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AIFA. Abrirse al cabotaje, el último recurso
/ neldy sAn MArtín
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El AIFA no despega. De marzo a agosto sólo tuvo 2 mil 107 operaciones, a diferencia del aeropuerto capitalino, que en el mismo lapso realizó más de 186 mil. Para salvar el proyecto de Santa Lucía y a petición presidencial, la SEDENA plantea abrirse a las líneas aéreas extranjeras y permitir el cabotaje –servicio de transporte aéreo en territorio mexicano por parte de permisionarios de otros países, lo que está prohibido por ley–, aun cuando esto implique el riesgo de distorsionar el mercado, en perjuicio de la industria nacional.
Por instrucción presidencial, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) diseñó un plan con una serie de alternativas para forzar el incremento de las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA); entre ellas, abrir completamente el cielo a las aerolíneas extranjeras, eliminando la prohibición a las prácticas de cabotaje, es decir el servicio de transporte aéreo en territorio mexicano por parte de permisionarios de otros países.
A casi siete meses de su inauguración el AIFA no termina de despegar. Del 21 de marzo a agosto pasado, el aeropuerto de Santa Lucía tuvo 2 mil 107 operaciones (mil 55 salidas y mil 52 llegadas), de acuerdo con datos oficiales de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). En contraste, el Aeropuerto Benito Juárez realizó 186 mil 217 operaciones en el mismo periodo.
Ha tenido más visitantes el Museo del Mamut que Santa Lucía pasajeros. Datos de la AFAC muestran que del 21 de marzo al último día de agosto el AIFA tuvo 201 mil 212 viajeros, mientras que el Museo Paleontológico de Santa Lucía registró 373 mil 281 visitantes y el Museo Militar de la Aviación civil, 310 mil 779, según datos obtenidos vía solicitud de transparencia.
En un contexto en el que el gobierno federal busca por todos los medios que funcione el aeropuerto civil-militar de Santa Lucía y que pase de un promedio de 30 a 120 operaciones diarias para fin | Foto Gobierno de México
de año, la SEDENA redactó el “documento base para dar cumplimiento a la Instrucción Presidencial para incrementar las operaciones aéreas en el AIFA”, fechado el 15 de abril de 2022 y que se encuentra entre los millones de archivos militares filtrados por el colectivo de hacktivistas Guacamaya.
El documento señala que la instrucción presidencial consiste en que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) materialice, con la participación de las secretarías de Turismo, Relaciones Exteriores y Defensa “las acciones necesarias” para que las aerolíneas de otros países, como Emiratos Árabes Unidos, Portugal y Turquía, puedan realizar las rutas: Cancún-Santa Lucía-Cancún-Países de origen.
AlertAn riesgos
México tiene una legislación armonizada al Convenio de Chicago del 7 de diciembre de 1944, que más tarde dio origen a la Organización de la Aviación Civil Internacional. En dicha convención se definieron las cinco primeras “libertades del aire”, que se firman de forma bilateral y garantizan a las aerolíneas comerciales de un Estado poder entrar en el espacio aéreo de otro. Luego, surgió la octava libertad del aire, considerada un privilegio, pues implica el derecho de las aerolíneas de un Estado a operar rutas comerciales dentro del territorio de otro Estado, esto es conocido como cabotaje.
El Estado mexicano prohíbe la octava libertad. El artículo 17 bis de la Ley de Aviación Civil nacional establece que no están permitidas las prácticas de cabotaje por parte de permisionarios extranjeros en el territorio, pero la SEDENA propone que esa prohibición se elimine “con la finalidad de incrementar la cantidad de vuelos en el AIFA para obtener 120 operaciones aéreas diarias en el presente año”, según el documento hackeado.
Pero ¿qué implicaciones tiene una política de cielo abierto? El capitán José Suárez Valdez, especialista en aviación, explica que esto distorsionaría el mercado y podría acabar con la ya de por sí deprimida industria nacional. “Si se permitiera que una aerolínea extranjera comercializara una ruta nacional, esa práctica de cabotaje sería muy dañina para la industria porque la aviación juega con muchas reglas globales y hay que seguirlas, y hay empresas que por los subsidios que tienen en sus países tienen la facilidad de tener costos más bajos”, comenta en entrevista.
