39 minute read
aPRo
El Caso Jesuitas: la historia de una matanza que 32 años después sigue viva
/ phiLipp Ysenburg
Advertisement
Dos vicarios jesuitas fueron asesinados en Cerocahui, Chihuahua, se trata de Javier Campos Morales “El Gallo”, de 79 años, y Joaquín César Mora Salazar “El Morita”, de 80 años. El homicidio ocurrió 32 años después de la masacre conocida como “El Caso Jesuita”, la más grande contra esta orden religiosa en la época reciente en el continente.
El Caso Jesuita ocurrió el 16 de noviembre de 1989 en El Salvador, cuando fueron ultimados seis miembros de la Compañía de Jesús, cinco de ellos de nacionalidad española. De acuerdo con la Comisión de Verdad salvadoreña, el crimen fue llevado a cabo por el ejército de aquel país, quien trató de inculpar al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido de izquierda en El Salvador.
“El ejército buscaba desviar atención de su papel en los asesinatos y culpó al FMLN pintando la consigna del FMLN en las paredes de la escena del crimen que falsamente acusaba a los sacerdotes de haber colaborado con el gobierno”, describe el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) estadunidense.
En 1999, a petición de Human Rights Watch (HRW), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que el gobierno salvadoreño habia violado tanto el derecho a la vida como garantías judiciales y persecución efectiva de las victimas. La organización pidió entonces a las autoridades del país que llevaran a cabo una investigación imparcial y efectiva de acuerdo con los criterios internacionales para identificar, perseguir y sentenciar a los culpables.
A pesar de ello, no fue hasta el 11 de septiembre de 2011 que el autor intelectual del crimen, el coronel Inocente Montano, fue condenado. Actualmente, está cumpliendo una sentencia de 133 años de prisión. No obstante, la mayoría de los colaboradores de este crimen no han sido inculpados.
¿Qué ocurrió en 1989?
En la mañana del 16 de noviembre de 1989, los jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana, Joaquín López y López y Juan Ramón Moreno Pardo, su ama de llaves Elba Ramos y la hija de ésta, Celina Ramos, fueron brutalmente asesinados en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
De acuerdo con la CJA, que cita el informe de la Comisión de la Verdad, en la noche del 15 de noviembre de 1989, el coronel Emilio Ponce –en la presencia del general Juan Rafael Bustillo, el coronel Juan Orlando Zepeda, el coronel Inocente Orlando Montano y el coronel Francisco Elena Fuentes– ordenó al coronel Guillermo Alfredo Benavides que matara al padre jesuita Ellacuría y que no dejara testigos. Esa misma noche, Benavides le ordenó al teniente José Ricardo Espinoza Guerra que llevara a cabo la misión de matar a Ellacuría y no dejar testigos.
Espinoza Guerra y su sección llegaron a la UCA en San Salvador y en la madrugada del 16 de noviembre y se abrieron paso a traves del Centro Pastoral.
Cuando los sacerdotes salieron para averiguar cual era todo el alboroto, fueron ordenados a salir al jardín y acostarse boca abajo en el suelo, mientras los soldados revisaban el edificio. A este punto, dice el CJA, el teniente Espinoza Guerra dio la orden de matar a los sacerdotes. Al final, seis sacerdotes, la ama de llaves y su hija fueron brutalmente asesinados.
El teniente Espinoza Guerra y sus tropas intentaron cubrir su papel en la masacre tratando de hacer parecer que los asesinatos fueron cometidos por miembros del FMLN. Hicieron esto por pintar la consigna del FMLN en las paredes y usando un rifle asociado con matanzas del Frente.
La reapertura deL caso
En enero de este año la Fiscalía del país anunció que reabrirá la investigación. “Vamos a perseguir a los responsables, para lograr justicia ante estos viles asesinatos” tuiteo Rodolfo Delgado, el Fiscal General.
El presidente del país centroamericano, Nayib Bukele, destacó la importancia de la decisión.
“Hay que enviar un mensaje claro que en nuestro país no se tolerará la impunidad, y que no es justo que una persona que se roba una gallina pase una década en la cárcel y las personas que estaban en altos puestos en el gobierno ordenen masacres y que el crimen pase en impunidad total con la complicidad del sistema de justicia durante más de tres décadas”, reclamó el mandatario en un pronunciamiento del pasado 5 de enero.
Este caso forma parte de la historia de la guerra civil que duró de 1979 a 1992 en dicho país, en la cual el ejército se enfrentó a las fuerzas insurgentes de la guerrilla.
La guerra es recordada como uno de los conflictos bélicos más importantes de la región, y que, de acuerdo con Joaquín Villalobos, quien fue tanto ex-comandante de la guerrilla como investigador en la Universidad de Oxford, ha dejado una herida permanente en la cultura del país.
“La reciente guerra civil, además de destruir vidas y recursos, significó el debilitamiento de lo que, bueno, malo o regular, era nuestro cuerpo de valores culturales”, escribió el académico.
El caso forma parte de la extensa historia de la violencia contra jesuitas en la América Latina contemporánea. “Los jesuitas en tiempos de la violencia (1980-1992)”, un libro de Emilio Martínez, enseña los testimonios de Jesuitas en el Perú que relatan los secuestros que sufrían en la década de los ochenta.
Fiscalía ofrece recompensa de 5 millones de pesos por “El Chueco”, presunto asesino de sacerdotes jesuitas
La Fiscalía de Chihuahua ofreció una recompensa de 5 millones de pesos a quien aporte información "veraz, eficaz, eficiente y útil" que conduzca a la captura de José Noriel Portillo Gil "El Chueco", señalado como el presunto homicida de los dos sacerdotes jesuitas y un guía de turista.
