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aPro / JoSé Gil olmoS
/ José Gil olmos
El expresidente Luis Echeverría Álvarez casi alcanza un siglo de edad y pasará a la historia como responsable de la matanza de Tlatelolco en 1968 y del Halconazo de 1971. Pero también por la riqueza que hizo crecer bajo la égida del poder presidencial, con la creación de una docena de empresas inmobiliarias que le han generado a su familia millones de pesos desde 1976 y que ahora salen a la luz por un juicio laboral.
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En 2006 Echeverría fue el primer presidente de México sometido a juicio. En noviembre de ese año se libró una orden de aprehensión en su contra como presunto responsable del delito de genocidio por la masacre del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, cuando fungía como secretario de Gobernación, y de la matanza del 10 de junio de 1971 ya como presidente.
Sin embargo, por su edad y estado de salud, ambos cargos los pasó en prisión en su residencia de San Jerónimo y luego de tres años fue exonerado.
Al mismo tiempo que era llevado a juicio, la suerte sonreía a los hijos de Echeverría, pues en pleno arraigo domiciliario del presidente en su residencia de Magnolia 131, en San Jerónimo, fueron notificados que una sola de sus empresas, Club y Residencias de Cuernavaca, SA, propietaria de las instalaciones del Hotel Camino Real Sumiya en Jiutepec, Morelos, había registrado un incremento de capital de 24 millones de pesos.
Según la escritura pública 178253, expedida ese día por el notario 2 de Cuernavaca, Hugo Salgado Castañeda, el capital social de la empresa pasó de 38 millones 170 mil 167 a 62 millones 170 mil 767 pesos –un incremento real de 24 millones–, situación que se notificó durante la asamblea ordinaria de accionistas encabezados por su hija, María del Carmen Echeverría Zuno (Apro, 2 de enero de 2007).
La riqueza de Echeverría quedó bajo el control de algunos de sus hijos. Está concentrada en 12 empresas: Administradora de Inmuebles Citlali, SA; Inmuebles Superación, SC; Inmuebles Abril, SC; Inmuebles Potam, SC; Inmuebles Cocori, SC; Inmuebles Nainari, SC; Club y Residencias de Cuernavaca, SA de CV; Cuernavaca Primavera, SA; Operadora de Hoteles y Restaurantes Sumiya, SA de CV; Bello Caribe, SC; Inmuebles Pez, SC; y Bella Ixtapa Inmobiliaria, SA.
En 2002, a los 80 años del expresidente, algunos de sus hijos lograron que “les donara” el total de los bienes, con lo que dejó de ser usufructuario vitalicio de la riqueza generada por esos negocios inmobiliarios. Se trató de un despojo porque esa cesión la hicieron a sus espaldas, dice Heraclio Bonilla, quien fue abogado del exmandatario.
El expresidente, de acuerdo con personal que trabajaba para él y que también fue despedido de forma injustificada por los hijos, quedó recluido, abandonado, en su propia casa. Próximo a cumplir 100 años, el 17 de enero, Echeverría vive arrinconado en una recámara de lo que fue su residencia, aseguró María Modesta Gil Cedillo, quien fue su asistente personal durante 25 años, hasta que fue despedida con agresiones de sus hijos, en diciembre de 2018, motivo por el que también están demandados penal y laboralmente (Proceso 2209).
Ahora, como responsables de las empresas, los hijos del expresidente perdieron un juicio laboral por el que tendrán que pagar 9 millones de pesos, aproximadamente, a quien fuera su contador, Raúl Olvera Gómez.
El juicio ha permitido develar la fortuna que acumuló Echeverría muy al estilo del dictador chileno Augusto Pinochet, pues al mismo tiempo que era enjuiciado políticamente, los negocios familiares se multiplicaban y se hacía más rico junto con su familia.
En el juicio iniciado en 2015 ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Junta Especial Número Nueve, con el número de expediente 601/2015, resultaron condenados los hijos del expresidente al pago de las prestaciones reclamadas por su extrabajador.
“Sin embargo, mediante un juicio de amparo, totalmente cuestionable, seguido ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia del Trabajo de la Ciudad de México, lograron revertir temporalmente la decisión de la Junta. Pero al interponer el trabajador recurso de revisión en contra de la sentencia de amparo, logró que el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, en el Toca 48/2020, con fecha 28 de enero de 2021, dejara sin efectos la sentencia de amparo y se restituyera al trabajador en los derechos obtenidos mediante el referido laudo”, señaló el abogado Heraclio Bonilla, ahora litigante del contador.
En declaraciones a Proceso, el abogado señala que recientemente los familiares de Luis Echeverría incumplieron una oferta de pago a su excontador, pensando que aún pueden negociar el resultado del laudo. “Sin embargo, pierden de vista que ya están fuera de tiempo y oportunidad para lograrlo, pues en las actuales condiciones, sólo es cuestión de tiempo ejecutar el referido laudo”.
Peor aún, señala Bonilla, están poniendo en riesgo más de 50 millones de pesos de su patrimonio, por obligaciones incumplidas ante instituciones que protegen los derechos sociales de los trabajadores, pero todo depende de la rapidez con que resuelvan nuestro asunto.
De alguna manera, los Echeverría siguen siendo “buenos clientes”, dijo el abogado Heraclio Bonilla Gutiérrez.
Luis Echeverría Álvarez: Solo, abandonado... y despojado de su riqueza inmobiliaria
| Foto INAH
bAjo prEsión 20
EdilbErto Aldán
En Falling man, Don DeLillo escribió “Estos son los días posteriores. Todo ahora se mide por el después”, esta novela del estadounidense es considerada una de sus obras maestras y en ella relata como a un concentrado grupo de personas la afecta la devastación provocada por el ataque terrorista del 11 de septiembre.
En la novela se plantea que, a partir de esa fecha, el mundo cambia para siempre, ya no hay un antes, sólo un después, tiempo que somos incapaces de imaginar. Se cumplieron 20 años de esa fecha, hemos tenido suficiente tiempo para pensar en el nuevo mundo. No conozco a nadie de mi generación que no tenga un vivo recuerdo de lo que estaba haciendo en el momento en que se enteró que una segunda nave se estrelló contra la Torre Sur del World Trade Center, confirmando que era un ataque terrorista. A lo largo de este tiempo hemos vivido las consecuencias de cómo se modificó el mundo en el que vivimos, no nos permitimos imaginarlo.