“Si lo ves a corto plazo, con una mirada muy pequeña, un pasajero podría decir, a mí me conviene, si va a venir una aerolínea extranjera y me va a poner un vuelo de México a Cancún más barato, pues me conviene, pero la realidad es que a la larga, en muchos países ha sucedido, como en Australia, que termina con la aviación local, recortan muchos empleos”, añade.
El capitán Suárez cuenta que actualmente México tiene firmada la quinta libertad con Emiratos Árabes Unidos, que permite un vuelo de Emirates entre Dubai-Barcelona-México. Sin embargo, en la pandemia, Emirates fue la primera aerolínea que dejó de operar en México y dejó incomunicada la ruta, pues por los subsidios en Emiratos Árabes resultaba imposible para otras líneas aéreas competir contra esa empresa y era la única que operaba la ruta. “Entonces imagínate un escenario donde empiecen a acaparar el mercado nacional y pasan otras cosas como estas (la pandemia), van a dejar incomunicado al país, porque ellos están viendo por sus propios intereses, no los de México”, reflexiona.
El experto en aviación también alerta sobre los riesgos de esta práctica en un momento de crisis para la industria nacional y mientras la aviación mexicana está degradada. México no ha podido recuperar la categoría 1, luego que el 25 de mayo de 2021 la Administración Federal de Aviación (FAA), responsable por la seguridad y las regulaciones de aviación del Departamento de Transporte de Estados Unidos, degradó a México a la categoría 2 al incumplir con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional. “Esto quiere decir que no puede haber una aerolínea mexicana que abra un nuevo destino hacia Estados Unidos; entonces, permitir que aerolíneas que no son mexicanas abran nuevas rutas a Estados Unidos va a ser muy peligroso, porque actualmente está coartado el crecimiento de las aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos”, advierte.
BAJO PRESIÓN El rey del cash
EDILBERTO ALDÁN
El rey del cash es una novela mediocre escrita por una amante despechada que exhibe la pobreza con que se argumenta a favor o en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El libro escrito por Elena Chávez tiene como propósito describir “el saqueo oculto del presidente y su equipo cercano” (ese es su subtítulo) y ha estado en la conversación pública gracias a la publicidad que la clase política le dio al texto como arma para demostrar los actos de corrupción con que el presidente de México financió sus campañas.
La difusión del libro ha sido amplísima, no sólo por sus ventas, en múltiples grupos de mensajería no ha faltado quien distribuya el PDF, como una forma de documentar las críticas a López Obrador, mismas que el presidente se ha sacudido al indicar que El rey del cash es un libelo producto de la deshonestidad intelectual y, para alejar la atención del revuelo provocado por el testimonio de Elena Chávez, ha empleado la táctica de siempre, colocar otros temas como distractores; quienes son afines a la Cuarta Transformación también se han encargado de invalidar las acusaciones del libro indicando que no aporta una sola prueba y que sólo son calumnias.
La oposición no ha logrado capitalizar las “revelaciones” de Elena Chávez porque El rey del cash no está respaldado con alguna prueba documental, no es una investigación sino un testimonio, en los diversos capítulos menciona a diversos funcionarios que participaron en el esquema de financiamiento ilícito, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Alejandro Encinas, Mario Delgado, y Delfina Gómez, quienes entregaban dinero en efectivo a Alejandro Esquer, secretario particular del presidente, quien era el encargado de repartir el dinero.
La novela de Elena Chávez más que centrarse en revelar el funcionamiento de la red de corrupción concentra su atención en su pareja sentimental de ese entonces, César Yáñez, hombre de confianza de López Obrador y quien fuera su vocero hasta caer en desgracia. No hay un solo capítulo de El rey del cash en que la autora no haga referencia a él, muchas de las anécdotas y chismes que cuenta no los presenció, sino que son resultado de las conversaciones con César Yáñez.
