Evaluaciones del desempeño ambiental de la OCDE
Colombia 2026
ASPECTOS DESTACADOS
Evaluaciones del desempeño ambiental de la OCDE
LA OCDE
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ofrece a sus 38 países miembros un foro para colaborar en la elaboración de políticas más eficaces para una vida mejor. Nos basamos en más de 60 años de experiencia para diseñar políticas que fomenten la prosperidad y las oportunidades, basadas en la igualdad y el bienestar. Trabajamos estrechamente con los responsables políticos, las partes interesadas y la ciudadanía para establecer estándares internacionales basados en la evidencia y encontrar soluciones a los desafíos sociales, económicos y ambientales. La Organización ofrece un espacio donde los gobiernos pueden comparar experiencias políticas, buscar respuestas a problemas comunes, identificar buenas prácticas y coordinar políticas nacionales e internacionales.
¿QUÉ SON LAS EDA?
Las Evaluaciones de Desempeño Ambiental (EDA) de la OCDE ofrecen análisis y evaluaciones basados en evidencia del progreso de los países hacia sus objetivos de política ambiental. Promueven el aprendizaje entre pares, mejoran la rendición de cuentas de los gobiernos y brindan recomendaciones específicas para ayudar a los países a mejorar su desempeño ambiental. Se basan en una amplia gama de datos económicos y ambientales. En los últimos 30 años, la OCDE ha realizado más de 100 EDA de sus miembros y países socios seleccionados.
Todos los informes y más información están disponibles en el sitio web del programa EDA: http://oe.cd/epr.
EL SEGUNDO EDA DE
COLOMBIA
Este es la segunda Evaluación de Desempeño Ambiental (EDA) de Colombia. Examina el desempeño ambiental del país desde la revisión anterior en 2014. Esto incluye las acciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el gobierno central, así como las de otras autoridades gubernamentales pertinentes, la sociedad civil y las empresas. El proceso implicó un diálogo político constructivo y mutuamente beneficioso entre Colombia y los países participantes en el Grupo de Trabajo sobre Desempeño Ambiental (WPEP) de la OCDE. La OCDE agradece a los revisores de Costa Rica y Noruega.
INDICADORES AMBIENTALES CLAVE 2024 (o último año disponible)
Intensidad de GEI – emisiones de GEI per cápita
3,6 tCO2 eq . per cápita (el promedio de la OCDE es 10,4)
Intensidad energética – Suministro total de energía per cápita
0,9 tep per cápita (el promedio de la OCDE es 3,7)
Energías renovables (% del suministro total de energía) 24% (el promedio de la OCDE es 13)
Exposición media de la población a PM2,5 14 μg /m3 (el promedio de la OCDE es 12)
Residuos municipales per cápita 469 kg per cápita (el promedio de la OCDE es 552)
Productividad de materiales (USD, PPA de 2020/Consumo interno de materiales, kg)
2,3 USD/kg (el promedio de la OCDE es 2,9)
Tratamiento de aguas residuales (% de la población conectada al menos a un tratamiento secundario)
7,5% (promedio de la OCDE n.d. )
Superficie forestal (% superficie terrestre) 53% (el promedio de la OCDE es 33)
Porcentaje de emisiones de CO2 con un precio superior a 60 EUR/ tCO2 1% (el promedio ponderado de la OCDE es 23)
Impuestos ambientales
(% de los ingresos fiscales totales)
2,8% (el promedio de la OCDE es 4,3)
Stock de vehículos
12 carros/100 habitantes (el promedio de la OCDE es 51)
* Nota: cifras redondeadas.
La EDA contiene 46 recomendaciones. El WPEP debatió y expresó su apoyo a la evaluación y recomendaciones el 7 de octubre de 2025.
La evaluación se basa en información y datos disponibles hasta septiembre de 2025.
Colombia
Resumen
Colombia es una economía diversa y rica en recursos que aspira a ser “una potencia mundial de vida”, basando su modelo de desarrollo en la sostenibilidad, la inclusión social y la conservación de su excepcional biodiversidad. Como una de las economías más grandes de América Latina, Colombia ha mantenido un sólido crecimiento durante la última década, en línea con las tendencias regionales y globales, salvo por la interrupción temporal causada por la pandemia de COVID-19. A pesar de su estatus de país de ingresos medio-altos, el PIB per cápita se mantiene entre los más bajos de la OCDE, y la pobreza, la desigualdad y la informalidad persisten por encima de los promedios regionales. El país enfrenta un gran déficit fiscal. Desde el Acuerdo de Paz de 2016, los esfuerzos para promover el desarrollo rural, la equidad social y el crecimiento ambientalmente sostenible están ayudando a traducir los compromisos de paz en logros tangibles, posicionando al país para lograr un crecimiento más inclusivo y resiliente a largo plazo.
