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Confía senadora Patricia Mercado que Senado no apruebe nombramiento de Salmerón
Un gobierno tiene por primera obligación creerle a las mujeres y, como medida cautelar, detener la propuesta
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angéliCa JoCelyn soto espinosa / CimaCnotiCias
Si bien la terna de los 15 nombramientos que hizo el presidente para representantes de México en el extranjero aún no llega al Senado para su ratificación, las senadoras feministas Martha Lucía Mícher Camarena, de Morena, y Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, ya expresaron su posicionamiento –encontrado entre sí– con respecto al historiador Pedro Agustín Salmerón, propuesto como embajador en Panamá y con acusaciones públicas por acoso y abuso sexual.
Entrevistada por Cimacnoticias a propósito de la propuesta del Ejecutivo, la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, dijo que aún hay una oportunidad para que el titular del Ejecutivo federal recule sobre su propuesta, pero si llega al Senado, ella espera que la mayoría no ratifique el nombramiento.
“No podemos mandar a ningún país a un representante con ese nivel de acusaciones. Si bien existe la presunción de inocencia, entonces que empiece su proceso legal él mismo (de oficio) para que quede libre de culpa si así lo considera, si no, que sea sancionado y que se demuestre en juicio de lo que se le está acusando”, declaró la senadora.
Mercado reflexionó que un gobierno tiene por primera obligación
El movimiento feminista ha argumentado muchas veces sobre la importancia del testimonio de las víctimas | Foto /PatriciaMercadoCastro
creerle a las mujeres y, como medida cautelar, detener la propuesta para que, mientras es investigado, Pedro Salmerón no se convierta en embajador, sino hasta que demuestre su inocencia a través de iniciar una querella para hacer valer su derecho a la presunción de inocencia.
La también exsecretaria del Trabajo en la Ciudad de México explicó que el movimiento feminista ha argumentado muchas veces sobre la importancia del testimonio de las víctimas, toda vez que en México impera una cultura que culpa a las mujeres; y recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en una sentencia de 2019 sobre aborto para casos de violación que hay que creerle a las víctimas que, en este caso, su embarazo es producto de una violación. El máximo tribunal entonces determinó que la palabra de la víctima es suficiente para que las autoridades actúen y le presten algún servicio.
“No es sólo lo que digamos las feministas, sino que hay un planteamiento de la Corte sobre creer el testimonio de las víctimas”, explicó la senadora.
Por su parte, la senadora morenista María Lucía Micher Camarena, a quien se buscó para conocer su postura, pero por cuestiones de agenda rechazó la entrevista, aseguró a través de su cuenta de redes sociales, que las denuncias públicas de actos de presunto acoso sexual imputadas en las redes, en ningún momento han sido ni pueden ser descalificadas “pero sí deben ser consideradas un foco de alerta al momento de analizar la viabilidad de cualquier nombramiento”.
No obstante, acotó, “en tanto no existan denuncias formales o se acompañe a las víctimas a formalizar las acusaciones que han realizado de forma pública, las autoridades mexicanas y el propio Senado de la República tienen la obligación de apegarse al principio de presunción de inocencia”.
De acuerdo con la senadora, “ello no implica que no se escuche a las mujeres que hacen las denuncias, sino que para tomar una decisión apegada a derecho, se necesitan resoluciones o documentos legales”.
Con esta opinión, la senadora, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara alta, respaldó los dichos de López Obrador sobre que no desistirá de su propuesta hasta que no exista una investigación penal abierta, así como pruebas en contra del académico.
Es de recordar que ayer, cerca de cuatrocientas mujeres, organizaciones y colectivas feministas firmaron un posicionamiento que circularon en redes sociales para que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, retire el nombramiento de Pedro Agustín Salmerón como embajador de México en Panamá, por las múltiples acusaciones públicas en su contra por acoso y abuso sexual.
También pidieron la Secretaría de Relaciones Exteriores no guardar silencio ante el hecho de que esta designación contradice su enunciada “política exterior feminista”, y llamaron al Senado a que, en caso de que el mandatario no retire su nombramiento, evite la ratificación de Salmerón en el cargo consular.
Una vez que la propuesta del presidente llegue al Senado, la Comisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde todas las bancadas están representadas, debe revisar el currículum de los postulantes, además de su historia de vida, luego deberán comparecer, y después regresarán la propuesta al Ejecutivo, quien envía nuevamente la propuesta al Senado, pero para que esta vez sea revisada en el pleno, donde los senadores podrán emitir su juicio.
