Lozoya Austin por caso Agronitrogenados

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Juez dicta prisión preventiva justificada a Lozoya Austin por caso Agronitrogenados

/ Juan omar Fierro

Un juez federal dictó prisión preventiva justificada al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Ricardo Lozoya Austin, en la causa penal que enfrenta por el caso de la adquisición a sobreprecio de la planta chatarra de Agronitrogenados.

Durante una audiencia celebrada en el Reclusorio Norte, el juez de Control José Artemio Zúñiga Mendoza aceptó modificar las medidas cautelares que enfrentaba Lozoya en la causa penal 211/2019, petición realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) tras el viraje en la estrategia legal del Ministerio Público Federal para lograr un acuerdo que permita la reparación del daño provocado por esta operación de compraventa entre Pemex y la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), que provocó un daño superior a los 200 millones de pesos en las finanzas de la petrolera.

En el caso Agronitrogenados, Lozoya está vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, mientras que su coimputado, el empresario Alonso Ancira, goza de una suspensión condicional del proceso, debido a que ya había firmado un compromiso para reintegrar los 200 millones de pesos que Pemex reclama como un presunto daño a su patrimonio.

Monreal: “Hay que defender a la UNAM siempre”

Diputada morenista propone a AMLO para Premio Nobel de la Paz por propuesta “de gran calado” en la ONU

/ nelDy San martín

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado, hizo un llamado a defender la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luego de diversas críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la máxima casa de estudios.

Durante una ceremonia de imposición de insignias a los nuevos integrantes del Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM, el líder parlamentario pidió defender la universidad pública sin recato y afirmó que él lo hace en todas partes. “No obstante que pueda arriesgarme. Algunos tibios me dicen: para qué te metes en problemas y les digo, ‘porque finalmente ahí va a ser mi casa, al final de mi vida’”, contó.

“Hay que defender a la UNAM siempre”, aseguró. Monreal dijo que será senador de manera temporal, en cambio será maestro de manera permanente, lo que provocó que los presentes aplaudieran su discurso.

“En momentos como estos, en donde el país pasa por etapas inéditas de transición política, la academia, los científicos, los hombres y mujeres de ciencias, no pueden estar alejados de las decisiones políticas y públicas del país”, dijo Monreal.

Luego añadió: “Tenemos que tener el deber ineludible de defender la universidad pública, a nadie debe de quedarle duda, de que sin esta institución México no habría avanzado”.

Afuera de la facultad de derecho de la UNAM, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado grabó un video en el que reiteró que “tiene un gran deber moral” con esta universidad, gracias a la cual es doctor en Derecho, por lo que “siempre la defenderá”. La diputada Patricia Armendáriz propuso al presidente Andrés Manuel López Obrador como Premio Nobel de la Paz, luego del “plan mundial de fraternidad y bienestar” que el Ejecutivo mexicano presentó ayer en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En su cuenta de Twitter, la diputada morenista argumentó que el plan de López Obrador es “de gran calado” y tiene gran viabilidad. Y aseguró que existe una acogida entusiasta de diversas organizaciones, aunque también mutis y críticas de detractores y algunos mexicanos.

“Que triste que la acogida entusiasta de tantas organizaciones del Plan de Fraternidad de @lopezobrador_ contraste con el mutis y críticas de algunos mexicanos. El Plan es de gran calado y tiene gran viabilidad.#amlonobeldelapaz”, escribió la legisladora.

La también empresaria y exconductora del famoso programa “Shark Tank” ha externado su apoyo al presidente en diversas ocasiones. Las más reciente por la participación del tabasqueño en el Consejo de Seguridad de la ONU, para lo cual utilizó los hashtag “#amlonobeldelapaz” y “#AmloLiderMundial”.

/ Gloria leticia Díaz

Con la finalidad de “garantizar el derecho al trabajo digno de las personas privadas de la libertad”, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación general dirigida a los mandatarios de las 32 entidades federativas, así como a los titulares de las secretarías de Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana, y del Trabajo y Previsión Social.

También la dirigió al Órgano Administrativo y Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y a las instituciones homólogas en los estados.

La urgencia por establecer lineamiento para mejorar la vida de los internos de centros penitenciarios se debe a que, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciara (DNSP) de 2018, en 15 centros federales no había actividades laborales y en 84% de los 165 centros estatales se detectaron “limitantes para acceder al trabajo por parte de las personas en reclusión”, destacó el organismo.

En un comunicado, la CNDH apuntó que la falta de condiciones laborales en los centros penitenciarios contradice lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), donde se reconoce el derecho de las personas privadas de libertad a acceder a actividades productivas, así como a prestaciones y servicios de seguridad social, “cuyo ejercicio sea compatible con su situación jurídica”.

La recomendación general 44/2021 brinda a las autoridades una orientación para “superar las limitaciones, barreras u obstáculos impuestos a las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión y contribuir a la implementación de una estrategia que garantice el derecho al trabajo, haciendo realidad con ello la reinserción social”.