Entre 2010 y 2021, varias presiones ambientales continuaron aumentando, aunque a un ritmo menor que el crecimiento económico. La relativa disociación entre las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), el suministro total de energía, el consumo interno de materiales y la mayoría de las emisiones de contaminantes atmosféricos del crecimiento del PIB es una señal prometedora. No obstante, se requieren mayores esfuerzos para mejorar la calidad del aire, fortalecer la gestión de residuos y ampliar el acceso al agua potable y al saneamiento. El país se ha fijado ambiciosos objetivos climáticos, que incluyen una reducción del 51 % en las emisiones de GEI para 2030, en comparación con el escenario actual, y cero emisiones netas para 2050. Lograrlo requiere una reducción drástica de las emisiones mediante la rápida implementación de medidas de mitigación adicionales.
A pesar de los avances hacia una energía más limpia, la economía sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles, los cuales siguen sustentando los ingresos fiscales. El país ha fortalecido su capacidad de adaptación climática y ha ampliado la participación de la sociedad civil en la conservación de la biodiversidad. Se han logrado avances en la desaceleración de la deforestación y la reducción de las actividades ilegales que impulsan la pérdida de biodiversidad. Se requieren esfuerzos sostenidos para integrar la biodiversidad en todos los sectores y alinear los objetivos socioeconómicos, climáticos y de biodiversidad para un crecimiento inclusivo y resiliente.
COLOMBIA 2024 (o último año disponible)
Población: 52,9 millones
PIB per cápita: USD 16 700 (paridades de poder adquisitivo actuales) (el promedio de la OCDE es 61 300)
Superficie total del territorio: 1 141 000 km2
Densidad de población: 47 habitantes/km² (el promedio de la OCDE es 39)
Moneda: Peso Colombiano (COP): USD 1 = COP 4 074
* Nota: cifras redondeadas.
EVALUACIÓN
Principales recomendaciones Abordar los principales desafíos ambientales
CAMBIO CLIMÁTICO
• Desarrollar, adoptar y actualizar periódicamente con rapidez los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales (PIGCCS), con medidas suficientes para cumplir los objetivos de las NDC.
• Fortalecer la implementación del requisito legal de integrar los riesgos relacionados con el clima en los planes territoriales y de desarrollo.
• Impulsar la Hoja de Ruta de la Transición Energética mediante el establecimiento de objetivos sectoriales para reducir las emisiones y la dependencia de los combustibles fósiles, comprometerse con una fecha clara para abandonar el carbón, establecer objetivos a mediano plazo para las energías renovables no convencionales, acelerar la eficiencia energética y la electrificación, y mejorar la participación de la comunidad y la distribución de beneficios.
• Acelerar los esfuerzos para la transición hacia una movilidad urbana sostenible mejorando la conectividad del transporte, así como impulsando y ampliando su electrificación y promoviendo la movilidad activa.
GESTIÓN DE RESIDUOS
• Fortalecer los sistemas de gestión de residuos ampliando la cobertura a zonas rurales y desatendidas y actualizando las estructuras tarifarias. Reforzar la aplicación de la normativa para frenar la eliminación ilegal de residuos y garantizar opciones de tratamiento adecuadas. Ampliar los sistemas de responsabilidad extendida del productor y los instrumentos económicos para apoyar los objetivos de la economía circular.
AGUA
• Fortalecer la aplicación de las normas de calidad del agua; establecer requisitos mínimos para la reutilización de aguas residuales y regulaciones exigibles para sistemas de drenaje urbano sostenibles.
• Movilizar la inversión en infraestructura resiliente al clima para el abastecimiento de agua, el saneamiento y el tratamiento de aguas residuales. Reformar los subsidios según el estrato socioeconómico para optimizar la focalización del apoyo.
MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE GOBERNANZA Y GESTIÓN
• Concluir con celeridad las reformas para ampliar el régimen de licencias ambientales a fin de cubrir actividades con un riesgo ambiental potencialmente alto y abordar las deficiencias en los proyectos de legado de gran escala. Establecer un requisito legal claro para las evaluaciones ambientales estratégicas.
• Adoptar permisos basados en MTD con límites de emisiones, requisitos técnicos y obligaciones de monitoreo, actualizando las normas periódicamente.
ECOLOGIZAR LOS SISTEMAS FISCALES Y ALINEAR LAS FINANZAS CON LOS OBJETIVOS CLIMÁTICOS
• Fortalecer la tributación relacionada con el medio ambiente, agilizar los incentivos fiscales verdes y eliminar gradualmente los subsidios perjudiciales para el medio ambiente como parte de una reforma fiscal integral.
