento ha sido revisado a la baja en este año, lo cual, para ser transparente, es lo prudente. Es un imperativo seguir fortaleciendo la educación, la innovación, la inversión privada responsable y la colaboración público-privada para consolidar un crecimiento inclusivo y sostenible.

La regulación de las cooperativas: algunas reflexiones

co -cooperativas de ahorro y crédito- seían reguladas por la Superintendencia de Bancos, en tanto que las demás continuarán bajo la vigilancia del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop).

Esta iniciativa no es nueva, y no solo responde a los recurrentes pedimentos del Fondo Monetario Internacional (FMI), sino a la necesidad de ampliar y fortalecer el marco regulatorio de un sector que ha crecido de manera importante durante los últimos 20 años, tanto en tamaño de su cartera como en la cantidad de activos que posee.

Sin embargo, conviene realizar algunas reflexiones sobre el modelo cooperativo que ha sido, según algunos datos estadísticos e informaciones sobre su desempeño, un éxito en el mundo y en la región latinoamericana. En efecto, según la

CARTA AL DIRECTOR

Alianza Cooperativa Internacional (ACI) “más del 12% de la población mundial es cooperativista de algunas de los tres millones de cooperativas del plantea, que generan ingresos aproximados por el orden de los 2,14 billones de dólares, al tiempo que suministran bienes y servicios y las infraestructuras que se necesita para prosperar”. Por demás, las cooperativas un componente esencial del sistema financiero y productivo de las economías latinoamericanas. Su función trasciende la simple intermediación económica: promueven la inclusión financiera, fortalecen el tejido social y estimulan el desarrollo local a partir de la participación solidaria de sus socios. En la República Dominicana, este modelo ha demostrado ser una herramienta eficaz para democratizar el acceso al crédito,

jseverino@eldinero.com.do

Citi anuncia apoyo a entidades

Señor director, informamos que la Fundación Citi seleccionó las 50 organizaciones comunitarias alrededor del mundo para recibir cada una US$500,000 en apoyo financiero como parte del Global Innovation Challenge 2025. Con este respaldo, las organizaciones impulsarán soluciones innovadoras de empleo para jóvenes de bajos ingresos. En Citi, estamos comprometidos con el progreso del país y el futuro de su juventud. Por ello, nos complace llevar nuestra exitosa alianza con The Trust for the Americas a un nuevo nivel. Con este innovador pro-

grama, no solo construiremos sobre los éxitos del pasado, sino que abriremos nuevas puertas para que la juventud dominicana prospere en la economía moderna. Estamos convencidos de que esta evolución de nuestra colaboración fortalecerá aún más el tejido económico y social de nuestras comunidades.

fomentar el ahorro responsable y generar bienestar en comunidades tradicionalmente excluidas del sistema bancario tradicional. Por ejemplo, solo las cooperativas agrupadas en la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (AIRAC) poseían, a junio de 2025, activos superiores a los 186 mil millones de pesos, y una cartera de crédito por encima de los 134 mil millones de pesos. Sin embargo, el crecimiento sostenido de las cooperativas de ahorro y crédito a nivel nacional exige una supervisión más técnica, transparente y equilibrada, no solo para garantizar la estabilidad del sistema cooperativo, sino también para proteger a los socios y vinculados. Y, en ese contexto, debe quedar claro que no debe ponerse en juego la autonomía del movimiento

La credibilidad del Metro a Los Alcarrizos

La línea 2C del Metro de Santo Domingo ha sido noticia por reiterados incidentes de terminación que plantean cuestionamientos sobre la calidad de la obra. Esta realidad, que se ha convertido en una constante de la última etapa

cooperativo, sino establecer un marco normativo que preserve su esencia solidaria mientras asegura el cumplimiento de estándares prudenciales, financieros y de gobernanza. En conclusión, es indispensable que, para el conocimiento y aprobación de este importante anteproyecto, haya una estrecha colaboración entre el Estado y las organizaciones cooperativas, de forma que lo que se apruebe en el Congreso de la República no sea lesivo a los miles de socios que forman parte del movimiento cooperativo a todo lo largo y ancho del territorio nacional. La regulación más efectiva no es la que se impone de manera vertical, sino la que se construye mediante el diálogo, la concertación y la corresponsabilidad.

ELAUTORESECONOMISTA

de su ejecución, no debe reducirse a una serie de episodios aislados. Más bien, es una señal de alerta respecto a la calidad. La confianza se construye con credibilidad. Ha de suponerse que no tiene problemas estructurales, pero con tantas denuncias cualquiera duda. Otro aspecto a considerar es que esta obra tiene atraso en su cronograma de ejecución, lo cual se convierte en una variable negativa. Si bien es una obra que genera incertidumbre, por todo lo que ha pasado con ella, tocará a las autoridades dar toda la información técnica pertinente para que goce de la confianza que necesitan los usuarios para su utilización.

LA ESCUELA ECONÓMICA

Esteban Delgado edelgadoq@gmail.com

¿Trabajo en suspensión laboral lleva pago extra? No. ¿Por qué?

El reciente paso de la tormenta tropical Melissa por República Dominicana motivó al Gobierno a disponer la suspensión de labores en las provincias y demarcaciones en alerta roja, con algunas excepciones, aunque sí para la mayoría de las actividades económicas privadas.

Pero las resoluciones emitidas al respecto por el Ministerio de Trabajo generaron confusión e interpretaciones diversas entre empleadores y empleados. Un caso destacado fue el de los trabajadores de “call centrers” (centros de llamadas), un sector amparado en el régimen de zonas francas que, por sus características, trabaja 24/7, es decir, todo el tiempo.

Muchos trabajadores se quejaron porque decían que, si se suspenden las labores a partir del mediodía o durante un día completo, entonces tendrían que recibir el pago doble de las horas trabajadas dentro de la suspensión, como ocurre con los días feriados o no laborales establecidos por ley, de acuerdo con lo establecido por el Código de Trabajo vigente (Ley 16-92).

Incluso, algunos empleadores de esas y otras empresas debieron hacer consultas con expertos en derecho laboral para ver qué hacer en ese tipo de situación, debido a que la suspensión de labores no fue por un día feriado o no laborable, sino por una disposición administrativa.

La realidad es que, en caso de suspensión administrativa dispuesta por el Gobierno, se da el caso de que el empleado no está obligado a ir a trabajar en las horas de suspensión; sin embargo, el empleador tampoco está obligado a pagar por esas horas dejadas de laborar.

Lo anterior indica que, si el empleador le pide al trabajador que asista a laborar en esas horas de suspensión, el trabajador bien puede negarse; pero si se niega, el empleador bien puede descontarle esas horas dejadas de asistir, pues la suspensión aplica para el empleado en igualdad de condiciones que para el empleador.

Eso se torna diferente cuando se trata de un día no laborable establecido por ley, como los llamados días feriados o el domingo que, en el Código de Trabajo vigente, se computa como no laborale (en la reforma que se conoce en el Congreso, el domingo pasará a ser un día cualquiera, por lo que no se considerará no laborable).

Entonces, en esos casos de días no laborales por ley, el empleado debe pagarle las horas trabajadas al trabajador con un recargo de 100% sobre su salario re-

gular, es decir, el doble del valor de cada hora en condiciones normales.

En el caso de la suspensión administrativa de labores por parte del Gobierno, la medida afecta por igual a trabajadores y empleadores. Esto es, si bien como empleador no estoy obligado a exigir a mi empleado que venga a trabajar, tampoco estoy obligado a pagarle esas horas libre, porque no soy yo quien estoy disponiendo el cierre de labores, sino que es una imposición del Gobierno, aun cuando mi empresa no ha sufrido ningún tipo de impedimento para abrir.

Sin embargo, es bueno tomar en cuenta que la mayoría de las empresas que se acogieron la suspensión de labores, por no decir todas, les van a pagar a sus empleados el salario regular, sin el descuento de las horas que duraron en suspensión, lo cual es digno de reconocer entre la clase empresarial dominicana.

La opción de no pagar esas horas se presenta si, en los casos de empresas que no pueden paralizar sus labores por el tipo de función que realizan, reciben la resistencia de sus empleados a cumplir el horario completo, amparándose en la suspensión dispuesta.

Lo que sí debe ocurrir en lo adelante es que, cuando el Gobierno se vea en la necesidad de suspender labores de manera administrativa, el Ministerio de Trabajo debe especificar con claridad esa parte, de que el empleado no está obligado a trabajar en esas horas, pero el empleador no está obligado a pagar por esas horas dejadas de trabajar.

Esto así, porque el Ministerio de Trabajo posiblemente no está en capacidad de enumerar en una resolución todas y cada una de las empresas con características productivas de permanencia, es decir, que no pueden parar sus labores, pero sí puede hacer las aclaraciones de lugar para evitar confusiones, tanto de empleados como de empleadores. Puede parecer injusto, pero es parte de la equidad en la condición de empleado y de empleador.

ECONOLEGALES

Jaime M. Senior Fernández jsenior@headrick.com.do

Sistema de pagos instantáneos: ¿avance o recentralización?

El nuevo Reglamento de Sistemas de Pago aprobado por la Junta Monetaria introduce una transformación en la arquitectura de pagos de la República Dominicana. Bajo la apariencia de modernización y eficiencia, el texto establece al Banco Central (BC) como operador exclusivo del Sistema de Gestión de Pagos Instantáneos (SGPI). Esta decisión, aunque busca garantizar seguridad y estabilidad, marca un cambio de paradigma que puede limitar la innovación y la competencia en el ecosistema financiero.

El reglamento de 2021 había permitido un entorno más abierto y colaborativo, donde los participantes, esencialmente bancos, adquirentes, fintechs y emisores, podían interoperar mediante diferentes plataformas bajo estándares comunes. La versión reformada rompe con ese espíritu, centralizando toda la operación en un sistema único, controlado directamente por el BC. Esto equivale a cerrar la puerta a operadores privados que podrían ofrecer soluciones más ágiles o especializadas.

La justificación oficial es que el control total del SGPI fortalece la confianza y reduce los riesgos sistémicos. Pero esta concentración también traslada todo el riesgo operacional y tecnológico al propio BC. Un fallo en la infraestructura del SGPI tendría repercusiones inmediatas en todo el sistema financiero, sin mecanismos de contingencia alternos. La resiliencia del ecosistema se debilita con un solo operador.

Otro aspecto preocupante es la obligatoriedad de adscripción al sistema para bancos, emisores de dinero electrónico, adquirentes y subadquirentes. Bajo la nueva regulación, ninguna entidad puede ofrecer pagos instantáneos

OBSERVACIONES

Efuera del SGPI. Este enfoque, aunque favorece la interoperabilidad técnica, reduce la competencia y convierte al BC en árbitro y jugador a la vez. La frontera entre la supervisión y la operación se vuelve difusa, a pesar de los esfuerzos del texto por separarlas formalmente. El reglamento también otorga al BC la facultad de fijar tarifas por los servicios de liquidación del sistema. Si bien la medida se presenta como una forma de transparentar costos, en la práctica convierte al regulador en un actor económico, capaz de influir en los precios de los pagos digitales.

