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aPRO / Claudia VillegaS
RUBÉN AGUILAR VALENZUELA
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Los tres primeros años del gobierno del presidente López Obrador en números absolutos son los más violentos en la historia de por lo menos los últimos cien años.
Y son los más violentos en el indicador de personas asesinadas por cien mil habitantes desde que al inicio de los años sesenta este indicador empieza a bajar de manera sostenida.
Los años menos violentos, con ocho homicidios dolosos por 100 mil habitantes, fueron 2006 y 2007. Con la guerra del presidente Calderón se rompe la tendencia a la baja y el sexenio termina con un promedio de 18 homicidios dolosos por 100 mil habitantes.
El presidente Peña Nieto continúa con la estrategia de su antecesor y finaliza con un promedio sexenal de 20 homicidios dolosos por 100 mil habitantes. En lo que va del gobierno del presidente López Obrador el promedio anual ha sido de 29 homicidios dolosos por 100 habitantes.
La estrategia de seguridad de López Obrador claramente ha fracasado. Están ahí los números. Todo mundo los puede consultar. Son públicos y oficiales.
El presidente prometió en campaña que cambiaría de estrategia. Ya en el gobierno lo hizo y por sus resultados resulta evidente que es peor que la de los presidentes Calderón y Peña Nieto.
La estrategia de López Obrador se basa en cuatro sólidos principios: * “Abrazos y no balazos”. En reiteradas ocasiones el presidente ha dicho esta frase que sintetiza su política. El crimen organizado entiende bien que no será molestado y que puede actuar sabiendo que no habrá reacción de las fuerzas de seguridad pública. *“La violencia genera más violencia”. Frase también repetida en diversas ocasiones por el presidente. Refuerza la anterior. Implica la renuncia del Estado al uso de la fuerza legítima, para mantener la paz. *Ceder a la presión del crimen organizado. El caso más emblemático, pero no el único, es la liberación, ya en manos del Ejército, del hijo del Chapo Guzmán. El Estado mexicano se dobla ante la amenaza de reacción del crimen. *Deferencias ante los criminales. El video y la foto del presidente que se acerca para saludar a la mamá del Chapo Guzmán recorrió el mundo. Es un acto simbólico, que el crimen entiende muy bien.
En los hechos la estrategia de seguridad del presidente ha elevado los niveles de violencia y enfrentamiento entre los distintos cárteles y los cientos de grupos que les están asociados.
La intensa disputa por el control de los territorios es aprovechar, en los espacios por ellos dominados, de las ventajas que otorga una política de seguridad donde el Estado nacional renuncia a enfrentar al crimen organizado. @RubenAguilar
/ Claudia Villegas
Trimestre a trimestre, Grupo Elektra ha reconocido ante los inversionistas del mercado de valores que desde 2013 litiga de manera sistemática en contra del Estado mexicano el pago de créditos fiscales después de que, a partir de enero de 2014, se derogó el régimen de consolidación tributaria, el cual le había permitido reducir su tasa efectiva de impuestos.
Antes, en 2013, las modificaciones al artículo 71 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) también representaron cambios para Elektra.
Durante los primeros tres años de la entrada en vigor de la desconsolidación tributaria, Elektra reconoció públicamente que esa decisión del Poder Legislativo y, posteriormente, la ejecución por parte de la autoridad tributaria, le generó un impacto en sus finanzas de al menos 3 mil 853 millones de pesos, y que tendría sólo cinco años para resolver si los pagaba o no. Allí comenzó la defensa frente al Servicio de Administración Tributaria (SAT)
Para Elektra el artículo 71 de la Ley del ISR viola los principios de seguridad jurídica y legalidad, al ser omiso en señalar expresamente cuál es la consecuencia de la fusión de sociedades que pertenecen al mismo grupo de consolidación fiscal, por lo que se desconoce si, en ese caso, se actualiza o no el supuesto de desincorporación y si es posible aprovechar las pérdidas.
Elektra estima que se violaron sus derechos constitucionales, así como los establecidos en los artículos 8 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales estipulan que “toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competente, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales”. Elektra cumple ya más de ocho años litigando el pago de impuestos y, finalmente, el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El equipo de abogados de Grupo Elektra ha insistido ante las autoridades judiciales del país en todos los niveles que el artículo 17 de la Ley del ISR no garantiza el principio de seguridad jurídica porque al interpretarlo, a su libre albedrío, la autoridad “deja desprotegido al contribuyente”. Al recibir una sentencia de la SCJN que le niega un amparo en uno de sus juicios fiscales, Grupo Elektra informó que acudirá ante instancias internacionales para hacer valer sus alegatos.