Cámara de diputados
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) señaló que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados celebrará un Parlamento Abierto el 2 de febrero, al que se convocará al personal de salud y expertos para legislar en materia de objeción de conciencia.
“Queremos que el personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud pueda ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios cuando consideren que se oponen a sus convicciones religiosas, éticas y de conciencia, claro está, respetando los derechos de los pacientes”, aseveró en un comunicado.
El legislador dijo que la Comisión de Salud atenderá lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su resolución del 21 de septiembre de 2021, al declarar la invalidez del artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, para que la ley establezca los lineamientos y límites necesarios para que la objeción de conciencia pueda ser ejercida sin poner en riesgo los derechos humanos de otras personas, en especial el derecho a la salud.
“El Grupo Parlamentario del PAN ya presentó una iniciativa en la Comisión Permanente del Congreso el pasado 19 de enero, para cumplir con el exhorto que el Poder Judicial realizó al Congreso de
Comisión de Salud realizará Parlamento Abierto sobre la objeción de conciencia
la Unión y actualizar la Ley General de Salud; también otros grupos parlamentarios presentaron sus iniciativas, por lo que estamos listos para legislar en la materia”, agregó.
“El PAN considera un error los pronunciamientos de aquellos que quieren poner barreras para que la objeción de conciencia sea irrealizable. Vemos con preocupación las iniciativas presentadas que pretenden limitar el derecho a la objeción de conciencia, sobre todo ante procedimientos de interrupción del embarazo, limitando la libertad de decidir y obstaculizando el libre ejercicio de la profesión a los médicos y personal de enfermería”.
Ramírez Barba enfatizó que la iniciativa presentada por el PAN establece que la objeción de conciencia será un derecho individual, únicamente puede ser invocada por personas y nunca por instituciones del Sistema Nacional de Salud; esto quiere decir que ningún establecimiento de salud podrá negar atención médica.
Además, detalla que su ejercicio se sujetará a las siguientes reglas:
I. Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente, se trate de una urgencia médica o produzca un grave daño a su salud, no podrá invocarse la objeción de conciencia.
II. Las instituciones del Sistema Nacional de Salud deberán asegurarse de contar con personal médico y de enfermería suficiente de carácter no objetor para garantizar que siempre se preste la atención médica.
III. En caso de que en un hospital, unidad sanitaria o de seguridad social no se cuente con personal médico y de enfermería no objetor de conciencia, las instituciones del Sistema Nacional de Salud se encuentran obligadas a realizar el traslado de las personas a otra unidad.
IV. Será obligación de las instituciones del Sistema Nacional de Salud la permanente disponibilidad de personal no objetor de conciencia.
V. Además se deja en claro que el ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral. El personal médico o de enfermería objetor de conciencia se abstendrá de emitir algún juicio valorativo de carácter religioso o personal que pueda discriminar, vulnerar la dignidad humana, condicionar o interferir en la atención médica.
“Desde la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exigimos a los ministros de la SCJN, a las instituciones de defensa de los derechos humanos, como la CNDH, y a los legisladores federales y locales, a defender los derechos, las condiciones de trabajo y la autonomía de los profesionales de la salud”, dijo el legislador.
Añadió que el Grupo Parlamentario del PAN hace un llamado a los legisladores a iniciar cuanto antes el análisis de los proyectos de ley, en un espacio de Parlamento Abierto, mediante el diálogo y la reflexión con todos los actores involucrados, incluyendo los colegios, federaciones y asociaciones de medicina.
“Como médico de profesión, puedo afirmar que la comunidad médica siempre ha defendido el derecho a la salud de todos los mexicanos, sin distinción, sin discriminación; estamos comprometidos la vida y el bienestar de nuestros pacientes. Por ello, demandamos también que se respeten nuestros derechos más elementales, en este caso, el derecho a ejercer nuestra profesión en libertad. A nadie debe obligársele a ir en contra de sus principios éticos y convicciones personales”, concluyó.
Condena Corte Interamericana a México por falencias en la investigación de la muerte de Digna Ochoa
anayelI garcía martínez / cImacnotIcIas
Durante 20 años la familia de la defensora de derechos humanos, Digna Ochoa y Plácido, insistió en que ella no se suicidó de 3 disparos como en su momento afirmó la Fiscalía Desconcentrada de la Procuraduría capitalina en la Averiguación previa FDCUAUHT /03/ USD04/02576/2001-10, hasta que este 19 de enero la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) le dio la razón y condenó a México por las falencias en la investigación de la muerte de la defensora, ocurrida el 19 de octubre de 2001.