En la conmemoración de estos 20 años desde el ataque terrorista, algunos medios se han concentrado en cómo han cambiado los Estados Unidos, pero es el mundo el que fue afectado en su totalidad, nuestra concepción de vulnerabilidad es distinta, son nuevos los odios desarrollados hacia el pensamiento religioso del otro, las medidas de seguridad para los viajeros se modificaron, las relaciones entre los países comenzaron a cambiar a partir de ese momento, del desconcierto inicial ya pasaron dos décadas, y sólo nos hemos adaptado.
En el 2001, ante lo desconocido fuimos aceptando sin reclamos las modificaciones que los gobiernos hicieron en nombre de la seguridad de todos, ante el terror. “El terror es poder acumulado que de pronto se descarga y destruye todo lo que toca; el terror se manifiesta en el ataque y la reacción natural contra él es la huida o, si tenemos fuerzas y ánimo, la resistencia”, escribió Octavio Paz haciendo una distinción entre lo que provocan el terror y el horror. A partir de ese 11 de septiembre, nos movimos hacia la dirección que se nos señaló sin chistar, con la prisa que merece el escape, sin la oportunidad para imaginar.
A la generación que nació después del 11 de septiembre del 2001 le regalamos nuestra prisa, las reglas de un mundo modificado por el miedo, ellos no se cuestionarán jamás las razones de nuestra precaución actual, con esta reacción, les enseñamos que ante la emergencia lo mejor es huir y aceptar. Quienes vivimos y recordamos el momento exacto en que se modificó el mundo, todo el mundo, insisto, hoy enfrentamos una nueva emergencia, la pandemia de covid-19, no alcanzo a distinguir si el terror que urge a la huida o el terror que inmoviliza, pero al igual que en la crisis desatada por el terrorismo hace 20 años, está fallando la responsabilidad colectiva de pensar en el mundo que viene. Desde hace 20 años, estamos siendo reactivos, con brotes aislados de quejas y lamentos por los pequeños inconvenientes que nos provoca la catástrofe en nuestra vida diaria, en lo personal o lo íntimo, como colectivo, estamos muy lejos aún de propiciar el intercambio que nos lleve a pensar en qué mundo queremos.
La imaginación es la respuesta a toda catástrofe, íntima, personal o colectiva, pensar en uno y en el otro, pensarnos, en el futuro una vez que se sobrepasó el desastre, dónde queremos estar cuando pase todo esto, ¿lo estamos haciendo?
Coda. En otra novela de Don DeLillo, El silencio, Tessa Berens indica “Escribo, pienso, doy consejos, miro a la nada. ¿Es natural en un momento así estar pensando y hablando en términos filosóficos, como hemos estado haciendo? ¿O bien deberíamos ser prácticos? Comida, cobijo, amigos, tirar de la cadena del retrete si podemos… Atender a las cuestiones físicas más simples. Tocar, sentir, morder, masticar. El cuerpo tiene una mente propia”, quizá, hasta ahora, es una que se niega a imaginar. @aldan
Narcotráfico, migración, violencia, tráfico de armas... “Somos parte del problema”: Juan González, asesor de Biden
/ J. Jesús esquIvel
La presidencia de Joe Biden está de acuerdo con la de Andrés Manuel López Obrador: la fórmula contra el narcotráfico no es hacer una guerra en las calles, porque eso no funciona. Ni detener a capos que fácilmente se reemplazan. La Iniciativa Mérida está rebasada y hay que revisar a fondo la relación en seguridad, reconociendo la dificultad de Estados Unidos de controlar el trasiego de armas. También es necesaria una revisión en materia migratoria porque la frontera sur mexicana “está en el límite” de la llegada de personas de otros países.
“Como cualquier otra estrategia, la Iniciativa Mérida tiene que evolucionar con el tiempo y estamos de acuerdo con el gobierno de México en que tenemos que pensar en una nueva estrategia”, enfático dice a Proceso Juan González, asesor del presidente estadunidense.
Durante una larga entrevista realizada en la Casa Blanca, González, director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional del gabinete de Biden, hace un análisis agudo sobre la cooperación binacional en materia de seguridad en la lucha contra el narcotráfico.
“La relación de seguridad entre Estados Unidos y México ha evolucionado a través de las décadas, en algunos momentos era muy buena, en otros, no muy buena”, reconoce el encargado en la Casa Blanca de los temas con México y el resto de los países del continente.
González, quien este año en diversas ocasiones viajó a la capital mexicana acompañando a la vicepresidenta de su país, Kamala Harris, y a varios miembros del gabinete de Biden para sostener reuniones con López Obrador, habla de un componente distinto en la guerra contra el narco.
“Buscar en los puertos, buscar las áreas de logística, a los jefes de las plazas que manejan el flujo (de narcóticos) de una forma más estratégica, no hacer una guerra en las calles; hemos aprendido que las tácticas de objetivos muy altos no tienen impacto de largo plazo”, dice.
InIcIatIva MérIda
La Iniciativa Mérida, instrumentada en México por el expresidente de Estados Unidos George W. Bush en el sexenio de Felipe Calderón, fue timón de una guerra militarizada contra el narcotráfico que en ese periodo presidencial y en el de Enrique Peña Nieto no dio resultados.
Para González, uno de los principales asesores del presidente de Estados Unidos en asuntos de seguridad y de inmigración, la Iniciativa Mérida fue un instrumento bilateral de respuesta del momento que se vivió hace 15 años y que estrechó la cooperación en seguridad entre las dos naciones.
Fue precisamente el pasado mayo cuando, encabezando una delegación de funcionarios estadunidenses –los jefes de la DEA y el FBI, entre otros–, González viajó a México para iniciar con el gobierno de López Obrador las negociaciones para definir una estrategia nueva.
Sin definir el nombre ni detalles del próximo proyecto bilateral para contener el narcotráfico y el crimen organizado, el asesor de Biden adelanta que se concentrará en reconocer y aceptar las responsabilidades que tiene Estados Unidos en el flagelo que azota muy fuerte a México.
