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aPRO / EzEquiEl flORES
“Nosotros recibimos los homicidios hasta la punta, Calderón no recibió así el país”: AMLO
/ EzEquiEl FlorEs
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El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que en su gobierno hay más asesinatos que durante el periodo del panista Felipe Calderón, pero se justificó argumentando que él recibió el país con elevados índices de homicidios dolosos y su adversario político no.
Dicen es que ahora hay más asesinatos que en la época de Felipe Calderón, sí nada más que nosotros recibimos los homicidios hasta la punta, hasta mero arriba y Felipe Calderón no recibió así el país, él lo llevó arriba y todavía en el gobierno pasado lo subieron más. Eso es una cosa y lo otro es que falsificaban información”, expresó.
A través de una gráfica que exhibió en pantalla, explicó que el panista Felipe Calderón asumió el gobierno en 2006 con un 15 por ciento de aumento en la cifra de homicidios dolosos y AMLO llegó en 2018, con el 50 por ciento de incremento de asesinatos en el país.
“Y aquí no hemos aumentado, no ha habido la disminución que quisiéramos, pero hay una contención, y hemos logrado aunque sea poco, bajar”, la incidencia en crímenes, refirió el presidente López Obrador.
En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que no es fácil convencer “a los involucrados” y “los voceros de la mafia del poder” y arremetió contra el periodista Carlos Loret de Mola.
No es fácil tratar de convencer a los periodistas que trabajaban en el régimen y que apoyaban a delincuentes. ¿Por qué no nos platica Carlos Loret de Mola, cuál era su relación con Genaro García Luna? ¿Por qué no hace un reportaje sobre eso? En una actitud autocrítica y el mismo Felipe Calderón que no habla y no dice nada”, indicó.
Enseguida, señaló que la estrategia de Seguridad del expresidente Felipe Calderón era responder a la violencia con la violencia y dijo que fue una guerra selectiva porque se atacaba a un grupo delictivo y a otra banda criminal le garantizaban la impunidad.
“Pero ni siquiera parejo, sino con los que tenía acuerdos el gobierno podían actuar con impunidad, los que no tenían acuerdo, esos sí eran perseguidos y frontalmente atacados al grado de que se les eliminaba, era el 'mátalos en caliente', había menos detenidos que abatidos en enfrentamientos porque los remataban”, aseveró.
Incluso, dijo que durante el calderonismo había la instrucción de aplicar toda la fuerza y los mandos militares recibían la orden de hacer su trabajo, “sin ninguna consideración” porque el gobierno se hacía cargo de los derechos humanos, en referencia a las masacres perpetradas por las fuerzas armadas contra población civil o miembros de bandas delictivas.
“Eso era lo que sucedía y ahora con un nivel de cinismo, cretinismo dicen 'qué barbaridad'”, reprochó AMLO.
López Obrador señala que no cambiará su estrategia, así que “sigan con sus campañas de desprestigio”
/ EzEquiEl FlorEs
“No vamos a cambiar la estrategia, que sigan con sus campañas de desprestigio, con su prensa vendida y alquilada porque sólo si el pueblo, en un proceso electoral, decide que hay que cambiar y llegan gobiernos como los de antes, entonces sí”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
De esta forma, el mandatario defendió en la conferencia mañanera su política para tratar de revertir los efectos de la violencia y la inseguridad que prevalece en México, a través de su expresión: “abrazos, no balazos”.
“Lo primero y fundamental es atender las causas que originan la violencia, porque estoy absolutamente convencido de que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, eso es una concepción conservadora y autoritaria, y lo segundo es importante: cero corrupción y cero impunidad”, sostuvo.
Al respecto, señaló que su gobierno no llegó para “seguir con lo mismo” y aseguró que él es completamente distinto a sus antecesores, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto.
“Vamos bien y lo puedo probar hasta con números, y desde luego que vamos bien, porque yo tengo comunicación con la gente y nuestros adversarios viven en una burbuja”, aseguró el mandatario.
Cuando le preguntaron si los hechos de violencia que siguen ocurriendo en el país no lo obliga a replantear la política para revertir los efectos de la inseguridad, el presidente López Obrador respondió:
“No. Al contrario, este es el camino, todo esto es el fruto podrido de una política de corrupción, de impunidad, que se implementó desde los tiempos de Felipe Calderón y no se puede arrancar de raíz, de la noche a la mañana, de un día para otro, un problema que lleva años y que además se propició y alentó”.
“Imagínense ustedes, si el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón (Genaro García Luna), era protector de un grupo de la delincuencia, es que lo que sucedió fue gravísimo”, agregó.
Incluso, señaló que la administración de Felipe Calderón (2006-2012) era un gobierno de la oligarquía y de la mafia del poder porque tenían y siguen teniendo el control de medios de comunicación e intelectuales.
“Todo lo resolvían de manera mediática, hasta que la gente se dio cuenta y por eso vino un cambio en el país, pero el daño fue muy grave y hemos hablado de que los errores en política son como crímenes”, sentenció el presidente López Obrador.
| Foto Gobierno de México
BAJO PRESIÓN Delincuentes
EDILBERTO ALDÁN
Es más complejo que eso, tú no entiendes; en más de una ocasión se me ha entregado esa frase para evadir un cuestionamiento directo sobre las razones por las que la clase política no atiende sus responsabilidades, como la negativa de diversas legislaturas de Aguascalientes que se niegan a acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se modifique el Código Civil y aprobar el matrimonio igualitario en la entidad.
Desde el 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que conceptos como matrimonio y familia deben responder a la transformación de la sociedad, adaptarse, reconocer la realidad social; la SCJN indicó también que ningún legislador puede regular el libre acceso al matrimonio, por lo que tienen que reconocer la legalidad de las uniones entre dos personas del mismo sexo; también validó la adopción de menores por parte de una persona soltera o cónyuges, sin importar la orientación sexual.
Doce años después, en Aguascalientes se rechaza esta idea y se insiste en vulnerar los derechos de quienes desean casarse o adoptar. La necedad de los diputados, todos del Partido Acción Nacional, los ha llevado a controvertir la decisión de la SCJN, y perder, desde abril del 2019, una resolución de la Corte obliga al Congreso de Aguascalientes a legislar para reconocer el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, y nomás no quieren.
Lo que señala la Corte es que no se puede discriminar y del pleno respeto de los derechos de la niñez, en Aguascalientes, los miembros de Acción Nacional intentan encubrir su homofobia volviendo el matrimonio igualitario en una lucha contra la ideología de género, cuando se trata del simple respeto de la Constitución.
Todos estamos obligados a respetar la ley, más allá de nuestras creencias personales, los diputados panistas no lo quieren hacer y esconden su visión moralina ondeando el petate del muerto del avance de la ideología de género; los legisladores juraron respetar la ley, sin importar la fe que profesan, eso es lo que se espera de quien se vuelve representante popular, argumentar que está en riesgo el núcleo fundamental de la sociedad es mostrar el rechazo a la realidad de que en México hay múltiples formas de familias.
En la semana, representantes de la comunidad LGBT+ clausuraron simbólicamente las instalaciones del Congreso, la respuesta de los panistas ha sido señalar que esas no son las formas y que nadie los va a obligar a legislar para unos cuantos; de aceptar esta narrativa, pareciera que los diputados siguen defendiendo a la mayoría de la irracionalidad de las minorías, cuando no es así, no se trata de los avances de la diversidad sexual en materia de reconocimiento de sus derechos, ni de los panistas defendiendo a los niños de los “horrores” de la homosexualidad, es más sencillo, se trata de respetar la ley.