El 19 de enero pasado, a 20 años y tres meses de los hechos, la Corte Interamericana notificó al Estado mexicano, y a la familia de la defensora, la sentencia en la que declaró que, desde el principio, la investigación estuvo sesgada debido a que las autoridades aplicaron estereotipos de género y consideraron aspectos íntimos y personales de la defensora con el objetivo de cuestionar su credibilidad como abogada de víctimas de violaciones a derechos humanos.
Adicionalmente, el organismo internacional concluyó que México también violó el plazo razonable para investigar los hechos, ya que la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, hoy Fiscalía, tardó una década en investigar el caso, hasta que en 2011, con Miguel Ángel Mancera Espinosa a la cabeza, cerró la indagatoria porque concluyó que se trató de un suicidio.
El 19 de octubre de 2001 fue encontrada sin vida Digna Ochoa y Plácido, en su despacho ubicado en la calle de Zacatecas 31, colonia Roma, en la capital mexicana. La investigación a cargo de la Procuraduría duró una década e incluyó la creación de una Fiscalía especializada, pero después de revisar tres líneas de investigación: ”Militares”, “Guerrero” y “Entorno familiar, laboral y social”, la autoridad concluyó que fue un suicidio y no hubo ningún culpable.
InvestIgacIón defIcIente
Una vez que la familia de Digna Ochoa agotó todas las vías jurídicas en el país para encontrar justicia, acompañados de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y ahora por el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizar el caso, que en 2013 lo admitió, y en 2019 lo remitió a la Corte Interamericana.
Después de revisar las pruebas, la Coidh concluyó que hubo una deficiente investigación en la muerte de Digna Ochoa, la cual incluyó numerosas falencias en el manejo de la escena del crimen, en la documentación y en la necropsia médico legal, pero sobre todo, hubo un discurso de los agentes estatales para denostar la imagen pública de la víctima, situación que, a decir de los jueces, afectó el derecho a la honra y dignidad de la defensora.
Desde 1995 Digna Ochoa vivió amenazas y hostigamiento, mismas que se acentuaron en 1999, incluso fue secuestrada en dos ocasiones y tuvo medidas de protección otorgadas por la Comisión y Corte Interamericanas. Aun así, los procuradores Bernardo Bátiz Vázquez, Rodolfo Félix Cárdenas y finalmente Miguel Ángel Mancera Espinosa, mantuvieron firme la conclusión del suicidio.
Para la entonces Procuraduría, hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, esta hipótesis se mantuvo vigente hasta el último minuto. Incluso, en 2021, quien fue coordinador de los agentes que investigaron la muerte de la abogada, José Antonio Pérez Bravo, declaró ante los jueces de la Corte Interamericana que la conclusión de suicidio se hizo con base en “pruebas periciales”.
En contraste, en la audiencia realizada el 27 de abril de 2021 ante la Coidh, la abogada y perita en criminalística, Ángela María Buitrago Ruíz, expuso que la investigación no tomó en cuenta la forma en que se encontró el cuerpo, las heridas que tenía, el botón roto en su blusa, las contradicciones sobre el trayecto de la bala, la diferencia entre el número de matrícula del arma encontrada en la escena y la matrícula del arma analizada, además del mensaje escrito que se encontró en el lugar, entre otros elementos.
La investigación tampoco tomó en cuenta que la defensora recibió amenazas del exdirigente de la Unión Ganadera Regional de Guerrero, y cacique de la zona de Petatlán, en el estado de Guerrero, Rogaciano Alba Álvarez; y de militares acusados de violar derechos humanos. Tampoco se consideró que la abogada representó y defendió a víctimas como los campesinos ecologistas de Petatlán, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, quienes defendían los bosques y en 1999 fueron torturados por militares. Ese caso también llegó a la Corte Interamericana.
contexto de ImpunIdad
La Corte Interamericana concluyó que la muerte de Digna Ochoa se inscribió dentro de un contexto generalizado de impunidad en los homicidios de defensoras y defensores de derechos humanos que ocurrían en la época y que vino precedida de años de amenazas contra ella. Tras el crimen contra la defensora, sólo en 2020, al menos 19 personas defensoras fueron asesinadas en México, según datos de la organización civil irlandesa Front Line Defenders.
