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aPRO / aRtuRO ROdRíguez
CONVICCIONES Continúa la masacre de periodistas
RUBÉN AGUILAR VALENZUELA
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El pasado lunes 21 de noviembre fue asesinado el periodista y locutor Pedro Pablo Kumul en Castillo, Xalapa, Veracruz, mientras manejaba un taxi.
Con él son 17 los periodistas asesinados en los primeros once meses del año, que equivale a 1.54 por mes.
México es el país del mundo más peligroso para ejercer esta profesión como lo señalan, entre otras organizaciones nacionales e internacionales, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York.
En diversos foros se dice una y otra vez que nuestro país es el lugar del mundo donde más periodistas se matan, incluso más que países en guerra, y no pasa nada. Los crímenes siguen mes con mes.
Artículo 19 registra el caso de cada uno de los 17 periodistas asesinados en 2022: José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo, Herber López, Jorge Luis Camero, Juan Carlos Muñiz, Armando Linares, Luis Enrique Ramírez, Yessenia Mollinedo, Sheila Johana García, Antonio de la Cruz, Ernesto Méndez, Juan Arjón, Fredid Román, Cándida Cristal y ahora Pedro Pablo Kumul.
El crimen de los periodistas no es ajeno a los altos niveles de violencia que imperan en el país. En cada uno de los cuatro años que lleva este gobierno el número de los asesinatos dolosos ronda en los 37,000 que representan entre 30 y 32 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Los asesinatos de los periodistas, como otros muchos, quedan impunes y son muestra de la incapacidad manifiesta del gobierno, para proteger a los periodistas y conducir investigaciones, que conduzcan a la detención de los criminales. El gobierno, a manera de un mantra, ante estos hechos solo reacciona diciendo que son perpetrados por el crimen organizado.
Meses atrás, ante la situación que impera en el país, Artículo 19, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Frontera, PEN Internacional y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) denunciaron que con esas declaraciones las autoridades buscan evadir su responsabilidad en la protección de la prensa y realizar las investigaciones pertinentes para dar con los responsables.
Señalan también que estudios judiciales, periodísticos y académicos muestran, con evidencia contundente, la participación de funcionarios gubernamentales en acciones del crimen organizado. Y dicen que negar esta realidad invalida la objetividad de las investigaciones. Al no asumir los hechos las autoridades violentan la justicia.
Matar a un periodista es asesinar la verdad y silenciar voces que actúan como contrapeso del poder y es también asesinar a la libertad de expresión y a la misma democracia. La estrategia de los gobiernos federal y estatal no es solucionar el problema sino sólo minimizar los hechos. Es terrible pero no hay nada que diga que se pondrá alto a esta masacre.
@RubenAguilar
/ arturo rodríguez
Foto Gobierno de México Agotados los plazos para solventar las observaciones de las autoridades fiscalizadoras a SEGALMEX, a finales de septiembre pasado se abrieron en la Fiscalía General de la República 11 carpetas de investigación sobre las irregularidades en sus cuentas. El monto de éstas suma casi 2 mil millones de pesos tan sólo en 2019 y 2020, pero aumentará conforme la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación vayan presentando las denuncias correspondientes.
Viáticos millonarios; pago por compra de granos, costales y tarimas que jamás entraron a los almacenes; pagos en demasía a pequeños productores y una amplia relación de nóminas por honorarios y personal inexistente, son en resumen las prácticas que la Fiscalía General de la República (FGR) indaga por el caso de corrupción más cuantioso de los cuatro años de gobierno lopezobradorista, en una dependencia insignia de la política social del sexenio: Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX).
Desde finales de septiembre pasado se engrosan 11 carpetas de investigación respecto a los desfalcos que, en un primer avance, con todos los plazos vencidos para solventar observaciones de autoridades fiscalizadoras, implican un monto cercano a 2 mil millones de pesos, tan sólo por el periodo comprendido entre 2019 y 2020.
