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CLaudia rodríguez Loera
Inconformidad desde Aguascalientes trasciende a favor de personas no binarias del país
Sentencia del TEPJF permitirá participación con igualdad y reconocimiento de su individualidad
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Claudia RodRíguez loeRa
Es desde Aguascalientes donde se presentó la inconformidad que dio como resultado que el pleno de la magistratura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinara, hace unos días que, en el futuro, las convocatorias emitidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) incluyeran elementos que permitan a las personas no binarias participar en términos de igualdad, y pleno reconocimiento de su individualidad.
Jesús Ociel Baena Saucedo, secretarie general de acuerdos (como él se autoadscribe) del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes (TEEA) explica a LJA.MX cómo y por qué decidió emprender esta exigencia que culminó con la mencionada determinación del TEPJF y los alcances de la misma.
Todo inició al observar la más reciente convocatoria para renovar varias consejerías de los Organismos Públicos Locales (OPLEs), entre ellos el de Aguascalientes, en la cual no existían acciones afirmativas para la participación de grupos en situación de vulnerabilidad, en específico para la diversidad sexual, cuando desde su perspectiva, debería ser una política pública institucionalizada por la autoridad, sin que sea necesaria la exigencia, particularmente a las administrativas.
Al responder a la convocatoria decide marcar en el casillero de sexo
Es el segundo precedente en el ámbito local que trasciende a lo nacional Jesús Ociel Baena Saucedo | Foto TEEA
tanto el de hombre como el de mujer y especifica en las observaciones que no pueden obligarlo a inscribirse en un sexo al ir en contra de la autodeterminación del ser humano y ser criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el género es un derecho fundamental en el ser humano para realizar su vida, “tomo como segundo agravio que no existe la posibilidad de una autoadscripción de un género no tradicional, yo me identifico como persona no binaria, no me siento ni hombre ni mujer”.
Baena Saucedo impugna esta resolución que la Sala Superior TEPJF decide que no hay un acto de autoridad específico y es el INE quien deberá darle una respuesta por parte del Consejo General, la cual es: “No hay lugar a la implementación de acciones afirmativas porque la convocatoria ya se emitió y se debió haber impugnado desde su publicación, y en cuanto al casillero no binario trastocaría los principios de certeza y de legalidad, porque ya no sería oportuna su implementación por lo avanzado de la aparición de la convocatoria”. El abogado impugna la respuesta.
Hace unos días el TEPJF emite la determinación al expediente JDC 1109 que señala que, en cuanto a acciones afirmativas, ya no es posible hacer nada ante lo avanzado del proceso y sería violatorio de otros principios como el de certeza y seguridad jurídica para las personas ya inscritas, sin embargo, el tema les fue relevante y emiten un posicionamiento en cuanto al casillero no binario al exponer que con independencia de que en este proceso ya no sea posible, en lo subsecuente se deberá garantizar en las siguientes convocatorias la obligación de establecer el casillero no binario.
Ociel Baena recordó que ya existe otro precedente en el ámbito local que trasciende a lo nacional, ya que en Aguascalientes por primera vez se dio la posibilidad del casillero no binario para la contratación de consejerías distritales y municipales, “una sentencia que tuve el honor de proyectar cuando fui magistrade en funciones y que ahora este mismo asunto fue resuelto por Sala Superior, un precedente que da luz a todos los tribunales electorales de las entidades federativas y a las salas regionales”.
Lo anterior significa que ya no está a consideración de la autoridad administrativa si se puede o no implementar una casillero no binario y se rompe el paradigma del binomio hombre-mujer, y permitirá en los subsecuentes procesos de las convocatorias para integración de las OPLEs que permita, a quienes no encajan en esos casilleros, la posibilidad de inscripción. La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso emitió en la discusión de la sentencia un voto concurrente en el que señala la conveniencia de que se obligará al INE al casillero no binario, no solo en los procesos de integración de OPLEs, sino para las convocatorias del servicio profesional electoral y cuanto servicio preste el Instituto, entre estos la credencial para votar con fotografía, al ser también un servicio. Al ser un voto concurrente no entra en vigor, pero deja la puerta entreabierta para dar inicio a otro litigio estratégico para exigir a la autoridad electoral que se implemente el tercer casillero en este documento: “Es decir, que estos pequeños logros no son tan pequeños, son criterios emitidos por el máximo órgano jurídico en materia electoral, para que nos permita a las personas que no nos identificamos en aquellas identidades convencionales tener la posibilidad de ser visibles”.
bAjo prEsión Conveniencia
EdilbErto Aldán
Nadie puede negar el genio político de Andrés Manuel López Obrador para marcar los temas de la agenda pública, el país habla de lo que quiere el presidente; durante el primer tramo de la administración de la Cuarta Transformación nadie puso en duda de que la opinión pública tenía que atender los temas que desde la conferencia matutina se marcaban, sin embargo, ya entrando a la segunda mitad de este gobierno, hace falta ampliar los temas de los que se habla.
