Exportaciones trimestrales de las entidades EL APUNTE

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Filosofía y medicina

Eugenio Herrera Nu O

INEGI reportó las exportaciones manufactureras hasta el cuarto trimestre de 2022, por sector de actividad económica, mismas que representaron 90 % del valor total de las exportaciones de las entidades federativas, seguidas de las de minería (petrolera y no petrolera), con 6.8 % y las del sector agropecuario, con 3.2 por ciento. A tasa anual, el valor de las exportaciones de las entidades federativas se incrementó un 11.8 por ciento. Por sectores económicos, las exportaciones de manufacturas aumentaron 13.6 %, las agropecuarias, 1 % y las de minería disminuyeron 2.9 por ciento.

Destacan las exportaciones de fabricación de equipo de transporte, que representaron 37.1 % del valor total. Siguieron la fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equi- pos, componentes y accesorios electrónicos, con 18.7 %; Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica, con 5.9 % y Extracción de petróleo y gas, con 5 por ciento. Por su parte, las exportaciones del subsector Agricultura contribuyeron con 2.8 por ciento. En conjunto, los cinco subsectores sumaron 69.5 % de las exportaciones totales de las entidades.

Los estados con mayor participación en el valor de las exportaciones en el subsector Fabricación de equipo de transporte fueron: Coahuila de Zaragoza, Guanajuato, Nuevo León, Chihuahua y Puebla. En conjunto, sumaron 61.2 % de las exportaciones registradas en el subsector.

En el cuarto trimestre de 2022, los estados con mayor contribución al valor total de las exportaciones fueron: Chi- huahua (14.8 %), Coahuila (12.5 %), Baja California (10.7 %), Nuevo León (9.5 %) y Tamaulipas (6.3 %). En conjunto, estas entidades sumaron 53.8 por ciento.

En su comparación anual, las cinco entidades con mayores incrementos en el valor de sus exportaciones fueron: Hidalgo, con un alza de 48 %; San Luis Potosí, 43 %; Colima, 39.4 %; Puebla, 37.8 %, así como Nayarit, con 37.5 por ciento.

Las entidades de El Bajío, particularmente las más dedicadas a la industria manufacturera, presentaron una baja sensible en sus exportaciones durante la pandemia; siendo particularmente notable en el caso de Guanajuato; San Luis Potosí y Aguascalientes tuvieron un comportamiento semejante a la baja y ahora al alza, aunque Aguascalientes aún sin llegar a tomar sus valores prepandémicos a diferencia de San

Luis que ya recuperó los iniciales. El país se encuentra una tercera parte por arriba de sus exportaciones del primer trimestre del 2020, a diferencia de El Bajío que registra sólo el 30% y una participación de la quinta parte de las exportaciones totales nacionales.

La publicación de la OMC titulada “Incorporar el comercio para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible” muestra que mediante la puesta en marcha y la aplicación de reformas comerciales a favor del crecimiento y el desarrollo y la continua promoción de relaciones comerciales estables, previsibles y equitativas en todo el mundo, puede desempeñar un papel importante en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal como lo hizo anteriormente con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

SEGALMEX debe informar sobre recuperación de 950 millones de pesos invertidos en certificados bursátiles

La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades y pagos sin soporte documental de productos de la canasta básica: Blanca Lilia Ibarra Cadena

INAI

Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) debe dar a conocer los documentos que comprueben la recuperación del 100 por ciento de los recursos empleados para la compra de certificados bursátiles en 2020 y 2021, por las sumas de 850 millones de pesos y 100 millones de pesos, instruyó el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su sesión del pasado 30 de marzo.

Al presentar el asunto, la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, recordó que la finalidad de SEGALMEX es garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, especialmente para las niñas, niños y adolescentes, pero también para los grupos vulnerables.

“No obstante, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades relacionadas con la adquisición y pagos sin soporte documental de productos de la canasta básica, como: maíz, frijol y leche, correspondientes a la cuenta pública 2020 y 2021, así como la inversión de recursos financieros provenientes de las entidades encargadas de garantizar el derecho a la alimentación”, expuso.