A los tenedores de deuda y accionistas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Elektra les explicó que, para los créditos
El sistemático desafío de Salinas Pliego al SAT
fiscales declarados durante 2008, 2010, 2011 y 2012, las autoridades del SAT consideraron inexistentes las pérdidas en venta de acciones, por lo que no fue legal su consolidación ni la reducción de la tasa del ISR. Pero el grupo ha sostenido ante el SAT, ante el mercado de valores y ante los tribunales de todas las instancias que el descuento de pérdidas sí procede.
Sin embargo, el pasado 19 de enero, en una decisión que dividió a los ministros del máximo tribunal del país, el pleno de la SCJN decidió no amparar ni proteger a Grupo Elektra contra las decisiones del SAT, lo que representa un descalabro en la serie de litigios que mantiene el corporativo desde 2013. Ahora, finalmente, tendrá que pagar 2 mil 636 millones de pesos.
Entre los asesores del Grupo Elektra participan abogados como Miguel García y García, exdirector general adjunto Jurídico y Fiduciario de Nacional Financiera, así como del Bancomext. García García también es socio del diputado Santiago Creel Miranda, secretario de Gobernación durante la administración de Vicente Fox. Ambos coincidieron en ese gobierno panista. García le reportaba a Mario Laborín, exdirector de Nafin.
Proceso se comunicó tanto con Creel como con García García para consultarles sobre su participación en visitas realizadas a la SCJN para profundizar en los alegatos de Elektra contenidos en la demanda de amparo promovida contra las acciones de fiscalización del SAT. Los dos declinaron hacer comentarios.
Elektra ha informado a los inversionistas del mercado de valores, según consta en sus reportes trimestrales e informes anuales, que los recursos para respaldar créditos fiscales en litigios frente al SAT se encuentran debidamente reservados. De hecho, en su estado de resultados al tercer trimestre, Grupo Elektra reportó un incremento de mil 139 millones de pesos en el rubro de provisión de impuestos mientras que sus pasivos por impuestos diferidos se ubicaron en 10 mil 240 millones de pesos.
Con los cambios a la Ley del ISR y al régimen de consolidación, los legisladores y el SAT lograron corregir lo que, en su momento, se consideró un error del marco legal. En la partida conocida como “pérdida por venta de acciones” se permitía –bajo el régimen fiscal de consolidación previo a los cambios de 2014– que si se realizaba en la misma empresa era posible deducir las pérdidas, con el propósito de pagar menos impuestos.
En entrevista, Sergio Abraján Sevilla, vicepresidente de la consultoría CPA Visión, explica que falló la regulación para esa partida como parte del régimen de consolidación, lo que permitió que empresas tomaran esa posibilidad de deducción como parte de las actividades que realizaba la controladora. “Así se disminuía la base gravable como parte de la salida de la consolidación”, explicó el fiscalista.
Agrega: “Entre 2014 y 2016, las autoridades buscan corregir esta situación entre todos los contribuyentes que salieron de la consolidación”.
Las autoridades establecieron conversaciones con los contribuyentes cuya situación fiscal estaba en este supuesto; acordaron plazos para regularizarse. Otros, en cambio, decidieron litigar sobre las reglas que fueron publicadas inicialmente.
El SAT estima que los créditos fiscales del Grupo Elektra sumarían al menos 40 mil millones de pesos en los ocho juicios que tiene abiertos. El de mayor monto que Elektra reconoce es por 18 mil 455 millones de pesos, que representaría 10% de sus activos totales al tercer trimestre de 2021, que se ubicaron en 180 mil millones de pesos o menos de 0.6% de su valor de
| Foto /RicardoSalinasPliego capitalización que asciende a 318 mil millones de pesos.
Así, estrategas de fondos de inversión y de Administradoras de Fondos para el Retiro consideran que, en línea con lo reportado a las autoridades bursátiles del país, Grupo Elektra no debería tener problemas para cumplir la sentencia de la SCJN respecto a un crédito fiscal por 2 mil 600 millones de pesos. Elektra no puede enviar información falsa al mercado de valores porque podría ser sancionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
“Con el crecimiento en capitalización o activo que se reporta cada año, Elektra podría, fácilmente, cumplir con sus obligaciones ante el SAT”, dijo el estratega de un fondo de inversión que pidió omitir su nombre.
Si bien con la primera sentencia de la SCJN Grupo Elektra tendrá que comenzar a liquidar créditos fiscales en los que ha incurrido a raíz del cambio de reglas fiscales para la consolidación tributaria, pero sobre todo ante su renuencia a acatarlas, este evento también significaría para el corporativo reconocer, finalmente, contingencias millonarias como parte de su pasivo y no como impuestos diferidos o como reservas. Sin embargo, los analistas consideran que sería un impacto manejable y que la compañía podría remontar con emisiones de deuda o aportaciones de capital, siempre y cuando conserve las calificaciones necesarias de riesgo.