Creado como organismo descentralizado al inicio de la administración, SEGALMEX se ha convertido en el principal foco de atención a la política anticorrupción del gobierno, por los grandes boquetes presupuestarios que, tanto la Secretaría de la Función Pública (SFP) en tanto autoridad administrativa, como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como órgano técnico fiscalizador del Legislativo, han identificado desde 2021.
En el escrutinio de las cuentas públicas 2019 y 2020 se detectó un impacto presupuestal de 13 mil millones de pesos, superando así los casos de corrupción del sexenio pasado en el gabinete social, cuya versión periodística fue conocida como la “Estafa Maestra”, por la que logró judicializarse un monto apenas superior a los 5 mil millones de pesos.
En espera de que las denuncias de la ASF y de la SFP incrementen la cuantía, la FGR inició las pesquisas.
La vinculación a proceso fue comunicada a la opinión pública el mismo 2 de noviembre, a través de un comunicado. Sin embargo, de acuerdo con la carpeta de investigación a la que tuvo acceso parcial
SEGALMEX: Un desfalco de 2 mil millones y sólo es el principio
el reportero, los casos acreditados hasta ahora incluyen diversas conductas imputables a varios servidores públicos.
Entre los casos indagados por el Ministerio Público destaca la erogación injustificada de 100 millones de pesos por compras de envases de PET al amparo del contrato A/017/2019.
O bien, una compra de 34 millones 732 mil costales blancos de propileno, violando los lineamientos al pagar 182.1 millones de pesos, cuando dichos costales no fueron entregados.
Un caso parecido es el relativo a la adquisición de tarimas por 67.2 millones, sobre las que no existe prueba de que se hayan adquirido efectivamente.
Hay también una carpeta por el desfalco de 50 millones de pesos para la supuesta adquisición de plaguicidas, abonos y fertilizantes, pero que, a la hora de auditar, en SEGALMEX no había siquiera notas de remisión.
Son apenas dos de los 11 casos conocidos por la FGR que, por ahora, tienen en la mira sólo a mandos de nivel medio-superior y que no han ascendido a quienes por entonces se desempeñaban en la dirección general.
Sin auSteridad y con “caSh”
Uno de los tópicos más abordados por el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que ver con el ahorro y la responsabilidad en los gastos de operación, profusamente aludidos en contraste al “despilfarro”, la “fantochería” y los excesos de los funcionarios de sexenios pasados. En contraste, el mandatario suele presumir en su conducta y exige a sus funcionarios actuar con austeridad.
En SEGALMEX el discurso cae por uno de los casos que se indaga en una de las carpetas de investigación: se trata del ejercicio de 29.6 millones de pesos que durante 2019 realizaron tres funcionarios públicos de SEGALMEX, cuyos nombres se mantuvieron bajo reserva durante la consulta del reportero. La razón de esa denuncia radica en que no comprobaron gastos de operación relativos a maniobras, pago de personal y “gastos por comprobar”.
Aunque una parte de esa carpeta tiene que ver con la presunta contratación de servicios cuya realización no se comprobó, se trata sólo de un ejemplo de las erogaciones millonarias por pagos a trabajadores, tanto por nómina como por honorarios, que hacen presumir simulación.
Por ejemplo, una de las carpetas que involucra la mayor cuantía trata sobre la supuesta “prestación de servicio especializado en apoyo de actividades institucionales”. Sencillamente, una auditoría de la ASF comprobó que no había documentación probatoria de los presuntos servicios que implican diferentes contratos y convenios modificatorios.
Los contratos fueron identificados como CSS/028/2020 (por 697.7 millones), CSS/045/2020 (7.8 millones), CSS/023/2020 (74.8 millones), y el convenio modificatorio CSS/018/2019 (130.3 millones de pesos).
En otra de las carpetas de investigación se puede identificar la falta de documentación probatoria y justificativa por 295.3 millones de pesos, precisamente en el contrato de origen del convenio modificatorio antes mencionado.