Asimismo, los requisitos técnicos y de ciberseguridad que impone la norma son exigentes y costosos, especialmente para los nuevos participantes. Aunque la intención es garantizar la estabilidad, el efecto podría ser excluyente: las empresas emergentes enfrentarán mayores barreras de entrada, justo cuando la innovación dominicana en pagos digitales comenzaba a despegar. El nuevo reglamento avanza en materia de estandarización, pero retrocede en diversidad y competencia. Al sustituir un ecosistema plural por una estructura centralizada, el país corre el riesgo de frenar el dinamismo que había caracterizado al sector. La seguridad no debería lograrse sacrificando la innovación ni la competitividad.

En definitiva, el nuevo SGPI es un paso importante, pero no exento de riesgos. La modernización del sistema de pagos no puede basarse solo en control institucional, sino en un equilibrio real entre supervisión, competencia e innovación. De lo contrario, la eficiencia técnica podría lograrse a costa del progreso del propio mercado.

ELAUTORESABOGADO

El cuidado estatal y el individual

s lógico y bien sabido que el Estado está en la responsabilidad de cuidadar a los ciudadanos, en materia de salud, educación, seguridad coidadana, protección social, etcétera.

También se sabe que el Estado no es del todo efectivo en ese deber, además de que su responsabilidad debe ir acompañada de la cuota de los ciudadanos en cuanto a su colaboración cívica para que esto se logre.

Ahí hay un detalle que muchas veces se pierde de vista. Cada vez que ocurre

una tragedia surgen los comentarios de "hacedores de opinión" sobre la necesidad de que el Estado aplique tales o cuales medidas en procura de mejorar su gestión y evitar cosas que, en ocasiones, escapan de su control. El cuidado no es solo una responsabilidad estatal; también pesa sobre el propio individuo. Es verdad que no debemos quinarte al Estado su responsabilidad, pero los ciudadanos deben cooperar cuidándose a sí mismos y evigando trabas a la labor estatal.

Nómina pública crece con más empleados y mayores sueldos

Entre 2015 y 2024, el Estado aumentó en 121% las partidas para remuneraciones, pero bajaron como % del gasto total

Joan Sebastián Vallejo jvallejo@eldinero.com.do Santo Domingo

Para una amplia generación, o incluso para ciertos estratos sociales dominicanos, aspirar a un puesto en el sector público no solo constituye una meta profesional, sino también una especie de seguro de estabilidad y mejor estilo de vida, con todo lo que esa etiqueta conlleva. Lejos de ser un simple “mito social”, esta percepción encuentra respaldo en estudios y datos oficiales que evidencian cómo, en muchos casos, los rangos salariales y beneficios del Estado superan a los del sector privado en posiciones de responsabilidades similares.

Una publicación de lo que fue el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), titulada Índice de calidad del empleo de República Dominicana, explica que los trabajadores públicos disfrutan de mejores condiciones laborales frente al personal corporativo. El informe confirma que estos tienen mayores ingresos, estabilidad, seguridad social y contratos más formales, además de jornadas más equilibradas. En contraste, los asalariados privados suelen enfrentar mayor inestabilidad, más horas de trabajo y menores niveles de protección social, aunque muestran un ligero mejor desempeño en beneficios sociolaborales. En conjunto, las cifras ratifican una brecha significativa entre ambos sectores, en la que el empleo público se mantiene como el más ventajoso. Ante esa realidad, no es de extrañar que, en la última década, la cantidad de empleados del sector público dominicano aumentó de 489,450 a 740,332, lo que equivale a un incremento absoluto de 250,882 servidores públicos y un crecimiento

VARIACIONES DE LOS MONTOS CON BASE EN CANTIDAD DE EMPLEOS

«GASTO. Entre 2015 y 2019, el gasto público mostró crecimiento tanto en corriente como en el gasto total. El gasto corriente aumentó de RD$431,458.3 millones en 2015 a RD$641,268.5 millones en 2019, mientras que el gasto total pasó de RD$517,765.2 millones a RD$744,267.1 millones en el mismo período. Cada año se observa un incremento progresivo: en 2016, el gasto corriente fue de RD$471,242.0 millones frente a un total de RD$561,995.7 millones; en 2017, alcanzó RD$498,176.4 millones y un gasto total de RD$612,330.5 millones; en 2018,

del 51.3% en casi 10 años. De hecho, las instituciones centralizadas y descentralizadas concentran una tercera parte de todos los empleados formales. En otras palabras, el Estado emplea el 30%, o 3 de cada 10, trabajadores formales. Si bien a simple vista parece una noticia “positiva”, desde el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees) han explicado a elDinero que este incremento tiene un “alto costo” que recae sobre los recursos de los contribuyentes. “Cada peso que el Estado destina a aumentar el empleo público es un

el componente corriente se situó en RD$580,209.5 millones con un gasto total de RD$685,335.6 millones.

El gasto corriente en 2020 registró RD$314,350.3 millones, mien-

peso que no puede ser invertido en sectores más productivos de la economía”, destacan. Este aumento en la nómina estatal se ha reflejado también en las cifras presupuestarias. El gasto en remuneraciones, es decir, sueldos y salarios, pasó de RD$152,952.7 millones en 2015 a RD$338,305.9 millones en 2024, para un incremento neto de RD$185,353.2 millones, equivalente a un crecimiento del 121.2%. Para este 2025 hay presupuestados RD$354,874.2 millones y para el 2026 el panorama luce similar. De acuerdo con el proyecto

tras que el gasto total ascendió a RD$973,062.1 millones. En 2021, el gasto corriente subió a RD$861,921.8 millones y el gasto total fue de RD$985,407.5 millones. En 2022, los números continuaron en aumento, con RD$1,013,852.7 millones en gasto corriente y RD$1,173,736.7 millones en gasto total. Para 2023, el gasto corriente se ubicó en RD$1,098,946.0 millones y el gasto total en RD$1,279,237.2 millones, mientras que en 2024, estos valores fueron de RD$1,259,828.6 millones y RD$1,446,490.2 millones, respectivamente.

de Ley de Presupuesto General del Estado depositado en el Congreso Nacional, el mayor gasto del Gobierno dominicano en 2026 correspondería a las remuneraciones a empleados públicos, que representarían el 23.2% del total, equivalente a RD$376,964 millones. Desde el Crees enfatizan que “un Estado que crece desmedidamente no solo incrementa el gasto público, sino que también limita las oportunidades de empleo productivo y frena la capacidad económica para generar riqueza”. Al absorber una mayor cantidad de recursos, afir-

«EN CIFRAS

740,332

Empleados. Los empleados públicos en República Dominicana ascienden a 740,332 en 2025, según las cifras oficiales.

354,874

Presupuesto. Para 2025, se tiene presupuestado RD$354,874 millones en remuneraciones, es decir, sueldos y salarios.

man, el Gobierno desplaza al sector privado, considerado “el verdadero motor del desarrollo económico”, creando así una dependencia creciente del gasto estatal y obstaculizando un entorno propicio para la inversión y la innovación. Esta realidad se constata en el gasto de capital, o en palabras simples: las obras y construcciones como carreteras, entre otras. Este indicador, que refleja la inversión pública en infraestructura y proyectos de desarrollo, mostró un ritmo de crecimiento más moderado: pasó de RD$86,306.9 millones en 2015 a RD$186,661.6 millo-

nes en 2024, lo que representa un aumento de RD$100,354.7 millones y un crecimiento relativo del 116.3%. Aunque la inversión en capital creció en términos absolutos, su peso dentro del gasto total disminuyó en comparación con el gasto corriente, lo que muestra una estructura fiscal cada vez más inclinada hacia el sostenimiento de la nómina y menos hacia la inversión productiva.

EN DETALLE

En los últimos nueve años, el gasto público dominicano ha mostrado un crecimiento sostenido de las remuneraciones, reflejo del aumento de empleados en el sector público y de la expansión de la nómina estatal. Aunque las remuneraciones pasaron de representar aproximadamente 27.5% del gasto total a 23.4% entre 2015 y 2024, el monto destinado para el pago de salario pasó de RD$152,952.7 millones a RD$338,305.9 millones para un incremento neto de RD$185,353.2 millones.

Los datos muestran un incremento absoluto significativo, pero también una disminución relativa frente al crecimiento general del presupuesto. Este periodo revela cómo el gasto corriente, especialmente en sueldos y salarios, ha absorbido gran parte de los recursos del Estado.

Durante el primer lustro (2015–2019), las remuneraciones representaron en promedio el 27.5% del gasto total, mientras que en el segundo (2020–2024) bajaron al 23.4%, evidenciando que, aunque el monto destinado a salarios creció significativamente, el gasto total lo hizo en mayor proporción. Año a año, este porcentaje fue de 29.54% en 2015, 26.85% en 2016, 27.10% en 2017, 27.53% en 2018 y 27.36% en 2019. En promedio, fue 27.48% del gasto total. En el período 2020–2024, la participación de las remuneraciones sobre el gasto total disminuyó, situándose en un promedio de 23.39%. Específicamente, el porcentaje fue de 22.18% en 2020, 23.97% en 2021, 23.58% en 2022, 23.81% en 2023 y 23.39% en 2024.

En palabras más simples, entre 2020 y 2024, el gasto en remuneraciones del sector público aumentó en RD$122,470 millones, lo que representa un incremento del 56.7% respecto al período anterior. Este crecimiento absoluto y porcentual refleja una expansión más pronunciada del gasto en sueldos y salarios, incluso más “llamati-

De acuerdo con cifras oficiales, tres de cada 10 empleos foramles son generados por el Estado.

Últimas

dos décadas

“

El crecimiento del empleo público en República Dominicana ha sido constante en las últimas dos décadas, aumentando 2.3 veces desde 2008, según cifras oficiales”.

MIGUEL COLLADODI FRANCO VICEPRESIDENTE EJEC. CREES.

Esfuerzo en sectores clave

El gobierno del presidente Abinader ha demostrado ser el más prudente y responsable en el manejo de la nómina pública, enfocando sus esfuerzos en sectores clave de la sociedad”.

SIGMUND FREUND MINISTRODE ADM. PÚBLICA

una mirada. En la última década, el gasto mensual promedio en sueldos y salarios del sector público dominicano mostró una tendencia creciente, aunque con algunas variaciones. En 2015 se situó en RD$12,746.1 millones, registrando una ligera disminución de 1.36% al año siguiente, cuando fue de RD$12,575 millones. A partir de 2017 comenzó un crecimiento sostenido: 11.28% en 2017 (RD$13,990.9 millones), 12.3% en 2018 (RD$15,720 millones) y 7.97% en 2019 (RD$16,970 millones). El ritmo se moderó entre 2019 y 2020, con un aumento de 5.99% hasta RD$17,986 millones, pero volvió a acelerarse en 2021 con 9.46% (RD$19,684 millones). Los incrementos más destacados se registraron entre 2021 y 2022, con un salto de 17.18% hasta RD$23,066.9 millones, seguido por 10% en 2023 (RD$25,378 millones) y 11.1% en 2024 (RD$28,192 millones).

INVERSIÓN

Al observar el gasto de capital, el indicador más directo de la inversión pública pasó de representar el 16.1% del gasto total en promedio entre 2015 y 2019 a solo 12.9% entre 2020 y 2024. Entre 2015 y 2025, el gasto de capital del gobierno dominicano mostró un crecimiento en términos absolutos, pasando de RD$86,306.9 millones en 2015 a RD$186,661.6 millones en 2024. Sin embargo, su peso relativo dentro del gasto total disminuyó de 16.67% en 2015 a 12.90% en 2024. Esto implica una reducción de 3.2 puntos porcentuales en su participación.

va” que la registrada entre 2015 y 2019, cuando el aumento fue de RD$50,693 millones, equivalente a un 33.1%.

