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Denuncian ambiente hostil para la protesta feminista en los últimos dos años

/ GlorIa letIcIa Díaz

El discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del movimiento feminista fue exhibido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como factor determinante en la represión hacia las manifestaciones de mujeres, represalias contra las denunciantes e inhibición de las protestas en algunas entidades federativas.

Durante la audiencia Situación de los derechos humanos de mujeres y niñas en el contexto de las protestas en México, defensoras de derechos humanos denunciaron que en los últimos dos años ha prevalecido un ambiente hostil para la protesta feminista en el país, registrándose actos de represión y criminalización en al menos 10 entidades: Aguascalientes, Sinaloa, Quintana Roo, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Chiapas, Estado de México, Querétaro y Ciudad de México.

Las comisionadas Esmeralda Arosamena, Flavia Piovesan, Julissa Mantilla, así como la secretaria adjunta María Clara Pulido y el relator para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, cuestionaron la efectividad de los cursos de capacitación entre los cuerpos de seguridad.

Vaca resaltó el impacto de los “discursos estigmatizantes” de los gobernantes que ponen en duda la legitimidad de las protestas o que ven en ellas “segundas intenciones (…) lo que distorsiona las capacitaciones”, porque genera confusiones entre los agentes del Estado “que atienden las manifestaciones y reciben las capacitaciones”.

En la audiencia presidida por la comisionada Julissa Mantilla, las integrantes de organizaciones de la sociedad civil denunciaron el “uso desproporcionado de la fuerza, en particular la sexual en contra de mujeres durante las manifestaciones, como el uso indebido del derecho penal”, recurridas por las autoridades “para aleccionarlas y castigarlas por ser consideradas ‘malas mujeres’ que merecen un escarmiento por haber desafiado los estereotipos de género, consistentes en que las mujeres deben permanecer en su casa o en espacios privados, y no en el ámbito público”.

Las activistas solicitantes de la audiencia pusieron énfasis en el discurso presidencial desde sus conferencias matutinas, que ha insistido en descalificar a las mujeres que protestan, siendo el más reciente el del 28 de septiembre, cuando López Obrador señaló que el movimiento feminista pretende “afectar” a su gobierno, en el que participan “feministas conservadoras”.

Entre los impactos que el discurso oficial ha tenido, alertaron, están las “amenazas y estigmatización” contra organizaciones como Marabunta y Luchadoras.

En tanto, en el ámbito de lo penal las mujeres que han denunciado los abusos policiales continúan sin acceso a la justicia, mientras que continúan procesos penales y multas desproporcionadas por daños a los monumentos intervenidos durante las manifestaciones, comentaron las defensoras.

Asimismo, advirtieron que la Ley de Uso de la Fuerza, aplicable para todas las fuerzas armadas y la Guardia Nacional, contiene elementos contrarios a la Convención Americana de Derechos Humanos , en tanto que no hay controles externos a la Guardia Nacional, a pesar de que así fue ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia contra el Estado mexicano por el caso Atenco.

El representante en México de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Guillermo Fernández Maldonado, validó las denuncias de las defensoras, al dar un reporte de casos documentados por su personal en Quintana Roo, Guanajuato y Estado de México, en los que se advirtieron agresiones a mujeres que se manifestaban y que fueron detenidas de forma arbitraria.

Al señalar que los actos represivos han alcanzado a periodistas e integrantes de organismos públicos de derechos humanos, Fernández Maldonado alertó que los hechos se mantienen en la impunidad, generando “un contexto de miedo y disuasión en asuntos públicos, contribuyendo a perpetuar los patrones de exclusión”.

En respuesta, funcionarias del gobierno federal, Alma Delia Arreola, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); Fabiola Alanís, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), y Nadine Gasman, del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), enlistaron diversos cursos de capacitación a la Guardia Nacional y convenios, o el monitoreo de la situación de violencia contra las mujeres en el país.

Por parte de las organizaciones sociales, participaron Norma González, Giselle Yáñez, Sofía de Robina, Lucía Lagunes, Alejandra Maravella y Carla Inés Ríos.

Del 31 de octubre al 2 de noviembre próximo, el patio oriente del Monumento a la Revolución se convertirá en un gran altar interactivo para honrar a las mujeres víctimas de la violencia machista en el país.

Mujeres Vivas, Mujeres Libres -plataforma colectiva de lucha por la libertad y los derechos de las mujeres en México- convocó a este homenaje con la aportación de ofrendas en el altar interactivo, o bien a través de redes sociales con los hashtags #VivasyLibres y #MiOfrendaEs________.

Tanto el altar físico como el virtual serán colaborativos, por lo que las personas que deseen participar podrán llevar su ofrenda al Monumento a la Revolución o enviar fotos, nombres, testimonios y mensajes por redes sociales desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre.