Para mayor precisión: SEGALMEX no pudo explicar en qué áreas se había ubicado al personal contratado, es decir, dónde trabajaron; no tuvo reporte de actividades; no hay constancias de afiliación del prestador del servicio al IMSS ni recibos de nómina timbrados. Ni siquiera hay listas de asistencia, contratos trimestrales, cortes de ingresos asimilados al salario ni órdenes de servicio.
Un caso similar es por el ejercicio 2020. Es parecido a lo que sucedió y fue identificado, hasta ahora sin consecuencias, en el programa de Servidores de la Nación: se trata de un probable daño a la Hacienda Pública por salidas de dinero en efectivo que no pudo identificar SEGALMEX, por 104.3 millones de pesos en relación con dos cuentas concentradoras de recursos y 27 subcuentas.
Es decir que, indebidamente, a través de 27 subcuentas se sacaron 104 millones de pesos en efectivo de SEGALMEX.
La experiencia de ovaLLe
Ya desde finales de 2021 el caso SEGALMEX estaba acaparando la atención por los movimientos de enormes cantidades de dinero y la notoria irregularidad durante la dirección de Ignacio Ovalle, quien dejó el cargo en abril pasado.
Veterano de las lides políticas, destacado desde su juventud cuando se desempeñó, por ejemplo, como secretario particular durante la presidencia de Luis Echeverría, Ovalle fue cobijado por la 4T no sólo para llegar a SEGALMEX, sino para transitar como funcionario a la Secretaría de Gobernación apenas tocado por el escándalo.
SEGALMEX fue creado para fusionar en una misma dependencia las empresas Diconsa y Liconsa. El plan era que Ovalle, quien fue director de CONASUPO en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, reestableciera la red de tiendas con subsidio a la canasta básica y leche para la población más pobre, así como volver a echar a andar los almacenes de grano con el propósito de establecer precios de garantía y con ello lograr, primero, que los campesinos tuvieran mejores ingresos, y segundo, la autosuficiencia alimentaria del país.
Los casos de corrupción identificados hasta ahora demuestran que todos los propósitos se vieron traicionados.
Michoacán, donde los cárteles mandan
/ PAtriciA monreAl
Grupos delictivos controlan grandes porciones del presupuesto de los municipios michoacanos. Y aunque el gobernador Alfredo Ramírez desestimó las revelaciones de Guacamaya Leaks al respecto, lo confirman sacerdotes y funcionarios de los cabildos amenazados y desplazados, como los de Aguililla y Penjamillo. Estos ayuntamientos están sumidos en crisis a las que el gobierno estatal ofrece soluciones políticas, sin tocar el problema de fondo: la infiltración de la delincuencia organizada.
Los municipios de Penjamillo y Aguililla se han convertido en ejemplo de los conflictos internos en ayuntamientos, derivados de la infiltración de la delincuencia organizada en Michoacán durante las actuales administraciones federal y estatal, bajo las siglas de Morena.
En ambos municipios, los alcaldes electos en 2021 no están en funciones: en el primer caso, Gilberto Mejía Salgado, por desaparición antes de entrar en funciones; en el segundo, César Arturo Valencia Caballero, por homicidio, cuando ya ejercía el cargo.
En Penjamillo, el complicado trance derivado de la desaparición del alcalde electo y la situación de inseguridad y control por el crimen organizado tocó fondo en semanas recientes y derivó en un conflicto político que llevó al Congreso a designar, el miércoles 23, un concejo municipal.
El 20 de septiembre, horas después de que la mayoría del cabildo de Penjamillo rechazara aprobar la Ley de Ingresos para 2023 propuesta por la alcaldesa Xóchitl Kareli del Río Carranza, un comando de 15 hombres encapuchados irrumpió de noche en los domicilios de dos regidoras, sobajándolas junto con sus familiares, golpeándolas y amenazándolas. Les advirtieron que obedecieran a la alcaldesa por ser “la jefa”.