La semana pasada el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) difundió los resultados de su estudio sobre la medición multidimensional de la pobreza, los resultados son desalentadores, pero no es de lo que se está discutiendo, no se habla del altísimo porcentaje de la población que está en vulnerabilidad, en lo que los actores políticos han centrado la atención es en lo que el presidente ha dicho o no sobre esos resultados.
Una de las funciones más relevantes del Coneval es proponer acciones para no seguir ensanchando la brecha entre los que tienen y los que no, para eliminar las desigualdades, enseguida de los resultados, el consejo hace una lista de sugerencias, de las que no se ha hablado porque pareciera que al sistema político lo que le conviene es llevarle la contraria al presidente, oponerse a cualquier cosa que diga López Obrador, pues es la única vía que ven para ganar la siguiente elección, la que sea.
El presidente puede decir lo que quiera, como que tiene otros datos, pero la evaluación de su administración no se hace a partir de los resultados, no se constatan hechos, a la oposición sin imaginación, le basta atacar a López Obrador, para así no verse obligada a proponer.
A pesar de todos los esfuerzos de los analistas y expertos, quienes están en contra de la Cuarta Transformación han caído en la trampa de personalizarlo todo, les basta culpar al presidente del estado de las cosas, porque así logran una fama efímera, resultado de alimentar el morbo y sed de sangre del público antes que de proponer para evitar la parálisis institucional. Por eso tenemos cientos de notas que parte de las declaraciones de quienes se presentan como opositores, de ahí que Ricardo Anaya se preste a hacer el ridículo copiando a López Obrador con un tour de la indignación, lo mismo con quienes destacan las declaraciones de la senadora Lily Téllez en contra del presidente o las diatribas de Diego Fernández de Ceballos.
Este discurso pobrísimo de la oposición, del insulto, la descalificación, exhibir los yerros, se está agotando, la ausencia de la discusión y propuestas de las cifras del Coneval, exhibe la actitud de miras de los grupos que hacen política a partir de la queja, de quienes únicamente se quedan en la acusación sin la capacidad de tener un poco de empatía con los más necesitados, todos aquellos que necesitamos que se revisen las políticas públicas y funcionen para erradicar la desigualdad.
Ya lo vimos en las elecciones pasadas, cuando la oposición se reunió en torno a la idea del apocalipsis de la Cuarta Transformación, los partidos políticos que se agruparon engañaron al electorado indicando que lo hacían para evitar que ocurriera el fin del país a manos de López Obrador, jamás dijeron cómo lo harían, nunca señalaron cuáles iban a ser las medidas para no seguir siendo el país de una sola persona; pasaron las elecciones, el INE ya propuso cómo repartir el dinero del financiamiento público y ni una sola voz se alzó desde la oposición, porque les conviene, porque seguiremos pagando por malos actores, políticos que creen que basta la indignación para cambiar las cosas.
Coda. Una frase de la sabiduría popular que se le adjudica a Shakespeare: “Los gritos son el alma de los cobardes, de los que no tienen razón”.
Ampliación de mandato en la SCJN: Pese al rechazo, el polémico beneficio sigue vivo
/ juan omar Fierro
La fallida iniciativa presidencial para que el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea ampliara su mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hasta el 30 de noviembre de 2024, causó una fractura al interior del máximo tribunal que no se resolvió con la renuncia del propio implicado al beneficio que le otorgaba la reforma judicial.
Por el contrario, en el pleno de la SCJN existe una abierta inconformidad contra el titular del Poder Judicial de la Federación (PJF), quien optó por una salida política al conflicto jurídico, creado desde la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión para que Zaldívar se hiciera cargo de la reforma judicial hasta el final del sexenio, pese a que sólo fue elegido para presidir el máximo tribunal por un periodo de cuatro años, que concluye el 30 de diciembre de 2022.
El debate para ampliar el mandato del ministro Arturo Zaldívar dos años también evidenció que el presidente de la Corte perdió el respaldo del bloque de ministros que lo apoyaron para dirigirla, así como al Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), organismo que esta semana enfrentó su propia crisis institucional.