De acuerdo con el gobierno esta es la recompensa más alta que se ha ofrecido en la historia de la entidad. "No claudicaremos en la lucha contra la impunidad", aseguró el fiscal Roberto Javier Fierro Duarte.
En la conferencia matutina de este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el presunto responsable de la masacre es Noriel Portillo "El Chueco", presunto líder del grupo delictivo Gente Nueva, brazo armado del Cártel de Sinaloa.
Encuentran los cuerpos de los sacerdotes jesuitas y del guía asesinados en Chihuahua
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, informó que ya fueron localizados los cuerpos de los dos sacerdotes jesuitas y el guía de turistas asesinados en la Sierra Tarahumara.
Desde la comunidad de Cerocahui, la gobernadora anunció que fueron recuperados los cuerpos de los dos jesuitas y el guía de turistas asesinados el pasado domingo.
En un mensaje en redes indicó que informes forenses confirmaron que se trata de los cuerpos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, así como del guía de turistas Pedro Palma.
Indicó que fueron localizados gracias al trabajo hecho por la Fiscalía local, al mando de Roberto Fierro y que continuarán con los trabajos para esclarecer el caso.
“Gracias a un esfuerzo extraordinario de la Fiscalía General del estado, hemos logrado localizar y recuperar, y esto comprobado por medicina forense, los cuerpos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora y del guía de turistas Pedro Palma”, informó Campos desde Cerocahui, municipio de Urique.
Uno de los jesuitas asesinados en Chihuahua había celebrado 50 años de sacerdocio
/ arturo rodríguez
El padre Javier Campos Morales, asesinado el lunes en la Sierra Tarahumara celebró el viernes pasado en esta ciudad sus 50 años de sacerdocio, recordó la Arquidiócesis regiomontana en un pronunciamiento.
El periódico oficial Pastoral Siglo XXI, que se presenta como la voz de la Iglesia regia, recuerda que el religioso tuvo su festejo el 17 de junio en la Parroquia San Juan Bautista de La Salle, en la colonia Chepevera, de esta capital. El padre Campos Morales, de 79 años, nació el 13 de febrero de 1943 en la Ciudad de México, aunque pasó su niñez y adolescencia en la capital de Nuevo León.
Además de recordar el onomástico del ordenamiento, la Arquidiócesis de Monterrey celebró el fin de cursos de la agrupación Esposas cristianas, institución femenil laica que evangeliza a las mujeres en el sacramento matrimonial.
La difunta madre de Campos, Josefina Morales, fundó la Agrupación de Esposas Cristianas, en el año de 1943, y el 1 de octubre de 1974, el arzobispo Alfonso Espino y Silva, otorgó el Decreto de Aprobación Diocesana, para establecer la sede en esta capital. Por su parte, el sacerdote católico Mora Salazar nació en 1941 en Monterrey, y se ordenó sacerdote en 1971, en esta ciudad.
“Descansen en paz los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar”, publicó la Arquidiócesis.
A su vez la Conferencia del Episcopado Mexicano condenó los homicidios de los jesuitas, ocurrido ayer en Chihuahua.
“Con profundo dolor e indignación, nos unimos en oración con la compañía de Jesús, por el lamentable homicidio de dos de sus sacerdotes jesuitas, el Padre Javier Campos Morales y el Padre Joaquín César Mora Salazar, asesinados el día de ayer dentro del templo de la comunidad Cerocahui, Chihuahua”.
“En medio de tanta muerte y crimen que se vive en el país, condenamos públicamente esta tragedia y exigimos una pronta investigación y seguridad para la comunidad y todos los sacerdotes del país. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo, los reciba y premie con su reino, por su generoso servicio y entrega pastoral en bien del pueblo encomendado, y a todos nosotros los que peregrinamos en el tiempo, imploramos que nos conforte en ésta tribulación con la esperanza de la Vida Eterna”, declara la CEM, que preside el Arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera.
Papa Francisco condena asesinato de jesuitas: “¡Cuántos asesinatos en México!”
/ rodrigo Vera
El Papa Francisco lamentó hoy los asesinatos de los sacerdotes jesuitas Javier Mora y Joaquín Campos, así como su cercanía con la Compañía de Jesús, asegurando también que la violencia no resuelve los problemas.
Al final de su audiencia general de este miércoles, al saludar a los peregrinos de lengua italiana, el Papa dijo:
“¡Cuántos asesinatos en México! Estoy cerca con afecto y oración a la comunidad católica afectada por esta tragedia. Una vez más, repito que la violencia no resuelve los problemas, sino que aumenta el sufrimiento innecesario”. El pontífice argentino, quien también es jesuita, dijo sentir “dolor y consternación” por los asesinatos de los dos religiosos mexicanos y de un guía de turistas, ocurridos la tarde del lunes 20 de junio, en la comunidad tarahumara de Cerocahui, Chihuahua.
Ya en otras ocasiones, el pontífice ha expresado su consternación por la violencia en México, ocasionada por los carteles de la droga. Incluso su exnucio en el país, Franco Coppola, realizó un viaje a la llamada Tierra Caliente de Michoacán para constatar personalmente esta situación de violencia.
López Obrador se lanza otra vez contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro
/ EzEquiEl FlorEs
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al juez de Distrito, Juan Pablo Gómez Fierro, de extralimitarse en sus funciones y pidió al Consejo de la Judicatura que lo investigue y sancione si existen elementos jurídicos.
