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aPRo/ezequiel floReS
“Somos Los maléficos, para servirles”: así reaccionó Beatriz Gutiérrez-Müller sobre la lista revelada por la UIF
“Somos ‘Los maléficos’, para servirles”, publicó la escritora e investigadora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía donde camina con él, tomados de la mano por Palacio Nacional.
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“Somos un par de mexicanos que ha luchado y seguirá luchando por México, y porque México tenga un verdadero Estado de Derecho.
“Desde este momento me deslindo de cualquier grabación, transcripción u otro tipo de material que, bajo la ilegal obtención por la vía del espionaje, se difunda por cualquier medio o vía”, redactó este jueves 22 de julio.
Horas antes compartió dos tuits del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, en los que este informó que encontraron una lista de 207 personas políticamente expuestas, denominada ‘maléficos’, “elaborada por la administración anterior”, la de Enrique Peña Nieto.
La lista está encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, por lo que presentará una denuncia ante las autoridades.
“Lo anterior, dado que no existe archivo institucional alguno y no hay certeza del uso que se haya dado a la información confidencial de personas de distintas áreas: política, económica, artística, periodística. La sustracción de esa información es un ilícito y viola dd hh”, redactó Nieto Castillo en Twitter.
“Sin comentarios”, fue el comentario de Gutiérrez Müller en Instagram.
En la conferencia mañanera del martes, Nieto reveló que al recibir la UIF encontró un archivo denominado Los Maléficos que contenía los nombres de políticos y comunicadores que fueron investigados por esa área en gobiernos anteriores.
La lista encontrada en los archivos de la UIF estaba encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien era identificado con el sobrenombre de “el Gallo”, así como la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el ahora gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, la periodista Carmen Aristegui y el presentador Víctor Trujillo.
En el expediente de Los Maléficos había muchas personas que fueron en su momento investigadas en la UIF, “de acuerdo con esa lista que encontramos”, dijo Nieto y señaló que estos documentos “no fueron conservados”.
Espionaje de EPN con Pegasus debe tomarse en cuenta en la consulta popular
AMLO confía en que Israel actúe con respeto a los DDHH y autorice la extradición de Tomás Zerón
/ EzEquiEl FlorEs
El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el tema del espionaje durante el gobierno de su antecesor Enrique Peña Nieto, debe ser tomado en cuenta en la consulta popular para llevar a juicio a los expresidentes.
“Sí, que se tome en cuenta todo, yo envié esta iniciativa con ese propósito para que las autoridades competentes actúen, que se respeten los derechos humanos, que no haya linchamientos y que, de manera democrática, los ciudadanos decidan”, expresó en la conferencia mañanera.
El mandatario calificó el método de la consulta popular como bueno, reiteró su postura de no conformarse con la democracia representativa y que se avance en la democracia participativa.
“Se ha venido hablando de esto desde hace 20 años, pero pura simulación de la democracia participativa, pero es hasta ahora que podemos llevar a cabo esta forma de gobernar con la gente de mandar obedeciendo”, dijo y agregó:
“Son estos instrumentos que se tienen y si ayuda mucho porque se tiene el respaldo de los ciudadanos, se escucha al pueblo y ahí se constata si están de acuerdo o no están de acuerdo, no dejarle todo a la autoridad: ¿Por qué no gobernamos entre todos y por qué no preguntamos a la gente, por qué se imponen la cosas?”, cuestionó.
Previamente, señaló que la sociedad debe expresarse en la consulta popular planteada en 15 días y evitó hablar más “porque si no me van a sancionar, me van a cepillar los del Tribunal Electoral”, indicó.
También, dijo que la consulta popular para enjuiciar a expresidentes es lo mismo que la revocación de mandato.
Por ello, dijo que es necesario hacer valer el método de la revocación del mandato a mitad del sexenio y preguntarle a la gente: “¿quieres que siga o que renuncie”, refirió.
/ EzEquiEl FlorEs
El presidente Andrés Manuel López Obrador Ojalá hizo un llamado al gobierno de Israel para que actúe “de manera consecuente” y autoricen la extradición a México del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio, quien es acusado del delito de tortura en el caso Ayotzinapa. En la conferencia mañanera, hizo un llamado público para que las autoridades israelíes se apeguen a “una política de respeto” a los Derechos Humanos en el caso de la solicitud de extradición de Zerón de Lucio, quien también está involucrado en el caso de espionaje Pegasus, sistema desarrollado por la empresa israelí NSO Group. Incluso, exhibió una nota del periódico The New York Times titulada “El gobierno de Israel protege a Tomás Zerón como “castigo a México””, en represalia a México porque se votó a favor de la paz y en contra de la intervención militar en Palestina.
Al respecto, calificó la información como “falsa” y recordó que el embajador de Israel en México Zvi Tal emitió un comunicado donde afirmó que la versión de NYT, no era una postura oficial.
“Ojalá el gobierno de Israel actúe con respeto a los derechos humanos porque se está solicitando la extradición de este funcionario público (Tomás Zerón), entre otras cosas por hechos de tortura”, expresó el mandatario y agregó:
“Entonces, yo espero que el gobierno de Israel actúe de manera consecuente que se apeguen a una política de respeto a los derechos humanos”, y autoricen el mecanismo de extradición de Tomás Zerón de Lucio, quien también está involucrado en el caso de espionaje institucional a través del sistema Pegasus.
