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6 y
La batalla de Florencia: Un parteaguas en la guerra entre cárteles
llamadas de denuncias anónimas (informando a las autoridades la ubicación de sus contrarios, para que los detuvieran). Ellos cayeron en el juego que yo traía. Cuando yo los vi que cayeron, entonces me fui a Florencia y de ahí me trasladé a Guadalajara (…) –¿Cuántos pistoleros contra cuántos se enfrentaron aquel viernes 20 de mayo? –El 20 de mayo estamos hablando de que nosotros fuimos 68 sicarios, los que nos reclutamos entre todos. –¿De Cárteles Unidos? –Ya no éramos de Cárteles Unidos. Ya los estaba mandando directamente el Patrón, ya éramos puros del Cártel del Golfo. ¿Por qué? Porque ya había habido una ruptura. Hubo un desacuerdo porque ya no quisieron prestar gente (los otros cárteles); aparte, la guerra continuaba en Tamaulipas.
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“Entonces era imposible mandar a toda la gente a un estado (Zacatecas) que apenas se iba abriendo, cuando ya tenían fronteras avanzadas ellos (contra Los Zetas), en la guerra de Tamaulipas”. –¿De Los Zetas cuántos pistoleros eran?
–Ellos venían en 18 camionetas de doble cabina, entre las 18 venían 16 blindadas o “monstruos” (es decir forradas con placas de acero como blindaje y motores reforzados) y dos normales. Venían de ocho sicarios por camioneta, traían cuatro en la batea y cuatro adelante. (Es decir, eran al menos 144 sicarios de Los Zetas) (…)
En las línEas dE fuEgo
Nosotros entramos (a la cabecera municipal de Florencia de Benito Juárez) el viernes 13 de mayo de 2011, y el enfrentamiento se dio el 20 de mayo a las 9:20 de la mañana y terminó alrededor de la 1:30 de la tarde (…)
“Entraron los Zetas y entre ellos venían el Comandante Alemán, que se fue herido; el Comandante Guía, este cabrón del Comandante Rockola, de los allegados a los jefes zetas.
“De hecho ahí los comandantes de ellos fueron pocos. Porque el que sí entró fue El Guía, y salió herido de la cabeza. Alemán también entró y salió herido también en la línea de fuego. Ellos venían en 18 camionetas. Entran y yo les pongo la emboscada en la entrada de Atolinga a Florencia, atrás de una cerca.
“Los bloqueo con un camión de volteo color rojo: ese camión lo mueve un sicario mío que le decíamos La Chita, de México. Tiramos la línea de fuego, y todo salió tal y como si nos hubiéramos puesto de acuerdo.
“‘¡Tú Comandante Dos, tú Harry y tú Guacho, van a pegarle a la primera troca, y tú a la de en medio!’... Mas nunca contábamos con que venían blindadas las camionetas”. –Platíqueme un poco más del despliegue que se dio dentro de la zona urbana de Florencia… –Ellos se venían (huían hacia el descampado para evitar la emboscada) y yo me regresaba a jalarlos. Y me dejaban de seguir y yo me regresaba y les tiraba (disparos con sus armas), para seguirlos jalando (hacia la zona urbana).
“Hay una cantina muy famosa en el pueblo, que se llama La Cabaña –en el cruce de las calles Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo–. Ahí dos trocas de las mías quedaron de punta con dos monstruos, y ahí la gente de ellos empezó a abandonar los monstruos, porque no soportaron el fuego.
“O sea: haga de cuenta que a la gente que venía en las bateas se las íbamos tumbando y nada más quedaban los de adentro, los que viajaban en las cabinas. Entonces optaban por correr.
“Cuando nosotros, dos de mis muchachos, a uno que le decían El Negro –ya también falleció en otra batalla– y El Flaco –que también pereció posteriormente, pero en Fresnillo–, toman el camión recolector de la basura del ayuntamiento de Florencia y lo echan de reversa. Y como el camión de la basura tiene una parte ovalada atrás, de una lámina gruesísima, entonces ellos (Los Zetas) tiraban y los balazos chisqueaban, rebotaban.