“Estos jueces corruptos, que los hay, hay que tenerlos a raya y buscar que funcione el Consejo de la Judicatura que, con todo mi cariño para ellos, porque hay gente ahí que estimo mucho, no han estado a la altura de las circunstancias, les ha faltado, no se les siente. Es para que hubiesen, con procedimientos legales, destituido a varios del Poder Judicial”, expresó.
En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que el Juez de Distrito, Juan Pablo Gómez Fierro, decidió otorgar un amparo a una empresa eléctrica “sin ningún fundamento".
“Pero eso corresponde a la Judicatura. ¿Cómo no van a estar viendo eso, y otros casos?”, cuestionó AMLO.
Incluso, comentó que hace unos días se detuvo a una persona con todas las pruebas y un juez federal adscrito al estado de Sinaloa, lo dejó en libertad.
“Y es lo mismo de siempre, se integró mal el expediente, pusieron que lo detuvieron a las 10:30, y no, la detención fue a las 10:05, y con eso, afuera. Pero al mismo tiempo tenemos que información que recibieron dinero y ya nada más le buscaron”, acusó el presidente López Obrador sin señalar al Juez de Distrito involucrado en este caso.
Este es el cuestionario que AMLO le hace a Calderón sobre García Luna
/ EzEquiEl FlorEs
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el exmandatario panista Felipe Calderón Hinojosa debe explicar cómo conoció a su exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, quien le informaba sobre el funcionamiento de los grupos del narcotráfico que operan en México.
“Debe dar una explicación, no es nada más decir ‘no sabía’ o ‘no han presentado pruebas’. No, a ver: ¿Cómo conociste a García Luna? ¿Qué opinión tenías de él? ¿Cuántas veces hablabas con él a la semana? ¿Quién te informaba sobre el funcionamiento de los grupos de narcotraficantes? ¿Le tenías confianza? Bueno, ya está el cuestionario, ¿no?”, lanzó AMLO.
En la conferencia mañanera, el mandatario insistió en criticar a Calderón Hinojosa por guardar silencio ante el juicio que enfrenta Genaro García Luna en Estados Unidos, donde permanece preso acusado de narcotráfico.
“¿Se imaginan los medios que se dedicaban a aplaudirle a García Luna? Ahora están callados. Por eso, repito, que reconozco a Carlos Marín, que salió a la defensa, porque otros no dicen ni pío, como si no lo conocieran; entre ellos, el expresidente Felipe Calderón”, reprochó el tabasqueño.
“No queremos construir un Frankenstein” de la Guardia Nacional: López Obrador
/ EzEquiEl FlorEs
Foto Cristian de Lira “No queremos construir un Frankenstein y es un asunto de responsabilidad”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la Guardia Nacional, y reiteró que se corre el riesgo de que sea dirigida por personajes como Genaro García Luna.
Por ello, reprochó la negativa del bloque opositor en el Congreso de la Unión para que la Guardia Nacional se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Incluso, atribuyó la negativa de los legisladores del PAN, PRI y PRD a cuestiones “politiqueras” y bajo la excusa de que se va a militarizar el país.
“Cuántas veces he dicho, y además sostengo, que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente y los excesos, los errores y actos de represión llevados por el Ejército, por la Marina, por lo general se han dado a partir de órdenes de autoridades civiles y del presidente”, indicó.
En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que su iniciativa de reforma constitucional para que la Guardia Nacional dependa de la Sedena es porque no quiere la repetición del caso de Genaro García Luna al frente de la extinta Policía Federal.
“Nos está costando mucho esfuerzo, trabajo, de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, para profesionalizar a los elementos de la Guardia Nacional, más de 100 mil elementos con cuarteles, como nunca se había visto, y que de repente quede esta institución dependiendo de Gobernación, de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que pasaba, y se eche a perder, se corrompa”, advirtió AMLO. | Foto Gobierno de México
Crisis de agua en el norte, por permisos a cerveceras y falta de planeación: AMLO
/ EzEquiEl FlorEs
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en el tema de la crisis del agua que se vive en estados del norte del país, como Nuevo León, se debe a que no hubo planeación y se otorgaron permisos a empresas cerveceras para producir y exportar.
Incluso, recordó que sus antecesores no sólo otorgaron permisos, sino que nombraron a directivos de empresas privadas en cargos estratégicos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
“El señor Vicente Fox nombró al gerente de la empresa Lala como director de Conagua (Cristóbal Jaime Jáquez). Esto claro que les molesta mucho que yo lo diga, pero es la verdad”, dijo.
“¡Cómo se va a dar permiso para poner cerveceras en el norte, pero además permisos para que la cerveza que se produzca se exporte! O sea, que exportemos agua del norte, de donde no hay agua”, expresó.
También, mencionó el caso de la ciudad de Mexicali, donde no solo otorgaron el permiso para construir una cervecera sino también para la utilización del agua de uso doméstico y calificó el hecho como un acto de corrupción.
En el caso de la zona de la Laguna en Torreón, Coahuila, señaló que es muy importante la producción de leche, pero se requiere alfalfa para alimentar a las vacas y eso significa disponer de importantes cantidades de agua.
Luego, hizo referencia al caso del estado de Nuevo León, donde dijo que se comprometieron los recursos hídricos “sin límites estratégicos”.
“Lo que les interesa es hacer dinero, industrias, unidades habitacionales, lujosas y con buenas albercas. Entonces, ¿qué, no se puede regular eso? Claro que sí, pero ¿quiénes dominan en Nuevo León?”, cuestionó el presidente.
Enseguida, acusó al empresario Alejandro Junco de la Vega, dueño de los periódicos El Norte y Reforma, de tener responsabilidad en el actual desabasto de agua en Nuevo León, argumentando que ha avalado “esas atrocidades”.