Muy bueno que López Dóriga se disculpara por criticar a Tatiana Clouthier, vamos avanzando: AMLO
/ EzEquiEl FlorEs
El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró positivo el hecho de que el periodista Joaquín López Dóriga, se haya disculpado públicamente con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier por sus comentarios clasistas en torno a la vestimenta de la funcionaria federal.
El tema fue abordado en la conferencia mañanera y a pregunta de una reportera, el mandatario respondió:
“Yo creo que vamos avanzando, con todo el cuestionamiento el debate porque ayer mismo, no sé si sea cierto, pero ofreció disculpas, López Dóriga, y eso es muy bueno, eso habla bien de él y de todos porque todos podemos cometer errores, no somos infalibles”, dijo y agregó:
“Entonces, qué bien que él actúa de esa forma y se acepta de que se ha cometido un error como los cometemos todos”, indicó el titular del Ejecutivo federal.
El miércoles por la mañana, el conductor Joaquín López-Dóriga fue criticado en redes sociales por tuitear un comentario clasista sobre la vestimenta de la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, y tras la vapuleada que lo volvió tendencia en redes sociales, el comunicador reculó.
A las 2:43 de la tarde, escribió: “Que @ tatclouthier se arregla y que se va a Washington”, escribió el exconductor de noticias de Televisa.
Luego, a las 8:42 rectificó: “Hoy hice este comentario y me equivoqué. Fue un error @tatclouthier te ofrezco mis disculpas. Y a quienes se sintieron ofendidos, también. Hay veces que uno la caga. Esta fue una de esas veces. Y apechugo”.
Tuvimos expresidentes asesinos, ladrones y traidores: Mario Delgado
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, en un evento realizado en Guerrero donde estuvo Félix Salgado Macedonio, convocó a participar en la consulta popular del 1 de agosto para llevar a juicio a los expresidentes.
“Tuvimos presidentes asesinos, presidentes ladrones, presidentes traidores de la patria y no podemos olvidar lo que hicieron.”, aseguró el líder morenista en gira de promoción de la consulta.
En entrevista con medios locales, aclaró que Morena tiene concentrados sus esfuerzos en la consulta, para posteriormente comenzar la reorganización interna en el país, para terminar con conflictos o malentendidos que se dieron en el marco de las elecciones del pasado 6 de junio, como es el caso de su comité estatal en esa entidad.
“Primero estamos concentrados en la consulta, y después del primero de agosto, pues vamos convocar ya a la reorganización de nuestro partido en todo el país para terminar con los conflictos o malentendidos; tenemos que ir muy unidos hacia marzo, que será la consulta para la ratificación del mandato del Presidente de la República y a Morena, nuestro partido, nos corresponde ser el motor que impulse esta ratificación, para lo cual tenemos que estar, pues, muy organizados y muy unidos”, subrayó.
Consideró que el primer día de agosto, es de suma importancia porque “será la primera vez que las y los mexicanos a través de la consulta popular ejerzan su derecho constitucional de decidir. Entonces, hay que promover la participación. Sin embargo, que haya consulta ya es una victoria del pueblo”.
Mario Delgado aseguró que la consulta es para llevar a juicio a los expresidentes.
“Carlos Salinas de Gortari entregó todos los bienes de la nación a su círculo cercano y a sus amigos empresarios, mientras que con el Fobaproa, Ernesto Zedillo convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, misma que se sigue pagando; Vicente Fox se enriqueció junto con su familia a costa del erario”, resaltó.
El líder de Morena recordó además, que “luego de un fraude electoral, Felipe Calderón llegó a la Presidencia y convirtió a México en un cementerio, además de nombrar como secretario de Seguridad Pública a alguien que era parte de la nómina del narcotráfico, mientras que Enrique Peña Nieto llevó la corrupción a su máxima expresión”.
| Foto /mariocd.mx
Alistan denuncia penal contra Alcocer y Herrera por desacato para garantizar oncológicos
Por desacato a una suspensión para garantizar el abasto de medicamentos oncológicos, el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ordenó al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa denunciar penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Jorge Alcocer, secretario de Salud, Arturo Herrera, extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la oficial mayor de Hacienda, Thalía Lagunas.
“A efecto de tutelar el debido cumplimiento de la suspensión concedida en el juicio de amparo en que se actúa, se hace efectivo el apercibimiento decretado el 2 y 8 de octubre de 2020, por lo que procede hacer la denuncia correspondiente en contra del Secretario de Salud, del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Oficial Mayor de dicha Secretaría, ante el Ministerio Público de la Federación”, determinó el tribunal.
En el juicio de amparo, la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica (AMOHP) denunció la falta de medicamentos contra el cáncer, lo cual impidió prestar atención a 260 niñas, niños y adolescentes en el Hospital de
Falta de medicamentos contra el cáncer impidió prestar atención a 260 infantes en Chiapas
Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
El 22 de julio del año pasado, el Juzgado Cuarto de Distrito había negado la solicitud debido a que, ese mismo año, se había pronunciado sobre la suspensión con efectos y consecuencias similares.
Tras ello, el organismo interpuso un recurso de queja contra el acuerdo, donde el Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito concedió la suspensión de plano a la AMOHP para que las autoridades gestionen el suministro de medicamentos a sus pacientes.
El delito de desacato a una suspensión es sancionado por el artículo 262 de la Ley de Amparo con pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.