La violencia se sumó a la investigación “absolutamente deficiente” de su muerte por parte de las autoridades mexicanas, lo cual no permitió arrojar luz sobre las circunstancias particulares que rodearon el hecho y, por tanto, constituyó en sí misma, una violación a la obligación de garantizar el derecho a la vida de Digna Ochoa. Además, se violó el derecho a la verdad de sus familiares.
Aunque Digna Ochoa trabajó durante 12 años en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, que desde entonces era un referente en la defensa de derechos humanos, la Procuraduría capitalina centró su investigación en la vida personal de la abogada: en si fue victima de violación sexual cuando era joven, en por qué decidió ser monja y luego abandonó su vida religiosa y por qué tenía pareja sentimental. Hasta hicieron un peritaje psicológico después de su muerte y todo eso los llevó a decir que fingió su asesinato, “suicidio simulado”, como retomó la prensa. ción, entre otras; promover y continuar las investigaciones que sean necesarias para determinar las circunstancias de la muerte de la señora Digna Ochoa y, en su caso, juzgar y eventualmente sancionar a la persona o personas responsables de su muerte.
Ahora, la indagatoria quedará en manos de la Fiscalía, encabezada por la fiscal Ernestina Godoy Ramos, quien fue fundadora de la ANAD, organización que apoyó a la familia de Digna para recurrir a instancias internacionales en busca de justicia.
El organismo también ordenó realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; crear un reconocimiento en materia de defensa de derechos humanos que llevará el nombre “Digna Ochoa y Plácido”; diseñar e implementar una campaña para reconocer la labor de las defensoras y defensores; otorgar el nombre de “Digna Ochoa y Plácido” a una calle en la ciudad de Misantla, en el estado de Veracruz, donde ella nació, así como en la Ciudad de México.
Asimismo, ordenó elaborar un plan de fortalecimiento calendarizado del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; crear e implementar un Mecanismo de Protección de Testigos que intervengan en el Procedimiento Penal; y elaborar, presentar e impulsar una iniciativa de reforma constitucional para dotar de autonomía e independencia a los servicios periciales.
Las medidas de reparación también incluyen elaborar, presentar e impulsar una iniciativa de reforma a la Ley Federal Digna Ochoa | Foto CNDH
para La Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal para que “incluya los parámetros y estándares internacionales sobre la materia para la creación y operación efectiva de un Mecanismo de Protección a Testigos”.
Finalmente, el organismo pidió crear e implementar a nivel federal un protocolo específico y especializado para la investigación de ataques contra las defensoras y defensores; realizar un plan de capacitación del personal de investigación sobre este protocolo, así como crear un sistema de indicadores que permitan medir la efectividad del protocolo.
Cuitláhuac García a medios: ¿Alguien les paga por estar mintiendo sobre la inseguridad?
/ noé zavaleta
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, arremetió contra algunos medios de comunicación locales y nacionales –sin mencionar nombres– a los que les recriminó si “¿alguien les paga por mentir?” y hablar de un estado inseguro, pues, en su percepción, sucede todo lo contrario.
García Jiménez aseguró que lo único que logran esos medios de comunicación es distorsionar la realidad y ahuyentar al turismo nacional y extranjero, situación que “perjudica” a toda la sociedad veracruzana.
El gobernador emanado de Morena mostró una tabla en donde ninguna ciudad de Veracruz se encuentra entre las 50 más inseguras del país; incluso presumió que en Coatzacoalcos van más de 300 días sin que ocurra un solo secuestro, situación que la prensa no comenta ni pública, dijo.
“A mí me gustaría que hiciéramos un acuerdo (sic), que la prensa diga la verdad, que no mienta. Reflexionen que el dato es para todos, no sólo para el gobierno. Es triste ver que le dan cabida a gente que miente y que viene a defender delincuentes –en clara alusión a los senadores Ricardo Monreal, Dante Delgado y Julen Rementería–; está bien, pero también den la otra versión, digan la verdad”.
Cuitláhuac García lamentó que en medios nacionales se hable tanto de Veracruz y de abrir comisiones para investigarlo, cuando a su juicio hay otros estados que “están muchísimo peor”.
“Se quiere poner en tela de juicio el trabajo de un servidor, pero los resultados ahí están, han sido contundentes”.