• Seguir adelante con la eliminación gradual de los subsidios al diésel, sustituir los descuentos en los precios de la energía con transferencias de efectivo sujetas a prueba de medios y mejorar la identificación de los beneficiarios vulnerables.
• Aumentar la tasa del impuesto al carbono y restringir las opciones de compensación en el marco del mecanismo de no causación; garantizar la transparencia en el seguimiento y la presentación de informes sobre las emisiones, y coordinar el impuesto al carbono, el futuro sistema de comercio de emisiones y los mecanismos de compensación.
• Vincular los impuestos vehiculares a la eficiencia del combustible y las emisiones. Eliminar las exenciones fiscales para vehículos antiguos y, a medida que el mercado de vehículos eléctricos (VE) madure, trasladar los subsidios de los vehículos privados a la infraestructura de carga, la electrificación del transporte público y la renovación del transporte de carga.
• Mejorar la calidad, la cobertura y la accesibilidad de los datos de seguimiento, presentación de informes y verificación (MRV) sobre las inversiones que apoyan o socavan los objetivos climáticos.
• Desarrollar metodologías para recopilar y publicar estadísticas sobre instrumentos financieros verdes, como deuda, préstamos, capital y fondos de inversión. Ampliar la divulgación obligatoria de métricas cuantitativas relacionadas con el clima.
• Revisar el impacto de las políticas del sector financiero sobre el clima y los objetivos financieros, comenzando con una evaluación de la Taxonomía Verde de Colombia.
CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD
• Mejorar la gestión sostenible de la pesca, los bosques y el uso de la tierra mediante una aplicación más estricta de la normativa, el control de la sobreexplotación y la contaminación, y la adaptación basada en los ecosistemas.
• Reforzar la acción contra las actividades ilegales que provocan la deforestación y la pérdida de biodiversidad.
• Promover una mayor integración entre las políticas sobre el clima, la desertificación y la biodiversidad, alineando objetivos e indicadores e incorporando el clima y la biodiversidad en los planes de uso del suelo y las políticas sectoriales.
• Ampliar la restauración y conservación ecológica, priorizando los ecosistemas subrepresentados y altamente amenazados, mejorar la conectividad del paisaje, e integrar la biodiversidad en los procesos de paz.
• Desarrollar sistemas sólidos de reporte, monitoreo y evaluación para los programas de pago por servicios ecosistémicos a fin de mejorar la focalización, alinear el financiamiento con los costos de oportunidad locales, garantizar la integridad ambiental y mejorar la coordinación con REDD+. Fortalecer la normativa REDD+ para garantizar la rendición de cuentas, las salvaguardias sociales y ambientales, y el consentimiento libre, previo e informado.
• Fortalecer la supervisión de las compensaciones de biodiversidad para garantizar la equivalencia ecológica y la permanencia.
• Acelerar la implementación del Catastro Multipropósito para mejorar los datos sobre tenencia de la tierra, avanzar en la delimitación de fronteras agrícolas y fortalecer la integración de la planificación del uso de la tierra en todos los niveles.
• Desarrollar una estrategia financiera integral para implementar el Plan de Acción de Biodiversidad 2030, desarrollando aún más instrumentos financieros innovadores.
Hacia un desarrollo sostenible
DESEMPEÑO AMBIENTAL: TENDENCIAS PRINCIPALES
Colombia está construyendo una base más sólida para la adaptación climática, pero su implementación desigual debilita la resiliencia. Se ha desarrollado un conjunto integral de indicadores cuantitativos y cualitativos para monitorear el progreso en materia de adaptación. Se han elaborado planes sectoriales de adaptación para varios sectores clave, pero otros aún carecen de ellos. A pesar de los requisitos para integrar los riesgos climáticos en los planes territoriales y de desarrollo, la implementación por parte de las autoridades locales sigue siendo desigual, lo que debilita la resiliencia al cambio climático. Ampliar y optimizar la financiación para la adaptación es fundamental: la inversión actual cubre solo alrededor de un tercio de las necesidades estimadas, y la financiación no se ajusta adecuadamente a la vulnerabilidad de los departamentos.
Los ambiciosos objetivos de mitigación contrastan con el aumento de las emisiones; se necesitan urgentemente medidas aún más contundentes. El país ha establecido objetivos ambiciosos para reducir las emisiones de GEI en un 51% con respecto a los niveles habituales para 2030 y alcanzar cero emisiones netas para 2050. El marco político e institucional para abordar el cambio climático se ha fortalecido progresivamente. Sin embargo, las emisiones
siguen aumentando (Gráfico 1), impulsadas principalmente por la deforestación, la agricultura y el transporte. Alcanzar los objetivos climáticos requerirá fuertes reducciones anuales y medidas adicionales. Existen planes climáticos sectoriales y territoriales para la mayoría de los sectores y casi todas las regiones, pero se necesitan actualizaciones y una cobertura más amplia para acelerar el progreso.