Para Gibrán Ramírez, desde septiembre inicia una nueva etapa en Morena y el gobierno
Gibrán Ramírez, excandidato a la dirigencia nacional de Morena, aseguró que una vez que se realice la consulta popular, en agosto, y el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en septiembre, “arrancará una nueva etapa” dentro del partido y el Gobierno Federal.
Mediante una serie de publicaciones en Twitter, el morenista explicó que esta etapa en el partido y en el país será de “consolidación” y de carácter “irreversible”.
En un primer mensaje escribió: “Después de la consulta y sobre todo a partir del informe de septiembre, arrancará una nueva etapa del movimiento por la transformación y del gobierno del presidente @lopezobrador_ . Se trata de la etapa de la consolidación y la irreversibilidad del cambio”.
Sin embargo, aclaró que para lograr estas metas, Morena debe recuperar la dignidad de la mano de militantes más activos, con trabajo de escritorio y de campo, mientras se escucha a las bases.
“Se necesita, desde luego, de unidad y claridad del movimiento, de un partido renovado y movilizado, que pueda llevar adelante la encomienda del proceso de ratificación del presidente en 2022. No podemos navegar con la pura inercia”, cuestionó.
Gibran Ramírez argumentó que a través de lo que llamó una nueva República, se forjarán las reglas para convivir dentro de los dos bloques políticos que existen en México.
Al mismo tiempo, dijo, se buscarán acuerdos “de estado sobre la política fiscal, la política social, las leyes electorales”.
Por esto, pidió apoyo del dirigente nacional, Mario Delgado, y de la secretaria general, Citlalli Hernández, para que este proyecto se inicie “una vez pasadas las fiebres electorales del 21”.
Por ley de outsourcing hay 3.1 millones de empleados en el limbo
/ Juan carLos cruz Vargas
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que debido a la reforma en materia de subcontratación, 3.1 millones de trabajadores están “en el limbo y en estado de indefensión”.
En su mensaje semanal, el organismo encabezado por José Medina Mora explicó dicha cifra, podría ser la población trabajadora que aún está vinculada a empresas a las cuales brindan servicios, y que no han logrado concluir la sustitución patronal o el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Según la Coparmex, de un análisis legal de la reforma se desprende que el artículo primero transitorio al contener diferentes momentos para que entre en vigor el decreto transgrede los derechos y garantías consignadas en los artículos 1° y 4° constitucionales.
“Ya que prevé que para el sector privado surtirán efectos dichas disposiciones a partir del día siguiente de su publicación, en tanto que a las entidades de gobierno dichas obligaciones se les harán efectivas a partir del 01 de enero de 2022. Esto es a todas luces un trato diferenciado, discriminatorio y difícil de cumplir por parte de las empresas”, reprochó el organismo patronal.
El pasado 24 de mayo de 2021 mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la STPS dio a conocer los lineamientos que regulan el Registro de las Personas Físicas y Empresas que presten servicios o ejecuten obras especializadas que deseen obtener la Constancia de Aviso de Registro ante la plataforma conocido como Registro de Prestadores de Servicio Especializados u Obras Especializadas (Repse), quienes necesariamente deben de estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social a la fecha en que se realice la solicitud.
Asimismo, se estableció la afirmativa ficta para el caso de que la autoridad sea omisa en pronunciarse una vez transcurridos 20 días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud.
De situarse en este supuesto, aclaró la Coparmex, el solicitante podrá requerir la emisión del aviso de registro y de no obtenerse respuesta alguna por parte de dicha autoridad dentro de los tres días subsecuentes a la presentación del requerimiento, se tendrá por efectuado el registro.
La probLemática
El organismo empresarial detectó la siguiente problemática:
La falta de coordinación entre las autoridades administrativas por cuanto a la emisión de las opiniones de cumplimiento positiva se refiere.
En segundo lugar, si bien es cierto que se han emitido resoluciones de carácter temporal, como lo es el caso de Infonavit, con la finalidad de no obstaculizar el proceso de registro e inclusive brindando la posibilidad al solicitante para que dentro del plazo de 60 días pueda regularizar sus adeudos, esto ha provocado un retraso significativo para que las empresas obtengan su constancia en tiempo y forma.
En tercer lugar, no se distinguen aquellos servicios u obras especializadas de los servicios complementarios o compartidos prestados entre empresas de un mismo grupo corporativo.
Y por último, no han sido emitidos criterios definitivos que permitan a las empresas diferenciar aquellos servicios que son sujetos de registro ante el REPSE de aquellos que pueden considerarse de naturaleza mercantil o civil, provocando con ello una saturación en la plataforma y, por ende, una dilación en su operatividad.
Eso no es todo.
La Coparmex señaló que al considerar que el 40% de los patrones registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) utilizan este esquema, se estima que cerca de 400 mil empresas inscritas al IMSS utilizan el esquema de outsourcing.
Esto implica que a menos dos semanas de la fecha límite de inscripción al padrón quedan 387 mil 500 empresas por registrarse. Lo cual hace que la tasa diaria de crecimiento de las empresas inscritas tendría que aumentar en 17.9 puntos porcentuales (para lograr una tasa diaria de 20%).
Citizen Lab de la Universidad de Toronto corrigió la plana a la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso de la plataforma Pegasus con la que el gobierno de Enrique Peña Nieto espió a políticos, empresarios, analistas y periodistas afines y opositores.