“Y dirán: ‘No es posible.’ Sí, sí es posible que un periódico, un periódico influya en la vida pública de un estado. Así como el Norte, en su tiempo el Diario de Yucatán, y así otros que no voy a mencionar ahorita”, aseguró.
Ejército, dispuesto a abrir archivos de la “Guerra Sucia” a Comisión de la Verdad: AMLO
/ gloriA leticiA díAz
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la disponibilidad del Ejército Mexicano para abrir sus archivos e instalaciones con la finalidad de contribuir al esclarecimiento de las violaciones a derechos humanos ocurridos durante el periodo conocido como “la Guerra Sucia”.
En el espacio que durante la segunda mitad del siglo pasado fue conocido como “la cárcel clandestina más grande de México”, el Campo Militar Número Uno, López Obrador encabezó la ceremonia de inicios de los trabajos de la Comisión de la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso de la Justicia de los Hechos Ocurridos entre1965 y 1990.
Ante sobrevivientes y familiares de víctimas de desaparición forzada durante ese periodo, López Obrador reivindicó la conformación del personal castrense que durante “la Guerra Sucia” siguió órdenes “de más arriba”.
Al reconocer que el acto que encabezaba era “muy fuerte”, el mandatario aseguró que era también de “esperanza para buscar entre todos cerrar una etapa, una historia negra, de sufrimiento, de represión, y dar inicio a una etapa nueva, que ya podría decir comenzó desde hace un poco más de tres años”.
López Obrador agradeció al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, “su verdadera y auténtica lealtad” por acatar la instrucción de “no ocultar nada” y entregar la información que requiera la Comisión, creada en octubre del año pasado.
Insistió en llamar a todos a “aclarar esta situación y que se pueda, no en mucho tiempo, tener un relato completo, con recomendaciones a tomar para honrar a los que se nos adelantaron en la lucha o en el cumplimiento de su deber”.
El titular de la Sedena apuntaló en su discurso que el Ejército ha respondido a órdenes del poder civil, y sostuvo que en esta administración se ha distinguido por aportar información y por haber reducido las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigidas a la institución.
El titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval fue increpado por familiares de personas desaparecidas durante su intervención en la ceremonia de apertura de archivos militares a la Comisión de la Verdad.
Interrumpido durante su discurso por gritos de “¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y “¡ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos!”, Sandoval aseguró que la Sedena ha colaborado con la Comisión en la coordinación de reuniones, visitas a las instalaciones y revisión de archivos documentales.
Tras recordar que la Sedena entregó al Archivo General de la Nación más de mil 600 legajos correspondientes al periodo de “la Guerra Sucia”, anunció que el presidente López Obrador autorizó la inscripción de los militares caídos durante la lucha contrainsurgente en el monumento de las Fuerzas Armadas, así como integrar a los sobrevivientes y familiares de los soldados fallecidos en los “mecanismos de reconciliación social”.
Durante la ceremonia, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, explicó que entre los trabajos de la Comisión “se contemplan entrevistas al personal de la Sedena sobre los hechos”, por lo que hizo un llamado al personal activo y en retiro al “diálogo para llegar a la verdad, comprender lo que sucedió y dar con el paradero de las personas desaparecidas”.
Encinas urgió a la Fiscalía General de la República (FGR) a reactivar las 245 averiguaciones previas relacionadas con ese periodo que le heredó la desaparecida Procuraduría General de la República y que están “durmiendo el sueño de los justos”.
A estos exhortos se sumó Alicia de los Ríos Merino, hija de la integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, del mismo nombre, desaparecida en enero de 1978, vista por última vez en instalaciones militares, entre ellas, el Campo Militar Número Uno.
De los Ríos Merino llamó a los militares retirados a colaborar en el proceso de esclarecimiento de los hechos del pasado y al presidente a gestionar la participación de la FGR.
En la ceremonia, Micaela Cabañas Ayala, hija del líder guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, recordó que previo a la caída de su padre, el 2 de diciembre de 1974, ella con dos meses de edad, su madre de 14 años y más familiares, fueron detenidos y llevados al Campo Militar Número Uno.
Con lágrimas recordó las vejaciones y torturas que sufrieron como familia, pero expresó su confianza en que en el gobierno de López Obrador se alcance la verdad y justicia para las víctimas de la represión política de la “Guerra Sucia”.
México es incluido en lista de vigilancia por violaciones a derechos humanos contra periodistas
/ philipp Ysenburg
La organización CIVICUS agregó a México a la lista de vigilancia por violaciones a los derechos humanos contra los periodistas. Debido al "deterioro rápido de las libertades cívicas fundamentales en los últimos meses".
Aseguró que existen “serias preocupaciones sobre el ejercicio de las libertades cívicas”, además de México, se incluyó a Chad, Hungría, Kazajistán, Kenia y Sri Lanka. La ONG calificó el ejercicio periodístico en nuestro país como “represivo”.
Recordó que en febrero un legislador de Morena, presentó una iniciativa de ley a la legislación fiscal, cuyo objetivo es “restringir la financiación procedente del extranjero que reciben los grupos de la sociedad civil que trabajan en influir en procesos legislativos y que participan en litigios estratégicos”.
Esta incorporación es una extensión de la propuesta aprobada por el Parlamento Europeo, en donde piden a México garantizar la protección a periodistas y defensores de derechos humanos y consideran al país “una zona oficial de guerra”.
CIVICUS reiteró que México es ya desde hace varios años, uno de los países “más mortíferos” para los periodistas. Tan solo este año, han sido ejecutados 11 comunicadores.
