EL CRECIMIENTO SE MODERARÁ, PERO SEGUIRÁ SIENDO FIRME
Se proyecta que el crecimiento del PIB alcanzará el 2.9% en 2025, el 2.2% en 2026 y 1.8% en 2027. La demanda interna seguirá siendo el principal motor del crecimiento, mientras que se espera una leve consolidación fiscal en los próximos años. El aumento de las tensiones geopolíticas, la mayor incertidumbre comercial y los aranceles han reducido la demanda externa y representan riesgos a la baja para las perspectivas.
La demanda interna seguirá impulsando el crecimiento. Los desembolsos de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y la reducción de los tipos de interés impulsarán la inversión. El consumo se verá respaldado por un mercado laboral sólido y por el aumento de los ingresos reales, con una inflación que alcanzará el 2.3% en 2026 y 1.8% en 2027. El crecimiento de las exportaciones se ralentizará, reflejando la débil demanda de los socios comerciales como resultado del aumento de la incertidumbre y de los aranceles comerciales (Cuadro 1).
Los riesgos a la baja siguen siendo elevados. El aumento de las tensiones geopolíticas y la fragmentación del comercio mundial podrían debilitar el crecimiento de las exportaciones. Una mayor incertidumbre y unas condiciones financieras globales más restrictivas podrían deteriorar la confianza, afectando al consumo privado y a la inversión empresarial, lastrando el crecimiento económico.
Los riesgos financieros son reducidos, pero es necesario un seguimiento continuo y estrecho. La situación financiera del sector privado ha mejorado, mientras que el crédito tanto
a los hogares como a las empresas no financieras ha vuelto a crecer moderadamente. Los bancos siguen bien capitalizados y rentables a pesar del endurecimiento de las condiciones financieras. El Banco de España ha introducido un colchón de capital contracíclico positivo (CCyB) del 0.5%, que entró en vigor en octubre de 2025 y aumentará al 1% el año siguiente, lo cual es positivo. Es esencial seguir realizando un seguimiento estrecho y fomentar la constitución de provisiones prudentes para reforzar aún más la resiliencia financiera.
El mercado de la vivienda en España enfrenta desafíos estructurales. Los persistentes cuellos de botella de la oferta en las zonas de alta demanda, combinados con el aumento de la demanda de vivienda, están ejerciendo presiones al alza sobre los precios. Aumentar aún más la oferta de vivienda asequible sigue siendo fundamental. Acelerar los procedimientos de desarrollo urbanístico y ampliar la inversión en vivienda social más allá de lo actualmente previsto, aprovechando la participación de actores privados con y sin ánimo de lucro, podría contribuir a ampliar la vivienda social más rápidamente y a un menor coste fiscal.
Cuadro 1. El crecimiento seguirá siendo sólido, aunque moderándose
Tasas de crecimiento % anuales, salvo indicación, volúmenes (a precios de 2020)
Fuente: Base de datos del OECD Economic Outlook .
GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD FISCAL ES CLAVE ANTE LAS PRESIONES DE GASTO A LARGO PLAZO
Las finanzas públicas de España han mejorado, con una reducción de la deuda pública desde 2021, aunque se mantiene en niveles elevados. De cara al futuro, se prevé un aumento de las presiones fiscales a largo plazo, impulsadas principalmente por el envejecimiento de la población y el incremento de los costes de las pensiones, junto con mayores gastos relacionados con el clima y la defensa. Para afrontar estas presiones sin comprometer el crecimiento, es esencial mantener una política fiscal creíble a medio plazo, al tiempo que se crea espacio para un gasto que impulse el crecimiento, acompañado de políticas que fomenten el crecimiento potencial.
La moderada consolidación fiscal continúa. El déficit fiscal y la deuda pública en relación con el PIB disminuyeron en 2024 hasta el 3.2% y el 101.8% del PIB, respectivamente. Dado el sólido impulso del crecimiento, acelerar el ritmo de reducción del déficit permitiría a España reforzar más rápidamente sus colchones fiscales para responder eficazmente a futuros choques o recesiones.