Cumplir con los objetivos climáticos requiere revertir la deforestación, reducir las emisiones agrícolas y acelerar la transición hacia energías limpias. La deforestación ha disminuido desde 2017 y alcanzó un mínimo histórico en 2023. Sin embargo, el reciente aumento exige reforzar las medidas existentes. Las emisiones procedentes de la agricultura siguen aumentando, siendo la ganadería responsable de la mayor parte. El progreso en la implementación de una agricultura climáticamente inteligente ha sido lento. Colombia ha asumido compromisos ambiciosos para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y promover una transición energética justa. Si bien el país tiene una proporción relativamente alta de energías renovables (el doble del promedio de la OCDE) gracias a la energía hidroeléctrica, su alto potencial para las energías renovables no convencionales permanece en gran medida sin explotar.
Gráfico 1. Colombia ha aumentado su ambición de mitigación climática, pero las emisiones siguen aumentando Emisiones históricas de GEI, objetivos, proyecciones y trayectorias indicativas hacia los objetivos, 1990-2050
GEI, incl. UTCUTS
GEI, incl. UTCUTS trayectoria hacia metas
GEI, excl. UTCUTS
Escenario de referencia
Cambio en el uso del suelo*
Escenario de mitigación
Meta 2035 NDC 3.0: 155-161 Mt CO2e
Meta 2030 NDC 2.0: 169.44 Mt CO2e
Carbono cero 2050
Nota: GEI = gas de efecto invernadero; UTCUTS = uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura. (*) Las emisiones derivadas del cambio de uso de la tierra incluyen todas las conversiones, excepto las destinadas a bosques. El escenario de referencia se basa en las estimaciones del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) del BUR2 para el período 2010-2014. Las iniciativas de reducción de emisiones iniciadas antes del 1 de enero de 2015 se consideran parte del escenario de referencia. El escenario de mitigación abarca 44 medidas.
Fuetes: Gobierno de Colombia (2020), Actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Colombia; Correa-Laguna et al. (2021), Emisiones de GEI de Colombia Reducción Escenario : Representación completa de los sectores energético y no energéticos en LEAP; IDEAM (2024), Inventario Nacional de Emisiones y Remociones de GEI (1990-2021), Primer Informe Bienal de Transparencia; Gobierno de Colombia (2025), Contribución Determinada a Nivel Nacional NDC 3.0 : Transformaciones para la vida.
La contaminación atmosférica sigue representando una importante carga económica y para la salud pública. Se ha avanzado en la reducción del número de municipios que superan las normas nacionales de PM2,5, la aplicación de la Política de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica y la disminución de la contaminación en interiores causada por la quema de leña en zonas rurales. Sin embargo, las emisiones totales de contaminantes atmosféricos aumentaron entre 2015 y 2021, especialmente las de CO y compuestos orgánicos volátiles no metánicos, siendo la quema de combustibles, en particular el transporte, la principal fuente. La aplicación de las políticas de calidad del aire sigue siendo desigual, limitada por dificultades institucionales, financieras y de capacidad. La ampliación de los sistemas de vigilancia y la actualización de las normas para que converjan con los puntos de referencia internacionales y las mejores técnicas disponibles (MTD) son esenciales para alcanzar el objetivo de 2040 de reducir a la mitad los impactos de dicha contaminación en la salud.
A pesar de los abundantes recursos de agua dulce, la escasez y la mala calidad del agua siguen afectando a algunas regiones. La calidad del agua se ve afectada por los efluentes industriales, la escorrentía agrícola, las aguas residuales domésticas y el mercurio de la minería. La débil capacidad institucional, la superposición de responsabilidades y la aplicación limitada de la ley dificultan la implementación de un marco regulatorio integral. Las tasas por extracción y contaminación podrían incentivar un uso más eficiente del agua, pero sus bajos niveles y la limitada recaudación reducen su eficacia. El progreso para ampliar el acceso al agua potable y al saneamiento gestionados
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE COLOMBIA
de forma segura se ha estancado en la última década, alcanzando solo al 74% y al 18% de la población en 2022, muy por debajo de sus pares regionales (Gráfico 2). Las zonas rurales están particularmente desatendidas. La inversión en abastecimiento de agua y saneamiento ha disminuido desde 2012 y sigue siendo insuficiente para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La creciente generación de residuos está incrementando la presión sobre la capacidad de disposición y tratamiento de los mismos. Alrededor del 48% de los residuos sólidos se depositan en rellenos sanitarios. La recolección y separación de residuos continúan representando importantes desafíos, especialmente en las zonas rurales. Alrededor del 53% de los hogares clasifican los residuos según las normas obligatorias, pero la limitada infraestructura y la deficiente coordinación a menudo resultan en una eliminación mixta. Dado que los residuos orgánicos representan casi el 61% de los residuos sólidos urbanos, se requieren mayores esfuerzos para su gestión sostenible. Colombia ha fortalecido los sistemas de información sobre residuos, ha avanzado en programas de responsabilidad extendida del productor y ha adoptado impuestos sobre el plástico de un solo uso. Sin embargo, los sistemas de tarifas de saneamiento siguen siendo insuficientes para garantizar la sostenibilidad financiera. La ampliación del uso de instrumentos económicos podría mejorar la recuperación de costos. Los recicladores informales han ganado reconocimiento, pero sus medios de vida y el apoyo al sector necesitan mayor fortalecimiento.