Ir en contra de una resolución de la Suprema Corte de la Justicia es violar la ley, de ahí hay que partir, no de los miedos y fobias, los diputados panistas son unos delincuentes, no hay más, ¿hasta cuándo seguirán violando la ley?
Coda. De Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes: “Una vez descartado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad”.
CONVICCIONES En torno a la mañanera
RUBÉN AGUILAR VALENZUELA
Un corresponsal extranjero, al que quiero mucho, somos amigos desde la guerra en El Salvador, esos años trabajamos juntos, cubrió para su agencia los años en los que gobernó el presidente Hugo Chávez en Venezuela.
Conoce muy bien América Latina y el Caribe, ha estado en muchos de sus países en coberturas noticiosas, sobre todo en procesos electorales. Me comparte unas notas sobre cómo operaba un programa noticioso del régimen. Es un testimonio que vale la pena se conozca:
“Cada vez más las conferencias mañaneras se parecen al programa nocturno La Hojilla de Venezuela (2004-2014), donde el conductor, Mario Silva, un paramilitar del partido gobernante, divulgaba en lenguaje soez información de espionaje que le filtraba el propio presidente Chávez. Hojilla en Venezuela se le llama a las famosas hojas de afeitar Gillette, y el logo del programa era una navaja con los colores de la bandera venezolana.
Con el tiempo, el propio presidente llamaba al programa cerca de la medianoche para hacer anuncios inesperados, entre plática informal y carcajadas. Por ejemplo, en una llamada se le ocurrió que tenía que “enviar a descansar” al vicepresidente José Vicente Rangel, y que lo mejor era reemplazarlo, todo en un tono informal, como una ocurrencia en ese momento, pero quien hablaba era el presidente.
En otra ocasión llamó para anunciar que desplegaba 20 batallones blindados a la frontera con Colombia, sin explicar cuántas tropas eran, ni cuántos vehículos militares, pura faramalla. A esa hora de la noche yo tenía que lidiar con mis colegas traductores en Washington y París que no entendían nada y pensaban que estaban a punto de una guerra entre los dos países. Pura payasada y falta de respeto, como hoy, que el presidente puso a todo el país a escuchar música norteña de migrantes.
La Hojilla tenía a la prensa bajo acoso. Cualquier investigación periodística ponía el foco en el periodista y no en la información, los ataques eran personales, nunca daban sus fuentes. Cuando recién llegué a Caracas en 2004 era una novedad. Me llamó la atención el programa, que había comentado una de mis notas por la noche. A la mañana siguiente, cuando pregunté a los colegas venezolanos veteranos, me dijeron: “Ten cuidado con ese tipo (Mario Silva), es un policía, un agente de inteligencia”.
Un día este supuesto periodista, que era un policía, llegó al restaurante donde yo comía, a dos cuadras de mi oficina. Allí llegaban líderes de la oposición, y el dueño, un viejo muy noble, me tomó cariño y me los presentaba. “Coño tu trabajo es muy arrecho (difícil)”, me decía y me daban tips y novedades.
Para entrar había que tocar una ventanilla y si eras cliente te abrían, si no, no. Silva llegó con sus guardaespaldas. Pidió un whisky 18 años. No había. “Coño, ¿y que toman estos escuálidos aquí?”, fanfarroneó. Todos guardaron silencio, era muy temido. “Entonces dame esa gasolina de 12 años”, alardeó. La Guacamaya era un restaurante español pequeño, de unas ocho mesas. El dueño era un gallego que había sido chef del Palacio Miraflores y había atendido al presidente francés Charles de Gaulle”.
Mi amigo termina su nota en referencia a la mañanera del presidente López Obrador: “Lamentable. Condolencias. Abrazo”.
@RubenAguilar
AMLO califica de “ruin” que se culpe primero al Gobierno Federal por el caso de los jesuitas “El Chueco” llevaba “una vida tan normal”, patrocinaba equipo de beisbol: AMLO
“Me pareció equilibrado el mensaje del Papa” sobre asesinato de jesuitas: AMLO
/ ezequiel FloRes
El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de ruin la actitud de sus adversarios políticos porque en el caso de los sacerdotes jesuitas y del guía de turistas asesinados en la Sierra Tarahumara cuestionan a su gobierno y no dicen nada sobre la responsabilidad que tiene la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, en el tema de los homicidios dolosos, porque se trata de un delito del fuero común.
“¿Qué esto no es un asunto del fuero común? ¿Qué no tiene que ver con una responsabilidad del gobierno local? ¿Y no mencionan eso? ¿Y cuánto tiempo gobernando el mismo grupo en Chihuahua? ¿Y si hacemos un poco de historía qué no fue este partido conservador (PAN), el que hizo la alianza con Carlos Salinas? ¿Y qué no muchos candidatos a presidentes municipales, incluso gobernadores, se apoyaban en los grupos criminales?”, cuestionó López Obrador.
En la conferencia mañanera, el mandatario calificó a sus enemigos políticos como hipócritas y dijo que “les cuesta mucho trabajo entender”, la separación de las responsabilidades del gobierno federal y local porque se trata de un asunto “muy polémico”.
“Se me hace muy ruin que se da un hecho como este, lamentable porque sí duele, no solo por los sacerdotes que están trabajando por los pobres y es una iglesia progresista, sino duele cualquier asesinato, pero estos hipócritas lo primero que hacen es voltear hacia nosotros, hacia mí", expresó.
Por ello, consideró que si se actúa en estricto apego a la ley, y de acuerdo a la responsabilidad de cada orden de gobierno, el homicidio doloso es un delito del fuero común, indicó el presidente López Obrador.
/ RodRigo HeRnández
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “es muy extraño y al mismo tiempo inaceptable, y sospechoso”, que José Noriel Portillo “El Chueco”, señalado como responsable del asesinato de los sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, “llevara una vida tan normal”.
En la conferencia mañanera, el mandatario recordó que de acuerdo al informe de la Fiscalía de Chihuahua, “El Chueco” era patrocinador de un equipo de béisbol, a pesar de los antecedentes que tenía y la orden de aprehensión por el asesinato de un turista extranjero en 2018.
Por ello, anunció que la investigación para esclarecer el asesinato de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, así como el guía de turistas Pedro Palma, será a fondo para que conozca toda la verdad.
“Hay que ver si no había impunidad y protección, arreglos, acuerdos y con quienes (son los pactos)”, advirtió.
“Y es seguro que los propios sacerdo | Foto Gobierno de México
tes jesuitas que vivían ahí, las madres saben todo y con mucho cuidado pueden ayudar, además, son misioneros es gente que dedica su vida a ayudar a los más desposeídos, a los abandonados, a los débiles, entonces va a ayudar mucho el que sepamos todo”, sentenció.
Papa Francisco
/ RodRigo HeRnández
El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que el mensaje del papa Francisco no solo expresó su “dolor y consternación” por la ola de asesinatos que se registran en México, sino destacó que “la violencia no es el camino” para pacificar el país.
El mandatario insistió en decir que la violencia genera más violencia, mientras sus adversarios sostienen la postura de que “el mal se enfrenta con el mal”.
“Por eso me pareció equilibrado el mensaje del Papa Francisco porque estos conservadores, no hubiesen querido eso, que el Papa dijera que la violencia produce más sufrimiento”, dijo.
“¿Esa era la mentalidad, doctrina y el pensamiento que guiaba la acción con Felipe Calderón? No. Era barrer, limpiar y al mismo tiempo extorsionar y establecer relaciones de complicidad con la delincuencia. Todo esto es lo que estamos enfrentando”, indicó.