Zaldívar Lelo de Larrea fue elegido con el voto de siete ministros, pero a la hora de cabildear para lograr la ampliación de su mandato –prevista en el artículo 13 transitorio de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación– ya no aseguró el sufragio de cuatro de los siete ministros que votaron en su favor el 2 de enero de 2019, mientras que otros dos votos los perdió con los relevos que desde esa fecha se han dado en la Suprema Corte.
sin respaldo
Entre los aliados que Zaldívar perdió en menos de tres años se encuentran Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek, quienes marcaron su distancia en octubre de 2020, cuando votaron contra la constitucionalidad de la consulta para esclarecer hechos del pasado, por considerarla violatoria de los derechos humanos.
Otro de esos siete votos lo perdió con la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, ocurrida el 3 de octubre de 2018 en el contexto de las investigaciones que realizaba la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre el depósito de 107 millones de pesos en sus cuentas bancarias, movimientos financieros que aparentemente no estaban justificados.
Otro sufragio perdido fue el de la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, quien el 18 de febrero de 2019 pasó a situación de retiro al concluir el periodo de 15 años para el cual fue electa en 2004.
El ministro presidente tampoco pudo sumar el voto de las ministras Ana Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa, ni del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quienes fueron designados por el Senado a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a partir de enero de 2019.
Fuentes consultadas por Proceso señalan que la ministra Ríos Farjat y el ministro González Alcántara Carrancá estaban contra la ampliación de mandato de Zaldívar, por lo que iban a hacer valer su autonomía frente a los llamados del Poder Ejecutivo federal para que el actual presidente de la Suprema Corte siguiera en el cargo dos años adicionales.
Al menos tres ministros más, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo y José Fernando Franco González Salas, autor del proyecto de resolución sobre este tema, también estaban contra la constitucionalidad del artículo 13 transitorio de la Reforma Judicial.
En otras palabras, existía una mayoría calificada de ocho votos para declarar la inconstitucionalidad de la misma en su artículo 13 transitorio que ampliaba el mandato de Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, de 2022 a 2024.
Viraje
El viernes 6 Zaldívar convocó a una conferencia de prensa para informar que renunciaba de manera anticipada a la ampliación de su mandato que el Congreso de la Unión aprobó el 15 de abril último, de última hora y fuera de cualquier negociación, como parte de la reforma judicial.
La conferencia fue realizada en medio de la crisis que padece el TEPJF por la destitución de su presidente, José Luis Vargas Valdez, por lo que en un principio los medios de comunicación creyeron que iba a estar relacionada con ese tema.
Sin embargo, Zaldívar sorprendió a la prensa y a los propios ministros de la Corte al anunciar que se iba a desistir de la ampliación de mandato previsto en el artículo 13 transitorio de la reforma judicial, con el argumento de quiere concentrarse en la lucha contra la corrupción y el nepotismo en tribunales y juzgados federales.
En su conferencia del viernes 6, él mismo reconoció que su renuncia anticipada a la ampliación de mandato era una salida política para un problema jurídico que todavía persiste y que de todas formas se deberá votar en el Pleno de la Suprema Corte.
En esa misma aparición ante los medios, el titular del PJF también admitió que su cambio de posición se dio luego de conocer el proyecto de sentencia del ministro Franco González Salas a la consulta extraordinaria sobre el artículo 13 transitorio de la reforma judicial, el cual se pronuncia por decretar la inconstitucionalidad de la ampliación de mandato para el presidente de la Corte y los consejeros de la Judicatura.
“Mi decisión ya está tomada con independencia de lo que resuelva la Corte, desde luego hoy el ministro Franco, de conformidad con lo que se comprometió y además me avisó hace días que así sería, va a presentar el proyecto sobre el procedimiento del artículo 11 de la Ley Orgánica, el lunes yo comentaré con mis compañeros cuándo quieren que se vea este tema, y después se verán obviamente las acciones de inconstitucionalidad, pero desde el punto de vista político, no necesariamente jurídico, es un asunto que ya está superado”, explicó Zaldívar.
Así, tras su posición inicial y sus diálogos con otros ministros para conocer si contaba con el respaldo o no para la ampliación de mandato, Zaldívar prefirió reconsiderar y evitar una inminente derrota ante el Pleno de la Corte, en una sesión pública en la cual ni siquiera estaba garantizada su participación, debido a que algunos de sus pares estaban analizando la posibilidad de presentar un impedimento en su contra, según fuentes del Máximo Tribunal.
resoluCión pendiente
El Pleno de la SCJN está obligado a resolver el proyecto del ministro Franco González Salas y las dos acciones de inconstitucionalidad presentadas por senadores y diputados federales de oposición contra el artículo 13 transitorio de la reforma judicial, advirtió el lunes 9 el Consejo Nacional de Litigio Estratégico mediante un comunicado.
El organismo en el cual participan juristas y empresarios, como Miguel Carbonell y Gustavo de Hoyos, entre otros, se pronunció por dar seguimiento a la resolución de la Suprema Corte sobre la ampliación de mandato para los consejeros de la Judicatura Federal que también se verían beneficiados por la citada reforma.