A través de su cuenta de Twitter, Citizen Lab afirmó que en sus investigaciones realizadas entre 2017 al 2019 sí encontró evidencia de ataques con el malware Pegasus, desmintiendo así lo dicho por la FGR en una parte de su más reciente comunicado sobre el asunto.
En su boletín del martes último, la FGR aseguró que Citizen Lab de la Universidad de Toronto, confirmó que “no realizó un análisis técnico forense o pericial de los equipos de teléfonos celulares” y “no tiene evidencia de que una agencia gubernamental mexicana instalara el malware Pegasus en ningún dispositivo”.
Sin embargo, Citizen Lab aclaró en su publicación en Twitter que la FGR “utilizó fragmentos sacados de contexto de documentación” para “sugerir engañosamente que nuestras investigaciones de los años 2017-2019 no encontraron evidencia de ataques con Pegasus en México”.
Y abundó:
Sí se encontraron evidencias de ataques con Pegasus en México: Citizen Lab
“Leemos estas declaraciones con perplejidad y sorpresa. Le recordamos a la Fiscalía que nuestra investigación identificó intentos de infección con el malware Pegasus a través de mensajes de texto para lo cual recolectamos y verificamos un gran número de mensajes enviados a, al menos, 25 individuos en México.
“En múltiples ocasiones aportamos extensa documentación escrita –así como explicaciones orales en persona a representantes de la Fiscalía– que documentaron la escala de los ataques en contra de la sociedad civil mexicana. Adicionalmente hemos explicado a la Fiscalía cómo puede perseguir líneas de investigación adicionales y hemos aportado recomendaciones técnicas extensas.
“No entendemos por qué la Fiscalía ha elegido este momento para distorsionar nuestras declaraciones respecto de nuestras propias investigaciones precisamente cuando más evidencia ha emergido desde otras fuentes que documentan los ataques a la sociedad civil en México”. Se identificaron intentos de infección a través de mensajes de texto | Foto Cristian de Lira
La FGR acumula mil 259 denuncias por tortura
/ Gloria leticia díaz
En los primeros 18 meses del sexenio, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió 522 nuevas denuncias por posibles actos de tortura en contra de agentes federales que, sumadas a las ya existentes en años anteriores, elevaron la cifra de casos abiertos a más de mil 259 de los cuales sólo tres fueron enviados a un juez, y apenas se obtuvo una sentencia condenatoria”.
Los datos forman parte del informe coordinado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) dado a conocer este jueves y que echan por tierra el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que en su gobierno ya no se tortura.
En el ámbito de las entidades federativas, la situación no es mejor: “sólo en 2018 se iniciaron 4 mil investigaciones, pero en apenas dos casos hubo cargos penales por tortura ante algún juez”, agregan las organizaciones en su reporte, producto de una misión virtual realizada en febrero pasado de seguimiento de la implementación de las recomendaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) a México en 2019.
El informe “México: la tortura y la impunidad se agudizan en tiempos de pandemia” revela que lejos de abolirse la práctica de la tortura durante esta administración, tiende a agudizarse con la “profundización de la militarización”, con la instrucción del presidente López Obrador de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad, mientras “la Guardia Nacional (GN) sigue siendo un cuerpo de seguridad militarizado, bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con dirección y composición militar, contraviniendo las propias disposiciones del CAT”.
El informe resalta “la alarmante falta de articulación que existe a nivel interinstitucional, así como entre el ámbito federal y local”, para atender la prevalencia de la tortura en México, señalando de manera destacada a la FGR como “un cuello de botella de muchos de los problemas que se observan actualmente, incluyendo la falta de respuesta a solicitudes de otras instituciones, la presentación de iniciativas de reforma de carácter regresivo y desarticulador, la falta de implicación e implementación de instrumentos y medidas previstos en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes (LGT) así como las múltiples deficiencias que caracterizan la investigación de casos”.
Pandemia e incremento de Población carcelaria
El documento destaca que, durante 2020, el año de la pandemia, se incrementó la población carcelaria a más de 14 mil personas, situación que generó al menos 3 mil 456 casos de personas privadas de la libertad infectadas por SARS-COV-2, de acuerdo a datos oficiales al 11 de julio.
“México ocupa la cuarta posición en el mundo en el número de muertos causados por la pandemia, sin medidas adecuadas, las personas privadas de la libertad están en la primera línea de exposición al virus”, destaca el informe tras alertar la inoperancia de la aprobada Ley de Amnistía, que tenía entre otros objetivos, despresurizar las prisiones.
La misión de observación “recibió información de la falta sistemática de atención a las necesidades básicas de las personas migrantes y solicitantes de asilo, situación que se ha agudizado en el contexto de la pandemia”, toda vez que en las estaciones migratorias prevalecen “el hacinamiento, falta de higiene, de alimentación adecuada y de atención médica (incluida atención médica de emergencia)”, mientras que se acentuaron las denuncias de “la creciente securitización de las fronteras y controles migratorios, así como el uso recurrente de la fuerza”.
omisiones
Entre las omisiones en el cumplimiento de las recomendaciones del CAT, el informe alerta sobre la falta de publicación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, documento elaborado con la participación de la sociedad civil y la asesoría de la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), bajo el argumento del gobierno actual de que está siendo revisado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En el ámbito jurisdiccional, las organizaciones que elaboraron el informe consideran preocupante que “el poder judicial continúa admitiendo pruebas ilícitas argumentando que la víctima no ha probado la tortura, manteniendo la exigencia y carga de la prueba en personas imputadas, las que deben presentar, al menos una pericial médica-psicológica que señale de manera incontrovertible su existencia”.