Luego, reiteró su pésame a la Compañía de Jesús tras el asesinato de los sacerdotes jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora en la sierra Tarahumara de Chihuahua y dio respuesta al mensaje del Papa Francisco que en su cuenta de Twitter.
“Expreso mi dolor y consternación por el asesinato en #México, anteayer, de dos religiosos jesuitas y de un laico. ¡Cuántos asesinatos en México! La violencia no resuelve los problemas, sino que solo aumenta los sufrimientos innecesarios”, refiere el mensaje del jerarca de la Iglesia católica.
Al respecto, el presidente López Obrador dijo que el asesinato de los sacerdotes jesuitas se va a investigar a fondo para esclarecer los hechos y que el doble crimen no quede impune. No es nada más encontrar los cuerpos, sino ir al fondo en este caso”, advirtió.
Participación ciudadana en elección de consejeros del CJF, sólo con reforma constitucional: Zaldívar
/ Diana Lastiri
Mientras la Constitución no sea reformada, la participación ciudadana en la elección de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no será posible, señaló el ministro presidente Arturo Zaldívar.
En conferencia de prensa destacó que el reciente proceso de selección de consejera de la Judicatura fue novedoso por haber sido exclusivo para mujeres y en el mismo se cumplieron los mandatos constitucionales al respecto.
Al ser cuestionado sobre por qué no abrir a la participación ciudadana este tipo de procesos, como han solicitado organizaciones de la sociedad civil, el ministro Zaldívar indicó que la constitución no lo prevé.
“Cuando se cambie la constitución para que haya un procedimiento abierto donde pueda venir a participar todo el mundo, yo no tengo ningún inconveniente, el Pleno cumplió con la Constitución”, dijo.
Añadió que el perfil de la magistrada Lilia Mónica López Benítez es inobjetable, por lo que las organizaciones seguramente no le pondrán ninguna tacha.
“Si este procedimiento que nosotros realizamos tuviera inconvenientes, si hubiera sido un fracaso, si hubiéramos hecho una mala elección, entonces estoy de acuerdo en que nos critiquen, pero si la elección de la consejera es inobjetable, es intachable en fondo y forma, y se respetó la Constitución y se hicieron acciones afirmativas en beneficio de las mujeres, me parece que hacer una crítica porque no se abrió a no sé qué organizaciones porque también eso de las organizaciones de la sociedad civil es algo muy nebuloso y muchas veces y muchas de ellas responden también a otros intereses, no son químicamente puras, creo que si el proceso hubiera fracasado, la crítica es válida”, comentó.
El pasado 18 de junio, Proceso publicó que organizaciones de la sociedad civil, como México Evalúa, han dado seguimiento a los procesos de designación de los altos cargos del Poder Judicial de la Federación, pues conforme a lo que establece la Constitución se presta a que los mismos estén plagados de opacidad.
Arturo Zaldívar
FGR extorsionó para hacerse del cheque de 2 mil mdp que Gertz entregó a AMLO, confirma Elías Sacar
/ Diana Lastiri
Elías Sacar Micha, fundador y miembro de la empresa de bienes raíces Fibra Uno (Funo) confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) extorsionó a los accionistas para conseguir el cheque por 2 mil millones de pesos que su titular, Alejandro Gertz Manero, le entregó al presidente Andrés Manuel López Obrador como supuestas recuperaciones derivadas de las acciones de combate a la corrupción. En un audio, del que Proceso posee copia, el empresario relata cómo en octubre de 2019 fue avisado que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantenía bloqueadas más de 300 cuentas bancarias vinculadas a la empresa y las de los otros accionistas, los hermanos Max y André El Mann Arazi.
“El viernes me hablan de mi oficina, que todas las cuentas están congeladas y que Max y que André tuvieron que ir a la procuraduría porque los mandaron llamar. Max que no tenía nada que ver.
“Sentaron a Max y a André, nos congelaron todas las cuentas, a ver, para que te des una idea, las cuentas de Monte Sinaí, las cuentas de Fibra (Funo), todas las cuentas, nada más que en las cuentas del Zaga había 50 millones de pesos y congelaron cuentas que no eran nuestras”, relató.
El bloqueo se dio a pocos días de que la empresa debía pagar a Fibra los repartos de inversiones y, de acuerdo con el relato de Sacar Micha, en las oficinas de la FGR se le informó a los hermanos El Mann que las cuentas permanecerían congeladas a menos que llegaran a un arreglo en ese momento.
Pese a que los empresarios podían impugnar el bloqueo mediante los recursos legales previamente establecidos y avisar al mercado bursátil de las presiones que estaban sufriendo para que sus inversionistas pudieran decidir sobre el destino de sus inversiones en Funo, decidieron ceder a las presiones de la FGR a cambio de que no se diera a conocer esta operación para no afectar su imagen pública ni el valor de sus certificados bursátiles fiduciarios.
“Me presento el lunes a oficina ‘¿qué pasó?, nada, tuvimos que dar 2 mil millones de pesos y tuvimos que firmar un papel donde ellos no firmaron y firman un papel donde devuelven 2 mil millones y quedaron de no sacarlo en las noticias y lo primero que hicieron fue sacarlo al otro día en las noticias”, continuó Sacar. En febrero pasado Proceso publicó que el cheque entregado por Gertz Manero al titular del Ejecutivo federal provenía de acuerdos extrajudiciales y que a casi dos años de su entrega no se había podido utilizar y tuvo que ser devuelto a la FGR.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su revisión del ejercicio del gasto del 2020, ratificó que los 2 mil millones fueron regresados a la Fiscalía el 13 de abril del 2021. La investigación “Casas abandonadas del Infonavit: Historia de negocios millonarios y una alegada trama de corrupción”, mostró cómo los 2 mil millones de pesos provenían de acuerdos extrajudiciales y que fueron entregados por los hermanos André y Max El Mann, como acuerdo reparatorio por su supuesta participación en un fraude al Infonavit por más de 5 mil millones de pesos.
En diciembre de 2020, la FGR solicitó órdenes de aprehensión contra los accionistas de Telra Realty, los hermanos Teófilo y Rafael Zaga Tawil y su hijo Elías Zaga Hanono, además de Alejandro Cerda y Omar Cedillo, ex funcionarios menores del Infonavit; no solicitó captura contra los hermanos El Mann a pesar de que ellos también están denunciados por el fraude al Instituto.
/ Diana Lastiri
Este jueves fueron dados a conocer en redes sociales nuevos audios de conversaciones telefónicas entre el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, el subprocurador, Juan Ramos, y Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, sobre las negociaciones realizadas para allanar el camino al exfuncionario en los procesos penales que enfrenta.
En uno de los audios se escucha una conversación sostenida supuestamente entre el fiscal Gertz Manero y Lozoya Thalmann, en la que el primero reclama la tramitación de un amparo por parte de la defensa del exdirector de Pemex.
En la conversación, el fiscal le exige al padre de Emilio Lozoya sacar al abogado del caso, por lo que es posible que se trate del jurista Javier Coello Trejo, quien asumió la defensa del exfuncionario antes de su extradición.
