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aPro / PatriCia daviLa
Filtran llamadas de Gertz que mostrarían su interferencia ante la SCJN en el caso de su cuñada
El viernes por la noche se filtraron cuatro grabaciones de conversaciones telefónicas entre el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y el fiscal de Control Competencial, Juan Ramos López, en el que abordan el caso de la exnuera del fiscal, Alejandra Cuevas Morán, que se encuentra en la cárcel acusada de homicidio de Federico Gertz Manero.
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En dichas conversaciones, Gert Manero descalifica el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán porque asegura que no protege a la víctima, es decir, a su persona, y prácticamente significa la libertad de Alejandra Cuevas Morán
De la oficina del fiscal aseguraron que este acto de espionaje telefónico es un delito que será investigado.
En las grabaciones, Gertz revela que le entregaron el proyecto de sentencia que votará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el próximo 14 de marzo sobre el caso de la expareja de su hermano Federico, Laura Morán, y a su hija Alejandra Cuevas, ambas acusadas de homicidio.
En conversaciones con el fiscal de Control Competencial, Juan Ramos López, difundidas en YouTube, Gertz critica el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán y, con improperios, tanto el fiscal como Ramos López aseguran que no cumplió con lo acordado.
En la conversación, Gertz Manero señala que ya tiene el proyecto del ministro Pérez Dayan y que, luego de analizarlo, está perfilado para dejar en libertad a Alejandra Cuevas Morán. –El fondo es la concesión de amparo que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado a la jueza sexagésima no sé qué y del director del centro... dado que al ser ilegal su resolución, su ejecución también lo es. La pone en libertad, señala Gertz
– Pues se entiende que sí, responde Ramos –No, pues no se entiende, está clarísimo. La pone en libertad, ¿qué le parece?, inquiere el fiscal Gertz. –Sí, porque allí en el momento en que deja sin efectos, en ese momento puede dictar el otro y entonces ya no sale libre, porque ahorita el ministro deja sin efectos la sentencia del magistrado, quien tiene que dejarla sin efectos es el mismo magistrado, y en ese momento tiene que dictar la otra. Así tiene que ser para que no salga, explica Ramos –Por eso, es decir, le está poniendo al magistrado de la Ciudad de México el pastel para que él la suelte, reitera Gertz. –Así es, eso sí. No le puso ningún tipo de protección a la víctima. No le puso lo que dijo que iba a ponerle, pues según eso él le iba a poner lo de que sí hay delito y de que sí tiene que ver lo de la participación y no la complicidad, advierte Ramos.
Esta es una parte de las cuatro grabaciones en las que el fiscal Gertz Manero aborda el caso de la muerte de su hermano Federico, de la que acusa a su familia por una falta de atención.
El ministro Alberto Pérez Dayán se propone confirmar el amparo concedido a Laura Morán y a su hija, Alejandra Cuevas, contra la orden de aprehensión y el auto de formal prisión que se les dictó por la muerte de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal.
Según algunos medios, el proyecto de resolución de los dos amparos en revisión, que fueron atraídos por la Corte prevén confirmar la resolución de la jueza Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, que ordenó reponer los procedimientos de las acusadas de homicidio por omisión en agravio de Gertz. Con un paso polémico como fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero ahora fue objeto de espionaje al difundirse –el viernes 4– cuatro llamadas telefónicas que revelan su intervención ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para buscar una resolución en su favor en el caso que impulsa contra la expareja y la exhijastra de su hermano Federico, a quienes acusa de haberlo asesinado.
La serie de conversaciones telefónicas sostenidas por el fiscal con Juan Ramos López, su hombre de confianza, a quien nombró fiscal de Control Competencial de la Fiscalía General de la República (FGR), evidencian la estrategia de Gertz Manero para impedir que los ministros apoyen el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, quien, asegura, no cumplió con lo acordado y pretende dejar en libertad a Alejandra Cuevas, hija de la expareja de su hermano.
Según Gertz, su excuñada, Laura Morán, y la hija de ésta, Alejandra Cuevas, de 69 años y presa desde octubre de 2020, propiciaron la muerte de su hermano por negligencia. –(Pérez Dayán) le está poniendo al magistrado de la Ciudad de México el pastel para que él la suelte. No le puso ningún tipo de protección a la víctima (él mismo) –dice en una de las llamadas. –No. No le puso lo que dijo que iba a ponerle –le contesta Ramos. –No –afirma Gertz. –Según él, iba a poner que sí es delito, que sí tiene que ver lo de la participación y no lo de la complicidad… –señala Ramos.
