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Centro Prodh remite a Segob recomendaciones para iniciativa sobre preliberaciones
/ Gloria leticia díaz
Ante el proyecto de liberación de personas privadas de libertad en condición de prisión preventiva, anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina del 29 de julio, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) remitió a la Secretaría de Gobernación (Segob) una serie de recomendaciones para esa iniciativa.
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La organización enfocó sus consideraciones en el tema de la tortura, una de las condicionantes fijadas por el gobierno federal para excarcelar a personas que podrían ser sujetas al beneficio de preliberación, medida que podría empezar por revisar los casos de mujeres. Según los condicionamientos del Gobierno Federal, las personas que podrían ser beneficiadas de la excarcelación son aquellas que llevan más de 10 años sujetas a “un proceso en el fuero federal por delitos ‘no graves’ sin que hayan recibido sentencia; que sean adultos mayores de 75 años detenidos por algún delito federal ‘no grave’; que sean adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas, detenidos por algún delito federal ‘no grave’ ; o que acrediten haber sido víctimas de tortura a través del Protocolo de Estambul y se encuentran en centros de readaptación federales”.
Para el Centro Prodh, en los casos de sobrevivientes de tortura, las medidas anunciadas serían “efectivas” si “los dictámenes basados en Protocolo de Estambul no son la única prueba a considerar”.
Y alentó a que “las liberaciones comiencen en los casos de mujeres sobrevivientes de tortura sexual”, documentados por organizaciones sociales.
Se recomendó a la Segob “que no se excluyan de la medida casos probados sólo en razón del delito imputado” y que se aliente a los gobiernos de los estados a “adoptar medidas similares”.
La organización social sugirió que para hacer efectivo el proyecto presentado por el gobierno federal, sería importante incorporar “asistencia técnica internacional”.
Delgado urge a legisladores de Morena a aprobar ley reglamentaria para revocación de mandato
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, urgió a los legisladores de su partido a realizar un nuevo periodo extraordinario para aprobar la Ley Reglamentaria de Revocación de Mandato, a fin de que la consulta en la materia pueda realizarse en tiempo y forma el 21 de marzo del próximo año.
“Con la llegada de la Cuarta Transformación, la piedra angular del sistema político mexicano cambió: la figura del presidente de la República dejó de ser intocable y se empoderó a la gente dándole la posibilidad de revocar el mandato presidencial”, sostuvo Delgado.
Subrayó que a partir de la consulta de revocación de mandato los presidentes van a tener mayor interés en dar resultados en cuanto tomen posesión para no ser revocados.
“Es un ejercicio de rendición de cuentas único en nuestro país, que fortalece nuestra democracia, y solamente un demócrata como el presidente Andrés Manuel López Obrador puede proponer este tipo de medidas”, enfatizó el morenista.
Lamentó que aún haya quienes mantienen resistencia a este tipo de ejercicios de la democracia participativa, ya que “siempre han despreciado al pueblo de México, pues piensan que unos cuantos son los que se deben de poner de acuerdo y siempre favorecer sus intereses”.
Hay condiciones para discutir en extraordinario la Ley de Revocación de Mandato: Eduardo Ramírez
/ Neldy SaN MartíN
Luego del reproche del presidente Andrés Manuel López Obrador al Legislativo, por no incluir en el extraordinario la ley secundaria sobre revocación de mandato, el presidente del Senado, Eduardo Ramírez, dijo que hay condiciones para que se convoque a un periodo extraordinario y desahogar ese asunto.
En entrevista con medios de comunicación tras su participación en el festival cultural ¡Zapata Vive!, que tuvo lugar en la antigua casona de Xicoténcatl, el presidente de la Mesa Directiva dijo que la próxima semana podrían convocar a una sesión presencial en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la que se pondría a discusión el tema del extraordinario, aunque -advirtió- ese asunto no puede legislarse al vapor.
“Estamos en la valoración y casi estoy seguro que vamos a convocar a un periodo nuevamente presencial en la Comisión Permanente, para discutir si se autoriza, por mayoría calificada, la discusión de la Ley de Revocación de Mandato. Tenemos tiempo”, abundó Ramírez.
“Sin embargo, también es un tema que no puede legislarse al vapor, tiene que sacarse con el consenso de los grupos, con el consenso de la mayoría legislativa, porque también existe al interior ciertas preguntas, ciertos tiempos que hay que cuidar, y tendría que ser una discusión primeramente al interior del grupo de Morena, posteriormente la sociabilización con los grupos parlamentarios”, apuntó.