Para sanar, tras una ruptura amorosa, los amantes deben revisar su actuar a lo largo de la relación. Para hacer esa memoria se requiere de valor para, con honestidad, hacer el recuento de lo ocurrido durante el tiempo que estuvieron juntos. A Elena Chávez se le ha querido presentar como una periodista con el valor suficiente como para romper la omertá a la que se compromete el círculo íntimo de López Obrador, sin embargo, ella no pertenecía a ese grupo y se enteraba de lo que ocurría entre ellos a partir de lo que le contaba su pareja; cada vez que puede, para deslindarse de aquello en lo que César Yáñez participaba, la autora repite la misma frase: la única que no sabía con quién andaba, era ella; el recuerdo de su relación lo realiza desde el despecho, ajustando la memoria para establecer la ruta del desengaño.
Elena Chávez ha indicado que ya no siente nada por César Yáñez, para así alejar cualquier crítica que señale que hay despecho en su texto, incluso hay quien señala que Elena Chávez está sufriendo violencia de género al destacar que fue pareja de César Yánez, el resentimiento del amante por la ofensa recibida no tiene género, el comportamiento del despechado se caracteriza por colocarse como la víctima en el ajuste de cuentas amoroso, esa venganza ridícula que se obtiene cuando se justifica la ceguera que nos impone el amor.
El rey del cash no hace ninguna revelación, únicamente aporta chismes y rumores, indicios que la oposición valida para robustecer su campaña contra López Obrador y, lo más grave, es que por las reacciones a este libro sólo queda claro que la discusión pública de la política ya no emplea razones y argumentos, prefiere usar como armas los sentimientos y emociones.
Coda. La verdad no penetra a quien no tiene la disposición previa de oírla, a quien no tiene el instinto o la sospecha al menos de que pueda estar equivocado, de que acaso el líder lo engaña, escribe Enrique Krauze en Spinoza en el Parque México, antes que definir a los seguidores de López Obrador, en el caso de El rey del cash, aplica para el despechado que en el ajuste de cuentas amoroso sale libre de toda culpa.
/ paloma dupont de denichin y nicola Zolin
Según el último informe de Global Witness, en promedio cada dos días un ecologista es asesinado en el mundo. Sebastián Alonzo, ambientalista guatemalteco, es uno de los mil 773 defensores de la tierra asesinados en los últimos 10 años. Dos periodistas investigaron su muerte y cuentan –para varios medios internacionales, Proceso entre ellos– la lucha de su comunidad por defender sus ríos.
Juana, de ocho años, acaba de salir de la escuela; la temperatura ronda los 40 grados, algo habitual en mayo en el pueblo de Yulchén Frontera, en el norte de Guatemala, a menos de tres kilómetros de la frontera sur de México. Apenas se quita la mochila y completamente vestida, como es habitual, se sumerge en el río Pojom, el más cercano a su casa. Se queda allí hasta que se le arruga la piel. Juan Alonzo, de 33 años, observa a su hija al borde del agua en el río por el que su padre murió hace cinco años.
Desde que su padre, Sebastián, fue asesinado, la niña y sus otros tres hijos son su única razón de vivir. En el pueblo, uno de los ocho que componen el valle de Ixquisis, nadie ha olvidado la violenta muerte del viejo campesino, el patriarca de su pueblo. Desde entonces, los habitantes son conscientes de que su supervivencia pende de un hilo.
Juan y su padre se comprometieron a proteger sus recursos naturales. Como agricultores, se ganaban la vida tranquilamente cultivando café y cardamomo. Tres ríos riegan el valle: el oscuro río Negro, el tranquilo Pojom, que encanta a los niños, y el ancho y poderoso Yalowitz.
Juan cuenta que él y su padre salían antes de que saliera el sol, machete en mano, a limpiar sus campos. Regresaban largas horas después, bajo un sol abrasador, cargando el fruto de su trabajo sobre sus espaldas.
La vida de Juan cambió el 17 de enero de 2017. Ese día su padre fue asesinado en una manifestación contra la construcción de dos centrales hidroeléctricas en el valle. “Con mi padre nunca faltamos a una sola manifestación para defender nuestros ríos, nuestras montañas. Como indígenas era nuestro deber”, recuerda.