Sin embargo, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, ha sostenido que durante la gestión del presidente Luis Abinader el incremento de la nómina pública ha sido “moderado”. Señala que el número de empleados públicos creció en 63,373 personas en-

tre 2020 y 2024, un aumento del 11.41%, lo que consideró menor que los incrementos de gestiones anteriores: 31.44% entre 2008–2012, 39.83% entre 2012–2016 y 25.18% entre 2016–2020.

Al contrastar los números, los datos sugieren que, aunque la nómina en términos de cantidad de empleados creció menos que en gobiernos anteriores, el gasto total en remuneraciones

pudo haber crecido de manera más acelerada. Esto podría también sugerir que el aumento no solo responde al incremento de personal, sino también a mayores salarios promedio y ajustes en los niveles salariales existentes. En otras palabras, la administración de Luis Abinader ha sumado menos empleados que gobiernos pasados, pero ha destinado más recursos a la nómina. Los datos ofrecen

Los datos sugieren que el crecimiento del presupuesto general superó al ritmo de la inversión en infraestructura y proyectos de desarrollo. Durante este período, 2017 se destacó por registrar la mayor proporción de capital sobre el gasto total (18.64%), mientras que 2024 alcanzó el mayor monto nominal. Los datos parciales de 2025 muestran un porcentaje de 9.63%, aunque corresponde solo a enero-agosto y no refleja el año completo, muestran una tendencia de menor participación relativa del gasto de capital frente al gasto corriente y las remuneraciones.

Para el 2026, el panorama luce similar. Los gastos de capital representarían el 13.3%, “lo que sugiere que una porción relativamente pequeña del presupuesto se orienta a la creación de infraestructura o activos”, señalan desde el Crees.

Danielis Fermín dfermin@eldinero.com.do Santo Domingo

Las cooperativas son la tercera economía del país. Así las define Maritza López de Ortiz, presidente administrativa del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), al señalar la necesidad de aumentar la creación de cooperativas orientadas a la producción y reducir las dedicadas a ahorros y créditos.

Durante una entrevista con elDinero, López de Ortiz indicó que, al momento de asumir la posición, se encontraban registradas 2,400 cooperativas. Sin embargo, la entidad reguladora realizó un censo en el que se identificaron unas 2,529 cooperativas incorporadas, de las cuales unas 518 no fueron localizadas, un 20.5%.

La funcionaria aclaró que la “no localización puede deberse a que están en una carpeta, a que se han mudado y no nos notificaron, a que fueron incorporadas y no funcionan, o sea, puede haber múltiples razones por las que no se localizaron”.

El sector agrupa a más de 2.2 millones de asociados, lo que equivale a más del 20% de la población. Las cooperativas cuentan con activos de más de RD$400,000 millones, siendo CoopMaimón, según López, una de las más grandes, con RD$37,000 millones.

Al referirse a la creación de cooperativas, destacó que es necesario fortalecer las que existen actualmente y promover la creación de cooperativas especializadas. Uno de los aspectos que identificaron en el censo es que muchas personas iniciaron el proyecto de la cooperativa, pero, por falta de recursos, no pudieron darle curso.

“Creo que hay que fortalecer lo que tenemos en lugar de seguir creando más, porque no tiene sentido tener tantas cooperativas que, hasta cierto punto, ponen en riesgo el mismo sector”, aseguró la funcionaria, al destacar que es necesario limitar la creación de cooperativas de ahorros y crédito, “que son las más riesgosas”.

Sin embargo, resaltó que lo ideal sería crear cooperativas para incentivar la producción.

“Por ejemplo, si se reúne la gente, por decir, de un pueblo como Sánchez, que produce coco, pues quieren hacer una pequeña fábrica de dulce de coco”.

REGULACIÓN

Sobre la posible creación de una superintendencia que gestione las cooperativas, la presidenta administrativa del Ide-

Idecoop aboga por creación cooperativas de producción

La presidenta administrativa destacó que existen más de 2,500 cooperativas

62 ANIVERSARIO

El Idecoop. El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) celebró su 62 aniversario, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento del cooperativismo y el desarrollo integral de las comunidades en todo el país. Durante una eucaristía, López de Ortiz habló sobre los avances institucionales y reafirmó el compromiso del organismo con el movimiento cooperativo nacional. La funcionaria expresó que, a lo largo de este primer año de

coop destacó que ha sido una “idea” que se ha recomendado en varias ocasiones. Sin embargo, aseguró que el Gobierno no tiene “ánimos” de crear otra superintendencia.

“Por primera vez, en Idecoop se sentaron todos los grupos del sector a discutir un proyecto de ley que tiene 21 años ya en discusión. Y, en ese proyecto de ley, no se habla de superintendencia, se habla de una dirección de cooperativas, con un nombre que es Digecoop”, aseguró, al destacar que entregarían un proyecto a la Consultoría Jurídica.

“La meta es que nosotros tengamos un órgano regulador fuerte, como el que debió haber existido hace muchos años”,

gestión, la institución ha asumido con responsabilidad el desafío de modernizar, transparentar y eficientizar sus procesos, construyendo un Idecoop más ético, moderno y cercano a la gente. Recordó las palabras del presidente Luis Abinader, quien ha manifestado que “las cooperativas son empresas más justas y sostenibles”, asegurando que bajo esa visión el Idecoop continuará trabajando para generar bienestar y empleos.

afirmó López, al indicar que su misión es “ayudar a tener un sector saneado y fuerte”, cuya estructura evite “incidentes en nuestras cooperativas”.

PREVENCIÓN

De acuerdo con López, han implementado un sistema de gestión mediante el cual dan seguimiento a las operaciones de las cooperativas. Además de salvaguardar los recursos, procuran monitorear los movimientos para evitar el lavado de activos. “Estamos de manera progresiva, porque eso comenzó no hace mucho, sumando más y más cooperativas”. Además, como parte de las innovaciones implementadas desde el Idecoop, se imple-

«DATOS

2.2

Asociados. El sector agrupa a más de 2.2 millones de asociados, más del 20% de la población.

2,529

Cooperativas. De acuerdo con el Idecoop, existen unas 2,529 cooperativas incorporadas.

mentará un registro único de cooperativas. “Un sello con un número único que estará en sus documentos y también visible en cada uno de sus locales”, donde, a través de un código QR, los usuarios podrán obtener toda la información sobre la entidad.

“Tenemos muchos planes para seguir avanzando y, sobre todo, para seguir monitoreando nuestras cooperativas para que todo el sistema esté saneado”, afirmó López de Ortiz.

El apoyo de la tecnología es clave para que el Idecoop pueda fiscalizar y evitar situaciones que pongan en riesgo la permanencia del sector cooperativo.

“El módulo AT, que ya está en prueba, significa alerta tempra-

na. O sea, que con ese módulo nosotros vamos a monitorear los estados financieros, la balanza de comprobación que manda la cooperativa, y ahí nos vamos a dar cuenta”.

Agregó que “eso nos va a permitir ir, como dice un viejo refrán, curando en salud la situación para que no llegue a convertirse en un problema”. Asimismo, trabajan para prevenir el lavado de activos. “Tenemos ahora mismo dos modalidades: in situ y ex situ”, ya que cuentan con un programa de fiscalización en el que personal del Idecoop va y evalúa las operaciones.

También tienen conectadas cerca de 300 cooperativas a un sistema donado por la Confederación Alemana de Cooperativas, donde se monitorea para prevenir el lavado de activos.

Como parte de las acciones desarrolladas desde Idecoop, destaca la integración de la institución, que actualmente es miembro de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) y de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC).

La institución, que tiene más de seis décadas de labor, cuenta con programas de capacitación, asesoría técnica y apoyo financiero a las cooperativas.

Lidia Ureña Gerente de Regulación

De forma usual, al hablar de lavado de activos, la mayoría de las personas piensa en narcotráfico o corrupción. Y no es casualidad: la Evaluación Nacional de Riesgos 2024 confirma que ambos siguen siendo los delitos con mayor nivel de amenaza en República Dominicana.

Pero el blanqueo de capitales no solo nace en el crimen organizado. También prospera cuando se deja pasar lo indebido y se justifica lo incorrecto, como si los ciudadanos hubiésemos perdido la capacidad de asombro o de rechazo.

La Ley 155-17, sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, recuerda que detrás de cada operación de lavado hay una conducta ilícita previa. También, que esas conductas no siempre provienen del crimen organizado o de grandes escándalos, también de prácticas cotidianas que generan dinero que luego busca legitimarse.

Un delito precedente es toda actividad ilícita que produce beneficios económicos susceptibles de ser “lavados” para aparentar legalidad.

El Artículo 3 de la Ley 15517 enumera más de 30 de ellos, entre los que se encuentran: el tráfico ilícito de drogas, cualquier infracción relacionada con el terrorismo y su financiamiento, la trata y el tráfico de personas, el tráfico ilícito de armas, el secuestro, la extorsión, la corrupción y el soborno, el fraude financiero, el tráfico de órganos, el tráfico de bienes culturales, la falsificación de monedas, el contrabando, el delito tributario, los delitos de medio ambiente, la piratería, el fraude en el comercio, la estafa, el abuso de confianza, los delitos informáticos, entre otros.

Este catálogo, alineado con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), deja una verdad clara: el lavado no depende del tamaño del delito, sino de su origen. Y nos invita a mirar con atención las conductas que muchas veces se justifican, se minimizan o se ignoran, aunque tengan un costo profundo sobre la economía, la confianza y el tejido social.

Hay delitos que conocemos, pero que no asociamos al lavado de activos. En la práctica, muchos delitos precedentes se

[Cumplir la ley: conciencia ciudadana, más que obligación

gestan en silencio. No llenan titulares ni despiertan indignación, pero generan recursos ilícitos que terminan circulando en la economía formal. Fraude financiero. Abarca desde la falsificación de registros contables y la alteración de balances hasta la captación irregular de fondos del público o la simulación de inversiones inexistentes. En todos los casos, se distorsiona la realidad para obtener ventajas indebidas o aparentar solvencia.

Delito de medio ambiente. Incluye la explotación ilegal de recursos naturales, el tráfico de especies protegidas, la tala indiscriminada o el vertido de desechos contaminantes. Delito tributario. implica ocultar o falsear información fiscal para evadir impuestos. Genera ganancias ilícitas que se insertan en la economía formal, afectando la recaudación en República Dominicana. Contrabando. Consiste en

el ingreso, salida o comercialización de mercancías fuera de los canales legales o sin cumplir controles aduaneros. Más allá del perjuicio fiscal, distorsiona la competencia y alimenta flujos ilícitos difíciles de rastrear. Piratería. la reproducción y comercialización de bienes falsificados se percibe a menudo como una simple forma de ahorro. Sin embargo, constituye un delito que afecta la propiedad intelectual y desplaza empleos formales.