Alejandro Gertz Manero (AGM): –Me acaban de notificar que tú y tu hijo se ampararon en contra de…
Emilio Lozoya Thalmann (ELT): –No, no, no. –Bueno, me acaban de notificar. –Es un error, se adelantaron, no tiene nada que ver, no lo hicieron ni con la autorización nuestra. –Nada más para que no vaya a haber un… yo no acepto dobles lenguajes, ¿eh? –Para nada. –Ni las jugadas de ese pinche bandido del abogadete ese. –Por eso lo puse en orden ayer, le pido una altísima disculpa y lo voy a reparar ahora en unos minutos. Que se desista de inmediato porque así yo no juego, ¿eh? –Está muy claro, te pido nuevamente una disculpa y voy a meter orden acá, estamos muy agradecidos de ayer, trabajando sobre lo que la orientación que nos indicaste –Que se desista del amparo y ya no metas a ese cabrón, por favor, en frente, porque las cosas las va a echar a perder. –Te voy a pedir tu consejo, vamos a buscar una salida. –Una gente decente que te defienda. –Lo vamos a buscar para que salga lo más pronto posible. Un abrazo y una disculpa, fiscal.
Antes de que ambos personajes inicien el diálogo, se escucha a una persona presentándose con Lozoya Thalmann e informándole que Gertz Manero era quien le estaba realizando la llamada.
En un segundo audio, es el padre de Emilio Lozoya quien se comunica directamente a la FGR y pide hablar con el subprocurador Juan Ramos, mano derecha de Gertz Manero.
Juan Ramos López (JRL): –El fiscal ya me hizo ahí algunos cuestionamientos los cuales he estado revisando para que se los entregáramos, no sé si pudiera venir mañana. Emilio Lozoya Thalmann (ELT): –El viernes, ¿el viernes le parece bien, licenciado?
–Claro, a las 11. –A las 11 ahí estaremos sin falta y desde luego muy agradecido, le comento que ya también para que luego no nos digan en México, ya en España ya empezaron con casos de coronavirus en prisiones, pero a las 11 ahí estaremos y los atenderemos los cuestionamientos de inmediato. –Perfecto, nos vemos el viernes a las 11
Emilio Lozoya está vinculado a proceso por asociación delictuosa y lavado de dinero en los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados.
A su arribo a México, en el año 2020, la FGR no solicitó sujetarlo a prisión preventiva ni a prisión domiciliaria, y aceptó que se le mantuviera en libertad condicional pese a que permaneció prófugo de la justicia por más de un año.
Desde entonces, su defensa, encabezada por Miguel Ontiveros, comenzó a negociar el otorgamiento de un criterio de oportunidad a través del cual Lozoya denunció a 70 personas que durante sexenios pasados supuestamente cometieron actos de corrupción, incluido el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Sin embargo, esto cambió luego de que en redes sociales fueron dadas a conocer imágenes de Lozoya cenando en un lujoso restaurante en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, algo que no le estaba prohibido, por lo que la FGR solicitó el cambio de la medida cautelar y desde finales de 2021 permanece en el Reclusorio Norte. Un tercer audio es sobre una conversación en la que el papá de Emilio Lozoya se comunica a la oficina de Juan Ramos para aportarle información y consultar detalles sobre la extradición de su esposa, Gilda Margarita Austin y Solís. –Señor licenciado, muy amable primero por aguantarnos en la mañana tanto tiempo. –No se preocupe. –Cumplo lo indicado, ya empecé a localizar lo que está en el registro, el acta de nacimiento, matrimonio; del certificado médico, hablé con su cardiólogo, me lo van a elaborar, lo tendré máximo mañana en la mañana y el comprobante de domicilio que fue lo que me pidió, y consultarle si ya hay alguna noticia de cuándo llegaría (…) de lo que ustedes ordenen, el señor fiscal y usted, para cancelar el boleto para que me alcance el tiempo y como dijo él atinadamente y la aerolínea que no nos vayamos a cruzar. –Yo no tengo ahorita noticias, y pues lo que dijo el fiscal fue algo muy claro, no sea que se vayan a cruzar. –Entonces más vale.
Gilda Margarita Austin y Solís está acusada por supuestamente recibir en sus cuentas bancarias dinero proveniente de los sobornos entregados por Odebrecht a Emilio Lozoya cuando era director de Pemex a cambio de la adjudicación de contratos de obra pública. Actualmente ella permanece vinculada a proceso y sujeta a prisión domiciliaria.
Audios filtrados muestran la colaboración entre Gertz Manero y el padre de Emilio Lozoya
/ RodRigo HeRnández
El senador Ricardo Monreal afirmó que no tiene pensado salirse de Morena “por más que hay un sector que quisiera que estuviera fuera de Morena”, pero que su límite es la dignidad. “Si se me sigue excluyendo nada tengo que hacer”, resaltó al ser cuestionado sobre la sucesión presidencial de 2024.
“Espero que la dirigencia de Morena corrija y en el futuro no me excluya de la participación”, planteó. Y agregó que aunque no sea mencionado “en el club de los elegidos desde las matutinas y conferencias mañaneras”, aun así ha decidido participar.
También dijo que espera que el dirigente nacional Mario Delgado ya no lo excluya de la participación en los eventos del partido junto con los otros posibles aspirantes de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López.
“Hasta ahora estoy luchando dentro de Morena a pesar de las exclusiones, de no ser del club de las corcholatas o los señalados. Estoy firme, soy un aspirante normal, legitimado por la historia… no quiero pleitos, quiero luchar limpiamente y ganar a la limpia dentro de Morena”, aseguró.
Aunque aclaró que ya el dirigente nacional Mario Delgado lo invitó al evento que tendrá el partido en Durango, y que le pidió extender la misma invitación a los demás integrantes de la bancada de Morena en el Senado.
Monreal pidió ‘piso parejo’ y se negó a ser llamado “corcholata”.
“No, yo no soy corcholata, soy un aspirante natural, nunca corcholata, es peyorativo y un lenguaje que nadie debiera aceptar, pero allá ellos. Yo no soy, me niego a aceptar ese mote, soy un modesto aspirante a la presidencia de la república”, concluyó.
Plan de seguridad
Llegó el momento de revisar “sin titubeos ni obstáculos” el Plan Nacional de Seguridad; “es una asignatura pendiente que no se ha resuelto”, dijo en una visita a la entidad el presidente de la Junta de coordinación política en el Senado, el morenista Ricardo Monreal Ávila.
Afirmó que en el Senado ya se está haciendo esta revisión, a partir de la atribución constitucional que tiene de conocer y opinar anualmente sobre el Plan, para aprobarlo o modificarlo y hacer recomendaciones al Ejecutivo.
“Es el momento (de revisar este instrumento) y el Senado actuará responsablemente para fortalecer esta labor… hay que enriquecer, coordinar y ayudarle al presidente y al gabinete de seguridad con instrumentos jurídicos actualizados que permitan eficazmente combatir” la inseguridad, dijo el senador morenista y aspirante a la candidatura presidencial.
Según el presidente de la Jucopo, en virtud de que el Senado tiene la obligación constitucional de revisar y votar el Plan Nacional de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional, “estamos trabajando pluralmente para hacer recomendaciones al Ejecutivo”.
Mencionó como parte de los temas que deben reforzarse alcanzar una mayor coordinación entre las policías, así como el uso de la inteligencia policiaca. “Labores de inteligencia, no ruidosas, no numerosas, sino más bien eficaces en puntos precisos del combate a la delincuencia que se pueden hacer”, citó.
De gira por ciudades de Guanajuato, entidad cuyo fiscal ha sido acremente cuestionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Monreal coincidió en las preocupaciones por la situación de violencia y homicidios en el estado, por lo que dijo que se revisará si es posible modificar la cualidad autónoma de las fiscalías de los estados.
“El Senado tiene la obligación de revisar si han funcionado las autonomías en el caso de las fiscalías, porque a pesar de que la constitución les otorga autonomía, en los hechos han sido organismos dependientes del Ejecutivo y han sido ineficaz la procuración de justicia por los intereses que se manejan y lamentablemente, por las complicidades”, señaló.