Como todos los mayores, su padre Sebastián, de 68 años, era respetado. Su voz tenía importancia en las asambleas comunitarias, donde se toman todas las decisiones esenciales.
En 2013, cuando la empresa empieza sus obras, Sebastián y su hijo van a ver a algunos trabajadores de la misma que no están lejos del río Pojom y les preguntan qué piensan hacer. Uno de ellos le dice que están construyendo un túnel para desviar el río. “Pero, ¿nos van a dejar sin nada?”, responde Sebastián, según su hijo. Cuando se dieron cuenta que el río que riega las tierras de Yulchén Frontera estaba amenazado por el proyecto hidroeléctrico de la empresa Energía y Renovación, decidieron oponerse a él. Sus cultivos requerían mucha agua. La vida de su familia dependía de ello. De ninguna manera iban a permitir que este proyecto se construyera en sus tierras.
A pesar de la oposición de una parte de la población, la empresa comenzó sus obras y el Pojom fue desviado. Una montaña considerada sagrada por la población fue dinamitada para permitir el paso del agua. Energía y Renovación también tiene previsto desviar otros cuatro ríos: Primavera, Varsovia, Palmira y Negro. En 2017 se completó 30% del proyecto final. El agua empezó a escasear y las familias, que viven principalmente de la agricultura, estaban preocupadas.
“¡Sin agua, se acabó para nosotros! Utilizo el agua del río desde las cinco de la mañana para calentar el café, para cocinar y para beber, como todas las familias de aquí”, confirma Catalina, una campesina de Bella Linda, embarazada de su quinto hijo. “El mejor futuro que podemos dar a nuestros hijos es preservar el agua”, añade.
Según la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Plataforma Internacional contra la Impunidad y un conjunto de asociaciones denuncian que los daños ambientales que conlleva la implementación del proyecto podrían tener consecuencias hasta en México. Las aguas de los ríos que el proyecto prevé utilizar para su funcionamiento son afluentes del Santo Domingo, localizado en la frontera con México, que a su vez es afluente del Usumacinta.
“La cuenca del Usumacinta es una zona estratégica debido a sus altos índices de biodiversidad, a la gran cantidad de servicios ambientales que ofrece, a sus importantes recursos hídricos y a su gran diversidad cultural. En consecuencia, las comunidades mexicanas dependientes del río –como Benito Juárez, San Pedro, Zacualtipán, Gallo Giro, Las Nubes, Democracia, Amatitlán, Peña Blanca, Rodolfo y San Mateo– también podrían sufrir una reducción importante en la calidad y en el acceso al agua a consecuencia de la implementación del proyecto. Por ende, podrían estar en riesgo de sufrir impactos ambientales y sociales similares a los que enfrentan las poblaciones de la microrregión de Ixquisis”, informó el conjunto de asociaciones el 26 de septiembre de 2018. Estas aguas son, a su vez, utilizadas por los pueblos indígenas del lado de México para su subsistencia.
Para defender su principal recurso, la familia Alonzo acudió a la manifestación con sus compañeros de lucha. “Éramos 600, 700 personas de todos los municipios de la región. Fuimos a ver un túnel construido por la empresa cerca del río Negro, que iba a ser desviado para el proyecto hidroeléctrico. En ese momento oímos los disparos”, dice Juan.
Hombres armados dispararon a la multitud. Asustados, los manifestantes,
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/ RicaRdo Raphael
“Desde el día que se conocieron Juana Hilda N y Hugo Alberto Wallace hay registro de 18 llamadas en total. ¿Y así niega que lo conoció?”.
Esta frase críptica subió a las alturas gracias a un espectacular, propiedad de la empresa Showcase, ubicado sobre el Circuito Interior a la altura del Metro Oceanía.
Como cabeza aparece una leyenda que dice “pruebas secuestro #casowallace”.
Isabel Miranda, dueña de Showcase, confirma que en nuestro país lo importante no es tener la razón sino tener el dinero.