Trata y tráfico de personas. Estas actividades ilegales generan beneficios económicos mediante la explotación laboral o sexual de seres humanos. Además de su impacto económico, representa una herida profunda a la dignidad humana. Extinción de dominio. Los bienes ilícitos tampoco están a salvo. A veces se piensa que, si un delito precedente no se prueba o no concluye en condena penal, los bienes obtenidos

de forma ilícita quedan fuera del alcance de la justicia, pero no es así.

La Ley 340-22 sobre Extinción de Dominio permite al Estado decomisar o recuperar los bienes cuyo origen no pueda justificarse de manera lícita, aun cuando la persona no haya sido condenada penalmente.

Se trata de un proceso civil, independiente del juicio penal, que busca impedir que quien se beneficie de actividades ilícitas consolide ese patrimonio como si fuera legítimo.

Esta normativa complementa a la Ley 155-17 y cierra el paso a la impunidad patrimonial, reforzando el principio de que ningún beneficio ilícito puede considerarse seguro.

CUMPLIR LA LEY

La forma más elemental de servir al país es cumplir la ley.

La Evaluación Nacional de Riesgos 2024 mostró avances institucionales y una mayor

madurez en el sistema de prevención. Pero también recordó algo esencial: la efectividad de las leyes depende de la coherencia social.

Cuando la ciudadanía justifica o ignora ciertas conductas ilícitas, se debilita la legitimidad de los controles y se amplían los espacios de riesgo. Construir una cultura de integridad no es tarea exclusiva de los sujetos obligados ni de las autoridades competentes; es un propósito nacional.

Cada persona que decide actuar conforme a la ley, declarando ingresos, rechazando sobornos o exigiendo transparencia, fortalece la confianza en las instituciones y contribuye a un país más justo y confiable. Las leyes 155-17 y 340-22 son herramientas complementarias para blindar la economía formal, pero su verdadero impacto depende de algo más profundo: la voluntad ciudadana de no justificar lo injustificable.

Del papel a la práctica: el desafío de la nueva Ley de Contrataciones

La nueva legislación transforma la relación entre Estado y proveedores, con reglas más estrictas

Luis David Flores lflores@eldinero.com.do Santo Domingo

Desde julio de 2025, República Dominicana cuenta con la Ley 47-25 sobre Contrataciones Públicas, la cual reformó a la 340-06 y busca garantizar que las contrataciones con el Estado respeten la libre competencia, además de mayores niveles de fiscalización cuando entre en vigor en enero de 2026.

El presidente Luis Abinader aseguró, cuando promulgó la pieza legislativa, que este nuevo marco normativo no es una herramienta para prevenir irregularidades, sino un sistema orientado a garantizar la transparencia y la eficiencia de los recursos públicos.

La ley, que fue calificada por el jefe de Estado como una herramienta clave para la lucha contra la corrupción, fortalece el rol de la Dirección de Contrataciones Públicas, dotándola de mayor independencia y herramientas modernas de fiscalización, supervisión y control.

La presidente de la Asociación Mundial de Cumplimiento (WCA, siglas en inglés), capítulo República Dominicana, Tania de León, considera que la Ley 47-25 eleva significativamente el costo de los comportamientos irregulares en la contratación pública, con sanciones e inhabilitaciones de mayor alcance. “Este nuevo contexto no debe interpretarse como un castigo, sino como una oportunidad para fortalecer la confianza mediante prácticas de integridad viables y proporcionales a la capacidad de cada proveedor”, expresa.

De León entiende que, para las empresas con recursos limitados, el cambio más urgente no es construir estructuras complejas de cumplimiento, sino fortalecer la trazabilidad y el control sobre tres ejes: debida diligencia en su cadena de suministro, monitoreo, así como una cultura de prevención.

Sobre el monitoreo, insta a que sea simple, pero constante con controles periódicos sobre las ofertas, declaraciones y relaciones con intermediarios. Para ella, documentar la trazabili-

La ley busca que los gobiernos locales den prioridad a proveedores domiciliados en la jurisdicción donde se requieren las obras o se suministren los bienes”.

BABAJI CRUZ EXPERTOENCONTRATACIONESPÚBLICAS

porando políticas de comunicación transparente, rectificación oportuna y formación en ética pública.

SANCIONES

Normativa. La Ley 47-25 es la nueva normativa que regula las compras y contrataciones del Estado dominicano.

dad es fundamental, incluso, con herramientas de bajo costo. Destaca la importancia de incorporar principios éticos claros y procedimientos internos para identificar alertas antes de que se conviertan en riesgos.

“Para todo esto, pueden tomarse como referencia los estándares internacionales ISO que recogen las mejores prácti-

“ “

Este nuevo contexto no debe interpretarse como un castigo, sino como una oportunidad para fortalecer la confianza mediante prácticas de integridad”.

TANIADE LEÓN PRESIDENTEDE WCA PARA RD.

El problema no es la falta de capacidad de las empresarias, sino la ausencia de condiciones que les permitan competir en igualdad de oportunidades”.

VERÓNICA NÚÑEZ PRESIDENTEDELA ANMEPRO

Mipymes. Las instituciones del Estado pueden comprar hasta un 30% de sus bienes a micro, pequeñas y medianas empresas.

cas y que por su adaptabilidad facilitan que su abordaje responda al contexto del proveedor en su capacidad”, dice. Manifestó que el nuevo sistema de contratación pública genera un entorno de “hipertransparencia”, donde cada decisión, oferta y vínculo queda expuesto al escrutinio público. Dijo que las empresas podrían verse

Mujeres. Se estima que el 24% de los proveedores del Estado son empresas de mujeres, lo cual se considera muy poco.

afectadas por percepción de favoritismo o conflictos de interés, difusión de información descontextualizada, así como reacciones sociales o mediáticas ante errores administrativos o fallas éticas menores.

Es por esto por lo que, añade, las organizaciones deben gestionar la reputación como parte del cumplimiento, incor-

De acuerdo con el titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, esta nueva legislación sustituye un marco normativo que, tras dos décadas, ya no respondía a los desafíos de un Estado moderno. Además, cuenta con un régimen de consecuencias con sanciones penales, éticas y administrativas. Los delitos en las contrataciones públicas tendrán sanciones de entre tres a diez años, inhabilitaciones en funciones públicas con un mínimo de cinco años, multas de 20 a 60 salarios mínimos, así como multas proporcionales al monto alterado. Al respecto, el juez especializado en responsabilidad patrimonial, Argenis García, explicó a elDinero que el aumento de sanciones no es suficiente para disuadir las conductas o comportamientos punibles de los infractores. “De nada sirve aumentar las penas, si no se acompaña con un real régimen de consecuencias”, subraya. Resalta la necesidad de que se impartan sanciones de forma certera, sin importar la naturaleza social, política o económica de los involucrados, pero, además, se requiere un acompañamiento de educación a la ciudadanía sobre los efectos de las conductas punibles. Datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) indican que las compras públicas representan en promedio entre el 10% y el 15% del producto interno bruto (PIB) en el ámbito mundial. Sobre esto, García señala que ese porcentaje se duplica en República Dominicana, lo que, a su juicio, significa que el fenómeno de las compras y contrataciones públicas despierta muchas pasiones e intereses, por lo que aplicar sanciones oportunas a los involucrados de los sectores público y privado enviaría un mensaje correcto y disuasorio. “Al parecer, la nueva normativa deja el régimen de la responsabilidad patrimonial

al régimen general previsto en los artículos 57 al 60 de la Ley 107-13”, puntualiza al tiempo de agregar que la Ley 47-25 no crea ningún mecanismo adicional para facilitar el proceso de resarcimiento por los daños causados por irregularidades en las contrataciones públicas.

EMPRESAS

Entre las novedades de la Ley 47-25 se destacan el régimen de inhabilidades, el cual garantiza que los proveedores que incurran en prácticas corruptas no vuelvan contratar para el Estado; el establecimiento de mecanismos de inclusión y desarrollo sostenible, los cuales favorecen a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), a las mujeres, así como a productos ecoamigables.

Babaji Cruz, quien es experto en contrataciones, cuenta que con la entrada en vigor de esta ley, un aspecto positivo será el incremento de la cuota y los beneficios destinados a las mipymes, cuya reserva se incrementa a un 30% del total de las compras de las instituciones.

Además de este aumento, la ley incorpora incentivos financieros al elevar el porcentaje de anticipo del 20% al 30%, lo cual se traduce en una disminución de la carga económica y operativa de estos proveedores.

De su lado, la presidente de la Asociación Nacional de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Profesionales (Anmepro), Verónica Núñez, advierte que ese adelanto puede ser un alivio, pero los problemas de liquidez suelen aparecer durante la ejecución del contrato, debido a que los pagos se retrasan, los costos operativos aumentan y el flujo de caja se rompe.

Según su perspectiva, la situación es particularmente compleja para las mipymes lideradas por mujeres, ya que, solo el 24% de los proveedores del Estado son mujeres y deben enfrentar tasas de interés promedio de 14% frente al 10% de las grandes empresas.

Asimismo, Cruz detalla que la nueva normativa fomenta la contratación local y regional por parte de los gobiernos locales. “La ley busca que los gobiernos locales den prioridad a proveedores domiciliados en la jurisdicción donde se requieren las obras o se suministren bienes y servicios, mediante la simplificación de trámites, lo cual permitiría dinamizar la economía local”, expresa.

Otro aspecto positivo del nuevo marco regulatorio es que establece que las instituciones contratantes no exijan

El Estado dominicano es el más grande comprador de bienes y serivicos del sector privado.

APUEASDASDASDASRIAL

«SUPERVISIÓN. Acorde con el juez Argenis García, la nueva normativa, en sus artículos 8 al 11, es “meridianamente clara” respecto del rol de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), erigiéndola como máximo órgano rector del sistema nacional de adquisiciones del Estado, adscrita al Ministerio de Hacienda y Economía. Al preguntársele sobre cómo debe ser la articulación de los órganos de control (DGCP, Cámara de Cuentas, Procuraduría) para evitar duplicidad de procesos y garantizar el debido proceso, García asegura que estas instituciones se complementan. “En la parte administrativa y directiva del sistema de compras

a los proveedores documentos que ya puedan ser consultados en las plataformas correspondientes, con lo cual se procura simplificar los trámites en su participación y evitar recaudos excesivos que ralentizan los procesos de compras y dificultan la participación.

No obstante, al no haber un reglamento de aplicación ni una actualización de los manuales correspondientes, debido a la novedad de la pieza legislativa, las unidades de compra podrían cometer errores por desconocimiento, los cuales serían sancionables.

De León, de la WCA, Capítulo República Dominicana, expone que la Ley 47-25 tiene un alcance que trasciende lo normativo y que busca equilibrar la integridad con la inclusión económica, ya que, al promover mecanismos de control social, invita al sector privado a participar activamente en la construcción de un entorno ético.

La experta asegura que no se trata solo de evitar sanciones, sino de generar una cultura

siempre deberá intervenir la DGCP, al tiempo que podrá colaborar y ser apoyada en temas técnicos de auditoría y sistema de contabilidad por la Cámara de Cuentas”, afirma. Añade que los representantes del Ministerio Público serán los res-

donde la integridad sea rentable, pues, aumenta la credibilidad, mejora el acceso a oportunidades públicas y consolida la sostenibilidad empresarial.