Ese mismo día desapareció Valentín Duarte Rivas, secretario municipal de Obras Públicas. La última vez que se le vio fue por la tarde, cuando abordó su auto a las afueras de la presidencia municipal.
En consecuencia, la síndica y cuatro regidoras huyeron de Penjamillo. Ya en Morelia, presentaron denuncia ante la Fiscalía General del Estado, donde inicialmente no se les quiso recibir por corresponder a otra región, y después se argumentó que el asunto era competencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Las cinco integrantes del cabildo solicitaron al Congreso local y al gobierno del estado interceder para que el Ejército o la Guardia Nacional les proveyeran protección por desconfiar de la Secretaría de Seguridad Pública, pero la respuesta de las autoridades castrenses fue negativa.
Veinte días después de su desplazamiento hicieron público su caso frente a la inacción de las autoridades. Fue la intervención del Instituto Electoral de Michoacán, tras la denuncia que promovieron por violencia política de género, la que permitió que se les dotara de seguridad al dictar el 14 de octubre medidas de protección inmediatas.
El Partido Encuentro Solidario (PES) –ganador de la elección municipal en 2021– determinó arropar a la alcaldesa, omitiendo reunirse con síndica y regidoras. Dos días después de hacerse público el caso y acompañado de la propia munícipe, el dirigente estatal Eder López García ofreció una conferencia de prensa para expresarle su respaldo.
La madre de López García, la diputada Luz María García García –coordinadora parlamentaria de ese partido en el Congreso– aseguró que la presidenta también tenía miedo y estaba amenazada.
Una de las regidoras dio este testimonio desde su refugio: “Vi a mi hijo hincado en la sala de mi casa, tapado de la cabeza, con hombres armados a su lado”, recuerda. Tras golpearla y robarle los dispositivos electrónicos en los que grababa las sesiones de cabildo, le advirtieron: “Espero que con esto entiendas, porque si vuelves a decir algo, si vuelve a pasar algo, vamos a venir por tu hijo, te lo vamos a cortar en pedacitos y te lo vamos a echar a la carretera”.
AyuntAmientos bAjo fuego
De 2008 a la fecha, en Michoacán han sido asesinados 14 presidentes municipales, tres de ellos interinos, uno electo y otro más con licencia. En este 2022, además del edil de Aguililla, fue ultimado Enrique Velázquez Orozco, presidente municipal de Contepec.
“Los grupos de crimen organizado, y estamos hablando desde el reinado ‘templario’, siempre han estado metidos de una manera hasta grosera en los ayuntamientos”, refiere Gilberto Vergara, párroco en el municipio de Aguililla, quien recuerda que “Los Caballeros Templarios llegaron a tener control hasta en el gobierno del estado, eso es innegable, tenemos una triste historia al respecto”.
La operación que durante décadas han tenido los cárteles de la droga y los grupos delictivos en Michoacán ha traído para ellos un proceso de aprendizaje sobre la función pública. Hoy, insertos en las nóminas de los ayuntamientos, ejercen directamente funciones de gobierno, presiden sesiones de cabildo, definen licitaciones, determinan las obras y aprueban reglamentos para mantener el control económico y político de las regiones.
La disidencia al interior de los ayuntamientos es acallada con amenazas y violencia que puede derivar en la desaparición o la muerte. Una sola llamada telefónica cambia de un día a otro el sentido de la votación en sesiones de cabildo, como ocurre en los dos municipios mencionados.
Frente a la crisis generada por el control de la delincuencia organizada en los municipios, el gobierno del estado –con aval del Poder Legislativo– ha optado por acordar con los partidos políticos, modificando la conformación de los ayuntamientos mediante el cambio de autoridades o instalando concejos municipales con cabildos renovados. El problema de fondo –la infiltración criminal– no se toca ni se soluciona.
