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aPro / Juan omar fierro
SCJN decide elaborar nuevo proyecto en caso de Gertz y su familia política; Cuevas seguirá presa
/ Juan Omar FierrO
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votó de manera mayoritaria por elaborar un nuevo proyecto de sentencia que resuelva de forma definitiva el proceso penal que se sigue contra la familia política del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, por el supuesto homicidio por omisión de cuidados en agravio de su hermano Federico Gertz Manero.
No obstante, la expareja de Federico Gertz, Laura Morán Servín, y su hijastra, Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, se quedaron a un solo voto de obtener su inmediata libertad, ya que sólo 5 de los de los 11 ministros presentes se pronunciaron en el Pleno de la Corte por otorgar un amparo liso y llano a favor de las quejosas, argumentando falta de pruebas en el expediente del caso y deficiencias graves en las sentencias que emitieron previamente un juez penal y un magistrado de apelación adscritos al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX).
En la sesión del Pleno de la Suprema Corte, se discutió el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán en el que este proponía otorgar un amparo que revocaba la orden de aprehensión girada por una juez penal contra Laura Morán y el auto de formal prisión que le fue confirmado a Alejandra Cuevas por un tribunal de apelación, pero que en ambos permitía a los juzgadores locales volver a dictar un fallo con libertad de jurisdicción, es decir, que tanto el juez penal como el magistrado de la causa podían confirmar sus fallos, pero reponiendo la fundamentación de sus sentencias.
Sin embargo, al menos cinco ministros reconocieron que los llamados amparos para efectos que ordenan reponer el procedimiento a los jueces de primera instancia o a tribunales de segunda instancia, sólo retardan la aplicación de la justicia, ya que no resuelven el fondo del asunto y permiten que un proceso penal se repita a partir de la sentencia que fue impugnada por la vía del amparo.
En este marco, 10 de los 11 ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte se pronunciaron por resolver el fondo de estos juicios de amparo en beneficio de los justiciables, por lo que rechazaron el proyecto del ministro Pérez Dayán que sólo proponía otorgar un amparo para efectos.
Sin embargo, durante la votación, al menos cinco de los ministros, comenzando por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, comenzaron a pronunciarse por otorgar un amparo liso y llano a las quejosas, es decir a Laura Morán, la excuñada del fiscal Alejandro Gertz Manero, y a su hija Alejandra Cuevas, actualmente presa por el delito de homicidio por omisión de cuidados en agravio de Federico Gertz.
A este bloque se sumaron los ministros y ministras Luis María Aguilar Morales, Norma Lucía Piña Hernández, Margarita Ríos Farjat y Javier Laynez Potisek, con los que se sumaron cinco votos por la inmediata libertad a favor de Alejandra Cuevas, actualmente en prisión, y de la eventual absolución de Laura Morán, misma que lleva su proceso en libertad, debido a su avanzada edad.
El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, las ministras Norma Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, así como los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Luis Pardo Rebolledo votaron por returnar el proyecto a otro ministro perteneciente de la mayoría, con el fin de que presente una nueva propuesta de sentencia en la que se haga un análisis que resuelva en definitiva el fondo de las acusaciones contra la familia política del fiscal Gertz Manero.
Durante el debate, el ministro Javier Laynez Potisek advirtió que una de las razones para otorgar el amparo liso y llano a favor de Alejandra Cuevas es que, jurídicamente, no existe la figura de garante accesorio para la custodia de una persona, por lo que no se podía inculpar a la hijastra de Federico Gertz, de ser corresponsable en la omisión que se le atribuye en el deterioro de la salud del hermano del titular de la FGR, que finalmente lo habría llevado a su muerte en el año 2015, según la denuncia del fiscal.
Por su parte, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá argumentó que el auto de formal prisión que se le dictó a Alejandra Cuevas, primero por un juez penal del fuero común y confirmado después por un magistrado en la misma rama, carecía de pruebas suficientes para llegar a tal conclusión, además de que valerse de estereotipos de género que asignan a las mujeres el papel de cuidadoras de niños y adultos mayores, provocando una desigualdad procesal en contra de la agraviada.
