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El Consejo del INE sanciona a MC y Samuel García con 55.7 mdp por el apoyo de Mariana Rodríguez
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó con 55.7 millones de pesos a Movimiento Ciudadano y a su gobernador electo en Nuevo León, Samuel García, por recibir apoyo de su esposa Mariana Rodríguez.
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En la sesión de ayer, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, pidió discutir “el verdadero tema” del proyecto, el cual –enfatizó– no se trata de la relación personal entre Mariana Rodríguez y Samuel García, sino de determinar si se trata de una aportación por parte de un ente prohibido por la legislación electoral.
Recordó que el artículo 105 del Reglamento de Fiscalización establece que quienes no pueden hacer aportaciones a candidatos para un cargo de elección popular son aquellas personas que tengan actividades mercantiles o profesionales, como Mariana Rodríguez.
Por su parte, la consejera Adriana Favela explicó que la sanción se debió a que la influencer Mariana Rodríguez publicó en sus redes sociales historias y fotografías en apoyo a la campaña de Samuel García, acto que va contra lo establecido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Explicó que esto se debió a que Mariana Rodríguez al tener la calidad de persona física con actividad empresarial “le aplica la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular en dinero o en especie por sí o por interpósita personas, según lo ha sostenido la Sala Superior (del TEPJF)”.
Abundó que además de ser influencer, tiene la calidad de persona física con actividad empresarial, ya que su nombre está registrado como marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, la cual comercializa por medio de sus historias en Instagram.
Dijo que se demostró que en su calidad de influencer con 1.8 millones de seguidores y como una persona física con actividad empresarial, la esposa de Samuel García publicó mil 300 historias y 45 fotografías a favor del candidato durante los 90 días de campaña.
“Estas publicaciones generaron un beneficio en la campaña del candidatos de Movimiento Ciudadano, ya que Mariana Rodríguez realizó llamados al voto y abanderó propuestas de gobierno que realizó Samuel García en su campaña política”, dijo Adriana Favela.
El proyecto aprobado concluyó que las publicaciones en redes sociales realizadas por su esposa deben ser catalogadas como propaganda electoral, por lo que esto debía ser reportado ante la autoridad fiscalizadora; sin embargo, señala el INE, “no aconteció”.
“Mariana Rodríguez Cantú se aprovechó de su profesión y su calidad de influencer, transmitiendo en tiempo real y de manera masiva la campaña del entonces candidato Samuel García Sepúlveda, y al simular que dichas publicaciones formaban parte de su profesión, del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y de su vida personal al ser cónyuge del entonces candidato aludido, generó un beneficio al entonces candidato incoado”, señala el documento.
Ante ello, el órgano electoral multó con 55.3 millones de pesos a Movimiento Ciudadano, y al gobernador electo, con 448 mil 100 pesos.
En la discusión los consejeros Dania Ravel y José Roberto Ruiz votaron en contra del proyecto, bajo el argumento de que Mariana Rodríguez es esposa de Samuel García y lo que hacía era apoyar a su pareja. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, destacó que se puede establecer una cifra récord de sanciones por mil 300 de pesos a los partidos políticos.
En un receso de la sesión del Consejo General del INE, dijo que se discute la imposición de sanciones contra todos los partidos por más de mil 300 millones de pesos (mdp) debido a conductas cometidas en el proceso electoral de este año.
Lorenzo Córdova precisó que se prevé aplicar sanciones conjuntas para todos los partidos por mil 200 millones de pesos por comicios federales y locales, y 129 millones por quejas, lo que suma mil 300 millones.
“De ser aprobados el día de hoy sería histórico en el ámbito de la fiscalización y para la rendición de cuentas de la democracia mexicana”, expuso el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, en la sesión extraordinaria de este jueves.
Explicó que el 74% de las sanciones propuestas corresponde a egresos no reportados, eventos reportados de forma extemporánea, registro extemporáneo en el Sistema Integral de Fiscalización, egresos no comprobados, egresos e ingresos no reportados, ingresos no comprobados y gastos no reportados con veracidad.
Señaló que en todos estos casos se trató de ocultar información, “de engañar a la autoridad, de mentirle a la sociedad mexicana sobre el dinero invertido en la competencia electoral”, indicó.
El consejero presidente afirmó que el reciente proceso electoral es el más fiscalizado en la historia del país.
En esta sesión el Consejo General discute 491 proyectos de resolución que incluyen las sanciones mencionadas.