“En México es donde nosotros reconocemos la responsabilidad que tenemos en cuanto a la demanda de drogas y el tráfico de armas que llegan a las calles mexicanas y a manos de los cárteles de narcotráfico”, apunta el asesor del presidente Biden. “Como mexicano es muy difícil ver una solución viable sin que Estados Unidos tome acciones concretas en esas dos áreas”, agrega González en la entrevista.
Esta es en varias décadas la primera ocasión en que la Presidencia de Estados Unidos admite un mea culpa en las implicaciones del narcotráfico en México que, con la violencia que genera, ha causado decenas de miles de muertes y diversas masacres desde el sexenio de Calderón.
“Los capos se reemplazan, por eso tenemos que buscar la cadena de suministro de drogas, la arquitectura financiera de ese mercado y obviamente algo que es una prioridad para el presidente López Obrador: el desarrollo en la inversión económica”, comenta el entrevistado.
La incursión de personas en el negocio del trasiego de enervantes es porque “tal vez” no tienen otra alternativa económica, reconoce el consejero de Biden, por lo que ahora, desde otra perspectiva, la nueva cooperación bilateral se abocará a un proyecto en ese sentido.
“México es un país soberano y su presidente toma decisiones sobre las prioridades para él, el interés de Estados Unidos es buscar en dónde podemos encajar de una forma que tenga impacto”, anota el asesor.
De esto se desprende que la Casa Blanca no haya tomado como un desdén cuando el canciller Marcelo Ebrard declaró que la Iniciativa Mérida estaba terminada.
“No lo vimos como una crítica; es darle vuelta a una página para asumir un nuevo análisis de cómo Estados Unidos y México pueden tener una cooperación en el ámbito de seguridad, basada en responsabilidad compartida y estrategias que tengan impacto”, resalta González.
El respeto a las leyes y soberanía de México son dos factores extirpados de la cooperación bilateral por Estados Unidos en el combate al narcotráfico a través de la Iniciativa Mérida y en amenazas como la del expresidente Donald Trump de enviar a soldados del Pentágono a combatir a los cárteles mexicanos y declararlos grupos terroristas.
Una de las primeras acciones de López Obrador para detener esa injerencia de Washington ante un problema derivado de la demanda y consumo de drogas de Estados Unidos fue cambiar las leyes del país para controlar y registrar las acciones de agentes extranjeros que operan en México.
En paralelo, el arresto por la acusación de narcotráfico en Estados Unidos del exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, abonó a la decisión de AMLO de incluso expulsar del país a los agentes estadunidenses y en especial a los de la DEA, a menos que se ajustaran a la nueva ley de rendición de cuentas de sus acciones.
“El gobierno mexicano determina sus leyes y es un país soberano que puede tomar ciertas decisiones”, declara González al ser cuestionado sobre las leyes que a regañadientes acatan sus agentes, como los de la DEA.
“Cuando nosotros entramos al gobierno sí había un poco de alarma alrededor de la ley, pero lo que hicimos fue, uno, analizarla; dos, tener una conversación muy directa con el Departamento de Justicia para saber si en realidad estaba teniendo impacto sobre la cooperación; y número tres, determinar si donde tuvo impacto había camino para que pudiéramos dialogar con México, mejorar esa cooperación y buscar nuevas áreas de colaboración”, resume González.
Ebrard, en una de las entrevistas concedidas a este semanario, informó que desde abril de este año, mensualmente los agentes de la DEA y de otras agencias estadunidenses que operan en México entregan a la SRE un informe puntual sobre sus actividades, entradas y salidas del país.
“Te digo”, enfatiza el asesor de Biden al reportero, “basado en nuestro análisis, el impacto no fue grave fundado en la ley, y una de las conclusiones del viaje que hice a México (en mayo pasado) con la DEA, el FBI y varios, fue que encontramos caminos de cooperación”, aclara.
Los nuevos vientos de trabajo bilateral bajo la presidencia de Biden no permiten, de acuerdo con González, que Estados Unidos tome “acciones unilaterales sin tener más coordinación con México”, y esto, matiza el asesor presidencial, ya se le informó a la DEA, a otras agencias federales y al propio procurador general de Justicia, Merrick Garland.
trasIego de arMas
El gobierno de Biden reconoce que la cooperación en seguridad y combate al tráfico de drogas ilícitas no tendrá avances mientras Estados Unidos no contenga la demanda y el consumo de estupefacientes, pero también el flujo de armas que corre de norte a sur, y el lavado de dinero.
López Obrador insiste en su exigencia a la Casa Blanca para que haga mucho más en lugar de prometer sólo cooperación, para evitar que las armas que se fabrican y se venden en Estados Unidos con mucha facilidad lleguen a México y empoderen al crimen organizado y a los cárteles del narcotráfico.
Frente a la falta de acciones e innumerables promesas de la Casa Blanca acerca de tomar medidas en las peticiones de México sobre el tráfico armamentista, el pasado 4 de agosto el gobierno de López Obrador demandó a la industria de las armas ante una Corte federal en Massachusetts, responsabilizándola del trasiego y de la muerte de miles de mexicanos.
“En cuanto a la demanda, no puedo dar una posición del gobierno de Estados Unidos, pero lo estamos siguiendo muy de cerca”, tajante, responde el asesor del presidente Biden a una pregunta sobre el asunto.
Para darle sustento a esta admisión, el asesor presidencial recita las constantes masacres, incluidas las de niños, que se registran en varias ciudades y pueblos en Estados Unidos, ligadas directamente a la laxitud de las leyes sobre la venta de armas y municiones.
“Aún no podemos tener una conversación sensata sobre este tema; es algo que demuestra la polarización en Estados Unidos; es decir, no es por no querer, hay un cabildeo que busca proteger las ganancias de esas compañías por encima de las vidas humanas que se pierden”, aclara González.
La violencia que priva en México relacionada directamente con el narcotráfico expone la facilidad con la que armas de alto poder –como rifles calibre .50, fabricados en Estados Unidos– terminan en manos de los cárteles que las usan también para intimidar al gobierno mexicano.
