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4 y
TEPJF: Una crisis que no para de crecer
Bautizados como el G-5 (Grupo de los 5), los magistrados Janine Otálora Malassis, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Reyes Rodríguez Mondragón, Indalfer Infante González y Felipe de la Mata Pizaña, detonaron la rebelión contra el hoy expresidente José Luis Vargas Valdez, solicitando el miércoles 4 revisar su desempeño, soterradamente acusándolo de representar la injerencia del Ejecutivo.
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La sesión de ese día, iniciada con el reclamo por la expresión del magistrado Vargas “yo no voto en manada”, que fue recriminada desde la sesión previa del 30 de julio último, derivó en un llamado a revisar el desempeño del entonces presidente del TEPJF, quien suspendió la sesión reconvocada por los cinco rebeldes que acordaron destituirlo.
Entonces eligieron en su calidad de decana a la magistrada Janine Otálora, quien a su vez llamó a votación, resultando electo presidente Reyes Rodríguez Mondragón.
Hasta ahora, esa ha sido la versión pública del desencuentro, pero, de acuerdo con tres fuentes consultadas, el origen del conflicto fue que, aun sin asignar los asuntos relativos a las gubernaturas impugnadas, Vargas Valdez ya presionaba por desestimarlos.
El jueves 5 el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, desayunó en Palacio Nacional sin que la conversación sostenida entre él, como titular del Poder Judicial, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, titular del Ejecutivo, fuera del todo transparente.
Lo que sí era claro desde la conferencia mañanera del mandatario en esa fecha es que Rodríguez Mondragón era un perfil sin simpatía en Palacio Nacional, dada la proximidad que se le atribuye con varios calderonistas, destacadamente con Roberto Gil Zuarth. En lo público, el rechazo presidencial se fundó en la exhibición de un tuit apócrifo en el cual el magistrado supuestamente descalificaba en malos términos al presidente López Obrador.
A su vez, desde el Legislativo, el senador Ricardo Monreal reclamaba a la misma hora del desayuno entre titulares del Ejecutivo y el Judicial, la reinstalación de Vargas Valdez, quien se ha ganado fama de ser un magistrado complaciente con el gobernante en turno.
Por la tarde del mismo 5 de agosto, Zaldívar Lelo de Larrea recibió a los inconformes, quienes le expusieron sus cuitas ante el ministro y éste, por su parte, expuso el viernes 6 en conferencia de prensa el sentido público de la reunión, advirtiendo tres aspectos:
Que tenían buena disposición para retomar la ruta institucional, que la posición de Vargas Valdez era insostenible y le recomendaba “respetuosamente” dar “un paso a lado” e, implícitamente, que la disolución del actual pleno en el TEPJF no estaba en los planes inmediatos, tema que el presidente López Obrador perfilaba en sus declaraciones considerando que renunciar a sus puestos en la Sala Superior era la decisión necesaria hasta “por dignidad”.
En el encuentro del G-5 con el ministro Zaldívar se habría perfilado que fuera electa la magistrada Otálora en lugar de Rodríguez Mondragón para resolver el conflicto. La idea era no sólo resolver el conflicto interno, sino también evitar el desgaste con el Ejecutivo.
El fin de semana transcurrió sin noticias y no fue hasta el lunes 9 que Rodríguez Mondragón emitió un comunicado donde confirmó lo que vía filtraciones ya se perfilaba: que él mismo se haría a un lado, renunciando a la Presidencia del TEPJF, en virtud de que su elección se realizó sin el pleno de siete ministros (estuvieron ausentes Vargas Valdez y Mónica Soto).
Con lo anterior, el camino de Otálora estaba despejado para ser elegida presidenta por segunda ocasión del Tribunal… pero no hubo acuerdo.
En una sesión privada sobre la cual nada han querido decir los magistrados electorales, el desacuerdo se prolongó horas. Iniciada el lunes 9 fue hasta la madrugada del martes 10 cuando se alcanzó un acuerdo: el presidente sería, por segunda ocasión, Felipe Alfredo Fuentes Barrera.
Lo será hasta que la nueva convocatoria establezca un plazo para la nueva elección de presidente que, como se ha expuesto, está programada para emitirse el próximo 1 de septiembre.
La destitución del presidente del Tribunal Electoral
/ elisur ArteAgA NAvA
Foto tEPJF En los países civilizados se habla poco de los jueces y de sus sentencias; de aquellos se espera que sean imparciales y conocedores; de éstas, que estén apegadas a derecho.
Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación destituyeron a su presidente, José Luis Vargas Valdez. Hicieron algo más: nombraron a Reyes Rodríguez Mondragón en su sustitución. Las cosas cambiaron rápidamente.
Al parecer había sobradas razones para destituirlo. La Unidad de Inteligencia Financiera lo investiga por la posible comisión de delitos e infracciones que son de su competencia. El presidente removido se defendió: invocó razones procedimentales. Negó que el Pleno del Tribunal Electoral tenga atribuciones para hacerlo.
Dada la gravedad de las acusaciones, alguien dirá que los magistrados se tardaron en removerlo. Me atrevo a decir que, simplemente, guardaron las formas: dejaron que quien era su presidente, por sí renunciara al cargo; al no hacerlo y tampoco pedir una licencia temporal, a pesar del tiempo transcurrido y el desgaste que estaba sufriendo la institución, actuaron.
Desconozco las razones que tenía el ahora expresidente Vargas para no dimitir. Al enterarme del uso discrecional que hacía del presupuesto del Tribunal que, por serlo, es público; las maniobras que realizaba; el sentido de sus opiniones y votos, entiendo por qué no lo hacía. Justifico la actuación de los magistrados que lo depusieron. Estimo que actuaron legalmente. Me baso en lo siguiente para afirmarlo:
El párrafo tercero del artículo 99 constitucional dispone: “La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El presidente del Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años”.
Jurídicamente, quien tiene facultad para nombrar, implícitamente goza de la facultad para remover, destituir, ascender o cambiar. Esa es la regla general. De esa manera, en su artículo 77 dispone: “Cada una de las Cámara puede, sin la intervención de la otra: (…) III. Nombrar los empleados de su secretaría y…”
En la fracción III del artículo 89 se faculta al presidente de la República para: “Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, y…”
La regla que se desprende de esos y otros preceptos es que, salvo que la Constitución o las leyes establezcan un procedimiento diferente o se disponga otra cosa, quien nombra puede destituir. De esa manera, por ejemplo, en el penúltimo párrafo del artículo 94 constitucional se dispone que los ministros de la Suprema Corte durarán en su encargo 15 años, salvo que sean destituidos del cargo por el Jurado de sentencia (art. 110) o suspendidos temporalmente en su ejercicio por virtud de una declaración que emita la Cámara de Diputados (art. 111).
En ese contexto, si en el artículo 99 constitucional se confiere al Pleno del Tribunal Electoral la atribución para designar a su presidente, implícitamente se le autoriza para removerlo o concederle permiso para ausentarse temporalmente del cargo.
El que se establezca un plazo de duración no implica que no pueda ser removido o suspendido temporalmente por quien lo nombró, cuando existan razones graves que así lo exijan.
El presidente destituido, José Luis Vargas Valdez, por seguir siendo magistrado y gozar de inmunidad, estando dentro del plazo para el que fue electo, puede disponer el momento en que responderá de los ilícitos por los que se le investiga. También puede esperar a que la Cámara de Diputados emita respecto de su persona una declaración de procedencia; o, para el caso de que eso no suceda, aguardar a que concluya el periodo para el que fue electo por el Senado. El que responda de sus actos es cosa de tiempo.
AMLO no cambia. Dejó ir otra oportunidad de oro que la vida le dio para quedarse callado y de confirmar, con su silencio, el respeto que debe al principio de división de poderes. Está de por medio una decisión tomada por un tribunal autónomo que, por serlo, debería merecer el respeto de todos. En forma por demás torpe pretendió llevar agua a su molino. Pidió la renuncia de todos los magistrados. Tiene la esperanza de llevar a esos cargos a jóvenes recién salidos de las escuelas y facultades de derecho que no hayan sido tocados por la vara de la corrupción.
AMLO y su Morena han sido muy torpes en el manejo de sus relaciones con el Poder Judicial, los tribunales y entes autónomos. Contrariamente a lo que sucedió con los gobiernos priistas e, incluso, los panistas, y esto ya es mucho decir, que tuvieron un control fino de ellos, no han podido entenderse con sus titulares.
Durante los gobiernos emanados de la Revolución, la oposición se quejó de lo complaciente que eran los tribunales y los entes autónomos con el gobierno. Los morenos no han entendido que el dar está en la forma de pedir. Parecen elefantes que con sus patas pretenden ensartar un hilo en una aguja. Cuando, con una doble intención, suponían que estaban hilando fino, como fue el caso del intento de prolongar el plazo de duración del presidente de la Suprema Corte, la maniobra fue tan corriente y burda que se les vino abajo.