“A pesar de esta crisis de violencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus partidarios muestran una actitud abiertamente hostil hacia los periodistas y contradicen a los defensores de los derechos humanos, los manifestantes y los grupos que critican al Gobierno. A menudo el propio presidente hace declaraciones difamatorias que buscan desprestigiar a estos actores y su trabajo. Por ejemplo, en febrero de 2022, el presidente publicó información privada sobre un periodista y, posteriormente, lo calificó a él y a otros articulistas críticos de «matones, mercenarios y vendidos»”, sentenció.
CIVICUS es una organización que fue creada en 1993 y desde 2002 se encuentra en Johannesburgo, Sudáfrica, aunque también tiene oficinas repartidas por todo el mundo. Son una alianza de miembros con más de 4000 repartidos en alrededor de 175 países.
Asilo político pArA fundAdor de WikileAks
La inclusión de México se da el mismo día que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su intención de ofrecerle la nacionalidad mexicana a Julian Assange, fundador de Wikileaks, y por quien abogará un indulto en su próximo encuentro con su homólogo Joe Biden. El periodista australiano está siendo enjuiciado por la publicación de las pruebas de los crímenes de guerra del ejército estadunidense en su plataforma.
La semana pasada la ministra del Interior de Reino Unido, Priti Patel, aprobó este la orden de extradición del fundador de Wikileaks, a Estados Unidos, donde es requerido por cargos de espionaje.
Assange divulgó un video conocido como el “Asesinato Colateral”, que fue grabado desde la mira de un helicóptero Apache, y muestra la matanza de civiles iraquís. López Obrador proyectó el video en la mañanera del martes y describió a Assange como el mejor periodista de “nuestra época”.
Tras ofrecer la ciudadanía mexicana a Assange, López Obrador fue alabado a nivel internacional, aunque se pone en duda que su propuesta vaya a influenciar a la jurisdicción estadunidense. “Bien hecho AMLO. Espero que puedas convencer a Biden (Aunque no espero mucho)” tuiteo el exministro de economía en Grecia, Yanis Varoufakis, quien es respetado por promover la democracia europea.
El 2022 se encamina a ser el año más letal para periodistas en la historia de México, alertó Tyler Mattiace, investigador para América Latina de Human Rights Watch (HRW). “Cada día, periodistas valientes en todo México se exponen al riesgo de violencia o muerte para hacer su trabajo y mantener informada a la población. En vez de atacar y denigrar a los periodistas, el presidente debería respaldarlos”, resaltó.
López Obrador critica “la tardanza” con la que atienden los casos en la FGR y la SCJN
/ ezequiel flores
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “la tardanza” es una de las características que distingue los casos que están en la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial. No obstante, manifestó públicamente su confianza en el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea.
Yo le tengo mucha confianza, lo repito, tanto al doctor Alejandro Gertz, que es el fiscal general, como al presidente de la Corte, son gentes rectas. Arturo Zaldívar es un hombre honesto, también pienso lo mismo, repito, del fiscal, pero son estructuras, cuerpos de avance lento”, indicó.
En la conferencia mañanera, el mandatario consideró necesario agilizar los procesos penales que se encuentran en la FGR y la SCJN y arremetió en contra de jueces, magistrados y ministros.
“En el caso del Poder Judicial se introdujo una corriente muy conservadora y al mismo tiempo muy corrupta de tiempo atrás”, aseveró.
Incluso recordó que por temas de negociación política, se negoció la titularidad del Poder Judicial y la Fiscalía federal.
“De manera silenciosa, en sus enjuagues, les permitían que entraran al Poder Judicial militantes o simpatizantes del partido opositor: jueces, magistrados, ministros, recomendados por los jefes políticos. Entonces, eso no se ha desmontado porque lleva tiempo”, expresó AMLO.
Por ello, admitió que durante su gobierno no se va a poder depurar la Suprema Corte, argumentando que “está muy difícil”.
Demolerán la escuela de Uvalde, donde asesinaron a 19 niños y dos adultos
La Escuela Primaria Robb de Uvalde, Texas, donde un joven de 18 años armado mató a 19 menores de edad y dos maestros, será demolida, informó el alcalde de la ciudad, Don McLaughlin. Pese a lo tensa y emotiva que fue la reunión con los residentes de la ciudad, quienes exigen respuestas tras la masacre, McLaughlin no precisó cuándo demolerían la escuela.
La ira y la frustración de los residentes de Uvalde ha ido en aumento desde que se reportó que la policía esperó más de una hora para confrontar al atacante, informó BBC Mundo. El jefe de seguridad pública de Texas, Steven McCraw, informó el martes que durante el tiroteo había suficientes agentes cerca de la escuela para detener al atacante tres minutos después de que ingresó al edificio, pero la policía esperó más de una hora fuera de las aulas antes de entrar.
“Tengo entendido, y tuve esta discusión con el superintendente, que la escuela será demolida. No se le puede pedir a un niño o a un maestro que regrese a esa escuela”, explicó McLaughlin.
El alcalde de Uvalde compareció ante los vecinos visiblemente enojado, acusando al Departamento de Seguridad Pública de Texas y a su jefe, Steven McCraw, de no informarle adecuadamente del avance de las pesquisas y de realizar declaraciones confusas para esquivar cualquier autocrítica.
McCraw compareció ante el Senado de Texas y culpó del retraso en la actuación policial al responsable de las fuerzas de seguridad en el distrito donde se encuentra la escuela, Pedro “Pete” Arredondo.