Lo anterior resulta grave, alerta el informe, porque “la inversión de la carga de la prueba se da en un contexto de múltiples denuncias por la ausencia de independencia, imparcialidad y rigor detectada en los dictámenes realizados por personal pericial oficial, que siguen desacreditando o minimizando y, por lo tanto, encubriendo actos de tortura y malos tratos”.
Por si fuera poco, durante la misión de observación, las organizaciones participantes recabaron testimonios de organizaciones y víctimas sobre “acciones estigmatizantes y criminalizantes” por parte de personal de instituciones públicas, mientras que persisten deficiencias en la atención por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal y sus similares en lo local, que “no cuentan con recursos humanos, materiales y económicos para hacer frente a la magnitud de las violaciones cometidas en las distintas entidades”.
El informe recoge denuncias de “violaciones recurrentes a los derechos humanos de las personas afectadas por situaciones de desplazamiento forzado”, así como el “recrudecimiento de la represión el actuar abusivo de las fuerzas de seguridad en el marco de restricciones vinculadas a la pandemia”, siendo uno de los casos más graves la ejecución extrajudicial de Giovani López por no portar cubrebocas, en mayo de 2020 en Jalisco, lo que generó una serie de protestas, indignación que tuvo como respuesta oficial “la represión brutal, detenciones arbitrarias de decenas de personas manifestantes”, algunas de las cuales fueron desaparecidas forzadamente, torturadas, y después liberadas en lugares remotos.
El documento incluye la reacción de las autoridades durante la manifestaciones del 8 de marzo de 2021, de manera particular en la Ciudad de México, donde policías recurrieron a uso de gas lacrimógeno y extintores, “lanzaron fierros y piedras, usaron fusiles para lanzar balas de pintura, y existen registros de granadas de mano y artefactos incendiarios que al caer y encenderse liberaban una sustancia irritante, así como múltiples denuncias de agresiones, actos de humillación y violencia sexual por parte de la policía”.
El informe considera en extremo preocupante los asesinatos de seis periodistas y 24 personas defensoras de derechos humanos en 2020, mientras se instrumenta “un debilitamiento de las políticas protocolos de protección”, como la extinción del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas en 2020, como parte de las “medidas de austeridad” instrumentadas por el gobierno de López Obrador.
Además recomienda “adoptar, aprobar y publicar” el Programa Nacional para combatir la tortura, con previa consulta a las organizaciones; garantizar el “acceso a la justicia y reparación integral de las víctimas de tortura”; que las fiscalías especializadas “elaboren planes integrales de persecución de la tortura”, y que en el contexto de la pandemia se garantice la vida y salud de todas las personas, “asegurando que las leyes y prácticas adoptadas en este contexto cumplen con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y no incrementan la arbitrariedad y abusos”, poniendo especial atención a la situación de las personas privadas de libertad.
Agencias de la ONU celebran despenalización del aborto en Veracruz
/ Gloria leticia Díaz
Agencias de Naciones Unidas celebraron la despenalización del aborto en Veracruz, y urgieron tomar medidas para garantizar la aplicación de las reformas al Código Penal local, en respuesta a recomendaciones internacionales al Estado mexicano emitidas por el Comité de la ONU para la eliminación de la discriminación contra la mujer (Cedaw) en 2018.
La oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), el Fondo de Población de la Naciones Unidas (UNFPA) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) destacaron que las reformas al Código Penal de Veracruz por el congreso local y su inmediata publicación “permitirá avanzar en la plena garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluidas adolescentes y niñas, en la entidad”.
En un comunicado, las agencias de la ONU firmantes resaltaron que la despenalización de la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, así como la incorporación de la “causal de riesgo de salud para excluir de responsabilidad a las mujeres” que se ven obligadas a abortar, debe estar acompañada de medidas que garanticen la aplicación de las reformas.
Añadieron que las modificaciones legislativas tienen que “acompañarse de una efectiva política pública de salud que incluya servicios de salud sexual y reproductiva disponibles, accesibles, asequibles y de calidad para todas las mujeres, adolescentes y niñas en la entidad, entre ellos los servicios de interrupción del embarazo, de anticoncepción y de planificación familiar”.
Tras reconocer a “defensoras de derechos humanos, colectivas y organizaciones de la sociedad | Foto @MxMfundacion
civil del estado de Veracruz, por su fundamental labor para el logro de esta reforma, que se suma a la reciente reforma ocurrida en el estado de Hidalgo”, las oficinas de la ONU recordaron que en 2018 el comité CEDAW urgió a México “acelerar la armonización de leyes y protocolos federales y estatales sobre el aborto para garantizar el acceso al aborto legal y, aunque no haya sido legalizado, a los servicios de atención posterior al aborto”.
Para las agencias de la ONU, las reformas llevadas a cabo en Veracruz, están apegada a “los compromisos y acuerdos internacionales y regionales asumidos por el país, como el Consenso de Montevideo sobre la Población y el Desarrollo y el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo”.