En Penjamillo, las sesiones del ayuntamiento fueron presididas hasta el 30 de enero por el asesor de la alcaldesa Julio López López. Por acuerdo de la mayoría del cabildo dejó de hacerlo y a partir de entonces, empezaron las amenazas.
En 2021, tras la desaparición del alcalde electo, los integrantes de su planilla por el PES anunciaron su determinación de no asumir las funciones en la sindicatura y regidurías por temor.
El gobierno del estado, en coordinación con el Congreso local y el referido partido, optaron por una salida política, designando a Xóchitl Kareli del Río Carranza como alcaldesa sustituta y respaldando el arribo de los regidores suplentes el 30 de septiembre de 2021.
Sin atender de fondo el tema de inseguridad en el municipio, otra salida política se repite 14 meses después, al agravarse la crisis por el desplazamiento de la síndica y las regidoras.
A través de un acuerdo de las partes con el gobierno que encabeza el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, presentaron su renuncia la alcaldesa y la mayoría de los integrantes del cabildo, salvo cuatro regidores suplentes.
La orden del Ejecutivo al Legislativo para proceder se concretó el miércoles 23, en un lapso de sólo tres horas: el pleno del Congreso fue notificado de la renuncia de los integrantes de cabildo, turnó a comisiones el asunto, dictaminó, citó a sesión extraordinaria, designó a un concejo municipal y tomó protesta de sus integrantes.
Ninguno de los designados radica en Penjamillo, y aunque la recién nombrada presidenta del concejo municipal, Tzitziqui Peña Belmonte, asegura que se irán a vivir al lugar, las versiones extraoficiales señalan que se tratará de un gobierno a distancia. La nueva presidenta fungía como secretaria general del PES en el estado.
El Congreso también nombró como regidora a la perredista Maribel Juárez Blanquet, que en el trienio pasado fue alcaldesa de Angamacutiro y recibió amenazas de muerte luego que asesinaron a balazos a su hermano Erik en pleno centro de Morelia, el 10 de marzo de 2020. Él era diputado local por el distrito de Puruándiro, que incluye el municipio de Penjamillo.
El secretario de Gobierno del estado, Carlos Torres Piña, dice a Proceso que, más allá de las demandas y denuncias que deberá resolver la Fiscalía General del Estado, “para nosotros era importante no enfrascarnos en un conflicto jurídico y darle gobernabilidad al municipio”.
Argumenta que se optó por dar una solución inmediata y no ir a un conflicto de uno o dos meses en la Comisión Jurisdiccional del Congreso:
“Esto nos ha permitido que en un mismo día se pueda resolver este tema y no dejar espacios largos que provoquen o permitan un conflicto mayor. El gobierno del estado se va a hacer cargo de la seguridad de manera provisional, en lo que se instala bien el concejo ciudadano, y eso para nosotros también es fundamental”.
AguilillA, lA mismA rutA
Echando mano de la figura de asesores, los grupos delincuenciales tienen dentro de la nómina de los ayuntamientos a personal operativo para controlar el ejercicio gubernamental, enfocándose primordialmente en las áreas de finanzas, seguridad y obra pública.
“En el caso de Aguililla tenemos el tema del asesor incómodo –reconoce el padre Gil–. Él mismo se presenta como el poder detrás del trono, el que dirige, el que dice y el que hace de manera caprichosa y muy poco ortodoxa, muy fuera de la ley, muy anárquica. Son sus disposiciones las que han venido a traer toda esta ruptura que se vive en el ayuntamiento”.
En abril de este año, el Congreso del estado designó a María de Jesús Montes Mendoza como alcaldesa sustituta de Aguililla. Cinco meses después ella reportó en redes sociales que las cuentas municipales habían sido hackeadas y que se robaron 3 millones de pesos, lo que provocó el despido del tesorero municipal. La síndica y regidores manifestaron sospechas de un autorrobo de la presidenta y su asesor Agustín Solorio Martínez.