El INE analiza aplicar sanciones récord por 1,300 mdp a partidos
| Foto /lorenzocordovav
bAjo prEsión Flâneur
EdilbErto Aldán
No hay preguntas tontas, sólo respuestas estúpidas. La duda nos paraliza, enmudece, en muchas ocasiones el pánico que genera la posibilidad de hacer el ridículo consigue que no expresemos nuestra duda, por el temor a ser exhibidos ante los demás, se prefiere el silencio, seguir en la ignorancia; esa experiencia es un miedo inoculado por quienes suelen aprovechar las preguntas para demostrar que todo lo saben, antes que aprovechar la oportunidad para iniciar una conversación con los otros, se busca demostrar que se tiene la razón, esa fantasía de ser mejores que produce el privilegio mal entendido del conocimiento.
También los hay quienes resuelven hacer estúpida su respuesta a partir de convertir una frase tonta en una pregunta; son de la misma calaña que el grupo anterior, de lo que se trata es demostrar su superioridad. Como quienes confunden la pasión y vehemencia de la verborrea con la divagación productiva.
Esos tipos de personas se alimentan del miedo a expresar nuestras dudas, viven sin ser cuestionados, eso, creo, es lo que nos está ocurriendo en la discusión pública; los avances tecnológicos que ponen todo el conocimiento al alcance de la mano nos abruma, plantea que las preguntas se multipliquen, de otra manera pareceremos ignorantes, y antes de aceptar que nadie lo puede saber o conocer todo, asentimos en silencio para recibir la lección de quienes están dispuestos a guiarnos por ese mundo desconocido.
Cada vez con mayor frecuencia me escucho decir: no tengo la menor idea, no sé de quién me estás hablando, sobre todo cuando me señalan alguna de las tendencias que agitan las opiniones en redes sociales. Antes intentaba vagabundear por la mayor cantidad de materias para conocer, al menos, un poco de todo y si me interesaba por más de un minuto, buscar a quien me ayudara a profundizar, pero las calles se han extendido más allá de mi vocación de flâneur.
La extensión de las calles provoca que mi vagabundeo apenas alcance para reírme porque Lupillo Rivera se borró el tatuaje de Belinda, pero nunca he escuchado lo que hace Christian Nodal; tengo una idea vaga de qué es Acapulco shore, suficiente para saber que nunca voy a ver esa porquería, por tanto, no sé quién es y qué hace Fernanda Moreno, por eso tampoco entiendo por qué el Partido Verde Ecologista de México comete un delito electoral para que este personaje se pueda pagar sus borracheras.
El PVEM es un grupo de criminales reincidentes, no representa nada de lo que ostenta en su nombre completo, no es necesario recorrer grandes trechos de la historia electoral mexicana para reconocer lo que hacen esos bandidos; basta ver a sus candidatos para homologarlos como miembros de la misma estofa, y, sin embargo, el Instituto Nacional Electoral, en una sesión larguísima, sólo se atrevió a multarlos con 40 millones 933 mil 568 pesos y sin acceso a radio y televisión por un año.
Los consejeros tomaron una exigencia -quitarle el registro al Verde- para convertirla en pregunta y recetarnos una respuesta estúpida, ahora de lo que se trata es de regular a los influencers; sólo así entiendo el taparse los ojos ante la delincuencia organizada.
Coda. Tomo la primera línea de un aforismo de Lichtenberg: “Hay una clase de hueca habladuría que, a través de expresiones novedosas y metáforas insólitas, da la impresión de ser sustanciosas” y suena tanto a lo que dicen los influencers como a aquellos que pierden el tiempo buscando la cuadratura de esa influencia en la vida pública y la obligación de regularla.
Mariana Rodríguez es una influencer y cobra por ser influencer: Lorenzo Córdova
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó que la influencer Mariana Rodríguez violó la ley electoral al promover la campaña de su esposo Samuel García, quien resultó ganador de la contienda a gobernador de Nuevo León.
“Como persona física ella podía haber participado como cualquier persona en las actividades de promoción de su esposo, pero no ofreciéndole o cediéndole los bienes para los cuales ella participa. Ella es una influencer y cobra por ser influencer”, dijo en entrevista con Carlos Loret de Mola.
Córdova explicó que el INE no anula elecciones, por lo que los tribunales deberán resolver el triunfo electoral de Samuel García, luego de que su esposa, Mariana Rodríguez, aportara en su campaña electoral en calidad de empresaria.
Córdova detalló que la influencer ayudó en sus redes sociales a promover la campaña política del ahora ganador electo de Nuevo León, lo cual, sostiene, está prohibido.