La Mesa Directiva de la Permanente turnó ayer a comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos segunda tres iniciativas en la materia, una del senador Ricardo Monreal Ávila, de Morena, otra de la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y una más del senador Damián Zepeda Vidales, de Acción Nacional (PAN).
El régimen transitorio de la reforma publicada en 2019 establece que el Congreso tendría que expedir en 180 días la ley reglamentaria, sin embargo, ha sido omiso, el plazo ha vencido, y ahora tiene el tiempo encima, pues para el caso de la solicitud de consulta sobre revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, la recolección de firmas debería comenzar en noviembre y tiene como fecha límite el 15 de diciembre de 2021.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, reconoció en entrevista, la semana pasada, que sin la ley secundaria no se podría llevar a cabo la consulta popular sobre revocación de mandato.
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, ha expresado su preocupación, porque a tres meses del periodo de recopilación de firmas todavía no hay una ley que disipe ciertas dudas que persisten sobre este ejercicio.
Sin embargo, en este punto no coinciden senadores de oposición. Es el caso de Damián Zepeda, quien este martes, en conferencia de prensa, dijo que el ejercicio de la revocación de mandato no está en duda, pues no depende de una ley secundaria, ya que se trata de un derecho ciudadano establecido en la Constitución.
Zepeda aseguró que los legisladores hicieron una buena reforma en 2019 que establece las reglas básicas para que se pueda llevar a cabo la consulta sobre revocación de mandato, por lo que consideró que la ley secundaria no es un tema urgente y se puede discutir en el periodo ordinario de sesiones, en septiembre próximo.
Monreal ve necesaria una reforma por el alto costo de las elecciones y el sistema electoral
Ricardo Monreal | Foto @RicardoMonrealA
/ Neldy SaN MartíN
En momentos en que desde los poderes Ejecutivo y Legislativo se habla de una inminente reforma electoral, el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, explicó que el fondo del asunto es el alto costo de las elecciones y el sistema electoral.
En una columna publicada en el diario Milenio, titulada “La necesaria reforma electoral”, Ricardo Monreal precisa: “El alto costo de las elecciones es el quid y la litis del asunto”, pues las elecciones federales y locales en México son las “más caras del mundo”, con un costo per cápita del sufragio con grandes disparidades y desigualdades, en estados donde se distinguen además por enormes carencias sociales.
Para sustentar su aseveración, el legislador desglosa el costo del sufragio en algunos estados como Tlaxcala, donde -asegura- el costo del sufragio por votante es de 663.91 pesos; en Sonora llega a los 501.54 pesos; en Campeche a los 490.54 pesos, y en Michoacán a los 380.44 pesos.
Además, argumenta que el presupuesto de las elecciones federales y locales del pasado 6 de junio ascendió en total a 44 mil 907 millones de pesos.
Para la organización de los comicios, el INE recibió 12 mil 367 millones de pesos; para prerrogativas federales para los partidos se destinaron 7 mil 226 millones de pesos; para el Tribunal Electoral Federal fueron 3 mil 030 millones de pesos, dice Monreal.
Mientras que el presupuesto de los 32 OPLE fue de 11 mil 932 millones de pesos; para prerrogativas a partidos locales en las 32 entidades, 6 mil 817 millones, y el presupuesto de los 32 tribunales electorales locales sumó 3 mil 532 millones de pesos.
Aunado a ello, según Monreal, el Instituto Nacional Electoral es también la institución que concentra el mayor número de servidores públicos mejor pagados en toda la administración pública federal, estatal, descentralizada y de órganos constitucionales autónomos.
“Por ejemplo, 125 funcionarias y funcionarios ganan más que el presidente de la República, lo que ha ocasionado cuestionamientos frecuentes por parte de éste. No hay paralelo con los ingresos de funcionarios electorales de otros países”, acusa.
Por ello, de acuerdo con el morenista, “la reforma electoral que exige la ciudadanía es una que reduzca el costo fiscal de los comicios, las prerrogativas entregadas a los partidos, el número de legisladoras y legisladores federales y locales, así como sus salarios y, en general, el riesgo sistémico que representa tener elecciones caras en medio de una sociedad con carencias endémicas”.
Monreal afirma que la reciente crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de que una mayoría de cinco magistraturas estimó que su presidente debía ser removido del cargo, puso de relieve una reforma a fondo de los órganos electorales, del financiamiento de los comicios, de las reglas de operación de la estructura electoral, del papel de los partidos políticos y hasta de los esquemas de integración de las cámaras de representantes.