En ausencia de reformas, la deuda pública aumentará a medio plazo. El plan fiscal a medio plazo del gobierno establece una senda gradual de consolidación para reducir el déficit fiscal al 0.8% y situar la deuda pública en el 90.6% del PIB en 2031. Sin embargo, el plan gubernamental podría detallar mejor las medidas concretas necesarias para alcanzar estos objetivos. Además, bajo las políticas actuales, la ratio de deuda sobre PIB aumentaría significativamente en la década de 2040s debido a los elevados costes asociados al envejecimiento de la población (Gráfico 2). Para situar la deuda en una senda claramente descendente, será necesario abordar el aumento del gasto en pensiones, reducir el gasto ineficiente y mejorar los ingresos tributarios.
Se requieren medidas adicionales para hacer frente a las presiones fiscales derivadas del aumento previsto del gasto en pensiones. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de España, el gasto en pensiones aumentará en 3.2 puntos porcentuales del PIB entre 2023 y 2050, mientras que el gasto asociado al envejecimiento podría incrementarse hasta en 5.2 puntos porcentuales, ligeramente por debajo de lo anteriormente previsto. Pese a las reformas recientes, incluyendo el aumento de la edad legal de jubilación, la ampliación del período de cotización, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la reforma del régimen especial de trabajadores autónomos, se prevé que la brecha entre el gasto en pensiones y los ingresos siga ampliándose en las próximas décadas. Nuevos incrementos en las cotizaciones sociales aumentarían aún más la cuña fiscal sobre el trabajo y podrían afectar negativamente al empleo. Debería considerarse un conjunto equilibrado de opciones de reforma, incluyendo el establecimiento de un ajuste por esperanza de vida, la ampliación del período de referencia para el cálculo de los
derechos de pensión u otros mecanismos similares. También es clave asegurar un seguimiento regular, dinámico y prospectivo de las presiones sobre el gasto en pensiones.
Una estrategia fiscal detallada a medio plazo y una mejor priorización del gasto también son esenciales. Revisar las reglas fiscales nacionales para alinearlas con el nuevo marco europeo y garantizar la coherencia de criterios reforzaría la credibilidad y la aplicación del plan fiscal a medio plazo. Alinear el gasto con las prioridades de crecimiento a largo plazo, respaldado por revisiones del gasto y análisis sólidos de la relación coste-beneficio, contribuiría aún más a la consolidación fiscal.
Gráfico 2. Las presiones fiscales aumentarán por el incremento futuro del gasto asociado al envejecimiento
Cambio proyectado en los costes asociados al envejecimiento entre 2024 y 2044, en puntos porcentuales del PIB
SWELVAFINESTFRAPOLITAUE-27GRCAUTDEUDNKBELNORNLDIRLHUNCZELUXLTUSVKSVNESPPRT
Nota: La actualización de las proyecciones del Ageing Report para España utilizando los datos observados del PIB de 2022 y 2023 sitúa los costes relacionados con el envejecimiento en el 3.2% del PIB entre 2023 y 2050, según (AIREF, 2025[1]). Fuente: CE (2024), TheAgeingReport:EconomicandBudgetaryProjectionsforthe EUMemberStates(2022-2070) , Comisión Europea.
Existe margen para reequilibrar la estructura tributaria hacia impuestos menos distorsionantes. La ratio de ingresos fiscales sobre PIB de España, del 37.3% en 2023, supera el promedio de la OCDE (33.9%). Sin embargo, el sistema impone una elevada carga sobre los impuestos al trabajo, lo que puede desincentivar el empleo y la creación de puestos de trabajo, mientras que recauda menos por el consumo que sus homólogos de la UE y la OCDE. Una reforma tributaria más
integral que reequilibre la estructura fiscal hacia impuestos menos distorsionantes podría mejorar la equidad y la eficiencia, al tiempo que aumentaría la recaudación. Posibles opciones incluyen la armonización de los tipos del IVA y la reducción de exenciones, la equiparación de los impuestos especiales sobre el diésel y la gasolina, y el refuerzo de la fiscalidad energética y sobre los vehículos, combinada con una reducción de las cuñas fiscales para las familias de bajos ingresos.