En otra de las llamadas Gertz pone en evidencia que tiene trato con el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, así como con otros ministros que, supuestamente, impedirán que el proyecto de Pérez Dayán sea aprobado, debido a que no va de acuerdo con su criterio. Está previsto que el caso sea analizado en la Corte el próximo lunes 14. –La idea sería que yo el viernes se lo mande al presidente de la Corte, ya a nuestro criterio, y ya no vuelvo a hablar… –dice Gertz. –Sí, no, ya no –le dice Ramos. –Yo le mando esto al presidente de la Corte… Con que yo tenga dos o tres (ministros) que le digan (a Pérez Dayán): no, no papacito, espérate tantito… ¡se para eh! –afirma Gertz. –Si no lo sesionan, eso sí –confirma Ramos. –Entonces, sí se le pueden poner las cosas de la chingada. Le valió madres, eh –dice Gertz molesto. –Sí, juega muchas cartas (…) Y dos caras, porque dice una cosa y hace otra –agrega Ramos. –Fíjese que el propio presidente de la Corte le tenía una desconfianza del carajo, cuando yo le dije fíjate que se ha portado bien y que esto y que lo otro… Me dijo, qué bueno –le comenta Gertz. –Siempre encontramos una bola de cabrones así –señala Ramos.
Audios revelan mano negra del fiscal Gertz
/ Patricia dávila
“Es un dElito”
Consultados sobre la difusión de estas grabaciones de la cuenta del usuario “Psicoanálisis” en YouTube, voceros de la FGR aseguraron que “la intervención de comunicaciones es un delito”.
Los cuatro videos subidos el jueves 3 están acompañados de un texto: “El contenido de este correo va a cimbrar al país, al sistema de justicia, constituye una prueba fehaciente y fidedigna de que el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, así como el fiscal de Control Competencial, Juan Ramos, están operando ilegalmente y traficando influencias con los ministros de la Suprema Corte para darle la vuelta al proyecto de resolución que empezó a circular este lunes, para sesionarse el próximo 14 de marzo en el caso de Alejandra Cuevas. Es urgente que tomen cartas en el asunto”.
Esta evidencia que la FGR calificó de “ilegal” se suma a la controversia generada por el fiscal desde 2015, precisamente por los litigios que tiene contra su familia política. Y más recientemente por la inconformidad que generó la decisión del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de otorgarle el grado de investigador nivel III del Sistema Nacional de Investigadores.
La polémica escaló porque para solicitar su inclusión al sistema nacional, fue denunciado públicamente por plagiar a dos autores en un libro sobre Guillermo Prieto que escribió en 1967.
BAJO PRESIÓN Masa de acoso
EDILBERTO ALDÁN
Afortunadamente, tras los actos violentisimos en el partido Querétaro-Atlas, no se ha reportado ningún fallecimiento, los reportes del gobernador, autoridades de protección civil, del sector salud y directivos de la Liga MX coinciden en señalar que sólo se ha identificado a 26 heridos, algunos de gravedad; esa información no convence en redes sociales y se prefiere el relato de uno de los aficionados agredidos, quien asegura que hubo bastantes muertos; esa narración violenta es más atractiva y funciona para indicar que las autoridades y los medios mienten, están ocultando algo.
Quien asegura que sí hubo bastantes muertos cuenta a las cámaras que los aficionados de Querétaro golpeaban a quienes yacían inertes, “incluso señala que a alguien cercano “le picaron la cabeza con un picahielo ya que había fallecido para quitarle toda la ropa”.
Un grupo de mujeres se plantó afuera del Hospital General de Querétaro para repartir agua y comida a los familiares que llegaban al nosocomio a preguntar sobre la condición de quienes fueron agredidos en el Estadio Corregidora; durante la agresión a los seguidores del Atlas de Jalisco, jugadores del equipo local protegieron a algunos asistentes permitiéndoles entrar a los vestidores, otras historias contadas por las víctimas indican que les prestaban jerséis de los Gallos Blancos para cubrir las prendas rojinegras con que se identifican los atlistas; hay más testimonios de la capacidad de empatía y cómo unos cuantos brindaron auxilio a quienes eran agredidos, pero no son atractivos como el relato violento, la imagen perturbadora, son muchos más quienes prefieren la imagen del picahielo y la ausencia de datos que permitan confirmar la identidad de alguno de los fallecidos y sostener que algo se oculta.
El miedo revela lo vulnerables que somos, el miedo impele a sumarse a un grupo más amplio en busca de protección. En Masa y poder, Elías Canetti describe a la “masa de acoso” como aquella que se constituye para conseguir de manera fulminante su objetivo, no se detiene hasta aniquilar a quienes los amenazan, todos golpean, todos quieren participar, al menos presenciar el castigo.
