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El reto de los nuevos gobiernos: recuperar la confianza de los ciudadanos
Alejandra Yazmín González | Foto Cristian de Lira
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Históricamente la corrupción ha dejado una fractura social que se derivó en la desconfianza en las instituciones
adrián FLorEs
El reto que tienen los gobiernos entrantes, en el caso de Aguascalientes los alcaldes y los diputados electos, es volver a generar confianza ciudadana en las instituciones, ya que esta se ha visto históricamente fracturada por la corrupción que ha sufrido el país a lo largo de su historia, refirió Alejandra Yazmín González Sandoval, presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Los gobiernos entrantes tienen que apostar por generar confianza a través de un cambio real, opina presidenta del CPC en Aguascalientes
En el Foro por la Integridad, en el que se discutió la relevancia de reflexionar sobre las entregas recepciones de los gobiernos así como sobre su importancia, González Sandoval opinó:
“–La corrupción– es uno de los males que más afecta a nuestro país y que ha generado que la ciudadanía ya no tenga confianza en las instituciones ni en los servidores públicos que las representan. Por esta razón creo que existe un reto gigantesco de los próximos servidores públicos que entran a estas administraciones nuevas para recuperar la confianza de los ciudadanos”.
Sin embargo, agregó, los próximos gobernantes no deben de jactarse de “los discursos huecos” en los que se asegura que se está “acabando con la corrupción”. Agregó: “no basta con los discursos de cero tolerancia, hay que controlarla, pero es preciso para esto adoptar políticas que incluyan medidas específicas que fomenten la integridad y prevengan los posibles hechos de corrupción”.
Además, la presidenta del CPC manifestó que ya es urgente que las prácticas de un “buen gobierno” ya no solamente sean conceptos, sino hechos concretos, tangibles, en los que se involucren la transparencia y la honradez como elementos fundamentales para poder tener mejores herramientas frente a la corrupción.
Una vez terminado el pasado proceso electoral “ahora nos ocupa insistir, vigilar que estos procesos de las actas de entrega recepción se apeguen a los principios de máxima publicidad y más allá de la transparencia, la rendición de cuentas para prevenir los riesgos de corrupción y garantizar el suministro oportuno, adecuado y completo de los estados financieros, económicos, patrimonial y administrativos que guardan las comisiones que integran tanto los regidores y los síndicos de nuestros cabildos, así como los ayuntamientos”, concluyó.
tEPJF
El magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, felicitó a las abogadas y los abogados que forman parte de la institución, quienes contribuyen de manera fundamental a la vida democrática de México, y mantienen el compromiso de brindar una justicia apegada a Derecho y cercana la ciudadanía.
Durante el evento por la conmemoración del Día de la abogada y del abogado, junto con la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, y tras extender su felicitación a todas y todos quienes ejercen la abogacía en México, José Luis Vargas sostuvo que este sector ha contribuido decisivamente a edificar un país más democrático y con un sólido Estado de Derecho, y subrayó la importancia de la creación del TEPJF hace 25 años, lo que ha permitido garantizar la renovación pacífica del poder público.
En el encuentro, moderado por Enrique Andrade, Jefe de Unidad de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales del TEPJF, participaron Jorge Ricardo García Villalobos, presidente del Consejo Nacional de la Abogacía; María Leoba Castañeda, primera directora de la Facultad de Derecho de la UNAM; María Elena Orantes López, presidenta nacional del Colectivo 50+1 y Mariano Gómez Hernández, director de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados.
El presidente José Luis Vargas relató que hoy el Tribunal Electoral resuelve con absoluta responsabilidad todos los asuntos relacionados con la elección del pasado 6 de junio. Detalló que el TEPJF ha recibido 9 mil 800 impugnaciones vinculadas con ese proceso electoral, y todavía podrían recibirse hasta 15 mil asuntos adicionales, cifras que demuestran que las mexicanas y los mexicanos confían en que las instituciones electorales, y en este caso por la ruta jurisdiccional, son la vía por la que un país tiene que resolver sus controversias, a partir de un marco legal e institucional.
Sin duda, apuntó, esta también es una prueba de la madurez que ha alcanzado nuestra democracia. “El camino que hemos logrado los mexicanos me parece que es un camino certero, y hoy México ha cerrado la posibilidad de fraudes electorales o de acceder al poder público al poder de la violencia. En el Tribunal Electoral respaldamos la vocación democrática mexicana y por supuesto asumimos esa responsabilidad con la encomienda que la Constitución nos ha otorgado”, dijo.