UN MAYOR CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EXIGE REFORZAR EL DESEMPEÑO DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
España ha mostrado una evolución positiva en la productividad laboral por hora trabajada desde 2022. Sin embargo, aún mantiene una brecha significativa con respecto a la zona del euro y a sus homólogos de la OCDE (Gráfico 3, Panel A). Las pymes, que representan el 99% de las empresas y emplean a la mayor parte de la fuerza laboral, principalmente en el sector servicios, tienden a ser significativamente menos productivas que las grandes empresas (Gráfico 3, Panel B), debido a su acceso limitado a la financiación externa y a la falta de trabajadores cualificados, así como a una menor adopción de la innovación y un uso más débil de herramientas digitales avanzadas.
Mejorar el acceso a la financiación y reducir la carga administrativa es fundamental para el crecimiento de las pymes. Promover entre las pymes el uso de financiación basada en el mercado, fomentando la cooperación públicoprivada para conectar a las pymes con alto potencial de crecimiento con los participantes en el mercado de capitales, puede ampliar sus fuentes de financiación, ya que dependen en gran medida de los préstamos bancarios. La complejidad regulatoria y los costes de cumplimiento fiscal afectan de forma desproporcionada a las empresas más pequeñas. Revisar y simplificar estas regulaciones,
especialmente a nivel subnacional, puede eliminar los desincentivos al crecimiento.
Aumentar el uso de herramientas digitales más avanzadas entre las pymes es esencial para impulsar el crecimiento de la productividad. España ha logrado avances importantes en digitalización, pero la adopción de tecnologías digitales avanzadas, como el análisis de datos, la computación en la nube y la automatización de procesos, ha sido más lenta fuera de las grandes empresas.
Gráfico 3. Pese a las mejoras recientes, la productividad laboral sigue siendo baja, especialmente en las microempresas
A. Productividad laboral PIB nominal por hora trabajada
B. Productividad laboral por tamaño de empresa Valor añadido por persona empleada, miles de USD a precios corrientes PPA, 2023 o último año disponible
España UE-27
5 países de la OCDE con mejor desempeño España 2016
Microempresas (1-9 trabajadores) Pequeñas empresas (10-49 trabajadores)
Medianas empresas (50-249 trabajadores)
Grandes empresas (250 o más trabajadores)
donde la productividad laboral supera los 570.000
Para fomentar su adopción entre las pymes, España debería aprovechar plenamente los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia para ampliar el asesoramiento y la formación digital específicos y adaptados a las pymes.
La actividad innovadora está dominada por un número reducido de grandes empresas, con una participación limitada de las pymes. Muchas empresas pequeñas enfrentan carencias de información sobre los programas públicos de apoyo, procedimientos administrativos complejos y vínculos débiles con los sistemas de innovación. Mejorar la visibilidad del apoyo público a la innovación, facilitar su acceso y reforzar la colaboración entre las pymes y las instituciones de investigación puede impulsar significativamente la innovación.
Abordar el desajuste de competencias y fomentar la mejora de las cualificaciones de la mano de obra es fundamental para apoyar la productividad de las empresas. Dos tercios de las pymes afirman tener dificultades para contratar trabajadores con las competencias adecuadas, mientras que muchas carecen de recursos para desarrollar y aplicar estrategias de formación. A pesar de los importantes avances en la participación de las pymes en la formación profesional y los modelos de formación dual a partir de una reciente reforma, muchas pymes aún no aprovechan al máximo estos programas. Simplificar el acceso a la formación subvencionada mediante la simplificación de los procedimientos y la mejora de la divulgación entre las pymes podría aumentar su participación.