En el expediente del caso Wallace no hay evidencia para concluir que Juana Hilda N (González Lomelí) y Hugo Alberto León (Wallace) Miranda hayan sostenido todas esas conversaciones telefónicas.
Es cierto que Hugo Alberto se comunicó en varias ocasiones al teléfono celular número 55 28 64 48 90, y también que la compañía Telcel afirma que dicho número estaba a nombre de una mujer llamada Carmen Ortega Becerra. (Fuentes alternas indicarían que ese mismo número, en la fecha del presunto secuestro –julio de 2005– estaba en realidad a nombre de otra mujer: Lucero Landeros Cisneros).
Sin embargo, en el expediente no existe ningún indicio o dato de prueba que permita decir que Juana Hilda González tuvo en su poder un aparato celular vinculado al número referido.
En la alcaldía Álvaro Obregón, también bajo la etiqueta “pruebas secuestro #casowallace” se halla otro espectacular donde se afirma que “César N (Freyre) y Jacobo N (Tagle Dobin), compraron una sierra para descuartizar el cuerpo de Hugo Alberto”.
Es casi imposible percibir que, junto a ese mensaje, la señora Miranda mandó agrandar un ticket de compra de una tienda de autoservicio el cual fue presentado como prueba de la acusación.
Ese comprobante de compra refiere a la adquisición una motosierra –que no es lo mismo que una sierra eléctrica–, la cual habría ocurrido a las 02:48 AM del martes 12 de julio de 2005, en un establecimiento ubicado a más de 12 kilómetros de distancia del lugar donde Freyre y Tagle presuntamente quitaron la vida al hijo de la señora Miranda.
El asunto se complica cuando los testimonios que aparecen en el mismo expediente refieren como hora del fallecimiento de Hugo Alberto las 03:00 AM. ¿Cómo es posible que César N y Jacobo N hubiesen asesinado a Hugo Alberto, en un edificio de la colonia Insurgentes Mixcoac, 12 minutos después de haber adquirido una motosierra al otro lado de la ciudad? (El don de ubicuidad no es un delito castigado por el código penal mexicano).
Con la misma contundencia podría continuar respondiendo a cada uno de los 50 carteles inmensos que Isabel Miranda ha colgado en la zona del Valle de México y otras ciudades como León, en Guanajuato, y Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas.
El problema es que, para contar con igualdad de circunstancias en la exposición de los argumentos, sería necesario invertir un presupuesto de tres millones de pesos mensuales –que es el costo aproximado de esta campaña de publicidad– y también con la disposición de la competencia de Showcase para contrarrestar, igualmente con espectaculares, las acusaciones desplegadas.
Desde hace poco más de dos meses la empresa de la señora Miranda está dedicada casi por entero a defender en las calles y avenidas de la capital lo que muy probablemente va a perder en tribunales. Los anuncios del #casowallace se encuentran ubicados en arterias principales como Periférico Sur, donde hay 15 de ellos, en Circuito Interior dónde pueden ubicarse otros ocho o en el Viaducto que aporta siete más; también han sido sembrados en las avenidas Insurgentes, Constituyentes, Gutenberg, Cuauhtémoc y Prolongación Bosques de Reforma, entre otras.
Probablemente se trate de la peor campaña publicitaria jamás vista en el país. Los textos son tan pequeños que apenas pueden leerse, los argumentos son rebuscados y solamente comprensibles para las muy pocas personas que conocen el expediente.
Entre toda esa basura visual hay un anuncio ubicado a un costado de la Supervía Oriente que merece particular atención. Bajo la leyenda de cajón aparece una agresiva pregunta dirigida al Poder Judicial: “¿Resolverán el caso de Hugo Alberto Wallace conforme a constancias o lo harán considerando intereses ruines de quien preside la Suprema Corte?”
El léxico utilizado en este anuncio exhibe que en Showcase no trabaja ningún publicista. Para la inmensa mayoría de la gente los términos “conforme a constancias” no significan nada. Tal cosa hace suponer que los destinatarios del mensaje no seríamos la gente común, sino las personas que integran al Poder Judicial.