A partir de solicitudes de información formuladas por la CNDH, el OADPRS indicó que a nivel nacional “18 mil 635 personas privadas de libertad reciben un salario a cuenta de terceros por el trabajo realizado; de ellas, 17 mil 362 son

CNDH exige garantizar el derecho al trabajo digno de personas privadas de libertad

hombres y mil 273 son mujeres; 43 mil 930 no perciben un salario (42 mil 186 mujeres y mil 744 hombres), y más de 93 mil ejercen un autoempleo al interior de las cárceles en labores de tejido, talabartería, elaboración de artesanías, dibujo, pintura, bisutería, lavandería, limpieza de calzado, corte de cabello y elaboración de alimentos, entre otras”.

La dependencia del gobierno federal informó a la CNDH que las personas privadas de libertad que laboran para terceros o al interior de los penales “no cuentan con ninguna prestación social, a excepción de las cárceles en la Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Sinaloa, Sonora y el Centro Federal de Reinserción Social número 12, cuyos internos reciben, en algunos casos: bono de productividad, aguinaldo, uniformes e incentivos”, mientras que a nivel nacional sólo 290 personas, todas del sexo masculino, cuentan con seguridad social.

El organismo fue notificado de que a nivel nacional sólo 140 mujeres privadas de libertad contaban con el servicio de guardería en las prisiones; 2 mil 749 personas indígenas, 2 mil 673 hombres y 76 mujeres, realizaban actividades laborales en los centros penitenciarios, y 388 personas con discapacidad, nueve de ellas mujeres, tenían trabajo dentro de los penales.

En su recomendación general, la CNDH reconoció que la mayoría de los centros penitenciarios, tanto estatales como federales, cuentan con entre uno y 21 talleres para realizar actividades laborales, mientras que algunas entidades establecieron convenios con empresas o con secretarías del Trabajo y Previsión Social para “ofertar oportunidades de empleo” a personas que egresan de los penales, pero la mayoría no cuenta con esa alternativa.

Asimismo, recordó que ya en su Recomendación General 38/2019 alertaba sobre el “bajo impulso a las actividades laborales enfocadas a los ramos industriales o de producción en serie” en el sistema penitenciario.

El mismo documento refería que las “limitaciones y deficiencias en cuanto a la infraestructura y equipamiento en diferentes instalaciones penitenciarias del país han contribuido a que ocurran violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y que durante años no se cumpla con el propósito de la imposición de penas y medidas privativas de libertad, aumentado así las posibilidades de reincidencia y el incremento de los índices de delincuencia”.

Para la CNDH, las fallas en la implementación de programas laborales evidencian “la necesidad de fomentar la coadyuvancia entre las instituciones del Estado, centros penitenciarios y sectores empresariales para aprovechar la capacidad productiva” de la población penitenciaria.

De igual manera, el organismo ha documentado la “desigualdad en las actividades laborales dirigidas a las mujeres, lo que afecta sus posibilidades de acceder a un empleo y a la capacitación para desarrollar el mismo”.

En la reciente recomendación general, la CNDH solicitó “implementar un reglamento específico que haga efectivo el ejercicio del derecho al trabajo para las personas procesadas y sentenciadas; solicitar a las comisiones intersecretariales dispuestas por la LNEP, promover y fomentar programas de acceso al empleo, sin prejuicios, limitaciones o distinciones por género, identidad de género u orientación sexual; además de diseñar programas educativos, de capacitación y/o certificación, tomando en consideración las capacidades, aptitudes, preferencias y habilidades”.

También sugirió “implementar programas específicos de capacitación y acceso al trabajo para todas las mujeres privadas de la libertad, con los beneficios en materia de seguridad social y prestaciones establecidos en la ley, construir y/o adecuar estancias infantiles en las que se alberguen mujeres que vivan con sus hijas e hijos menores de edad, mismas que deberán estar plenamente equipadas; así como promover actividades de capacitación y empleo para las personas indígenas en su lengua, salvaguardando sus derechos laborales”.

La CNDH consideró de suma importancia dar empleo y capacitación a las personas con discapacidad privadas de libertad, “vigilando que los talleres o espacios laborales en las diferentes cárceles cuenten con un diseño universal accesible y facilitar el acceso de las personas mayores privadas de la libertad a oportunidades productivas, garantizando los beneficios previstos en las leyes en esta materia”.

Igualmente recomendó constituir un Comité Nacional de Fomento Laboral Penitenciario “que diseñe y establezca un monitoreo de vigilancia, seguimiento y evaluación de la política pública en esta materia, con la participación de académicos, especialistas, instituciones defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil”.

La CNDH instruyó a los encargados de los sistemas penitenciarios “proyectar y solicitar partidas presupuestales para fomentar el trabajo y la capacitación, además de detectar las necesidades específicas de cada centro penitenciario para diseñar programas emergentes a corto plazo que faciliten el ejercicio laboral de las personas privadas de libertad”.