Los morenos tienen más de dos años ocho meses de estar en el poder y no han aprendido a ejercerlo. Suponen que dar dádivas a los necesitados, recorrer el país una y otra vez, afirmar que los gobiernos anteriores eran corruptos y censurar a quienes no están de acuerdo con ellos, es gobernar.
Volviendo al expresidente del Tribunal Electoral, si es inocente, y esa es la premisa de que parte el sistema penal, nada debe temer. Anímese, señor magistrado Vargas, a enfrentar a sus acusadores. A la larga o a la corta, usted va a tener que comparecer ante la justicia. Recuerde lo que dice Lucano: “Lo que es inevitable, deséalo” (Farsalia, IV, 488). Eso, traducido al mexicano, significa: “Si me han de matar mañana, que me maten de una vez”, o sus variantes: “Lo que ha de ser, que sea”, “Lo que ha de tronar, que truene” o “Vámonos muriendo ahora, que están enterrando gratis”.
A los jueces habría que aconsejarles lo que Pericles, en su famosa Oración fúnebre, dijo a las mujeres atenienses: “Vayan por el mundo de tal manera que se hable de ustedes lo menos posible”.
Cuando los narcos “no paran de matarse”
/ j. jesús esquiVel
Zacatecas es una entidad convertida en bodega y ruta crucial del tráfico ilegal de drogas sintéticas elaboradas con fentanilo, lo que explica la cruenta disputa por esa plaza entre los dos cárteles más poderosos de México: los de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación (CJNG), afirman fuentes mexicanas de inteligencia.
En entrevista telefónica con Proceso, dos funcionarios del área de inteligencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador exponen desde Zacatecas las razones del pleito por esa plaza entre ambos cárteles.
“El territorio del estado de Zacatecas es el camino más importante para el CJNG en el envío de cargas de drogas, sobre todo sintéticas, destinadas a la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos, algo que hasta no hace mucho controlaban los de Sinaloa”, dice una de las fuentes.
Bajo el absoluto compromiso de mantener sus nombres y puestos en el anonimato, los funcionarios destacan otro factor que atiza la disputa entre los dos cárteles:
“Hasta inicios de 2020 el Cártel de Sinaloa, la gente de Ismael el Mayo Zambada García, tenía en su nómina a funcionarios muy importantes de la Secretaría de Seguridad del estado y de la policía ministerial. El CJNG los quiere y por eso hay más pleito”, añade la fuente.
Tregua empresarial
En las últimas semanas a Zacatecas se le ve como una entidad bañada en sangre, azotada por desapariciones, secuestros y el desplazamiento forzado de ciudadanos en muchas de sus ciudades y poblaciones, como Fresnillo, Guadalupe y Valparaíso.
De acuerdo con los dos funcionarios entrevistados, todo empezó cuando el Cártel del Golfo perdió el control de Zacatecas, algo que aprovechó el de Sinaloa. Ahora el de Jalisco pelea a balazos dicho control con El Mayo.
“El Cártel del Golfo le vendió la plaza de Zacatecas al Mencho (Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG) cuando empezaron a caer sus cabecillas a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y El Mayo ni cuenta se dio”, expone el otro funcionario en la entrevista telefónica.
Con conocimiento de causa debido a que lleva varios años asignado al estado de Zacatecas, el agente de inteligencia mexicano hace un breve recuento de “hechos simbólicos y significativos” aprovechados por el CJNG a expensas de cabecillas del Cártel del Golfo.
El 23 de mayo de 2017 elementos de la Sedena detuvieron a José Antonio Romo López, la Hamburguesa, jefe de la plaza de Zacatecas para el Cártel del Golfo. Con ello empezó el declive de esta organización criminal que controla parte de Tamaulipas.
De acuerdo con los dos funcionarios consultados, la captura de La Hamburguesa fue aprovechada inmediatamente por la gente del Mayo que ya estaba entrando a Zacatecas y por medio de sobornos se apoderó de la estructura ministerial del estado. Un par de años después cooptó también a funcionarios importantes de la Secretaría de Seguridad del Estado.
Con ambas instancias a su servicio, el Cártel de Sinaloa “borró prácticamente al del Golfo, que dirigía gente menos astuta que La Hamburguesa”, explica la fuente.
Tras la caída de Romo López, el jefe de sicarios del Cártel del Golfo, Francisco Rodríguez, El F1, se hizo cargo de la plaza y “por ineficiente” fue posteriormente reemplazado por otro sicario apodado El 25.