En su turno, la magistrada Mónica Soto felicitó a las abogadas y abogados del TEPJF y recordó que la abogacía antes era un territorio masculino, exclusivo y excluyente, al que posteriormente ingresaron mujeres.
Alentó a las y los jóvenes que estudian la carrera de Derecho para tener una visión más inclusiva de lo que es la perspectiva de género en la interpretación de las leyes, en la construcción de las mismas leyes, y en el ejercicio que es la abogacía.
La magistrada Mónica Soto consideró necesario reflexionar sobre uno de los brazos del Poder Judicial de la Federación: la relevancia de la actividad de las abogadas y los abogados, como oportunidad para abundar acerca de la trascendencia de dicha encomienda. Pidió hacer de las sentencias, la jurisprudencia y la doctrina, las herramientas para aspirar a una sociedad sin prejuicios, orientada a respetar y a no desafiar la ley, y a educar en la cultura de la legalidad.
Destacó la necesidad de trabajar con un enfoque de la ética personal, social y laboral, en el ejercicio del Derecho, pues recordó que se trabaja con la ley en la mano, misma que abre o cierra puertas en todos los ámbitos de la vida.
María Elena Orantes López, presidenta nacional del Colectivo 50+1, reconoció el trabajo de la magistrada Mónica Soto por el enfoque de género en el trabajo jurisdiccional y esta nueva visión de la historia en la democracia mexicana. Destacó su impulso para enfocar con una perspectiva distinta a la paridad de género y el ejercicio democrático que permite a las mujeres una participación más justa, lo que es un avance importantísimo para las nuevas generaciones.
Mariano Gómez Hernández, director de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, sostuvo que la vida democrática del país ya no es una aspiración, sino una realidad por la que trabajan instituciones públicas y privadas, que se refuerza en las aulas, mientras que María Leoba Castañeda Rivas, primera directora de la Facultad de Derecho
México cerró la puerta a los fraudes electorales, afirma presidente del TEPJF
de la UNAM, consideró que hace falta incrementar los valores, los principios y la ética del abogado.
Jorge Ricardo García Villalobos, presidente del Consejo Nacional de la Abogacía, hizo un recuento histórico de la actividad de las abogadas y abogados en México, y subrayó la importancia de las instituciones.
EntrEgan rEconocimiEnto a José Luis Vargas
Más tarde, el Comité Organizador del Día del Abogado y el Centro de Postgrados del Estado de México, entregó al presidente José Luis Vargas, la Presea al Mérito Profesional.
En el marco de la celebración por el Día de la abogada y del abogado, que se llevó a cabo vía digital, el magistrado presidente recordó que durante su gestión al frente de este Órgano Jurisdiccional se ha impulsado una estrategia de fortalecimiento del Tribunal Electoral para que siga sirviendo a México por muchos años más, de forma transparente, con una visión institucional, acercándose a la ciudadanía y consolidando una justicia incluyente.
Ingreso Mínimo Vital para la población más afectada por la crisis: las mujeres
La pandemia del covid-19 ocasionada por el covid-19 acentuó la crisis económica y la desigualdad social de México que, como en muchos otros países, se mostraba de forma creciente desde tiempo atrás. Es el tema central del documento “Consultoría técnica para estudio sobre mínimo vital”, elaborado por la investigadora de la UNAM, Berenice Ramírez, publicado en abril de 2021 (https://bit.ly/2U7nHMO).
Añadiría que evidenció la terrible desigualdad en que viven las mujeres, agregando mayor pobreza y nuevas desigualdades.
De acuerdo al documento referido se tiene evidencia que el impacto en el empleo y en los ingresos afectó en mayor medida a quienes tienen un empleo precario, informal y sin seguridad social, alcanzando al 56% de las personas trabajadoras mexicanas y al 47% de la fuerza laboral de la Ciudad de México (CDMX).
Sin embargo, también se han visto interpeladas las trabajadoras y trabajadores que fueron despedidos ante la emergencia sanitaria, o cuyos salarios fueron reducidos, o incluso quienes no han recibido salario ni compensación alguna a cambio de la promesa de que, una vez superada la crisis sanitaria, regresarían a sus mismos puestos de trabajo.
Frente a estas incertidumbres, son diversas las voces que se suman para concretar la puesta en marcha de un Mínimo Vital (MV), que para la CDMX tiene la ventaja de contar con rango constitucional.
Considerando las consecuencias económicas y sociales de la pandemia y ante la continuación de transferencias monetarias directas, el debate por un MV aparece como una alternativa posible.