No obstante, los argumentos de los ministros Laynez Potisek y González Alcántara Carrancá no fueron suficientes para convencer a por lo menos un ministro o ministra más, por lo que la libertad inmediata de Alejandra Cuevas se quedó a un sólo voto y ahora tendrá que esperar a que se vote el nuevo proyecto de sentencia en el que se va a proponer concederle el amparo definitivo para exonerarla de las acusaciones en su contra.
Lo mismo pasaría con el proceso penal contra su madre, Laura Morán, cuyo proyecto de sentencia no se discutió de fondo, pero que se va a resolver en el mismo sentido por tratarse de un asunto que “está íntimamente ligado”, según las palabras del ministro Arturo Zaldívar.
FGR investiga a Chumel Torres por violencia política de género contra senadora de Morena
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación contra el youtuber Chumel Torres por presunta violencia política de género contra la senadora de Morena, Bertha Alicia Caraveo Camarena. #8M22: En el marco de la conmemoración del Día de la Mujer como símbolo de detener la violencia contra mujeres, la senadora Bertha Alicia Caraveo se presentó a levantar una denuncia contra @ChumelTorres ante la Fiscalía General de la República, por violencia política de género.
La legisladora dio a conocer que la FGR abrió la indagatoria luego de que el 8 de febrero pasado interpuso una denuncia en contra de José Manuel “Chumel” Torres Morales, por las agresiones verbales con las que se refirió a Caraveo Camarena en una emisión de su programa de internet.
Caraveo Camarena compartió en Twitter la notificación que la FGR le hizo llegar sobre la apertura de la carpeta de investigación contra el youtuber y escribió que con este hecho, la fiscalía “me reconoce la calidad de víctima de conformidad con la Ley General de Víctimas por su violencia machista”.
“Con motivo de la denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delitos narrados por usted en su escrito presentado ante esta representación social federal, esta Fiscalía inició la investigación correspondiente misma que queda a cargo del suscrito con el número de carpeta FED/ FEMDH/FEVIMTRA-CDMX/0000370/2022 por el delito de apología del delito o de algún vicio previsto y sancionado por el artículo 208 del Código Penal Federal”, dice la resolución publicada por la senadora.
La @FGRMexico me notificó que se ha abierto una carpeta de investigación en contra de “Chumel T”, al tiempo que me reconoce la calidad de víctima de conformidad con la Ley General de Víctimas por su violencia machista.
Chumel Torres en una transmisión presentó un video en el cual la senadora Caraveo expresó desde la tribuna senatorial su apoyo al hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador por la polémica de la llamada “casa gris” de José Ramón López Beltrán y su esposa.
“Todo mi apoyo y solidaridad a José Ramón López Beltrán y su familia. Y también se los digo: fue, es y será un honor estar siempre con Obrador. Es un honor estar con Obrador”, expuso la senadora de Chihuahua.
Chumel espeto: “Esta estúpida, quise decir tarada, es Bertha Caraveo, de Chihuahua, me lleva la verga. Señora, tantito más arrastrada y babosa y le crece caparazón, mija. Poquito más lambiscona y se le escalda la lengua con el Presidente. Se supone que es de Chihuahua, mamacita. Yo soy de Chihuahua y tus pendejadas no me representan, usted no ama a México, ama a López Obrador. ¿Le puedo decir que se vaya a la verga o es muy fuerte? ¡Váyase a la verga!”.
A partir de estas expresiones es que la legisladora de Morena presentó la denuncia ante la FGR en el contexto del Día Mundial de la Mujer y puso en un tuit: “El comunicador @ChumelTorres es un violentador de mujeres. Por eso lo denuncié hoy por violencia política de género ante la @FGRMexico en el marco del #DiaInternacionalDeLaMujer”.
Sandra Cuevas fue suspendida temporalmente como alcaldesa de Cuauhtémoc
/ Sara PantOJa
| Foto /sandra.cuevas.92
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, fue suspendida temporalmente del cargo –durante los siguientes tres días–, por su presunta responsabilidad en los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación.
Luego de que este lunes se realizó la tercera audiencia del caso, originado el pasado 11 de febrero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se formuló imputación contra cuatro servidoras y servidores públicos de la @AlcCuauhtemocMx, entre ellos, Cuevas Nieves.