APROVECHAR EL POTENCIAL DE LOS TRABAJADORES DE MÁS EDAD Y DE LAS PERSONAS MIGRANTES AYUDARÍA A AFRONTAR EL RETO DEL ENVEJECIMIENTO
El envejecimiento de la población y las bajas tasas de empleo entre los trabajadores de mayor edad amenazan con reducir la oferta laboral, frenar el crecimiento potencial e incrementar las presiones fiscales, pese al impulso positivo de la creciente migración en los últimos años. Las reformas recientes han dado pasos para abordar estos desafíos, fomentando una vida laboral más prolongada mediante trayectorias de jubilación más flexibles y mejorando la integración de los migrantes a través de canales legales ampliados y procedimientos de regularización más ágiles. Sobre la base de estas reformas, es necesario realizar más esfuerzos para reforzar los incentivos que animen a los trabajadores de más edad a permanecer activos, promover la mejora de sus competencias, el aprendizaje a lo largo de la vida y una mejor armonización de las políticas de migración y competencias con las necesidades laborales en constante evolución.
El envejecimiento poblacional avanza más rápido en España que en la mayoría de los países de la OCDE. Según datos de la OCDE, para 2054 se producirá un aumento de 41 puntos porcentuales en la proporción de personas mayores respecto a la población activa en comparación con 2024 (Gráfico 4, Panel A). Este cambio demográfico reducirá la oferta laboral, ralentizará el crecimiento del producto potencial y ejercerá una presión creciente sobre las finanzas públicas. Aprovechar mejor el potencial laboral de los trabajadores de más edad y de las personas migrantes puede compensar parcialmente parte del lastre demográfico y apoyar a los sectores que ya enfrentan, o enfrentarán, escasez de mano de obra.
La tasa de empleo de los trabajadores de más edad ha aumentado en las dos últimas décadas, pero sigue siendo baja. Aunque los trabajadores mayores representan una proporción creciente de la población, su tasa de empleo sigue por debajo de los niveles de la
OCDE y cae bruscamente después de los 55 años, debido a las jubilaciones anticipadas, la obsolescencia de competencias y la limitada adaptabilidad en los lugares de trabajo. Ampliar gradualmente la edad efectiva de salida del mercado laboral mediante incentivos a la jubilación tardía, junto con la expansión de opciones de trabajo flexible, son pasos en la dirección correcta. Sin embargo, el diseño de la prestación asistencial de desempleo para los mayores de 52 años sigue desincentivando el trabajo (Gráfico 4, Panel B) y debería reformarse. Introducir vales individuales de formación para trabajadores de más edad, centrados en sectores con escasez de mano de obra o cambios tecnológicos, puede ayudar a aumentar su participación en el aprendizaje a lo largo de la vida.
La integración laboral de las personas migrantes muestra tanto fortalezas como carencias estructurales. España ha atraído cada vez más trabajadores migrantes cualificados, en su mayoría en edad laboral y que suelen encontrar empleo
Gráfico 4. El envejecimiento de la población ejercerá presión sobre el mercado laboral español
A. Aumento previsto de la tasa de dependencia de la tercera edad Población mayor a población en edad de trabajar (20-64 años), variación 2024-2054
Proyección base de Eurostat
Proyección del INE
B. Beneficiarios de prestaciones por desempleo por grupo de edad
Trabajadores mayores (50+) entre los beneficiarios (escala derecha)
Nota: Panel A: el cálculo de la tasa de dependencia de las personas mayores se basa en proyecciones de la ONU (estimaciones de la OCDE) y en proyecciones del INE (estimaciones de Eurostat). Panel B: la prestación por desempleo se refiere a la asistencia y excluye la prestación contributiva por desempleo.