Con 16% en 2022, Colombia está cerca de alcanzar su meta de reciclaje para 2030.
Gráfico 2. El acceso a servicios de agua potable y saneamiento gestionados de forma segura en Colombia está por debajo de sus pares regionales
Nota: Las aguas superficiales se refieren al agua proveniente de ríos, arroyos y manantiales. Los datos de tratamiento de aguas residuales se refieren únicamente a los centros urbanos y se estiman utilizando los caudales totales tratados y los vertidos totales.
Fuente: OMS/UNICEF (2023), Programa Conjunto de Monitoreo del Abastecimiento de Agua, el Saneamiento y la Higiene.
Hacia un desarrollo sostenible continuación
MEJORAR LA GOBERNANZA Y LA GESTIÓN AMBIENTAL
Leyes más estrictas, sentencias judiciales y nuevos compromisos internacionales están transformando la gobernanza ambiental. Sentencias judiciales históricas han reconocido a los ríos como sujetos de derechos y se han reforzado las sanciones por delitos ambientales. Colombia ha incrementado la participación efectiva de los Territorios Indígenas y Tradicionales (TIT), así como de las comunidades étnicas, campesinas y locales, en los procesos de consulta. Mantener esta participación es clave para garantizar una gobernanza inclusiva. La ratificación del Acuerdo de Escazú en 2024 refuerza los compromisos con la transparencia, la participación y la justicia. Sin embargo, la violencia persistente contra los defensores del medio ambiente sigue siendo alarmante.
A pesar de una aplicación más estricta de la ley contra las actividades ilegales, varias regiones enfrentan desafíos estructurales. Las capacidades técnicas de las Corporaciones para el Desarrollo Sostenible y las Corporaciones Autónomas Regionales varían considerablemente, especialmente en zonas remotas. La superposición de planes de ordenamiento territorial genera inconsistencias, mientras que las deficiencias operativas y la limitada presencia estatal en algunas zonas dificultan la aplicación de la ley y han permitido que grupos ilegales establezcan regímenes ambientales de facto.
supervisión y permitirían evaluar la eficacia. La obligatoriedad de las evaluaciones ambientales estratégicas (EAE) y la introducción de condiciones para los permisos basadas en las MTD mejorarían aún más los resultados ambientales y la eficacia regulatoria.
MEJORAR LA COHERENCIA DE LAS POLÍTICAS PARA EL CRECIMIENTO VERDE
En 2023, solo el 13% de las emisiones de GEI estaban efectivamente sujetas a un precio del carbono.
Colombia ha avanzado en la ecologización de su sistema tributario y la reducción de los subsidios a los combustibles fósiles, pero se requieren más reformas. Los impuestos ambientales se mantienen bajos, representando el 0,6% del PIB en 2023, el nivel más bajo entre los países de la OCDE. Los incentivos fiscales ecológicos son abundantes, pero a menudo ineficientes, inequitativos y fiscalmente costosos. La eliminación de los subsidios a la gasolina es positiva, pero los cuantiosos subsidios al diésel que aún persisten siguen presionando las finanzas públicas, beneficiando principalmente a los sectores más acomodados y debilitando los incentivos para la eficiencia energética y la sustitución de combustibles. Se necesita una reforma fiscal integral, en consulta con las partes interesadas pertinentes, para mejorar la coherencia y el diseño del sistema tributario.
Se ha fortalecido el sistema de licencias ambientales. Sin embargo, sectores y actividades clave con impactos ambientales significativos permanecen fuera del sistema de licencias, y muchos proyectos de legado aún operan con requisitos obsoletos. Las evaluaciones periódicas que utilizan indicadores de contaminación y de reducción de riesgos mejorarían la
Los estándares vehiculares y la adopción de vehículos eléctricos avanzan, pero los incentivos y la infraestructura de transporte sostenible se quedan atrás.