“Entonces los sicarios de Los Zetas, los contrarios, pensaban que era un monstruo: nunca vieron que era un camión de la basura. Y como el camión iba en reversa, con nuestros sicarios tirándoles, ellos corrían, abandonaban sus vehículos y corrían (…)
Los Zetas no traían el adiestramiento que traíamos nosotros (…) El adiestramiento nos lo dio una persona que fue adiestrador de kaibiles. Él perteneció a las fuerzas especiales, instruyó kaibiles para el Congo, y para la guerrilla que hubo en Guatemala también. A este adiestrador se le debe mucho también”.
/ arturo rodríguEz
El desafuero de Mauricio Toledo como diputado, resuelto en acalorada sesión el miércoles 11, evidenció el deterioro de la relación entre Morena y el Partido del Trabajo (PT), aliado clave en el desempeño de la Cámara de Diputados que se renovará el próximo 1 de septiembre.
Aun con la definición de Benjamín Robles, el actual coordinador petista en la cámara, sobre no romper con Morena, el desafuero de Toledo –quien está fuera del país– motivó señalamientos de desaseo legislativo, así como venganzas desde una facción, pues señalan a Claudia Sheinbaum y su grupo de estar detrás del legislador desaforado por motivación política.
Aliado consistente de Andrés Manuel López Obrador en sus tres postulaciones a la Presidencia, el PT ha puesto sobre la mesa sus diferencias con la agenda legislativa a la que aspira el presidente desde antes del desacuerdo sobre el asunto Toledo: no votará la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional ni respaldará el intento de eliminar las diputaciones plurinominales.
Reivindicando con frecuencia su “apoyo total” a López Obrador y la administración que quiso identificarse como la Cuarta Transformación, la postura anunciada por el líder moral petista, Alberto Anaya, quien coordinará la bancada que tendrá al renovarse la Cámara de Diputados, amagó desde la primera quincena de junio con la ruptura de la coalición.
El 16 de junio el PT fue enfático en expresar su rechazo a los temas mencionados, haciendo valer los 32 votos que tendrá en la próxima legislatura frente al gobierno y el partido Morena, contra el que acumula reclamos, pese a las declaraciones de apoyo incondicional.
Con intenso activismo internacionalista, la historia electoral del PT pasa por 10 elecciones federales en las que siempre se coloca al límite de perder el registro, señaladamente en 1991 y 2015, año este último en el que la anulación del distrito 1 de Aguascalientes le permitió –con el apoyo del PRD y Movimiento Ciudadano– superar apenas 3 por ciento de la votación mínima para mantenerse en el sistema electoral.
Subsistiendo a base de alianzas electorales, sin superar jamás 4 por ciento de las
El desafuero de Toledo, un nuevo desencuentro: PT-Morena, una alianza en duda
votaciones, en los comicios del pasado 6 de junio apenas obtuvo 3.36 por ciento de los sufragios, no ganó ninguno de los distritos en los que contendió sin coalición y sin embargo consiguió los mencionados 32 legisladores.
La respiración artificial que le proporcionó Morena no fue ajena a sobresaltos, pues la aspiración del PT era alcanzar 198 distritos en coalición, lo cual no sólo revirtió Mario Delgado, sino que, en la ampliación, apenas le dejó 45 de las 188 candidaturas que fueron en alianza, lo que fue motivo de malestar petista, que debió conseguir 255 candidatos en una semana (Proceso 2328).
Ante la renovación de la Cámara de Diputados, los votos del PT se hacen indispensables para López Obrador: la coalición tendrá alrededor de 300 diputados, de manera que sin las 36-38 curules del partido de Anaya, le alejaría aún más de los necesarios 334 votos para alcanzar mayoría absoluta.
difErEncias
El apoyo del PT a López Obrador y sus iniciativas, al aliarse con el partido mayoritario Morena, no ha sido incondicional: en el último año, al menos tres desencuentros han marcado su relación.