Dos ejemplos: el operativo fallido en Culiacán para detener a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, en el cual los criminales doblegaron al gobierno llevando a cabo ataques con armas de alto poder.
Otro, el atentado del 26 de junio de 2020 en la Ciudad de México contra Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad del gobierno capitalino, en el que él resultó herido y tres policías perdieron la vida al ser atacados con rifles automáticos calibre .50.
“Reconocemos que nosotros somos parte del problema cuando hablamos de los cárteles que, en muchos casos, como lo que vimos en Culiacán, tenían armas más potentes que los policías, y en el ataque en la Ciudad de México donde se usaron rifles calibre .50; eso es una barbaridad”, insiste.
Para mermar el flujo de armas y de acuerdo con el entrevistado, se reforzará la labor del rastreo de armas incautadas en México para que las autoridades estadunidenses intercambien información de inteligencia.
Al mencionar al Cártel de Sinaloa, se le cuestiona a González sobre si al gobierno de Biden le llamó la atención, o tiene alguna opinión, sobre la deferencia que tuvo López Obrador con María Consuelo Loera, madre del Chapo, el 29 de marzo de 2020 durante una gira por Badiraguato.
“Sobre la mamá del Chapo es difícil que yo comente al respecto, porque no tengo todos los detalles. Lo que sé es que en las fronteras de México, aun en años anteriores a López Obrador, muchos mexicanos inocentes perdieron la vida; y la pregunta es: ¿cuál es la respuesta adecuada para asegurar que México y los mexicanos vivan en paz? Lo que puede y debe hacer Estados Unidos es controlar el flujo y la demanda de drogas para trabajar de forma estrecha con México y tener un impacto real. El debate aquí sobre cuál es la mejor respuesta política es algo que forma parte de un debate sensato; debemos ignorar a la política y enfocarnos en lo que funciona”, contesta el integrante del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
/nEldy San Martín
Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización del aborto en el país el pasado martes 7 –al invalidar el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que imponía hasta tres años de cárcel a la mujer o persona gestante que interrumpiera de manera voluntaria su embarazo–, en las redes sociales se viralizó un argumento de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat en defensa de la histórica decisión.
“Lo que hay, en cambio –dijo la ministra–, son sofismas de estar en contra de la vida, ya sea por ignorancia, por egoísmo o por otros prejuicios. Una visión que obnubila el problema de las personas con capacidad de gestar que se enfrentan a esta disyuntiva. Lo reduce a que es culpa de la ‘ignorancia’. Y viene entonces una paradoja: como es culpa de la ignorancia, la mujer tiene que ser sancionada con prisión.
“Si no es por ignorancia, es por mala o egoísta, porque las ‘buenas mujeres’ culminan la gestación y entregan en adopción al bebé. Otra simplificación. Como es moralmente mala, amerita prisión. Si no es por ignorante o por mala, entonces es por irresponsable o porque ‘no se cuidó’, pues por más desesperación o desolación que sienta, debería resistir. Si no resistió, entonces es promiscua e irresponsable: prisión.
“No creo en estos reduccionismos. Estoy en contra de estigmatizar a quienes toman esta decisión que, me parece, si ya de por sí es difícil y dura por la carga moral –social, pero profundamente individual y espiritual–, no debería serlo más por la fuerza del derecho. Nadie se embaraza en ejercicio de su autonomía para después abortar.”
Mientras la ministra argumentaba, afuera de la SCJN grupos católicos y conservadores autollamados “provida” y rebautizados por colectivas feministas como “anti-derechos”, protestaban por segundo día, pues desde la víspera se anticipaba el sentido de la resolución.
Al responder un cuestionario que le envió la reportera, Ríos Farjat indica que ese discurso surgió porque “una reflexión seria” sobre la interrupción legal del embarazo “sólo puede llevarse a cabo si se toma en cuenta que no es una decisión sencilla ni agradable, sino todo lo contrario”.
Más allá de las reacciones, para la abogada, quien además es poeta, la sentencia de la SCJN es histórica porque “es el primer pronunciamiento de un tribunal constitucional en Latinoamérica sobre el uso del derecho penal en relación con la interrupción voluntaria del embarazo, más allá del simple análisis de excluyentes de responsabilidad. Por primera vez se pone el énfasis en el reconocimiento del derecho a decidir y a la autonomía reproductiva de la mujer y de las personas gestantes”.
La sentencia también salda una deuda histórica. México es un país de tradición conservadora, con una fuerte influencia de la Iglesia Católica y leyes restrictivas en esta materia en muchos estados, aunque en los últimos años algunos congresos locales han aprobado la interrupción legal del embarazo. En julio pasado Veracruz se convirtió en el cuarto estado, después de Hidalgo (2021), Oaxaca (2019) y la Ciudad de México (2007).
La votación alcanzó una mayoría que supera los ocho votos en el pleno de la SCJN, por lo que jueces locales y federales están obligados a resolver con los criterios de la Corte, además de que mujeres y personas con capacidad de gestar podrán solicitar amparos en caso de ser criminalizadas en cualquier estado de la República.
El hecho también tiene una gran importancia simbólica, añade Ríos Farjat, “pues representa un avance en el impulso al derecho a la igualdad, así como en la eliminación de perjuicios y estigmas que laceran profundamente la dignidad de quienes se enfrentan a esta decisión tan dura”. –¿Qué tuvo que pasar para que llegáramos hasta aquí? –se le pregunta a la ministra. –La respuesta duele: injusticias. Que el derecho no se hiciera cargo de una realidad y más bien la negara al grado de impedir que el Estado proveyera de seguridad y servicios de salud a las mujeres que enfrentan problemas inimaginables. Mujeres desangrándose en condiciones insalubres, en los oscuros rincones de la perversidad. Niñas en pobreza forzadas a llevar a término embarazos. ¿Qué más tuvo que pasar y sigue pasando? Muchos años de intolerancia, de incomprensión, de juzgar con gran facilidad los problemas ajenos, de nula misericordia. –Además de fundamentar sus resoluciones en un estricto apego a la ley y a la Constitución, ¿considera que la llamada ‘Marea Verde’ influyó en la decisión? –Como grupo social, las mujeres hemos sufrido una discriminación histórica, incluso sofisticada, porque ahora se ve un fenómeno curioso: hay quienes impulsan políticas de género o discursos de género, pero que en realidad no toman con seriedad ni con empatía a las mujeres y sus temas. A la mujer le ha costado mucho trabajo todo, no vivimos hoy movimientos espontáneos sino resultados históricos a partir de la resistencia, sufrimientos, estoicismo o valentía de nuestras madres, abuelas, de muchas generaciones de mujeres que nos han precedido. Por eso todas somos una sola gran mujer ante la historia, muy digna, muy comprometida, luchadora y también cariñosa. –¿La Corte rebasó por la izquierda al Ejecutivo y al Legislativo, que ha pateado el tema fuera de su agenda? –La Corte no rebasa, su compromiso es con la Constitución y con los derechos humanos que ésta protege, claro, en el marco de la división de poderes.