Para entonces, los servicios de inteligencia del gobierno federal y de la misma Sedena empezaron a detectar la entrada a Zacatecas de cargamentos de droga perteneciente al CJNG. Llegaban por puntos limítrofes con los estados de Guanajuato, Jalisco y Nayarit.
Las cargas de drogas –anfetaminas, metanfetaminas y otros estupefacientes sintéticos elaborados con fentanilo, heroína y cocaína– entraban en camiones rotulados con las iniciales del CJNG y resguardados por decenas de sus pistoleros.
“Al principio se hablaba de que el Mencho pagaba derecho de piso y de cruce a la gente del Mayo para llevar la mercancía hasta Nueva Laredo (Tamaulipas), donde contaba con la colaboración del Cártel del Golfo para el almacenamiento y cruce a Estados Unidos”, amplía una de las fuentes.
Aprovechando la tregua empresarial con el Cártel de Sinaloa, el Mencho comenzó a mover sus piezas dentro de Zacatecas y a operar en contra de la gente de El 25: ordenó la ejecución de varios de sus principales supervisores de plaza, lugartenientes y pistoleros.
Los funcionarios de inteligencia mexicana sostienen que para finales de 2019 el robo de cargas de droga, asesinato de sicarios y operadores de El 25 fueron achacados al Cártel de Sinaloa, cuando en realidad los responsables eran la gente del CJNG que querían dividir a los bandos.
“Aquí en Zacatecas había un entendimiento entre el Cártel del Golfo y El Mayo, compartían plazas, rutas, a los ministeriales y a la gente de la Secretaría de Seguridad, pero se metió el Mencho y ahí le dio miedo a El 25 y le vendió la plaza al jefe del CJNG”, refieren las fuentes.
Destacan que esta información también fue recogida por agentes estadounidenses del FBI, la DEA y el ICE con quienes cotejaron información cuando empezaron a subir el nivel de violencia y a ocurrir masacres, sobre todo en la capital zacatecana.
Proceso revisó reportes periodísticos locales y nacionales en los que se menciona la corrupción rampante que los cárteles del narcotráfico inyectaron en la Secretaría de Seguridad Pública del estado a cargo de Arturo López Bazán, quien fue comisario de la Coordinación Nacional Antisecuestros y ocupó diversos cargos directivos en la Policía Federal.
A raíz de la muerte de más de 80 personas en Zacatecas durante los últimos días, crece la versión en medios periodísticos de que la Secretaría de Seguridad del estado recibe millones de dólares por parte del Cártel de Sinaloa y del CJNG.
El 13 de septiembre de 2020 la Sedena capturó en Tamaulipas a Gustavo Saldívar Domínguez, director de la Policía Ministerial de Zacatecas, quien escapaba de la entidad luego de ser señalado como personero del Cártel de Sinaloa y haber sido amenazado de muerte por el CJNG.
De acuerdo con reportes de la misma Sedena revisados por Proceso, Saldívar Domínguez, también exjefe de la Unidad Antisecuestros de Zacatecas, pretendía resguardarse unos días en Nuevo Laredo bajo el cobijo del Cártel del Golfo para luego cruzar a Estados Unidos.
Desde su captura a manos de elementos del Ejército no se sabe dónde se encuentra recluido ni del proceso judicial que las autoridades federales iniciaron en su contra. De lo poco que ha salido en la prensa local se menciona “que está cantando”.
Los dos funcionarios de inteligencia fueron cuestionados sobre el arresto y paradero de Saldívar Domínguez. Respondieron que no saben nada y que eso quedó en manos de la Sedena y de la Fiscalía General de la República.
La batalla de Florencia: Un parteaguas en la guerra entre cárteles
/ alfredo Valadez rodríguez
El 20 de mayo de 2011 más de 200 sicarios del Cártel del Golfo y de Los Zetas se enfrentaron con armas de alto poder en el pueblo zacatecano de Florencia. Fue una batalla encarnizada que las autoridades minimizaron, a pesar de que dejó decenas de muertos y marcó el declive del poder zeta en la región y el surgimiento de una alianza entre los cárteles del Golfo y Sinaloa. Los detalles de esa batalla los cuenta uno de sus participantes: el Comandante F1, jefe del Cártel del Golfo en Zacatecas; lo hace en ‘La guerra de Florencia’, libro que Ediciones Proceso presentará esta semana y del cual se adelantan algunos fragmentos.