Ante ellas Isabel Miranda acusa al presidente de la Corte –sin tener pruebas– igual y como en otros anuncios lo hizo con los supuestos secuestradores de su hijo. Tan tremendo despropósito topó esta semana con pared cuando un juez federal ordenó a las autoridades de dos demarcaciones de la Ciudad de México (Tláhuac y Cuauhtémoc) que retiraran los anuncios referidos.
La medida incluye aquellos espectaculares donde pudieran aparecer “los nombres, sobrenombres o imágenes” de Brenda Quevedo Cruz y Juana Hilda González Lomelí. Entre los argumentos validados por el juzgador están la violación que dicha campaña de publicidad ejerce contra el principio de presunción de inocencia, sobre todo de Quevedo Cruz quien, después de 15 años en prisión, no ha sido aún juzgada en primera instancia. También considera la estigmatización y violencia de género impuesta sobre estas dos mujeres, justo cuando sus respectivos casos están siendo valorados por la justicia. ¿Por qué Isabel Miranda habrá incurrido en una estrategia tan descabellada cuyo propósito evidente es desprestigiar al poder público responsable de revisar su caso?
Sin descartar motivos de orden psiquiátrico que escapan a la comprensión de quien escribe estas líneas, cabe suponer que, como si se tratara de un ludópata en el juego del póker, ante la inminente derrota ella decidió jugarse el resto del capital económico y político que le restaba. (Quiero agradecer a las varias decenas de personas que, a través de las redes sociales, me ayudaron a levantar el padrón de espectaculares del #casowallace dispuestos en el Valle de México y algunos otros sitios de la República).
El regreso de los espectaculares de la señora Wallace
cegados por los gases lacrimógenos lanzados por la policía, huyeron a la pradera. Sebastián Alonzo yace inmóvil en el suelo. Su camiseta verde está manchada de sangre. Permanece allí durante cuatro horas sin asistencia médica. Cuando sus amigos regresan, lo encuentran inconsciente. Está sangrando, sus compañeros identifican dos heridas de bala: una en la nuca y otra en el estómago. “Mi tío me obligó a huir con los demás y cuando volvimos mi padre estaba en el suelo, con heridas de bala y un machetazo en la mejilla”, recuerda Juan. Sebastián Alonzo murió unas horas después mientras era trasladado al hospital equipado más cercano, en Santa Cruz Barrillas, a tres horas de Ixquisis.
“Mi padre murió por defender nuestros derechos”, repite Juan. El nombre de su padre figura en la lista de mil 773 ecologistas asesinados en los últimos 10 años, según el último informe de Global Witness publicado el 29 de septiembre. En promedio ello representa un ecologista asesinado cada dos días. América Latina es el subcontinente más afectado y los pueblos indígenas están particularmente expuestos, pues representan más de un tercio de los ataques mortales cuando constituyen solo 5% de la población mundial.
InvestIgacIón que no avanza
Cristian Otzin, abogado especializado en la defensa de los derechos del pueblo indígena y encargado por la familia Alonzo de investigar el asesinato, cree que a Sebastián le dispararon agentes de seguridad privada de Energía y Renovación. “Esta es la hipótesis más probable”, afirma. En ese momento, Energía y Renovación contaba con 12 guardias de seguridad, proporcionados por la empresa Asteriscos Inversiones, y ocho de G4S Secure Solutions, todos ellos con permiso para portar armas. Según las direcciones de estos dos organismos de seguridad, no había personal suyo presente cuando se produjeron los disparos.
Ese día se quemaron más de 30 máquinas, tuberías y otros materiales de la empresa. Incluso hoy en día, los restos de esa quema siguen siendo visibles en el valle de Ixquisis. A lo largo de un kilómetro, los tractores quemados, los materiales metálicos y las tuberías inservibles yacen a los lados de la carretera.
Juan Alfonso de León, director de obras del proyecto eléctrico Energía y Renovación, estaba allí ese día. Afirma: “Un grupo de oposición apoyado por personas ajenas a la comunidad llevó a cabo una acción que dista mucho de ser pacífica. Van a donde están las máquinas y empiezan a quemarlas y luego atacan a la policía. Su objetivo era que nos fuéramos”.