Lo relevante, consideró el experto que analiza emisoras del mercado de valores para las estrategias de inversión de una afore, es que Elektra deberá eliminar de sus planeaciones la posibilidad de no pagar más impuestos al SAT.
Luego del fallo de la SCJN contra Grupo Elektra por el pago de sus impuestos, los títulos de la emisora en la BMV acumularon varias sesiones de volatilidad y cerraron la semana en un nivel de mil 360 contra mil 420, lo que significó un ajuste de 4.2%. Respecto a mayo de 2021, la caída es de 11.4%. Lo interesante es que, durante los últimos cinco años, los principales periodos de litigo frente al SAT, los títulos accionarios de Elektra crecieron de manera exponencial pues pasaron de 263.99 pesos a mil 360, una ganancia de 80%.
/ Juan alberto Cedillo
El rancho Los Garza, considerado maldito por los pobladores de esta localidad debido a que en marzo de 2011 aquí Los Zetas asesinaron e incineraron a decenas de sus víctimas, actualmente es usado por el Cártel del Noreste (CDN) como campo de entrenamiento para el manejo de armas de grueso calibre, como rifles de asalto AR-15, AK-47, escopetas calibre .12 y posiblemente metralletas Barrett calibre .50.
El predio está ubicado en una apartada zona semidesértica de la región conocida como Cinco Manantiales, al sur de la ciudad fronteriza de Piedras Negras, sobre el kilómetro 5.6 de la carretera AllendeVilla Unión, con una entrada ahora oculta por la maleza. Al salir de la carretera aún hay que recorrer cerca de un kilómetro por un camino de tierra donde actualmente crece la flora del desierto.
En el rancho Los Garza hay cuatro construcciones: dos residencias ahora semidestruidas, un espacio bardeado con un pequeño cuarto y una bodega cuyo techo fue consumido por el fuego en 2011, cuando Los Zetas la utilizaron como crematorio.
En febrero de 2014 la Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas encabezó un operativo en ese rancho en el que participaron unos 250 efectivos, entre militares, policías estatales y federales, así como peritos, antropólogos forenses y grupos caninos. En esa ocasión “peinaron” el terreno metro por metro con radares geolocalizadores para intentar localizar los restos de las víctimas de Los Zetas.
En una zona aledaña a la barda encontraron las huellas de la barbarie ocurrida en marzo de 2011: decenas de huesos semicalcinados, molares que no fueron consumidos por el fuego y que por ello fueron enterrados. Los restos y otras evidencias, como los barriles de acero donde “cocinaban” a las víctimas, fueron recogidos y puestos a disposición del Laboratorio Forense de la Policía Federal.
Hoy, ocho años después de conseguir las evidencias de la masacre, ni las autoridades federales ni las locales han informado sobre los análisis de los restos encontrados o datos respecto de las identidades de las víctimas.
Durante la primera quincena de enero de 2022, el reportero acompañó a un medio internacional que investiga la masacre de Allende. Durante el recorrido por el rancho Los Garza se pudieron observar decenas de casquillos de diversos calibres –de pistolas 9 mm, de escopetas calibre .12, de .223 (que usan los fusiles R15) y de .762, para los AK-47, entre otros–, abandonados en diversas zonas del lugar. La mayoría son de la marca Águila, la compañía mexicana que vende cartuchos de grueso calibre en las tiendas de Estados Unidos, ya que está prohibido venderlas a civiles en México.
Sobre las paredes de la barda y lo que tiempo atrás fuera una bodega se localizan cruces y calaveras pintadas en color rojo que sirven como blanco, con decenas de agujeros de bala; en algunos casos las gruesas paredes, construidas con bloques, fueron traspasadas por los disparos, algo que sólo pueden hacer armas como el AK-47 o Barrett.
Los sicarios que se han entrenado ahí incluso dejaron abandonado un estuche para guardar escopetas, un arma poco común en el arsenal que suele utilizar el crimen organizado.
Además, en el poblado, sobre las paredes de las diversas casas que fueron semidestruidas en marzo de 2011 se lee “El CDN rifa, putos”.
Se puede llegar a Allende por la solitaria y estrecha carretera federal número 2, conocida como La Ribereña, que conecta en la franja fronteriza con Estados Unidos a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Es considerada una de las más peligrosas de México. Un “triángulo de las Bermudas”, porque en los últimos años de ahí han desaparecido cientos de personas y vehículos, incluyendo decenas de pastores evangélicos estadunidenses y ciudadanos de otros países.
Desde marzo de 2010, cuando Los Zetas rompieron su relación con el Cártel del Golfo, y durante todo 2011, La Ribereña fue “teatro de guerra” entre ambos bandos. En esa época, caravanas de hasta 100 camionetas por bando incendiaron los municipios de la Frontera Chica tamaulipeca: Guerrero, Miguel Alemán, Camargo, Ciudad Mier y Díaz Ordaz.