En Veracruz, este mismo reclamo hacia la prensa ya lo habían hecho los exgobernadores Miguel Ángel Yunes Linares, del PAN, y Javier Duarte, del PRI, quienes recriminaban a los medios por dar demasiada difusión a las ejecuciones, secuestros o el hallazgo de fosas clandestinas.
“Hoy hablé de siete u ocho temas, les apuesto doble contra sencillo que mañana el tema y las ocho columnas de sus medios va a ser la inseguridad”, solía recriminar Duarte.
Yunes Linares solía reprochar que la prensa sólo maximizaba los ejecutados y los cementerios clandestinos, pero las detenciones de jefes de plaza y los esfuerzos por combatir la delincuencia no eran “ni reconocidos” ni publicados en portadas.
En Veracruz, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó más de dos mil homicidios en la entidad durante el 2021.
Enero del 2022 arrancó con 20 ejecuciones reportadas entre el 7 y el 9 de enero en la entidad; de acuerdo con Cuitláhuac García, esta ola de violencia se debió a un ajuste de cuentas y venganza al interior del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tráfico ilegal de armas a México: El inexacto parámetro de los aseguramientos
Un reporte elaborado por el CNI da cuenta de cómo evolucionó, a partir de 2004, la manufactura de armas en Estados Unidos y de cómo, desde 2007, su tráfico ilegal a México creció
/ Jorge aleJandro medellín
Un reporte elaborado por el Centro Nacional de Información (CNI) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) da cuenta de cómo evolucionó, a partir de 2004, la manufactura de armas en Estados Unidos y de cómo, desde 2007, su tráfico ilegal a México creció.
Basándose en cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el informe habla de los aseguramientos de armas ilícitas en el país, aunque el autor del estudio, David Pérez Esparza, aclara en entrevista que ese número no es necesariamente indicativo de éxito en la lucha contra el crimen organizado. Hay dos años significativos que marcan el fenómeno del tráfico ilegal de armas de fuego y de los insumos que rodean a esta actividad (cartuchos, cargadores, miras, fornituras, cascos, granadas, chalecos balísticos): 2004, cuando expiró la prohibición federal en Estados Unidos que impedía la fabricación de armas de asalto automáticas para uso de civiles; y 2007, el año en que el entonces presidente de México, Felipe Calderón, puso en marcha su Estrategia Nacional de Seguridad, enfocada en el enfrentamiento directo contra grupos criminales, especialmente contra las organizaciones del narcotráfico.
En ambos casos, las medidas adoptadas se tradujeron en un escenario que catapultó la producción de armamento bélico y para defensa personal en Estados Unidos. El Reporte Especial Elaborado por el Centro Nacional de Información (CNI) del SESNSP, distribuido entre el gabinete de seguridad federal en la primera semana de enero de 2022, muestra cómo fue la evolución de la producción de armas de fuego en los estados del sur de la Unión Americana de 1998 a 2010.
Tal reporte especial –“Violencia vinculada a las armas de fuego”, elaborado por el director del CNI, David Pérez Esparza– es el documento más reciente del gobierno federal que muestra la complejidad del tema del tráfico ilegal de armas de fuego hacia México, su presencia, expansión y consecuencias en toda la población. –Llama la atención que esto se vincula con el periodo de Felipe Calderón. ¿Habría algún tipo de responsabilidad más allá de la histórica? –se le pregunta a Pérez Esparza. –Yo no me atrevería a dar ningún juicio de valor, porque los datos no te dan para eso. La lógica sí te da para eso, pero los datos no. La lógica te dice, sospecha mal, piensa mal y acertarás, pero de eso a que los datos lo avalen, no.
El documento deja ver que en el actual gobierno el aseguramiento de armas de fuego presenta cifras magras en comparación con otros sexenios. Indica que en 2017 y 2018, los últimos años del sexenio de Enrique Peña Nieto, se aseguraron 4 mil 802 y 5 mil 144 armas de fuego, respectivamente, principalmente en Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Sonora, Guanajuato y Baja California.
En tanto en 2019, primer año del mandato de Andrés Manuel López Obrador, se aseguraron sólo 907 armas de fuego (cifra que dista mucho de la ofrecida por el Ejército), con Tamaulipas como el estado con más incautaciones (13.45%), según el reporte especial, que acredita como fuentes en este segmento al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para 2017; y la Base de Datos del Registro de Armas Confiscadas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para febrero de 2019.
