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PESOS
Profesionalización de jueces y magistrados es esencial ante la figura de la prisión preventiva oficiosa
Gabriel Soriano
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Es necesario que se elimine la figura de la prisión preventiva oficiosa y que también haya una constante profesionalización de jueces y magistrados para que, en caso de requerirlo, se puedan aplicar otras medidas cautelares que no resulten violatorias a los derechos humanos.
Ayer, tras varios días de discusión pública, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se retiró la ponencia con la que se buscaba invalidar la prisión preventiva con el fin de integrar las diversas opiniones al proyecto y fortalecer una postura que favorezca a la ciudadanía, a los sectores más vulnerados y evite un aumento de los delitos.
El diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada, integrante de la Comisión de Justicia, consideró que debe eliminarse la prisión preventiva oficiosa pues, en muchos de los casos, ha sido un atentado contra los derechos humanos e impide que los sectores más vulnerados puedan tener un acceso a la justicia de manera pronta.
Debe haber un proceso constante de profesionalización de los jueces para que se apliquen medidas cautelares que resulten más eficientes y no sean violatorias a los derechos humanos de quienes son los presuntos culpables en la comisión de un delito.
Aunque esta propuesta ya fue retirada, señaló que es importante que se genere una mayor eficiencia en el poder judicial y las fiscalías para que puedan resolver con prontitud los procesos que tienen abiertos y tengan consideración en los contextos en los que se vive cada persona imputada.
Sobre la figura de la prisión preventiva oficiosa, agregó que esta figura pudiera ser utilizada con fines políticos, esto porque el peculado se encuentra entre los delitos que ameritan este tipo de medida cautelar.
Cuauhtémoc Escobedo Tejada | Foto Congreso del Estado
En 2021 aumentaron las víctimas de la delincuencia, revela encuesta del Inegi
/ Juan CarloS Cruz VarGaS
La estrategia de pacificación del país por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha sido efectiva, al menos en las cifras:
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2021, a nivel nacional, se estimaron 22.1 millones de víctimas de la delincuencia, cifra superior a los 21.2 millones registrados en el 2020.
Dicho de otra forma, la tasa de víctimas de la violencia ascendió a 24 mil 207 mexicanos por cada 100 mil habitantes, mientras en el 2020, el porcentaje correspondía a 23 mil 520 por cada 100 mil personas.
La inseguridad continúa siendo la principal preocupación de los mexicanos, seguida por el aumento de precios, el desempleo, la salud, la pobreza, escasez de agua y la corrupción.
En la numeralia, las mujeres continúan siendo vulnerables en el contexto de violencia en el país:
La encuesta contabilizó 10 delitos sexuales cometidos a mujeres por un delito sexual cometido a hombres. De hecho, la tasa de incidencia fue de tres mil 935 delitos por cada 100 mil mujeres, cifra estadísticamente superior a los tres mil 140 delitos estimados en 2020.
En el 2021, los principales delitos cometidos a nivel nacional fueron el robo o asalto en la calle o transporte público, con el 21.4% del total; seguido por el fraude, con el 19.2%; la extorsión, 17.5%; robo total y parcial del vehículo, 10.8%; amenazas verbales, 9.2%; además del robo en casa habitación; lesiones y otros delitos.
De acuerdo con el Inegi, en 2021, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 278.9 mil millones de pesos. Lo anterior se traduce en 1.55% del Producto Interno Bruto (PIB).
Por persona, la ENVIPE estima que el costo por la inseguridad y la violencia asciende a siete mil 147 pesos.
De hecho, las medidas preventivas como cambiar y colocar cerraduras y candados, cambiar puertas o ventanas, realizar acciones conjuntas con los vecinos, colocar bardas o rejas, o de plano comprar un perro guardián, representaron un gasto estimado para los hogares del orden de los 104.6 mil millones de pesos.
Lo anterior sin contar con las pérdidas por victimización representaron 174.4 mil millones de pesos. Por ejemplo, las víctimas de robo total de vehículo tuvieron una pérdida promedio de 31 mil 177 pesos; mientras que las personas que sufrieron fraude perdieron, en promedio, nueve mil 684 pesos.
Pese al grave entorno de inseguridad, “la cifra negra” o los delitos que no se denuncian son altos, porque las víctimas consideraron que es “una pérdida de tiempo” y por la “desconfianza en las autoridades”, además de los trámites largos y difíciles, así como la actitud hostil de la autoridad.
Como resultado, señaló la ENVIPE, en 2021, del total de delitos, solo 10.1% se denunció.
El Ministerio Público o Fiscalía estatal iniciaron una carpeta de investigación en 67.3 % de estas denuncias, cifras estadísticamente iguales a las registradas en 2020. Lo anterior implica que 93.2 % de delitos no se investigó. El porcentaje es muy similar al que se presentó en 2020 (93.3 por ciento).
Con lo anterior, se tiene que, en 2021, la cifra negra en México fue de 93.2%.