Al iniciar la actual legislatura, en agosto de 2018, el PT suscribió el Acuerdo Político de Unidad y Acción Legislativa, cuyo objetivo era “ratificar su respaldo absoluto al presidente López Obrador”, continuar la alianza con Morena y el PES en todos los órdenes de gobierno y tener “una agenda legislativa única”.
Ese objetivo se ha visto truncado: primero fue por la adopción de legisladores de origen perredista señalados por agravios al morenismo, destacadamente en los casos de Mauricio Toledo y de Héctor Serrano.
En el caso de Toledo, hay una serie de acusaciones por corrupción, pero uno de los episodios más recordados es la agresión sufrida por Claudia Sheinbaum al iniciar su precampaña, un ataque con un grupo de choque que reventó al menos dos de sus actividades proselitistas, una de éstas con víctima fatal.
Respecto a Serrano, ha pesado siempre el señalamiento de haber sido un operador de mano dura durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera, cuyas decisiones afectaron a los morenistas en diferentes oportunidades.
La suma de esas dos curules motivó la molestia entre el morenismo, especialmente porque la administración Sheinbaum lo mantiene bajo investigación y fue la fiscalía capitalina la que solicitó el desafuero de Toledo, un proceso que fue muy accidentado por la férrea oposición petista, un diferendo que ambos partidos mantuvieron durante siete meses, hasta su culminación en días pasados.
Sin embargo, la decisión de adoptar legisladores (que incluyó al expanista postulado por el PES en 2018, José Ángel Pérez Hernández, y al morenista Manuel López Castillo) permitió al PT convertirse en el tercer grupo parlamentario con mayor presencia en la formación actual de la Cámara de Diputados, en una coyuntura en la que tenía un interés específico: la renovación de la presidencia de la Mesa Directiva para iniciar el último año legislativo, en agosto de 2020.
El PT reclamaba apoyo de Morena para asumir la presidencia, que quedó en manos del PRI bajo el liderazgo de Dulce María Sauri Riancho. Contra sus usos comunicacionales (suele emitir boletines para apoyos internacionales, respaldo a políticas y condenas por hechos trágicos), Anaya difundió un boletín elevando el tono y repudiando que se haya favorecido al PRI.
Un mes después de la confirmación de Sauri, el PT expresó su rechazo a la eliminación de fideicomisos, una iniciativa presidencial que se convirtió en uno de los motivos de más intenso desencuentro con sus opositores.
La propuesta de López Obrador planteó (y terminaría consiguiendo) la extinción de al menos 109 fideicomisos, por considerar que son fuente de corrupción. El PT se pronunció por “rescatar los que otorguen beneficios a la población”, esto es, 36 fideicomisos que pretendía permanecieran en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
No fue todo. El PT deslizó votar contra la llamada Ley Zaldívar, es decir, la reforma judicial que ampliaba el periodo del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una propuesta controversial respaldada por López Obrador, quien, sin embargo, terminó votando con Morena.
No obstante, el pasado 16 de junio, una de sus senadoras, Nancy de la Sierra, se sumó a los legisladores de oposición en la acción de inconstitucionalidad contra el ordenamiento que al final quedó sin materia, pues Zaldívar declinó el viernes 6.
Pero fue en ese contexto en el que Anaya advirtió que no respaldará la reducción de diputados plurinominales ni la iniciativa de incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, por ser contradictoria con el espíritu legislativo que creó ese cuerpo de seguridad.
Mauricio Toledo | Foto @mauriciotoledog
INAI registra participación inédita para el Concurso Nacional de Cuento Juvenil
Norma Julieta del Río Venegas
INAI
La quinta edición del Concurso Nacional de Cuento Juvenil 2021 Ciberconvivencia responsable, convocado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), registró una participación inédita con más de mil trabajos en los que estudiantes de secundaria y preparatoria exponen sus experiencias al usar las nuevas tecnologías.
