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Miércoles, 7 de julio de 2021 DiarioLibre.
JCE solicitó al PE partida por RD$2,069 millones
JOSÉ ARIAS
Denuncia unos 12 mil cerdos en ZF mueren
Déficit afectaría soberanía y vulnerabilidad ante hackeos FUENTE EXTERNA
Yamalie Rosario Redactora Senior
SD. La Junta Central Electo-
ral (JCE) solicitó al Poder Ejecutivo una asignación complementaria en el Presupuesto General del Estado ascendente a RD$2,069 millones, que incluye la cobertura del déficit presupuestario que enfrenta por RD$720 millones. Según lo expresado por el presidente del órgano electoral, Román Jáquez, ese déficit presu- puestario no solo debe preocupar a la JCE sino a todo el país porque “cuando se constriñe el registro civil, se constriñe la soberanía nacional”. Al ser entrevistado por los periodistas sobre el tema, el presidente de la JCE recordó que el trabajo de ese órgano no es sólo electoral porque su labor comienza antes del nacimiento de una persona, con el matrimonio, hasta más allá de la muerte. “Nosotros tenemos un acuerdo con la OEA (Organización de Estados Americanos) para poder estar certificados en ciberseguridad y en seguridad de la información para finales del 2022 o principios del año 2023, lo que evitaría cualquier tipo de hackeo a procesos tecnológicos de trans-
Román Jáquez, presidente de la Junta Central Electoral (JCE).
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La petición de recursos A través de una carta remitida el pasado 18 de junio al presidente, Jáquez expresa que tienen proyectos por RD$1,349 millones. Dice éste se considera un año preelectoral con miras al 2024 y que sería un error dejar para cerca de los comicios los trabajos a realizar. La JCE solicitó RD$7,177 millones y recibió RD$3,251 millones, un 44% menos.
misión de datos o lo que decida la JCE, en manomunidad con los partidos políticos”, reveló. Otra advertencia que hizo Jáquez es que la falta de recursos económicos ocasionará un retraso semestral en los trabajos, razón por la que ese organismo no estaría en condiciones de auditar con la Certificación ISO los procesos electorales. También, precisó que la situación afecta la ejecución de unos 30 proyectos y contribuiría a aumentar el subregistro de nacimiento en el país. Además, dijo que pone en riesgo el proyecto ETLA y la reestructuración de Juntas Electorales.
SD. El vocero del Bloque
de senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, denunció que más de 12 mil cerdos han muerto en la zona fronteriza sin que las autoridades hayan adoptado medidas. Preocupado por esa situación, el legislador presentó un proyecto de resolución a través de la cual el Senado solicitaría al Ministerio de Agricultura intervenir de emergencia las provincias de Dajabón, Elías Piña y Montecristi para determinar la enfermedad que afecta a esos porcinos. Pidió prevenir el desarrollo de esa enfermedad, establecer protocolos de bioseguridad adecuados y evitar que esos cerdos sean consumidos por la población.
0 Lorenzo, senador por Elías Piña, espera la intervención de las autoridades en la frontera.
Código Penal Por otro lado, el Senado conformó ayer una comisión especial para estudiar el proyecto de ley del Código Penal, que ha sido objeto de cuestionamientos por sus últimas modificaciones en torno a la exclusión del delito por la discriminación de las personas por su orientación sexual o género, entre otros. Esa iniciativa fue aprobada la semana pasada en segunda lectura en la cámara baja.
Prestaciones Ayer, la sesión del Senado fue suspendida por falta de quórum, tras el retiro de los senadores del PLD y de la FP, quienes propusieron interpelar al ministro de Administración Pública, Darío Castillo, por la falta del pago de las prestaciones laborales de cientos de empleados desvinculados.
Sede del Conani en la avenida Máximo Gómez.
Libertad a 10 de 13 empleadas Conani acusadas maltratos Sacerdote Alfredo Rosario Paulino cree acusación es un malentendido Edward Fernández LA VEGA. Un juez de las Oficinas Judiciales de Atención Permanente del distrito judicial de esta ciudad dispuso la libertad, pura y simple, de 10 de 13 empleadas de una casa de acogida del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), en el municipio de Jarabacoa, acusadas de actos de barbarie, abuso físico y psicológico en contra de 28 niñas. Mientras, contra Carina Mateo, Rosa Iris Sánchez Payano y María Mercedes Peña Ramírez el tribunal impuso medida de coerción consistente en presentación periódica ante la fiscalía. En tanto, María Claribel Adames, Marlen Cristina Walter Ángeles, Lucrecia Mercedes Espinal Flores, Dilenia del Carmen de León Bidó, Teresa Antonio Betances Mejía, Rosa Anneris Hernández de Sánchez, María Cristina Pérez de Alonso, y sobre Kenibel Frías Reyes la sala rechazó una solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público. El grupo es acusado de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano que castiga los actos de barbarie y el abuso físico y psicológico en perjuicio de 28 menores de edad. Según el expediente, las empleadas de Conani supuestamente amarraban a las menores de edad con sogas en las camas. Las niñas alegada-
mente no recibían una alimentación adecuada y balanceada. La audiencia, que se inició en horas de la mañana del lunes, se extendió hasta las nueve de la noche. A las instalaciones del Palacio de Justicia se presentaron decenas de personas en apoyo a las imputadas. El sacerdote católico Alfredo Rosario Paulino entiende que la acusación en contra de las 13 empleadas de la casa de acogida del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia se trata de un mal entendido. “Existe la injusticia humana, por eso estamos aquí como iglesia dando apoyo masivo a esas mujeres”, declaró el religioso. Tras el dictamen, algunas de las diez beneficiadas con la libertad pura y simple lloraron y celebraron junto a amigos y familiares a las fueras del Palacio de Justicia.
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Es un problema heredado En una declaraciones ofrecidas a Diario Libre, a final del pasado junio, la presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (Conani), Paula Disla, dijo que la situación de maltrato físico y psicológico de que fueron objeto varias menores de edad en el hogar de paso del municipio de Jarabacoa, de la provincia La Vega fue una problemática heredada de las pasadas autoridades.