Aprueban en Edomex la “Ley Ingrid”, que castiga la publicación de fotos de víctimas
/ Ma. teresa Montaño
El dictamen de la llamada “Ley Ingrid” fue aprobado por unanimidad esta tarde por el pleno de la Legislatura local, con lo cual, a partir de reformas al Código Penal, será sancionable y un delito la difusión, filtración, publicación, transmisión o exposición de imágenes, audios o archivos que difundan o contengan imágenes cruentas de víctimas de delitos y de víctimas de feminicidio de cualquier edad.
La medida busca frenar la “violencia mediática de género” con la revictimización interminable de mujeres violentadas y cuyos restos son exhibidos en redes sociales y medios.
Durante la segunda sesión del noveno periodo de sesiones, el dictamen que se construyó a partir de propuestas de Morena, PRD, PAN y la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de México, fue aprobado con 70 votos de todas las fracciones.
De esta forma, las personas o servidores públicos que filtren imágenes de víctimas podrían ser sancionados con hasta seis años de prisión, pero si son servidores públicos, las penas aumentan a nueve años; si las víctimas son mujeres, llegan a 11 años, indicó la diputada morenista Beatriz García Villegas al leer el dictamen.
La reforma adiciona el artículo 227 Bis al Código Penal del Estado de México y considera que, cuando se trate de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas se incrementarían hasta en una mitad, esto es que podrían llegar hasta los nueve años de prisión.
Adicionalmente, la sanción podría llegar hasta los 11 años cuando el delito lo cometa un servidor público.
También dijo que no puede seguirse lucrando con la dignidad e integridad de las víctimas, y refirió que la iniciativa que surgió de ella y luego fue enriquecida con aportaciones de otras fracciones, es un “tributo” a la memoria de una niña”, cuyas imágenes, en menos de dos horas de haber sido víctima de delitos, ya estaban difundiéndose.
Detalló que la medida busca también “combatir la violencia mediática de género” en el Estado de México.
Por parte del PRD habló la diputada Araceli Casasola, quien aseguró que la reforma busca poner fin a la violencia continuada en el tiempo.
Violencia en las cárceles
Durante la sesión también se presentó y aprobó un punto de acuerdo del diputado Eleodoro Enrique Sepúlveda, que exhorta a la Secretaría de Seguridad del gobierno mexiquense para que tome medidas contra la corrupción que priva en los centros penitenciarios de Edomex, y que ha convertido a las personas privadas de su libertad “en un negocio”, señaló el legislador.
Destacó que con motivo de las solicitudes de amnistía que se están presentando, han surgido diversas denuncias relacionadas con los esquemas de cobros extralegales que operan en los centros penitenciarios de la entidad, donde prácticamente todo tiene un costo para las familias de los internos.
Entre estas tarifas que se incluyen en un catálogo ilegal de tarifas, destacó que los internos y sus familias, por ejemplo, tienen que pagar 120 pesos por comida, entre 2.00 y 5.00 pesos por cada puerta que cruzan en las cárceles, 80 pesos por visita y hasta por tener información y recibir correos.
Dijo que al final estos cobros tienen una carga para las familias de entre 500 y dos mil 500 pesos, sin precisar si son mensuales o semanales.
El exhorto también fue aprobado por unanimidad de votos.
Gobierno de Eruviel Ávila adjudicó dos contratos a empresa ligada a caso Pegasus
/ Ma. teresa Montaño
Durante el gobierno de Eruviel Ávila Villegas en el Estado de México, se adjudicaron de manera directa, al menos dos contratos a la empresa Balam Seguridad Privada S.A de C.V., señalada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como una de las principales operadoras en México del malware de espionaje mundial Pegasus durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La firma Balam Seguridad Privada fue confirmada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como una de las empresas que vendió Pegasus, el programa de espionaje que fue utilizado masivamente por el gobierno de Enrique Peña Nieto, como reveló esta semana Proceso, al formar parte de la investigación internacional Pegasus Project.
Los contratos entregados por el gobierno de Eruviel Ávila a la firma dedicada a la distribución, montaje y venta del malware que sirvió durante la administración peñanietista para vigilar a activistas, civiles identificados como opositores, defensores y periodistas, se firmaron en 2013.
Se trata de dos contratos en específico: el registrado con el número 006/2013 para instalar un “centro de almacenamiento y procesamiento de datos” y el 017/2013 para –presumiblemente– la “formación y capacitación de los integrantes de la policía ministerial acreditable”.
Ambos contratos y sus datos integrales, fueron declarados “reservados” por cinco años, por el Comité de Transparencia de la FGJEM en junio de 2017.
La reserva de estos contratos por cinco años incluye la declaratoria de “confidencialidad”, que los cierra por completo.
Estos contratos fueron reconocidos por el gobierno del Estado de México, cuando Eruviel Ávila Villegas aún era gobernador, y en respuesta a solicitudes de información que presentó un particular para obtener los contratos de las empresas de seguridad, a las que el gobierno eruvielista había entregado contratos.
Al final los contratos fueron negados, pero terminaron con el reconocimiento explícito de la existencia de al menos estos siete y la aceptación, en uno de los resolutivos del Comité de Transparencia de la FGJEM, que serían para “infiltrar equipos de comunicación”, aunque en este caso –aseguraron–, para los equipos tácticos y ministeriales.
La negativa reiterada a entregar los contratos, fue que hacerlo “pondría en riesgo la seguridad” de los ciudadanos y el territorio.