Con esta actividad, Mujeres Vivas, Mujeres Libres busca hacer conciencia sobre la magnitud del impacto de la violencia machista en México, pues afecta profundamente la vida y la salud de las mujeres, adolescentes y niñas en todo el territorio.

CNDH festeja eliminación del IVA en productos de higiene menstrual

/ GlorIa letIcIa Díaz

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) celebró la determinación del Senado de la República de eliminar el impuesto al valor agregado (IVA) a los productos de higiene menstrual. Tal disposición –incluida en la Miscelánea Fiscal 2022- permitirá a personas menstruantes adquirir esos artículos “a un costo accesible y acorde a sus posibilidades”, apuntó.

En un pronunciamiento, el organismo destacó que la eliminación del impuesto refleja “avances importantes en el enfoque diferencial y en derechos humanos”, así como en la consideración de la perspectiva de género en la política fiscal, “que de manera progresiva permita el acceso efectivo de las personas a su derecho a vivir su gestión menstrual en condiciones dignas”.

Asimismo, sugirió “dar un seguimiento puntual en la generación de otras políticas públicas e incluso de reformas legislativas que en torno a esta eliminación protejan y garanticen de manera definitiva el reconocimiento pleno de este derecho”.

Recordó que ante la visión “biomédico y comercial” de la menstruación, que no considera “la convergencia de factores psicoemocionales, socioculturales, económicos, educativos y ambientales”, por lo menos desde el año pasado se alertó que el impuesto en los productos de higiene menstrual tenía un carácter “sexista o rosa que iba en detrimento de la igualdad entre las mujeres y los hombres en el sistema fiscal mexicano”.

Así se demostró en un estudio realizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, mientras que un grupo de legisladores presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la tasa de 16% del IVA a productos de gestión menstrual, y en abril de este año la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma al artículo 114 de la Ley General de Educación para que las autoridades educativas y sanitarias de las entidades federativas facilitaran este tipo de productos en las escuelas de niveles básico y medio superior, abundó.

La CNDH emitió la recomendación 35/2031 relacionada con la ausencia de acciones para garantizar a las adolescentes y a las mujeres privadas de la libertad el derecho a la salud reproductiva y a la gestión menstrual digna -incluidas las mujeres que ingresan como visita familiar-, así como sobre el derecho de las personas menstruantes internas en centros penitenciarios a acceder de manera gratuita a estos productos, lo que obliga a las autoridades a garantizar el abasto “suficiente e ininterrumpido”.

Durante la investigación de dicha recomendación “se constató que varios de los sistemas penitenciarios estatales no contaban con partidas presupuestales específicas para la adquisición de esos enseres, lo que genera que en la mayoría de los casos las personas menstruantes tengan que comprar dichos productos a costos excesivos al interior de esos centros; que en algunos casos sean suministrados por sus familiares, o bien, correr el riesgo de infecciones que afectan su salud al no utilizar producto alguno al no contar con medios económicos para acceder a ellos”.

El organismo resaltó que en el documento recomendatorio se advirtió la vulnerabilidad en que se encuentran las personas menstruantes privadas de la libertad, para quienes “el acceso efectivo de dichos productos representa un obstáculo en su derecho a la salud y a una calidad de vida en reclusión, lo que, a su vez, permite demostrar que, al igual que este grupo, se encuentran otros más en nuestro país”.

Y advirtió que estará “atenta a que todos los sectores de la población en edad menstruante accedan en condiciones dignas e igualitarias a dichos productos a partir de esta determinación” aprobada en la Miscelánea Fiscal.

Con altar interactivo en el Monumento a la Revolución honrarán a mujeres víctimas de la violencia machista

Impactantes cIfras

*Cada día más de 10 mujeres son asesinadas por la violencia machista en México. *Entre enero y agosto de 2021, los feminicidios se incrementaron en 8% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. *66 de 100 mujeres mexicanas son o serán víctimas de violencia de género.

“El altar tiene como finalidad recordar las vidas que la violencia machista nos ha arrebatado. Las nombramos para no olvidarlas, y ofrendamos nuestra voz y nuestro grito de lucha para que haya justicia, para que se respete nuestra dignidad, se protejan nuestras vidas y se garantice el pleno ejercicio de nuestra libertad. Para que la violencia no sea tradición, unimos nuestras voces”, explicó Angie Contreras, activista y vocera de la plataforma.

Agregó que, aparte de hablar de cifras, quieren y deben ponerle rostro, nombre e historia, al problema. “Nuestra ofrenda es nuestra voz, por las que ya no están, por las que estamos y las que vienen, no dejaremos de luchar, de nombrarlas, de exigir justicia para ellas y sus familiares”, abundó.