La masa de acoso acepta cualquier culpable, por eso cuando una autoridad falla en el deber fundamental de brindarnos seguridad, aparecen los oportunistas que inventan culpables, los que exageran para aprovechar las reacciones que provoca el miedo, quienes intentan sumar adeptos de manera irresponsable, a hacer politiquería preguntando ¿quién gobierna en Querétaro?
En la lógica infame de estos oportunistas es más importante insinuar que la violencia irracional se debe a que es un gobierno panista antes que los derechos de las víctimas, con tal de quedar bien, rinden la inteligencia y cualquier acto de verificación para sumar adeptos a su causa; estos imbéciles abusan de la sospecha natural en las autoridades para investirse de una autoridad incuestionable, una dignidad que no tienen y desde la que descalifican a quienes sí realizan su trabajo investigando, reporteando, verificando.
En el ambiente polarizado que vive nuestra discusión pública, cualquier intento por hacerle frente a estos imbéciles no pasa por las redes sociales, donde la velocidad y altisonancia con que se responde son más importantes que cualquier idea, donde antes que los argumentos importan la respuesta sarcástica, el emoticón chistoso, el gif insultante.
Estos oportunistas justifican su actuar señalando que no tienen la responsabilidad de los periodistas, que como tienen derecho a opinar pueden decir lo que quieran, activistas de escritorio, diametralmente opuestos a quienes sin ninguna obligación brindan un gesto de empatía con las víctimas.
Coda. No debemos permitir que el miedo nos transforme en masa de asco, de la misma manera con que no se debe renunciar a la inteligencia con tal de adquirir seguidores, es un acto contra la verdad necesaria que termina justificando el actuar violento y restando responsabilidad a las autoridades involucradas.
/ Juan omar Fierro
Acreditar la existencia del delito de tráfico de influencias será clave en la causa penal 550/2021 que se sigue contra un grupo de abogados por la supuesta extorsión que denunció el empresario y litigante Juan Ramón Collado Mocelo ante la Fiscalía General de la República (FGR) desde el 19 de octubre del 2021.
Para el abogado penalista Agustín Acosta Azcón, defensor de uno de los señalados, el asesor financiero David Gómez Arnau, en la carpeta de investigación no hay ningún funcionario al que se le atribuya la acusación.
En entrevista realizada el pasado viernes 4, el defensor anticipa que en la audiencia inicial del caso –a celebrarse el próximo 8 de marzo a las 13 horas en el Reclusorio Norte– buscará desmontar las imputaciones contra su cliente con pruebas como contratos y correos electrónicos.
Su argumentación es que no se puede acreditar el delito de tráfico de influencias cuando no existe ningún servidor público involucrado o imputado en la carpeta de investigación que la FGR inició luego de que Juan Collado solicitará un criterio de oportunidad a la Fiscalía para tratar de recobrar su libertad.
En la denuncia de Collado se hacen señalamientos contra un grupo de abogados que presuntamente ofrecieron el apoyo de Julio Scherer Ibarra cuando éste era consejero jurídico de la Presidencia, para que el litigante, actualmente preso por una imputación de lavado de dinero y asociación delictuosa, obtuviera beneficios procesales a cambio de revelar nuevos delitos relacionados con las acusaciones en su contra y de la supuesta venta de Caja Libertad a Banca Afirme.
Acosta Azcón advierte que en el expediente de la causa penal no existe ningún funcionario público investigado o imputado por los señalamientos del litigante actualmente preso. Por esa razón, dice que tampoco se podría acusar de tráfico de influencias a su cliente ni a los otros imputados del caso, los penalistas César Omar González Hernández, Juan Antonil Araujo Rivapalacio e Isaac Pérez Rodríguez.
“Como van a hablar de tráfico de influencias si no hay ningún servidor público vinculado a esta carpeta. Aquí quiero decir una cosa: sí, en efecto, el nombre de Julio Scherer se menciona mucho (en la carpeta), pero Julio Scherer no forma parte de la acusación, Julio Scherer no está acusado, Julio Scherer no está investigado y entonces me sorprende que hablen de tráfico de influencias cuando no hay un servidor público involucrado”, sostuvo Agustín Acosta.
Abogado que en enero de 2013 logró la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez, acusada por el gobierno de Felipe Calderón de secuestro, buscará acreditar que Gómez Arnau no pudo estar involucrado en una supuesta extorsión por la que este grupo de abogados habría cobrado a Collado 1.5 millones de dólares y 10 millones de pesos para lograr su libertad y cancelar una supuesta indagatoria en su contra iniciada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo en ese momento de Santiago Nieto.