Según él, los guardias de seguridad no pueden ser en ningún caso responsables de los disparos que alcanzaron mortalmente a Sebastián Alonzo. “En cualquier caso para ellos (los manifestantes) todo es responsabilidad de la empresa. Si llueve o no llueve es culpa de la empresa. Por eso corresponde a las autoridades determinar lo que ocurrió ese día”. Hasta la fecha, aparte de algunos interrogatorios a testigos, la policía no ha realizado ninguna investigación seria sobre el asesinato.
La policía estaba a menos de un kilómetro cuando la manifestación devino violenta. Incluso se les habría advertido de la situación por teléfono. Los manifestantes acusan a la policía de no acudir en ayuda de Sebastián Alonzo.
“Vi coches de policía a menos de 200 metros del incidente y no intervinieron; los disparos parecen haber sido realizados con la complicidad de la policía”, dice Francisco Simón, un periodista de la región que trabaja para el medio guatemalteco Prensa Comunitaria.
Según los informes oficiales la policía sólo intervino en el levantamiento del cadáver para llevar a cabo la descripción del mismo: “Soltero, sin instrucción, tez morena, ojos color café, cejas semipobladas, nariz aguileña, labios finos, pelo canoso, bigote rasurado, estatura 1,65 metros aproximadamente”.
En el lugar, la policía no tiene el apoyo popular. A lo largo del camino hay carteles con la inscripción: “Por favor, que se retire la PNC (Policía Nacional Civil)”. El cuartel, que se instaló en las instalaciones privadas de la empresa Energía y Renovación, es percibido por la población local como una prolongación de la empresa. Antes del proyecto hidroeléctrico no había fuerzas policíacas en Ixquisis. La policía sólo sale del cuartel fuertemente armada.
Los dos policías presentes en el cuartel son distantes. De entrada, el jefe dice: “Sería mejor no discutir el tema de las centrales hidroeléctricas, que es un tema que ya se ha discutido durante ocho años y creo que toda la información está donde debe informarse”. Preguntado por la muerte de Sebastián Alonzo, su subordinado añade: “El caso ha sido archivado. Es más, no ocurrió bajo nuestro mandato”. Luego aclara: “No me consta que haya muerto nadie aquí, no sé quién es Sebastián Alonzo”. Según ellos, la considerable rotación de personal en Ixquisis es la razón de ese desconocimiento del caso.
Lucas, un guatemalteco con aspecto de vaquero, considerado el líder de la resistencia al proyecto hidroeléctrico, desde Nuevo San Mateo, Ixquisis, cree que se trata de “órdenes de silencio impuestas a la policía”.
Cinco años después, los documentos de la investigación sobre la muerte de Sebastián Alonzo se limitan a un lacónico “pendiente de aclarar”. El caso no ha sido archivado como afirmaba el policía, pero como en el 95% de los asesinatos de ecologistas, ha quedado impune.
Ataques al proyecto energético en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
al prIncIpIo tenía apoyo
Antes de convertirse en el líder de la oposición al proyecto, Lucas recuerda el entusiasmo que generó inicialmente. En esta región sin electricidad, los habitantes, en su mayoría indígenas chuj’ y kanjobal, son pobres y emigran masivamente a Estados Unidos. El propio Lucas pasó 10 años allá para juntar dinero y construir su casa, donde viven su mujer y sus seis hijos, antes de volver a su país natal para ser presidente de la región. Por eso, en 2012, cuando la empresa Promoción de Desarrollo Hídrico (ahora Energía y Renovación) llegó con la promesa de llevar electricidad para todos mediante la instalación de dos centrales hidroeléctricas, la población la vio positivamente. Construcción de escuelas, centros de salud, infraestructura y electricidad, la compañía prometió una mejora significativa de las condiciones de vida de la comunidad.