La FGJ agregó que el juez de control del caso ordenó su suspensión temporal del cargo, la presentación periódica, así como la prohibición de salir del país y de acercarse a las víctimas.
Por su parte, la defensa de la alcaldesa solicitó duplicidad del término constitucional por lo que se reanudará la audiencia el próximo jueves 17.
En su cuenta de Twitter, Sandra Cuevas escribió: “Aún no rindo declaración, lo haré el próximo jueves 17 de marzo, 8 am; sin embargo, la Jueza consideró necesario imponer algunas “medidas cautelares para los siguientes 3 días”: 1.- Firmar asistencia. 2-. Pedir autorización para salir del país. 3.- Suspensión de actividades.
Comisión de Vigilancia presentó su informe semestral de actividades
Congreso del estado
En sesión ordinaria, la Comisión de Vigilancia que preside el diputado Jaime González rindió su informe semestral de actividades, en el que se dio a conocer que de 72 asuntos que recibió este órgano legislativo, 48 ya fueron resueltos en un total de 11 reuniones formales. Al mismo tiempo, el legislador explicó que dan seguimiento al proceso de auditorías de la cuenta pública 2021 que ya emprendió el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS). Además de la ya mencionado, se contó con la participación de las y los diputados Juan Pablo Diosdado, Yolitzín Rodríguez, María de Jesús Díaz y Cuauhtémoc Escobedo, en su calidad de secretario y vocales de la Comisión, en ese orden.
En caso de Sandra Cuevas no hay persecución política: FGJCDMX
/ sara Pantoja
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) negó realizar una “persecución política” o “fabricar culpables” en el caso de la investigación contra Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, suspendida temporalmente, por su probable participación en los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación.
Ulises Lara, vocero de la FGJ local, aclaró que el Ministerio Público “no se ha retractado de ninguna acusación”; aunque entre los delitos imputados contra la funcionaria ya no está el de privación de la libertad que él mismo mencionó el 12 de febrero, un día después de que dos mandos policiacos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) denunciaron a Cuevas Nieves.
En un mensaje a medios, en el que no se permitieron preguntas de la prensa, Lara López confirmó la imputación contra Sandra Cuevas y otros tres servidores públicos de su administración, así como las cuatro medidas cautelares ordenadas por la jueza de control:
Suspensión temporal del cargo tanto para la alcaldesa, como para otros tres servidores públicos imputados; prohibición para salir del país sin autorización; prohibición para acercarse, comunicarse o concurrir a donde pudieran presentarse las víctimas y obligación para presentarse a firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares.
El vocero de la FGJ local aseguró que, desde el momento en que recibió la denuncia, la Fiscalía “se ha conducido en apego a la Ley, además de que ha cumplido con todos los procedimientos legales, lo cual quedó de manifiesto al solicitar audiencia inicial sin detenido y sin órdenes de aprehensión, a efecto de no violentar ninguna de las garantías de las personas investigadas”.
Aunque no mencionó el hecho de que no se incluyó el delito de privación de la libertad,
afirmó: “el Ministerio Público recibe la denuncia como la presenta el afectado, pero es responsabilidad de la representación social generar la imputación de los delitos con base en pruebas e indicios, siendo en este caso, los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación, por lo que el Ministerio Público no se ha retractado de ninguna acusación”.
Luego, aseguró que la Fiscalía “ha cumplido y respetado todos los procesos y derechos de cada una de las partes”, incluido el hacer del conocimiento la carpeta de investigación a todas las partes.
Ante las acusaciones de Sandra Cuevas de que el proceso en su contra es una “persecución política, el vocero de la FGJ enfatizó: “La Fiscalía no lleva a cabo ninguna persecución política, simplemente cumple con la Ley, tal y como lo ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Siguió: “Lo hemos dicho y lo reiteramos: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no fabrica culpables, pero tampoco realiza exoneraciones a modo”.
Y cerró: “La relevancia política o social de las personas sujetas a una investigación penal no determina su inocencia o culpabilidad en los hechos que se le imputen. Son las pruebas y solamente las pruebas. Es la evidencia la que soporta la acusación”.