Las autoridades tratan de dilucidar si pudo haberse evitado el alto número de víctimas en el tiroteo, ya que supuestamente los agentes tuvieron constancia de que el tirador estaba encerrado en una sala con un grupo de alumnos y un profesor herido y, aun así tardaron en iniciar el asalto. La Escuela Primaria Robb tiene casi 600 estudiantes en segundo, tercero y cuarto grado.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también sugirió demoler la escuela, según las declaraciones realizadas el mes pasado por el senador estatal Roland Gutiérrez a los medios locales. Esta no es la primera escuela en ser demolida después de un tiroteo masivo en Estados Unidos. La escuela primaria Sandy Hook de Newtown, en el estado de Connecticut, fue destruida después de que 20 estudiantes de 6 y 7 años y seis miembros del personal fueran baleados en 2012. Poco después se construyó una nueva escuela en el mismo terreno. Este tiroteo en Texas, llevado a cabo por Salvador Ramos, ha desatado un renovado debate nacional sobre las regulaciones de armas en Estados Unidos.
Los senadores estadunidenses avanzaron el martes en la redacción de una nueva legislación para abordar los tiroteos en masa. Este paso ha sido calificado como el más significativo en cuanto a control de armas en una generación.
MERIDIANO ELECTORAL ¿Se cumplen los supuestos para anular la elección?
DANIEL O. GUTIÉRREZ
Anular una elección es la última y más grave consecuencia en un proceso electoral, una decisión que a ninguna autoridad electoral le hace sentir cómoda, ello en el entendido que la finalidad de los institutos, tribunales y fiscalías electorales es la de proteger los principios rectores de las elecciones, los efectos del voto y la conservación de los actos válidamente celebrados.
Para garantizar y dotar de eficacia al régimen representativo y a la democracia, la Constitución prevé normas y procedimientos para el ejercicio de los derechos políticoelectorales, particularmente los de votar y ser votados para ocupar cargos de elección popular, así como los mecanismos jurídicos para su defensa.
Con base en ello, los órganos jurisdiccionales en materia electoral locales y federales, tienen la atribución de reconocer la validez o declarar la nulidad de un procedimiento electoral, siempre que los actores hagan valer conceptos de agravio tendentes a demostrar que existen plenamente acreditadas, las causales específicas de nulidad legalmente previstas o incluso irregulari-
dades graves, generalizadas o sistemáticas, que resulten determinantes para la validez de la elección.
Esto es, si se dan casos en los cuales las irregularidades probadas en un proceso electoral sean contrarias a una disposición constitucional, convencional o legal, ese acto o hecho, al afectar en forma grave y determinante el resultado de la elección, podría conducir a la declaración de invalidez de ésta, por ser contraria a los principios o preceptos Constitucionales, a los tratados internacionales o a la legislación aplicable.
Los elementos o condiciones para la declaración de invalidez de una elección, por violación a los principios o preceptos constitucionales son: i) La existencia de hechos violatorios de algún principio o norma constitucional; ii) Violaciones sustanciales o irregularidades graves deben estar plenamente acreditadas; y iii) Grado de afectación cualitativa y/o cuantitativamente determinante para el desarrollo del procedimiento electoral o para el resultado de la elección.
En consecuencia, para declarar la nulidad de una elección, ya sea por violación a normas o principios constitucionales o convencionales, es necesario que esa violación incida en la elección, en la medida en que sus actos conlleven a que sea una irregu-
laridad grave, generalizada o siste-
mática y además determinante, de tal forma que trascienda al normal desarrollo del procedimiento electoral o al resultado de la elección.
Si bien como se dijo en un principio, la nulidad de la elección es la determinación a la que no quiere llegar ninguna autoridad electoral, lo cierto es que en ocasiones es el único mecanismo que permite restablecer los principios rectores de las elecciones.
En atención a ello, los tribunales electorales tienen un papel preponderante, ya que son quienes revisan la validez de la elección, dotando de razón la existencia del andamiaje electoral, el respeto de los principios constitucionales, al efectividad del voto del electorado y desde luego, la conservación de los actos válidamente celebrados
En cuanto hace a la elección del pasado 5 de junio en Aguascalientes; ¿Existen los elementos para anular los comicios? cabe precisar que solo excepcionalmente, cuando estemos ante irregularidades graves y violatorias de principios constitucionales, acreditas, y determinantes (que influyeron en el resultado de la votación y de no haber existido, el resultado arrojaría otro ganador), solo así podría anularse la elección.
Consecuentemente en Aguascalientes, para lograr la nulidad de la elección, debe acreditarse la existencia de violencia generalizada el día de la elección, es decir, que en más del 50% de las casillas receptoras del voto, se acrediten actos de violencia que impidieron o mermaron el ingreso de las personas a la misma, que la iglesia tuvo injerencia tal, que pudo haber representado la diferencia entre el primero y el segundo lugar y/o que existieran irregularidades determinantes en al menos el 20% de las casillas, todo ello para lograr revertir un 20% de diferencia entre el primer y segundo lugar, traducidos en casi 100 mil votos.
De lo anterior nace la dificultad de invalidar o anular una elección, puesto que el principio máximo a garantizarse en un sistema democrático es el respeto a la voluntad de la ciudadanía manifestada en las urnas, mediante el ejercicio de su derecho humano al voto.
Diputados presentan cuatro iniciativas ante la Comisión Permanente
cámara de diputados
En la sesión de la Comisión Permanente, diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI y PT presentaron cuatro iniciativas sobre temas de sostenibilidad hídrica, comparecencia del Presidente ante el Congreso de la Unión, acceso a Internet y protocolos de actuación policial. Impulsar la ecotecnia para la sostenibilidad hídrica
La diputada María Eugenia Hernández Pérez (Morena) presentó una iniciativa que plantea reformar diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a fin de que la Federación, estados y municipios implementen la ecotecnia para la sostenibilidad hídrica.