El senador también dijo creer que la permanencia prolongada de funcionarios en estos cargos genera corrupción y complicidades con la delincuencia y el crimen, por lo que es necesario renovar los perfiles constantemente, para designar a hombres o mujeres con prestigio, autonomía y una trayectoria profesional intachable.
“Desde allá lo estamos revisando cómo instruir a revisar las fiscalías estatales sin alterar el federalismo”, afirmó Ricardo Monreal.
También reconoció que debido al desgaste derivado de los pasados procesos electorales en los estados, siguen pendientes más de 80 nombramientos en diversas instancias, como la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Consejo de la Judicatura Federal, entre otros organismos, que no se pudieron sacar porque no se logró la mayoría calificada necesaria.
Pero aseguró que en septiembre se podrá ya avanzar para desahogar esas designaciones.
“En algunos casos como IFT se requiere que el presidente nos mande las propuestas. Del Instituto de Protección al Ahorro (IPAB) también hay dos pendientes, espero que en septiembre logremos, tengo confianza que con diálogo lo podamos hacer”.
Ricardo Monreal
Se desata en Baja California el apoyo a presidenciables
/ Jesusa CeRvantes
En Baja California, ciudadanos y políticos empezaron a manifestar su apoyo a tres de los posibles candidatos a la Presidencia de la República por parte de Morena.
Este miércoles, a las afueras del edificio donde el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se reunió con empresarios, un grupo de ensenadenses mostró una pancarta con el hashtag #AdanParaPresidente a la vez gritaban “¡presidente, presidente!”
El martes, en el cerro Colorado, uno de los lugares de mayor elevación en Tijuana, apareció otro hashtag pero en apoyo a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Desde varios kilómetros a la distancia se puede leer; “#EsClaudia”,
Y el domingo pasado, durante el evento con diputados, regidores y presidentes municipales de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, el canciller Marcelo Ebrard dijo que es una “corcholata” reconocida y a él ya lo ha destapado cinco veces el presidente.
En el evento se pudo ver a la presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero, muy sonriente en el presídium en que se encontraba el canciller, en tanto que la diputada local por Baja California, Arcelia Miramontes, también asistió y aprovechó para tomarse fotos con uno de los posibles candidatos a la Presidencia de México.
En tanto, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmedo dijo este día que “en su momento vamos a apoyar al que surja del movimiento al que pertenezco, pero tenemos grandes perfiles”.
Y consideró que hay tres precandidatos, descartando así al senador por Morena, Ricardo Monreal Ávila.
“Afortunadamente en este momento en nuestro país, se habla únicamente de tres grandes candidatos y candidata. En su momento evidente vamos a apoyar al que surja del movimiento al que pertenezco, pero tenemos grandes perfiles en ella y en los otros dos que se han comentado mucho y los que vayan saliendo”, declaró este miércoles
Ante Adán Augusto López, el arzobispo de Tijuana urge una estrategia que acabe con la inseguridad
/ Jesusa CeRvantes
Ante el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el arzobispo de Tijuana, Francisco Moreno, demandó una estrategia y compromiso de ciudadanos e instituciones para acabar con la inseguridad que se vive en México.
Durante su visita a Tijuana, el secretario de Gobernación se reunió con empresarios de la localidad; con la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y el arzobispo de la Iglesia Católica; ahí, dijo que en el tema de la inseguridad no es solo un asunto de policías o más armamento, sino de inteligencia y toma de decisiones en conjunto.
“Por eso me da mucho gusto ver al arzobispo, Francisco Moreno, y usted tiene que ayudar mucho, ése es su compromiso por su formación, por su iglesia, pero está usted obligado, como todos nosotros, a hacer todo lo posible; usted más que nada quien es un referente para la sociedad”, dijo el secretario de Gobernación.
En tanto, el arzobispo al referirse al asesinato de los dos jesuitas en Chihuahua, a manos de un sicario del cártel de Sinaloa, expresó su indignación y aclaró que “esto no es un hecho aislado”. Luego consideró que “con este motivo insistir en que necesitamos implementar estrategias y compromisos de ciudadanos, instituciones y del gobierno para dar una solución definitiva a la inseguridad que se vive en México”.
“Esto no es un hecho aislado y nos da oportunidad de visualizar a tanta gente que ha sido asesinada, que ha quedado en la impunidad en cada uno de esos casos. Por eso es una ocasión muy buena para que yo pueda expresar a nombre de la Iglesia nuestra indignación, nuestro reclamo, pero también nuestro compromiso de colaborar con las autoridades civiles y con las demás instituciones para formar una comunidad donde se viva en seguridad”, sostuvo el arzobispo de Tijuana, Francisco Moreno.
Antes, el secretario de Gobernación se refirió al representante de la Iglesia Católica como un hombre de templanza, oriundo de Guanajuato del que conoce su historia “y no porque me dedique ahí en gobernación a investigar”, dijo en tono jocoso con lo que arrancó carcajadas de los asistentes y le valió una fuerte ovación.
INM emite alerta migratoria por “El Chueco”, presunto asesino de sacerdotes jesuitas
/ Patricia Dávila
Acompañado de una recompensa por 5 millones de pesos que ofrece el gobierno de Chihuahua para dar con su paradero, el Instituto Nacional de Migración (INM), emitió una alerta migratoria por José Noriel Portilla Gil, “El Chueco”, ante una posible fuga del país. “El Chueco” es señalado como presunto responsable del asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Cerocahui, Chihuahua.
“Se verificará e informará a las autoridades respectivas sobre los movimientos de ingreso-salida de la persona mencionada, a través de los 194 puntos de tránsito internacional del territorio nacional, aéreos, marítimos y terrestres”, aseguró el INM.
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua señaló que este sujeto, miembro de Gente Nueva, brazo armado del Cártel de Sinaloa, asesinó a los religiosos luego de que estos auxiliaran a un guía de turistas quien se refugió en el templo de los jesuitas, mientras era perseguido por “El Chueco”.
El guía de turistas Pedro Palma fue privado de la libertad por “El Chueco”, y tras conseguir escapar de donde estaba acudió al templo de Cerocahui, donde recibió apoyo de parte de los curas Javier Campos y Joaquín Mora.
Según la Fiscalía General del estado de Chihuahua, horas antes de que Pedro Palma fuera privado de la libertad, él y “El Chueco” habían interactuado en un hotel.
“El hombre antes privado de la libertad escapó y llegó policontundido al templo del pueblo, donde fue auxiliado por los religiosos, quienes también fueron privados de la vida y cuyos cuerpos fueron recogidos por el agresor”, señaló la Fiscalía.
Horas antes, la gobernadora Maru Campos dio a conocer el hallazgo y confirmación forense de los restos de las tres víctimas.
Los cuerpos fueron abandonados a 100 kilómetros del pueblo de Cerocahui, en el municipio de Urique.
El responsable de estos actos, según la Fiscalía es “El Chueco”, por quien ofrecieron 5 millones de pesos como recompensa a la persona que pueda brindar información para su captura.