El especialista Cruz sostiene que “con el endurecimiento del régimen de consecuencias, que incluye destitución, responsabilidad patrimonial e incluso sanciones penales, junto con la trazabilidad digital obligatoria del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas puede generar un clima de inseguridad jurídica que lleve a muchos funcionarios a actuar con exceso de cautela o a detener procesos por miedo a equivocarse”. Agrega que esto afecta “gravemente” la eficiencia y continuidad del servicio público al retrasar la adquisición de bienes y servicios esenciales.

das por mujeres representaron más del 41% de las empresas contratadas entre 2020 y 2024 por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), con contratos que superaron los RD$35,470 millones, demostrando que la competitividad femenina puede traducirse en impacto económico real.

Ella subraya que el 10% de cuota para mipymes lideradas por mujeres en la recién promulgada ley representa un avance, no obstante, todavía no se traduce en oportunidades reales. “El problema no es la falta de capacidad de las empresarias, sino la ausencia de condiciones que les permitan competir en igualdad de oportunidades”, admite.

ponsables de investigar y formular las acusaciones pertinentes cuando las conductas de los involucrados tipifiquen un hecho punible de los previstos y sancionados en la Ley 74-25, sin perjuicio de las potestades sancionadoras que en el ámbito puramente administrativo posee la DGCP. “Debemos apostar a que los actores no incurran en el error de la duplicidad de procedimientos”, enfatiza. Agrega, además, que la mesa del diálogo y la colaboración interinstitucional deben ser siempre la vía para armonizar cualquier discrepancia que pueda presentarse en la praxis, respecto de los roles y atribuciones de cada quien.

de forma que se inicien los trámites con la suficiente antelación. “Es importante contar con acompañamiento técnico y estratégico especializado, así como formación diseñada sobre la base de la experiencia”, afirmó el especialista.

52.6%

Cifras oficiales indican que el 52.6% de las micro, pequeñas y medianas empresas en el país son propiedad de mujeres.

De León sostiene que la DGCP tiene el reto de convertir el cumplimiento en un incentivo competitivo, pero no puede ser una barrera de entrada. En lugar de imponer exigencias rígidas, considera la especialista en “compliance”, debe crear mecanismos progresivos de reconocimiento que fomenten la mejora continua.

En Anmepro consideran que el Estado debe simplificar los procesos de habilitación y acompañar a las empresarias con asistencia técnica sensible al contexto de género, ayudándolas a organizar sus propuestas y la documentación.

Según Núñez, el acceso al financiamiento es otro aspecto crítico, ya que limita la competitividad de las mipymes lideradas por féminas. De hecho, muchas empresarias enfrentan barreras por avales o garantías, y contar con fondos de garantía o líneas de crédito preferenciales podría nivelar el terreno.

De acuerdo con datos citados por Anmepro, las mipymes representan alrededor del 32% del producto interno bruto (PIB) y generan más del 60% del empleo. El 52.6% están dirigidas por mujeres, pero solo una parte mínima logra acceder a las compras públicas.

HERRAMIENTAS

El experto en contrataciones, Cruz, indica que tanto los convenios marco como la asociación para la innovación resultan ser herramientas novedosas con ventajas clave.

También, resalta la necesidad de establecer un mecanismo de priorización e identificación de las contrataciones que son más críticas para la institución,

Para la titular de la WCA en el país, la ley va marcando la pauta sobre cuáles son los parámetros de integridad que las empresas que contratan con el Estado deben ir adoptando.

MUJERES

La presidente de Anmepro comenta que las mipymes lidera-

“Es importante mantener la objetividad y que no se convierta en una herramienta para saltarse la norma”, considera. En ese sentido, entiende que la DGCP también debe estar sujeta a fiscalización y control de aquellos aspectos sobre los que ejerce la rectoría del sistema, ya que, a su juicio, con pesos y contrapesos es que se construye un sistema de compras inclusivo, robusto y sostenible.

Agrega, además, que la inclusión de los convenios marco facilitarán las necesidades constantes de las instituciones y agilizará la obtención de esos bienes y servicios, reduciendo plazos y dilaciones burocráticas “innecesarias” a nivel interno.

ENOÉ DOMÍNGUEZ ELAUTORESABOGADOYEXPERTOENFINANZAS

ELANÁLISISDE ENOÉ

Espada de Damocles y Caja de Pandora: la encrucijada de la Reforma Fiscal

Santo Domingo

La metáfora de la espada de Damocles evoca la inminencia de un peligro que pende sobre la estabilidad fiscal de los Estados. En la República Dominicana -como en buena parte de América Latina- el déficit estructural y el endeudamiento público conforman esa amenaza silenciosa que limita la autonomía económica del Estado.

República Dominicana -al igual que muchas otras naciones de la región- está entre la espada que amenaza su sostenibilidad financiera y la caja que puede liberar tensiones sociales. El dilema de Damocles y Pandora no debe paralizar la acción, sino incentivar una reforma fiscal cuidadosamente equilibrada.

En términos fiscales, la espada simboliza la urgencia de actuar antes de un colapso presupuestario, mientras que la caja de Pandora representa los riesgos políticos y sociales de una reforma fiscal sin la debida prudencia técnica.

En este contexto, el país se encuentra en una encrucijada: necesita una reforma tributaria para asegurar su sostenibilidad financiera, pero teme que pueda desencadenar conflictos y resistencias difíciles de controlar. El desafío del Gobierno radica en cómo abordar esta dualidad crucial: debe transformar la amenaza inminente de la “espada de Damocles” en disciplina fiscal rigurosa y convertir el riesgo potencial de la “caja de Pandora” en una genuina oportunidad de consenso y fortalecimiento institucional.

La doctrina fiscal contemporánea coincide en que la reforma fiscal es tanto un instrumento de justicia distributiva como una medida de supervivencia institucional. Como señala Vito Tanzi (2011), “ningún Estado puede aspirar a un desarrollo sostenido sin un sistema fiscal capaz de generar recursos estables y equitativos”. En economías con baja presión tributaria y alto endeudamiento público, la erosión de los ingresos estatales y el crecimiento del gasto social hacen inevitable replantear el sistema fiscal. En la experiencia dominicana, sin embargo, ha predominado un enfoque reactivo de “reformas de emergencia”. Con frecuencia, ante crisis fiscales inminentes, se adoptan paquetes tributarios que logran un incremento transitorio de la recaudación y alivian la situación a corto plazo, pero al cabo de

pocos años el déficit resurge. Así, la “espada de Damocles” fiscal se manifiesta en la insostenibilidad de ciertos niveles de gasto público y en la rigidez que impone el servicio de la deuda al presupuesto. La deuda pública, medida como proporción del PIB, se ha convertido en un factor de vulnerabilidad macroeconómica que condiciona severamente el margen de maniobra del gobierno dominicano. Como sostiene Carbajo Vasco (2017), “la deuda pública puede ser un instrumento de desarrollo, pero su abuso destruye la credibilidad del Estado y encarece su futuro”.

La inacción reformista, aunque políticamente cómoda en el corto plazo, es en realidad una forma de evasión de responsabilidades institucionales: postergar los ajustes necesarios solo agrava el eventual ajuste forzoso que impondrá la realidad financiera del Estado.

Por otro lado, abrir la "caja de Pandora" de la reforma fiscal implica desatar temores colectivos profundamente arraigados: el temor a un alza generalizada de impuestos, a la pérdida de beneficios adquiridos o a una distribución inequitativa de la nueva carga tributaria.

Como señala el doctrinario argentino Carlos M. Giuliani Fonrouge (2002), “la tributación no puede separarse del sentimiento de justicia; sin legitimidad, cualquier reforma está condenada a la resistencia y al fracaso”. Esta afirmación subraya que la aceptación de un nuevo esquema tributario depende en gran medida de que los ciudadanos lo perciban como justo y legítimo; de lo contrario, las medidas fiscales enfrentarán una oposición tenaz y posiblemente generalizada.

El dilema entre la espada de Damocles y la caja de Pandora refleja, en última instancia, una tensión permanente entre la racionalidad económica y la viabilidad política de las decisiones fiscales. No se trata solo de diseñar técnicamente la mejor reforma, sino de lograr que ésta sea políticamente aceptable y socialmente sostenible. Irónicamente, en la República Dominicana el temor al

costo político de emprender reformas impopulares ha sido un factor recurrente para aplazarlas. Los gobiernos de turno, preocupados por el impacto electoral de subir impuestos o eliminar exenciones, a menudo han preferido gerenciar la situación fiscal con paliativos antes que gobernar afrontando transformaciones de fondo.

Sin embargo, subordinar indefinidamente la política tributaria a cálculos políticos de coyuntura termina socavando el interés general. Ya lo advirtió hace décadas Sainz de Bujanda (1993): “la política tributaria no puede quedar subordinada a los intereses coyunturales del poder; su legitimidad emana del principio de legalidad y del interés general”. Esto significa que la autoridad del Estado para exigir tributos proviene de la ley y se legitima en la búsqueda del bien común, no en la conveniencia partidista.

Diferir las reformas esenciales por miedo a un costo electoral es, en el fondo, abdicar de una responsabilidad fundamental de gobierno. La diferencia entre gobernar y solo administrar radica en asumir esos costos cuando el interés nacional lo demanda.

La llamada pedagogía fiscal emerge como una herramienta estratégica para disipar los fantasmas de Pandora. La pedagogía fiscal se entiende como el esfuerzo deliberado del Estado por educar e informar transparentemente a la ciudadanía sobre el destino y el uso de los recursos tributarios. Si los contribuyentes perciben que sus sacrificios impositivos se traducen en servicios públicos de calidad, disminuye la resistencia a cumplir con el fisco.

Aun logrando la difícil amalgama de equidad y aceptación social, la reforma fiscal debe también ser técnicamente sólida y orientada a la sostenibilidad de largo plazo. No se trata solo de aumentar ingresos, sino de aumentarlos bien. Una reingeniería tributaria efectiva tendría que ampliar la base gravable (incorporando sectores informales o eliminando nichos de evasión), reducir la evasión mediante mejores controles y

simplificación, y redistribuir las cargas de manera progresiva para que quien tenga más capacidad económica aporte proporcionalmente más.

Aun así, de poco sirve recaudar más si esos fondos se malgastan en asuntos improductivos, o si para lograr más ingresos se implantan impuestos que distorsionan la economía. La espada fiscal puede transformarse en una herramienta de desarrollo si se maneja con técnica y prudencia: con impuestos bien diseñados que promuevan crecimiento inclusivo, y asegurando que el gasto se oriente a inversiones y servicios de alto impacto social. Para evitar reabrir la caja de Pandora con cada nuevo gobierno, la reforma fiscal debe concebirse como una auténtica política de Estado, y no solo como una medida de un gobierno de turno. Los cambios tributarios requieren continuidad en el tiempo, seguimiento constante y ajustes graduales a la luz de su efectividad y del cambio de las circunstancias económicas.

En conclusión, la República Dominicana -al igual que muchas otras naciones de la región- está entre la espada que amenaza su sostenibilidad financiera y la caja que puede liberar tensiones sociales. El dilema de Damocles y Pandora no debe paralizar la acción, sino incentivar una reforma fiscal cuidadosamente equilibrada. La clave no está en temerle a la reforma, sino en diseñarla con visión de largo plazo, con justicia distributiva y mediante un amplio diálogo social.