Sin embargo, información de la Sedena actualizada al 31 de octubre de 2021 muestra que en 2018 se aseguraron 479 armas, pasando en 2019 a 5 mil 567 piezas, en 2020, a 5 mil 879, y en 2021 a 4 mil 561 armas.
En la página 68, con datos del INAI de 2017 y de la Sedena en 2019, se muestra que “en el sexenio de Felipe Calderón se observa un incremento en el número de armas confiscadas, alcanzando su máximo histórico en 2011 con alrededor de 32 mil armas”. En total, el recuento ofrecido por el CNI entre 1990 y 2015 es de 210 mil 831 armas de fuego incautadas, mientras que en la siguiente gráfica que engloba los sexenios de Vicente Fox (13 mil 629 armas aseguradas), Felipe Calderón (126 mil 847), Enrique Peña Nieto (35 mil 494) y el 2019 de López Obrador (3 mil 234 armas aseguradas), se indica que en esos tres sexenios hubo 179 mil 204 armas incautadas.
Problemas detrás de la confiscación
Este factor, el del aseguramiento como medida de éxito o parámetro correcto de una estrategia gubernamental para hacerle frente al tráfico de armas y a la violencia relacionada con ellas, es uno de los motores que dieron origen a la elaboración de los reportes especiales del CNI, señala David Pérez al explicar el problema detrás de la confiscación de armamento.
“Las confiscaciones, por ejemplo, también tienen un problema, porque si tú confiscas más no quiere decir necesariamente que había más armas, simplemente quiere decir que confiscaste más. O, por ejemplo, supongamos que hay un presidente al que le importa mucho el tema de las armas y confisca muchas armas. Llega un nuevo presidente y no le importa el tema de las armas y no se confiscan armas; no quiere decir que ya no hay armas, sino que simplemente la estrategia cambió”, señala.
Esparza considera que hay dos alternativas en torno al asunto de los aseguramientos: “Puede ser porque tú buscas menos armas o porque no hay tantas armas”. Ese es el tema y el problema es que no lo sabemos, añade.
“Es complicado saberlo, por eso el reporte plantea muchas fuentes, para que cada quien cree su historia. Nadie tiene la historia real, ni siquiera el propio gobierno la puede tener. Por ejemplo, ahorita, este gobierno ha hecho muchos más esfuerzos en el tema de las armas y confisca menos”, asegura.
Otra hipótesis es que ahora se trafican partes y no las armas completas, señala el director del CNI. “Eso complica más las cosas, porque ya estás hablando de que quizás están entrando más partes y menos armas. ¿Es mejor o es peor? Quién sabe, probablemente es peor porque es más difícil detenerlo”, reconoce.
El covid-19 también ha sido un factor importante en torno al tema de las armas de fuego ilegales y su nexo con la violencia. Pérez Esparza señala que las confiscaciones sí son una buena variable, “pero tienes que tener mucho cuidado en cómo la lees, porque son realidades muy distintas y puedes decir que el gobierno no actuó y puede ser que sí o puede ser por el covid-19”.
La orden con covid-19 fue no andar buscando cosas en los carros ajenos, dice. “Entonces, si te fijas, la mayor parte de los retenes son reactivos, ya no hay retenes preventivos y no porque el gobierno no quiera, sino porque está el covid-19. Yo veo muchas hipótesis y no veo que haya una que esté probada totalmente”, agrega Esparza.
se ignora la cantidad
El reporte “Violencia vinculada a las armas de fuego” es, de hecho, el último de 2021 en la materia, en un ejercicio de análisis y seguimiento surgido en 2019, en el inicio del gobierno de López Obrador. Con el proyecto ya cristalizado del reporte especial, que se elabora trimestralmente, se ha buscado abordar el tema del tráfico de armas, de la violencia vinculada a este fenómeno y de sus consecuencias, señala Pérez Esparza, su autor.
Aquí el gran tema sigue siendo la manera de abordar fenómenos tan complejos como el tráfico de armas, su producción, sus impactos en la sociedad mexicana, las políticas y formas de conocerlo, explicarlo y buscar soluciones desde múltiples perspectivas, señala.
La pregunta central que siempre surge en torno a este tema es si sabemos con certeza o de manera muy aproximada cuántas armas de fuego entran ilegalmente a México. “Nadie sabe realmente de cuánto es la cifra”, contesta vía telefónica el director del CNI. Por eso realizamos este ejercicio multidisciplinario y con varias fuentes de información y análisis, para tener una perspectiva más amplia de una realidad compleja y cambiante como lo es este fenómeno, explica.