El INE tiene prevista una multa por 55 millones de pesos a Samuel García debido a las historias y fotografías que la ‘influencer’ Mariana Rodríguez subió a sus perfiles de redes sociales durante la pasada campaña electoral en apoyo a la candidatura de su esposo.
Mariana Rodríguez señaló que es “ofensivo que quieran ponerme un precio” en tanto que Samuel García anunció que acudirá a tribunales si se le impone dicha sanción.
“Ella podía haber aparecido en los spots del partido político, pero una cosa distinta es utilizar su fuente de ingresos, que es lo que la convierte empresaria, o persona con actividad empresarial, para hacer una promoción de una campaña política, porque eso se convierte en una aportación de un ente prohibido”, dijo Córdova en la entrevista.
Mariana Rodríguez presenta queja contra el INE ante CNDH por violencia política de género
/ Luciano campos
Mariana Rodríguez, esposa del gobernador electo Samuel García, presentó ayer ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una queja en contra del INE por violencia política de género al sentir afectada su libertad de expresión, igualdad y vida libre de agresiones.
A través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL), la influencer dijo que se adelantaba a la resolución del Instituto Nacional Electoral, la tarde de ayer votaría una sanción que pretende imponer a su marido por 55 millones de pesos, al considerar que incurrió en una irregularidad relacionada con la fiscalización de sus gastos, por no cobrarle por su apoyo en la pasada campaña política.
En su queja, Rodríguez revela que el encargado de pagar la megamulta sería el partido Movimiento Ciudadano, al que la autoridad electoral pretende retenerle el 25% de su ministración mensual hasta que salde la cantidad indicada en el castigo.
“Dicha determinación violenta mis derechos humanos de libertad de expresión, asociación, igualdad y libre de toda violencia, así como diversos derechos político electorales, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Tratados Internacionales, en los que México es parte”.
“Al respecto, nuestro Estado se encuentra obligado a garantizar y salvaguardar el ejercicio de los derechos fundamentales y su desarrollo en sociedad, además debe de eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres. Tras la reforma al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en junio de 2011, todos los tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por México, adquirieron rango constitucional”, dijo.
Consideró que por esta razón México está obligado a garantizar el derecho a la participación política y generar condiciones para que sea ejercido en condiciones de igualdad y libre de violencia y discriminación, señala Rodríguez Cantú en la queja.
En el mismo documento se establece que el país está suscrito al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que asegura las condiciones generales de igualdad, y en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw).
En su defensa la esposa de García Sepúlveda señala que en el Artículo 6 Constitucional garantiza que todas las personas “tienen derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, lo que implica el internet y sus distintas formas de comunicación como las redes sociales”.
debate eLectoraL ¿Por qué sí y por qué no a la consulta?
Luis Fernando Landeros ortiz
Uno de los temas que más polariza a la agenda pública, desde hace algunos días, es la celebración de la Consulta Popular 2021, un ejercicio inédito en nuestro país que, desde su inicio, ha estado acompañado de un grado considerable de polémica. Recordemos que, originalmente, desde la administración federal se intentó impulsar por la vía ciudadana y que al no haber alcanzado el porcentaje de firmas necesario –2% de las personas inscritas en la Lista Nominal de Electores– tuvo que ser presentada por el mismo Presidente de la República en uso de las facultades que le otorga la legislación en la materia, situación que desde luego generó múltiples señalamientos. Posteriormente la polémica se concentró en la materia a consultar, que es en esencia castigar a los exmandatarios que hubieran incurrido en algún ilícito durante su gestión, sobre el que se señalaba, no era tema suficientemente trascendental para la nación, o bien, que la aplicación de la ley no debía de ser motivo de consulta. A ello se añadió la redacción de la pregunta elaborada por los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al pronunciarse sobre la procedencia de la consulta, la cual ha sido señalada como dispersa, confusa y que se aleja del objetivo original de la iniciativa: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Los señalamientos no desaparecieron una vez aprobada la interrogante, algunas voces han criticado el dispendio de recursos públicos en un asunto que no debería calificar como de trascendencia nacional, otras tantas consideran que se trata de una cortina de humo para dispersar las críticas sobre los asuntos prioritarios para el país, aunque para otras más, representa una manera de obtener justicia ante la exigencia legítima de que se sancionen los malos manejos de nuestros políticos anteriores; las opiniones, sin lugar a dudas, son diversas, y la discusión pública irá subiendo de tono conforme se acerque el 1 de agosto, pero al final del día considero que dicho ejercicio pudiera generar dividendos positivos más que negativos para el país, ya que representa la posibilidad de involucrar a la población en la cosa pública de una manera distinta a las tradicionales votaciones. Lejos de que la pregunta sea legítima o no, el hecho de que la población lleve a cabo discusiones en torno a un tema en particular representa el fortalecimiento de aquel vínculo gobierno-población, tan ausente como necesario en el contexto nacional en el que nos encontramos, me explico.