El líder de la comunidad estaba convencido de que la empresa estaba motivada por razones humanitarias. Aquello despertó esperanzas en la población. “Me parecía algo serio, queríamos electricidad. Los creí, como todo el mundo”, dice.
Un año después, en 2013, la empresa obtuvo financiación de BID Invest para la construcción de dos centrales eléctricas. Este organismo privado, filial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que depende en parte de los fondos de países europeos, entre ellos España, decidió financiar el proyecto con 13 millones de euros.
María Bautista, de 39 años, indígena chuj’, es la mano derecha de Lucas. Propietaria de un terreno en Yulchén Frontera, asistió a una de las primeras reuniones para presentar el proyecto. Tiene estudios superiores y domina el español, algo poco frecuente en esta región.
Conoce la legislación guatemalteca y al analizar las propuestas de la empresa detecta puntos sospechosos. Según la legislación guatemalteca, la generación y la distribución de electricidad son dos actividades distintas. En cuanto a la distribución, el Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala es la única entidad autorizada para desarrollar la red eléctrica. Por lo tanto, Energía y Renovación no tenía poder para garantizar su distribución a nivel local.
“Fue una estrategia de la empresa para engañarnos; vieron las necesidades que tenemos aquí y nos prometieron electricidad para que apoyáramos el proyecto”, dice María Bautista, en la terraza del restaurante del cual es propietaria en San Mateo Ixtatán, la cabecera municipal de Ixquisis, con su nieto acurrucado a la espalda.
Convencida de que las promesas de electrificación del pueblo no son más que quimeras, María, con la ayuda de Lucas, convence a la población local. La resistencia crece, al igual que la represión contra los líderes de la oposición. En total, entre 2014 y 2022, la AIDA documenta casi 100 agresiones: amenazas, intimidaciones, mascotas envenenadas, golpes… todos los golpes están permitidos. María recibe cada día llamadas anónimas que la amenazan de muerte, pero nada la detiene.
El pueblo está dividido. En Ixquisis el río Pojom se ha convertido en la línea divisoria entre los que aceptan el proyecto y los que se oponen a él. En la ribera occidental, más rica, la población está a favor del proyecto. De ese lado, los habitantes no son habladores. Un individuo, apodado El Chino, que tiene una tienda, dice: “Por culpa de los que se oponen al proyecto, desgraciadamente no tenemos acceso a la electricidad”.
Otro vecino, empleado de Energía y Renovación, sostiene: “Los que se oponen al proyecto dicen que no vamos a tener electricidad, pero eso no es cierto. En mi pueblo todos quieren el proyecto y la electricidad. En el este, los ciudadanos sólo quieren que la empresa se vaya. En un lado, las casas tienen antenas de televisión, jardines con césped verde impecablemente cortado; algunas casas están en construcción, mientras sus propietarios están en Estados Unidos. En el otro lado los edificios parecen improvisados, hechos con retazos de madera, clavos y lámina acanalada.
“De este lado del río no tenemos nada que perder; hemos trabajado, luchado, incluso nos hemos saltado comidas y noches, pero es un sacrificio que merece la pena para nosotros”, dice María Bautista. La muerte de Sebastián ha federado la movilización colectiva de los pueblos de Ixquisis, que serían los más afectados por los desvíos de agua.
“Matar a Sebastián Alonzo fue un mensaje de intimidación. Era como decirnos ‘paren, no se manifiesten más’; pero, al contrario, nos empujó a seguir la lucha, a seguir expresando nuestro rechazo y a organizarnos mejor”, recuerda.
María se convirtió en la persona de contacto de las comunidades con las organizaciones medioambientales. Poco después, en 2018, los esfuerzos de María y su comunidad del grupo de la Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis son galardonados con el premio honorífico Front Line Defenders en reconocimiento a su importante lucha por sus derechos territoriales y la justicia ambiental. La asociación, basada en Dublín en 2001, reconoce anualmente la labor de los defensores de los derechos humanos de varios continentes. “Este premio demuestra que los defensores del medio ambiente cuentan con el apoyo de la comunidad internacional y que sus sacrificios no son en vano”, declaró Andrew Anderson, director de Front Line Defenders.