El reporte especial se elabora trimestral o semestralmente, es un instrumento de análisis único que ofrece una visión más amplia y detallada del tema, “es un atlas sobre la violencia vinculada a las armas de fuego”, precisa Esparza al detallar que el documento de 94 páginas presentado al final de 2021 es también una especie de resumen de otros más amplios elaborados por el CNI.
De hecho, el documento señala en la página 54 que “para comenzar a analizar el tráfico de armas se deben tomar en cuenta dos fechas clave…”. A continuación, se refiere a los años 2004 y 2007, para después mostrar las gráficas sobre la manufactura de pistolas en el sur de los Estados Unidos, que pasó de unas 200 mil unidades entre 2006 y 2007 a más de 600 mil para 2010.
Muestra también la manufactura de armas largas en el sur de los Estados Unidos, la cual pasó de 100 mil a más de 450 mil piezas entre 2007 y 2010, así como el boom en la fabricación de rifles, que en 2007 era de unas 10 mil unidades y para 2010 rebasó las 80 mil.
El documento inicia recordando que en 2017 el Injury Prevention Journal publicó los resultados de la Primera Encuesta Mexicana sobre Propiedad de Armas, aplicada en las ciudades de Guadalajara, Puebla, Oaxaca, Ciudad Victoria, Mérida, Tijuana, Ciudad de México, Monterrey y Veracruz, en las que se aplicaron mil 361 cuestionarios telefónicos, con aproximadamente 150 participantes por ciudad.
El reporte especial aborda la manera en la que se cometen homicidios dolosos en el país, la cual “ha cambiado considerablemente”. En 1997, detalla, “sólo 15.0% de los homicidios dolosos se cometían con armas de fuego. Para lo que va de 2021 (ene-nov) esta cantidad representa 68.3%”.
Con la misma base de datos y para el mismo lapso, el reporte indica que en 2017 se cometieron 19 mil 961 homicidios dolosos con armas de fuego, de los cuales 200 fueron feminicidios. Para 2018 la cifra fue de 23 mil 934 homicidios dolosos con 208 feminicidios incluidos. En 2019 hubo 24 mil 437 homicidios con armas de fuego, con mil 996 feminicidios en la cuenta, y en 2020 se registraron 24 mil 415 asesinatos con armas de fuego en los que se contabilizaron 222 feminicidios.
Por entidades, Guanajuato (3 mil 583 casos), Estado de México (3 mil 505), Michoacán (2 mil 742), Jalisco (2 mil 109) y Chihuahua (2 mil 47) aparecen como los cinco con más víctimas de delitos cometidos con armas de fuego. Acerca de los gun shows en Estados Unidos, el reporte señala “un incremento significativo en el número de ferias de armas realizadas en el periodo 20112019, con 4 mil 852 eventos registrados. Sólo en 2019 se llevaron a cabo mil 264 ferias de armas, casi todas en el sur de Estados Unidos, promovidas por 490 empresas o conglomerados de la industria armamentista norteamericana.
Diez de estas compañías han sido identificadas por el CNI como promotoras de gun shows en el sur de Estados Unidos (Showmasters Gun Shows, Wolf Hill Ammo, Texas Gun Shows, Worldwide Firearms, The Original Fort Worth Gun Show, C & E Gun Shows, Inc., Crossroads of the West Gun Shows, Florida Gun Shows, R.K. Shows Inc. y Wes Knodel Gun shows).
El reporte presenta los puntos de trasiego de armas de fuego cubiertos por el Servicio de Administración Tributaria y por la Guardia Nacional, correspondiendo cinco para el primero (Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros) y siete para la segunda (San Fernando, Tamaulipas; Colombia, Nuevo León; Ojinaga, Chihuahua; Agua Prieta, Sonora, Querobabi, Sonora; La Rumorosa, Baja California, y Manzanillo, Colima).
Con datos del INAI de 2017 y de la Sedena para el periodo 1990-2017, se muestran 42 marcas de armas de fuego cortas y largas de las cuales sobresalen Colt Industries, Winchester y Remington. La cifra en el reporte del CNI señala 28 mil 766 armas aseguradas de las marcas Colt Industries (7 mil 734), Winchester (6 mil 848), Remington (5 mil 864), Ruger (5 mil 008) y Norinco (3 mil 312).
