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JUEVES 12 DE MAYO DE 2022
Proponen segunda vuelta en elecciones presidenciales Diputado Aguilar Coronado propuso este mecanismo cuando ninguno de los candidatos obtenga la mayoría absoluta de los votos Senado de la República Ante el Pleno de la Comisión Permanente, el diputado Marco Humberto Aguilar Coronado presentó una iniciativa para reformar la Constitución y establecer la segunda vuelta electoral para la Presidencia de la República, cuando ninguno de los candidatos obtenga la mayoría absoluta de los votos, es decir, más del 50 por ciento de ellos. El proyecto, enviado a las comisiones unidas de Reforma PolíticaElectoral y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, plantea que los dos candidatos con mayor porcentaje se enfrentarían en una segunda vuelta electoral, que se llevará a cabo el mismo día de la jornada comicial, a través del mecanismo del voto alternativo preferencial. Lo anterior significa que, en el mismo acto, el mismo día, el elector decidiría de la lista de candidatos, el orden de su preferencia, estimando con ello la posibilidad de que haya
un ganador por mayoría absoluta. También propuso que, para declarar la nulidad de la elección por la participación del crimen organizado, se incluya un supuesto adicional para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaré la nulidad de una elección cuando se acredite que ha ocurrido la intervención, involucramiento, acto de intimidación, amenaza, o influencia de persona o personas que pertenezcan o se encuentren vinculadas al crimen organizado en el proceso electoral correspondiente. En su intervención, Aguilar Coronado explicó que el propósito fundamental de la figura de asignación de diputados, por la vía de la representación proporcional, consiste en que en la conformación de órganos de gobierno o legislativos se encuentre reflejada la voluntad política del electorado que ha votado por las diversas fuerzas políticas contendientes. Por ello, sugirió modificar el método de integración de las listas
Sugieren reforma que establece procedimiento de sucesión presidencial, en caso de revocación de mandato Senado de la República El senador Joel Padilla Peña, del PT, presentó una iniciativa que modifica el esquema de sucesión presidencial, en caso de que sea revocado el mandato del presidente de la República. La propuesta está encaminada a reformar el artículo 84 de la Constitución Política, “debido a que el esquema actual interfiere con la esencia de la revocación de mandato”, expresó el legislador. El texto constitucional vigente, indicó, sólo establece que en caso de que el presidente de la República sea revocado de su encargo, inmediatamente la persona presidenta del Congreso de la Unión asumirá la titularidad del Poder Ejecutivo Federal por un plazo de 30 días; y que sus Cámaras elegirían a la persona que habrá de concluir el periodo. Se trata, dijo el senador, de “mecanismos poco funcionales y anacrónicos”, por lo que es necesario impulsar una reforma que promueva condiciones de gobernabilidad y acuerdos al interior del Congreso y, sobre todo, para que el nuevo presidente emane de la voluntad popular. Es por ello, que la iniciativa enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda del Senado, establece que en caso de haberse revocado el mandato de la presidenta o presidente de la República, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso de la Unión por un periodo máximo de hasta 20 días improrrogables.
El texto constitucional vigente establece mecanismos poco funcionales y anacrónicos Asimismo, plantea que inmediatamente obtendrá licencia del cargo de persona legisladora federal. Dentro de los 20 días, propuso el senador, el Congreso, erigido en Colegio Electoral, debe nombrar, por el voto equivalente a tres quintas partes de cada una de las personas legisladoras presentes en sus dos Cámaras a un presidente Interino, a quien ejercerá el cargo hasta que tome protesta la persona candidata electa en la elección presidencial que se habrá de celebrar. Precisó que, una vez recibida la notificación de declaratoria de revocación de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión tiene que contar con un plazo de 10 días para emitir la convocatoria para elegir, mediante voto universal y directo, a la persona que habrá de concluir el periodo respectivo. En caso de que el Congreso no emita la declaratoria en el plazo previsto, sugirió, lo hará el Instituto Nacional Electoral. El legislador propuso que la elección presidencial deberá realizarse, a más tardar, el último domingo previo a que se cumplan cuatro meses de la declaratoria de revocación, y que la Presidenta o Presidente electo tome posesión del cargo dos semanas después de concluida la jornada electoral.
| Foto Cristian de Lira
que los partidos propongan para la postulación de candidatos por el principio de representación proporcional; y a efecto de incentivar los niveles de compromiso y contacto ciudadano, así como el desempeño en las correspondientes campañas electorales, sugirió la intercalación de dos listas en la planilla de representación popular. Además, propuso que, en caso de que el partido que haya postulado al titular el Ejecutivo Federal, no cuente con una mayoría absoluta en las Cámaras del Congreso de la Unión, se conforme un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso. Planteó que las campañas de comunicación social, así como las expresiones o ejercicios informativos realizadas bajo cualquier modalidad de comunicación social, por alguno de los entes de los tres órdenes de gobierno, además de tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, deberán regirse por los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, equidad, integridad objetividad, veracidad y verificabilidad.
Promueven reforma para sancionar incumplimiento de obligaciones por teletrabajo Senado de la República Para asegurar el cumplimiento de los patrones a las obligaciones impuestas por el artículo 330-E de la Ley Federal del Trabajo, como asumir los costos derivados del teletrabajo, respetar el derecho de desconexión de trabajadores en términos de su jornada laboral e inscribirlos en el régimen obligatorio de seguridad social, el diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos, del PVEM, propuso reformar el artículo 994 de dicho ordenamiento. Por ello, planteó sancionar de 50 a 250 Unidades de Medida y Actualización al patrón que no cumpla con estas disposiciones, relativas a la modalidad de teletrabajo establecidas en la Ley. Desde la tribuna, Ramírez Ramos señaló que en respuesta a la pandemia por covid-19, el Congreso reformó la Ley Federal del Trabajo para adicionar un nuevo capítulo en la materia de teletrabajo. Entre los beneficios de esta modalidad laboral, dijo, se encuentra la adopción de nuevas formas de comunicación organizacional, el mejoramiento de las habilidades laborales para gestionar el tiempo, y en materia ambiental, la reducción del uso de vehículos particulares para desplazarse a los centros de trabajo. El legislador del PVEM subrayó que en la encuesta “Termómetro laboral”,
realizada por la agencia “OCC Mundial”, en noviembre de 2021, respecto de tendencias e indicadores laborales durante la emergencia sanitaria en México, 57 por ciento de los encuestados consideró que gracias al trabajo en casa se sienten más tranquilos y tienen una productividad más elevada. El mismo porcentaje de personas dijo que de no ser posible el “home office” de tiempo completo, la opción de manejar un esquema híbrido les daría mayor tranquilidad. No obstante, debe contemplarse que el teletrabajo puede generar sobrecarga en la disponibilidad de algunos trabajadores que ahora viven atados al celular o a la computadora. En este sentido, explicó el diputado, la encuesta demostró que 12 por ciento de los trabajadores mexicanos encuestados dijo atender entre 10 y 20 juntas laborales durante la semana, lo que representa uno de los principales factores para que en las empresas se desarrolle el “síndrome de burnout” o agotamiento por estrés laboral. Ante estos hechos, Antonio de Jesús Ramírez aseguró que se debe garantizar el derecho a la desconexión laboral, el derecho de los trabajadores al descanso y a no ser molestados fuera del horario que comprende su jornada laboral. La propuesta será analizada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