“El Chueco”, de la tala clandestina al asesinato de los jesuitas
Ricardo Mejía Berdeja presentó la ficha de "El Chueco" en la conferencia mañanera
/ Diana lastiri
La historia delictiva de Noriel Portillo, “El Chueco”, en la Sierra Tarahumara no es nueva. Desde hace años forma parte de los grupos criminales que se disputan y controlan la tala ilegal de árboles, someten a las comunidades indígenas, generan desplazamientos forzados y asesinan a los líderes comunitarios. Proceso identificó al presunto asesino de los padres jesuitas Javier Campos Morales (el padre Gallo) y César Joaquín Mora Salazar en sendos reportajes publicados en 2020 y 2021 ya en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el primero de ellos titulado “La disputa por la madera”, realizado por Patricia Dávila en junio de 2020, el entonces fiscal del estado, César Augusto Peniche, relató cómo las organizaciones criminales diversificaron sus actividades -con millonarias ganancias- y tienen sometidas a las comunidades indígenas.
Peniche explicó que el conflicto en la zona entre Francisco Arvizu, “El Jaguar”, líder criminal del Cártel de Sinaloa y La Línea, por medio de José Roberto González Montes, El 32 o El Mudo, es por la tala ilegal y el acopio de la madera legal en los municipios de Madera, Temósachic, Gómez Farías y Zaragoza.
En Bocoyna, señaló, dos organizaciones criminales también se disputan el negocio: el Cártel de Sinaloa tiene a El Zafiro, personaje con influencia en la zona de Creel, región boscosa donde antes ingresaban los talamontes, quienes fueron absorbidos por ese cártel. Y en la zona de Guerrero y en San Juanito de Bocoyna identificó a los hermanos H2 y H9, de La Línea, quienes controlan el entorno.
Luego apuntó hacia un tercero que ya trataba de disputar al Cártel de Sinaloa la región de Creel: un sujeto a quien le apodan El Chueco, de La Línea. Y refirió que su zona de influencia abarca San Rafael y Urique, municipio este último donde fueron asesinados los sacerdotes jesuitas.
Desde entonces Peniche advertía que “El Chueco” estaba metiéndose a Bocoyna, del lado de Creel, territorio controlado por El Zafiro. En julio de 2021, en el reportaje “Chihuahua: Cuando los talamontes-sicarios obligan al exilio”, la reportera Patricia Mayorga dio cuenta de las decenas de asesinatos de líderes comuneros y los cientos de víctimas de desplazamiento forzado desde 2014 en la Sierra Tarahumara debido a las extorsiones e incendios provocados por grupos criminales para controlar la tala ilegal y lavar dinero.
En el primer esquema, el de la extorsión, se identificó a “El Checo” que ya operaba también en Uruachi, donde hasta esa fecha no se habían registrado incendios masivos intencionales, pero la población denunciaba la intimidación del grupo delictivo que controla Noriel Portillo, “El Chueco”, del Cártel de Sinaloa, quien según testimonio de habitantes locales impide el desarrollo forestal.
Cruz Sánchez Legarda, exgobernador rarámuri desplazado de la comunidad de El Manzano, denunció entonces que en su territorio el grupo criminal ha derribado pinos para sembrar amapola. “Los arroyos se fueron secando. El bosque está abandonado”, lamentó desde el exilio.
SCJN le da la vuelta a discutir dos asuntos relacionados con el Ejército y la Guardia Nacional
/ Diana lastiri
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio la vuelta a la discusión de dos temas sobre la actuación de los militares en actividades de seguridad pública que pudieran resultar en violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos.
La Primera Sala tenía programada para ayer la discusión de un amparo en el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) que fueron víctimas de desaparición forzada el 25 de mayo de 2007 durante un operativo coordinado por elementos del Ejército mexicano en Oaxaca.
Además de otro amparo contra la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y el despliegue permanente de elementos de la Guardia Nacional en la Ciudad de México.
El primer caso se encuentra en la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat quien, según el proyecto público en las listas de la Corte, propone confirmar el amparo concedido a las víctimas para que los militares que trabajaron en Oaxaca durante mayo de 2007 rindan declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR) y otras medidas de reparación del daño, por la falta de resultados en las diligencias de búsqueda e investigación de lo que ocurrió con los activistas.
El segundo asunto está en la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en cuyo proyecto propone negar el amparo al retomar la resolución de la Corte en la que avaló la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Sin embargo, sin dar mayores explicaciones, los ministros decidieron posponer indefinidamente la discusión de ambos asuntos.
la exPlicación De ríos Farjat
Luego de la sesión, la ministra Margarita Ríos Farjat salió a reunirse con familiares de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya para darles una explicación sobre la decisión de dejar en lista el caso.
“Los que hay con todos los asuntos de la Corte: estudiar a fondo con la mayor responsabilidad, seriedad y sensibilidad posible”, señaló la ministra al ser cuestionada sobre los compromisos que realizó con los familiares.
Nadin Reyes Maldonado, hija de Edmundo Reyes Amaya, explicó que han insistido a la Corte para que se realice un buen proyecto para sentar un precedente que sirva en otros casos.
“Más que nada con la finalidad también de dar más elementos y herramientas que permitan agregar esas observaciones que esperemos que sean retomadas en el proyecto”, indicó.
El abogado de las víctimas, Sandino Rivero, comentó que desde la semana pasada, cuando la ministra hizo público el proyecto, observaron que no incluye términos precisos y modalidades para cumplir las medidas de reparación del daño, lo que pone en riesgo a las víctimas de que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, y la FGR omitan cumplir de manera adecuada con la sentencia.
“No especifica modalidades y términos para cumplir las medidas de reparación integral del daño, no se especifica; consideramos que si éstas no se especifican, el secretario de la Defensa Nacional y la FGR, que son las autoridades que deben cumplir con el amparo, van a omitir cumplir de manera efectiva con la sentencia”, dijo.
DEBATE ELECTORAL Las lecciones de la elección
LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ
Si bien el proceso electoral no ha concluido, sí se acerca a su natural final: tras las impugnaciones interpuestas, éstas deben resolverse en la instancia local y -potencialmente- en el tribunal federal, antes del día señalado como el inicio del periodo constitucional de la nueva gobernadora, es decir, el próximo primero de octubre, y por virtud legal, finiquitar las actividades formales de la elección.
En materia electoral local, ha sido tradición que el lunes siguiente al día de la jornada electoral se celebre de una manera sui géneris: descansando haciendo adobes, como dice la conseja popular. Después de un día que empieza muy temprano y termina muy tarde, se experimenta una serie de sentimientos encontrados, ya que por un lado, la satisfacción que da la culminación del trabajo por el que nos preparamos durante mucho tiempo se mezcla, por otro lado, con la incertidumbre natural, que es el principio en el cual se fundamenta el ejercicio democrático electoral: nadie sabe qué es lo que va a pasar. Esa alegría mezclada con cierta preocupación nos hace no bajar la guardia, sino continuar con la etapa siguiente que se refleja en la generación de los resultados definitivos. Pero a partir del martes siguiente, ocurre un fenómeno poco visto por la mayoría de las personas, ya que es una actividad totalmente interna, y consiste en planear el siguiente proceso electoral.
Durante los últimos siete años hemos visto pasar cinco procesos electorales, lo que provocó que al menos en un par de ocasiones, aún no termináramos formalmente un proceso cuando legalmente teníamos que dar inicio al siguiente; no obstante se podría pensar que en este caso, al volver a las urnas hasta el 2024, bien podríamos tomar un descanso en la organización continua de procesos, aunque no es así. Y trataré de explicar mi punto.
En realidad, la jornada electoral por la que se renovará la presidencia de la república, senadurías y diputaciones federales, además de ayuntamientos y diputaciones locales, tendrá verificativo el primer domingo de junio de 2024. Pero el proceso electoral debe iniciar en el septiembre anterior -para el caso de la autoridad federal- y un mes después en la entidad. Esto es, al terminar el proceso en el que actualmente nos encontramos, estaremos justo a un año de empezar el siguiente.