De este modo, la espada de Damocles puede transformarse en un símbolo de disciplina fiscal responsable, mientras que la caja de Pandora, al abrirse con pericia y consenso, puede convertirse en una oportunidad de renovación institucional. Cuando la reforma nace del consenso ciudadano y se ejecuta con ética y transparencia, deja de ser una condena anunciada para convertirse en un pacto de futuro: un acuerdo social que garantiza tanto la solvencia del Estado como la equidad y la cohesión en la sociedad.

Comunicar el océano: el poder de las historias detrás de la innovación azul

Hablar del océano siempre me ha parecido un reto. Es inmenso, cambiante y a veces parece tan lejano de nuestras rutinas que olvidamos cuánto dependemos de él. Pero detrás de cada ola hay historias que merecen ser contadas: las de quienes lo estudian, lo protegen, lo viven y lo transforman en esperanza. Con el tiempo he entendido que comunicar sobre el océano no se trata solo de informar, sino de conectar. No es repetir datos ni conceptos técnicos, sino lograr que las personas sientan algo. Que entiendan que lo que ocurre en el mar también tiene que ver con ellas, aunque vivan tierra adentro. A veces, una buena historia puede lograr más que cualquier discurso ambiental. Pienso en cómo algo tan temido como el sargazo, que muchos ven como un problema, también puede convertirse en una oportunidad. Detrás de esas montañas de algas hay comunidades que encuentran empleo, investigadores que descubren nuevos usos, y proyectos con orígenes dominicanos como SOS Biotech y SOS Carbon que están dando respuestas reales a una crisis que parecía inevitable. Eso es lo que más me inspira: ver cómo las soluciones nacen del mismo lugar donde antes solo se veía un

Economía SOStenible

MINERÍA

Elena Martínez Martínez SOS@SOScarbon.com

obstáculo. Pero si esas soluciones no se comunican bien, si no se traducen en historias humanas, corren el riesgo de pasar desapercibidas. Vivimos en una época donde todo compite por atención. La gente ya no quiere sermones verdes ni mensajes que la hagan sentir culpable por sus elecciones. Quiere entender, participar, sentirse parte del cambio. Y ahí entra la comunicación: no como un accesorio, sino como una herramienta de transformación. Comunicar el océano es aprender a equilibrar emoción y conocimiento. Mostrar los datos, sí, pero también los rostros. Explicar el impacto sin olvidar la belleza. Recordar que cada acción, por pequeña que parezca, forma parte de

una historia mucho más grande. Creo que lo más poderoso de este trabajo es cuando logramos que alguien vea el océano de otra manera. Que una persona escuche sobre el sargazo, sobre las algas, sobre la biotecnología marina, y en lugar de pensar “eso no es conmigo”, piense “qué interesante, qué puedo hacer yo”. Comunicar el océano es, al final, una forma de cuidarlo. De dar voz a quienes lo defienden, de celebrar la innovación que surge desde nuestras costas, y de recordar que el futuro del planeta también depende de las historias que decidimos contar.

Gobierno fortalecerá la regulación a cooperativas

elDinero

Santo Domingo

La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo está preparando un informe sobre un anteproyecto de ley que busca reforzar la regulación de las cooperativas del país, de manera especial aquellas que realizan labores de intermediación financiera.

La información fue confirmada por el consultor Jurídico Antoliano Peralta, quien adelantó que las cooperativas que realizan captación de depósitos, es decir, intermediación financiera, pasarían a ser reguladas por la Superintendencia de Bancos (SB), mientras que las demás estarían bajo la regulación del actual Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), el cual también será fortalecido.

El anteproyecto de ley fue elaborado por técnicos del Banco Central y del Ministerio de Hacienda y Economía, tras las constantes sugerencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la necesidad

de regular a esas entidades de economía mutualista.

“Recibimos del Banco Central un proyecto de ley. La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo lo está revisando”, dijo Peralta al ser entrevistado en el programa El Despertador, que se transmite por Color Visión. “El proyecto contempla que las cooperativas de inversión, o sea, donde la gente pone dinero; esas nada más, van a estar supervisadas, si se aprueba la Ley, por la Superintendencia de Bancos”, agregó.

El sargazo ahora nutre tus cultivos:

EDWIN GUERRA ESUNESTUDIOSODELAECONOMÍA DELSECTORELÉCTRICO

“(-) Apagones = (+) Pérdidas” ANÁLISIS

Santo Domingo

HDesde el 2020, menos apagones han generado mayores pérdidas, las que, junto a la reducción del margen comercial de las EDE, redujeron las disponibilidades para invertir en reducir pérdidas, en más de US$225 millones anuales.

abiendo demostrado que la ocurrencia de los apagones, así como su duración, se habían reducido considerablemente durante los últimos tres gobiernos (45 apagones por mes y duración media de 3 horas con 23 minutos/apagón con Leonel Fernandez, a 33/mes y 3 horas/ apagón con Danilo Medina, a 20/mes y 45 min/apagón con Luis Abinader; cabe preguntar: ¿por qué continúan las interrupciones del servicio eléctrico? Hay “apagones orgánicos”, que se deben a averías producto de fenómenos naturales, desperfecto de diversos equipos (subestaciones, transformadores, caída del alambrado de la red eléctrica, etc.) y reducción abrupta de la oferta de energía debido a fallas sistémicas.

Estas interrupciones ocurren en todos los países sin importar su nivel de desarrollo. ¡Claro! Mientras mejor la capacidad de respuesta, mejor la calidad del servicio. También están los “apagones inorgánicos”, que son aquellos cuando solía caer la oferta porque la falta de pago a los generadores excedía los 90, 120 y hasta 180 días; o cuando, como política comercial de control de pérdidas, se “administra de manera selectiva el suministro dependiendo del nivel de cobro del circuito”.

Estas son las únicas causas actuales de los apagones.

Debe aclararse que las pérdidas técnicas son inherentes a la transmisión de la electricidad y las redes de distribución se construyen para que estas pérdidas en trasmisión y distribución oscilen entre 3% y 5%. Pero a éstas se agregan las pérdidas comerciales por robo y por la falta de cobro atribuido a la no de regularización de los usuarios por parte de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE).

Como nota al margen debe advertirse que la mayoría comete el error de equiparar el robo con las pérdidas comerciales, desconociendo la responsabilidad de las EDE de conectar debidamente el suministro al 100% de sus usuarios, pero este tema lo que trataremos en otro artículo. En el país hay múltiples circuitos con pérdidas extraordinarias que superan el

Pérdida vs apagones + inversiones

40%, 60% y más del 80%. Estos circuitos se clasifican como “C” y “D”. En gobiernos anteriores estas zonas de altas pérdidas recibían apagones diarios de 4, 6, 8 horas y más. Los residentes en estos sectores se quejaban entonces, solo cuando, en situaciones graves, estos “apagones financieros programados” superaban por mucho los horarios habituales.

¿Cómo han cambiado las cosas a partir del año 2020? Los pagos a los generadores han estado al día y las EDE, por instrucciones del Poder Ejecutivo, han eliminado los apagones financieros selectivos independientemente del nivel de pérdidas de los circuitos. En este sentido, todos los sectores en el país se convirtieron en “circuitos de 24 horas”. Hoy día, acostumbrados a recibir energía las 24 horas a pesar de la falta

de pago de buena parte de los usuarios, reaparecen las quejas ante el primer apagón de larga duración. Las consecuencias operativas y financieras de esta política no se hicieron esperar. Con la sustancial mejoría en el servicio, se dispararon las pérdidas de las EDEs, lo que ha provocado una reducción de la inversión (necesaria para bajar las pérdidas,) como lo demuestra la siguiente gráfica. Sin embargo, los políticos de la oposición opinan que ha habido un empeoramiento de la calidad del servicio eléctrico estos últimos cinco años, debido a la mala gestión de la administración actual, como (según ellos) lo demuestra el hecho del aumento de las pérdidas. Pero esta opinión es una “falacia lógica” que asume como realidad a la “paradoja de la queja” y concluye errónea e intencional-

mente (por razones políticas), que la calidad del servicio ha empeorado. Peor aún, atribuye el supuesto empeoramiento a la “mala gestión” de las autoridades actuales por haber decidido cumplir la ley de electricidad y brindar un servicio eléctrico continuo las 24 horas; cuando precisamente es por haber tomado esa decisión que todos los indicadores de calidad, sin excepción, como el Saifi, Saidi, Asai y el Caidi, han mejorado sustancialmente estos últimos cinco años.

Como lo demuestran los datos del Informe de desempeño de las EDE, el aumento de las pérdidas se debe al efecto combinado del mejoramiento del servicio y la inversión insuficiente. El aumento del costo de la energía y las propias pérdidas han empeorado el flujo de caja de las EDE, impidiendo la disponibilidad de recursos para invertir para reducir las pérdidas. La gráfica muestra como la inversión, como proporción de los cobros, alcanzó su punto máximo en el 2019 con un18%; el mismo año que las pérdidas bajaron a su nivel mínimo de un 30%. Concomitantemente, el margen comercial de las EDE (diferencia entre el precio medio de venta y de compra de la energía), bajó un 54%, desde US$0.0371/KWh durante la administración Medina, a US$0.0171/KWh en la de Abinader. De haberse mantenido el mismo margen, los ingresos operacionales netos de las EDE entre 2020 y julio del 2025 hubieran sido US$2,096 vs. los US$966 que realmente produjeron. Esto hubiera significado US$1,130 millones que pudieron estar disponibles para invertir en la reducción de pérdidas (adicionales a los US$845 invertidos) que hubieran mantenido a raya o incluso reducir las pérdidas, más allá del 30%. Resulta evidente que desde el 2020, menos apagones han generado mayores pérdidas, las que, junto a la reducción del margen comercial de las EDE, redujeron las disponibilidades para invertir en reducir las pérdidas, en más de US$225 millones anualmente. La “mala gestión” de la que acusan a las autoridades actuales parece se refiere a la acertada decisión de mejorar el suministro de energía a los hogares dominicanos.

GUILLERMO VARELA, SOCIODE AUDITORÍA EY CENTROAMÉRICA, PANAMÁY REPÚBLICA DOMINICANA

Muchas empresas familiares se construyen sobre bases de confianza mutua más que sobre procesos formalizados. Esto puede traducirse en falta de políticas escritas, decisiones verbales, funciones limitadas y datos contables del día a día más que de cumplimiento normativo.

CONTACTO CON EL AUTOR

• GUILLERMO VARELA@GT EY COM

ANÁLISIS

Estados financieros de empresas familiares: retos y perspectivas

Santo Domingo

Las empresas familiares ocupan un lugar especial en el mundo empresarial. Cada estado financiero que elaboran refleja mucho más que cifras: es el resultado de años de esfuerzo, decisiones compartidas y el deseo de dejar un legado. No es lo mismo auditar los estados financieros de un negocio familiar que seguir un conjunto de procedimientos estandarizados en otros entornos corporativos; hay que adentrarse en un ecosistema donde la historia personal y los números cohabitan.

En mi experiencia, estos trabajos requieren una combinación única de juicio profesional y sensibilidad humana. Y aunque la informalidad de los procesos suele representar un reto, también abre una gran oportunidad: generar confianza y reforzar la transparencia, algo que suele tener un impacto positivo que va mucho más allá del informe del auditor.