El documento enviado a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, señala que la ecotecnia es la tecnología o instrumento desarrollado para aprovechar eficientemente el uso del agua, por lo que la autoridad del agua promoverá y fomentará el desarrollo de esta actividad.
Que el presidente de la república comparezca
Por el PAN, la diputada Lizbeth Mata Lozano, a nombre del diputado Guillermo Octavio Huerta Ling, planteó reformar el artículo 69 de la Constitución Política, para establecer que el presidente de la República tendrá la obligación de comparecer ante el Congreso de la Unión para dar cuenta del análisis del informe sobre el estado general que guarda la administración pública del país, dentro del Primer Periodo de Sesiones correspondiente a cada año de ejercicio del Congreso.
Además, a solicitud de una tercera parte de los integrantes de la Legislatura en curso, se convocará al presidente de la República a que comparezca de manera extraordinaria ante el Congreso de la Unión, en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo, en una ocasión por cada año de ejercicio del Congreso. La Ley del Congreso definirá los procedimientos para llevar a cabo dichas comparecencias. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales. Internet a bajo costo en Zonas de Atención Prioritaria Del PRI, el diputado José Francisco Yunes Zorrilla, presentó a nombre de su compañera de bancada, la diputada Melissa Vargas Camacho, una iniciativa que adiciona el artículo 146 Bis a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de internet con bajo costo.
La propuesta plantea establecer que “los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet deberán dar el servicio con bajo costo en los espacios abiertos, tales como plazas, parques y áreas públicas de uso común para la población en general, en las Zonas de Atención Prioritaria, que para el efecto declare el Ejecutivo Federal, con un grado de marginación, medio, alto y muy alto”. Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
establecer definición de protocolos de actuación policial
A la Comisión de Seguridad Ciudadana fue enviada la iniciativa del diputado del PT, Raymundo Atanacio Luna, que plantea adicionar la fracción XVIII del artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para establecer la definición de los protocolos de actuación policial. Los mismos, añade, se entenderá como el conjunto de criterios, estrategias, mecanismos y procedimientos que se deben realizar en forma estandarizada por parte de los servidores públicos encargados de la seguridad pública, en el ejercicio que el orden jurídico les asigna de manera expresa, lo cual permitirá reconocer los derechos humanos de los ciudadanos. En la sesión, el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) lamentó que los textos de efemérides se vayan a la versión estenográfica, “ya que no todos los días se cumplen 204 años del nacimiento de ese gigante que era Ignacio Ramírez ‘El Nigromante’, ni siquiera está en los muros de honor en la Cámara de Diputados ni en el Senado; me parece importante recordarlo”.
Dijo que fue un hombre que si hubiera nacido en Europa sería uno de los grandes aportadores al pensamiento de la humanidad; fue un políglota, honrado, un hombre excepcional, un gran patriota y “uno de los gigantes del Siglo XIX de los liberales de nuestra patria”.
Además, Fernández Noroña solicitó a la Mesa Directiva preparar para la próxima sesión, un pronunciamiento exigiendo la libertad de Julian Assange, “es gravísimo que un periodista que ha aportado muchísimo al periodismo en el mundo esté en peligro su libertad y su vida por un acoso bárbaro del gobierno de Estados Unidos”.
FGR impugna amparo concedido a Roberto Sandoval por caso de lavado de dinero
/ Diana Lastiri
La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el amparo concedido al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, en el que se ordenó invalidar el proceso penal iniciado en su contra por lavado de dinero por más de 222 millones de pesos.
En consecuencia, será un Tribunal Colegiado el que resuelva el recurso de revisión presentado por la FGR y quien tendrá la última palabra sobre el amparo concedido al exmandatario estatal.
Hasta ahora, no se ha asignado el tribunal que deberá resolver el asunto.
La sentencia a favor de Sandoval fue dictada por la juez Primero de Distrito de Amparo en Nayarit, Angélica Romero, quien ordenó invalidar la vinculación a proceso emitida contra el exgobernador para que el juez de control de Tepic fije una nueva audiencia inicial y resuelva otra vez, con libertad de decisión, sobre la situación jurídica del exmandatario.
“La presente determinación en modo alguno condiciona el sentido en que el juez de control debe resolver la situación jurídica del quejoso, sino que solo implica que se subsanen los vicios formales en que incurrió la autoridad responsable y que impidieron a esta juzgadora analizar los requisitos de fondo del auto de vinculación a proceso”, señaló la juez Romero.
Sandoval es señalado por la FGR por supuestamente realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de la compra de 5 inmuebles valuados en más de 222 millones de pesos.
En el amparo, la juez indicó que la vinculación a proceso dictada contra el ex gobernador el pasado 12 de junio de 2021, no estuvo debidamente fundamentada y vulneró los principios de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso a la justicia y presunción de inocencia del imputado.
Por ello, ordenó al juez de control que al momento de dictar su resolución exponga las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y cómo es que los datos de prueba resultan idóneos y pertinentes para establecer que se ha cometido el delito y que existe la probabilidad que Sandoval lo cometió.
Roberto Sandoval
SCJN discutirá caso de militantes del EPR, víctimas de desaparición forzada por parte de militares
/ Diana Lastiri
Este miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene programada la discusión de un amparo a favor de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), quienes fueron víctimas de desaparición forzada el 25 de mayo de 2007, por parte de elementos del Ejército mexicano.