El sistema democrático de nuestro país va más allá de la elección periódica de quienes serán nuestros representantes, el ejercicio de la ciudadanía implica no solo participar en los procesos electorales, los instrumentos de participación ciudadana que desde hace varios años se incluyeron en nuestra carta magna y entre los que se encuentra la consulta popular, constituyen otra vía en la que ciudadanas y ciudadanos pueden incidir en la toma de las decisiones públicas, además de una manera distinta de relacionar a los gobernantes con sus gobernados. De ahí que en el año 2014 se emitiera una nueva Ley Federal de Consulta Popular, la cual tiene por objeto regular el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular, en aras de garantizar el derecho político-electoral de acudir a los ejercicios que sean convocados, ya sea por la vía ciudadana pura, por impulso de nuestros legisladores, o bien, por el Presidente de la República –como en el caso que ahora nos ocupa– en torno a temas de trascendencia nacional, entiéndase que repercuta en la mayor parte del territorio mexicano e impacte en una parte significativa de la población.
En Aguascalientes, derivado de la experiencia electoral que hemos vivido, más de una persona me ha preguntado si la autoridad electoral estatal, tiene algo que ver en la organización de la próxima consulta, por lo que es importante señalar que, conforme a la legislación antes mencionada, la organización y desarrollo de la misma recae exclusivamente en el INE a través de sus direcciones ejecutivas y unidades técnicas en el ámbito central, y en lo concerniente a los órganos desconcentrados, serán competentes los consejos y juntas ejecutivas locales y distritales que correspondan. La autoridad electoral ha estimado que la Consulta Popular 2021 tendrá un costo superior a los 522 millones de pesos, los cuales se destinarán a equipamiento e instalación de las 57 mil mesas receptoras a instalarse a lo largo y ancho del país, así como la documentación necesaria para su debido funcionamiento, como lo es la producción de más de 93 millones de papeletas para que la ciudadanía plasme su parecer sobre la pregunta a realizarse, así como carteles de resultados, actas de la jornada, de escrutinio y cómputo, plantillas y etiquetas braille, constancias de incidentes, cintas de seguridad, dados marcadores, líquido indeleble, forros para urnas, caja paquete electoral, y carteles de identificación y localización de las mesas receptoras, todo lo anterior para que más de 288 mil funcionarias y funcionarios hagan posible la realización del inédito ejercicio.
Pero volviendo al tema, lejos de criticar per se la organización de la inminente consulta popular, creo que debemos valorar que tengamos legalmente reconocido el derecho de incidir en la vida pública del país no solo a través la celebración de elecciones, sino también mediante los instrumentos de participación ciudadana. Creo que una muestra de nuestra debilidad democrática es, precisamente, el que no nos hemos dado cuenta del poder que reside en dichos mecanismos, y en ambas vías me refiero, las autoridades tampoco han utilizado el plebiscito, referéndum, presupuesto participativo, consulta popular, entre otros instrumentos, para relacionarse de manera distinta con sus gobernados, lo que además de imprimir mayor legitimidad a sus decisiones, abonaría a generar un vínculo mayor con la ciudadanía. De igual manera, creo que la democracia nacional se fortalecerá en la medida en que las personas incrementen su participación en la vida cotidiana, lo que será posible al adquirir consciencia de que los instrumentos de participación ciudadana también se constituyen como un poderoso medio de rendición de cuentas para nuestras autoridades, siempre lo he sostenido, debemos de transitar de una democracia electiva a una participativa, una sociedad civil organizada tarde o temprano traerá como consecuencia el mejoramiento en la calidad de nuestros gobiernos, así y solo así lograremos el bien común tan añorado en cualquier sistema contemporáneo de gobierno.
Así que pues, ya lo sabe, esté o no de acuerdo con la consulta popular, acuda a las mesas receptoras y manifiéstese, como puede darse cuenta, los instrumentos de participación ciudadana en realidad son herramientas a la mano no solo de autoridades sino de la ciudadanía en general, sea cual sea el resultado de la consulta, hago votos para que marque el inicio de una inercia novedosa de vivir en democracia en nuestro país, la decisión reside en nosotros, al tiempo.