Fuente: OCDE, Pensions at a Glance; Eurostat; INE; Servicio Público de Empleo.
rápidamente tras su llegada. Pese a los avances recientes, muchos siguen enfrentando empleos de baja calidad, informalidad y una movilidad social limitada. Las reformas recientes ampliaron los canales legales de migración y regularización, pero es necesario reforzar el apoyo temprano a la integración mediante la formación lingüística, la orientación profesional y la asistencia en la búsqueda de empleo, así como garantizar una integración temprana y satisfactoria de los jóvenes de segunda generación.
Reforzar la capacidad de respuesta estratégica del sistema migratorio podría atraer a más trabajadores
extranjeros con talento. El sistema migratorio español ha mostrado históricamente una escasa alineación con las necesidades reales de mano de obra y a menudo ha sido reactivo. Simplificar los trámites para obtener un visado de trabajo antes de la llegada, aumentar los acuerdos laborales bilaterales, agilizar y acelerar el reconocimiento de títulos mediante la digitalización, establecer plazos claros y aumentar la capacidad administrativa podría atraer a más migrantes cualificados y ayudar a paliar la escasez de mano de obra, especialmente a medida que se jubile la generación del baby boom. Promover un uso más eficaz de los mecanismos europeos para atraer talento también sería beneficioso.
ESPAÑA NECESITA REFORZAR SU RESILIENCIA
CLIMÁTICA, AVANZAR EN LA DESCARBONIZACIÓN Y SEGUIR ABORDANDO LA SEGURIDAD ENERGÉTICA
España se encuentra entre los países europeos más expuestos al cambio climático, experimentando algunas de las pérdidas humanas y económicas más graves (Gráfico 5). El aumento de las temperaturas, las sequías, inundaciones, olas de calor e incendios forestales cada vez más frecuentes e intensos amenazan el crecimiento futuro, el medio ambiente y la salud pública del país. Reforzar la resiliencia requerirá inversiones de adaptación específicas y una infraestructura sólida. España es líder en la expansión de la generación de electricidad renovable, y las políticas de descarbonización deben seguir dando prioridad a la simplificación de los procedimientos de autorización y a la aceleración de la inversión en infraestructuras de red, al tiempo que se fomenta la inversión en almacenamiento y se desarrollan medidas para incentivar la respuesta de la demanda.
Los desastres relacionados con el clima generan costes económicos cada vez mayores. A pesar de los avances en la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, las pérdidas derivadas de estos fenómenos siguen aumentando. El marco de financiación de desastres de España se considera un modelo sólido gracias al buen desempeño del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS). Sin embargo, la frecuencia y la intensidad de los desastres van en aumento, lo que subraya la necesidad de mantener la sostenibilidad financiera del CCS a largo plazo. El incremento en la duración y frecuencia de las olas de calor está aumentando los riesgos para la salud y reduciendo la productividad, especialmente en las ciudades, lo que refuerza la necesidad de integrar aún más la adaptación al calor en la planificación urbana y en los códigos de construcción.
Las inundaciones, uno de los riesgos naturales más dañinos en España, se ven agravadas por la urbanización de zonas de alto riesgo. Restringir las nuevas construcciones en áreas con alto riesgo a inundaciones, desalentar una mayor exposición y ampliar las infraestructuras de protección mediante procesos normativos simplificados puede mitigar significativamente los impactos económicos y humanos.
La escasez de agua plantea desafíos crónicos, agravados por precios del agua demasiado bajos y estructuras de incentivos inadecuadas para la conservación. España debería reforzar las medidas basadas en la demanda, incluyendo la revisión de las asignaciones de agua en el proceso de planificación hidrológica con fines de conservación, y reformar la tarificación del agua para reflejar la recuperación total de costes, incluidas las externalidades ambientales y la escasez. Explorar precios marginales a largo plazo en la agricultura y sistemas de derechos de agua
transferibles podría mejorar la eficiencia y la resiliencia, al tiempo que apoyaría los esfuerzos de conservación.