Eso nos obliga, entonces, a realizar una evaluación, en muchos aspectos, sobre las condiciones en las que se ha llevado a cabo el proceso, con el objeto de mejorar los procedimientos que conlleva. Desde cuestiones un tanto subjetivas, como el profundo análisis del por qué de la decepcionante participación ciudadana, hasta otras que rayan en lo estrictamente científico, como la nueva concepción de los ámbitos y límites territoriales de los distritos electorales; aspectos como estos no se limitan a someras observaciones, sino que requieren de la participación multidisciplinaria de personas expertas en diversas ramas del saber que aporten, cada cual desde su perspectiva, su visión que permita esa mejora continua tan necesaria en todos los ámbitos de la vida, de los que lo electoral no escapa.
Este proceso nos ha debido dejar muchas lecciones, aunque no todas son tan visibles como quisiéramos. Más allá de lo superficial que pueden ser los resultados electorales, se vuelve necesario profundizar en algunos aspectos. Siempre, el papel de la autoridad electoral es cuestionado de manera natural, en el entendido de que hay un número considerable de competidores y solamente un ganador, lo que provoca que los demás no queden conformes del todo con el resultado. Sin embargo, la experiencia dicta que la judicialización de las elecciones, no debe ser vista como algo negativo, sino que, por el contrario, legitima el trabajo administrativo la consecuente revisión jurídica que realizan los tribunales.
Por ello, creo firmemente que la evaluación debe partir, siempre, desde una visión autocrítica, que debe abarcar a quienes tomamos parte en los procesos: empezando por las autoridades electorales, administrativas, jurisdiccionales e investigadoras de delitos; pero también debe extenderse a partidos políticos, sus representaciones, el gobierno de todos los niveles, los medios de comunicación y la ciudadanía, quienes tenemos buen tiempo para trabajar, antes de la próxima elección, partiendo de la premisa que dicta que siempre es posible mejorar futuros procesos a partir de las lecciones que nos deja la elección.
/LanderosIEE | @LanderosIEE
Fonatur solicita a un juez que permita reanudar la construcción del Tramo 5 del Tren Maya
/ Diana Lastiri
El gobierno federal solicitó a un juez de amparo la revocación de la suspensión que mantiene frenada la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, que corre de Playa del Carmen a Tulum, en Quintana Roo.
A través de un incidente de modificación o revocación de suspensión definitiva, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) pidió al juez Primero de Distrito en el estado de Yucatán, Fernando Novelo, tomar en cuenta una serie de estudios relacionados con impacto ambiental que exhibió para levantar la suspensión definitiva concedida en el amparo tramitado contra la construcción del Tren Maya.
“Agréguense a estos autos para que obren como legalmente corresponda, los memoriales suscritos... Mediante los cuales promueve incidente de modificación y/o revocación de la suspensión por hechos supervenientes, dado que se concedió la suspensión definitiva a la parte quejosa”, señala el acuerdo en el que el juez tuvo por recibida la petición del gobierno federal.
En consecuencia, el próximo 1 de julio, el juez realizará la audiencia incidental para definir si mantiene o no detenidos los trabajos en el Tramo 5 del Tren Maya.
La suspensión definitiva, concedida el 27 de mayo, impide al gobierno federal “continuar con la construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique la ejecución material de la obra” hasta que se resuelva el juicio de amparo o, con el incidente, hasta que el juez revoque su propia determinación.
Para conceder la suspensión, el juez argumentó que el Tramo 5 del Tren Maya no cuenta con una autorización en materia de impacto ambiental y, por tanto, era necesario evitar daños “inminentes al medio ambiente de difícil o imposible reparación”.
Además del incidente, Fonatur impugnó la suspensión ante un tribunal federal el cual, hasta ahora, no se ha pronunciado.
De acuerdo con el expediente, el juez tenía previsto para hoy realizar una audiencia constitucional en la que resolvería si concede o no el amparo.
Sin embargo, ante la presentación de los informes, es probable que el juez fije nueva fecha de audiencia constitucional. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, defendió la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador y criticó el por qué no se cuestiona qué hacen los gobiernos estatales y locales para combatir los delitos del fuero común, los cuales son su responsabilidad.
“El presidente tiene muy clara cuál es la estrategia. La pregunta hoy es ¿por qué no se le pregunta nada a los gobiernos locales?, ¿por qué toda la critica de los comentócratas que ya conocemos se va al gobierno de México y no se pregunta nada qué están haciendo los gobiernos de cada una de las entidades en donde se concentran los homicidios, por ejemplo?”, lanzó en conferencia.
A propósito de los cuestionamientos hechos este jueves al presidente López Obrador en la conferencia “mañanera” sobre si cambiaría la estrategia para combatir a la delincuencia en el país, Sheinbaum Pardo coincidió “plenamente en que la atención a las causas es fundamental” y en que se le deben dar oportunidades y derechos sociales, culturales, de educación, deporte y trabajo a los jóvenes para evitar que se unan a los grupos criminales.
Sin embargo, aseguró: “Se hace una crítica al gobierno de México, pero se olvida que muchos de los delitos tienen que ver con el fuero común y que los gobiernos estatales y locales de las entidades tenemos mucha responsabilidad”.
Y puso como ejemplo a la CDMX: “En la Ciudad no hubiéramos podido alcanzar la disminución en los distintos delitos que hemos alcanzado sin el gobierno federal… Lo hemos dicho siempre, en la Ciudad de México no nos lavamos las manos, aquí asumimos la responsabilidad de la seguridad”.
Luego, destacó la “absoluta coordinación” de su gobierno con la Guardia
Sheinbaum defiende estrategia de seguridad de AMLO: “¿por qué no le preguntan a gobiernos locales?”
/ sara Pantoja
Claudia Sheinbaum
Nacional, las secretarias de Seguridad, de la Defensa Nacional y de la Marina y dijo: “si no hubiera habido esta coordinación y esta política integral, pues no habríamos obtenido los resultados que hemos obtenido hasta ahorita”.
En un tono un tanto de enojo, la morenista continuó: “De la misma manera que se habla de la política de seguridad del gobierno de México, es fundamental que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los gobiernos locales, las fiscalías generales de justicia de los gobiernos asuman la responsabilidad que les corresponde”.
También sugirió revisar en qué entidades está concentrado el número de homicidios en México y añadió: “la pregunta no solo sería ¿qué está haciendo el gobierno federal respecto a ellos?, sino ¿qué están haciendo los gobiernos de las entidades para poder disminuir los homicidios dolosos, para poder disminuir el robo de vehículos, para poder disminuir el robo a transeúnte, para poder disminuir los secuestros, para poder disminuir la extorsión?”.
Por último, Claudia Sheinbaum expresó su “solidaridad y dolor por lo ocurrido con los jesuitas en Chihuahua”, en referencia al homicidio de los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar.
TEPJF confirma sanciones al Partido Verde y a “influencers” por violar veda electoral en 2021
/ RodRigo VeRa
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la imposición de sanciones económicas al PVEM y a varios “influencers”, por haber realizado una campaña proselitista a través de Instagram, con la que violaron la veda electoral impuesta en las elecciones del 6 de junio de 2021.
Así, por mayoría de votos, la Sala Superior confirmó las sanciones impuestas por la Sala Regional Especializada, la cual ya había acreditado que el PVEM y estos “influencers” vulneraron la “equidad electoral” con estas publicaciones, puestas a circular el 5 y 6 de junio de ese año, periodo de veda electoral.