Fortalecer la tarificación del carbono es clave. El impuesto al carbono colombiano ha aumentado gradualmente hasta aproximadamente USD 7/tCO2 en 2025, y gran parte de sus ingresos se canaliza hacia proyectos ambientales. Sin embargo, las bajas tasas, las exenciones y los subsidios a los combustibles fósiles resultan en tasas efectivas de carbono negativas, lo que significa que las emisiones de CO2 se subsidian en lugar de gravarse (Gráfico 3). El impuesto al carbono permite compensaciones nacionales bajo el mecanismo de no causación, con el fin de fomentar la mitigación en el sector del uso del suelo y apoyar un mercado nacional voluntario de carbono. Sin embargo, esto reduce aún más la señal de precios y los ingresos, y corre el riesgo de subsidiar excesivamente proyectos de bajo impacto. Aumentar la tasa impositiva incentivaría la mitigación en los sectores de combustibles fósiles y estimularía la demanda de compensaciones. Implementar un sistema nacional de comercio de emisiones (ETS), como se prevé en la Ley de Acción Climática de 2021, fortalecería aún más la tarificación del carbono. La información transparente sobre las emisiones y una estrecha coordinación entre el ETS, el mercado voluntario de carbono y el impuesto al carbono son esenciales para garantizar la eficacia y evitar la doble regulación o las lagunas jurídicas.
Gráfico 3. El precio del carbono en Colombia es limitado y se torna negativo al contabilizar los subsidios a los combustibles fósiles
Tasas efectivas de carbono, países seleccionados y promedio de la OCDE, 2023, EUR per tCO₂e
Nota: ETS = Sistema de Comercio de Emisiones. ECR = Tasas Efectivas de Carbono. Las ECR se expresan en euros reales por unidad de CO₂ equivalente. Debido a limitaciones de datos, las estimaciones de subsidios a los combustibles fósiles para 2023 se basan en datos de 2022
Fuentes: OCDE (2024), "Net Effective Carbon Rates" and "Shares of Emissions Priced", Tax and Environment (database); OCDE (2024), Pricing Greenhouse Gas Emissions 2024.
ALINEACIÓN DE LAS FINANZAS CON LOS OBJETIVOS CLIMÁTICOS
Colombia ha tomado medidas para alinear las finanzas con los objetivos climáticos y de biodiversidad, incluyendo la Taxonomía Verde de 2022, la emisión de bonos verdes y líneas de crédito vinculadas a la sostenibilidad para la agricultura y la reforestación. El país es pionero regional en la integración de consideraciones climáticas en las políticas del sector financiero. Sin embargo, las inversiones en combustibles fósiles siguen superando a las inversiones en energías limpias (Gráfico 4),
en contra de las tendencias globales. Reforzar la divulgación obligatoria y mejorar los sistemas de monitoreo, reporte y verificación aumentaría la transparencia y orientaría mejor las inversiones. Ampliar las inversiones adaptadas al clima y movilizar capital privado e internacional también es crucial. Cerrar las brechas de datos e implementación, integrando a la vez las consideraciones de biodiversidad, alinearía aún más las finanzas con los objetivos de sostenibilidad de Colombia.
Gráfico 4. Los combustibles fósiles aún dominan las inversiones en los sectores real y financiero de Colombia
Nota: La energía limpia se refiere a las inversiones en generación de energía a partir de renovables, eficiencia energética y otros usos finales, redes eléctricas, almacenamiento, generación de energía nuclear y combustibles limpios. Las inversiones en combustibles fósiles (CF) sin restricciones se refieren a las inversiones en el suministro de combustibles fósiles y la generación de energía a partir de carbón, petróleo y gas natural sin restricciones.
Fuente: Autores, con base en IEA, LSEG, WFE, SFC, OCDE, Banco Mundial.
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE COLOMBIA
Conservación y uso sostenible de la biodiversidad
COLOMBIA AVANZA EN LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN MEDIO DE CRECIENTES
PRESIONES
El excepcional capital natural de Colombia se enfrenta a crecientes presiones. Factores estructurales, como los confl ictos por el uso del suelo, la expansión agrícola y urbana, las industrias extractivas y el desarrollo de infraestructura, continúan degradando los ecosistemas. Casi la mitad del territorio colombiano enfrenta altos riesgos climáticos, mientras que los cambios en los regímenes hídricos, el retroceso de los glaciares y los fenómenos extremos amenazan cada vez más la biodiversidad, la seguridad hídrica y los sistemas alimentarios. La diversidad de especies está bajo amenaza, con la rápida expansión de especies invasoras. Los confl ictos armados y las economías ilícitas exacerban aún más la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la degradación del agua.
Colombia alberga el 10% de la biodiversidad mundial y se encuentra entre los países con más bosques del mundo.