RIESGOS ÚNICOS EN AUDITORÍA DE EMPRESAS FAMILIARES

Auditar una empresa familiar plantea retos que pocas veces aparecen en otros entornos: muchos de ellos nacen de su propia esencia y forma de operar. Un elemento clave es la informalidad presente en los controles internos.

Muchas empresas familiares se construyen sobre bases de

confianza mutua más que sobre procesos formalizados. Esto puede traducirse en la ausencia de políticas escritas, aprobaciones verbales, segregación de funciones limitada y registros contables enfocados en el día a día operativo más que en el cumplimiento normativo.

Desde el punto de vista de la auditoría, la falta de controles documentados aumenta el riesgo de errores y, principalmente, limita la capacidad del auditor para apalancarse en los controles ya existentes para diseñar una auditoría efectiva.

Además, la concentración de funciones clave en pocas personas puede generar dependencias críticas y sesgos en la toma de decisiones financieras. Desde el punto de vista de auditoría, esta informalidad eleva el riesgo de incorrecciones materiales y nos obliga a replantear

el enfoque: no podemos basarnos en controles que no existen o no dejan evidencia.

Por eso, solemos adoptar procedimientos más sustantivos, anclados en un entendimiento profundo del negocio y en pruebas directas sobre transacciones y saldos relevantes.

LA OPORTUNIDAD DE AGREGAR VERDADERO VALOR

Más allá de los riesgos, auditar empresas familiares representa una oportunidad única para generar valor. Muchas veces, la auditoría se convierte en el punto de partida para profesionalizar ciertos aspectos de la gestión.

Hemos visto cómo sugerir la creación de un comité de auditoría con miembros externos, establecer políticas contables formales alineadas con las normas internacionales de infor-

mación financiera o implementar controles internos básicos cambia de manera radical la confianza que los bancos, proveedores o incluso los mismos miembros de la familia, depositan en la empresa.

El objetivo no es imponer burocracia, sino ayudar a construir estructuras que aseguren la continuidad y respalden el crecimiento sostenible del negocio. Formalizar procesos no solo genera orden, también genera confianza. Y esa confianza, muchas veces termina siendo el activo más valioso para el futuro de la empresa.

Además, en momentos de transición generacional, el auditor puede desempeñar un papel determinante al evaluar con objetividad la situación financiera del negocio.

Una opinión independiente y fundamentada permite a las nuevas generaciones tomar decisiones con realismo, seguridad y visión de largo plazo.

MIRADA HUMANA A LA AUDITORÍA DE EMPRESAS FAMILIARES Auditar empresas familiares exige mucho más que dominio técnico: requiere empatía, sensibilidad y juicio profesional. Cuando logramos ver esa dimensión humana -sin perder la independencia y objetividad que exige nuestra profesiónpodemos convertirnos en aliados de quienes construyeron ese proyecto, y acompañarlos para que continúen creciendo de forma sólida y sostenible.

HENRI HEBRARD ELAUTORESECONOMISTA

PETROLEO Y MONEDA

No hay

reforma

fiscal que no incluya el tema eléctrico (1 de 3)

Santo Domingo

EEl sector eléctrico sería una de las áreas de mayor impacto fiscal a la hora de implementar un conjunto de reformas y de proyectar su impacto paulatino en las finanzas públicas. Lograr reducir a un 0.2% del PIB estas transferencias en un plazo de 8 a 10 años, permitiría liberar recursos equivalentes al 1% del PIB, o sea, en base al PIB del año 2025 unos RD$84,500 millones.

CONTACTO CON EL AUTOR

• H HEBRARD@HENRIHEBRARD COM

• X: @HEBRARDH

n medio de crecientes rumores sobre el regreso de la reforma fiscal, no se puede dejar de lado el candente tema de las pérdidas de las empresas estatales de distribución eléctrica (EDE) por el pesadísimo compromiso fiscal que representan para el gobierno central: de acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Economía (MHE), mientras en 2023 el estado le tuvo que transferir como gastos corrientes unos RD$75,280 millones, este monto se disparó en 2024 para alcanzar unos RD$100,700 millones, y para el 2025, mientras el presupuesto 2025 contemplaba una partida corriente por unos RD$83,000 millones, hubo de incrementar esta cantidad en unos RD$20,000 millones a través de las modificaciones al presupuesto 2025, para tomar en cuenta que las reducciones esperadas en las pérdidas de las EDE no se habían producido. En el proyecto de presupuesto 2026 depositado en el Congreso, nuevamente se proyecta una reducción de estas transferencias corrientes, al contemplar un total de RD$85,150 millones, de los cuales: RD$22,991 millones para Edenorte; RD$25,545 millones para Edesur; y RD$36,614 millones para EdeEste, esta última siendo la EDE que concentra la principal parte de las pérdidas. Lograr o no estos objetivos de reducción de las pérdidas de las EDE tiene un impacto fiscal considerable: en el 2023, considerando un déficit fiscal de RD$221,899.9 millones (3.28% del producto interno bruto -PIB-), las transferencias corrientes al sector eléctrico representaban un 33.92% del déficit total, y equivalían al 1.11% del PIB; en el 2024, con un déficit fiscal en RD$228,531.0 millones (3.09%), estas transferencias explicaban el 44.06% de este déficit total, y equivalían al 1.36% del PIB; mientras para 2025, las últimas proyecciones anticipan un déficit fiscal de RD$276,610 millones (3.47% del PIB) del cual las transferencias a las EDE representarían

un 37.23% de este déficit, y un 1.29% del PIB.

Finalmente para 2026, las transferencias explicarían el 30.34% del déficit fiscal que alcanzaría RD$280,575 millones (o sea, el 3.24% del PIB), y equivaldrían al 0.98% del PIB. En todo caso, el valor promedio para el período 2023-2025 nos indica que las transferencias corrientes a las EDE representaron el 1.26% del PIB, y explican el 38.37% del déficit fiscal promedio de este mismo período. Al relacionar estos valores con las recaudaciones, se tiene una idea aún más dramática del terrible peso de este compromiso en las arcas nacionales: para 2025, se han proyectado recaudaciones del ITBIS que alcanzarían unos RD$402,273 millones, por lo que prácticamente 1 de cada 4 pesos recaudados por ese concepto se tiene que quemar en este mal llamado “subsidio eléctrico”; en otras palabras, estas transferencias a las EDE equivalen a 4.60 puntos de ITBIS, que sería lo mismo decir que, en ausencia de estas pérdidas de las EDE, se pudiese bajar el ITBIS del 18% a un 13.4% sin impactar el déficit fiscal.

Por ende, se entiende que el sector eléctrico sería una de las áreas de mayor impacto fiscal a la hora de implementar un conjunto de reformas y de proyectar su impacto paulatino en las finanzas públicas. Lograr reducir paulatinamente a un 0.2% del PIB estas transferencias en un plazo de 8 a 10 años, permitiría liberar recursos frescos equivalentes al 1% del PIB, o sea, en base al PIB del año 2025 unos RD$84,500 millones.

Por tanto, es interesante identificar las tres áreas de mejoras importantes que permitirían recuperar gradualmente las finanzas de las EDE: el insuficiente margen comercial; las enormes pérdidas en facturación y cobros, las cuales incluyen también las pérdidas técnicas; y los gastos de operación (OPEX) que varios estudios pasados han señalado como abultados.

En cuanto al margen comercial, los últimos datos disponibles hasta julio 2025 muestran lo siguiente: la tarifa media de

venta de las EDES por lo que va de 2025 alcanzaba 16.60 cUS$/kWh, lo que compara negativamente con el precio de venta promedio de 16.89 cUS$/kWh en el mismo período del año pasado (una reducción de un 1.82% atribuible a la congelación de las tarifas en RD$ que no permite compensar la pérdida por la depreciación del peso); mientras el costo promedio de compra de energía de las EDE a las distintas empresas generadoras alcanzaba un valor de 15.09 cUS$/kWh, lo que compara favorablemente con el precio de venta promedio de 15.15 cUS$/kWh en el mismo período del año pasado; a diferencia del precio de venta que se denomina en pesos, el precio de compra sí es dolarizado, lo que representa un riesgo cambiario que las EDE tienen que absorber en la medida en la cual se mantiene la congelación de las tarifas comerciales; ahora bien, es muy importante señalar que esta pequeña mejora en el costo de compra se debe exclusivamente a una mayor participación de las compras de energía por contrato, que pasan de un 76.3% (2024) a un 82.1% (2025), a pesar de que el precio promedio de compra por contrato haya subido muy levemente de 13.60 cUS$/kWh (2024) a 13.68 cUS$/kWh (2025), y, a su vez, el precio en el mercado spot se haya disparado de 20.16 cUS$/kWh (2024) a 21.55 cUS$/kWh (2025); como resultado de lo anterior, el margen comercial, o diferencia entre precio de venta promedio y costo promedio de compra de energía ha bajado ligeramente al pasar de 1.74 cUS$/kWh (2024) a 1.51 cUS$/kWh, o sea una muy sensible reducción de 0.23 cUS$/kWh equivalente a una contracción de un 13.2% en US$; de haberse mantenido el mismo margen comercial del 2024, el margen comercial total que alcanzó US$106.86 millones (calculado solamente sobre la energía facturada, excluyendo la compra de energía no facturada) hubiese alcanzado US$123.14 millones; ahora bien, tanto en el 2024 como en el 2025, estos niveles de margen comercial se encuentran muy, pero muy por debajo de

un nivel adecuado para poder generar utilidades que repaguen los gastos operativos y las inversiones de CAPEX que se requieren para mantener la calidad del servicio y la operatividad de las redes comerciales; se entiende que el margen comercial debería de situarse en un rango comprendido entre 3.00 y 3.50 cUS$/kWh, lo cual permitiría, en el peor de los casos, duplicar el nivel actual de margen comercial; esto requiere, del lado del precio, retomar revisiones trimestrales que permitan cubrir inflación y devaluación (tema obligado para la reapertura de un nuevo Pacto Eléctrico), y del lado de las compras, seguir incrementando la proporción de las compras por contrato, además de organizar licitaciones más competitivas para seguir bajando también el costo de adquisición de energía vía contrato En cuanto a las pérdidas de energía, tanto técnicas como comerciales, se entrará más en detalle en la segunda entrega de esta serie. Ahora bien, es muy significativo observar que, por lo que va del año, las EDE han logrado cobrar (luego de facturar) apenas el equivalente a unos 6,774.6 GWh de los 11,635.0 GWh que compraron por lo que va del año 2025 hasta el mes de julio; en otras palabras, se han acumulado pérdidas por una cantidad de 4,860.4 GWh, equivalentes al 41.77% de las compras, esto por supuesto es un resultado que vuelve completamente insostenible la situación financiera de las EDE. En comparación con el mismo período del año anterior, las EDE habían logrado cobrar unos 6,699 GWh de unas compras que totalizaban 11,494 GWh, por lo que se habían perdido 4,795 GWh equivalentes al 41.71% de las compras de aquel período.

Este es el mayor foco de estas pérdidas; solo con inversiones de CAPEX consecuentes (no menores a US$1,000 millones acumulados durante un período de ejecución de 3 a 4 años) se podrán reducir los actuales niveles de pérdida hasta llegar en torno al 15% de las compras. Más detalles en nuestra próxima entrega.