España es líder en la expansión de la generación eléctrica renovable, con las fuentes solares y eólicas suministrando ya más de la mitad de la generación anual —manteniendo al país en la senda de sus objetivos de descarbonización. Sin embargo, se prevé que la demanda eléctrica aumente más de un 40% de aquí a 2030. Este crecimiento refuerza la necesidad de seguir ampliando las inversiones en infraestructuras de red, interconexiones y almacenamiento, al tiempo que se implementan medidas para hacer frente a las limitaciones y la congestión de la red.
Las emisiones del transporte representan casi un tercio del total de emisiones de España. El aumento de la propiedad de vehículos y de la demanda de movilidad, junto con señales de precios insuficientes para fomentar alternativas más limpias, han compensado parcialmente las mejoras de eficiencia. Una senda de descarbonización rentable requiere aumentar los impuestos especiales al diésel, eliminar las bonificaciones fiscales al combustible para el transporte de mercancías e introducir peajes por congestión, destinando los ingresos obtenidos a corredores de recarga rápida y al transporte público de alta capacidad. La cuota actual del transporte ferroviario de mercancías en España (4%) es de las más bajas de Europa, y la infraestructura fragmentada y la limitada electrificación obstaculizan su competitividad. El desarrollo de corredores ferroviarios interoperables y electrificados, con mejores conexiones entre puertos ferroviarios y centros logísticos, son fundamentales para descarbonizar la logística y aliviar la presión sobre las redes carreteras.
Gráfico 5. Las pérdidas económicas y las víctimas relacionadas con el clima se encuentran entre las más altas de Europa
Pérdidas económicas per cápita y fallecimientos por millón de habitantes durante el período 1980-2024
Pérdidas económicas per cápita Fallecimientos (eje derecho)
MANTENER EL CRECIMIENTO Y LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD FISCAL
■ El déficit fiscal y la deuda pública han disminuido, pero el déficit estructural subyacente apenas ha cambiado y la deuda sigue siendo elevada. El impulso del crecimiento es fuerte, con una brecha de producción casi cerrada, apoyo de las subvenciones del NGEU y una relajación de la política monetaria. Los riesgos se inclinan a la baja.
● Acelerar el ritmo de reducción del déficit para reconstruir más rápidamente los márgenes fiscales y responder eficazmente a futuros choques o recesiones.
■ España se ha comprometido a reducir el déficit fiscal al 0.8% y la deuda pública al 90.6% del PIB para 2031. Sin embargo, actualmente no existen planes detallados sobre cómo alcanzar estos objetivos. Además, el gasto asociado al envejecimiento a largo plazo está aumentando.
● Aportar más detalle en la estrategia fiscal a medio plazo para reducir aún más la deuda pública, fortaleciendo los ingresos tributarios, mejorando la eficiencia del gasto, conteniendo los gastos asociados al envejecimiento y priorizando la inversión que impulse el crecimiento.
■ El envejecimiento incrementará el gasto en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración. A pesar de las reformas recientes en el sistema de pensiones, el gasto seguirá aumentando, generando un volumen creciente de pasivos implícitos que no están provisionados en la actualidad. La indexación de las pensiones a la inflación y la falta de un ajuste automático a la esperanza de vida elevan los costes del sistema.
● Considerar el establecimiento de un ajuste en función de la esperanza de vida, la ampliación del período de referencia para el cálculo de los derechos de pensión u otros mecanismos similares que garanticen la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.
■ España enfrenta una escasez de vivienda en las zonas de alta demanda debido a persistentes cuellos de botella en la oferta, incluyendo la limitada disponibilidad de suelo urbanizable, la lentitud de las aprobaciones administrativas y los débiles incentivos para el desarrollo de vivienda asequible.