Se han logrado avances significativos en la expansión de las áreas protegidas, pero persisten los desafíos. Colombia superó su meta de conservación marina de 30x30 antes de lo previsto, protegiendo el 47 % de su zona económica exclusiva (Gráfico 5). El Plan de Acción para la Biodiversidad (PAB) actualizado eleva la ambición de protección terrestre al 34 % para 2030, enfatizando el papel de los TIT , las comunidades étnicas, campesinas y locales. Casi dos tercios de las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) y casi la mitad de los bosques naturales de Colombia se encuentran dentro de estos territorios, desempeñando un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad.
Sin embargo, la eficacia del monitoreo y la gestión sigue siendo desigual. El monitoreo de la biodiversidad es fragmentado y carece de datos longitudinales. Las áreas gestionadas por el SPNN siguen recibiendo fi nanciación insuficiente y la eficacia de la gestión es desigual. Esto subraya la necesidad de una estrategia de fi nanciación a largo plazo, el fortalecimiento de las alianzas con las partes interesadas pertinentes, así como mejoras específicas en la gobernanza, la planificación y el desarrollo de capacidades. Es fundamental ampliar otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas (OECM), abordar los ecosistemas subrepresentados y priorizar la representatividad ecológica en las unidades terrestres y marinas. Garantizar la distribución de beneficios y el apoyo técnico protege las contribuciones de las comunidades a la conservación y promueve una mayor equidad.
Se han logrado avances significativos en la reducción de la deforestación, pero aún se necesita vigilancia. La pérdida de bosques ha disminuido de manera constante desde 2017,
Gráfico 5. Colombia ha superado su meta 30x30 para áreas marinas
Nota: CDB = Convenio sobre la Diversidad Biológica; UICN = Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Algunas áreas protegidas no han sido designadas bajo una categoría internacional específica. Esto incluye áreas con sellos internacionales o regionales (como Natura 2000) que podrían encajar en una categoría estándar de la UICN. Dado que aún no han sido clasificadas oficialmente, se clasifican como "Sin categoría UICN". Otras Medidas Eficaces de Conservación Basadas en Áreas (OECM) también contribuyen al logro de los objetivos de conservación, pero podrían no estar reportadas o indicadas para todos los países debido a limitaciones de datos. Solo los totales de Colombia incluyen las OECM, clasificadas como "Sin categoría UICN". Datos del RUNAP a marzo de 2025.
Fuentes: OCDE (2025), OECD Environment Statistics; RUNAP (2025), Clasificación Áreas Protegidas; UNEP-WCMC (2025), Perfil de Áreas Protegidas para Colombia.
alcanzando un mínimo histórico en 2023 (Gráfico 6), gracias a una aplicación más estricta de la ley contra las actividades ilegales, una mayor coordinación interministerial y la participación de la sociedad civil. Colombia ha priorizado 28 de sus 44 puntos críticos de deforestación activa, incluidos 22 en la Amazonía, bajo la Estrategia Integral para el Control de la Deforestación, con el objetivo de transformarlos en puntos críticos de desarrollo forestal y biodiversidad. Sin embargo, los datos preliminares de 2024 indican un repunte de la deforestación, lo que subraya la necesidad de mantener esfuerzos sostenidos. Los ecosistemas marinos y costeros también continúan enfrentando estrés por la contaminación, la sobrepesca y la erosión costera. Expandir la restauración comunitaria, las soluciones basadas en la naturaleza y la coordinación interinstitucional será esencial para detener la pérdida de ecosistemas y salvaguardar el rico capital natural de Colombia.
FORTALECIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD MEDIANTE UNA COMBINACIÓN DE POLÍTICAS
INNOVADORAS Y MULTISECTORIALES
Colombia ha establecido un sólido marco de políticas que posiciona la biodiversidad como una prioridad nacional para el desarrollo sostenible. Los sucesivos Planes Nacionales de Desarrollo han incorporado objetivos de crecimiento verde y capital natural, lo que contribuye a la integración de la biodiversidad en la planificación territorial. Estos esfuerzos también respaldan la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y objetivos más amplios de resiliencia climática, seguridad alimentaria e hídrica, y reducción de la pobreza. Sin embargo, la planificación fragmentada, la coordinación deficiente y la fi nanciación dispersa limitan la integración de la biodiversidad. La alineación integral de las políticas de biodiversidad, cambio climático y uso del suelo con objetivos e informes consistentes mejoraría la coherencia y la eficacia de su implementación.