Margarita Ríos Farjat
“Evolución jurídica”
Ríos Farjat señala que la sentencia es parte de una evolución jurídica que abarca la Convención Americana de los Derechos Humanos, que México suscribió en 1981; la propia Constitución, en particular la reforma en Derechos Humanos de 2011; decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y algunos precedentes de la SCJN.
Por ejemplo, en 2008 la SCJN declaró constitucional despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación en el entonces Distrito Federal, validando la norma emitida por la Asamblea Legislativa local, y en 2018 la propia Corte resolvió que las instituciones de salud deben contar con políticas de salubridad para atender, sin dilación alguna, casos urgentes de interrupción legal del embarazo en caso de violación.
Para Ríos Farjat, presidenta de la primera sala de la SCJN, a la luz de este proceso evolutivo lo que resolvió el pasado 7 de septiembre el máximo tribunal para concluir que la persona gestante tiene derecho a la dignidad humana, a la autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad jurídica, a la salud y a la libertad reproductiva, era “previsible; doloroso para algunas, gozoso para otras, pero en todo caso inevitable.
“El producto de la concepción, si bien es el origen de todos los seres humanos, no está considerado persona aún con capacidad de ejercer derechos. Durante la gestación, en un determinado momento surge la actividad cerebral, se desarrolla el sistema nervioso, empieza a sentir. No es en el día uno. Por eso la sentencia del martes 7 establece que el aborto puede ser interrumpido solamente dentro de un cierto plazo cercano al inicio de la gestación.
“No es claro el asidero constitucional de utilizar el derecho penal en contra de alguien que está ejerciendo derechos tutelados, aunque la decisión que toma sea impactante para otras personas. Lo que se observa es un esfuerzo por justificar moralmente una política criminal fallida que sólo conduce a la clandestinidad y no evita los embarazos no deseados ni los abortos.”
Sobre los retos que enfrenta el país para un reconocimiento pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y garantizar que tengan acceso a abortos seguros, la ministra considera fundamental una reforma a la Ley General de Salud para orientar el acceso a servicios médicos de calidad, disponibles, aceptables, asequibles y respetuosos para las mujeres y personas gestantes. –La Corte despenalizó el aborto, pero en muchos estados hay mujeres presas, no por aborto, sino por delitos relacionados con el aborto como el “homicidio en razón de parentesco”, “infanticidio” y “omisión de cuidados”. ¿Qué hacer frente a esto? –Si parece poca la estadística de mujeres presas por aborto, no significa que la criminalización sea una política efectiva, al contrario, es más bien indicativo de la clandestinidad que provoca. Es más común que quien aborte se desangre, se enferme o se cause un daño permanente a que acabe en la cárcel. Respecto a los otros delitos, cometidos en contra de otras personas, siempre me han parecido alarmantes, pero deben siempre analizarse tomando en cuenta el interés superior de la infancia y la perspectiva de género. Es importante generar políticas públicas de prevención, después de investigaciones muy serias, para determinar por qué suceden estas conductas, qué las detona.
En cuanto a la resistencia en Congresos locales como el de Jalisco, que anticipa que no armonizará su Código Penal al criterio emitido por la Corte porque “no está obligado”, Ríos Farjat dice que es posible pero indeseable que se generen “resistencias políticas por parte de algunos congresos”.
Sin embargo, señala que, en virtud del artículo primero constitucional, todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y los Congresos podrían actuar conforme al parámetro de regularidad constitucional vigente y reformar sus legislaciones a fin de garantizar plenamente el derecho a la autonomía reproductiva, en relación con sus derechos a la salud, dignidad y libre desarrollo de la personalidad.
“No sé si decidan hacerlo, pero en todo caso la Judicatura ya tiene un precedente que la obliga a no penalizar abortos voluntarios. Lo que sí creo que puede suceder es que la sociedad se movilizará si percibe inacción de sus congresos o instituciones, y litigará para procurar la emisión de lineamientos claros.”
Dos días después del fallo de la Corte sobre el Código Penal en Coahuila, ministros y ministras establecieron por mayoría otro precedente, al declarar inconstitucional la “protección a la vida desde la concepción” en Sinaloa, con lo que no se puede negar el acceso al aborto con base en este tipo de cláusulas.
Además resolvieron que no es competencia de las entidades federativas determinar cuándo empieza la vida, y que ninguna Legislatura puede restringir los derechos de las personas ya nacidas anteponiendo la protección de un feto o un embrión.
Tras la inundación de Ecatepec, nueve cauces corren el riesgo de desbordarse
/ maría Teresa monTaño
El lunes 6 la tormenta atípica que cayó sobre la Sierra de Guadalupe formó caudalosos ríos que bajaron a toda velocidad desde su deforestada cima arrastrando desechos, basura e inundando el centro de Ecatepec así como 23 colonias más. Todo ocurrió en 44 minutos.
Se trata de una de las riadas que estos días han sometido a miles de personas de 18 municipios mexiquenses. Hasta el jueves 9 el censo oficial registraba ocho personas muertas, cerca de mil viviendas dañadas y cuatro mil damnificados. Sólo en Ecatepec 37 vehículos fueron arrastrados por la corriente.
Es el mayor incidente de este tipo en 30 años. Las calles y avenidas se convirtieron en peligrosos cauces, dice Georgina Lugo, lideresa comunitaria de Tulpetlac, uno de los pueblos localizados a los pies de la sierra y donde al menos dos de las tres personas que murieron en las inundaciones terminaron en las esquinas de la avenida principal del poblado.