En la punta de una alta montaña con una gran densidad de árboles, al lado de otro sinnúmero de montañas similares que cubren el horizonte de la Sierra Madre Occidental, está uno de los búnkers del Comandante F1, también identificado por sus subalternos como “Panchito” o “Francisco Rodríguez”, quien antes de convertirse en el jefe del brazo armado del Cártel del Golfo era integrante activo de su ahora acérrimo grupo rival: Los Zetas.
Es una pequeña cabaña que cuenta con tres habitaciones: una cocina con su mesa y varias sillas, además de cocineta y estufa. Un recibidor con tres sillones con forros de color negro, atrás de los cuales hay dos aparatos grandes de gimnasio y una bicicleta estática. Una habitación con una cama y una pequeña oficina con una mesa de madera que cumple la función de escritorio.
En esa cabaña se dispuso el F1 a responder a las preguntas de la entrevista durante 51 minutos, con una interrupción intermedia, pues recibió una alerta urgente a través de uno de los cinco distintos aparatos –teléfonos celulares satelitales y equipos de radiocomunicación que traía consigo–, mediante el cual uno de sus hombres le avisaba que, muy cerca de ese lugar, tropas del Ejército Mexicano patrullaban.
Antes de formar parte del Cártel del Golfo, durante varios años el Comandante F1 perteneció a la organización de Los Zetas. Con ese grupo criminal “trabajó” varios años, hasta que en octubre de 2010 fue traicionado por algunos “mandos” de los Zetas radicados en Fresnillo, quienes secuestraron a varios integrantes de su familia que vivían en el municipio de Jalpa.
De acuerdo con la versión del Comandante F1, Los Zetas secuestraron a su padre, a quien entre otras cosas le agujerearon ambas rodillas con un taladro eléctrico, a su madre le infligieron quemaduras severas en el cuerpo, a una hermana la golpearon y mancillaron, a un hermano lo torturaron salvajemente y también torturaron a un niño, su sobrino.
Ese habría sido el “castigo” de Los Zetas contra el F1 porque supuestamente se negó a secuestrar a una familia entera. Aparentemente lo habían puesto a prueba: ya había pugnas y recelos al interior de esa organización criminal, pues otros mandos medios presuntamente temían que escalara al interior de la estructura jerárquica (…).
la esTraTegia de “jalarlos”
La rabia y la indignación lo llevaron a desertar de Los Zetas y desde entonces –ya bajo el cobijo del Cártel del Golfo– el F1 comenzó a fraguar su venganza y se convirtió en némesis de sus antiguos compañeros.
Así pues, con audiograbadora de por medio, respondió a todas las preguntas que se le plantearon: –¿Por qué se dio la batalla de Florencia? ¿Hubo un acuerdo previo entre ustedes y Los Zetas para “toparse”? Pareciera que ambos grupos estaban listos para el choque en aquel día… –No, lo que pasa es que ahí fue, primero que nada, porque ya venía la ruptura desde la frontera. Ya era una guerra de cárteles por la ruptura que hubo entre Los Zetas y el Golfo.
Pero aquí nos apoyamos nosotros, hubo una unión entre varios cárteles, que se hizo llamar “Cárteles Unidos”, pero no fue una casualidad ni una coincidencia: fue una guerra que ya estaba destinada y se anunció cuando entré yo a la cabecera municipal de Jalpa, Zacatecas, el 12 de enero de 2011, solamente con un comando armado de 27 elementos.
“Entré como entre 11:30 y 12 de la noche. Lo primero que hicimos fue ir sobre los policías municipales, que eran los halcones, los ojos y los oídos de Los Zetas. Incluso servían como sicarios. ¿Por qué? Porque yo trabajé para esa gente (Los Zetas) y yo sabía por dónde pegarles y cómo estaban organizados y quiénes eran las corporaciones que los apoyaban.
“Entonces esa fue una estrategia mía de jalarlos, de meterme a sus territorios y ponerles mantas de Cárteles Unidos para atraerlos, invitarlos, exhortarlos a pelear. Pero yo no podía quedarme ahí, porque yo de antemano sabía que traía poca gente. Y ya lo dijo un gran sabio de la guerra: cuando en número de tropa eres inferior tienes el derecho, como hombre y como ser humano, a retirarte; y cuando eres lo doble, en línea de fuego, envuélvelo, ataca al enemigo (una clara alusión al estratega y militar chino Sun Tzu).
“Y en una acción paralela, yo empiezo a acabármelos (debilitar a Los Zetas como organización en Zacatecas) con puras