El Acuerdo 10/2017 del citado Comité de Transparencia, señala en el tercer párrafo de su resolutivo, a manera de introducción, que analizarían el proyecto de clasificación de información reservada “la relativa a las especificaciones y descripciones de los bienes adquiridos por este órgano autónomo de equipos y maquinaria especializada para la seguridad pública, equipo táctico para la infiltración de equipos móviles, centros de almacenamiento y procesamiento de datos, formación y capacitación de los elementos de la Policía Ministerial”.
Durante la conferencia “mañanera” de este 21 de julio, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, reveló que además de instancias del gobierno federal como la FGR y el Cisen, al menos dos estados de la República, habían adquirido el sistema de espionaje “Pegasus”: Veracruz y el Estado de México.
También destacó que para realizar los pagos a la empresa propietaria de este sistema de filtración de comunicaciones y la vida privada mediante los propios teléfonos celulares de las víctimas, lo habrían realizado las dependencias gubernamentales y los gobiernos estatales que lo adquirieron, mediante triangulaciones diversas con empresas “fachada”.
Citó de manera especial a la firma “Balam Seguridad Privada S.A. de C.V.”, a la cual la firma israelí Pegasus, propietaria del sistema, habría entregado en México la operación y venta del malware.
En este contexto si bien el gobierno mexiquense declaró “reservados y confidenciales” los contratos adjudicados a esa firma en 2013, el dictamen del Comité de Transparencia de la FGJEM, confirma la adquisición del sistema de espionaje por parte del gobierno del Estado de México a través de su fiscalía general, como señaló el propio Nieto Castillo.
El actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, también fue blanco en la intrusión a pesar de que era parte del equipo político de su primo, el entonces presidente de México.
Está a punto de concluir el entubamiento del Distrito de Riego 001
Claudia rodríGuez loera
Faltan unos cuantos kilómetros para que concluya el proceso de entubamiento en el Distrito de Riego 001, compromiso de la actual administración estatal, informó el secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), Miguel Muñoz De La Torre.
Con la presa Plutarco Elías Calles al 30% de su capacidad se podrá seguir abasteciendo de agua de riego las seis mil 100 hectáreas de campos agrícolas que pertenecen a mil 800 productores, mismos que dependen de ese embalse durante todo el año del Distrito de Riego 001.
Destacó que este distrito de riego representa una ingeniería que es ejemplo en el ámbito nacional, con el que se conectan por gravedad varias parcelas de una parte de Tepezalá, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos y San Francisco de los Romo, por lo que es de mucha importancia que se concluya con la entubación del sistema de riego, a fin de evitar la pérdida del vital líquido como cuando corría por los canales y los arroyos, para lo cual falta al momento un sólo circuito.
Si bien en este momento en las parcelas se han instalado diferentes técnicas de riego, como es el de aspersión, de rodado o por goteo, gracias al proceso que habrá de concluir este gobierno para que llegue el agua entubada, le tocará a las próximas administraciones pensar en sistemas aún más eficientes y que se desperdicie menos agua.
En el 2020, con apoyo de la Comisión Nacional del Agua se dio continuidad a las obras del Distrito de Riego 001 y el gobernador Martín Orozco Sandoval anunció que se destinarán 10 millones de pesos, lo que permitió avanzar en la consolidación del proyecto integral de modernización y tecnificación de esta importante obra. Para ese año la inversión total ha sido de 21.9 millones entre los dos órdenes de gobierno, por partes iguales.
Quedan pendientes cerca de tres kilómetros, dado que el primer circuito se encuentra totalmente terminado, en lo que respecta a su entubamiento.
El funcionario destacó que se continúa trabajando en este proyecto prioritario en el uso eficiente del agua en el campo y la implementación de un sistema de riego que permita hacer más productivo al campo de Aguascalientes a través y aprovechar al máximo el recurso hídrico, tan importante para esta entidad, dado los temporales de sequía que se sufrieron los años anteriores, pero que se espera que en este 2021 y el que sigue permita una recuperación del embalse, al referirse a la presa Plutarco Elías Calles.
| Foto LJA
Altibajos en energía eléctrica siguen dañando pozos en la capital
Veolia y Ccapama se han reunido con el superintendente de la CFE para pedirle una solución
Gabriel Soriano
El Ayuntamiento de Aguascalientes sigue teniendo problemas con la Comisión Federal de Electricidad, pues los altibajos en la energía eléctrica siguen ocasionando daños a los pozos; este organismo federal se ha comprometido a monitorear de cerca el servicio en los pozos afectados para solucionar este problema.
Ya es un tema recurrente la mala calidad en el servicio de energía eléctrica en todo el país. Desde hace dos años los municipios en el estado reportan daños en las bombas de los pozos debido a los apagones, cortes o altibajos en el suministro de energía.
En el municipio de Aguascalientes persisten los problemas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La regidora presidente de la Comisión Permanente de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Reyna Cristina Espinoza Vázquez, señaló: “hay una fuerte problemática con CFE, hay apagones que quizá no sentimos, son intermitentes y eso genera que no resistan las bombas los altibajos y esto ocasiona daños en algunos pozos”.
Informó que ya se reunieron con el superintendente de la CFE en Aguascalientes, con el sistema de telemetría pudieron detectar los pozos que tuvieron más bajas en energía y pidieron a la comisión que solucionara esta situación. “Ellos se comprometieron a mejorar el abasto y esperemos que así sea”, dijo la funcionaria.