Colombia ha desarrollado una combinación de políticas diversa y cada vez más sofisticada para conservar la biodiversidad y promover el uso sostenible del suelo. Las medidas basadas en áreas, como la expansión de las áreas protegidas y la zonificación ecológica, siguen siendo fundamentales en este enfoque, complementándose con un uso creciente de instrumentos económicos. Los pagos por servicios ecosistémicos se han expandido significativamente en la última década. Estos programas movilizan recursos sustanciales y ayudan a alinear los medios de vida locales con los objetivos de conservación. Sin embargo, su efectividad, monitoreo y estabilidad a largo plazo podrían mejorarse. La aplicación de metodologías consistentes para la valoración de proyectos y la determinación de los niveles de pago, así como el fortalecimiento de la integración con las estrategias REDD+, potenciarían su impacto. Las compensaciones de biodiversidad y los créditos voluntarios de biodiversidad también se han convertido en instrumentos clave, pero la escasa supervisión y la acumulación de compensaciones sin ejecutar limitan su efectividad. Fortalecer la aplicación de la normativa, mejorar la transparencia y evaluar la integridad ambiental ayudarían a garantizar que estos mecanismos produzcan resultados duraderos.
Incorporar la biodiversidad requiere una mayor integración entre sectores. La agricultura impulsa aproximadamente el 75% de la deforestación y, con uno de los mayores usos de fertilizantes y pesticidas en la OCDE, ejerce una gran presión sobre los ecosistemas. Para reducir estas presiones, Colombia trabaja para abordar la inseguridad en la tenencia de la tierra y delimitar la frontera agrícola. El Catastro Multipropósito ahora abarca el 27% del territorio nacional, por debajo del objetivo del 70% establecido para 2026. Colombia ha identificado incentivos perjudiciales y ha creado una hoja de ruta para la fi nanciación agrícola "verde", redirigiendo los subsidios crediticios hacia la conservación, alineando los medios de vida locales con la biodiversidad y ofreciendo una buena práctica replicable. A pesar del progreso, la reforma rural enfrenta desafíos persistentes, incluidos recursos
limitados, fragmentación institucional, confl icto armado y débil presencia estatal en algunas regiones. La integración de la biodiversidad en las actividades mineras ha sido apoyada por planes de gestión ambiental, compensaciones de biodiversidad y una estricta protección de los ecosistemas de páramo, con una mejor aplicación de la ley contra la minería ilegal y esfuerzos de trazabilidad del oro. Sin embargo, persisten redes criminales, una supervisión débil y barreras administrativas. La integración de la biodiversidad en la planificación urbana y rural sigue siendo limitada. Hacer obligatorios los Planes de Acción Regionales de Biodiversidad y vincularlos con los planes de uso de la tierra, junto con la Ley de Ciudades Verdes de 2025, fortalecería los esfuerzos.
Para alcanzar sus ambiciosas metas del PAB 2030, Colombia requiere una estrategia de financiamiento sólida. El presupuesto estimado del PAB es más de cuatro veces superior al gasto promedio en biodiversidad del período 2014-2023. El PAB busca movilizar aún más recursos públicos y privados mediante la reforma de subsidios, bonos de sostenibilidad, incentivos positivos, cooperación internacional y fi nanciación combinada. La fragmentación de los sistemas de datos limita la transparencia y la supervisión del gasto público en biodiversidad, lo que requiere datos más integrados y detallados para un seguimiento y evaluación más efectivos de la eficiencia y el impacto de la inversión. Promover la bioeconomía es una prioridad nacional, que se espera que contribuya con el 3% del PIB y cree más de medio millón de empleos. Sin embargo, la baja inversión en ciencia y tecnología continúa frenando el progreso.
Gráfico 6. La deforestación alcanzó un mínimo histórico en 2023, pero persisten los riesgos de un repunte Área deforestada 2013-2023, proyecciones y metas
Miles de hectáreas
Nota: NDC 2.0: Contribución Determinada a Nivel Nacional presentada en diciembre de 2020; NDC 3.0: Contribución Determinada a Nivel Nacional presentada en septiembre de 2025. PND: Plan Nacional de Desarrollo. Los datos de 2024 son provisionales, mientras que los datos de 2025-2029 corresponden a proyecciones. La deforestación anual se refiere a la pérdida de bosque natural durante el año (p. ej., 2019/20).
Fuentes: MinAmbiente (2023), Plan Integral de Contención a la Deforestación 2023-26; IDEAM (2024), Environmental Indicators; Gobierno de Colombia (2025), Contribución Determinada a Nivel Nacional NDC 3.0: Transformaciones para la vida; WWF (2025), Deforestación en Colombia registró leve aumento en el 2024.
Evaluación del desempeño ambiental de la OCDE Colombia 2026
MÁS INFORMACIÓN
Evaluaciones del desempeño ambiental de la OCDE: Colombia 2026
El informe y todos los datos están disponibles en http://oe.cd/epr-colombia-2026
Programa de Evaluaciones de Desempeño Ambiental http://oe.cd/epr
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