“El hombre que aparece en uno de los videos arrastrado por una corriente, y que pasa a toda velocidad a media calle sin poder detenerse y sin que lo pudieran auxiliar, fue encontrado acá adelante, pero sin vida. Ocurrió lo mismo con una de las dos mujeres que también fallecieron, reapareció acá”, agrega Gina.
Sin embargo, el desastre en Ecatepec no ha sido el único. El vocal ejecutivo de la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM), Jorge Joaquín González Bezares, aseguró que el ciclo pluvial de este año ha dejado de manera preliminar afectaciones en 938 | Foto /GobiernodeEcatepecdeMorelos
viviendas de 37 municipios y unas 14 mil personas afectadas.
Ese balance también incluye a ocho personas fallecidas, algunas arrastradas por las corrientes y otras que murieron aplastadas por derrumbes (cuatro en Villa Guerrero). Hasta el jueves 9 sólo en Ecatepec se contabilizaban 37 autos que levantaron las corrientes y al menos una docena de ríos desbordados.
Zonas de riesgo
De acuerdo con el titular de la CAEM, si bien hay afectaciones en 37 municipios los daños se concentran principalmente en siete. Caso especial es el de San Mateo Atenco, donde persiste el riesgo del desbordamiento del río Lerma, por lo cual es monitoreado las 24 horas. Además, continuamente es dragado o reforzado en sus márgenes.
También existen otros nueve cauces que ya presentaron derrames, como el Canal San Carlos, de Metepec, que ya se desbordó 15 veces; el Santiaguito y el Arenal, también del Valle de Toluca, y el de Atizapán o el de Almoloya. Todos están al tope en los últimos días.
Entre los municipios más impactados por los interminables aguaceros, y que merecen atención prioritaria, están Ecatepec, Atizapán, Cuautitlán, Valle de Chalco, Zumpango, Tlalnepantla e Izcalli, donde el registro de damnificados continua.
Colapso
De acuerdo con autoridades estatales, el panorama desastroso es producto de una combinación de factores. El vocal ejecutivo de la CAEM admitió que el volumen de las precipitaciones pluviales rebasó totalmente las expectativas que tenían al inicio del ciclo.
El director del organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (SAPASE), Mario Luna, aseguró que las “extraordinarias avenidas de agua” que bajaron desde la Sierra de Guadalupe colapsaron los sistemas hidráulicos disponibles.
En el balance de daños sobresalen las colonias ubicadas en las partes más bajas de Ecatepec, donde fueron a parar cientos o quizá miles de toneladas de lodo y desecho, con tiros de agua de casi un metro en algunos casos.
En la llamada Quinta Zona, considerada la parte más dañada por las inundaciones, se incluyen colonias como Polígonos 2 y Polígonos 3, Alborada y Federación Ecatepec, entre otras; mientras en las partes altas la colonia Esperanza, paradójicamente, resultó la más afectada de todo el municipio, pues sobre ella cayeron los desechos de los desprendimientos de terreno de varias cañadas, entre ellas la de San Andrés.
TormenTa políTiCa
En el panorama político también llueve sobre mojado. Con una nuevo Congreso local en el cual Morena ya no tiene mayoría determinante, sus legisladores no lograron sacar adelante un punto de acuerdo que exigía al gobernador, Alfredo del Mazo, hacer una “declaratoria de desastre” emergente para Ecatepec y otras localidades.
La nueva bancada priista frenó la propuesta del diputado Faustino de la Cruz, la recompuso y simplemente se emitió una recomendación al Ejecutivo estatal y a otras autoridades para que se destinen más recursos “de manera equitativa” a todos los municipios afectados por las lluvias.
Pese a ello, legisladores de Morena, como Azucena Cisneros, calcularon en unos siete mil millones de pesos la inversión requerida para sacar adelante a Ecatepec.
El director del SAPASE aseguró que el municipio requiere con urgencia inversiones extraordinarias para nuevas obras hidráulicas y renovar instalaciones que están siendo rebasadas. Estas obras evitarían nuevos colapsos, sostiene.
Su proyecto principal consiste en construir cuatro represas en la parte alta de la Sierra de Guadalupe, a fin de evitar las enormes avenidas de agua provenientes de esa zona y que, al mismo tiempo, suministren del líquido a la mitad de la población que sufre de escases. El costo de cada represa, detalló, sería de unos 100 millones de pesos.
arcana ImperII Vinculación ciudadana con las y los Presidentes Municipales electos
Salvador vázquez
Un gobierno transparente sirve de muy poco, si la ciudadanía no es capaz de elevar el nivel de discusión y su capacidad para construir buenas razones y argumentos. Jesús Rodríguez Zepeda
Estimados Amigos invisibles, estamos a unas semanas de que entren en funciones las y los nuevos Alcaldes o Presidentes Municipales de los 11 Ayuntamientos que integran el Estado de Aguascalientes. Después de unas tortuosas campañas electorales y después de dirimir todos los medios de impugnación, están listas y listos para tomar las riendas de la próxima administración municipal.
En relación con lo anterior, le comunico que las y los Comisionados del Comité de Participación Ciudadana -CPC- del Sistema Estatal anticorrupción, pilar ciudadano de dicho sistema, cuya finalidad es coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador -otro pilar del sistema-, así como ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del sistema anticorrupción. Pues el CPC convocó a una reunión con las y los Presidentes Municipales electos para tener un acercamiento y establecer mecanismos de colaboración con los municipios, así como, darles a conocer primero cómo está integrado el SEA; segundo, presentar algunos productos que ha desarrollado la Secretaria Ejecutiva a través del Secretario Técnico del sistema; y tercero, presentar las líneas estratégicas para la participación en las actas entrega-recepción municipal.
Quiero informarle que las y los Presidentes Municipales que asistieron fueron los representantes de los municipios de: Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Tepezalá, Pabellón de Arteaga y San José de Gracia.