La munícipe ha señalado a la síndica Elsa Guadalupe Contreras Sánchez de presuntamente expedir licencias a integrantes de la delincuencia organizada, hecho por el que el 21 de octubre pasado promovió la denuncia 05965/UATP/APZ/2022 ante la FGE por falsificación, uso indebido de documento y usurpación de identidad.
La munícipe también promovió una solicitud de revocación de mandato contra el resto del cabildo por abandono de funciones, de la que fue notificado el Congreso del estado el pasado 14 de noviembre.
“Los documentos y actas dando cuenta que hemos cumplido con nuestra responsabilidad están ahí, será el Congreso el que valore y tome las decisiones”, sostiene la síndica Elsa Guadalupe Contreras Sánchez.
Y puntualiza: “Veo peligro sobre mi persona, porque al ella involucrarme con gente ilícita, uno no sabe en qué momento, cuál vaya a ser la respuesta del enemigo de ese grupo armado”. El gobierno estatal buscó “solucionar” este problema con un acuerdo político. En las mesas participó el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por ser el ganador en las elecciones municipales de 2021. Las negociaciones no prosperaron, ya que la propuesta de repartir los cargos del ayuntamiento entre los integrantes del cabildo fue rechazada por la alcaldesa.
“Me negué al acuerdo porque me dejaban sólo tres direcciones: Obras Públicas, Secretaría Municipal y Tesorería, pero a cambio querían las otras 10 y darle nombramientos a la oposición, en lo cual yo no estoy de acuerdo”, declaró.
Este rechazo le costó el respaldo político de PVEM, que la propuso al cargo. El dirigente estatal de ese partido, Ernesto Núñez Aguilar, optó por desconocerla.
Se prevé una respuesta política para este caso. Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno estatal, dejó claro el 17 de noviembre que primero se resolvería el conflicto de Penjamillo y luego el de Aguililla.
los dAtos de sedenA
Según un informe gráfico de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) dado a conocer el 15 de noviembre por Ríodoce, a partir del hackeo de información del colectivo Guacamaya, serían 29 los alcaldes michoacanos vinculados con el narcotráfico.
El reporte consigna vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación de los munícipes de Cojumatlán, Sahuayo, Marcos Castellanos, Jiquilpan, Jacona, Vista Hermosa, Tanhuato, Ecuandureo, Angamacutiro, Cuitzeo, Zinapécuaro, Hidalgo, Tacámbaro, Turicato, Huetamo, Carácuaro, Madero, y Nuevo Parangaricutiro; con La Familia Michoacana, a los de Maravatío, Contepec, Tlalpujahua, Tuxpan, Juárez, Susupuato, Tuzantla, Tiquicheo, y San Lucas; y con Cárteles Unidos, a los de Los Reyes y Uruapan.
Partiendo de dicha información, todas las regiones del estado, salvo la SierraCosta e Infiernillo, tienen presencia de alcaldes vinculados con el narcotráfico. Aunque el reporte de la SEDENA se queda corto frente a la realidad que impera en Michoacán, pues no contempla los casos de Penjamillo y Aguililla.
“Todo lo que es la región Tepalcatepec y la Sierra-Costa está infestado; aquí Apatzingán es el epicentro a nivel estatal, y lo es porque aquí están los capos”, asegura Gregorio López Gerónimo, el Padre Goyo, quien desde el 2013 en que participó con los grupos de autodefensas fundados por Hipólito Mora y José Manuel Mireles ha mantenido su activismo, hoy atendiendo a los desplazados por la lucha de cárteles.
“Todos los ayuntamientos están hincados, al menos hay 15 municipios aquí de esta región que están subyugados, yo creo que el 90% del personal está metido con la delincuencia”, asegura.
Fuentes de la FGE consultadas por Proceso señalan que en menor o mayor medida todos los municipios están “intervenidos” por la delincuencia organizada, y estiman que en la mayoría de ellos el control de las funciones gubernamentales puede llegar hasta un 75%.