Igualmente se aprobó la propuesta del magistrado Indalfer Infante, la cual impone las sanciones, consistentes en reducir la ministración anual del PVEM por un monto de 118 millones 507 mil 808 pesos, así como aplicar diversas multas a los “influencers” y además inscribirlos en el Registro de Infractores.
El 5 y 6 de junio de 2021, influencers, youtubers y personajes públicos circularon en redes sociales mensajes de apoyo al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con lo que transgredieron la veda electoral, entre los involucrados se mencionó a Nabile Guerra, Ana Claudia Cabrera, Paulina Hernández, Marian Zavalza, Fernanda Moreno, Gumii, Milly, Nicole Aguilar, Capitán Vegas, entre otros.
En una carta pública, nueve exdirigentes nacionales del PRI y el coordinador del grupo parlamentario en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, convocaron a una nueva reunión con el presidente de su partido, Alejandro Moreno Cárdenas, para hablar sobre su permanencia.
En un escrito difundido este jueves, los exdirigentes apuntaron que en la primera reunión quedaron asuntos pendientes por resolver que deben ser atendidos a la brevedad, de cara a los comicios de 2023 y 2024.
“Toda vez que nuestro encuentro derivó en una serie de asuntos pendientes que es importante atender a la brevedad dado que cobran relevancia por el clima político presente de nuestra organización, como la renovación incluyente de distintos órganos de dirección política deliberativa y ejecutiva del Partido y la convocatoria para la renovación oportuna de la dirigencia nacional, le dirigimos esta comunicación con el fin de sostener una nueva reunión de seguimiento que permita concretar una ruta de acciones y los medios para su cumplimiento”, se lee en el texto.
La misiva está firmada por Claudia Ruiz Massieu Salinas, Carolina Monroy del Mazo, Manlio Fabio Beltrones Rivera, César Camacho Quiroz, Pedro Joaquín Coldwell, Beatriz Paredes Rangel, Roberto Madrazo, Dulce María Sauri, Humberto Roque Villanueva, así como el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong.
La semana pasada, siete exdirigentes del partido le pidieron a Alejandro Moreno “Alito” reflexionar sobre su continuidad. Sin embargo, el exgobernador de Campeche y diputado federal se escudó en que los estatutos lo mantienen hasta el 19 de agosto de 2023.
Expresidentes del PRI convocan a otra reunión con “Alito” Moreno
Alejandro Moreno Cárdenas
Corte Interamericana de Derechos Humanos analizará arraigo y prisión preventiva oficiosa en México
/ gloRia leticia díaz
Las figuras de arraigo y de prisión preventiva oficiosa en México serán sometidas a análisis bajo la lupa del derecho internacional, en una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a llevarse a cabo en la sede del tribunal regional, en San José, Costa Rica.
El cuestionamiento al Estado mexicano sobre ambas figuras surge del litigio iniciado por la Red Solidaria Década contra la Impunidad (Redisac) por la detención arbitraria, sometimiento a arraigo y prisión preventiva de los hermanos Jorge y Gerardo Tzompaxtle Tecpile, así como Gustavo Robles López, detenidos por agentes policiales en enero de 2006 en la carretera entre Orizaba y Veracruz, rumbo a la Ciudad de México.
“Los hermanos son comerciantes, en esa época administraban una cabina telefónica en su pueblo en Veracruz y también tenían una tienda; en una ocasión que iban a abastecerse, dieron un aventón a unas personas, que se subieron en la parte trasera de su camioneta.
“En el camino, el vehículo se les descompuso y en espera de ayuda, las personas que viajaban con ellos se bajaron a buscar un refresco, y en eso llegaron policías federales que, en vez de ayudarlos, revisan el vehículo y supuestamente encuentran en las mochilas de las personas a las que dieron aventón información comprometedora, por lo que los policías los detienen, los llevan a su casa, la catean y encuentran ejemplares de la revista Proceso y otros documentos, por los que los remiten a la Ciudad de México para arraigarlos durante 90 días”, contó Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva de la Redisac.
Los tres detenidos fueron acusados de delincuencia organizada en su modalidad de terrorismo y de cohecho, por lo que permanecieron en prisión preventiva oficiosa hasta 2008, pese a que desde 2007 el Grupo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU pidió al Estado mexicano su liberación.
“Cabe mencionar que la detención de los hermanos Tzompaxtle Tecpile tiene un fondo político, pues su hermano Andrés formaba parte de un grupo armado, del Ejército Popular Revolucionario (EPR), y en 1996 fue detenido por el Ejército cuando llevaba a un grupo de periodistas a una entrevista en la sierra de Guerrero; fue llevado a una cárcel clandestina del Ejército en el estado de México, pero se escapó, y desde ese momento toda su familia fue sometida a seguimiento por parte de diferentes cuerpos de seguridad e inteligencia”, abundó la defensora.
Ante las violaciones a los derechos humanos de las tres personas, la Redisac solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2015 dio entrada al caso para emitir un informe de fondo y recomendaciones en 2018.
“Hubo algunas recomendaciones cumplidas por el Estado mexicano, pero no hubo respuesta a las relacionadas con medidas estructurales, como la eliminación del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, por lo que la CIDH decidió remitir el caso a la Corte en 2021”, abundó López Paulino.
Carlos Zazueta, internacionalista que se sumó al litigio en la Corte IDH, explicó que el fondo del caso es la búsqueda de la eliminación del arraigo, “que ha sido un mecanismo de tortura y no ha demostrado su efectividad para el combate de delitos, porque de lo que se trata es de detener a las personas para investigarlas, violando el principio de presunción de inocencia”.
Zazueta resaltó que de 2004 a 2021, 12 mil 332 personas han sido arraigadas, “siendo la gran mayoría de ellas liberadas al final por falta de elementos para ser procesadas, de ahí que se evidencia que esa figura es totalmente ineficaz para la persecución de los delitos y la disminución de la violencia”.
Destacó que, sin duda, del total de personas arraigadas, 9 mil 966, el 80.81%, fueron sometidas a esa medida cautelar durante el gobierno de Felipe Calderón.
“Sin duda el uso del arraigo ha ido disminuyendo desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero aún en el de Andrés Manuel López Obrador se sigue utilizando, a pesar de que organismos de Naciones Unidas y la propia CIDH ha pedido a México eliminar su aplicación desde la Constitución”, resaltó Zazueta.
En cuanto a la prisión preventiva, el defensor apuntó que también es violatoria al principio de presunción de inocencia, y que lo único que se ha logrado es “llenar las cárceles de personas que, a lo largo de sus procesos, llegan a demostrar su inocencia, siendo aproximadamente el 40% de las personas privadas de libertad en el país las que se encuentran en esa condición”.
Zazueta comentó que la prisión preventiva oficiosa es una figura que ha favorecido la corrupción para los agentes del Ministerio Público, porque “hay una lista enorme de delitos, buena parte de ellos aprobados durante la actual administración, que le permiten a los agentes ministeriales hacer uso indiscriminado, porque pueden acusar por cualquiera de los delitos que están en esa enorme lista, mientras los jueces tienen que declarar la prisión oficiosa porque así está legislado, sin que tengan que haber pruebas para ello”.
Magdalena López Paulino y Carlos Zazueta sostuvieron que lo que los hermanos Jorge y Gerardo Tzompaxtle Tecpile, así como Gustavo Robles López buscan de la Corte IDH es que las figuras de arraigo y prisión preventiva se eliminen de la Constitución y de la legislación mexicana, “para que ninguna persona más vuelva a sufrir lo que ellos padecieron”.
Magdalena López Paulino