Explica que en la carpeta de investigación relacionada con este tema se puede comprobar que entre su cliente y diversos empleados de Caja Libertad, de la que Collado es el accionista principal, sólo existió una relación comercial.
Acosta también afirma que David Gómez Arnau nunca se ostentó como representante legal de Banca Afirme, como señala la denuncia de Juan Collado; y que, por el contrario, siempre se presentó como director general de su propia compañía, AFIServicios, empresa que firmó un contrato de confidencialidad con Caja Libertad o Libertad Servicios Financieros.
Un documento al que Proceso tuvo acceso señala que el contrato entre ambas compañías se firmó el 27 de julio del 2020 por el representante de AFIServicios, Eduardo Alejandro Solórzano Spangerbeg, y el apoderado legal de Caja Libertad, Omar Ignacio Alejandri Rodríguez.
Para lograr un acuerdo comercial, Gómez Arnau sostuvo al menos un encuentro previo con el secretario general del Consejo de Administración de Caja Libertad, Mauricio de Jesús Gutiérrez Navarro, así como un intercambio de correos electrónicos con Omar Ignacio Alejandri, quien además de apoderado legal de esa misma compañía, fungía como su gerente corporativo, según consta en diversas comunicaciones electrónicas que forman parte de la carpeta de investigación de la que se derivó la causa penal 550/2021.
Un argumento más para evitar que su cliente sea vinculado a proceso luego de la imputación formal que se realizará en la audiencia inicial es que Gómez Arnau jamás recibió o tuvo contacto con dinero proveniente de Caja Libertad o de Juan Collado, por lo que tampoco se puede acreditar que exista el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.
De esta manera, de acuerdo con Agustín Acosta, sí la Fiscalía no logra vincular a proceso a su cliente por los delitos de tráfico de influencias, extorsión ni lavado de dinero, tampoco podría hacerlo por el de asociación delictuosa, puesto que al no existir los tres delitos previos, no existe ningún elemento para que se le comience proceso penal por la existencia de una supuesta “asociación o banda”, conformada por tres o más personas, con el propósito de delinquir.
La denuncia de Collado no acredita delitos: Agustín Acosta
ConversaCiones expuestas
En la primera audiencia del caso contra los abogados señalados por extorsión contra Juan Collado, las defensas de Juan Araujo, César Omar González, David Gómez e Isaac Pérez, revelaron que en la carpeta de investigación de este caso existen copias de conversaciones de mensajería electrónica que familiares de Juan Collado y directivos de Caja Libertad sostuvieron con los litigantes imputados.
Las conversaciones fueron aportadas de forma voluntaria por los hijos de Collado, Juan y María del Mar Collado Dot, y mandos de Caja Libertad como Mauricio de Jesús Gutiérrez Navarro (MJGN). En una de esas conversaciones, fechada el 25 de mayo del 2021, Gutiérrez le ofreció a David Gómez Arnau (DGA) una cartera de cuentas por cobrar asociada con las nóminas de maestros que Caja Libertad adquirió por medio de una operación de factoraje; es decir, que compró adeudos que los profesores habían contratado con otra empresa para poder hacer los cobros respectivos a través de sus nóminas de pago. –Hola David cómo estás? –escribió Gutiérrez al hoy imputado. –Que tal Mauricio buena tarde, a tus órdenes –le contesta Gómez. La charla, que se reproduce textual, continúa: MJGN: Muchas gracias. Perdón, pero he andado en muchas reuniones de urgencia. MJGN: Quería comentarte qué hay una cartera de descuento de nómina de profesores. La cual adquirimos por factoraje MJGN: Como estrategia de libertad sería buena opción venderla. MJGN: Les podría interesar a tus inversionistas? DGA: Sí por supuesto DGA: Qué monto es? MJGN: 145m aprox DGA: Ya puestos DGA: Tendrás un resumen de la misma
El abogado penalista explica que este es un dato de prueba más sobre la relación comercial de Gómez Arnau con Juan Collado y Caja Libertad, quienes habrían buscado a su cliente. Además, sostiene que aún cuando Gómez Arnau trabajó con Julio Scherer Ibarra en la década de los noventa, cuando ambos eran parte del Grupo Azucarero Escorpión (Caze) del empresario Enrique Molina, actualmente no tienen un vínculo laboral o comercial.
Incluso, deslindó al empresario Julio Villarreal Guajardo de Banca Afirme y Grupo Villacero, la compañía que pretendía comprar Altos Hornos de México (Ahmsa) al inversionista Alonso Ancira Elizondo como parte del acuerdo reparatorio del caso Agronitrogenados, en el que Pemex acusó un desfalco de 216 millones de dólares por la operación de compra-venta de una planta chatarra con 14 años en desuso.