Afirmó que para nada esto justifica la falta de agua en algunas colonias e insistió en que la concesionaria y la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (Ccapama) trabajan constantemente para evitar el desabasto de esta y por otras cuestiones más.
Bartlett culpa a la IP por apagón de diciembre; dejó sin luz a 10 millones
Manuel Bartlett acusó a la empresa Acciona de la central Eólica San Carlos del mega apagón ocurrido el 28 de diciembre del 2020, que dejó sin luz a más de 10 millones de usuarios.
El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dijo que ya busca un acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para suspender los permisos y contratos de centrales privadas eléctricas que no tengan avances constructivos y que generen riesgos al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Bartlett aclaró que todo sistema eléctrico es susceptible a toda clase de riesgos, sin embargo, los sistemas de seguridad deberían actuar para que las afectaciones no se extiendan en la red.
“Ahí se debe detener y no se detuvo por todo este juego de romper la red de transmisión, por decir que está perfectamente establecido lo que no está (…) y entonces la falla se lleva en segundos a todo el país”, afirmó en conferencia de prensa.
Señaló que la afectación al país puso en riesgo al Sistema Eléctrico Mexicano, por lo que se tomarán las medidas que sean necesarias y se establecerán las responsabilidades que existan.
“Respecto a Acciona, tenemos perfectamente determinado lo que realizaron, la responsabilidad clarísima de ellos. No cumplieron las indicaciones del Cenace, instalaron aparatos de menor calidad, obtuvieron un documento en donde se dice que están bien, un inspector de la CRE, y es mentira, porque la inspección demuestra que no es cierto”, acusó Bartlett.
Al cuestionársele si el disturbio del pasado 28 de diciembre fue responsabilidad única de la empresa privada, consideró que en la CFE no se esconde nada.
“Nosotros no estamos ocultando nada, con la premura de la empresa que quería instalarse en determinado tiempo, pues para obtener sus beneficios económicos, se hace un trabajo, se abre la línea y se deja sin protección”, explicó.
Bartlett aseveró que no se debe permitir que cualquier generador decida en qué lugar va a meter sus redes para inyectar la electricidad.
“En el caso de la planta San Carlos, en lugar de establecer un sistema para conectarse a través de los modos adecuados que claro, les costaría más, deciden que deben de recibir su electricidad en donde ellos quieren”, dijo.
Señaló que en las próximas semanas tomarán decisiones, y que le planteará al cónsul de administración si se presentarán denuncias penales en contra de esta empresa eólica, “si hay delitos, pues los perseguimos”.
Dijo que debido a la reforma energética y “sus indiscutibles abusos”, el Sistema Eléctrico Nacional está en riesgo, por lo que constituye una amenaza para los consumidores mexicanos que empresas privadas busquen romper la red en cualquier momento, ya que esto genera un “peligro brutal para la seguridad energética del país”.
En la conferencia, Bartlett presentó a un panel de expertos externos a la dependencia para analizar cuáles fueron las fallas y el origen que causaron el mega apagón del 28 de diciembre de 2020, que dejó sin electricidad a más de 10 millones de usuarios del Sistema Eléctrico Nacional.
El primer hallazgo que encontró este panel, fue que la causa raíz del evento se debió a la improvisación en la interconexión que realizó la Central Eólica San Carlos de la empresa Acciona.
Noe Peña Silva, especialista de CFE Transmisión, explicó que esa empresa instaló protecciones provisionales sin que se cumpliera lo especificado en el estudio de instalaciones.
“Esto provocó la apertura del enlace de 400 mil volts entre las subestaciones Laja y Güémez, ya que no se pudieron liberar correctamente las fallas que iniciaron el disturbio”, dijo.
Detalló que el permisionario de la Central Eólica San Carlos presentó un certificado emitido el 10 de diciembre del 2020 por la Unidad de Verificación de la Industria Eléctrica 100 Consultores, indicando que se habían cumplido los requerimientos solicitados en el estudio de instalaciones que le da el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el cual no cumplía cabalmente con el código de red.
“Los trabajos para la interconexión de esta central magnificaron los efectos del disturbio. Este hallazgo generó la recomendación por parte del grupo de expertos de revisar el cumplimiento de sus respectivos estudios de interconexión a las centrales de generación renovable intermitente, que fueron conectadas mediante el seccionamiento de la línea entre Güémez y Lajas”, apuntó.
Otro hallazgo del panel de expertos fue un concepto denominado ‘balcanización’, que según el director general de la CFE, Manuel Bartlett, significa “estar rompiendo las redes y generar pequeños espacios de gran peligro para los sistemas eléctricos”.
El panel realizó otras recomendaciones a CFE, entre las que se encuentran, desarrollar un programa de revisión de ajustes de las protecciones primarias de todas las líneas de transmisión, desarrollar un programa de revisión de los esquemas de bloqueo de protecciones primarias ante oscilaciones de potencia, actualizar y modernizar los Esquemas de Acción Remedial (EAR) y Esquemas de Protección de Sistema (EPS).
A esta lista también se sumó la sugerencia de realizar una revisión del correcto funcionamiento de los canales de telecomunicación dedicados a la protección de elemento de la Red Nacional de Transmisión (RNT), capacitar al personal, darle mayor robustez a la RNT y crear un despacho económico con restricciones de seguridad, entre otras recomendaciones.