Fuentes del máximo tribunal coincidieron con la posición de la organización civil, destacando que es obligado resolver ambas acciones de inconstitucionalidad y el proyecto del ministro Franco sobre la consulta extraordinaria, en virtud de que el artículo transitorio todavía está vigente y hay impugnaciones en curso que deben resolverse de manera jurídica.
En el proyecto del ministro José Fernando Franco sobre la consulta extraordinaria planteada por su homólogo Arturo Zaldívar se concluye que, en aras de la supremacía constitucional, la división de poderes y la autonomía e independencia judicial, se debe declarar la inconstitucionalidad del artículo décimo tercero transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2021, por ser contrario a lo marcado de manera expresa por los artículos 97, párrafo quinto y 100, párrafo quinto, de la Constitución.
Por lo anterior, el proyecto de sentencia plantea no aplicar dicho artículo “para quienes ocupan actualmente el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura”, quienes deberán concluir sus funciones en la fecha prevista desde el día de su nombramiento.
La salida sobre este entuerto que enredó al ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, por cinco meses, también fue respaldada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF, organización que desde el inicio de la polémica no dudó en cuestionar la intromisión del Poder Legislativo en la vida interna del Poder Judicial.
Los juzgadores federales señalaron que la decisión de Zaldívar “de concluir su periodo como tal, en el tiempo para el que fue electo” permitirá al Poder Judicial de la Federación “reencauzar la constitucionalidad de la vida interna de nuestro máximo tribunal, que es vital para el fortalecimiento y la viabilidad de nuestra democracia”.
El comunicado de la asociación coincidió con el llamado del propio Zaldívar a los impartidores de justicia para que la reforma judicial avance de la mano de los jueces y magistrados federales.
“Esta encomienda la vamos a realizar de la mano de la inmensa mayoría de los jueces federales y magistrados federales en una alianza para tener un mejor Poder Judicial, porque un mejor Poder Judicial no sólo es en beneficio de la gente, es también en beneficio de las personas juzgadoras y de todos los servidores públicos del Poder Judicial Federal”, concluyó.
TEPJF: Una crisis que no para de crecer
/ arturo rodríguez
La solución a la crisis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es temporal y, con la elección de Felipe Alfredo Fuentes Barrera, el cuarto presidente del órgano en menos de una semana, los juzgadores se proponen resolver la marea de impugnaciones de las elecciones del 6 de junio último.
Con ese respiro, y una vez resuelto el grueso de los recursos, entonces sí los magistrados deberán recorrer el procedimiento de selección del nuevo presidente, que se iniciará con la emisión de convocatoria el próximo 1 de septiembre para renovar una vez más la presidencia del órgano jurisdiccional.
La premura por resolver el desencuentro entre los magistrados electorales es explicable: el viernes 13 la Sala Superior del órgano de justicia electoral enfrentaba un alud de mil 468 impugnaciones pendientes, de las cuales 108 son por la elección federal.
Lo anterior es el acumulado de asuntos que se encuentran en instrucción en la Sala Superior y los que van en camino a ésta, procedentes de las siete salas regionales y la especializada.
Una consulta realizada a los asuntos en instrucción del TEPJF, al cierre de esta edición, permite observar que sólo en la Sala Superior hay 440 casos por resolver, 81 de los cuales son impugnaciones a la elección de diputados federales que deben quedar resueltos antes del 31 de agosto, a fin de que, un día después entre en funciones la LXV Legislatura. A estos se suman 27 expedientes adicionales que aún no llegan.
Con esa carga de trabajo, cada día cuenta de manera que la crisis detonada el miércoles 4, con la destitución de José Luis Vargas Valdez por cinco de los siete magistrados, atoró, además de las impugnaciones a la elección federal, aquellas que podrían regresar el registro a algunos de los partidos que lo perdieron –destacadamente, Fuerza por México, que mantiene 10% de las impugnaciones– y las que tienen que ver con la elección de las gubernaturas de Nuevo León, San Luis Potosí, Chihuahua, Querétaro, Guerrero y Michoacán.
Además, los casos de Campeche y Michoacán están pendientes de escalar de la sala regional a la Superior del TEPJF.
De ahí que, apenas resuelto el enfrentamiento entre los magistrados la madrugada del martes 10, su primera acción como colegiado ese mismo día fue sortear los expedientes de las gubernaturas.
Cronología de la Crisis
Desde su integración en 2016 el tribunal ha sido conflictivo no sólo por diferencia de criterios, sino por auténticas animadversiones entre sus siete magistrados electorales, una expresión frecuente desde finales de abril, cuando decidían sobre las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón.