El estudio de la doctora Berenice Ramírez fue parte del Boletín 123/2021 de la CNDH de la Ciudad de México, sumándose: “es prioritario otorgar Ingreso Mínimo Vital para la recuperación económica y protección social en la Ciudad de México”; y añado: en todo el país.
Este boletín está suscrito por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández; la coordinadora para Latinoamérica del Programa de Derecho de Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando en México (Wiego por sus siglas en inglés), Tania Espinosa Sánchez, entre otras lideres de opinión nacionales.
Según la autora, determinar el monto adecuado se asocia con las canastas alimentarias. En el caso de la CDMX, correspondería a la canasta alimentaria urbana o a un apoyo más robusto a nivel del salario mínimo, teniendo como límites la duración y el origen de los recursos debido a que la crisis económica ha golpeado particularmente a las finanzas públicas.
Para ello, ha priorizado la continuidad y el adelanto en los pagos de las transferencias monetarias directas que, de acuerdo con la información gubernamental publicada diariamente, están cubriendo a 25 millones de personas (19% de la población).
Esos programas sociales y esa cobertura son totalmente insuficientes para atender la dimensión de esta crisis en todo el país, no sólo en CDMX. Deja en la total indefensión a mujeres, jóvenes y niñez.
¿Por qué las mujeres ocuPan el Primer lugar en desemPleo, Por tanto en carencia de ingresos o de Protección social?
El pasado primero de julio el periódico El Economista publicó:
“El ramo de hoteles y restaurantes ha sido severamente golpeado por la emergencia sanitaria. 60% del personal en esas actividades son mujeres; 80% de ellas labora en la informalidad”.
Son tres sectores los nichos laborales más feminizados: turismo, comercio y manufacturas, todos golpeados fuertemente por la crisis y todos sin apoyos gubernamentales: ni las empresas, pero tampoco a las personas que laboran o laboraban ahí. Según la Encuestas Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), de las más de 4 millones 39 mil personas que trabajan en hoteles y restaurantes, 6 de cada 10 es mujer.
Esta situación coincide naturalmente con un asunto de primera importancia: turismo y manufacturas eran las principales fuentes de divisas; actualmente son las Remesas las que mantienen funcionando el changarro, gracias a los envíos de migrantes se sostiene el peso y el apoyo a la pobreza.
Para 2015 turismo –una actividad íntimamente vinculada con la crisis sanitaria–, tenía un crecimiento anual de 10.45%. En 2019 era del 55%, pero se desplomó a -94.73 y en mayo de 2021 la cifra negativa es de -39.0%.
No hay crecimiento de la actividad, el efecto es desempleo feminizado y cero protección social, también cero apoyo o cobertura del Estado. De ahí la urgencia de una política que considere prioritario otorgar Ingreso Mínimo Vital para la recuperación económica y protección social.
En manufacturas -la joya de la corona del modelo exportador mexicano- sucede algo similar. En 2015 su tasa anual de crecimiento era de 42.3 para 2021 cae a -36.27%, y el efecto para la población es desempleo inmediato, reducción de salarios y cero protección social, no cabe duda se requiere un IMV.
Remesas es totalmente distinto. Crecen y crecen, es la ventana de oportunidad para nuestro desempleo: emigrar. Trabajar en Estados Unidos, afortunadamente también apoya a México. En 2016 su crecimiento era de 12.60%, hoy es de 23.81%.
Según Banxico el ingreso por Remesas en mayo de 2021 ascendió a 4,514,6194891 millones de dólares. Aparentemente la solución del empleo no está en México, tampoco la protección del Estado para toda esa clase trabajadora tan afectada por esta crisis.
Según el estudio realizado por Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) y Banorte, que se centró en identificar el perfil de la inmigrante mexicana en Estados Unidos y las remesas que envían a México, reveló que de los 9 millones 490 mil 221 de transferencias realizadas, 30.6% fueron enviadas por mujeres.
Destacó que estas remesas suelen ser un 20% menores en valor a las enviadas por hombres, sus empleos tienen menores salarios a los masculinos; además las mujeres de aquí son las principales beneficiarias de las transferencias (71%) independientemente del género del remitente.
Para concluir: el empleo de las mujeres carece de protección social, la exportación de manufacturas cayó, igual que el turismo y ni hablar del petróleo. Y ya se sabe cuál es su efecto. En México, 54% de los puestos de trabajo en esos negocios turísticos son ocupados por mujeres, desde luego eso explica en gran medida el alto desempleo femenino, su vulnerabilidad económica aumenta porque están desempleadas y en la informalidad.