Los enfrentamientos que se registraron en Ciudad Mier obligaron a 70% de los pobladores de ese Pueblo Mágico a abandonar sus hogares y emigrar a Miguel Alemán, a otros municipios e incluso a cruzar la frontera hacia Estados Unidos para huir de la violencia.
El paisaje que rodea La Ribereña es semidesértico y está despoblado. En diversos tramos de su trayecto se han montado retenes militares que hacen percibir que se entra a una zona de guerra. En los límites fronterizos entre Tamaulipas y Coahuila hay un “campamento” con obstáculos sobre la carretera para obligar a frenar a los autos, grandes neumáticos de tractor rellenos con cemento y blindados así como patrullas, donde efectivos policiales de Coahuila revisan exhaustivamente a los vehículos provenientes de Tamaulipas.
Ese campamento ha sido atacado continuamente por La Tropa del Infierno, brazo armado del CDN, que intenta recuperar Coahuila. Un estado que dominó gracias a que esa organización delictiva pagó millones de dólares a varios gobernadores, según capos de Los Zetas capturados, quienes rindieron testimonio en cortes federales de Texas.
Los Zetas perdieron el control del estado debido a sus luchas internas, purgas y a la gran división que se registró después de la masacre de Allende, no tanto por las acciones del estado de Coahuila.
En su intento por recuperarlo, los miembros del CDN continuamente incursionan por brechas paralelas a La Ribereña para atacar los diversos retenes de la Policía Estatal. El último ataque, a finales del pasado diciembre, dejó como saldo dos uniformados heridos.
No obstante el peor ataque sucedió la mañana del 30 de noviembre de 2019, cuando unas 22 camionetas con decenas de sicarios de La Tropa del Infierno, armados incluso con varias metralletas Barrett calibre .50, incursionaron en el pequeño poblado de Villa Unión, vecino de Allende, para atentar contra los policías. Mataron a cuatro. El enfrentamiento duró varias horas, debido a que llegaron refuerzos militares y policías estatales; el saldo fue de 24 muertos: dos civiles y el resto, pistoleros del CDN.
Luego del enfrentamiento fueron asegurados por las autoridades varios vehículos y fusiles de asalto y entre las armas se decomisó una metralleta Barrett calibre .50. Peritos estadunidenses del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) pudieron rastrear la poderosa metralleta hasta la armería Zeroedin-Armory (ZIA), en Houston, Texas, propiedad de un hombre de 32 años llamado Khalid Abdulaziz.
Los registros judiciales dicen que los criminales mexicanos compraron decenas de armas en ZIA, que llegaron a su poder por conducto de Israel Chapa Jr., radicado en Houston, y de Víctor Ricardo Camacho, quien vivía en ese momento en Brownsville. Ambos ahora se encuentran detenidos.
Los agentes de la ATF documentaron que Chapa Jr., utilizó compradores falsos para algunas de sus adquisiciones. Una mujer compró 19 armas en ZIA.
La investigación de los agentes registró que Chapa Jr., compró 156 armas durante un periodo de seis meses, a partir de julio de 2019; el hombre admitió ante las autoridades del ATF haber vendido varias armas a Víctor Ricardo Camacho, quien a su vez proveía de armas al CDN en Nuevo Laredo. Entre las armas estaban dos metralletas Barrett calibre .50, una de las cuales terminó en la balacera registrada en Villa Unión.
El ATF documentó que Víctor Ricardo Camacho cruzó a México 31 veces entre septiembre y noviembre de 2019 con algunas de las 156 armas compradas en ZIA, que pasaron de contrabando.
En el documento de acusación de la Corte Federal contra Camacho e Israel Chapa, del cual Proceso tiene copia, está la lista de armas y las municiones que cruzaron a México y que terminaron en manos de los sicarios de La Tropa del Infierno. Entre otras, las municiones para la escopeta calibre .12. Algunos casquillos percutidos de esas armas se pueden observar en el campo de entrenamiento en el rancho Los Garza.
Uno de los blancos en los que se utilizó la escopeta es un círculo pintado en color rojo y adentro, una calavera cruzada con dos huesos, objetivo impactado con múltiples disparos. Abajo del blanco, las siglas PEC, de la Policía Especializada de Coahuila, corporación que el CDN considera un cártel rival debido a que registra múltiples denuncias de que secuestra y extorsiona con los mismos métodos del crimen organizado.
Para este reportaje se contó con la colaboración de Ieva Jusionyte, académica de la Universidad Brown, experta en armamento, quien prepara un libro sobre tráfico de armas entre México y Estados Unidos.
Los Garza, el rancho maldito