Ibarra Cadena refirió que en los dictámenes de dos auditorías de cumplimiento se menciona que Liconsa y Diconsa invirtieron 850 millones y 100 millones de pesos, respectivamente, en Certificados Bursátiles Fiduciarios Privados, de los cuales, SEGALMEX no tuvo control directo.

“Lo anterior, en contravención a los lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, que dictan que éstas solo podrán realizar inversiones bajo supuestos específicos y donde no se pierda el control directo”, apuntó.

En este contexto, una persona requirió a SEGALMEX la documentación que dé constancia de la recuperación del 100 por ciento de los recursos destinados a la compra de Certificados Bursátiles durante el año 2020, por 850 millones de pesos, y 100 millones de pesos en 2021.

El sujeto obligado, por conducto de su Unidad de Administración y Finanzas, sólo entregó una tabla con los movimientos de los recursos sobre los montos de 100 millones de pesos utilizados en la adquisición de Certificados Bursátiles en 2021, con motivo de la celebración de un contrato de intermediación bursátil.

Ante esta respuesta, la persona solicitante interpuso un recurso de revisión en el que se queja de la entrega de información que no corresponde con la solicitada.

En el análisis del caso, la ponencia de la comisionada presidenta advirtió que el sujeto obligado turnó la petición a un área competente: la Unidad de Administración y Finanzas que es la encargada de controlar la disponibilidad, el manejo y el registro de los recursos financieros de SEGALMEX.

No obstante, la información proporcionada por esta Unidad solo enlista los movimientos realizados con los 100 millones de pesos empleados para la compra de Certificados Bursátiles en 2021, pero no demuestra la recuperación de estos recursos ni confirma la devolución efectiva de éstos a alguna cuenta bancaria habilitada por el sujeto obligado para esos efectos.

Además, la ponencia identificó otra área competente para conocer lo solicitado: la Dirección General, ya que la solicitud, está relacionada con lo manifestado por el titular de SEGALMEX en una mesa de trabajo de carácter público, quien aseveró que se recuperó la totalidad de los recursos utilizados para la compra de certificados bursátiles en 2020 y 2021, por las sumas precisadas.

Por lo anterior, el pleno del INAI revocó la respuesta de SEGALMEX y le instruyó realizar una nueva búsqueda de la información solicitada en todas las áreas competentes y entregar a la persona recurrente la expresión documental que dé cuenta de la recuperación del 100 por ciento de los recursos empleados para la compra de certificados bursátiles en 2020 y 2021, por las sumas de 850 millones de pesos y 100 millones de pesos, respectivamente.

El Fiscal en Delitos Electorales, Daniel Omar Gutiérrez Ruvalcaba, señaló que el partido Revolucionario Institucional tiene una temporalidad de un año para realizar ajustes al fideicomiso “ellos tienen que hacer sus modificaciones legales ante el notario público, viendo el tema de su asociación, para que no sea el Gobierno del Estado quien le ceda gratuitamente la tenencia del bien inmueble donde actualmente se encuentran, por lo que ellos están obligados a que si quieren seguir utilizando el edificio deben de pagar una renta o en su caso comprarlo” dijo.

El Fiscal electoral explicó que fue en el año 2018 cuando se hizo una revisión del ejercicio fiscal por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y en esa revisión se advirtió que había un inadecuado manejo de los recursos del partido, “porque el edificio básicamente no había sido reportado con ningún gasto, que era parte de un fideicomiso por parte de Gobierno del Estado y Gobierno del Estado se lo cedía sin costo alguno a un banco y a su vez el banco se lo cedía sin costo alguno al partido para su utilización”.

Detalló que en ese momento lo que advirtió el INE fue que no era equitativo su gasto en relación de los demás partidos, porque ni siquiera estaban pagando impuestos, como el predial, y en ese sentido también debían gastar de su presupuesto, donde esto tenía un impacto también en los topes de campaña.

“Le dan vista a la FEPADE, pero, el organismo determina dar vista a nosotros porque es un tema local, así es como comenzamos a cono - cer más del tema y aparejadamente, tanto la Sala Regional y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación confirman la resolución y el indebido manejo de recursos partidistas del PRI” apuntó Daniel Gutiérrez. El Fiscal Electoral dijo que fue entonces cuando comenzaron a integrar la carpeta de investigación y una vez agotadas todas las líneas de investigación el Juez determinó vincular a proceso, por el delito de recibir aportaciones en dinero o en especie a favor de algún partido político, cuando existe una prohibición legal para esto.