Los productos que presentó el Secretario Técnico fueron: Avances de la Política Estatal Anticorrupción -aquí la liga por si es de su interés la consulta https://cutt.ly/ KWMRbBL- , los sistemas que integración la Plataforma Digital Estatal -PDE Aguascalientes (plataformadigitalestatal.org)- y la puesta en marcha de alguno de ellos, así como un documento de mucha relevancia que servirá para integrar parte de su Plan Municipal de Desarrollo, el Atlas Municipal -le dejo la liga por si quiere consultar dicho documento https://cutt.ly/0WMRrMg-.
En relación con las Líneas Estratégicas para participación de las Actas Entrega-Recepción, se dio a conocer 5 temas: (1) Transparencia y acceso a la información. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en materia de concesiones, contrataciones, permisos en los términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (2) Integridad de los Servidores Públicos. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de la Ley general de responsabilidades administrativas en lo referente a la presentación y publicación de las declaraciones patrimoniales y de intereses, y en los casos que la ley lo prevea, la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales. Esto para tanto para las declaraciones de término, como para las de inicio. (3) Integridad del patrimonio público. Identificación plena de los activos y pasivos del gobierno municipal mediante la cuenta pública, con especial énfasis en los activos financieros, las cuentas por pagar y la deuda, así como la atención al presupuesto 2022.
(4) Control y fiscalización del gasto público. Identificación de la totalidad de las auditorías practicadas por los OIC, el OSFAGAS y la Contraloría del Estado. Relación de las observaciones recibidas y de las posibles responsabilidades administrativas (PRA) en curso. (5) Gobierno digital. Identificar el grado de digitalización del PER y la existencia de documentos y sistemas de información con firma digital (e-firma). Gobierno sin papel.
Como puede observar, fue una reunión muy productiva, para acompañar a las administraciones municipales en el cumplimiento del Sistema Estatal Anticorrupción, sobre todo, para que ejerzan el principio de transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas en esta transición, ante todo, en la entrega-recepción.
Para incrementar la Participación Ciudadana a través del CPC, que no es otra cosa que, el conjunto de actividades a través de las cuales toda persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno de manera efectiva, amplia, equitativa, democrática y accesible; y en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos públicos.
Participemos como sociedad organizada, para dejar precedente y que las siguientes administraciones municipales transiten y se hagan acompañar de la ciudadanía, para que la opacidad y el combate a la corrupción disminuyan en el porvenir.
Ya sabe, alguien lo tiene que decir. Para no dejar que unos lo hagan y otros lo permitamos. politologouaa@gmail.com | @chazito14
/ PAtrIcIA dávIlA
La catástrofe ocurrida el martes 6 en Tula, Hidalgo, exhibió el impacto negativo causado por el desmantelamiento del Sistema Nacional de Protección Civil que ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pese a que el Banco Mundial consideraba a ese sistema como uno de los mejores modelos del mundo para prevenir y atender los desastres naturales, la 4T hizo modificaciones en su interior.
Aunque desde 2009 el Atlas de Riesgo sobre el estado de Hidalgo advertía sobre el peligro de que el Río Tula se podría desbordar por los escurrimientos que originalmente captaban los lagos de Xochimilco, Chalco y Texcoco, ninguna autoridad federal, como Laura Velázquez, titular del Consejo Nacional de Protección Civil (CNPC), y Germán Martínez Santoyo, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como la estatal encabezada por Omar Fayad Meneses alertaron de la urgencia de desalojar las zonas aleñadas al afluente.
Otro factor de riesgo son las descargas de aguas residuales de la Ciudad de México y el excedente de la presa Danxhó en Jilotepec, Estado de México, que también desfoga hacia el Río Tula.
De acuerdo con la página de internet de la Conagua, otras dos presas de Hidalgo representaban un peligro…
El miércoles 1 la presa Endhó alcanzó el punto NAMO, que es el máximo nivel con el cual se puede operar para satisfacer los requerimientos cuando el vertedor de excedencias no está controlado por compuertas; mientras que el viernes 3 la presa Requena estaba a punto de llegar al máximo nivel.
El martes 7 el gobernador Omar Fayad solicitó a la Conagua abrir las compuertas de ambas presas y evitar mayores afectaciones para la capital del estado, así como para los municipios afectados como Tepeji del Río, Ixmiquilpan, Tlahuelilpan, Chilcuautla, Mixquiahuala de Juárez, Tasquillo, Tezontepec de Aldama y Tlaxcoapan.
AlertA fuerA de foco
“Nadie lo vimos venir, nadie sabíamos la magnitud (de las lluvias)”, confirmó Manuel Hernández, presidente municipal de Tula.
De acuerdo con el alcalde, ahora puede decirse que antes de la tragedia de Tula hubo otro evento que pudo significar una alerta, pero que nadie reparó:
Cerca de las 16 horas del domingo 29 de agosto último, la joven Ana Karen García Díaz, de 19 años, viajaba con su novio Dennis en una motoneta por las calles de Tlalnepantla, Estado de México. Las fuertes lluvias convirtieron las calles en intensos caudales de agua. La pareja trató de cruzar la corriente, pero fue arrastrada. Él logró sujetarse a un árbol hasta ser rescatado, pero Ana Karen fue arrastrada por la corriente.
Dos días después, el 31 de agosto, el cuerpo de Ana Karen fue localizado a 72 kilómetros de Tlalnepantla en un embalse de Tula, Hidalgo, alrededor de la presa Endhó que almacena parte de las aguas residuales del Valle de México. Incluso, el padre de la joven responsabiliza al gobierno federal por la muerte de su hija, por no tomar medidas para evitar este tipo de inundaciones.
“Sabemos que Tula vive en situación de alerta permanente porque somos el vaso receptor de las aguas de la Ciudad de México y, pese a ello, no nos dimos cuenta de que el desplazamiento del cuerpo de la joven hasta Tula era un aviso de lo que se nos avecinaba”, reconoce en entrevista con este semanario.
La Ciudad de México y el Edomex ahogaron a Hidalgo
| Foto Gobierno del Hidalgo
IgnorAron A tulA
Desde julio último diversas entidades del gobierno federal han exhibido la falta de coordinación entre ellas para prevenir y atender los desastres naturales, tal es el caso de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), a cargo de Laura Velázquez Alzúa, y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuyo titular es el general Luis Cresencio Sandoval González.