El principal obstáculo del sector radica en la falta de estructura y apoyo institucional

Ronny Cruz rcruz@eldinero.com.do Santo Domingo

Entre la pasión, la precariedad y el talento, muchos jóvenes artistas tratan de convertir su vocación en una fuente de sustento. En un entorno donde la pintura y las artes visuales no siempre encuentran mercado, la exposición “Alquimia” surgió como espacio ideal sobre cómo transformar la creatividad en economía y el color en oportunidad. La muestra se llevó a cabo en el Centro Cultural del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Edificio René del Risco Bermúdez, bajo la organización de la Fundación Nacional de Niños por las Artes (Funanart). Su presidente, Ana Núñez, destacó que el propósito de Funanart es transformar a la juventud a través del arte, fomentando valores como la cooperación, el amor y la unidad. “Cuando trabajamos como una familia, podemos lograr grandes cosas”, expresó.

El profesor Pedro Vera, director de la Unidad de Artes Plásticas y Afiches, señaló que el principal obstáculo del sector radica en la falta de estructura y apoyo institucional. Explicó que la enseñanza del arte en el país “no está acompañada de una industria sólida que permita producir en serie, comercializar y vivir del oficio”. Añadió que el desarrollo artístico dominicano requiere ferias estables, crítica profesional, inversión privada y leyes que impulsen la creación. “Un artista no debería pintar un cuadro, sino cien, y tener asegurado el espacio y los medios para hacerlo”, comentó. La exposición, que reunió a más de veinte creadores, giró en torno a la idea de la transformación como proceso vital. Entre los participantes estuvo Mauren Aglael Pérez, quien afirmó que invertir en arte en República Dominicana es un acto de fe. Explicó que el costo de materiales para cada una de sus obras ronda entre RD$6,000 y RD$7,000, lo que la obliga a sacrificar parte de sus ingresos personales. “Es triste, pero feliz a la vez, porque pintar es mi pasión. Cada obra me toma entre

Alquimia: espacio a jóvenes que todavía creen en el arte

«CIFRA

Unidad de las culturas Apoyo económico

El arte es una expresión de libertad y un lenguaje común que une nuestras culturas. Es algo más que economía naranja.”

NEYSSER REYES TIJERINO DIPLOMÁTICODE NICARAGUA

10,000

““

Inversión. Producir una obra de arte puede costar entre RD$5,000 y RD$10,000, sin garantías de venta ni de apoyo institucional para respaldar la inversión y dar rentabilidad.

«LA UTILIDAD DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Innovación. Los especialistas coincidieron en que estas innovaciones facilitan parte del trabajo técnico, como generar referencias visuales o acelerar procesos, pero nunca sustituyen la creatividad humana. Leudy Márquez explicó que “la IA puede apoyar al artista en tareas repetitivas o técnicas, pero jamás reemplazará la sensibilidad humana ni la capacidad de interpretar emociones y conceptos

cinco y seis horas, aunque antes paso semanas investigando y planificando”, dijo. Otros jóvenes creadores, como Leudy Márquez, artista multidisciplinario y profesor de pintura, coincidiera en que el talento no basta, que la formación artística debería incluir nociones de mercadeo, gestión de marca personal y manejo financiero. “De cada cien artistas,

de manera única”. Por su parte, el profesor Pedro Vera reflexionó sobre la necesidad de adaptarse a los cambios tecnológicos: “El que se resiste al cambio desaparece; hay que usar las herramientas, no temerles”. Destacó que la IA y otras plataformas digitales permiten experimentar, producir más rápido y optimizar recursos, pero que la esencia del arte —la creatividad, la visión personal y la

ochenta abandonan porque no saben cómo aplicar su arte al mercado. En las academias se enseña a pintar, pero no a vender”, explicó.

La crítica de arte Hilda Matos, docente de historia y crítica en Bellas Artes, enfatizó que el arte contribuye a formar ciudadanos sensibles y críticos, aunque reconoció que el acceso sigue siendo limitado. “El arte en

Un artista no debe pintar un cuadro, sino la posibilidad de que sean 100, y tener el espacio y los medios para hacerlo.”

PEDRO VERA UNIDADDE ARTES PLÁSTICAS

interpretación del mundo— sigue siendo irremplazable. Ambos coincidieron en que dominar estas tecnologías puede abrir nuevas oportunidades de aprendizaje, expansión artística y acceso a mercados. El arte es un motor de desarrollo social y cultural. Para que la creatividad florezca se necesitan inversión, mercados que valoren la producción artística y visión para proyectar el talento local.

República Dominicana todavía se percibe como algo reservado a intelectuales, cuando en realidad debe ser parte de la vida cotidiana de todos. La educación artística debe comenzar desde la primaria”, comentó.

En tanto, el gestor cultural y locutor Danilo MacKay sostuvo que el turismo cultural se ha convertido en una oportunidad para los artistas plásticos. Dijo

que “el turismo funciona como un pulmón económico para la pintura dominicana”, sobre todo en espacios como la Zona Colonial, donde los visitantes se detienen a observar a los creadores callejeros y, en muchos casos, adquieren sus obras. El jefe de misión de la embajada de Nicaragua en República Dominicana, Neysser Reyes Tijerino, resaltó el papel del arte como vía de integración cultural y motor económico. Subrayó que la cooperación artística entre naciones fortalece los lazos de amistad y proyecta la identidad de cada país. Consideró que, más allá de etiquetas como “economía naranja”, el arte representa una verdadera revolución cultural que une a los pueblos. “El arte es una expresión de libertad y un lenguaje común que une nuestras culturas”, explicó el diplomático. La exposición “Alquimia” dejó en evidencia que el arte dominicano posee una fuerza creativa, pero carece de una estructura económica que lo sostenga. Producir una obra puede costar entre RD$5,000 y RD$10,000, sin garantías de venta ni apoyo institucional. En este contexto, la tecnología y la inteligencia artificial (IA) se presentan como herramientas complementarias que, bien utilizadas, pueden potenciar la creación artística.

EL ABOGADO DEL DIABLO

UN DRAMA DE LA PANTALLA QUE TAMBIÉN FUE UN BUEN NEGOCIO

ERonny Cruz rcruz@eldinero.com.do Santo Domingo

strenada en 1997, El abogado del diablo (The Devil’s Advocate) llamó la atención no solo por su historia sobre ambición, poder y tentación, sino también por su desempeño financiero. Dirigida por Taylor Hackford y protagonizada por Keanu Reeves, Al Pacino y Charlize Theron, la película se convirtió en una producción rentable para Warner Bros.

PERSONAJES Y LUCHA INTERNA

Kevin Lomax es la representación del ego humano y la ambición desmedida. Frases como “Yo no pierdo, yo gano” reflejan su obsesión por el poder y muestran cómo este puede desplazar valores personales y familiares. La película presenta un conflicto clásico: la lucha entre ética y ambición, explorando cómo la tentación puede llevar a un individuo talentoso a la corrupción moral.

El presupuesto fue US$57 millones y alcanzó US$153 millones en taquilla inicial. En la actualidad, sigue siendo rentable

DETALLE REAL

La escena inicial de la película, en la que Kevin Lomax (Keanu Reeves) defiende a un cliente acusado de abuso infantil, se filmó con la congregación real de una pequeña iglesia evangélica, sin actores extras profesionales. El director Taylor Hackford trabajó directamente con los pastores y líderes de la comunidad para garantizar una representación auténtica y respetuosa de la iglesia.

Basada en la novela homónima de Andrew Neiderman (1990), la cinta profundiza en la corrupción moral y los conflictos internos del protagonista. Aunque la película suaviza algunos elementos del libro, conserva los temas centrales: ambición desmedida, ego, tentación y vanidad. Éste último, el pecado favorito del diablo.

Según el portal The Numbers, la película tuvo un presupuesto de US$57 millones y recaudó US$153 millones a nivel mundial: US$61 millones en Estados Unidos y Canadá, y US$92 millones en el resto del mundo. Esto permitió que la cinta triplicara su inversión inicial, generando beneficios considerables para el estudio.

A diferencia de las grandes producciones de acción o comedia de la época, El abogado del diablo era un drama legal con elementos sobrenaturales y un ritmo más pausado. Sin embargo, la combinación de un elenco atractivo y una trama intrigante impulsó su rendimiento comercial. Una de las decisiones más comentadas durante la producción fue la de Keanu Reeves, quien redujo su salario para que el famoso actor Al Pacino pudiera unirse al proyecto.

John Milton, interpretado por Al Pacino, encarna al diablo moderno: carismático, persuasivo y manipulador. Su personaje funciona como una figura paterna distorsionada, aprovechando la ausencia de guías éticos en la vida de Kevin y demostrando cómo la vulnerabilidad frente a la autoridad falsa puede conducir a la caída personal.

Mary Ann, esposa de Kevin e interpretada por Charlize Theron, refleja el impacto de la ambición sobre la vida personal. Su deterioro emocional y locura simbolizan las consecuencias humanas de obsesionarse con el poder y el éxito, dejando de lado las relaciones personales y afectivas.

En el vestuario, los trajes de Kevin cambian de colores claros a oscuros, simbolizando su progresiva inmersión en la corrupción; mientars hay frases y monólogos que destacan la deshumanización del protagonista y la crítica a la ambición ciega.

IMPACTO Y LEGADO

FICHA TÉCNICA

Director: Taylor Hackford.

Genero: Misterio y suspenso, fantasía, terror.

Intérpretes: Keanu Reeves; Al Pacino; Charlize Theron. País: Estados Unidos.

Año: 17 de octubre de 1997. Duración: 2h 24m.

Transmisión: 15 de agosto de 2008 hasta la actualidad.

Esta elección estratégica aportó prestigio a la cinta y ayudó a atraer público. Más tarde, Pacino donó el dinero extra a una obra benéfica.

Con el paso de los años, la película continuó generando ingresos mediante ventas en VHS, DVD y derechos de transmisión en televisión y plataformas digitales, elevando sus ganancias totales estimadas a más de US$200 millones, consolidándola como una de las producciones más rentables de Warner en los años 90.

Además de su éxito financiero, El abogado del diablo es un filme que impulsó la carrera de Charlize Theron, otorgándole mayor visibilidad internacional, además de que consolidó a Keanu Reeves como un actor de renombre, preludiando su papel en The Matrix (1999).

La película es un ejemplo de cómo un guion sólido, actuaciones destacadas y decisiones inteligentes de producción pueden convertir un drama legal y psicológico en un éxito económico y cultural.

Demuestra que, incluso, sin efectos espectaculares ni franquicias, una historia bien contada puede atraer público, generar ganancias y convertirse en un referente del cine de suspenso con vigencia actual.

INDICADORES

N/D N/D N/D

13.95% 13.00% 18.00%

13.60% 13.60% 18.10%

16.25% 15.00% 19.95%

N/D N/D N/D

12.66% 18.25% 19.50%

12.75% 14.50% 17.50% BANCO ACTIVO N/A N/A N/A ASOCIACIONES DE AHORROS Y PRÉSTAMOS

12.71% 18.80% 17.10%

14.50% 34.00% 28.00%

13.95% 18.00% 20.00%

N/D N/D N/D BONAO 14.50% 19.00% 24.00% PERAVIA N/D N/D N/D

*Montos consultados en páginas web y llamadas (22/10/2025)

Precios en dólares y volúmenes en toneladas. Semana anterior Semana actual Producto