Afortunadamente, dijo, se pudo llegar a un acuerdo reparatorio y a una suspensión condicional, “esto significa reparar el daño hecho a la sociedad y además la obligación de realizar ciertas condiciones para que el proceso penal se suspenda” indicó.

Añadió que lo relevante del caso es que en el acuerdo reparatorio se logró una reparación del daño hacía al estado y a la sociedad por 695 mil pesos, dinero que ya fue pagado y que se encuentra en la Secretaría de Finanzas, a fin de que sea destinado para fines sociales y así redituarle a la ciudadanía lo que en el ejercicio 2018 no tuvieron oportunidad de tener como ciudadanos. Daniel Gutiérrez hizo hincapié en que tiene que haber una modificación en el fideicomiso para evitar que se siga gozando de manera gratuita de un bien inmueble y que se siga omitiendo el pago de algunos impuestos, precisando que no son trámites rápidos “por eso se les da un año para hacer los trámites legales, con el fin de que ahora tengan que pagar una renta que va a servir a beneficio a la ciudadanía” concluyó.

Lo que nos enfrentamos en el tema digital es a una falta de conocimiento de cómo funcionan las plataformas y sobre cómo protegernos, donde los menores de edad piensan que saben mucho más en el tema tecnológico que los adultos, sin embargo, ellos al consumir y al dar más información, lo que hacen es acelerar los servidores de internet que no tienen ningún mecanismo de protección a menores de edad, señaló la coordinadora del C5i, Michelle Olmos, al dar a conocer el programa Escuela Cibersegura de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

El programa tiene como objetivo capacitar a alumnos, padres de familia y a las autoridades educativas en el tema de acoso cibernético, así como detectar anuncios maliciosos enfocados a menores de edad a fin de tomar sus datos personales o bancarios.

Las autoridades en seguridad se apoyan con la conformación de comités de alumnos, estudiantes que trabajan de manera cercana con las autoridades para detectar situaciones de riesgo en las escuelas.

Este programa surgió debido a que se detectó que nuestro estado ocupaba los primeros lugares a nivel nacional en el tema de ciberacoso, donde las mujeres estaban siendo demasiado expuestas, pero, un foco de riesgo importante eran también los menores de edad.

“Los menores suben fotografías, datos personales y ellos creen que se borran, pero en la realidad es que las bases de datos que más buscan los criminales son este tipo de información. Se ponen en riesgo no solamente en el tema de ciberacoso, sino que son presas de las bandas delictivas” señaló la coordinadora del C5i.

Explicó que mediante el ciberpatrullaje preventivo se han podido identificar cualquier tipo de retos de Tiktok, anuncios de Facebook donde los enganchan y les piden enviar fotografías de su casa, del vehículo, de la licencia, recibos y les dicen que es para generar bases de datos, pero, después pasan a las tarjetas de crédito y se hacen cargos e incluso, instruyen a los menores sobre cómo borrar esos datos.

En relación a lo que pasa dentro de las escuelas, Michelle Olmos, señaló que el tema que les preocupa es que los menores de edad mandan fotografías de desnudos parciales o totales a sus parejas y es una práctica que los estudiantes creen que es inofensiva y que no va a pasar nada, pero cuando las parejas terminan suben las fotos a grupos de WhatsApp o a grupos de Telegram.

“Nosotros que estudiamos este fenómeno vimos que había demasiado contenido, que las plataformas tecnológicas cuando son menores de edad lo califican como pornografía, porque no hay otro termino digital para mencionarlo y esas fotografías se van a un servidor y entonces empieza una viralización de estas fotografías y no hay instancia internacional o a nivel nacional que pueda eliminarlas” indicó.

Dijo que esta práctica se llama sexting, pero, el sexting no existe en el Código Penal, por eso se basa todo en el ciberacoso, aunque sean diferentes modalidades, donde este tipo de violencia digital pega más en el tema psicológico y en el tema sexual.