“Se recibieron mil 293 trabajos enviados por estudiantes de 26 entidades federativas, entre las que destacan Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Zacatecas, San Luis Potosí y Sinaloa. Hubo una increíble participación, superando las ediciones pasadas. Estamos muy contentos de la buena participación”, destacó la Comisionada del INAI, Norma Julieta del Río Venegas.
Al participar en la ceremonia de instalación del Jurado Calificador del Concurso Nacional de Cuento Juvenil 2021 “Ciberconvivencia responsable”, la Comisionada del INAI destacó que con estas acciones el Instituto busca promover entre la población los derechos que tutela, en este caso, la protección de los datos personales.
“Para el INAI es muy gratificante recibir tantos y tantos trabajos, en los cuales la juventud mexicana expone experiencias y anécdotas, que han vivido con sus datos personales al usar las nuevas tecnologías”, expuso Del Río Venegas.
Añadió que uno de los principales planteamientos de trabajo del Instituto consiste en acercar a la sociedad civil, instituciones educativas y la población en general el conocimiento de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, con un ánimo inclusivo.
En este contexto, se desarrolla la quinta edición del Concurso Nacional de Cuento Juvenil 2021 Ciberconvivencia responsable, cuyo propósito es promover el uso consciente y responsable de la información personal en redes sociales a través de un cuento inédito, de entre dos a cuatro cuartillas de extensión.
El concurso, que estuvo abierto entre el 19 de abril y el 9 de julio de 2021, está dividido en dos categorías: una para estudiantes de secundaria y otra para estudiantes de bachillerato o preparatoria.
De los mil 293 cuentos provenientes de 26 estados del país; 262 fueron escritos por estudiantes de secundaria y mil 31 fueron creados por preparatorianos. Para seleccionar a los ganadores, el Jurado calificará creatividad, originalidad, expresión del mensaje, redacción y ortografía; los tres primeros lugares de cada categoría ganarán computadoras personales, tabletas y material didáctico.
También participaron el Director General de Promoción y Vinculación con la Sociedad del INAI, Cristóbal Robles López, y el Director de Promoción del INAI, Sergio Octavio Contreras Paredes, así como los integrantes del Jurado Calificador.
INAI
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) entregar las páginas de los cuestionarios empleados en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) edición 2016, en donde se localicen las cantidades o las cifras relacionadas con la cantidad de dinero que reciben las personas privadas de su libertad por sus actividades en los centros de reclusión, tanto a nivel nacional como por entidad federativa.
El Comisionado Adrián Alcalá Méndez destacó que decidió posicionar este recurso de revisión relacionado con la Enpol 2016 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dada la relevancia pública que tiene el proceso de justicia penal en nuestro país y los derechos que en éste se violentan.
En el caso, una persona solicitó al Inegi los resultados obtenidos a la pregunta 7.18 de la Enpol 2016 consistente en: ¿cuánto dinero recibe a la semana, por actividades económicas, una persona privada de su libertad en los centros de reclusión, tanto a nivel nacional como por entidad federativa? Lo anterior, atendiendo a que la información no se encuentra reportada en dicha encuesta.
En respuesta, el Inegi proporcionó dos tabulados en los que se explota la información a nivel global, es decir, los que se desprenden de los promedios y las estadísticas finales correspondientes a la pregunta 7.18 de la Enpol 2016.
El sujeto obligado advirtió a la persona solicitante que si deseaba conocer más información con mayor desagregación, debía agotar algunos de los procedimientos previstos por la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica: el servicio de laboratorio de microdatos de carácter gratuito que establece como requisito acreditar ser servidor público, funcionario de organismos internacionales, investigador o estudiante de Posgrado; o el servicio de procesamiento de datos, dirigido a cualquier persona pero con un costo a cubrir para poder acceder al mismo.