En la reunión regional convocada en julio en Oaxaca por la CNPC, que incluyó sólo a Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, se expusieron los objetivos de protección civil: “Actuar con mayor prontitud y establecer la prevención como eje rector”. Sin embargo, ya no hubo más encuentros de trabajo de este tipo.
El 10 de julio pasado la Sedena anunció que, debido a la temporada de lluvias y ciclones 2021, desde el 15 de mayo se tenía estructurada la Fase de Prevención del Plan DN-III-E, Plan Marina y Plan Guardia Nacional, dirigidos para Chiapas, Baja California Sur, Jalisco, Veracruz, Guerrero, Yucatán, Estado de México y Ciudad de México.
Hidalgo tampoco estaba en dicha estrategia, pese a que durante décadas el agua que se precipita desde la Ciudad de México y el Estado de México convirtieron a Tula en su vaso receptor.
A sabiendas de ello, y de que el huracán Grace estaba causando desastres a su paso, ni lo que quedó del CNPC ni la Conagua fueron capaces de advertir del peligro que se avecinaba para la población del municipio hidalguense.
De acuerdo con las personas que conocen las reuniones en corto entre funcionarios de la Conagua y del gobierno de Hidalgo, donde estuvieron presentes los alcaldes de la entidad, la dependencia federal les explicó que cinco factores detonaron la tragedia en Tula:
Primero, llovió demasiado en la Ciudad de México. Segundo, las precipitaciones recientes en el Estado de México, sobre todo en Ecatepec y Tlalnepantla. Tercero, las descargas de los emisores Central y Oriente. Cuarto, la propia precipitación pluvial en Hidalgo. Quinto, el desfogue de las presas Endhó y Requena… Todo se sumó para desatar la descontrolada venida de agua hacia Tula.
Sobre la declaración realizada por el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, de que nunca recibieron una advertencia sobre la necesidad de desalojar el hospital de Tula, situación que causó la muerte de 14 pacientes, Protección Civil y la Conagua han expuesto públicamente que sí emitieron el aviso correspondiente mediante un oficio.
Sin embargo, el documento –cuya copia posee Proceso– nunca estipula la necesidad de realizar un desalojo de lo que hoy es la zona afectada por inundación.
El oficio dirigido a Laura Velázquez, titular de la CNPC, está firmado por Alejandra M. Méndez, coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional.
Con fecha del lunes 6 se pronostican “lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75mm” para Hidalgo, Ciudad de México y Estado de México. Para el martes 7 se advertía de “posible caída de granizo” en Hidalgo, e “intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm” para la Ciudad de México y Estado de México.
Sin embargo, el pronóstico del director de la Conagua quedó muy lejos de lo que ocurrió.
En la madrugada del martes 7 en sólo diez minutos se inundó la clínica del IMSS en Tula y en cuestión de 30 minutos más el resto de las colonias aledañas.
“tontA decIsIón”
Aún se desconoce el número real de damnificados en Tula. La titular de la CNPC habla de 31 mil afectados, pero el secretario de la Sedena, con minutos de diferencia, habló de 35 mil personas que requieren ayuda, dos mil 500 inmuebles afectados, 17 fallecidos y cinco puentes dañados en Hidalgo. La Conagua, a su vez, anunció que las lluvias volverán este domingo 12. –¿La inundación de Tula se pudo prevenir? –se le pregunta a Laura Gurza, quien fue coordinadora nacional de Protección Civil en el sexenio del presidente Felipe Calderón. –Todo puede prevenirse. Tenemos que partir de la idea de que el riesgo es una combinación de tres elementos: peligro, exposición y vulnerabilidad. El peligro es la lluvia extrema que escurre y que, por lo tanto, pudo haber puesto en riesgo, incluso, el drenaje profundo de la Ciudad de México, todo fluyendo hacia Hidalgo.
“Ahora hay que analizar si alguien está expuesto en la zona que se pudiera inundar en caso de que se desborden tantos metros cúbicos de agua. Luego se analiza qué tan vulnerable soy, o mi vivienda y yo frente a ese riesgo. Es complejo medir toda esa vulnerabilidad, esto se hace con estudios, por eso son los atlas de riesgo nacional, estatal y municipales que son obligatorios y que en el desarrollo de la infraestructura deben de observarse los riesgos que cada lugar ofrece”.
El Sistema Nacional de Protección Civil desde 1985 y hacia finales de los noventa tuvo claridad sobre la necesidad de tener previsiones financieras para atender los desastres; no tener dinero suficiente para atender a la población y sus necesidades atrasa el desarrollo de los países por 20 o 30 años, explican expertos en desastres naturales.
“Llega presidente López Obrador y dice que el Fonden está corrupto; la verdad es que el fideicomiso funcionaba perfectamente, y si había corrupción, en todo caso serían los ejecutores de la obra en materia de reconstrucción, pero esos no dependían del fideicomiso, sino de los gobiernos estatales, de las dependencias federales o de las delegaciones federales que ejecutan esos recursos”, expone Gurza.
Para la exfuncionaria, la desaparición del Fonden “fue un acto muy tonto y un retroceso de 20 años en materia de protección civil, es decir, regresamos a los noventa, una época donde no teníamos ninguna previsión financiera, porque cuando él (López Obrador) desaparece el fideicomiso ya se contemplaba el fondo de prevención, el cual, debió de estar operando para prevenir el desastre de Tula”.
Gurza explica que con la existencia del Fonden se emitía una declaratoria de emergencia para detonar apoyos para alimentos, cobijas, colchonetas, despensa, medicamentos, material de limpieza, saneamiento y algunos equipos y herramientas. “Pero ahora todo eso se lo dejaron a la Sedena”.
Y con la declaratoria de desastres, agrega la exfuncionaria, se atendían los daños materiales: “Se hacían mesas sectoriales para hacer los trabajos de evaluación de daños y con la cuantificación de daños se identificaba la infraestructura dañada y cuánto costaba reconstruirla o repararla.
“Hecha está evaluación se sesionaba en un comité técnico donde estaban sentados los representantes de los tres niveles de gobierno para validar que, efectivamente, eso era lo que estaba dañado”.