● Acelerar los procedimientos de desarrollo urbanístico mediante la simplificación y digitalización de los procesos de planificación y concesión de permisos, con el fin de liberar suelo urbanizable, especialmente en las zonas urbanas de alta demanda.
■ Pese a las mejoras en el marco legal, la corrupción percibida sigue siendo elevada y persisten deficiencias en la aplicación de las leyes. España ha introducido recientemente un nuevo plan de integridad y lucha contra la corrupción que debería abordar las principales debilidades. No obstante, la aplicación de las leyes contra el soborno internacional sigue siendo un problema.
● Garantizar la adopción e implementación efectiva del nuevo plan anticorrupción, incluyendo la regulación completa de las actividades de lobby, mecanismos de control y una rendición de cuentas clara de los resultados, y reforzar la aplicación de la Convención Antisoborno de la OCDE.
FOMENTAR EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
■ El acceso limitado a la financiación sigue restringiendo la inversión y el crecimiento de las pymes, que dependen en gran medida de los préstamos bancarios y tienen un acceso limitado a la financiación basada en el mercado.
● Promover el uso de la financiación basada en el mercado entre las pymes fomentando la cooperación públicoprivada para conectar a las pymes con los participantes de los mercados de capitales.
■ La inversión en I+D sigue concentrándose en un número reducido de grandes empresas, como en otros países, mientras que la mayoría de las pymes aportan poco o nada a la actividad innovadora. Los generosos incentivos fiscales a la I+D son un elemento central del sistema de apoyo a la innovación en España, pero su acceso se percibe como complejo y con una elevada carga administrativa.
● Simplificar los procedimientos de solicitud y reembolso de las ayudas públicas a la I+D mediante una plataforma digital de “ventanilla única” y acelerar los plazos de tramitación de los reembolsos.
■ A pesar de la formación disponible ofrecida por el SEPE, la inversión en capacitación sigue siendo baja en las pymes debido a la falta de información, la elevada carga administrativa y los altos costes.
● Agilizar el acceso a la formación subvencionada simplificando los procedimientos y mejorando la difusión entre las pymes.
APROVECHAR MEJOR EL POTENCIAL DEL MERCADO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE MÁS EDAD Y DE LAS PERSONAS MIGRANTES
■ El desempleo constituye de facto una vía temprana hacia la jubilación para muchos trabajadores de mayor edad. Pese a las reformas recientes del sistema de prestaciones por desempleo, para los trabajadores mayores de 52 años la reincorporación al empleo se ve desincentivada por ayudas asistenciales de desempleo que no tienen límite temporal, no están dirigidas a los hogares con bajos ingresos, permiten seguir acumulando derechos de pensión tras agotar las prestaciones contributivas y generan derechos superiores a los obtenidos en empleos de bajos salarios.
● Reformar la ayuda por desempleo no contributiva para que los trabajadores de todas las edades reciban un apoyo equitativo, restringiendo la acumulación de derechos de pensión únicamente a la fase del seguro de desempleo, introduciendo pruebas de ingresos a nivel del hogar, reduciendo gradualmente los niveles de prestación, limitando su duración y aplicando de forma efectiva los requisitos de búsqueda activa de empleo.
■ Se han introducido reformas recientes en el sistema de formación, pero la participación de los trabajadores de más edad en el aprendizaje permanente sigue siendo baja, especialmente entre los de menor cualificación, debido a incentivos limitados, problemas de accesibilidad y escasa adecuación de la oferta formativa.
● Introducir vales individuales de formación para trabajadores de más edad, cofinanciados con las empresas y centrados en los sectores con escasez de mano de obra o sujetos a cambios tecnológicos.
■ Muchos migrantes con alta formación trabajan en empleos poco cualificados debido a los procedimientos largos, inciertos y complejos para el reconocimiento de títulos extranjeros.
● Simplificar y acelerar el reconocimiento de títulos mediante la digitalización, la fijación de plazos claros y el refuerzo de la capacidad administrativa.