“David Gómez Arnau no es representante legal de Banca Afirme, eso es una falsedad o una mentira que está en la denuncia de Juan Collado; David Gómez es un consultor independiente, es abogado de formación, pero es un consultor financiero que tiene muchos años de experiencia y lleva muchos años trabajando en temas de inversiones, valuaciones, temas relacionados con finanzas.
“Él tiene una empresa que se llama AFIServicios y lo curioso del caso es que toda la gente de Caja Libertad sabía perfectamente cuál era su función y para quién trabajaba: David Gómez trabaja para sí mismo. Hay una cantidad de comunicaciones electrónicas donde él se comunica con ellos y claramente se ostenta como director General de AFI Servicios. En ninguna de estas comunicaciones se ostenta como representante de Julio Villarreal o representante de Banca Afirme”, dice en la entrevista.
Asegura que su cliente sólo iba a hacer una valuación de los activos y acciones de Caja Libertad para así fijar un valor de venta y que la ganancia de Gómez Arnau estaba condicionada a la venta de la misma, por lo que al no concretarse, el asesor financiero no recibió ningún pago o comisión.
“No hay lavado de dinero y esto lo digo con la siguiente precisión: David Gómez Arnau no tuvo ningún contacto con dinero de Caja Libertad o de Juan Collado. Gómez Arnau firmó un convenio de confidencialidad para obtener información de Caja Libertad necesaria para la valuación de los activos y de las acciones. Eso es lo que firmó y tendría un bono de éxito si lograban concretar, no solo la valuación, sino la venta de Caja Libertad a alguna entidad. Entonces David Gómez no tuvo contacto con dinero”, explica.
En este marco, destaca que en la carpeta de investigación no existe ningún elemento de prueba en el que se acredite que Gómez Arnau es el asesor financiero de Julio Scherer y que la relación entre ambos la conoce por sus propios vínculos con Scherer, con quien colitigó en el pasado los asuntos relacionados con la industria azucarera y Grupo Caze, dato que ni siquiera obra en la carpeta de investigación.
En el pasado, Acosta litigó de manera conjunta con Julio Scherer, pero sin llegar a ser socios formales. Además, fue socio de Juan Antonio Araujo, otro de los imputados en este caso, por cerca de 20 años, aunque posteriormente tomaron caminos diferentes.
Esos vínculos cruzados también tocan al tercer imputado, César Omar González Hernández, quien es socio del despacho Araujo, González, Perimbert, Robledo y Carrancá (AGPRyC).
A pesar de que Araujo y González llevan defensas separadas, sus defensores Diego Madrazo Labardini y Daniel Carrancá de la Mora, también están vinculados a ese mismo despacho; Madrazo en calidad de asociado y Carrancá como socio directo.
Acosta advierte que en su calidad de abogado defensor de Gómez Arnau, sólo puede hablar por él, “pero sí puedo ver que no hay ningún delito”; es decir, que no hubo extorsión ni tráfico de influencias que se pueda derivar de la carpeta de investigación.
“Para que existiera el delito de extorsión tendría que haber un servidor público… Julio Scherer no está acusado, no es ni testigo, ni acusado, ni investigado en este expediente, ni tampoco ha declarado”, explica.
Agrega que tampoco ha declarado ningún funcionario o Ministerio Público de la FGR, instancia encargada de otorgar los criterios de oportunidad. “A mí me llama la atención una cosa, que uno de los imputados, su defensora de oficio pidió la declaración de Juan Ramos (Fiscal de Control Competencial) y dos días después renunció, o le asignaron a otro caso”.
Sobre la audiencia del próximo 8 de marzo, el abogado de Gómez Arnau señala que espera escuchar que la FGR formule “una imputación técnica” contra su cliente y el resto de los imputados.
También solicitó a la FGR que en el debate sobre medidas cautelares no prevalezca “la arbitrariedad de imponer una prisión preventiva justificada. Si estamos hablando de una imputación conforme a derecho, espero que David Gómez ni siquiera quede vinculado a proceso”. Acosta considera que la alusión del juez de control al efecto corruptor de la sentencia que sirvió para librar de la acusación de secuestro a Florence Cassez implica que en este proceso penal se debe privilegiar el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia. “Eso es clave para estar en igualdad de armas frente la Fiscalía”, a la que el abogado exige dar a conocer si ya se concretó o no el criterio de oportunidad solicitado por Juan Collado en la denuncia que dio origen al caso.