Es decir, el Inegi aseguró que la información no podría ser obtenida por medio del procedimiento de acceso a la información que regulan las leyes general y federal de transparencia.
Inconforme con la respuesta del Inegi, el particular presentó recurso de revisión ante el INAI señalando que la respuesta no corresponde con lo que solicitó desde el inicio.
En el análisis realizado por la ponencia del Comisionado Adrián Alcalá Méndez, se determinó que “es evidente que la contestación no guarda congruencia con lo solicitado, pues la información que se entregó versa sobre la estadística global de toda la encuesta, siendo que el objeto de la solicitud radica en los resultados específicos de la pregunta 7.18 de la encuesta Enpol edición 2016”.
El Comisionado añadió que “resultó claro que la orientación del Inegi respecto a activar otros procedimientos conforme a su ley es totalmente incorrecta, ya que, con independencia de los trámites que en dicha ley se contemplen, esto no le permite de ninguna manera dejar de aplicar lo dispuesto por el artículo 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; es decir, de realizar la búsqueda de los resultados materia de la solicitud y entregarlos al particular tal y como lo solicitó”.
Alcalá Méndez dejó claro que los trámites que contempla la ley del Inegi corren por cuerda separada e independiente al procedimiento de acceso a la información que ahora nos atañe. Efectivamente, no son ni sustitutos ni excluyentes de la Ley Federal de Transparencia.
“En esa lógica, lo conducente, y tal y como este Pleno ya lo resolvió anteriormente en el hecho notorio que se
Inegi debe informar sobre pago por labores a personas privadas de su libertad: INAI
Adrián Alcalá Méndez
identifica con el recurso de revisión clave RRA-935/2020, ponencia del Comisionado Acuña, es la entrega de las páginas correspondientes a los cuestionarios empleados por el Inegi en la Enpol 2016, en donde constan, específicamente, todas las respuestas a la pregunta 7.18; es decir, donde se localizan las cantidades o las cifras que se relacionan con los recursos públicos de las personas privadas de su libertad por actividades que realizan en los centros de reclusión”.
“Es importante resaltar que la instrucción prevista en el proyecto que ahora presento, de ninguna manera violenta los principios de confidencialidad y de reserva previstos por la ley del sistema, pues el cuestionario aplicable a los informantes no los hace identificables de ninguna manera”.
Detalló que conforme a la Constitución, a la Ley Federal y con la ratificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el INAI es el organismo garante competente para resolver cualquier recurso de revisión que se interponga en contra de las resoluciones de los sujetos obligados en materia del derecho de acceso a la información: “De esta manera es que, si la Constitución no distinguió entre la protección que corresponde a la información en general y a la información estadística y geográfica, en particular, no es dable ni armónico con el artículo 1º constitucional hacerlo”.
Además, advirtió que es importante señalar que esta encuesta de la cual se solicitó la información, guarda una relevancia en el dar a conocer el cumplimiento al mandato legal que se encuentra contenido en el artículo 29 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, “ya que el propósito es generar información estadística sobre la experiencia del procedimiento penal e internamiento de la población de 18 años y más, privada legalmente de su libertad, como consecuencia de la comisión o supuesta comisión de algún delito, de los cuales, en muchas ocasiones, son violentados y negados sus demás derechos humanos”.
El Pleno del INAI revocó la respuesta del Inegi y le instruyó que, a través de la Dirección General Adjunta de Encuestas Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, entregue a la persona recurrente las páginas correspondientes a estos cuestionarios empleados en la Encuesta Enpol edición 2016 en donde constan específicamente las respuestas a la pregunta 7.18.
En otras palabras, en donde se localicen las cantidades o las cifras relacionadas con la cantidad de dinero que reciben las personas privadas de su libertad por sus actividades en los centros de reclusión, tanto a nivel nacional como por entidad federativa.