María Antonieta Alcalde Castro, directora para Ipas Centroamérica y México y también vocera de Mujeres Vivas, Mujeres Libres, recordó que la criminalización y persecución del aborto es igualmente una forma de violencia contra las mujeres que puede llegar a costar no sólo su salud, sino incluso su vida. “El aborto inseguro y en condiciones no óptimas es una de las principales causas de muerte materna en nuestro país. Entre 2002 y 2019, México registró mil 254 muertes por aborto en mujeres de todas las edades. Estas son mujeres a las que también honraremos con estos altares físico y virtual, desde el amor y respeto a sus memorias”, destacó Alcalde.

AMLO encomienda a Gabriel Hernández el programa Agua Saludable en región de La Laguna

/ EzEquiEl FlorEs

Foto SenAdo de lA repúblicA El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el senador morenista, Gabriel García Hernández se va a encargar del programa de Agua Saludable para revertir los efectos de la contaminación con arsénico de los mantos freáticos en la región de la Laguna del país.

Ello debido a que los opositores al proyecto hidráulico del gobierno federal, quienes se habían comprometido ante el mandatario a respaldar la obra, decidieron interponer amparos para frenar la construcción.

“Habíamos acordado de que no iba a ver problema, pero son muy mañosos y están acostumbrados a tirar la piedra y esconder la mano. Voy yo y me dicen ‘no hay problema, aquí todos ayudamos’ y ahora hay dos amparos y están promoviendo otro más”, expresó.

En la conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo federal advirtió que existe un movimiento opositor al proyecto para garantizar el consumo de agua libre de arsénico a la población de la Laguna, conformada por las ciudades de Torreón, Matamoros y Francisco I. Madero del estado de Coahuila y Gómez Palacio y Ciudad Lerdo del estado de Durango.

“Tenemos ahí una oposición de políticos retrogradas, corruptos que ni siquiera están entendiendo de que se trata de la salud del pueblo, entonces por sus intereses caciquiles y queriendo sacar raja, están tratando de impedir que se lleve a cabo el proyecto”, indicó el presidente López Obrador.

Advirtió que “en su momento”, va a dar a conocer los nombres de los políticos que están promoviendo amparos contra la obra del gobierno federal.

“Vamos a decir en su momento, quiénes se están oponiendo, pero no a los que logran manipular sino a los jefes, a los manipuladores porque estoy planteando el asunto y ojalá cambien de parecer porque hasta las piedras cambian de parecer”, sentenció el mandatario. El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECDMX) recibió hoy una queja en contra de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por la presunta utilización de programas sociales y el uso de recursos públicos con la distribución de la llamada “tarjeta Claudia”.

En su denuncia, la diputada local América Rangel, del Partido Acción Nacional (PAN), argumentó que ello contraviene el artículo 134 constitucional al promover su nombre con recursos públicos, por lo que solicitó al IECDMC la aplicación de medidas cautelares en contra de la funcionaria.

“Esta autoridad está facultada para conocer de los hechos que se denuncian y dictar las medidas cautelares de ordenar la suspensión, como en el caso que nos ocupa sucede respecto de Claudia Sheinbaum Pardo en su calidad de jefa de Gobierno de la Ciudad de México y Luis Humberto Fernández Fuentes, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México”, consigna la queja.

En otra parte de la misma, acusa a Sheinbaum de actuar con dolo al tener conocimiento de la norma prohibida y, aun así –arguye-, continúa con propaganda personal desde el gobierno local.

“Es evidente que la jefa de Gobierno labora para los ciudadanos de manera dolosa, ya que, a sabiendas de las faltas en que está incurriendo, no frena sus actos proselitistas y eso debe tener visto de la autoridad electoral para futuras participaciones a cargos de elección popular”, precisa.

El pasado miércoles 20 el gobierno de la Ciudad de México anunció que entregaría una tarjeta a un millón 250 mil alumnos de educación básica donde recibirán apoyos mensuales, además de que obtendrán descuentos y acceso para actividades culturales y deportivas.

Durante la presentación de las tarjetas, Luis Humberto Fernández, responsable de la AEFCM, admitió que entre la comunidad educativa le llaman “la tarjeta de Claudia”.

PAN denuncia a Sheinbaum ante el IECDMX por distribuir la “tarjeta Claudia”

Foto @AmerAngellorenz

Denuncian ante CIDH a Estado mexicano por estigmatización de protestas feministas y uso indebido de la fuerza

En una audiencia realizada esta tarde ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), diversas organizaciones de la sociedad civil denunciaron al Estado mexicano, por primera vez, por el uso indebido de la fuerza, violencia y tortura sexual, acoso, hostigamiento físico y digital, que han vivido las mexicanas por parte de policías en el contexto de las protestas feministas.

Al participar este día en el 181 periodo de sesiones de la CIDH, organizaciones del Espacio OSC para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Amnistía Internacional, denunciaron que el Estado mexicano ha reaccionado con violencia y discursos estigmatizantes ante la exigencia de las mujeres de un despliegue de estrategias para atender la violencia de género.