REFORZAR LA RESILIENCIA CLIMÁTICA, LA DESCARBONIZACIÓN Y LA SEGURIDAD ENERGÉTICA
■ Los precios actuales del agua no reflejan los costes reales de su suministro, la escasez ni el coste de oportunidad de su uso. Los precios difieren significativamente entre sectores. Los usuarios agrícolas pagan menos y afrontan costes marginales bajos o nulos por el consumo, lo que debilita los incentivos para un uso eficiente del agua.
● Alinear los precios del agua entre sectores para reforzar las señales de precio que reflejen la escasez y, en el caso de los usuarios agrícolas, explorar la tarificación marginal a largo plazo y los derechos de agua transferibles para asignar los recursos de forma eficiente y fortalecer las medidas basadas en la demanda, incluidas las revisiones de asignación de agua en el proceso de planificación hidrológica.
■ Las inundaciones son uno de los riesgos naturales más dañinos en España y se ven agravadas por la urbanización en zonas de alto riesgo. El marco de financiación de desastres ofrece una protección rápida y universal gracias al buen desempeño del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), pero la exposición y la frecuencia de los fenómenos climáticos van en aumento. Los planes de gestión del riesgo de inundaciones sufren retrasos en su aplicación debido a la complejidad administrativa y a la reticencia hacia las soluciones estructurales necesarias. Los municipios, además, tienen incentivos económicos implícitos para desarrollar áreas propensas a inundaciones.
● Mejorar el Marco de Resiliencia ante Inundaciones Ajustado al Riesgo para: (a) restringir nuevas construcciones en zonas de alto riesgo de inundación; (b) mantener la sostenibilidad financiera a largo plazo del CCS; y (c) acelerar la concesión de permisos para defensas estructurales rentables contra inundaciones.
■ Las olas de calor más frecuentes y prolongadas están aumentando los riesgos para la salud y reduciendo la productividad, especialmente en las ciudades, entre los grupos vulnerables y los trabajadores al aire libre. Los esfuerzos actuales se centran principalmente en la salud y no cubren suficientemente la exposición urbana, los riesgos laborales ni el seguimiento de los incidentes relacionados con el calor.
● Integrar la adaptación al calor en la planificación urbana y en los códigos de construcción, dando prioridad a las soluciones verdes basadas en análisis coste-beneficio.
■ España ha aumentado significativamente la generación de electricidad de fuentes renovables, que representó más del 50% de la oferta eléctrica en 2023. Para mantenerse en la senda de los objetivos de renovables, se están aplicando medidas para afrontar las limitaciones de vertido, la congestión de la red y los retrasos en los procesos de autorización.
● Seguir simplificando los procedimientos de autorización y acelerar la inversión en infraestructuras de red, incluidas las interconexiones, para abordar la congestión y permitir la expansión continua de las energías renovables.
■ El transporte es la principal fuente de gases de efecto invernadero en España. A pesar de una reducción del 16% desde 2007, el aumento de la movilidad, una flota envejecida dominada por el diésel y unas señales de precios inconsistentes mantienen al sector fuera del rumbo necesario para alcanzar el objetivo de 2030. Las bonificaciones al diésel reducen la rentabilidad de las políticas y retrasan la transición hacia modos de transporte más limpios. La inversión insuficiente en puntos de recarga rápida, transporte ferroviario de mercancías y transporte urbano limita el cambio modal.
● Aumentar el gasto público en infraestructuras de transporte con bajas emisiones de carbono —redes de recarga rápida, corredores ferroviarios de mercancías interoperables y electrificados con mejores conexiones entre puertos y centros logísticos, ferrocarril interurbano y transporte urbano masivo— y eliminar progresivamente las bonificaciones al diésel alineando todos los impuestos sobre los combustibles con su contenido de carbono.
Estudios Económicos de la OCDE