El proyecto realizado por la ministra Margarita Ríos Farjat propone confirmar la sentencia emitida por una juez de amparo en la que destaca la orden de que los militares que trabajaron en Oaxaca, lugar de donde desaparecieron los activistas, durante el mes de mayo de 2007 rindan declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR) y que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval publique un extracto de la resolución en un diario de circulación nacional.
Cruz Sánchez y Reyes Amaya fueron víctimas de desaparición forzada durante un operativo militar realizado en un hotel de Oaxaca en el que participaron elementos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), policías ministeriales y de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca.
En la época, el estado era gobernado por Ulises Ruiz Ortiz a quien las comunidades indígenas de la región, maestros, campesinos y proletariados de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, pedían su renuncia. Mientras que, al haber sido un operativo militar, este debió ser del conocimiento del entonces presidente, Felipe Calderón Hinojosa, quien el año anterior acababa de declararle la guerra al narcotráfico que provocó un incremento en las desapariciones y homicidios en el país.
El asunto será discutido en la Primera Sala donde se requieren sólo tres votos para avalar la propuesta de la ministra Ríos Farjat que incluye además la confirmación de que las autoridades del estado de Oaxaca y del Ejército mexicano fueron responsables de privar de la libertad a los activistas, violar su integridad personal y, en caso de acreditarse, privarlos de la vida.
Así como la orden de realizar una investigación científica, pronta, seria, diligente y exhaustiva y que por ello, las víctimas y sus familiares tienen derecho a la reparación integral del daño a través de diversas medidas, tales como la orden de que la FGR reconozca a la Comisión Especial de Búsqueda para coadyuvar al ministerio público en las diligencias para localizar a los activistas.
Zaldívar presume que defensores públicos representarán a 463 presas del penal de Santa Martha
/ Diana Lastiri
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, anunció que los defensores públicos federales representarán a 463 mujeres internas en el penal de Santa Martha, el doble de lo que inicialmente se calculó conforme al convenio suscrito con el gobierno capitalino. A raíz de mi visita a Santa Martha recibimos 525 cartas y nosotros calculábamos que íbamos a defender a 200 mujeres, esto se ha ido incrementando”, dijo en conferencia de prensa.
“En este momento se han entrevistado ya por defensoras y defensores públicos federales 932 mujeres, a solicitud de ellas, y estamos asumiendo la representación de 463 mujeres hasta el día de hoy. Ese número supera por mucho lo que hubiéramos pensado originalmente. Mi visita a Santa Martha no fue para la foto, asumí un compromiso y este compromiso lo estamos cumpliendo cabalmente”.
Explicó que el próximo 4 de julio firmará otro convenio con el gobierno de Oaxaca para que los defensores públicos federales puedan asesorar a personas de comunidades indígenas sujetas a procesos del fuero común en la entidad y que este proyecto está a punto de concretarse también en el estado de Chiapas. Añadió que en cuanto a los casos federales, de mayo de 2021 a mayo de este año, el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), obtuvo la libertad de 1,291 personas por cambio de medida cautelar, es decir, cambio de la prisión preventiva que se les impuso, con lo que afirmó que se han despresurizado las prisiones.
“Les informo que de mayo de 2021 a mayo de 2022, el Instituto de la Defensoría Pública obtuvo la libertad de 1,291 personas por cambio de medida cautelar. Se trata de 1,291 vidas y 1,291 familias”, apuntó.
“A partir del criterio de la Primera Sala de revisar la prisión preventiva después de los dos años hemos promovido 238 incidentes de revisión de medida cautelar y se han resuelto favorablemente hasta este momento 24 incidentes”.
Añadió que este miércoles el Consejo de la Judicatura Federal acordó concentrar los 180 amparos tramitados contra la prisión preventiva justificada en un sólo juzgado de Distrito, sus impugnaciones en un sólo Tribunal Colegiado y, eventualmente, estos asuntos podrán ser atraídos por la Primera Sala para establecer los lineamientos que deberán seguir los jueces para fijar esta medida y evitar violaciones a derechos humanos y abuso de la misma.
Arturo Zaldívar
Juez niega frenar llegada de médicos cubanos a México
/ Diana Lastiri
Un juez federal negó frenar los efectos del acuerdo del Gobierno Federal con la República de Cuba para que 500 médicos formados en dicho país sean contratados para trabajar en territorio nacional.
El juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo de Puebla, José Luis Evaristo Villegas negó la suspensión definitiva a un ciudadano que tramitó un amparo contra el convenio entre México y Cuba.
Esto no significa que el amparo se haya negado sino que hasta que el juez dicte su sentencia definitiva, el acuerdo seguirá vigente y el gobierno mexicano no tendrá impedimento alguno para concretar la contratación de los médicos cubanos.
En su demanda de amparo, el ciudadano indicó que las autoridades mexicanas no se han cerciorado de la calidad de médicos que enviará Cuba ni se han homologado sus estudios conforme a la normatividad nacional de la materia.
Al negar la suspensión definitiva, el juez Evaristo Villegas reiteró que, de los actos reclamados por el quejoso, hasta el momento, no se advierte que contravengan disposiciones de orden público.
“Los actos futuros de realización incierta, tanto en su ejecución como en sus efectos, no son susceptibles de servir como materia a la medida cautelar; sólo procede ésta si se tiene certidumbre acerca de su realización por tratarse de actos inminentes”, precisó. El ciudadano puede impugnar ante un tribunal colegiado la decisión del juez.
De acuerdo con lo anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, los médicos cubanos serán contratados para reforzar el sistema de salud y brindar la atención médica necesaria en las zonas más vulnerables del país.