Algunas de las violaciones a los DH que criminalizan la protesta social enlistadas por las defensoras fueron la reforma aprobada en diciembre de 2020 a la Ley General de Comunicación que castiga a quienes bloqueen vías ferroviarias; la falta de recursos y de eficiencia en la operatividad del Mecanismo Federal para la Protección de Personas Defensoras de DH y periodistas; discrecionalidad y ambigüedad en el marco normativo de los cuerpos militarizados, así como la falta de transparencia y ausencia de controles; uso indebido del derecho penal contra manifestantes; falta de seguimiento a las denuncias y atención para víctimas de violencia y tortura sexual; la creación de ambientes hostiles para la libre asociación de las mujeres; violencia machista en el entorno digital; y el incumplimiento en la creación de un Observatorio Independiente para monitorear el uso de la fuerza (ordenado por la Corte Interamericana por el caso de Atenco).

Tan solo entre 2020 y 2021 las organizaciones documentaron represión policial en manifestaciones encabezadas por mujeres en al menos 10 estados de la república: Aguascalientes, Sinaloa, Quintana Roo, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Chiapas, Estado de México, Jalisco y Ciudad de México. Estos casos de represión policial tuvieron en común que durante las detenciones y traslados, las niñas y mujeres sufrieron violencia física, psicológica y sexual.

Las defensoras presentaron un video con el testimonio de algunas de las mujeres que vivieron directamente estas violaciones a sus derechos. Entre los casos estuvo el de “Ariana”, detenida cinco días después de participar en una protesta en Querétaro en el marco del Día Internacional de la Mujer, por el delito de “daños”. La joven relató que durante la detención no se le informaron sus derechos y que desde entonces ha recibido presión para que acepte su culpabilidad. Este hostigamiento ha derivado en dos intentos de suicidio e incluso un internamiento en un hospital psiquiátrico.

Frente a este contexto, las organizaciones pidieron a quienes integran la CIDH que monitoree diferenciadamente las manifestaciones encabezadas por mujeres en el país, se pronuncie por las violaciones a distintos derechos vinculados con la protesta; se pronuncie sobre la naturaleza contraria a los DH de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y sobre la urgencia de adoptar mecanismos de supervisión externa de los organismos de seguridad; y resuelva los asuntos jurídicos en trámite ante la Comisión sobre este tema.

Las organizaciones también pidieron que exhorte al Estado mexicano a reconocer la legitimidad de las manifestaciones encabezadas por mujeres y se abstenga de estigmatizar a sus participantes, ya sea en el entorno físico o virtual, e investigue de forma seria, exhaustiva, imparcial y con perspectiva de género, las violaciones que han vivido las mujeres al participar en protestas; y se abstenga del uso indebido del Derecho penal en contra de niñas y mujeres que se manifiestan.

También pidieron que promueva la implementación de mecanismos de supervisión externa de los cuerpos policiales de todos los niveles de Estado, especialmente a través de la creación de un Observatorio Independiente para el seguimiento de las políticas en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza de la Guardia Nacional, y garantice los DH en tareas de seguridad al pasar de un modelo militarizado a uno de construcción de paz; y construya una ruta de trabajo para fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas.

Durante su participación como representante del Estado y luego de los cuestionamientos de las comisionadas, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís, reconoció que “no es suficiente la capacitación, se requiere el acompañamiento, se requiere supervisión y monitoreo. No es suficiente que una mujer se vista con uniforme de policía para decir que contamos con una policía de género. Eso no es suficiente y eso no es policía de género Necesitamos contar con policías que pongan en práctica la debida diligencia, con perspectiva de género”.

Las otras funcionarias que representaron en esta audiencia al Estado mexicano, entre ellas la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman; la diplomática Luz Elena Baños Rivas; y la directora General de lo Consultivo y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alma Delia Arriola Beltrán, aseguraron que México garantiza el derecho a la libertad de expresión, la libre manifestación y la protesta.

Como parte de sus argumentos, las funcionarias enunciaron capacitaciones y manuales con perspectiva de género para las y los policías, así como pronunciamientos y llamados que han hecho a los gobiernos locales. No obstante, no respondieron ante la pregunta explícita de las Comisionadas sobre si existe un mecanismo de evaluación que demuestre que estas acciones y la articulación entre los niveles de gobierno ha rendido efecto.

Al cierre de la audiencia, la Comisionada Julissa Mantilla Falcón, reconoció que todos los derechos reconocidos para las mujeres han sido consecuencia de la protesta y las marchas de las mujeres feministas: “Los derechos de las mujeres, de las niñas, como siempre digo, las mujeres mayores son esas niñas que en su momento no pudieron protestar porque no había derecho al voto, porque no había derecho a la participación, porque no había posibilidades que hoy existen, gracias a la protesta de las mujeres”.