La tasa de informalidad para las mujeres en el turismo es de 80.4% y para los jóvenes, 74.1%, juventud sin futuro, y también significa ningún acceso a servicios como IMSS o Issste, cero jubilación y cero préstamos hipotecarios o personales, sin protección por accidentes de trabajo y muchas de ellas sin contrato firmado, así la patronal no adquiere compromiso alguno con la trabajadora. El Estado menos.
En esta circunstancia es indispensable plantear soluciones de apoyo básico como IMV, seguro de desempleo y una mirada económica que se plantee seriamente el objetivo de mejorar la enorme desigualdad del país.
Carmen r ponCe meléndez CimaCnotiCias
Exhiben a deudores alimentarios morosos
Con un tendedero de denuncias, colectivas feministas exhibieron a una veintena de deudores alimentarios morosos, quienes no cumplen con su responsabilidad de manutención desde hace cinco y hasta 16 años.
Entre algunos de los exhibidos destacan Alejandro Facio Martínez, quien fuera representante del PAN ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO). El político promovente de la campaña “Las dos vidas importan” en contra del aborto, fue colgado en el tendedero por incumplir con dos familias diferentes. También hubo trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Pesca y Acuacultura (Sedapa), profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y músicos de Oaxaca.
Congregadas en la explanada de Santo Domingo de Guzmán, las defensoras colocaron las fotografías de quienes llevan años sin asumir su responsabilidad y sin castigo alguno aún cuando el incumplimiento es un delito porque afecta derechos de la niñez.
“Estos hombres, al no participar económica y afectivamente en la vida de sus hijas e hijos, se convierten en delincuentes. Hay que nombrarlos como lo que son, ¡SÍ!, delincuentes que atentan de forma violenta contra las infancias. Su abandono y la constante violación a los derechos de sus hijas e hijos, son decisiones conscientes, respaldadas por la sociedad machista y por el sistema judicial patriarcal, donde a los hombres se les solapa su responsabilidad y se sigue culpando a las mujeres, donde a los hombres se les beneficia por encima de las mujeres”, señalaron en su pronunciamiento.
Durante su intervención pidieron a la sociedad no romantizar la violencia que viven las madres y abuelas al tener que asumir el cuidado y crianza de las hijas e hijos tras el abandono del progenitor.
“Es hora de recordar que la exigencia a las paternidades a participar económicamente frente a las infancias no es una cuestión de dignidad sino de derecho”, expresaron.
Las defensoras responsabilizaron de la impunidad a las autoridades encargadas de impartir justicia y a los abogados que redactan demandas con narrativas misóginas. Aunado a lo anterior, muchas de las mujeres llegan a desistir de cualquier acto legal porque los procesos de reconocimiento de paternidad y de pensión alimenticia son costosos y largos. En este sentido hicieron un llamado al Congreso de Oaxaca para que las leyes puedan proteger los derechos de las niñas y niños.
“Las mujeres de Oaxaca hoy decimos ¡basta!, basta de impunidad, basta de permitir se violenten derechos de las personas más vulnerables frente a los hombres: las mujeres, las niñas y los niños. Hoy sabemos que somos el cambio”, manifestaron.
Cuestionaron que mientras que en el Padrón de Deudores Alimentarios Morosos sólo hay 9 personas, la realidad dista mucho de las cifras oficiales. Señalaron que en el tendedero de denuncias fueron colocadas las fotografías de hombres que no aportan aún cuando cuentan con los ingresos suficientes para la manutención.
De la misma manera enfatizaron en la necesidad de que Oaxaca cuente con un laboratorio genético que haga las pruebas de ADN para que se reconozca a las niñas y niños. Asimismo, exigieron a la unidad de investigación financiera su intervención para que no haya más colusión de patrones-empleados, ni más pacto con las instituciones que avalen estas injusticias, engañando al Estado respecto a sus ingresos para no dar su pensión proporcional a su salario.
En tanto al Tribunal de Justicia del Estado le demandaron una base común para que las pensiones alimenticias no partan del 10% del salario de los deudores como actualmente sucede, mismas que resultan insuficientes.
“Venimos a decirles a las mujeres que todos los días asumen SOLAS la crianza de sus hijas e hijos, que no están solas y que vamos juntas a reformar todo que tenga que cambiarse. Que la vergüenza y el miedo han cambiado de bando. Gracias a todas porque hoy estamos luchando juntas y lo vamos a tirar, el patriarcado se va a caer”.