Persiste en México impunidad en desapariciones forzadas
/ gloria letiCia díaz
A diez años de la visita del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) a México y a semanas de que se conozca el informe del Comité contra al Desaparición Forzada (CED), “la impunidad persiste como un problema endémico y lacerante”, a pesar de los avances legislativos en la materia, alertó el representante de la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Guillermo Fernández-Maldonado.
Al participar en el foro “Retos y Perspectivas a diez años del Informe de Misión a México del GTDFI de la ONU”, del que grupo de expertos dio seguimiento tres años después, el representante de la ONU-DH resaltó que pese a los avances normativos, impulsados por el movimiento de familias de personas desaparecidas, “el balance resulta dolorosamente desfavorable”.
Recordó que el contexto de la visita de los expertos que integraban el GTDFI en 2011, para hacer después público el informe el 14 de marzo del año siguiente, se distinguió por el cierre de la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), por parte del presidente Vicente Fox, y la instauración del “paradigma militar en temas de seguridad”, por el de Felipe Calderón, modelo que hoy en día “se ha profundizado, con un protagonismo que se ha extendido a otras materias que también son propias de las autoridades civiles”, ello pese a que una de las recomendaciones del GTDFI fue precisamente “el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública y de la aplicación de la ley penal”.
Fernández Maldonado destacó que la impunidad persistente evidencia que “los cambios normativos e institucionales, aunque importantes, resultan insuficientes si no van acompañados de esfuerzos sostenidos que hagan posible una ruptura -en los hechos- con las inercias y rutinas enquistadas”.
Tras valorar el reconocimiento que ha hecho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de la crisis humanitaria que representa la desaparición de personas en el país, que superan las 98 mil víctimas, Fernández Maldonado apuntó que recordar el informe del GTDFI ,“da cuenta de un periodo de diez años de sufrimiento” de las víctimas y de sus familias, así como “de una tragedia que les cambió radicalmente sus vidas.
A semanas de que el CED dé a conocer su informe sobre la visita realizada en noviembre pasado, el representante de la ONU-DH consideró que el documento “dará nuevas luces” de la situación, y que “la clave estará en trabaja de forma inmediata y coordinada en la implementación efectiva de todas las recomendaciones”.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, adelantó que una vez que se difunda el informe del CED, el 8 de abril en la 22ª Sesión del Comité en Ginebra, el gobierno federal aceptará el contenido y se dispondrá a la aplicación de las recomendaciones que surjan, ante una “necesidad de que los organismos internacionales ayuden a revertir el problema”.
El funcionario sostuvo que el gobierno de López Obrador está “abierto al escrutinio”, y que desde el gobierno federal se realizarán “esfuerzos para que en otros ámbitos de procuración de justicia hagan lo propio”, para erradicar un problema para el que sólo se han emitido 35 sentencias.
Encinas Rodríguez informó que en materia presupuestal, el gobierno ha invertido más de 2 mil 500 millones de pesos para enfrentar la crisis de desapariciones, entre ellos los subsidios a gobiernos estatales para apoyar a las comisiones locales de búsqueda y la construcción de centros de identificación forense.
El funcionario reconoció la falta de coordinación con instituciones como fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR) para participar en la búsqueda e investigación de los casos de desapariciones.
Agregó que entre las resistencias también están jueces, algunos de los cuales exigen que los amparos contra la desaparición de personas sean ratificados por las víctimas a las que se busca, sino por aquellos que ponen en libertad a presuntos implicados en desapariciones forzadas.
Encinas Rodríguez acusó al juez Primero de Distrito de Procesos Penales de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos de favorecer la impunidad en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quien “ha liberado a 78 personas vinculadas con los 43”.
En el encuentro participaron Adela Alvarado, madre de Mónica Alejandrina Ramírez desaparecida el 2004, en representación del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), compuesto por 74 colectivos de familiares en el país y cuatro de Centroamérica.
Asimismo participaron dos integrantes del GTDFI, Luciano Hazan y Gabriella Citroni, quienes alertaron que la impunidad alienta las desapariciones en el país.
